Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 2 de mayo de 2023
Concede la tutela
Los accionantes a través de su representante, denuncian que interpusieron recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 682/2021 de 16 de octubre, por medio del cual la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, impuso medidas cautelares contra dos de ellos, prohibiéndoles salir del país y detención domiciliaria; y, detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz para otro; no obstante, pese a que la causa fue remitida el 30 de noviembre de 2021, hasta la fecha de la interposición de la presente acción de defensa dicha impugnación no fue resuelta debido a que, la Vocal demandada suspendió las audiencias señaladas en tres oportunidades y fijó las reprogramaciones con periodos de tiempo no inmediatos como manda la norma procesal penal, vulnerando de esa forma sus derechos a la libertad personal y de locomoción, al debido proceso en sus componentes de defensa y celeridad, y a una justicia pronta oportuna, gratuita y sin dilaciones.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 18/2021 de 24 de diciembre, cursante de fs. 79 a 81, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, sin costos ni costas, disponiendo: 1° Que la Vocal demandada de forma inmediata, a partir de su notificación con el presente fallo constitucional señale audiencia para considerar el recurso de apelación incidental planteado por los impetrantes de tutela contra el Auto Interlocutorio 682/2021 de 16 de octubre, dictado por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, a menos que por el transcurso del tiempo, la situación procesal ya hubiere sido resuelta; y, 2° Llamar la atención a la Jueza de garantías, por haber resuelto el presente mecanismo de defensa sin la debida motivación y fundamentación, ni considerar que no es posible denegar la tutela en acciones de libertad con base en la existencia de un hecho superado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0249/2023-S2 Sucre, 2 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 44872-2022-90-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 18/2021 de 24 de diciembre, cursante de fs. 79 a 81, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Andrés Ritter Zamora en representación sin mandato de Cai Yu Ming, Chen Ai Hua y Hu Guo Hong contra Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 22 de diciembre de 2021 cursante a fs. 1 y 13 a 17, los accionantes a través de su representante, expusieron que:
Dentro del proceso seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, ilícito previsto en el art. 223 del Código Penal (CP) y por la tenencia de especies animales sin autorización, o que estén declaradas en veda o reserva, establecido en el art. 11 de la Ley de Medio Ambiente -Ley de 27 de abril de 1992-; se les impuso medidas cautelares; a dos, entre otras, la prohibición de salir del país y detención domiciliaria; y, para otro detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; siendo que, dichas medidas restringían sus derechos a la libertad personal y de locomoción; por lo que, interpusieron recurso de apelación incidental; empero, una vez radicado el proceso en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento, la Vocal demandada suspendió tres veces el verificativo para tal efecto, sin haber otorgado motivo alguno, desconociendo que por mandato del art. 113 del Código de Procedimiento Penal (CPP), está proscrita la suspensión de audiencias; más aún de una semana a otra; hecho que lesionó el derecho a una justicia pronta y oportuna, sin considerar que uno de ellos se encontraba privado de libertad por más de dos meses.
Denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad personal y de locomoción, al debido proceso en sus componentes de defensa y celeridad, a una justicia pronta oportuna, gratuita y sin dilaciones, citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo que: a) La Vocal demandada señale de inmediato, dentro de las veinticuatro horas siguientes, día y hora para la audiencia pública a fin de que se considere su recurso de apelación incidental, y no se suspenda la misma; b) Se determine responsabilidad penal y civil a dicha autoridad debido a las suspensiones realizadas; c) El pago de honorarios profesionales y los gastos del pasaje de avión Sao Pablo – Campo Grande – Santa Cruz de su abogado; y, d) La devolución del Iphone 12 que rompió su defensor al llegar al verificativo que fue suspendido.
