Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 15 de abril de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, congruencia interna y valoración de la prueba, vinculados a su derecho a la libertad, puesto que al haberse cumplido la temporalidad de la detención preventiva impuesta a su persona considera que se encuentra indebidamente privado de su libertad. En el mismo sentido señala que los razonamientos del Auto de Vista 612/2022 de 18 de agosto, motivo de la presente acción de libertad, son contrarios a sus derechos porque: i) Ninguna autoridad en grado de apelación puede resistirse de ingresar al fondo de resolver una situación jurídica vinculada a la libertad; ii) No puede generarse la remisión al Juez de Instrucción cuando el contenido de la resolución advierte que no se hubiera cumplido con una debida fundamentación, motivación y congruencia por el a quo; y, iii) Al remitir al Juez de instancia por una figura completamente distinta a la de su situación jurídica se lesiona la congruencia interna porque se le da al Ministerio Público la posibilidad de solicitar ampliación de la detención preventiva cuando en esencia ya se cumplió con la temporalidad de esa medida; por lo que, considera que desde la emisión del Auto de Vista observado se encuentra indebidamente privado de su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 16/2022 de 11 de octubre, cursante de fs. 102 a 103 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, bajo los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0250/2025-S3 Sucre, 15 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 51171-2022-103-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 16/2022 de 11 de octubre, cursante de fs. 102 a 103 vta., dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz y Pamela Rosse Mary Figueroa Selaez en representación sin mandato de Maximiliano Dávila Pérez contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 10 de octubre de 2022, cursante de fs. 65 a 71 vta, el accionante manifestó lo siguiente:
Se encuentra detenido preventivamente por disposición del Auto Interlocutorio 49/2022 de 24 de enero, en el cual se dejó vigente la concurrencia de los arts. 234.1, 2, 4 y 6; y, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), determinándose, además, la duración de seis meses de esta medida de ultima ratio, conforme al art. 233.3 del mismo cuerpo legal; decisión que fue apelada en varias oportunidades y también fue objeto de acciones de libertad reparadoras, logrando que quede vigente en parte sólo el riesgo previsto en el art. 235.2 del citado Código. En tal sentido, presentó incidente de cesación de la detención preventiva al amparo del art. 239.1 y 2 del aludido cuerpo adjetivo penal, del cual se desprende el Auto Interlocutorio 584/2022 de 2 de agosto, que rechaza su pretensión, mismo que fue recurrido en apelación y resuelto por Auto de Vista de 12 de mismo mes y año, dejando sin efecto la resolución recurrida y ordenando que se emita otro fallo con una debida fundamentación y motivación, respetando el principio de congruencia respecto a la no aplicación de la SCP “491/2021-S4”, lo que motivó a que interponga una acción tutelar anterior, en la que se determinó dejar sin efecto dicho Auto de Vista y emitir uno nuevo que considere el cumplimiento de la temporalidad y la obligación de pronunciarse sobre la antedicha Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada- emitió el “actual” Auto de Vista 612/2022 de 18 de agosto revocando en parte el Auto Interlocutorio 584/2022, aceptando que se cumplió la temporalidad de la detención preventiva en aplicación de la “…SSCC 491/2021-S4, debiendo la autoridad jurisdiccional señalar audiencia de consideración de situación jurídica del imputado en el plazo de 24 HORAS…” (sic), generando así una motivación arbitraria al omitir pronunciarse sobre el fondo, lesionado también la congruencia interna; toda vez que su petitorio fue claro y concreto sobre la obligación que tiene le autoridad jurisdiccional de dar curso a una solicitud de cesación a la detención preventiva conforme establece el art. 239.2 del CPP, cuando se haya cumplido lo regulado en el art. 233.3 última parte del citado Código, respecto al decurso del tiempo sin que se haya tramitado en la vía incidental una ampliación de la detención preventiva conforme lo razonado en la “SSCC 491/2021-S4”. Habiendo advertido la omisión de la autoridad demandada de pronunciarse en el fondo, interpuso solicitud de explicación, complementación y enmienda, más aún, cuando en la audiencia de apelación se puede advertir que los agravios generados son de una audiencia de cesación de la detención preventiva en la cual se logró demostrar que el Ministerio Público no presentó ampliación con anterioridad a ese actuado sino después de contestar el incidente de cesación de la detención preventiva que presentó, lo que