Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 15 de abril de 2025
Deniega la tutela
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, vinculada al debido proceso, así como el desconocimiento de los principios de legalidad, celeridad y favorabilidad; por lo que, en la tramitación del proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se lo condenó a la pena de tres años de reclusión; razón por la cual, se le otorgó sanciones alternativas; pese a que cumplió con los requisitos que viabilizan la misma, no se dispuso su libertad, en razón a que se consideró que con carácter previo, la Sentencia debe estar ejecutoriada; por lo que, solicita se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el “Auto de Vista” impugnado y se emita nueva resolución.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 11 de octubre de 2022, cursante de fs. 27 vta. a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de Quillacollo de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0248/2025-S3 Sucre, 15 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51347-2022-103-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 11 de octubre de 2022, cursante de fs. 27 vta. a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Samuel Fernando Alcón Orocondo en representación sin mandato de Jhonatan Steven Quiroz Muñoz contra Consuelo Margot Carrillo Claros, Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo de Cochabamba.
Por memorial presentado el 10 de octubre de 2022, cursante de fs. 13 a 18, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica -previsto y sancionado en el art. 272 Bis del Código Penal (CP)-, durante las jornadas de descongestionamiento ordenadas por el “Instructivo 32/2022”, por Auto de 7 de octubre de 2022, emitido por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo -ahora demandada-, se lo condenó a tres años de reclusión, otorgándole sanciones alternativas, conforme al art. 76 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, cumpliendo con los requisitos exigidos, como la presentación del Certificado de Registro de Antecedentes Penales (REJAP), en el que se evidenció que su persona no cuenta con los mismos.
Habiendo cumplido con los requisitos señalados para la aplicación de las sanciones alternativas, correspondió a la autoridad jurisdiccional ahora demandada disponer su libertad, en el entendido de la problemática abordada en la SCP 0236/2020-S1 de 3 de agosto, que tiene carácter vinculante y es de cumplimiento obligatorio; pero la Jueza ahora demandada no lo hizo así, pues consideró que la Sentencia no se encontraba ejecutoriada, debiendo previamente notificarse a la víctima, a fin de no vulnerar su derecho de impugnación, razonamiento que no se ajustó a la norma legal mencionada; que como se manifestó, no exige que la Sentencia deba ser ejecutoriada, para disponer su libertad, apartándose de los principios de favorabilidad y celeridad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, vinculado al debido proceso en sus vertientes de legalidad y celeridad, principio de favorabilidad, citando al efecto los arts. 8.II, 22, 23, 115.II, 116, 125, 178, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) -Pacto de San José de Costa Rica-.
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga dejar “…SIN EFECTO EL AUTO DE VISTA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, emitido por la Sala PENAL SEGUNDA, DISPONIENDO que el Vocal Accionado, Emita nueva resolución, sea en cumplimiento de las formalidades de ley (sic).
Celebrada la audiencia pública el 11 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 26 a 30 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, se ratificó de manera íntegra en los términos de su memorial de acción tutelar y ampliando los mismos, en audiencia, señaló que: 1) El 7 de octubre de ese año, se llevó a cabo la jornada de descongestionamiento del Centro Penitenciario de San Pablo de Quillacollo del referido departamento; 2) En la audiencia se benefició con la sanción alternativa prevista en el art. 82 de la Ley 348; 3) La Jueza demandada al momento de disponer el mandamiento de libertad, indicó que con la resolución se debe disponer la notificación a la víctima, para que realice la impugnación correspondiente y una vez ejecutoriada la sentencia recién podría disponer su libertad; 4) La amplia jurisprudencia constitucional ha establecido, que todo trámite vinculado a la libertad debe tener celeridad; 5) Se vulneró el principio de legalidad, porque no existe ninguna normativa que exija que una sentencia deba ser ejecutoriada; 6) Conforme se ha establecido en la SCP 0236/2020-S1, en una situación similar a la presente, denegó la libertad a una persona indicando que la sentencia debía ser ejecutoriada, lo que ha lesionado su derecho a la libertad; y, 7) El presente caso se encuentra con sanciones alternativas, empero la autoridad jurisdiccional no ha emitido mandamiento de libertad.
Consuelo Margot Carrillo Claros, Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo de Cochabamba, por informe oral presentado ante el Juez de garantías de esta acción de defensa, refirió: i) El acusado el 6 de abril del 2022, solicitó salida alternativa de procedimiento abreviado, acompañando un acuerdo aceptando la pena de reclusión de tres años, renunciando a juicio oral; solicitud que le fue denegada, y una vez apelada, por Auto de Vista de 26 de mayo de 2022 se declaró la inadmisibilidad de su recurso; toda vez que, la Resolución impugnada era una resolución atípica; ii) En consideración al Instructivo 32/2022 de 3 de octubre, que instruyó agendamiento obligatorio de audiencias de procesos en los que se puede llegar a un procedimiento abreviado, el acusado volvió a solicitar salida alternativa, audiencia a la que compareció: “el acusado con su abogado más no así la víctima Laura Silvia Melgar, concluyendo la audiencia admitiendo la salida alternativa de procedimiento a favor de Jhonatan Steven Quiroz Muñoz, declarándose autor del delito de violencia familiar o doméstica … una sentencia condenatoria de 3 años de reclusión” (sic); iii) Teniéndose en cuenta que la pena, no excedió los tres años; en armonía con el art. 76.I de la Ley 348, se sujetó al citado acusado a sanciones alternativas que implicó su libertad total y la aplicación de medidas de seguridad y cumplimiento de instrucciones: “disponiendo en la parte in fine de dicha resolución la notificación personal con la resolución pronunciada en favor de la víctima” (sic), esta disposición obedeció al art. 374.II del CPP, que hace mención a la sentencia; iv) Lo que se dictó fue una Sentencia de una salida alternativa de procedimiento abreviado, por lo que se requiere a la parte adversa y conforme al art. 163.3) del referido Código es necesaria la notificación personal de las partes, no existiendo ninguna transgresión al principio de legalidad; v) El presente caso se trató de un proceso de violencia familiar o doméstica y conforme determina el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, los sistemas de justicia deben dar acceso irrestricto a las mujeres, respondiendo a ello la notificación del fallo a la víctima Laura Silvia Melgar, más aun siendo un fallo pronunciado en modalidad de procedimiento abreviado y conforme el art. 47 de la Ley 348, según la cual se dará preferencia a los derechos para la dignidad de las mujeres; vi) La acción de defensa se planteó contra su autoridad como Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo, pero en el petitorio, se solicitó se deje sin efecto el Auto de Vista de 23 de noviembre de 2021, resultando en una incoherencia total, no existiendo el Auto de Vista señalado; y, vii) La falta de notificación a la víctima con la Sentencia dictada implicaría vulnerar el principio de legalidad, no habiendo su autoridad vulnerado ningún debido proceso, solicitando se deniegue la acción planteada.
