Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 17 de junio de 2024
Concede en parte la tutela
Los accionantes a través de su representante denunciaron la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su componente fundamentación y al principio de celeridad procesal; alegando que, la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada- frente al requerimiento de ampliación de plazo de la detención preventiva presentada por el Fiscal de Materia en suplencia legal -el 3 de marzo de 2022- se limitó a dictar el decreto de 8 de abril del citado año, dando lugar a la ampliación de dicha medida extrema, cuando tal determinación debió ser plasmada en una resolución fundamentada; por ello, el 27 del indicado mes y año, formularon recurso de reposición “…BAJO ALTERNATIVA DE APELACIÓN” (sic) contra el descrito proveído, a lo que la Jueza demandada dio lugar señalando audiencia para el 6 de mayo del mencionado año; empero, la misma no fue instalada, supuestamente por tener actuaciones pendientes dejándoles en incertidumbre y privación indebida de su libertad, sin haberse celebrado el indicado acto hasta la fecha de activarse la presente demanda. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 25/22 de 11 de mayo de 2022, cursante de fs. 35 vta. a 38, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, únicamente por inobservancia del principio de celeridad en directa vinculación con el derecho a la libertad de los accionantes, disponiendo que la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del citado departamento, en el plazo máximo de las veinticuatro horas a partir de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señale día y hora de audiencia de ampliación y cesación de la detención preventiva, salvo que por el transcurso del tiempo, dicho acto hubiese sido efectuado o la situación jurídica de los impetrantes de tutela fue modificada; y, 2° DENEGAR la tutela respecto al debido proceso en su componente fundamentación, con la aclaración de no haber efectuado análisis de fondo sobre el mismo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0251/2024-S2 Sucre, 17 de junio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 48643-2022-98-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 25/22 de 11 de mayo de 2022, cursante de fs. 35 vta. a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Alberto Hurtado Garamendy en representación sin mandato de Luis Carlos Barba Guarua y Wilfredo Gálvez Añez contra Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 10 de mayo de 2022, cursante de fs. 26 a 29, los accionantes a través de su representante, manifestaron que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, el 7 de noviembre de 2021, la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, celebró la audiencia de aplicación de medidas cautelares, dictando el Auto Interlocutorio 95/21 de la indicada fecha, que dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de dicho departamento, por el término de cuatro meses. El 31 de enero de 2022, el Fiscal de Materia solicitó a la referida autoridad judicial la ampliación de la investigación contra María Yenni Eguez Barrientos; posteriormente, el 3 de marzo de ese año, el nombrado pidió se incremente su detención preventiva por ciento veinte días más, requerimiento que fue concedido por la Jueza demandada, a través del proveído de 8 de abril del citado año, por presuntamente tratarse de un caso complejo; luego, el 25 del mismo mes y año, el mencionado representante fiscal dictó resolución de rechazo, alegando que los elementos obtenidos eran insuficientes para fundar una imputación formal en su contra. En ese sentido, el 27 de abril de 2022, de acuerdo a lo establecido en el art. 401 del Código de Procedimiento Penal (CPP), presentaron memorial solicitando reposición bajo “alternativa de apelación”, a fin de dejar sin efecto la providencia de 8 de igual mes y año, que determinó modificar y ampliar su detención preventiva, alegando que no era el mecanismo idóneo, mereciendo la “resolución” de 29 del mencionado mes y año, que dio lugar a lo pedido, dejando sin efecto el indicado actuado; es decir, quedando sin una determinación fundamentada de ampliación o conclusión a la detención preventiva, conforme establece el art. 239.2 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, lo que puso en evidencia que se encuentran indebidamente privados de su libertad. Si bien, la indicada autoridad judicial demandada el 29 de abril de 2022, fijó audiencia para el 6 de mayo del referido año, a fin de considerar la petición del Fiscal de Materia, relacionado a la ampliación de su detención preventiva, la misma fue suspendida sin establecer día y hora, alegando que debía celebrar otra audiencia de consideración de medidas cautelares con aprehendidos; empero, “…hasta la fecha han transcurrido 6 meses” (sic).
Denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su componente fundamentación y al principio de celeridad procesal, citando al efecto los arts. 22, 23, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo se instale la “…AUDIENCIA PARA CONSIDERAR LA PETICION DE AMPLIACION” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 11 de mayo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 34 a 35, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante, ratificaron in extenso el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliando manifestaron que: a) Se encuentra en incertidumbre su situación jurídica, pues de acuerdo a lo establecido en el Auto Interlocutorio 95/21 de 7 de noviembre de 2021, la Jueza demandada determinó aplicarles la medida extrema de la detención preventiva hasta el 7 de marzo de 2022; por lo que, considerando que la audiencia de garantías de esta acción de libertad fue fijada para el 11 de mayo de la indicada gestión, se hallan privados de libertad, más del tiempo inicialmente establecido; y, b) Si bien el Ministerio Público solicitó ampliación de dicha medida, por dos meses más, ello fue concedido por la referida autoridad demandada mediante proveído de 8 de abril del citado año, el cual fue objeto de recurso de apelación, mismo que fue resuelto por providencia de 29 de idéntico mes y año, disponiendo dejar sin efecto el señalado actuado; por ende, se superó el plazo estipulado para su detención preventiva, impetrando se les restituya su derecho a la libertad.
Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia de garantías señaló que: 1) Del cuaderno procesal se tiene que los accionantes no relataron los hechos como sucedieron; pues, el día de la audiencia de consideración de ampliación de la etapa preparatoria, “…llegaron tres personas aprehendidas en el horario de la mañana imposibilito la realización de dicha audiencia…” (sic), siendo esa la razón para su suspensión; y, 2) El 10 -no señala mes y año- tomó conocimiento del informe del Secretario de su Juzgado, con lo que fijó fecha y hora para el referido verificativo; por lo que, solicitó se deniegue la tutela pedida.
La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 25/22 de 11 de mayo de 2022, cursante de fs. 35 vta. a 38, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) De acuerdo a los documentos adjuntos en la presente acción de libertad, se evidencia que el 7 de noviembre de 2021, la Jueza demandada determinó la detención preventiva de los accionantes por cuatro meses más; asimismo, el 3 de marzo de 2022, el Ministerio Público impetró ampliación de esa medida extrema, atendida mediante proveído de 8 de abril del citado año; sin embargo, dicho actuado fue “apelado” por los nombrados; de modo que, a fin de tomar en cuenta la modificación de dicha medida, dejó sin efecto la indicada providencia y fijó audiencia para el 6 de mayo de idéntico año; y debido a la celebración de otro verificativo, suspendió para el 10 del referido mes y año, lo que fue de conocimiento de los impetrantes de tutela; así también, constan los “oficios” dirigidos al Centro Penitenciario Palmasola del citado departamento, para su traslado; ii) Si bien, el decreto de 8 de abril de 2022, de modificación de medidas cautelares no estaba fundamentado ni motivado, ello fue subsanado por la autoridad demandada, al dictar audiencia para la consideración de la ampliación de detención preventiva pedida por el Fiscal de Materia; y, iii) En su condición de Jueza de garantías no puede disponer el cese de tal medida extrema, sin antes haber sido valorado por la justicia ordinaria.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 95/21 de 7 de noviembre de 2021, Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, dispuso en lo principal, la detención preventiva de Luis Carlos Barba Guarua y Wilfredo Gálvez Añez -accionantes-, en el Centro Penitenciario Palmasola del citado departamento, debiendo librarse mandamiento a ese fin, por el término de cuatro meses (fs. 10 vta. a 15). II.2. Mediante memorial de 3 de marzo de 2022, el Fiscal de Materia -en suplencia legal- solicitó ampliación de la detención preventiva de los impetrantes de tutela por ciento veinte días (fs. 16 a 17). II.3. A través de proveído de 8 de abril de 2022, la autoridad judicial demandada resolvió ampliar la detención preventiva de los peticionantes de tutela y