quiere decir que la autoridad demandada, al haber dispuesto que se lleve a cabo una audiencia de consideración de su situación jurídica, generó nuevamente una motivación arbitraria producto de un razonamiento completamente nuevo que debe ser tutelado en la vía constitucional porque es una nueva lesión al debido proceso que no podría ser suplida por un Tribunal de garantías anterior, cuando en sustancia, este nuevo Auto de Vista afecta directamente a un razonamiento nuevo e irracional. Finalmente señaló que los razonamientos del Auto de Vista 612/2022 son contrarios a sus derechos porque: a) Ninguna autoridad en grado de apelación puede resistirse de ingresar al fondo de resolver una situación jurídica vinculada a la libertad; b) No puede generarse la remisión al Juez de Instrucción cuando el contenido de la resolución advierte que no se hubiera cumplido con una debida fundamentación, motivación y congruencia por el a quo y que además ya se habría cumplido con la temporalidad de la detención preventiva; y, c) Al remitir al Juez de instancia por una figura completamente distinta a la de su situación jurídica se lesiona la congruencia interna porque se le da al Ministerio Público la posibilidad de solicitar ampliación de la detención preventiva cuando en esencia ya se cumplió con la temporalidad de esa medida en una audiencia de cesación a la misma; por lo que, desde la emisión del Auto de Vista observado se encuentra indebidamente privado de su libertad.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, congruencia interna y valoración de la prueba, y a la defensa, vinculado a su derecho a la libertad; citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo: 1) Se deje sin efecto el Auto de Vista 612/2022, manteniendo incólumes los razonamientos sobre el cumplimiento del plazo de la detención preventiva y la aplicación de la “SSCC 491/2021-S4” con respecto a la temporalidad y la no tramitación de la ampliación de la detención preventiva solicitada por el Fiscal de Materia por ser extemporánea, ordenando que en el día se emita un nuevo Auto de Vista; 2) Se determine medidas distintas a la detención preventiva contenidas en el art. 231 bis del (CPP) y sin perjuicio de ello se emita en el acto el mandamiento de libertad; 3) Se declare a la autoridad demandada como “…REO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES” (sic) conforme al art. 110 de la CPE; 4) Se multe a la señalada autoridad con la suma de Bs70 000.- (setenta mil bolivianos); y, 5) Se remita antecedentes al Consejo de la Magistratura para su debido procesamiento.
Celebrada la audiencia pública virtual el 11 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 99 a 101 vta.; se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela por intermedio de su abogado, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, añadiendo que: i) Por Resolución primigenia 49/2022 de 24 de enero, se dispone la detención preventiva del ahora accionante, por el lapso de seis meses, cumplido el término solicitó cesación a la detención preventiva, porque además no existía ninguna solicitud del Ministerio Público para la ampliación de dicha medida; ii) El Juez rechazó dicha pretensión indicando que existiría un memorial de solicitud de ampliación a la detención preventiva interoperando el mismo día de la audiencia; sin embargo, al considerar que el mismo no se tramitó en vía incidental, recurren a la apelación con base en dichos argumentos, pidiendo la aplicación de la SCP 0491/2021-S4, por tratarse de un caso análogo; iii) La Vocal a cargo de la apelación incidental, no consideró la SCP 0491/2021-S4, porque la misma no se presentó en forma física, indicó también que existe una incongruencia respecto a la ampliación de detención preventiva e instruye remitir el legajo de apelación al juzgado de instrucción para que emita una nueva Resolución; iv) Señalo que de esa manera se genera doble lesión al debido proceso, puesto que ordena dictar nueva resolución a una autoridad que ya emitió criterio sobre la situación jurídica del accionante y segundo porque no analizó la SCP 0491/2021-S4, razones por las cuales interponen una primera acción de libertad, sobre la misma Resolución; y; v) El Tribunal de Garantías concedió la tutela y ordenó que debe pronunciarse sobre el fondo y también con relación a la SCP 0491/2021-S4, entonces al momento de emitirse el Segundo Auto de Vista surge la Resolución 612/2022, motivo de la presente acción de libertad, donde recién se analizó el fondo del reclamo, pero surge una nueva vulneración porque no define la situación jurídica del imputado, al contrario ordena a la autoridad jurisdiccional señalar audiencia de consideración de situación jurídica del imputado y se le da al Ministerio Público la posibilidad de solicitar ampliación de la detención preventiva cuando en esencia ya se cumplió con la temporalidad de esa medida.