Celebrada la audiencia pública virtual el 24 de diciembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 76 a 78, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante y abogada, ratificaron los términos expuestos en la demanda tutelar, y ampliándolos señalaron que: 1) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional expresó que las audiencias vinculadas al derecho a la libertad no pueden suspenderse; y en cuanto al trámite del recurso de apelación incidental de medidas cautelares, aquel debe ser expedito y resolverse sin más trámite dentro de los tres días de recibidas las actuaciones; 2) En el caso en particular trascurrieron dos meses desde que la impugnación radicó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, misma que no fue resuelta; 3) La primera suspensión se debió a que el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, no pudo conectarse a la audiencia virtual; la segunda se produjo en razón a que el abogado de la “Gobernación” acreditó tener baja médica por COVID-19; y, la tercera, debido a que dicho profesional continuaba con licencia médica; 4) La autoridad demandada no cumplió con el mandato previsto en el art. 251 del CPP, el cual dispone que la apelación debe ser resuelta en el plazo de tres días; y, 5) Se debía conceder la tutela impetrada; toda vez que, desde el 16 de octubre de 2021, data en la cual que se señaló audiencia, pasaron dos meses sin que dicho recurso se hubiera resuelto.
Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 24 de diciembre de 2021, cursante de fs. 64 a 65 vta., manifestó que: i) El 1 de igual mes y año, se radicó la causa que tenía por objeto resolver el recurso de apelación incidental de medidas cautelares interpuesto por los accionantes; por lo cual, señaló audiencia para el 7 del mismo mes y año; empero, ante los problemas para establecer la conexión que tuvo el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, determinó suspender dicho verificativo con la finalidad no vulnerar ningún derecho; ii) El 14 del mes y año indicados, uno de los abogados del Gobierno Autónomo Departamental del referido departamento pidió la suspensión de tal acto procesal acreditando padecer COVID-19; por lo que, en común acuerdo con las partes se fijó audiencia para el 22 del aludido mes y año; no obstante, aquel verificativo no pudo ser instalado; debido a que, se demostró que el mencionado profesional continuaba con baja médica; y, iii) Cumplió con los plazos procesales, las suspensiones del acto procesal estaban justificadas y respaldadas con documentación idónea y pertinente; por lo que, pidió se deniegue la tutela reclamada.
La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 18/2021 de 24 de diciembre, cursante de fs. 79 a 81, denegó la tutela solicitada, con costas a la parte accionante, con base en los siguientes fundamentos: a) El acto ilegal denunciado en el presente mecanismo de defensa que convergía en las continuas suspensiones de audiencias para la consideración del recurso de apelación incidental de las medidas cautelares, fue cumplido por la Vocal demandada al programar aquel verificativo para el 27 de igual mes y año, a horas 14:00; b) La activación de este mecanismo de defensa constitucional data del 22 del citado mes y año, fecha posterior al señalamiento de aquella audiencia de garantías; es decir, el 27 del mes y año indicados, circunstancia que permitió afirmar que el acto lesivo denunciado cesó en sus efectos con anterioridad a la interposición de esta acción tutelar; c) Las suspensiones de los actos procesales se encontraban debidamente justificadas; y, d) El hecho que se identificó como lesivo de derechos y garantías constitucionales de los peticionantes de tutela, fue superado con anterioridad a la citación de la presente demanda tutelar a la autoridad demandada; es decir, que fue superado; lo que, implicó la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal por la desaparición de los hechos denunciados.