El Juez de Sentencia Penal Tercero de Quillacollo de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución de 11 de octubre de 2022, cursante de fs. 27 vta. a 30, “otorgó” -siendo lo correcto concedió- la tutela solicitada, disponiendo se emita el respectivo mandamiento de libertad en el día; determinación asumida en base a los siguientes fundamentos: a) En la SCP 1074/2019-S2 de 5 de diciembre, se razonó analizando la antinomia del art. 366 del CPP, que regula la suspensión condicional de la pena, con relación a la Ley 348 que en casos de delitos de violencia contra las mujeres, establece la posibilidad de aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad, cuando la pena no sea mayor a tres años; b) De conformidad con el art. 82 de la citada Ley, la autoridad jurisdiccional deberá aplicar un plan de conducta al condenado, debiendo acompañarse medidas de seguridad para proteger a las mujeres; c) En la SCP 0270/2018-S3 de 11 de mayo, se estableció que cuando se dispone la suspensión condicional de la pena, implica que en el mismo acto, sin necesidad de su ejecutoría, la autoridad jurisdiccional deba pronunciarse sobre la aplicación de ese beneficio, otorgándose inmediatamente, cuando se cumplan los supuestos del art. 366 del CPP; d) En base a ese entendimiento, cuando se emitió las sanciones alternativas, verificando el cumplimiento de las exigencias previstas en el art. 76 de la Ley 348, correspondió expedir el mandamiento de libertad; y, e) La autoridad ahora demandada limitó el derecho de libertad, incurriendo en un procesamiento indebido y no aplicó el principio de legalidad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro de las actuaciones desarrolladas en la presente acción de libertad, se puede advertir la existencia del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Laura Silvia Melgar en contra de Jhonatan Steven Quiroz Muñoz -ahora peticionante de tutela-, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado en el art. 272 Bis del CP (fs. 13 a 17 vta.; 26 a 27 vta.). II.2. Del acta de audiencia de la presente acción tutelar, se extrae que el 6 de abril de 2022, el acusado -ahora accionante- solicitó la tramitación de una salida alternativa de procedimiento abreviado, adjuntando un acuerdo en el que aceptó la pena de tres años, renunciando a juicio oral; petición que le fue denegada por la autoridad ahora demandada; determinación que fue apelada por el ahora impetrante de tutela, y fue resuelta por el Auto de Vista 26 de mayo de 2022, habiendo sido declarado inadmisible (fs. 26 a 27 vta.). II.3. De los hechos expuestos por el ahora demandante de tutela -y no controvertido por la autoridad demandada-, se tiene que durante las jornadas de descongestionamiento, dispuestas por el instructivo 32/2022 de 3 de octubre, el prenombrado solicitó salida alternativa; llevándose a cabo la audiencia en el Centro Penitenciario de San Pablo de Quillacollo; en el que, la Jueza de Sentencia Penal Segunda de dicha jurisdicción -ahora demandada-, emitió la Resolución de 7 octubre de 2022, en la que se lo condenó a tres años de reclusión, otorgándole sanciones alternativas, conforme al art. 76 de la Ley 348, disponiendo la aplicación de medidas de seguridad, así como la notificación personal de la víctima dicha determinación. (fs. 13 a 17 vta.; 26 a 27 vta.)
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, vinculada al debido proceso, así como el desconocimiento de los principios de legalidad, celeridad y favorabilidad; por lo que, en la tramitación del proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se lo condenó a la pena de tres años de reclusión; razón por la cual, se le otorgó sanciones alternativas; pese a que cumplió con los requisitos que viabilizan la misma, no se dispuso su libertad, en razón a que se consideró que con carácter previo, la Sentencia debe estar ejecutoriada; por lo que, solicita se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el “Auto de Vista” impugnado y se emita nueva resolución.
348 La SCP 0721/2018-S2 de 31 octubre en Fundamentos Jurídicos III.3, III.3.1., III.3.2., III.3.3., hizo referencia aquellos casos en los que la sanción no exceda de tres años de reclusión por el delito de violencia familiar, dilucidando sobre la aplicación de la suspensión condicional de la pena conforme al Código de Procedimiento Penal, o la Ley 348 que determina que en esos casos se aplicarán sanciones alternativas, estableciendo el siguiente razonamiento: «En mérito a que el problema jurídico planteado en la presente causa, está referido a la falta de resolución de la solicitud de suspensión condicional de la pena efectuada por el accionante, que fue sancionado a tres años de reclusión por el delito de violencia familiar; corresponde analizar, antes de resolver el caso, qué norma resulta aplicable; es decir, si el Código de Procedimiento Penal, que prevé la aplicación de la suspensión condicional de la pena, en los supuestos en los que se hubiere impuesto una sanción que no exceda de tres años de duración y que el condenado no hubiera sido objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos cinco años; o, la Ley 348, que para los supuestos en los que la pena aplicada no exceda los tres años de privación de libertad, determina que se aplicarán sanciones alternativas. Para el efecto, se desarrollarán los siguientes subtemas: 1) La suspensión condicional de la pena en el Código de Procedimiento Penal; 2) La obligación de sancionar la violencia en razón de género y la Ley 348; y, 3) Sobre la norma aplicable.