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 11 de octubre de 2022, cursante a fs. 80 y vta., refirió que: a) En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el hoy accionante, la Sala que preside evidentemente emitió el Auto de Vista 612/2022 en cumplimiento a la Resolución 038/2022 de 17 de agosto emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto del señalado departamento, constituido en Tribunal de garantías; b) Llama la atención que se presente otra acción de libertad solicitando que se deje sin efecto el aludido Auto de Vista y se emita uno nuevo; toda vez que, el mismo se pronunció en cumplimiento a una acción de libertad interpuesta por el accionante; es decir que en el presente caso ya se activó una acción de defensa, la cual se encuentra en revisión; c) Resulta evidente que una vez presentada la primera acción de libertad, el accionante presentó otra sin aguardar a que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita pronunciamiento definitivo sobre la problemática planteada en su primera acción de defensa, actuando con temeridad al interponer dos acciones de “amparo constitucional” (sic) análogas, incurriendo en un uso abusivo de esta acción tutelar; y, d) Con relación al cumplimiento del Auto de Vista emitido, se debe tomar en cuenta que el impetrante de tutela equivocó las vías ; por lo que, solicita que se deniegue la tutela.
El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 16/2022 de 11 de octubre, cursante de fs. 102 a 103 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo la nulidad en parte del Auto de Vista 612/2022, con relación a la motivación y “fundamento” realizado en el “…Considerando II, puntos 2º y 3º…” (sic), debiendo ingresar al fondo y definir la situación jurídica del accionante; con base en los siguientes fundamentos: 1) En la acción de libertad, el accionante reclama la existencia de una nueva lesión al derecho a la libertad, en razón a que la autoridad demandada no se pronunció sobre su situación procesal; efecto de lo cual antes ya interpuso otra acción de defensa que fue resuelta por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto del citado departamento, constituido en Tribunal de garantías, mediante la Resolución 038/2022, (el resaltado es añadido) concediendo la tutela dejando sin efecto el Auto de Vista de 12 de agosto de 2022 y disponiendo la emisión de uno nuevo; por lo que en cumplimiento a esa decisión constitucional, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz pronunció el Auto de Vista 612/2022 a través del cual declara la procedencia en parte de las cuestiones planteadas, revocando en parte el Auto Interlocutorio 584/2022, disponiendo que la autoridad a quo señale audiencia de situación jurídica del imputado ahora impetrante de tutela; 2) Se debe tener presente que la anterior acción de libertad era para que la autoridad demandada se pronuncie y fundamente sobre el cumplimiento del tiempo de detención dispuesto en la resolución primigenia y que se cumplió el 24 de julio de 2022, vale decir, sobre la aplicación de la SCP “491/2021-S4”, respecto a la temporalidad y cumplimiento de la detención; 3) En el Auto de Vista 612/2022, en el Considerando II, puntos 2º y 3º, la autoridad demandada realizó fundamentación conforme se dispuso en la anterior acción de defensa; empero al momento de resolver, difirió el cumplimiento para que el Juez inferior “o de garantías constitucionales” defina la situación jurídica del hoy peticionante de tutela, sin emitir un criterio final; más aún, si se tiene que en el Auto Interlocutorio 584/2022 el Juez de control jurisdiccional también rechazó la ampliación de la detención preventiva solicitada; por lo que, en la presente acción tutelar el fundamento es distinto porque “…es para que ahora la autoridad demandada se pronuncie en el fondo sobre la situación procesal y que en la fundamentación de los agravios definir respecto al tiempo de detención que debe o no continuar con esa situación jurídica” (sic); y, 4) Conforme a la SCP 0139/2016-S3 de 27 de enero, el Tribunal de apelación puede revocar, confirmar o modificar las medidas cautelares motivando y fundamentando su resolución, es decir, que al momento de emitirse el Auto de Vista debe ingresarse al fondo del recurso o emitir criterio conclusivo; pero no puede diferirse para que la autoridad inferior se pronuncie; por lo que con esta nueva determinación se está causando nueva lesión al debido proceso con relación a la situación procesal reclamada y que fue objeto y fundamento de agravio en la apelación planteada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista 612/2022 de 18 de agosto, emitida por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de Cochabamba, en cumplimiento a la Resolución Constitucional 038/2022 de 17 de agosto, que determina la admisibilidad del recurso de apelación, procedente en parte las cuestiones planteadas, por lo que revoca en parte la Auto Interlocutorio 584/2022 de 2 de agosto de 2022, debiendo la autoridad jurisdiccional señalar audiencia de consideración de situación jurídica del imputado en el plazo de veinticuatro horas, sea con las formalidades de Ley (fs. 76 a 79). II.2. Conforme a los datos del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene una acción de libertad presentada el 16 de agosto de 2022 por José Ramiro Uriarte Ortiz en representación sin mandato de Maximiliano Dávila Pérez contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Acción de defensa, que fue resuelta mediante Resolución 038/2022 de 17 de agosto, misma que fue resuelta en revisión por este Tribunal mediante la SCP 0002/2025-S3 de 18 de febrero que confirmó y concedió la tutela impetrada.