otro, disponiendo: “Se tiene por presentada la comunicación del señor fiscal de AMPLIACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA para los imputados LUIS CARLOS BARBA GUARUA y WILFREDO GALVEZ AÑEZ, por el plazo de 120 días más y al tratarse de un hecho complejo, donde hay varios involucrados, se hace procedente la solicitud que antecede; acumúlese a sus antecedentes y sea con noticia de los sujetos procesales” (sic [fs. 18]). II.4. Por escrito presentado el 27 de abril de 2022, los accionantes interpusieron recurso de reposición “…BAJO ALTERNATIVA DE APELACIÓN” (sic) contra el supra citado decreto (fs. 19 a 20). II.5. Mediante providencia de 29 de abril de 2022, la Jueza demandada señaló:
“Atendiendo la solicitud presentada y de la revisión de los datos del proceso, se tiene que a este juzgado llega requerimiento fiscal presentado en fecha 04/03/22, según el que solicita ampliación de la detención preventiva para LUIS CARLOS BARBA GUARUA y WILFREDO GALVEZ AÑEZ, y se amplía la misma por 120 días, previa noticia de partes; sin haberse fundamentado las razones de esa solicitud, por lo que a los fines de considerar la petición de ampliación así como la Cesación a la detención, Se señala audiencia para ambos motivos a llevarse a cabo el día viernes 06 de mayo de año en curso a Hrs. 11:30 am. Dejándose sin efecto la providencia de fecha 08 de abril de Fs. 417” (sic [fs. 20 vta.]). II.6. Cursa acta de audiencia de garantías, celebrada el 11 de mayo de 2022 (fs. 34 a 35).
Los accionantes a través de su representante denunciaron la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su componente fundamentación y al principio de celeridad procesal; alegando que, la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada- frente al requerimiento de ampliación de plazo de la detención preventiva presentada por el Fiscal de Materia en suplencia legal -el 3 de marzo de 2022- se limitó a dictar el decreto de 8 de abril del citado año, dando lugar a la ampliación de dicha medida extrema, cuando tal determinación debió ser plasmada en una resolución fundamentada; por ello, el 27 del indicado mes y año, formularon recurso de reposición “…BAJO ALTERNATIVA DE APELACIÓN” (sic) contra el descrito proveído, a lo que la Jueza demandada dio lugar señalando audiencia para el 6 de mayo del mencionado año; empero, la misma no fue instalada, supuestamente por tener actuaciones pendientes dejándoles en incertidumbre y privación indebida de su libertad, sin haberse celebrado el indicado acto hasta la fecha de activarse la presente demanda. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, debe tomarse en cuenta lo previsto por el art. 115 de la CPE que establece: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (resaltado nuestro). Asimismo, el art. 178.I que señala: “…La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad…” (énfasis agregado). Finalmente, lo descrito en el art. 180.I que indica: “…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez” (negrillas añadidas). Constituyéndose los principios de: prontitud, oportunidad, celeridad e inmediatez, en directrices constitucionales de obligatorio cumplimiento, que deben ser observadas por las autoridades jurisdiccionales a momento de asumir la toma de decisiones de carácter jurisdiccional. Sobre el tema, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, señaló que: “La jurisprudencia constitucional en sus diferentes fallos, ha establecido que el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma prevista por el art. 6.II CPE, pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó un recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en casos de que se pretenda lesionarlo o esté siendo lesionado. Bajo esa premisa fundamental, debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho , lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es i legal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”. En similar sentido, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, contenida a su vez en la SCP 1399/2022-S2 de 17 de octubre, que explicó el alcance de la ahora acción de libertad de pronto despacho, cuya vocación es la de resolver las quejas de demoras indebidas en la atención de las peticiones de privados de libertad relacionadas a este derecho, señalando: “Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…” (el subrayado fue añadido).