El art. 366 de CPP, respecto a la suspensión condicional de la pena, señala:
La jueza o el juez o tribunal, previo los informes necesarios y tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes requisitos: 1. Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración; 2. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior, por delito doloso en los últimos cinco años.
La suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción. De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la suspensión condicional de la pena, busca reorientar el comportamiento del condenado, reinsertándolo a la sociedad, otorgándole oportunidades de enmienda en ejercicio de su libertad […] Este entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0509/2016-S2 de 23 de mayo y 1099/2016-S2 de 3 de noviembre, entre otras; esta última, en su Fundamento Jurídico III.3, indica:
…la efectivización del beneficio de suspensión condicional de la pena, dada su naturaleza jurídica, no puede estar supeditada o condicionada a la ejecutoria de la resolución que lo concedió, ya que implicaría ir contra la finalidad de dicho beneficio, cual es la necesidad de evitar los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración; por lo que, una vez otorgada la suspensión condicional de la pena su efecto inmediato, cual es dejar en suspenso la ejecución de la condena, la misma que únicamente podrá ser revocada por la autoridad que la concedió, conforme lo precisado en el art. 367 del CPP, que establece los efectos del beneficio de la suspensión condicional de la pena. (las negrillas han sido marcadas)
en razón de género
La magnitud de la violencia hacia las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a las víctimas, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, que la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; sin embargo, en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. […] El CEDAW, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia de 3 de agosto de 2015, examina las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que las mujeres tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que impiden materializarlo en pie de igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, así como las prácticas y los requisitos en materia probatoria; dificultades que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. […] Siguiendo en el ámbito regional, la Convención de Belém do Pará, en su art. 7, establece las obligaciones de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluir en su legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otras. Resulta importante destacar en esta parte, el hecho que el Estado boliviano asume la norma de la debida diligencia, que conlleva una responsabilidad internacional, encaminada a eliminar las limitaciones jurídicas, institucionales, culturales discriminatorias por razones de género y económicas, para prever las necesidades de las mujeres y las de sus familiares -y de otra índole-, que les aseguren su derecho a la igualdad con el hombre y a protegerlas eficazmente frente a hechos de violencia y malos tratos en la familia. […] ii) Las sanciones alternativas previstas en la Ley 348 En el marco de los instrumentos internacionales antes anotados, los Estados Partes deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos, así como las pautas culturales, que con una visión patriarcal, atribuyen diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el trabajo, la comunidad y la sociedad; asimismo, tienen el mandato expreso de sancionar al agresor, y ello, se justifica como una medida tendiente a erradicar la violencia contra las mujeres, garantizando el cumplimiento de una sentencia, después de un proceso penal, en el cual, se expone a la víctima a un potencial escenario de violencia
Ahora bien, en el marco de los fundamentos internacionales desarrollados en el punto anterior, el constituyente boliviano incidió en el reconocimiento de derechos, de modo tal que la Constitución Política del Estado, contiene en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala:
psicológica, tanto en la familia como en la sociedad; […] La Ley 348, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así, la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad nacional, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, como establece el art. 3.I de la Ley 348, al disponer que: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”. […]
Existiendo, por lo mismo, un mandato imperativo tendiente a la erradicación de la violencia contra las mujeres, estableciendo como obligación subyacente, la de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, en aquellos delitos que contienen hechos de violencia contra las mujeres, que comprometen su vida e integridad sexual, entre los cuales, estarían inmersos los tipos penales de feminicidio, homicidio, suicidio, aborto forzado, lesiones gravísimas, violación, abuso sexual, acoso sexual, actos sexuales abusivos, padecimientos sexuales, incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia, así como la violencia familiar o doméstica, que se halla contemplada en el art. 272 bis del Código Penal (CP).
En ese contexto, con el compromiso internacional de sancionar la violencia hacia la mujer, la Ley 348, en el Título V -denominado Legislación Penal-, Capítulo I -titulado Sanciones Alternativas-, en el art. 76, dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 76. (APLICACIÓN DE SANCIONES ALTERNATIVAS).
I. En los delitos de violencia hacia las mujeres, siempre que el autor no sea reincidente, se podrán aplicar las sanciones alternativas a la privación de libertad, cuando:
1. La pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso será reemplazada por una sanción alternativa de las señaladas en la presente Ley. […]
Del conjunto de disposiciones legales desarrolladas, a partir de un análisis integral de las mismas, se puede concluir que la normativa interna boliviana, en el marco de los derechos reconocidos en el art. 15 de la CPE y los estándares internacionales de protección, incluidas las recomendaciones efectuadas al Estado boliviano, hace especial énfasis en la persecución y la sanción de los agresores de violencia familiar o doméstica, buscando de ese modo, garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos.
