Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 3 de abril de 2025
Concede en parte la tutela
Los impetrantes de tutela consideran vulnerados sus derechos a la petición; toda vez que, mediante reiteradas notas solicitaron al Alcalde del GAM de Pailón: i) Nombres y apellidos de los funcionarios con dependencia laboral con la Alcaldía de Pailón (de planta y a contrato) y el cargo que ocupan; ii) El haber básico ganado; y, iii) Copia de la Planilla salarial de todos los funcionarios.; no obstante, al haber otorgado una respuesta; la misma resulta ser incompleta a la petición de información requerida. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si se debe conceder o denegar la tutela solicitada; a cuyo efecto se desarrollarán las siguientes temáticas: a) Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; a.1.) Contenido esencial; a.2) Requisitos de procedencia; a.3) Legitimación activa; a.4) Legitimación pasiva; y, a.5) Plazo para emitir respuesta; b) Respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 24 de febrero de 2023, cursante de fs. 63 a 64, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, corresponde:
1° CONCEDER la tutela solicitada, únicamente respecto de la solicitud realizada mediante la nota de 26 de octubre de 2022; en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional.
2° DENEGAR la tutela impetrada; en cuanto a la Nota OF. 012/2021 de 27 de septiembre, Nota OF. 025/2021 de 16 de octubre y Nota OF. 039/2021 de 3 de noviembre, por los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; sin costas, daños y perjuicios de acuerdo a lo establecido en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0248/2025-S1 Sucre, 3 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 53937-2023-108-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 24 de febrero de 2023, cursante de fs. 63 a 64, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Antonio Vásquez Cruz, Presidente; María del Carmen Paraba Pedraza, Vicepresidenta; José Luis Jove Espinoza, Secretario de Actas; Marco Antonio Caro Arias, Secretario de Hacienda; Marioly Rivero Roca, Secretaria de Organización y/o Relaciones Públicas; Asunta Flores Suárez, Secretaria de Salud; y, Ana Paola Álvarez Candia, Secretaria de Comunicación, todos del Directorio de Participación y Control Social del municipio de Pailón contra Hagapito Castro Vaca, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Pailón, del departamento de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 31 de enero y 14 de febrero de 2023, cursantes de fs. 31 a 43 y de fs. 46 a 48 y vta., los accionantes expusieron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señalan que el 27 de septiembre de 2021, mediante Nota OF. 012/2021, se solicitó al Alcalde del GAM de Pailón -ahora demandado-, información relativa al personal de planta y con contrato que presta sus servicios profesionales en dicha entidad autónoma municipal, aparejando las planillas correspondientes, sin que fuera atendida la referida petición. Posteriormente, el “18” de octubre de igual año, mediante Nota OF. 025/2021 se reiteró el pedido de información, que tampoco fue respondido.
El 3 de noviembre de 2021, a través de la Nota OF. 039/2021, se reiteró por tercera vez la extensión de la información precedentemente mencionada, pedido que tampoco fue atendido. Cansados de la forma en la que vino actuando el precitado Alcalde ahora demandado, el 28 de octubre de 2022 nuevamente se solicitó dicha información; razón por la cual, el 7 de noviembre de 2022, mediante oficio DESP.GAMP.EXP-EXT. 0511/2022, el Alcalde del GAM de Pailón, remitió información proporcionada por la Unidad de Recursos Humanos (RRHH) de la señalada entidad edil; sin embargo, revisada la misma no se encontraría actualizada, ya que correspondería a información que se refiere al mes de agosto de 2022, además que los datos recibidos no responden de modo alguno a sus requerimientos de información relativa a: a) Nombres y apellidos de los funcionarios con dependencia laboral con la Alcaldía de Pailón (de planta y a contrato) y el cargo que ocupan; b) El haber básico ganado; y, c) Copia de la planilla salarial de todos los funcionarios. Al no emitir la información conforme se solicitó, se tiene por vulnerado su derecho de petición y acceso a la información.