En la vía de complementación, a la consulta de si la Vocal demandada en la suspensión del verificativo de 27 de diciembre de 2021, cumplió el art. 180 de la CPE y respetó las setenta y dos horas; la Jueza de garantías indicó que, la prenombrada tomó en cuenta las bajas médicas que se presentaron en las audiencias diferidas, esto con el objeto de precautelar la vida y salud de las partes, declarando no ha lugar a dicha solicitud de complementación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 682/2021 de 16 de octubre, a través del cual la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, impuso medidas cautelares a Cai Yu Ming, Chen Ai Hua y Hu Guo Hong -accionantes-, a la prohibición de salir del país y detención domiciliaria para los dos primeros nombrados y detención preventiva para el último en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz (fs. 8 a 11 vta.). II.2. Consta oficio de 30 de noviembre de 2021, suscrito por la Jueza referida en el punto precedente, dirigido a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, remitiendo el recurso de apelación incidental interpuesto por los peticionantes de tutela contra el Auto Interlocutorio 682/2021, que mereció la providencia de 2 de diciembre del mismo año, por la que se fijó audiencia para el 7 de igual mes y año, levantándose acta de suspensión de verificativo, dispuesto por la Vocal demandada bajo el argumento que el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal tenía problemas para conectarse al acto procesal virtual, siendo reprogramado para el 14 de idéntico mes y año (fs. 28 a 29 y 39). II.3. Se tiene acta de suspensión del verificativo de la indicada fecha, a través del cual la autoridad demandada determinó posponer ese acto procesal debido a que el abogado del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, acreditó encontrarse con baja médica por COVID-19, fijándolo para el 22 de diciembre de 2021 (fs. 51 a 52). II.4. Corre acta de suspensión de la audiencia de la data indicada precedentemente, por la cual, la Vocal demandada decidió reprogramarlo para el 27 de diciembre de 2021, debido a que el profesional antes indicado continuaba con licencia médica (fs. 62 a 63).
Los accionantes a través de su representante, denuncian que interpusieron recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 682/2021 de 16 de octubre, por medio del cual la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, impuso medidas cautelares contra dos de ellos, prohibiéndoles salir del país y detención domiciliaria; y, detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz para otro; no obstante, pese a que la causa fue remitida el 30 de noviembre de 2021, hasta la fecha de la interposición de la presente acción de defensa dicha impugnación no fue resuelta debido a que, la Vocal demandada suspendió las audiencias señaladas en tres oportunidades y fijó las reprogramaciones con periodos de tiempo no inmediatos como manda la norma procesal penal, vulnerando de esa forma sus derechos a la libertad personal y de locomoción, al debido proceso en sus componentes de defensa y celeridad, y a una justicia pronta oportuna, gratuita y sin dilaciones.
La SCP 0094/2021-S2 de 7 de mayo, al respecto señaló que: “El art. 178 de la CPE, identifica a la celeridad como uno de los principios sobre los que descansa la potestad de impartir justicia, principio que igualmente se constituye en fundamental en la jurisdicción ordinaria, según establece el art. 180 de la Norma Suprema; la celeridad está íntimamente vinculada con el derecho que tienen las personas a una justicia pronta y oportuna (art. 115.II de la Ley Fundamental) de manera que las controversias judiciales y todo lo inmerso en ellas se resuelva sin ningún tipo de dilaciones indebidas. En el ámbito constitucional, el principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad personal, adquiere relevancia cuando autoridades administrativas o judiciales, incurren en dilaciones indebidas en trámites destinados a resolver la situación jurídica de una persona privada de libertad; circunstancias en las cuales, se activa la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, como un mecanismo tutelar destinado a reparar y reencaminar dichas dilaciones a los plazos procesales pre-establecidos o en su caso, a plazos razonables en el marco del indicado principio; este razonamiento ha sido desarrollado uniformemente por la jurisprudencia constitucional, determinándose precisiones y reglas encaminadas a reparar demoras recurrentes en ciertas cuestiones procesales, como la tramitación de la apelación de medidas cautelares y la expedición de mandamientos de libertad, entre otros” (las negrillas son nuestras).