Conforme al desarrollo anterior, se evidencia la existencia de una antinomia entre el Código de Procedimiento Penal y la Ley 348, en cuanto se refiere al cumplimiento de la sanción; así, el Código de Procedimiento Penal establece la posibilidad de suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena, si se presentan los requisitos previstos en el art. 366 de la misma norma procesal, cuyo contenido y alcance de ese instituto fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3.1 (III.1.1.), de este fallo constitucional. En cambio la Ley 348, adopta medidas específicas para la prevención y la sanción de los delitos de violencia contra las mujeres, introduciendo regulaciones especiales con impacto directo en la protección especial a la mujer agredida, tendientes a evitar los altos niveles de impunidad y el mantenimiento de conductas discriminatorias hacia las mujeres, en aras de una igualdad procesal realmente efectiva. En ese entendido, en ningún caso los derechos del agresor pueden ser valorados judicialmente por encima de los derechos humanos de la mujer; es decir, a su integridad física y mental; y, a vivir libre de cualquier tipo de violencia. Conforme a lo anotado, la Ley 348, en el marco de las normas internacionales sobre Derechos Humanos, hace especial énfasis en la persecución y sanción de los agresores, no previendo, por lo mismo, la posibilidad de otorgar al agresor la suspensión condicional de la pena; más bien, establece la posibilidad de la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad, entre otros casos, cuando la pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso, el juez podrá aplicar las sanciones alternativas descritas en los arts. 77 al 82 de la referida Ley; debiendo la autoridad judicial, aplicar un plan de conducta al condenado, de conformidad a lo previsto por el art. 82 de la misma norma. […] Así, la obligación de sancionar a los culpables debe ser cumplida indefectiblemente, no existiendo posibilidad de perdonar el cumplimiento de la pena o suspender de modo condicional su cumplimiento; pues lo contrario, implicaría incumplir con las obligaciones internacionales del Estado; más aún, cuando al nivel interno existe una norma que expresamente prevé la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad cuando la pena impuesta no sea mayor a tres años; sanciones que de acuerdo a la Ley 348, deben ir acompañadas de las medidas de seguridad necesarias para proteger a la mujer que se encuentra en situación de violencia, a sus hijas e hijos o su núcleo familiar; medida que cumple con el objeto y la finalidad de la Ley 348, que es erradicar la violencia y no permitir la impunidad. Consiguientemente, la Ley 348, al prever de manera expresa, en el Título V, Capítulo I, las sanciones alternativas a aplicarse en los casos en los que la privación de libertad no sobrepase los tres años, se constituye en una norma especial que debe ser aplicada de manera preferente como lo dispone su art. 5.III, al señalar que la referida Ley: “No reconoce fuero ni privilegio de ninguna clase, su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma para los delitos establecidos en la presente Ley” (el resaltado es ilustrativo); con la aclaración, que ello no significa que en todos los casos se deba disponer la privación de libertad del condenado, sino por el contrario, la aplicación de las sanciones alternativas previstas en la Ley 348, como la multa, detención de fin de semana, trabajo comunitario, entre otras. De lo señalado, se concluye que existe un marco normativo jurídico especial, de aplicación preferente; por el cual, el Estado garantiza los derechos de las mujeres cuando son víctimas de violencia, conforme al mandato constitucional y a la normativa internacional, que da especial importancia a la prevención, persecución y sanción efectiva de los delitos de violencia contra las mujeres, así como a la reparación integral a las víctimas». [el resaltado es añadido]
La SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, en Fundamentos Jurídicos III.1., se ha pronunciado sobre el alcance de la garantía al debido proceso, en su componente relativo al derecho de defensa, así se ha manifestado:
El derecho a la defensa, es un componente de la garantía del debido proceso establecido en el art. 115 de la CPE, al prever que: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; vale decir, que toda persona sindicada sea en sede penal o administrativa, tiene la facultad de desvirtuar las acusaciones que se le atribuyen, utilizando todos los medios de impugnación previstos por ley y principios procesales de contradicción, inmediación e igualdad, a objeto de evitar desequilibrios entre las partes y generar condiciones de indefensión prohibidas por la Ley Fundamental.
Por su parte, el derecho a la impugnación como garantía procesal y su vínculo al derecho a la defensa, se encuentra universalmente reconocido y garantizado en el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), estando previsto por las leyes que nos rigen, recurrir de un fallo ante el juez o tribunal superior, de considerar lesionados sus derechos reconocidos por la Ley fundamental y las leyes, pues la garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, permitiendo un acceso irrestricto a la justicia, al posibilitar se reclamen aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando el grado en que estas omisiones afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, responder a todos los agravios denunciados, al estar ligado al derecho a la defensa, así lo señala el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0140/2012 de 9 de mayo y 0275/2012 de 4 de junio, entre otras (…).
En la SCP 0953/2019-S2 de 15 de octubre, en Fundamento Jurídico III.2., se recogió la jurisprudencia constitucional respecto al alcance de la notificación, como presupuesto para el ejercicio del derecho a la defensa e impugnación, expresando: «La notificación, sus formas y sus efectos, están previstos en los arts. 160 al 166 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al respecto, la SCP 0427/2013 de 3 de abril estableció: Las formas y formalidades procesales previstas en el Código de Procedimiento Civil para realizar las notificaciones en sentido general (emplazamientos, citaciones y notificaciones), deben ser cumplidas obligatoriamente por los órganos jurisdiccionales y administrativos, porque precisamente al tener un contenido regulatorio exigente mínimo se constituyen en el instrumento procesal valioso, no para cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino para asegurar que la determinación judicial o administrativa objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario y así materializar los derechos fundamentales a la defensa y tutela judicial efectiva; y cuando excepcionalmente, no se cumplan dichas formalidades procesales (debido a falibilidad en la administración de justicia y no como praxis constante) y por ende, la notificación sea defectuosa o irregular en su forma, empero, haya cumplido con su finalidad de hacer conocer la comunicación en cuestión, es decir no se haya causado indefensión a las partes, es válida y no puede invalidarse el acto procesal. Este instituto procesal, establecido en el art. 160 del CPP, cuya efectivización compete a la autoridad jurisdiccional y personal subalterno en el marco de sus atribuciones, tiene por objeto hacer conocer a los sujetos procesales o a terceros con interés legítimo en el proceso, las providencias, autos, sentencias y todas las actuaciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales; cuya finalidad es garantizar los derechos de contradicción, defensa e impugnación, como elementos esenciales del debido proceso consagrados en los arts. 115.II y 180.II de la CPE; es decir, la notificación, permite la publicidad de los actos procesales y el uso de los mecanismos de impugnación a su alcance para la protección de aquellos; sobre el particular De Santo señaló “la notificación tiene por objeto, fundamentalmente, asegurar la vigencia del principio de contradicción y establecer un punto de partida para el cómputo de los plazos. De lo expuesto, se establece que la omisión de la notificación, hace que esta diligencia no cumple su finalidad, es susceptible de nulidad, porque anula la materialización del normal desarrollo del proceso; puesto que, impide a ejercer el derecho a la defensa e impugnación, ya que, el desconocimiento real y efectivo de las resoluciones emergentes del proceso, coloca al sujeto procesal en un estado de indefensión; al respecto, la SCP 1074/2014 de 10 de junio señaló: “…la falta de notificación de aquellos actos que involucren derechos y/o garantías constitucionales de las partes procesales, acarrea indiscutiblemente una disminución o el cercenamiento total y arbitrario de las posibilidades del ejercicio de la defensa, lo cual, afecta directamente el desarrollo del proceso dentro de los cánones del debido proceso”».