El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, congruencia interna y valoración de la prueba, vinculados a su derecho a la libertad, puesto que al haberse cumplido la temporalidad de la detención preventiva impuesta a su persona considera que se encuentra indebidamente privado de su libertad. En el mismo sentido señala que los razonamientos del Auto de Vista 612/2022 de 18 de agosto, motivo de la presente acción de libertad, son contrarios a sus derechos porque: i) Ninguna autoridad en grado de apelación puede resistirse de ingresar al fondo de resolver una situación jurídica vinculada a la libertad; ii) No puede generarse la remisión al Juez de Instrucción cuando el contenido de la resolución advierte que no se hubiera cumplido con una debida fundamentación, motivación y congruencia por el a quo; y, iii) Al remitir al Juez de instancia por una figura completamente distinta a la de su situación jurídica se lesiona la congruencia interna porque se le da al Ministerio Público la posibilidad de solicitar ampliación de la detención preventiva cuando en esencia ya se cumplió con la temporalidad de esa medida; por lo que, considera que desde la emisión del Auto de Vista observado se encuentra indebidamente privado de su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0516/2012 de 9 de julio, ha manifestado que: «El Tribunal Constitucional, en su jurisprudencia contenida refiriéndose a la SC 1598/2011-R de 11 de octubre, reiterando lo establecido por las SSCC 0016/2004-R y 0252/2004-R, entre otras, ha señalado que: '”…toda acción tutelar de derechos y garantías debe concluir con la Resolución del Tribunal Constitucional que conoce en revisión los fallos pronunciados por el Juez o Tribunal de amparo o hábeas corpus, conforme prescriben los arts. 18 y 19.IV de la CPE, 93 y 102.V de la LTC´. es decir que las partes deben aguardar el pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional, sin que sea legalmente factible que se instauren nuevas acciones de tutela en ese lapso por causas similares, lo que constituye un acto temerario por cuanto se estaría pretendiendo activar la jurisdicción constitucional a objeto de que se dicte una duplicidad de fallos sobre la misma problemática”.
En este ámbito, la Sentencia Constitucional antes mencionada establece que la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, señala: “A partir de esa Sentencia dictada en revisión, y sólo en caso de que la misma hubiera declarado la improcedencia del recurso por cuestiones formales que no significan el análisis del fondo del asunto, la parte recurrente podrá intentar un nuevo recurso cumpliendo con todos los requisitos extrañados, para lograr un pronunciamiento sobre el fondo de su petición; lo contrario, es decir la interposición de un nuevo recurso sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho, constituyendo un acto temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, induciendo a error a los Tribunales de garantías”».
El accionante denuncia vulneración de sus derechos a la libertad personal, al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia interna y valoración de la prueba; aduciendo que dentro del proceso seguido en su contra a instancias del Ministerio Publico, solicitó cesación de la detención preventiva, que fue resuelto mediante el Auto Interlocutorio 584/2022 de 2 de agosto, rechazando su pretensión, decisión que fue recurrida en apelación a cuya instancia emitió el Auto de Vista de 12 de mismo mes y año, dejando sin efecto la resolución recurrida, es decir el Auto Interlocutorio 584/2022 ordenando que se emita otro fallo con una debida fundamentación, motivación, respetando el principio de congruencia; sin embargo, el accionante interpuso una acción de libertad anterior, reclamando la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia y valoración razonable de la prueba; por cuanto la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionada-,no consideró el fondo de los agravios expuestos para determinar su situación jurídica, omitiendo pronunciarse sobre la aplicación de la SCP “491/2021-S4” en el fallo. En cumplimiento a la decisión del Tribunal de Garantías se emitió el Auto de Vista 612 (ahora cuestionado), objetando que, si bien cumplió en cierta medida la petición del impetrante, no se pronunció sobre la situación jurídica del imputado reclamando nuevamente la lesión al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia interna y valoración de la prueba, (valga la reiteración). Estando delimitado el objeto procesal para la activación de la presente acción de defensa, resulta imprescindible remitirse al criterio jurisprudencial descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, mismo que establece que al tener esta acción tutelar por finalidad la protección de derechos y garantías constitucionales, su activación reiterada con coincidencia de sujetos activos y pasivos, igual exposición de causa generada a partir de los mismos hechos y, similar objeto procesal resulta improcedente, puesto que, además ocasionaría una duplicidad de fallos y posibles disfunciones procesales derivadas de resoluciones contradictorias sobre un mismo asunto material.
