Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 10 de abril de 2025
Concede la tutela
La parte impetrante de tutela, denunció que fueron lesionados el debido proceso en sus elementos a una justicia pronta plural y oportuna y derecho a la defensa y libertad; toda vez que, dentro del proceso penal iniciado por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de homicidio, se dictó una sentencia condenatoria ejecutoriada en 2019; sin embargo, hasta la fecha, su expediente permanece en el Tribunal de Sentencia Séptimo, sin haberse remitido al juzgado de ejecución penal correspondiente, impidiéndole solicitar la redención de la pena. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2022 de 12 de agosto, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la mencionada Sala Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0250/2025-S4 Sucre, 10 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 51208-2022-103-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14/2022 de 12 de agosto, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Neljer Jhasmany Vásquez Quispe, en representación sin mandato de Lisbeth Noelia Gonzales Tomicha, contra Yanet Noemy Paniagua Villa, Freddy Coronel Alacoma y Claret Llanos Martínez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 11 de agosto de 2022, cursante de fs. 2 a 4., la parte accionante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal iniciado por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio, identificado con el NUREJ 70149676, se dictó sentencia condenatoria, que se ejecutorió en 2019, lo que facultaba al condenado para solicitar la redención de la pena; no obstante, hasta la fecha, su expediente permanece en el Tribunal de Sentencia Séptimo, sin haberse remitido al Juzgado de ejecución penal correspondiente.
La parte impetrante de tutela denunció como lesionado el debido proceso en sus elementos a una justicia pronta plural y oportuna y derecho a la defensa y libertad, citando al efecto los arts. 23.I, 115.II, 125 y 137 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) “Pacto de San José de Costa Rica”; y 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se, ordene a las autoridades hoy demandadas señalen audiencia de cesación a la detención preventiva y se remitan los antecedentes al Consejo de la Magistratura.
Celebrada la audiencia virtual el 12 de agosto de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 12 a 15, presente la parte solicitante de tutela; y, ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante presente en audiencia virtual señaló que, habiéndose restaurado sus derechos, desiste de la acción de libertad planteada.
Yanet Noemy Paniagua Villa, Freddy Coronel Alacoma y Claret Llanos Martínez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no se hicieron presentes en audiencia, ni presentaron informe alguno, a pesar de su legal notificación cursante de fs. 6 a 8.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 14/2022 de 12 de agosto, cursante de fs. 15 a 17 vta., concedió la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: a) Aunque la parte impetrante de tutela presentó un desistimiento de la acción durante la audiencia, el Tribunal considera que, conforme a la jurisprudencia constitucional, esta dimisión debió ser puesta en conocimiento de la Sala Constitucional antes de la notificación con la programación de la audiencia para la consideración de la acción de libertad; b) Las autoridades ahora demandadas no se presentaron a la audiencia ni remitieron informe alguno; esta omisión, genera la presunción de que los hechos expuestos por el solicitante de tutela son verídicos; no obstante, se remitieron antecedentes del cuaderno principal del proceso 13/2019, con FUD 70149676; c) Como hecho no controvertido se tiene la Sentencia 25/2019, emitida el 3 de mayo, en la que se resolvió la condena de la accionante por el delito de homicidio en un proceso abreviado, imponiéndole una pena privativa de libertad de ocho años y seis meses; la cual, debe ser cumplida en el “centro de rehabilitación Santa Cruz Palmasola”; d) Otro hecho no controvertido es el certificado de ejecutoria del 9 de agosto de 2022, que establece que, tras la notificación a las víctimas y familiares de “Andrés Arnaldo Garibarelos” mediante edictos de prensa, y ante la falta de recursos interpuestos por las partes procesales, la sentencia dictada se encuentra ejecutoriada; e) Mediante decreto del 9 de agosto de 2022, se dispuso: “…al memorial presentado por el representante Noelia Gonzales Tomicha, por secretaria proceda a la ejecutoria de la sentencia del 3 de mayo de 2019, expídase el respectivo mandamiento de condena y remítase el cuaderno procesal al juez de ejecución penal previo sorteo, y sea con la debida nota de atención” (sic); no obstante, se observa que el oficio de 11 de agosto de 2022, con el número 736/2022, correspondiente al Tribunal de Sentencia Séptimo de la Capital, no está firmado por ninguna autoridad jurisdiccional; f) Se evidencia una mora injustificada por parte de la Presidenta del Tribunal; ya que, el cuaderno procesal lleva más de un año sin ser remitido al Juez de Ejecución, a pesar de contar