Ahora bien, particular connotación adquiere la notificación en todos aquellos casos en los que hay una víctima, máxime si se trata de una víctima de violencia, la base se encuentra en el mandato constitucional regulado en el art. 121.II de la CPE según el cual: “La víctima de un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial”. Esta norma concuerda con la previsión del art. 11 del CPP según la cual: “La víctima por sí sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal aunque no se hubiera constituido en querellante”.
Bajo dicha normativa y los estándares de protección nacional e internacional, la participación de una víctima de violencia dentro de un proceso penal, sea en la aplicación de un procedimiento abreviado o en un procedimiento común, deja en total evidencia el derecho que tiene la misma a intervenir en el mismo en forma amplia y en todas las etapas del procedimiento, debiendo las autoridades judiciales competentes, cuidar el equilibrio entre los derechos del imputado/acusado/sentenciado con los de la víctima, pero también considerando que en casos de víctimas que integran grupos de especial protección como son mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y otros, donde la autoridad judicial si bien debe cuidar los derechos de ambas partes, de manera especial en ese tipo de procesos, debe también asegurar el restablecimiento del equilibrio que se pierde cuando se trata de casos de discriminación estructural, en cuyo caso se tiene presente los derechos del agresor, pero no se puede sobrevalorar los mismos sobre los derechos de la víctima, más aún si se trata de una víctima de violencia.
Antes de ingresar a un análisis de fondo, es preciso hacer mención a consideraciones de forma, vinculadas a las características de la presente acción tutelar; referida al principio de informalismo y su alcance, en mérito a lo cual la autoridad jurisdiccional constitucional (vocales constitucionales, jueces o tribunales de garantías constitucionales), cuando abren su competencia para conocer una acción de esta naturaleza, deben flexibilizar las omisiones de derecho que pudiera existir en la demanda de acción de libertad es decir que aunque en la demanda tutelar no se advierta precisión en ciertos hechos y los derechos, ello no imposibilita tramitar y resolver el fondo de lo demandado. En el memorial de acción de libertad, se expresó que la Jueza ahora demandada habría emitido una Sentencia condenándolo a una sanción de tres años de reclusión, disponiendo a su favor la aplicación de sanción alternativa, pero no dio curso a su libertad, mientras la resolución no adquiera ejecutoria; sin embargo, de lo expresado, por el ahora solicitante de tutela en su petitorio pidió se deje sin efecto el Auto de Vista de 23 de noviembre de 2021, y por otro lado, no acompañó un solo elemento probatorio, evidenciándose una contradicción en el propio memorial de acción de libertad. En cuanto a la contradicción, en sentido que se ha planteado la acción tutelar contra la Jueza ahora demandada, por haber emitido la Sentencia, pero se solicitó se deje sin efecto un “AUTO DE VISTA”; se está a la información que ha prestado en audiencia la referida autoridad jurisdiccional, quién aclaró que el Auto de Vista señalado no se emitió en la tramitación del proceso que dio lugar a la presente acción constitucional; en ese mérito, se entiende que lo que la parte demandante de tutela está solicitando es que se deje sin efecto la Sentencia que consideró agravaba sus derechos. Asimismo, se advierte que el ahora peticionante de tutela no aportó ningún elemento probatorio; sin embargo, ello no impide ingresar al análisis de fondo de la causa, teniendo en cuenta que la autoridad demandada presentó informe, de ahí que los hechos determinados en el punto “II. CONCLUSIONES” de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se extrae de lo aseverado por ambos sujetos procesales. Con las aclaraciones precedentemente señaladas, se pasa hacer un análisis de fondo de todo lo acusado, a fin de establecer si los hechos denunciados son o no evidentes, para determinar si en el presente caso, se ha cometido o no las lesiones expresadas por quién planteó la acción tutelar. a) Con referencia a la aplicación de la sanción alternativa y la disposición de notificación a la mujer víctima de violencia El impetrante de tutela expresó que como consecuencia de las jornadas de descongestionamiento penal, en procedimiento abreviado, se lo condenó a tres años de reclusión y en el marco de los arts. 76 y 82 de la Ley 348, fue beneficiado con sanciones alternativas y pese haber cumplido con los requisitos exigidos no se dispuso su libertad, pues la autoridad demandada entendió que previamente la Sentencia debió estar notificada a la víctima y ejecutoriada, sin que ninguna norma disponga aquello y sin valorar el entendimiento de la SCP 0236/2020-S1 que es vinculante y de cumplimiento obligatorio, que estableció que debe disponerse libertad sin que se exija previa ejecutoría de la sentencia. En el marco de lo expresado por el ahora accionante, así como conforme al informe vertido por la autoridad demandada; en la tramitación del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Laura Silvia Melgar, en contra de Jhonatan Steven Quiroz Muñoz, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica; como consecuencia de una de las jornadas de descongestionamiento, dispuestas en el Instructivo 32/2022 de 3 de octubre, se instruyó la realización de audiencias en procesos en los que se podría llegar a un procedimiento abreviado; habiéndose señalado audiencia oral en el Centro Penitenciario de San Pablo de Quillacollo, en la que se dictó la Resolución de 7 de octubre de 2022; condenando a Jhonatan Steven Quiroz Muñoz a tres años de reclusión, aplicándose sanciones alternativas. En virtud al derecho que tienen las mujeres a vivir libres de violencia y sin discriminación, en el contexto internacional y nacional, se han emitido una serie de disposiciones que obligan a los Estados actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, asegurando de esta manera su derecho a la igualdad; en ese mérito se ha promulgado la Ley 348, que en el ámbito de la sanción de delitos en los que se compromete la vida y la integridad física, psicológica, sexual de la mujer, abre la posibilidad de la aplicación de sanciones alternativas a la privación de la libertad, cuando la pena impuesta no sea mayor a los tres años, conforme se encuentra regulado en los arts. 76 y siguientes de la mencionada Ley, todo lo que se encuentra expresado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente decisión constitucional. En el caso de los otros procesos penales, cuando se ha