En ese contexto, a partir de la referencia realizada por el propio abogado de la parte accionante tanto en el memorial de acción de libertad como durante la audiencia de consideración de esta acción de defensa respecto a la existencia de una acción tutelar con antecedentes fácticos similares interpuesta con anterioridad; así también del informe presentado por la autoridad accionada, se constata la existencia de una anterior acción de libertad que tiene por objeto la emisión de una nueva Resolución de alzada, debidamente fundamentada, motivada, congruente en respeto a las reglas del debido proceso y considere la SCP “491/2021-S4”; además de acuerdo a la información emergente del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal -la primera acción de libertad a la que hace referencia la parte accionante, así como la autoridad demandada-, fue presentada el 16 de agosto de 2022 por José Ramiro Uriarte Ortiz en representación sin mandato de Maximiliano Dávila Pérez contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Acción de defensa, que fue resuelta mediante Resolución 038/2022 de 17 de agosto, fallo que se encuentra resuelto en revisión por este Tribunal mediante la SCP 0002/2025-S3 de 18 de febrero que confirmó y concedió la tutela impetrada (Conclusiones II.1 y 2). Toda la información señalada permite inferir la existencia de una acción de libertad previa, puesto que la acción de defensa, ahora en análisis fue presentada por el mismo representante, contra la misma autoridad accionada, bajo igual pretensión; y deviene del cumplimiento de una anterior acción de defensa, problemática que ya fue resuelta en la instancia constitucional por la SCP 0002/2025-S3 de 18 de febrero, fallo que confirma y concede la tutela al impetrante haciéndose evidente una conexitud entre dicha Resolución y la actual acción de libertad en revisión por este Tibunal (Conclusiones II.1 y 2); motivo por el cual el caso en concreto se enmarca dentro de la improcedencia, en razón a la subregla descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, máxime si el antecedente del cual deviene, ya se encuentra resuelto en la vía constitucional. Consecuentemente, no es posible ingresar al análisis de fondo, puesto que de la minuciosa revisión de documentos que forman el caso, así como de lo afirmado por la parte accionante y la autoridad judicial demandada, se tiene que el Auto de Vista 612/2022 (Conclusión II.1) resuelve una causa constitucional impetrada por el mismo accionante, bajo los mismos reclamos y decanta en idéntico acto judicial como vulnerador de sus garantías constitucionales; en ese sentido, este Tribunal se encuentra imposibilitado de poder ingresar al fondo de la situación, dado que la problemática constitucional, planteada en la presente acción de libertad, ya fue resuelta previamente en una anterior acción de impetrada. De donde se concluye que existe otra acción tutelar vinculada al reclamo cuestionado. Esta activación simultánea o paralela de acciones de libertad, que en el fondo se refieren a la apelación incidental contra la decisión que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, afectando su libertad por presunto cumplimiento de dicha medida cautelar, impide a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, por criterios de conexidad y seguridad jurídica, a fin de evitar intromisiones perjudiciales ante la eventualidad de producir pronunciamientos contradictorios, decayendo por consiguiente en un supuesto de improcedencia o de denegatoria de la acción de libertad. En ese sentido y de conformidad con lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, este Tribunal no puede conocer, ni pronunciarse, sobre el fondo de la acción, debido a que se han activado de forma paralela iguales mecanismos constitucionales conexos entre sí; lo que, constituye un óbice para que en el presente caso, este Tribunal pueda emitir un pronunciamiento de fondo; conforme se encuentra debidamente regulado por la jurisprudencia constitucional, citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 16/2022 de 11 de octubre, cursante de fs. 102 a 103 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, bajo los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0250_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): a22cdb12c4d6e7933e0c2370f123684563ec1305fc1d10171af15b4e7a8d3c70
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