Los accionantes a través de su representante denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su componente fundamentación y al principio de celeridad procesal; alegando que, la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada- frente al requerimiento de ampliación de plazo de la detención preventiva presentada por el Fiscal de Materia -en suplencia legal-, el 3 de marzo de 2022, se limitó a dictar el decreto de 8 de abril del citado año, dando lugar a la ampliación de dicha medida extrema, cuando esa determinación debió ser plasmada en una resolución fundamentada; por ello, el 27 del indicado mes y año, formularon recurso de reposición “…BAJO ALTERNATIVA DE APELACIÓN” (sic) contra el descrito proveído, a lo que la Jueza demandada dio lugar señalando audiencia para el 6 de mayo del mencionado año; empero, la misma no fue instalada, supuestamente por tener actuaciones pendientes dejándolos en incertidumbre y privación indebida de su libertad, sin haberse celebrado el indicado acto hasta la fecha de activarse esta acción de libertad. De la compulsa de antecedentes que cursan en obrados, se tiene que por Auto Interlocutorio 95/21 de 7 de noviembre de 2021, la referida autoridad judicial dispuso en lo principal, la detención preventiva de los impetrantes de tutela en el Centro Penitenciario Palmasola Santa Cruz, por el término de cuatro meses de la etapa preparatoria y la detención preventiva (Conclusión II.1); de forma posterior, mediante memorial de 3 de marzo de 2022, el Fiscal de Materia -en suplencia legal- solicitó ampliación de la detención preventiva por ciento veinte días (Conclusión II.2), que fue concedido a través de proveído de 8 de abril de 2022 (Conclusión II.3); contra el cual los accionantes interpusieron recurso de reposición “…BAJO ALTERNATIVA DE APELACIÓN” (sic), por memorial presentado el 27 de abril de 2022 (Conclusión II.4); mereciendo el decreto de 29 de idéntico mes y año, por el cual, la Jueza demandada señaló audiencia para considerar la petición de esa ampliación, así como, su cesación para el 6 de mayo del referido año, dejando sin efecto la providencia de 8 de abril del indicado año (Conclusión II.5). En ese contexto, se tiene que la omisión presuntamente lesiva que se atribuye a la Jueza demandada, radica en el hecho que, pese a haber fijado día y hora para celebrar la audiencia de ampliación y cesación de la medida extrema para el 6 de mayo de 2022 (emergente del recurso de reposición deducido contra el proveído de 8 de abril del citado año), la misma no fue instalada -según refiere la autoridad demandada-, debido a que tenía que llevar a cabo otro verificativo de consideración de medidas cautelares, lo cual imposibilitó llevar adelante el acto jurisdiccional vinculado a la situación jurídica de los peticionantes de tutela. Ahora bien, remitiéndonos al entendimiento normativo y jurisprudencial descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se evidencia que, es deber de las y los operadores de justicia, observar los principios de oportunidad, prontitud, inmediatez y celeridad, que forman parte de las directrices sobre las cuales se cimienta la jurisdicción ordinaria; en efecto, este Tribunal enfatiza la preminencia que tiene el principio de celeridad en la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, cuya esencia radica en que, las y los jueces a tiempo de asumir el conocimiento de causas, en los que de por medio se encuentren personas privadas de su derecho a la libertad, tienen la obligación de asumir su tratamiento y/o procesamiento con el mayor grado de prontitud. Así, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, en su contenido relevante, dispuso lo siguiente: “Bajo esa premisa fundamental, debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho…”. Resultando en consecuencia que, los descritos principios y/o directrices constitucionalizados a partir de la entrada en vigencia de nuestra actual Constitución Política del Estado, no pueden ni deben quedar en un estado de inercia, al contrario, sobre la base del principio de progresividad de los derechos como pauta de interpretación, deben cobrar protagonismo y ser aplicados conforme a su desarrollo normativo. Así, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), sobre el principio de celeridad, asume que el mismo: “…Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia”. De lo señalado, esta justicia constitucional, llega a evidenciar que la autoridad demandada incurrió en una demora y dilación innecesaria, respecto al acto jurisdiccional