condenado a tres años o menos de reclusión, procede la suspensión condicional de la pena, en el marco de la norma general regulada en el art. 366 del CPP; de ahí se tiene que en los procesos por delitos contra la mujer, se aplica la norma especial de la Ley 348, por tanto en dichas situaciones, no se puede tramitar una suspensión condicional de la pena sino una sanción alternativa a la privación de la libertad, conforme se ha razonado en Fundamentos Jurídicos III.1. del presente fallo constitucional. Asimismo, se tiene que por Auto de 6 de abril de 2022, la defensa del acusado solicitó la aplicación de una salida alternativa de procedimiento abreviado, petición que fue denegada por la Juez de Sentencia ahora demandada y en apelación, a través de Auto del Vista de 26 de mayo de 2022, se declaró inadmisible el citado recurso (Conclusiones II.2.), cuando transcurrieron meses de esa primera solicitud y en cumplimiento al Instructivo 32/2022 de 3 de octubre, nuevamente el acusado solicitó la mencionada salida alternativa, llevándose a cabo la audiencia oral en el Centro Penitenciario de San Pablo de Quillacollo, en el que la autoridad demandada, emitió la Sentencia de 7 de octubre de 2022, condenando al acusado a una pena de tres años de reclusión, en cuyo mérito se dispuso la aplicación de sanciones alternativas, como medidas de seguridad y la notificación personal de la víctima (Conclusión II.3.). En consecuencia, en los procesos tramitados por delitos contra la mujer u otro tipo de delitos, la autoridad judicial puede condenar a tres años o menos de reclusión; sin embargo, en cuanto a la forma del cumplimiento de la sanción varía de uno a otro por el tipo de delito; así en los primeros (contra la mujer), se puede aplicar sanción alternativa a la privación de la libertad y en el resto suspensión condicional de la pena; es decir que, si bien se trata de sanciones menores, la forma de cumplimiento variará, siendo más exigente y rigurosa la ley especial que la general, en tanto y en cuanto adopta medidas específicas para la prevención y la sanción de los delitos de violencia contra las mujeres, introduciendo regulaciones especiales con impacto directo en la protección especial a la mujer agredida, tendientes a aevitar los altos niveles de impunidad y el matenimiento de conductas discriminatorias hacia las mujeres; razón por la cual una forma de restablecer el equilibrio y lograr la vigencia plena del derecho de igualdad de las mismas, es imponiendo sanciones más exigentes con relación a la comisión de otros tipos de delitos. De ahí que ningún derecho de un agresor, puede ser valorado judicialmente por encima de los derechos humanos de la mujer víctima de violencia (física, psicológica, sexual u otro tipo de violencia). En esa lógica, el Estado boliviano, a fin de cumplir a cabalidad con su deber de la debida diligencia en cuanto al cumplimiento de la sanción, debe ser absolutamente exigente y riguroso, en aquellas circunstancias en la que se va aplicar una sanción alternativa, emitiendo las instrucciones que sean necesarias y que protejan de manera efectiva a la mujer víctima de violencia, así como a su entorno que sea el más cercano, como sus hijos y otros. El razonamiento señalado, se aplica en delitos de contra la Violencia hacia la mujer, para que estos sigan el procedimiento sujeto a las normas especiales contenidas en la Ley 348 o sea que se aplique el procedimiento común; así, tratándose de la aplicación del procedimiento abreviado, en el marco de lo regulado por la previsión general del art. 374 del CPP, relativo al trámite y resolución; se tiene que, ese tipo de procedimiento concluye con la emisión de una Sentencia, la misma se tiene que pronunciar en audiencia oral, escuchándose al representante del Ministerio Público, al imputado, a la víctima o al querellante, es decir que no se puede emitir esa determinación, sin que con carácter previo no se escuche a las partes, de manera especial a la víctima en situación de violencia, en aplicación del sentido de esa necesaria y especial protección, conforme mandan normas internacionales, así como lo establecido en la Ley 348. En el caso que ha motivado esta acción tutelar, se evidencia que en la tramitación del procedimiento abreviado señalado, se pronunció la Sentencia en una audiencia oral, en el marco de lo regulado por el art. 374 del CPP, en la que se escuchó al Ministerio Público, al acusado, a su abogado, pero no así a la víctima, conforme ha informado la autoridad demandada, en cuanto la misma no asistió a la audiencia efectuada en el Centro Penitenciario de San Pablo de Quillacollo, pese a su legal notificación de Laura Silvia Melgar; la ausencia de la víctima en el desarrollo de dicha audiencia, obligaba de manera especial a la Jueza demandada a asumir los máximos cuidados y garantías para asegurar que lo determinado en la sentencia llegue a su conocimiento, como así lo hizo y se pasa a demostrar. En Sentencia se condenó a tres años de reclusión al acusado y se abrió la posibilidad de imponerle una sanción alternativa a la privación de libertad; pero además en dicha decisión final, también se le impuso el cumplimiento de instrucciones vinculadas a medidas de seguridad, además de la notificación personal de la víctima. La determinación de la autoridad ahora demandada, en sentido de disponerse en forma expresa la notificación personal a la víctima, es una medida más de seguridad que asegura el derecho de igualdad de la mujer víctima de violencia, pues es preciso que lo determinado en una audiencia a la que no asistió, que puede ser lesiva a sus intereses y derechos sean de su conocimiento pleno, a efectos de impugnación si fuere necesario. En consecuencia la autoridad accionada, no ha cometido ninguna ilegalidad, cuando dispuso en Sentencia, en forma expresa, la notificación personal de la víctima, en cuanto esa determinación resulta ser una medida más que asegura los derechos de una mujer víctima de violencia, dando cumplimiento a su deber de debida diligencia conforme manda la Ley 348 o ley especial. Además más allá de las normas especiales, en el supuesto de que la Jueza de Sentencia no habría dispuesto la medida señalada (de notificación a la víctima), tal situación de hecho tendría que haberse dado, como emergencia o como consecuencia de las normas generales de procedimiento, tal la previsión del art. 123 con relación al art. 163 del CPP, que establece que una vez que se ha dictado sentencia, es necesario que esa determinación de carácter definitivo, sea notificada en forma personal a las partes. La notificación correctamente determinada por la autoridad judicial, responde al razonamiento expresado en los puntos III.2. y III.2.