Los impetrantes de tutela denuncian la lesión de sus derechos de petición y acceso a la información, citando al efecto los arts. 21.6 y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela ; y en consecuencia, se disponga: 1) Les brinden información respecto a: 1.i) Nombres y apellidos de los funcionarios con dependencia laboral con la Alcaldía de Pailón (de planta y a contrato) y el cargo que ocupan; 1.ii) El haber básico ganado; y 1.iii) Copia de la planilla salarial de todos los funcionarios; 2) Se conmine a la autoridad demandada, para que evite en lo futuro incurrir en la misma postura vulneratoria del derecho de petición y de acceso a la información; y, 3) El pago de costas más daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública el 24 de febrero de 2023, conforme consta en el acta cursante de fs. 57 a 62 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte demandante de tutela a través de su abogado, en audiencia ratificó íntegramente los términos de su memorial de acción de amparo constitucional.
Hagapito Castro Vaca, Alcalde del GAM de Pailón del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 24 de febrero de 2023, conforme cursa de fs. 54 a 55 vta., manifestó lo siguiente: a) Los accionantes se presentan identificados como control social enumerando sus cargos en la persona jurídica; sin embargo, no acompañan la personería jurídica otorgada por autoridad competente que les habilite como a tales, hace mención al art. 52 del Código Procesal Constitucional (CPCo), y afirmó que conforme prevé el art. 7 de la Ley de Participación y Control Social -Ley 341 de 5 de febrero de 2013-, establece tres tipos de actores de control social: orgánicos, comunitarios y circunstanciales; b) Los ahora peticionantes de tutela no se encuentran en ninguno de los estamentos previstos en la Ley, ya que únicamente acompañan un acta de elección sin mencionar la personería jurídica que les habilite a sus Estatutos y Reglamentos, por lo que carecen de legitimación activa desde el momento que se identifican como persona jurídica; c) Los impetrantes de tutela hicieron referencias a sus cartas de 27 de septiembre, 18 de octubre y 3 de noviembre de 2021, a través de las cuales realizaron peticiones que no fueron respondidas; sin embargo, de la lectura intelectiva a éstas, solicitan información de: Plan Operativo Anual (POA) de las gestiones 2020, 2021 y 2022, personal de planta, contratos del municipio y planillas firmadas por el personal; sin embargo, dichas peticiones datan de dos y tres años atrás, por lo que conforme al art. 55 del CPCo, operó la inmediatez; d) En relación a la solicitud de 26 de octubre de 2022, al ser un pedido distinto “para que por la dirección de Recursos Humanos del Gobierno Municipal de Pailón se ordenó por intermedio del Lic. Nelson Siles y este da respuesta y como quiera que otros datos pueden atentar derechos y garantías de terceras personas” (sic), en la petición de información debe encontrarse acreditado el interés legítimo o en su defecto mediante orden fiscal o judicial, mediante medida preparatoria conforme al art. 305 del Código Procesal Civil (CPC), o bien acto preparatorio penal conforme establece el art. 375 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que, solicita denegar la presente acción de amparo constitucional.
La Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución de 24 de febrero de 2023, cursante de fs. 63 a 64, concedió la tutela impetrada, disponiendo que en el plazo de cinco días se otorgue una respuesta debidamente fundamentada al pedido, a fin de que puedan hacer uso de los recursos que correspondan, sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) Cualquier persona puede solicitar información respecto a la cosa pública, ya que se trata de bienes del Estado y como ciudadanos pueden acceder a la misma; 2) Se constata que no se brindó una respuesta debidamente fundamentada y motivada, que exprese las razones del por qué no se le podría emitir dicha información requerida; debiendo en todo caso, la autoridad demandada en el plazo de cinco días otorgar lo requerido.