con el certificado de ejecutoria de 9 de agosto de 2022; g) Se conmina a la directora del proceso a velar por el adecuado desarrollo de todos los actos procesales y por el cumplimiento de las obligaciones procesales relacionadas con los expedientes a su cargo, especialmente cuando existe una sentencia ejecutoriada; dado que, el incumplimiento de estos procedimientos puede generar dificultades futuras; dado que, los Jueces de ejecución requieren las sentencias y mandamientos de detención preventiva o condena para registrar antecedentes y contar con la información necesaria para el control en la ejecución de la pena; h) Se exhorta a que, en un plazo no mayor a veinticuatro horas, se remita el cuaderno procesal sin responsabilidad a los funcionarios; ya que, es responsabilidad de la directora del proceso asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley 025 de 24 de junio de 2010 – Ley del Órgano Judicial (LOJ)–; y i) No se imponen costas a las partes, dado que se considera excusable.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En audiencia de consideración de esta acción de libertad, la parte impetrante de tutela, desistió de la acción planteada; toda vez que, sus derechos fueron restaurados (fs. 12 vta.). II.2. El Juez de garantías en audiencia de consideración de la acción tutelar planteada, efectuó fundamentación jurídica del fallo en revisión y señaló que, de la revisión de los antecedentes del cuaderno principal del proceso 13/2019 con FUD 70149676, se tienen como hechos no controvertidos: 1) Sentencia 25/2019, emitida el 3 de mayo, en la que se resolvió la condena de la accionante por el delito de homicidio en un proceso abreviado, imponiéndole una pena privativa de libertad de ocho años y seis meses; la cual, debe ser cumplida en el “centro de rehabilitación Santa Cruz Palmasola”; 2) Certificado de ejecutoria de 9 de agosto de 2022; el cual, establece que, tras la notificación a las víctimas y familiares de “Andrés Arnaldo Garibarelos” mediante edictos de prensa, y ante la falta de recursos interpuestos por las partes procesales, la Sentencia dictada se encuentra ejecutoriada; 3) Mediante decreto del 9 de agosto de 2022, se dispuso: “…al memorial presentado por el representante Noelia Gonzales Tomicha, por secretaria proceda a la ejecutoria de la sentencia del 3 de mayo de 2019, expídase el respectivo mandamiento de condena y remítase el cuaderno procesal al juez de ejecución penal previo sorteo, y sea con la debida nota de atención” (sic); 4) Oficio de 11 de agosto de 2022, con el número 736/2022, correspondiente al Tribunal de Sentencia Séptimo de la Capital –miembros ahora demandados–, no se encuentra firmado por ninguna autoridad jurisdiccional; 5) Se evidencia una mora injustificada por parte de la presidenta del Tribunal; ya que, el cuaderno procesal lleva más de un año sin ser remitido al Juez de Ejecución Penal, a pesar de contar con el certificado de ejecutoria de 9 de agosto de 2022 (fs. 12 a 14).
La parte impetrante de tutela, denunció que fueron lesionados el debido proceso en sus elementos a una justicia pronta plural y oportuna y derecho a la defensa y libertad; toda vez que, dentro del proceso penal iniciado por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de homicidio, se dictó una sentencia condenatoria ejecutoriada en 2019; sin embargo, hasta la fecha, su expediente permanece en el Tribunal de Sentencia Séptimo, sin haberse remitido al juzgado de ejecución penal correspondiente, impidiéndole solicitar la redención de la pena. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto al desistimiento o retiro de la acción de libertad, el art. 126.II de la Constitución Política del Estado (CPE); establece que, en ningún caso podrá suspenderse la audiencia de la acción de libertad, ya sea por ausencia del demandado, o inasistencia o abandono; en virtud a lo cual, la autoridad jurisdiccional, de forma obligatoria y bajo responsabilidad dictará sentencia; misma que, podrá ordenar la tutela de la vida, la restitución del derecho a la libertad o la remisión del caso ante el Juez competente. Asimismo, el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que la audiencia de acción de libertad, debe realizarse el día y hora señalados, a efecto de establecer las responsabilidades que correspondan, citando al efecto: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad…”. Por lo expuesto, se advierte que, el desistimiento de la acción de libertad, no está reconocido como posibilidad en ninguna etapa de la tramitación del mecanismo de defensa, incluso por mandato constitucional, la audiencia de esta acción tutelar no puede ser suspendida bajo ninguna circunstancia (art. 126.II de la CPE); debido a que, esta acción de defensa, está orientada a brindar una pronta y efectiva protección de los derechos a la vida y a la libertad, en sus esferas física y de locomoción, los mismos que se constituyen en un derecho fundamental, por cuanto su restricción acompaña la mayoría de las veces a la limitación en el ejercicio de otros derechos fundamentales; por lo cual, no es admisible la aceptación de desistimiento o retiro de la acción tutelar en ninguna etapa de su tramitación.