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que una notificación no solo implica que una decisión judicial sea conocida por el destinatario de la misma, sino que también deberá ser de conocimiento de la contra parte, a fin de asegurar la igualdad procesal de los sujetos intervinientes en un proceso, lo que posibilitará, a cualquiera de las dos partes que se sientan agraviados en sus derechos, a realizar la correspondiente impugnación, que es una forma en la que se materializa la garantía al debido proceso, en su componente relativo al derecho de la defensa. En consecuencia, la autoridad demandada al determinar la notificación de la Sentencia, en la que se dispuso el beneficio al condenado de sanciones alternativas, no incurrió en ninguna ilegalidad, pues la parte que se considere agraviada puede ejercitar en su oportunidad los medios de defensa que considere que sean convenientes; así, la víctima de violencia familiar, si consideraba que el condenado ha sido beneficiado de manera injusta, podía impugnar esa determinación en ejercicio pleno de su derecho a la defensa; de igual manera, el condenado, si consideraba que esa decisión no se ajusta a derecho porque en la misma debió además disponerse un mandamiento de libertad, también pudo impugnar en ejercicio de ese derecho de defensa. Máxime si el presente caso, se trata de un proceso en el que existe una víctima de violencia, circunstancia que además da lugar a otra justificación, en sentido de que es necesario escuchar a la mujer víctima de violencia en la audiencia oral de procedimiento abreviado, con mayor razón es necesario escuchar a la mujer agredida luego de finalizado el procedimiento abreviado, siempre considerando el espíritu de la Ley especial, en virtud del cual los derechos del sentenciado, no pueden estar por encima de los derechos de la víctima, de ahí que también conforme a la Ley general, no puede prescindirse de esa notificación previa, antes de emitirse un mandamiento de libertad. Finalmente, no se podría concluir este razonamiento, validando la actuación de la autoridad demandada, sino se tiene presente el andamiaje normativo interno que se tiene en todos aquellos casos en los que hay una víctima, más aun si se trata de una víctima de violencia, la base se encuentra en el mandato constitucional regulado en el art. 121.II de la CPE según el cual: “La víctima de un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial”, norma que concuerda con la previsión del art. 11 del CPP según la cual: “La víctima por sí sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal aunque no se hubiera constituido en querellante”. Es que, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.2.1. de esta fallo constitucional, la participación de una víctima de violencia dentro de un proceso penal, sea en la aplicación de un procedimiento abreviado o en un procedimiento común, deja en total evidencia el derecho que tiene la misma a intervenir en el mismo en forma amplia y en todas las etapas del procedimiento, debiéndose cuidar el equilibrio entre los derechos del imputado/acusado/sentenciado con los de la víctima, pero también considerando que en casos de víctimas que integran grupos de especial protección como son mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y otros, donde la autoridad judicial si bien debe cuidar los derechos de ambas partes, de manera especial en ese tipo de procesos, debe también asegurar el restablecimiento del equilibrio que se pierde cuando se trata de casos de discriminación estructural, en cuyo caso se tiene presente los derechos del agresor, pero no se puede sobrevalorar los mismos sobre los derechos de la víctima, más aún si se trata de una víctima de violencia, todo al amparo de las normas convencionales e internas especiales. Por todo lo que la autoridad demandada, no cometió ninguna ilegalidad cuando aplicó la sanción alternativa a la detención preventiva y no dispuso el mandamiento de libertad; estableciéndose que, con carácter previo se proceda a notificar a la víctima, actuación que desde ningún punto de vista lesionó los derechos de libertad y la garantía al debido proceso de la parte accionante, ni el principio de legalidad, al contrario aseguró un justo equilibrio que debe existir en este tipo de procesos; por lo que, corresponde denegar la tutela planteada. b) Con referencia a la jurisprudencia vinculante y la necesaria ejecución de una determinación judicial para su cumplimiento
En el memorial de acción tutelar, así como en la audiencia de acción de libertad, se expresó que la autoridad ahora demandada habría lesionado el principio de legalidad, porque no existe ninguna norma que exija que para disponer su libertad, deba estar previamente ejecutoriada la sentencia, conforme se razonó en la SCP 0236/2020-S1, que es de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio; en la que, se concedió la tutela porque en una situación similar a la presente, se negó la libertad indicando que la sentencia debía ser ejecutoriada. El precedente constitucional señalado y que se encuentra contenido en el razonamiento de la SCP 0236/2020-S1 de 3 de agosto, tiene como antecedente las SSCCPP 0509/2016-S2 de 23 de mayo y 1099/2016-S2 de 3 de noviembre, que forman parte de la sistematización jurisprudencial desarrollada en la SCP 0721/2018-S2, que ha sido desarrollada en Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, en la que se señaló que para la efectivización del beneficio de la suspensión condicional de la pena, no puede supeditarse o condicionarse a la ejecutoría de la resolución que la concedió, o lo que es lo mismo, otorgada la suspensión condicional de la pena, su efecto es inmediato. Si bien es cierto que los beneficios de la suspensión condicional del pena y de las sanciones alternativas se dan en la tramitación de un procedimiento abreviado, en el que se dicta una sentencia condenando a una sanción de tres años o menos de reclusión; sin embargo, de ello se producen diferencias substanciales entre los beneficios, los primeros se aplican en todo proceso penal sometido a la norma general, los segundos se aplican a todo proceso penal sometido en forma preponderante a la norma especial relativa a la Ley 348; pero las mayores diferencias radican en las razones de las mismas, así la suspensión condicional de la pena busca reorientar el comportamiento del condenado reinsertándolo a la sociedad, conforme se ha desarrollado en Fundamento Jurídico III.1.