En relación al tema, la SCP 0312/2013 de 18 de marzo, sostuvo que: “De otro lado, la SC 0384/2011-R de 7 de abril, complementó las sub reglas establecidas en la SC 0078/2010-R, en sentido que se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, también cuando: ‘d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley’. En ese mismo orden, de manera acertada, interpretando las normas contenidas en el art. 251 del CPP referidas a la apelación incidental de las medidas cautelares, en la SC 0542/2010-R de 12 de julio, se estableció que: ‘…una vez interpuesto dentro del plazo legal el recurso de apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional que conoce la causa, y si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin embargo, este plazo no puede exceder de tres días; empero, si excede el plazo legal y la espera prudencial, el procedimiento se convierte en dilatorio, y por ende el recurso de apelación deja de ser un medio idóneo y eficaz…’” (el resaltado es añadido). A su vez, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señaló que: “En ese entendido, y reconstruyendo el art. 251 del citado Código, a la luz de las consideraciones efectuadas anteriormente, se tiene que una vez notificada la resolución emergente de una medida cautelar, las partes tienen un plazo de setenta y dos horas para promover su apelación incidental, periodo que debe ser computado desde el momento mismo de la notificación con la decisión; por otro lado, planteada la impugnación, la autoridad judicial, como garante de la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, en aras de una pronta administración de justicia y del principio de celeridad, debe dictar la providencia de remisión del recurso de apelación y los antecedentes, en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 132 inc. 1) del CPP; momento a partir del cual se computan, a su vez, las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del referido Código. Por lo expuesto, es evidente que el cómputo de los plazos en la impugnación y la remisión de obrados ante el tribunal de alzada, no está librado a la libre voluntad y entendimiento arbitrario de quienes son llamados a impartir justicia, por cuanto dicho cómputo ya fue establecido por el legislador de manera clara y expresa, por lo que, únicamente deben ser observadas tales previsiones legales; consiguientemente, obrar de un modo diferente o contrario a las normas procesales glosadas precedentemente y al entendimiento anterior, tiene como consecuencia la vulneración del debido proceso, los derechos a la defensa y acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y, si la impugnación tiene por finalidad debatir la libertad del encausado, también se vulnera el derecho a la libertad del justiciable” (énfasis agregado). La SCP 0094/2021-S2, al referirse a los imprevistos que surgieron por la pandemia generada a raíz del COVID-19 en el señalamiento de audiencias refirió que: “…ante situaciones extraordinarias -como en el presente caso la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19- por un principio de verdad material resulta posible y admisible otorgar excepcionalmente un plazo prudente para cumplir con el envió del indicado recurso ante el superior en grado; prórroga de tiempo que debe ser razonable y moderado; puesto que, no se debe perder de vista, que se encuentra de por medio derechos y garantías de una persona privada de libertad; término que debe ser considerado atendiendo las circunstancias especiales de la situación concreta y la actuación desplegada por la autoridad demandada, que evidencien la existencia de una debida diligencia para cumplir con el plazo fijado por la norma” (las negrillas son agregadas). En lo concerniente al señalamiento de audiencia para la consideración de la apelación incidental del fallo que impone una medida cautelar la SCP 0965/2022-S4 de 1 de agosto, señaló que: “Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior del Distrito en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en lo que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado” (el resaltado nos pertenece).
A la vista de los antecedentes del proceso, se puede identificar que los actos procesales denunciados en la presente acción de libertad, son las constantes suspensiones y las reprogramaciones con intérvalos de tiempo dilatados para la consideración del recurso de apelación incidental planteado por los peticionantes de tutela contra el fallo que les impuso medidas cautelares de carácter personal, como detención domiciliaria, personal y la prohibición de dejar el país; a ese efecto, corresponderá en el presente caso analizar si las suspensiones de las audiencias son evidentes y si aquellas se encuentran justificadas de manera razonable. Para iniciar el examen del caso, conviene recordar que conforme al ordenamiento jurídico penal adjetivo y la jurisprudencia de este Tribunal, el trámite de la apelación de medidas cautelares es sumario, pronto y efectivo mismo que debe ser resuelto sin más trámite y en audiencia, a