En ese contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0103/2012 de 23 de abril, 2133/2013 de 21 de noviembre y 0340/2014 de 21 de febrero, refiriéndose al momento procesal en el que resulta factible el retiro de la acción de libertad, y cambiando el razonamiento asumido anteriormente en las SSCC 1229/2010-R de 1 de septiembre y 1425/2011-R de 10 de octubre, entre otras –que permitían el desistimiento y/o retiro de la demanda ante la restitución del derecho lesionado–, expresó lo siguiente: “Conforme las normas constitucionales que disciplinan la acción de libertad (art. 125 y ss. de la CPE), la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública; es decir, cualesquiera de estas actuaciones (retiro o desistimiento) serán inadmisibles después de esta actuación procesal (señalamiento de día y hora de audiencia pública)”. En ese entendido, este Tribunal a través de la SCP 0470/2018-S4 de 27 de agosto, modulando los razonamientos de las Sentencias Constitucionales antes citadas, señaló lo siguiente: “…constituye una modulación a la línea jurisprudencial desarrollada anteriormente por este Órgano de justicia constitucional y que debe ser aplicado, al tratarse de una protección más amplia y progresiva de resguardo de los derechos, pues dada la configuración de este tipo de acciones, a diferencia del resto, por los bienes constitucionales protegidos y tutelados, no existe una etapa de admisibilidad que se ocupe de la revisión de cuestiones formales, precisamente en razón al principio de informalidad que rige a este tipo de recursos extraordinarios; por lo tanto, no resulta razonable desde el punto de vista constitucional, admitir el retiro o desistimiento de la acción una vez que fue presentada, debiendo en consecuencia, una vez interpuesta, concluir hasta la emisión de un fallo que conceda o deniegue la tutela impetrada, según corresponda”. (las negrillas son nuestras).
Al respecto la SCP 0654/2022-S4 de 30 de junio, citando a la SCP 0308/2021-S4 de 13 de julio, sostuvo que: “Para los casos en los que se presentan dilaciones indebidas e injustificadas en la tramitación de los diferentes actos procesales, con relación a la condición de los privados de libertad; se ha instituido la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, antes denominada hábeas corpus traslativo o de pronto despacho; por medio del cual, se pretende proteger el derecho a la libertad física de las personas a partir de la exigencia de la celeridad correspondiente en los trámites judiciales o administrativos en los que esté de por medio restringido el referido derecho. Así, entre otras, la SCP 0834/2012 de 20 de agosto, estableció que: ‘Por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. La acción de libertad-traslativa o de pronto despacho, constituye parte de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y por tanto es un mecanismo procesal idóneo, que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existen dilaciones indebidas, concretando así, el principio de celeridad, cuando este se encuentre vinculado al derecho de la libertad, y el mismo sea vulnerado por actos dilatorios, que eviten considerar la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Por su parte, la SCP 0907/2012 de 22 de agosto, determinó que: ‘Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen «…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…» (…). Asimismo la jurisprudencia constitucional, ha desarrollado ampliamente sobre la aplicación del principio de celeridad, señalando al respecto que: ʽ…para resolver y compulsar cualquier solicitud que se encuentre vinculada con el derecho a la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional o el juez o tribunal del juicio, deberá fijar la audiencia con la prontitud que el caso aconseja, o en su caso, dadas las circunstancias que puedan presentarse, dentro de un plazo razonable. En ese contexto, tanto autoridades judiciales, fiscales u otras autoridades administrativas, deben atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el derecho a la libertad, con la mayor celeridad posible, con la finalidad de que la situación jurídica de las personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin dilaciones indebidasʼ (SC 0570/2006-R de 19 de junio).