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en cambio la sanción alternativa responde a compromisos internacionales de sancionar la violencia hacia la mujer, introduciendo regulaciones de protección especial a la mujer agredida, por lo que ningún derecho de un agresor puede ser valorado por encima de los derechos de la mujer, en el marco de lo expresado en los Fundamentos Jurídicos III.1. del presente fallo constitucional, que recoge el entendimiento establecido en la SCP 0721/2018-S2, precedente constitucional de aplicación preferente en virtud del principio de especialidad para los casos de violencia. Nadie puede negar ni desconocer que una Sentencia Constitucional Plurinacional se constituye en un precedente obligatorio, con aplicabilidad a casos futuros, considerando los fundamentos jurídicos y fácticos que las motivaron, que deben tener semejanza con fundamentos normativos así como con los hechos del caso al que se pretende aplicar el precedente, es decir que en el caso anterior como en el nuevo, debe ser aplicable la misma regulación jurídica, así como los hechos concretos deben ser iguales o muy similares. El razonamiento contenido en la SCP 0236/2020-S1, señalado como precedente aplicable al presente caso, no es evidente porque en ese proceso la solicitud inicial que se tramitó en un procedimiento abreviado fue de suspensión condicional de la pena (aunque terminó razonándose en el marco de una sanción alternativa) y en el presente caso la solicitud fue de aplicación de una sanción alternativa; ambas solicitudes tienen razones diferentes de ser y de existir que han sido mencionadas precedentemente, unas tienen como punto de atención al condenado y su reinserción a la sociedad, las otras el punto de focalización y protección está destinada a la contra parte que vendría a ser la mujer víctima de violencia, en cumplimiento al contexto normativo internacional y nacional. En el caso anterior y que corresponde a la SCP 0236/2020-S1, se ha solicitado la suspensión condicional de la pena, pero ese beneficio no fue concedido; en el presente caso, se ha solicitado el beneficio de la sanción alternativa, que si ha sido concedido en Sentencia. Como se evidencia los supuestos fácticos del caso anterior citado por el ahora impetrante de tutela, así como los supuestos fácticos del caso presente son distintos, por lo que en cuanto a los hechos fácticos, no corresponde aplicarse el razonamiento de la SCP 0236/2021-S1, como precedente al presente caso. Establecida la diferencia del anterior caso con el actual, con relación a los hechos fácticos, se pasa a considerar el razonamiento jurídico. Si bien es cierto que en la jurisprudencia que dio origen (SCP 0509/2016-S2 y 1099/2016-S2) a la citada por el demandante de tutela (SCP 0236/2020-S1), se ha establecido que en los casos de suspensión condicional de la pena no puede estar condicionada a la ejecutoria de la resolución que la concedió, en la misma se ha aclarado que: “una vez otorgada la suspensión condicional de la pena su efecto inmediato, cual es dejar en suspenso la ejecución de la condena, la misma que únicamente podrá ser revocada por la autoridad que la concedió”, lo que implica que dictada una resolución en la que se estableció la suspensión condicional de la pena, esa determinación solo podrá ser revocada por la autoridad que la concedió, revocación que solo se dará si hay una impugnación, naturalmente previa notificación; ahora bien, una determinación adquiere ejecutoria, cuando en oportunidad legal la parte que se considere agraviada no impugna, o cuando ha impugnado y la autoridad superior se pronuncia agotándose los medios de defensa. En consecuencia, ni cuando se aplica una suspensión condicional de la pena, como se ha expresado en el párrafo anterior, ni cuando se dispone una sanción alternativa (como se da en el caso de autos), cualquier determinación que otorgue un beneficio al condenado, no puede obviar la notificación de la contra parte, máxime en aquellos casos en los que la misma se trata de una víctima de violencia, adquiriendo ejecutoria el fallo y las consecuencias del mismo -en su caso disponiendo un mandamiento de libertad-, cuando el fallo se encuentra ejecutoriado. Desde otro punto de vista, una determinación que aplique una suspensión condicional de la pena, o una sanción alternativa en casos de violencia contra la mujer, puede también disponer la libertad del condenado, pero eso no puede implicar que de manera paralela a la decisión se emita el mandamiento de libertad, sino que solo podrá darse aquello una vez que lo así resuelto, adquiera su correspondiente ejecutoria. Lo expresado por el ahora solicitante de tutela, en el mismo sentido que como se ha resuelto por el Juez de garantías, no se ajusta al verdadero entendimiento de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional señalada, pues no es verdad que dictada una sentencia con sanción alternativa, tenga que disponerse el mandamiento de libertad y ejecutarse de manera inmediata (por celeridad), sin que con carácter previo no se notifique a la víctima; es que, solo se puede ejecutar una sentencia de esa naturaleza, si es que previamente la misma ha adquirido ejecutoria, luego de haberse puesto en comunicación y conocimiento de lo determinado a la víctima, pues no hacerlo así implicaría que los derechos del agresor condenado sean valorados judicialmente por encima de los derechos humanos de la mujer víctima de violencia. Por todo lo manifestado, la Jueza demandada al haber dispuesto una sanción alternativa y la notificación a la víctima, no ha cometido ninguna ilegalidad, pues la ejecución de esa determinación se podrá materializar cuando la sentencia haya adquirido la ejecutoria correspondiente, emitiéndose de manera inmediata y conforme al principio de celeridad el correspondiente mandamiento de libertad. En consecuencia, no es cierto que en el presente caso se hubiera desconocido un precedente constitucional, al contrario, se ha actuado en el marco de la jurisprudencia razonada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; tampoco se ha lesionado el principio de legalidad, pues no existe ninguna norma legal que diga que se emita y cumpla un mandamiento de libertad, sin que la decisión que así lo determine no se encuentre ejecutoriada. Por todo lo que no corresponde concederse la tutela planteada, menos se ha desconocido el principio de favorabilidad y celeridad. En consecuencia, el Juez de garantías al “otorgar” -siendo lo correcto conceder- la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 11 de octubre de 2022, cursante de fs. 27 vta. a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de Quillacollo de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0248_2025-S3.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): ec3c15bc89d23ae5e116af2a66e1c4954bb07e8cb344daf1efd1fc5e4df84fce
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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