ser celebrada dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones; por tanto, está íntimamente ligada a la materialización del principio de celeridad sobre el que descansa la potestad de impartir justicia, que tiene que ser pronta y oportuna; bajo ese marco, de los antecedentes del proceso se puede advertir que los impetrantes de tutela por Auto Interlocutorio 682/2021 de 16 de octubre, dictado por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, fueron afectados con medidas cautelares, dos de ellos con la prohibición de salir del país y detención domiciliaria, y el otro con detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz (Conclusión II.1); por lo que, interpusieron recurso de apelación incidental, el cual fue remitido al Tribunal de alzada el 30 de noviembre del mismo año, y el 1 de diciembre del indicado año, radicó en el despacho de la Vocal demandada, quien por providencia de 2 de diciembre de 2021, fijó audiencia para consideración de la señalada impugnación para el 7 del referido mes y año; empero, dicho acto procesal fue suspendido con base en la imposibilidad de conexión a la audiencia virtual por parte del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal; que mereció por parte de la autoridad judicial demandada reprogramación de un nuevo verificativo para el 14 de idéntico mes y año (Conclusión II.2), acto procesal que nuevamente y por segunda ocasión fue diferido; en razón a que, se acreditó que uno de los abogados del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz se encontraba afectado con el COVID-19, fijándose nueva fecha de audiencia para el 22 del mes y año citados (Conclusión II.3); la cual, también fue suspendida debido a que el referido profesional acreditó que aún se encontraba con licencia médica (Conclusión II.4). De los antecedentes descritos de manera precedente, este Tribunal puede advertir que es evidente que la autoridad demandada suspendió en tres oportunidades la audiencia para la consideración del recurso de apelación incidental de medidas cautelares interpuesto por los impetrantes de tutela; correspondiendo analizar si las causas fueron justificadas. En ese sentido se tiene que:
Con relación a la primera suspensión sustentada en la supuesta falta de conectividad del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, a la audiencia virtual, se debe señalar que, de manera general y en circunstancias excepcionales por hechos fortuitos o de fuerza mayor, es posible que la autoridad jurisdiccional pueda disponer la suspensión de un verificativo; empero, esas circunstancias deben ser demostradas de manera objetiva; y si lo fueren, la decisión de suspensión debe estar motivada y fundamentada de forma razonable. En el caso en particular, la falta de conectividad alegada por el mencionado Viceministerio, únicamente se encuentra respaldada en la llamada telefónica que un personero no identificado de dicha entidad realizó al Oficial de Diligencias dependiente de la Vocal demandada, no existiendo ninguna prueba objetiva que demuestre que ese día y a esa hora la red de internet hubiera tenido problemas, o algún informe del encargado de sistemas del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que acredite dificultades técnicas; consecuentemente, al no advertirse elementos objetivos que evidencien que se tiene un caso fortuito o fuerza mayor que hubiera impedido la presencia del señalado Viceministerio en el verificativo virtual fijado para el 7 de diciembre de 2021, es posible concluir que la suspensión fue injustificada; máxime, si se considera que las otras partes se encontraban presentes y sin problemas técnicos; por lo que, correspondía que la Vocal demandada continúe con el aludido acto procesal y resuelva la apelación incidental planteada; al no haber actuado de esa forma, desconoció los derechos de los peticionantes de tutela a la tramitación célere, pronta y oportuna del recurso de apelación incidental de medidas cautelares diseñado por el legislador como un procedimiento sumario, pronto y efectivo para solucionar la situación procesal de las personas imputadas, más aún si, como en el caso en particular, una de ellas se encuentra privada de libertad, con detención preventiva; aspecto que debió ser ponderado por la autoridad demandada a tiempo de decidir suspender la audiencia; razón por la cual, corresponde conceder la tutela, aun cuando posteriormente dicha autoridad hubiera señalado otras reprogramaciones. No obstante de ello, este Tribunal, también considera necesario examinar los actos posteriores a la primera suspensión. En cuanto a la segunda convocatoria fijada el 7 de diciembre de 2021, para el 14 del mismo mes y año, es pertinente indicar que, en el supuesto que la primera suspensión hubiera sido correcta, el señalamiento de la segunda audiencia debió ser inmediato, y no con una dilación de siete días, como se advierte en el presente caso; toda vez que, como se manifestó ut supra la consideración de un recurso de apelación incidental de medida cautelar debe ser tramitada de la