En consecuencia, queda claro que el mecanismo procesal idóneo frente a una vulneración al principio de celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga en una dilación indebida en el conocimiento y Resolución de una solicitud de modificación a la detención preventiva, es la acción de libertad de pronto despacho la que restituirá sus derechos ante las dilaciones en el señalamiento de audiencia” (las negrillas son nuestras).
La parte impetrante de tutela, denunció que fueron lesionados el debido proceso en sus elementos a una justicia pronta plural y oportuna y derecho a la defensa y libertad; toda vez que, las autoridades ahora demandadas la fecha de presentación de la presente acción de defensa, no remitieron los antecedentes al Juzgado de Ejecución Penal de Turno, al haberse dictado su Sentencia Condenatoria en su contra el 9 de agosto 2022, incurriendo en una dilación indebida. Precisada la problemática traída en revisión, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido contra la solicitante de tutela por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de homicidio, identificado con el NUREJ 70149676, se emitió la Sentencia 25/2019, en la que se determinó la condena de la ahora accionante, imponiéndole una pena privativa de libertad de ocho años y seis meses; misma que, debe ser cumplida en el “centro de rehabilitación Santa Cruz Palmasola”. Asimismo, se tiene certificado de ejecutoria del 9 de agosto de 2022, que establece que, tras la notificación a las víctimas y familiares de “Andrés Arnaldo Garibarelos” mediante edictos de prensa, y ante la falta de recursos interpuestos por las partes procesales, la sentencia dictada se encuentra ejecutoriada. Asimismo, mediante decreto de 9 de agosto de 2022, las autoridades ahora demandadas, disponen: “…al memorial presentado por el representante Noelia Gonzales Tomicha, por secretaria proceda a la ejecutoria de la sentencia del 3 de mayo de 2019, expídase el respectivo mandamiento de condena y remítase el cuaderno procesal al juez de ejecución penal previo sorteo, y sea con la debida nota de atención” (sic). Finalmente, el oficio de 11 de agosto de 2022, con el número 736/2022, correspondiente al Tribunal de Sentencia Séptimo de la Capital –hoy demandado–no se encuentra suscrito por ninguna autoridad jurisdiccional. Con carácter previo a ingresar a considerar la problemática expuesta, corresponde aclarar que si bien, en la presente causa, se evidencia que el mismo día de la celebración de audiencia dentro de esta acción de defensa, el abogado de la impetrante de tutela hizo conocer que desistía de la demanda, alegando que se hubiera cumplido con el objetivo; sin embargo, corresponde resaltar que conforme al precedente contenido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el retiro de la acción de libertad no se encuentra reconocido como una posibilidad, en ninguna etapa de su tramitación, incluso por mandato constitucional, se establece que, la audiencia de acción tutelar no puede ser suspendida bajo ninguna circunstancia (art. 126.II de la CPE); debido a que, esta acción de defensa, está orientada a brindar una pronta y efectiva protección al derecho a la libertad, en sus esferas física y de locomoción, el mismo que se constituye en un derecho fundamental; por cuanto, su restricción acompaña la mayoría de las veces la limitación en el ejercicio de otros derechos fundamentales; por lo cual, no es admisible la aceptación de desistimiento o retiro de la acción tutelar en ninguna etapa de su procedimiento; consecuentemente, no corresponde su consideración, lo que habilita la consideración del fondo de la demanda. Ahora bien, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; se precisa que, la autoridad administrativa o judicial, debe atender los trámites a su cargo en el plazo otorgado por la norma; máxime, cuando se trata de privados de libertad y si éstos se ven afectados por alguna dilación relacionada con su derecho a la libertad, están facultados para formular la presente acción tutelar, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, con el fin de acelerar la resolución del actuado procesal impetrado. En ese sentido, y conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se establece que las autoridades administrativas o judiciales deben cumplir con la obligación de atender los trámites que les corresponden dentro del plazo determinado por la normativa aplicable, esta responsabilidad se vuelve aún más relevante y urgente cuando se trata de personas privadas de libertad, quienes, por su situación de reclusión, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad frente a los actos del Estado. Cuando tales personas se ven afectadas por dilaciones indebidas que afectan su derecho a la libertad, como ocurre en los casos en los que no se remite el expediente al juzgado de ejecución penal dentro del plazo previsto, tienen plena facultad para interponer la presente acción de tutela, pudiendo adoptarse en su modalidad traslativa (con el fin de trasladar el expediente a la autoridad correspondiente) o de pronto despacho (para que se agilice la tramitación y resolución del proceso pendiente), con el objetivo principal de asegurar la pronta resolución del procedimiento y evitar que la dilación del mismo continúe afectando su derecho a la libertad; así como, su acceso a los beneficios que la Ley le otorga. En consecuencia, resulta fundamental que la autoridad judicial actúe de manera diligente y en los plazos establecidos; ya que, cualquier retraso en la remisión del expediente al Juez de ejecución penal o en la tramitación de las solicitudes relacionadas con la redención de la pena no solo vulnera el derecho al debido proceso, sino que también impacta directamente en la situación de libertad y en el acceso a los beneficios penitenciarios de la persona afectada. En ese marco, debe señalarse previamente que, si bien esta jurisdicción constitucional no cuenta con documentación alguna que haya remitido la parte accionante ni demandada, correspondiente al proceso de referencia; no obstante, teniendo presente que el Juez de garantías tuvo acceso al mismo y verificó los datos ahí consignados bajo el principio de inmediación, ellos serán considerados como ciertos y evidentes, a momento de abordar el presente análisis. Ahora bien, se observa que las autoridades demandadas emitieron la Sentencia 25/2019 el 3 de mayo; en la cual, la ahora impetrante de tutela fue condenada a ocho años y medio de prisión, por la comisión del delito de homicidio; no obstante, de acuerdo con lo expuesto en la resolución del Juez de garantías, las autoridades demandadas, mediante decreto del 9 de agosto de 2022, dispusieron que: “...al memorial presentado por el representante Noelia Gonzales Tomicha, por secretaría proceda a la ejecutoria de la sentencia del 3 de mayo de 2019, expídase el respectivo mandamiento de condena y remítase el cuaderno procesal al juez de ejecución penal, previo sorteo, y sea con la debida nota de atención” (sic); es decir, a pesar de que se solicitó la ejecutoria de la sentencia condenatoria, el Juez titular de la causa tardó más de tres años en ejecutar la condena de la ahora accionante, además, resulta irregular que la nota de remisión, de 11 de agosto de 2022 y correspondiente al Tribunal de Sentencia Séptimo de la Capital, no cuente con la firma de ninguna autoridad jurisdiccional. En este contexto, es necesario recordar que los Jueces son responsables directos de lo que ocurra en los juzgados a su cargo; pues, son quienes toman las decisiones jurisdiccionales dentro de los procesos; en este caso, transcurrieron tres años y tres meses desde la emisión de la sentencia condenatoria el 3 de mayo de 2019 hasta la interposición de la presente acción el 11 de agosto de 2022, sin que se hubieran cumplido con las obligaciones específicas a cargo de las autoridades judiciales. De acuerdo con lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene como objetivo proteger el derecho a la libertad en casos en los que existen dilaciones indebidas e injustificadas en el trámite de actos procesales relacionados con las personas privadas de libertad, siendo su propósito fundamental el acelerar dichos trámites. La falta de celeridad en la remisión de antecedentes al Juez de Ejecución Penal no puede justificarse bajo pretextos como la falta de personal, transporte o recarga laboral, etc., especialmente cuando tales limitaciones eran conocidas por las autoridades judiciales ahora demandadas; estas autoridades, responsables del proceso, tenían la obligación de realizar los trámites necesarios para garantizar la efectividad de las notificaciones y la remisión oportuna al Juez de Ejecución Penal, en aplicación del principio de celeridad e impulso procesal de oficio.
En ese marco, es su deber no solo observar los plazos procesales, sino también actuar con la debida diligencia para impartir justicia con la mayor rapidez posible; dado que, el retraso impide que se realice el control judicial sobre la pena y las condiciones de cumplimiento de la misma en el Centro Penitenciario; en consecuencia, esta falta de control genera una situación de indefensión; ya que, se pone en juego el derecho fundamental a la libertad física de la persona y si no se corrige esta demora, se producirá una restricción indebida de dicho derecho, lo que justifica la concesión de la tutela solicitada en la modalidad traslativa o de pronto despacho En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, evaluó de forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2022 de 12 de agosto, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la mencionada Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía MSc. Isidora Jiménez Castro MAGISTRADO MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0250_2025-S4.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): b820566e3c83dcfb7fa693888a6dbf18713e84dccd3ac908f5ccf2c7795d7937
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