programado a través del proveído de 29 de abril de 2022, que debió llevarse a cabo el 06 de mayo del citado año, pues incluso, considerando que dicho señalamiento emergió de un recurso de reposición interpuesto por los ahora accionantes en contra del decreto de 8 de abril de igual año, era obligación de la Jueza demandada celebrar el mismo, en el marco de los principios de oportunidad, prontitud, inmediatez y celeridad; empero, el indicado actuado fue suspendido sin tomar en cuenta que debía resolverse su situación jurídica. Al respecto, este Tribunal advierte que si bien podría considerarse el descargo que expuso la autoridad demandada como atenuante respecto de su accionar; no obstante, se tiene que la audiencia programada para el 6 de mayo de 2022, no fue instalada, o bien pudo celebrarse dentro de un plazo razonable, mas no aguardar al 10 de igual mes y año, cuando fue por recordatorio del Secretario de su Juzgado, que recién procedió a señalar nuevo día y hora de audiencia de ampliación y cesación a la detención preventiva (extremo informado por la misma autoridad y ratificado por el Juez de garantías), actuación que ciertamente denota inobservancia del principio de celeridad, vinculado en el presente caso al derecho a la libertad de los ahora accionantes, siendo este único contexto fáctico relacionado al despliegue omisivo que fue asumido por la autoridad demandada; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada conforme el petitorio postulado en la demanda de acción de libertad. Por lo referido supra, la dilación irrazonablemente generada por la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, se constituye en la inobservancia a los principios de celeridad, oportunidad, inmediatez y prontitud, que deben regir el actuar de los operadores de justicia, máxime si de por medio, se encuentran los trámites sometidos a su conocimiento relacionado con personas privadas de su libertad, dilación que ha tenido una directa repercusión con el derecho a la libertad que asiste a los impetrantes de tutela, correspondiendo en ese entendido, conceder la tutela solicitada en su modalidad traslativa o de pronto despacho. Finalmente, los impetrantes de tutela en la exposición de sus derechos presuntamente vulnerados, también identifican como lesionado el componente fundamentación como elemento del debido proceso; no obstante de ello, examinada la demanda tutelar, así como su ratificación en audiencia de garantías de 11 de mayo de 2022, no se llega a establecer cuál la base fáctica, para concluir que la autoridad demandada también hubiese suprimido tal derecho, máxime si se considera que, el proveído de fecha 08 de abril del mencionado año, el cual -en el entender de los peticionantes de tutela- de forma indebida e infundada admitió la ampliación de su detención preventiva requerida por el Fiscal de Materia -en suplencia legal- por ciento veinte (120) días, fue dejada sin efecto por decreto de 29 del precitado mes y año; en consecuencia, no existen los insumos necesarios y/o suficientes para que esta justicia constitucional, ingrese a realizar análisis alguno en torno a tal derecho, correspondiendo únicamente su denegatoria.
Finalmente, es preciso aclarar que la concesión de la tutela, no implica que -de modo alguno- este Tribunal hubiese efectuado pronunciamiento de fondo sobre la situación jurídica de los accionantes, pues ello es inherente a la labor de la Jueza de la causa. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 25/22 de 11 de mayo de 2022, cursante de fs. 35 vta. a 38, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, únicamente por inobservancia del principio de celeridad en directa vinculación con el derecho a la libertad de los accionantes, disponiendo que la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del citado departamento, en el plazo máximo de las veinticuatro horas a partir de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señale día y hora de audiencia de ampliación y cesación de la detención preventiva, salvo que por el transcurso del tiempo, dicho acto hubiese sido efectuado o la situación jurídica de los impetrantes de tutela fue modificada; y, 2° DENEGAR la tutela respecto al debido proceso en su componente fundamentación, con la aclaración de no haber efectuado análisis de fondo sobre el mismo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0251_2024-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1b8e48eaab0d183f261dc9103c81d0fe50bbbe0fa9c8fadf6952e8b9a7d32ce3
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