forma más célere y pronta, aspecto que también fue desconocido a tiempo de fijarse el segundo verificativo, ocurriendo lo mismo con la programación del tercer acto procesal la aludida fecha para el 22 del mes y año citados, cuando su convocatoria debido ser de forma inmediata. En cuanto a los argumentos que sustentan la segunda y tercera suspensión relacionados a la baja de uno de los abogados del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz; este Tribunal, si bien en muchos otros casos consideró razonable razonar las situaciones extraordinarias -como la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19-; en el caso analizado, tomando en cuenta que la señalada entidad tiene más de un profesional legal en sus unidades jurídicas, no resulta lógico que por la baja de uno de ellos, deba postergarse el examen de un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, máxime si las mismas dispusieron en primera instancia la privación de libertad, como ocurre en el presente caso; motivo por el cual, la Vocal demandada al momento de suspender las audiencias, tampoco realizó un correcto análisis de la situación fáctica y legal. Por lo expuesto, es evidente que la indicada Vocal desde la primera suspensión de audiencia para consideración del recurso de apelación incidental planteado por los impetrantes de tutela contra el Auto Interlocutorio 682/2021, que impuso medidas cautelares en su contra, desconoció el principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad personal y de locomoción; por cuanto, incurrió en dilaciones indebidas, postergando de manera irresponsable la situación jurídica de los accionantes; circunstancias que impelen a este Tribunal a conceder la tutela reclamada a través de la presente acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, disponiendo que la autoridad demandada convoque de forma inmediata a la audiencia de consideración del recurso formulado por los impetrantes de tutela contra el indicado Auto. Finalmente, respecto a la lesión del derecho a la defensa, los argumentos plasmados en la acción de defensa y los antecedentes analizados no son suficientes para un pronunciamiento sobre el tema. No obstante de ello, en cuanto a la decisión de la Jueza de garantías, que determinó denegar la tutela, por la abstracción del objeto y haberse superado el acto identificado como vulnerador de los derechos y garantías constitucionales de los peticionantes de tutela, se debe señalar que la aludida decisión, es incorrecta; debido a que, no tomó en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, la cual estableció la imposibilidad de denegar la tutela de acción de libertad bajo el argumento de hecho superado, al indicar que: “…se comprenderá que no corresponde asumir en la acción de libertad, una causal de improcedencia prevista expresamente para la acción de amparo constitucional, más aún si no existe un marco normativo constitucional y legal que lo respalde; además que de la interpretación teleológica del art. 49.6 del CPCo, se entiende que la acción de libertad en modalidad innovativa, se encuentra expresamente reconocida y por ende proscrita la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal en la misma acción tutelar, por ser un instituto propio de la acción de amparo constitucional…” (SCP 0243/2019-S3 de 5 de julio [énfasis añadido]), criterio jurisprudencial que concuerda con el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el cual prescribe que: “…Aún habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan” (el resaltado es adicionado); consecuentemente, al ser evidente el error incurrido por la Jueza de garantías es imperante llamar la atención a la aludida autoridad. Finalmente sobre la pretensión de pago de costas, los honorarios de abogado, pasajes de avión, y teléfono celular, dichos extremos no fueron acreditados de manera objetiva; razón por la cual, no es posible examinar dicha pretensión. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 18/2021 de 24 de diciembre, cursante de fs. 79 a 81, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, sin costos ni costas, disponiendo: 1° Que la Vocal demandada de forma inmediata, a partir de su notificación con el presente fallo constitucional señale audiencia para considerar el recurso de apelación incidental planteado por los impetrantes de tutela contra el Auto Interlocutorio 682/2021 de 16 de octubre, dictado por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, a menos que por el transcurso del tiempo, la situación procesal ya hubiere sido resuelta; y, 2° Llamar la atención a la Jueza de garantías, por haber resuelto el presente mecanismo de defensa sin la debida motivación y fundamentación, ni considerar que no es posible denegar la tutela en acciones de libertad con base en la existencia de un hecho superado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0249_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): d0f2fdee9920e103c1b3444868e14af10d9c998066a03fc641b99753d5eed09d
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