Asimismo, la parte accionante pidió se complemente en cuanto a que se intime al demandado a que no incurra en ese tipo de omisiones; y que se pronuncie sobre las costas procesales. Al respecto, la Sala Constitucional señaló que: “en cuanto a las costas tendrá que calificarse en ejecución de Sentencia” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Nota OF. 012/2021 de 27 de septiembre, presentada en la indicada fecha, ante el Honorable Alcalde Municipal de Pailón, los actuales accionantes María del Carmen Paraba Pedraza, José Luis Jove Espinoza y Marioly Rivero Roca, solicitaron información respecto a: i) POA Gestión 2020 - Ejecución Presupuestaria; ii) POA Gestión 2021- Presupuestado y Ejecutado, iii) POA Reformulado - Gestión 2021; iv) POA Gestión 2022; y, v) Personal de planta y de contrato del Municipio - Planillas firmadas por cada personal contratado (fs. 17). II.2. A través de la Nota OF. 025/2021 de 16 de octubre, presentada el 18 de igual mes y año, ante el Honorable Alcalde Municipal de Pailón, los ahora impetrantes de tutela José Luis Jove Espinoza, María del Carmen Paraba Pedraza, Antonio Vásquez Cruz y Marioly Rivero Roca, reiteraron la solicitud de información respecto: a) POA Gestión 2020 - Ejecución Presupuestaria; b) POA Gestión 2021 - Presupuestado y Ejecutado; c) POA Reformulado - Gestión 2021; d) POA Gestión 2022; y, e) Personal de planta y de contrato del Municipio - Planillas firmadas por cada personal contratado (fs. 18). II.3. Mediante Nota OF. 039/2021 de 3 de noviembre, presentada en la misma data, ante el Honorable Alcalde Municipal de Pailón, en la que Asunta Flores Suárez, María del Carmen Paraba Pedraza, Fátima Mejía Roca, Antonio Vásquez Cruz y Marioly Rivero Roca, reiteraron su pedido de información respecto a: 1) POA Gestión 2020 -Ejecución Presupuestaria; 2) POA Gestión 2021 - Presupuestado y Ejecutado; 3) POA Reformulado - Gestión 2021; 4) POA Gestión 2022; y, 5) Personal de planta y de contrato del Municipio -Planillas firmadas por cada personal contratado (fs. 19). II.4. Consta nota de 26 de octubre de 2022, presentada el 28 del referido mes y año, ante el Honorable Alcalde del GAM de Pailón, por la que Antonio Vásquez Cruz, Marco Antonio Caro Arias, María del Carmen Paraba Pedraza y Asunta Flores Suárez, solicitaron información relativa a copias de la planilla salarial de trabajadores de planta (fijo) y a contrato y/o eventual dependientes del GAM de Pailón, con especificación de cargos, nombres y apellidos de los funcionarios y haber básico ganado por cada uno de ellos (fs. 16). II.5. Cursa Acta de Elección de Directorio del Control Social Gestión 2021-2023; asimismo, consta copias fotostáticas a colores de las credenciales de los ahora demandantes de tutela conformada el siguiente Directorio: Antonio Vásquez Cruz, Presidente; María del Carmen Paraba Pedraza, Vicepresidenta; José Luis Jove Espinoza, Secretario de Actas; Marco Antonio Caro Arias, Secretario de Hacienda; Marioly Rivero Roca, Secretaria de Organización y/o Relaciones Públicas; Asunta Flores Suárez, Secretaria de Salud; y, Ana Paola Álvarez Candia, Secretaria de Comunicación, todos del Directorio de Participación y Control del Municipio de Pailón (fs. 19 a 30).
Los impetrantes de tutela consideran vulnerados sus derechos a la petición; toda vez que, mediante reiteradas notas solicitaron al Alcalde del GAM de Pailón: i) Nombres y apellidos de los funcionarios con dependencia laboral con la Alcaldía de Pailón (de planta y a contrato) y el cargo que ocupan; ii) El haber básico ganado; y, iii) Copia de la Planilla salarial de todos los funcionarios.; no obstante, al haber otorgado una respuesta; la misma resulta ser incompleta a la petición de información requerida. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si se debe conceder o denegar la tutela solicitada; a cuyo efecto se desarrollarán las siguientes temáticas: a) Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; a.1.) Contenido esencial; a.2) Requisitos de procedencia; a.3) Legitimación activa; a.4) Legitimación pasiva; y, a.5) Plazo para emitir respuesta; b) Respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional; y, c) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0425/2019-S2 de 24 de junio, reiterada por las SSCCPP 0562/2019-S2 de 17 de julio y SCP 1050/2019-S2 de 3 de diciembre -entre otras-, realizando una sistematización de la jurisprudencia constitucional, desarrolló el siguiente razonamiento:
El art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. El Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del tiempo, fueron generando entendimientos respecto al derecho de petición a efectos de su tutela, abordando temáticas que constituyen precedentes constitucionales; sobre la base de los cuales, debe realizarse el análisis de cada caso concreto, al tiempo de verificar la lesión o no, del derecho de petición. En ese sentido, se abordarán las siguientes temáticas relativas al derecho de petición: i) Contenido esencial; ii) Requisitos de procedencia; iii) Legitimación activa; iv) Legitimación pasiva; y, v) Plazo para emitir respuesta.
La SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001 establece que el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta: a) Pronta y oportuna; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional; b) Formal; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; c)
1El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 2La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras). 3La SC 843/2002-R de 19 de julio, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son nuestras).
Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, d) Argumentada; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.
La SC 0310/2004-R de 10 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición:
…a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: 1) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; 2) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; 3) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable; y, 4) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: “…a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de 4La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.
Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido). 5La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho.
Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se dá curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición (las negrillas son incorporadas).
medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:
…dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: a) La existencia de una petición oral o escrita; y, b) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: b.1) Ausencia de respuesta formal; b.2) Falta de respuesta material; b.3) Inexistencia de argumentación-motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, 3) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito. Debe tomarse en cuenta, que en ausencia de cualquiera de los componentes que forman parte de una respuesta, se estaría lesionando no solo el derecho de petición, sino también, los principios y valores constitucionales -de celeridad, servicio a la sociedad y respeto a los derechos, en aplicación del art. 178.I de la CPE-; y, de la administración pública -de sometimiento a la ley, debido proceso, eficacia, economía, simplicidad, celeridad y responsabilidad; previstos en los arts. 232 de la CPE y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)-, que rigen el actuar de los servidores públicos.
Del análisis del art. 24 de la CPE, se tiene que la legitimación activa para solicitar la tutela del derecho de petición, la tiene toda persona individual o colectiva que realizó la petición de forma oral o escrita; con el único requisito, de identificar al peticionario; en igual sentido lo estableció la SCP 0470/2014 de 25 de febrero.
En cuanto a la legitimación pasiva, la jurisprudencia realizó el siguiente desarrollo: La referida SC 218/01-R, entendió que la legitimación pasiva en los supuestos de lesión del derecho de petición no tiene excepción alguna, alcanzando a cualquier autoridad o servidor público. Así, la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, subrayó que el derecho de petición consiste en la facultad que tiene toda persona de dirigirse a las autoridades públicas con el fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa que le incumbe a aquella, caracterizado como un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades de la administración pública y hacer valer sus derechos; asimismo, alcanza a las autoridades judiciales, tal cual las SSCC 0560/2010-R de 12 de julio y 1136/2010-R de 27 de agosto, tutelaron este derecho respecto a las mismas.
Sobre el particular, es necesario mencionar que cuando los destinatarios son las autoridades públicas, en principio, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0310/2004-R, sostuvo que la petición debió ser formulada necesariamente ante una autoridad pertinente o competente, a efectos de su tutela; sin embargo, la SC 1995/2010-R precisó que las autoridades públicas a quienes se dirige la petición, tienen legitimación pasiva incluso cuando carecen de competencia o pertinencia para resolver lo peticionado, debido a que de igual forma tienen la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; sin embargo, la SCP 2051/2013 de 18 de noviembre, determinó que no es posible conceder la tutela cuando la autoridad no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente, porque la petición fue realizada ante autoridad incompetente; empero, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0470/2014 y 0083/2015-S3 de 10 de febrero, ratificaron el razonamiento de la citada SC 1995/2010-R, constituyéndose en el precedente en vigor.
Respecto a personas particulares, las SSCC 0820/2006-R de 22 de agosto y 1500/2010-R de 11 de octubre, reconocieron su legitimación pasiva, cuando presten servicios públicos o ejerzan funciones de autoridad; este razonamiento fue modulado por la SCP 0085/2012 de 16 de abril, señalando que el derecho de petición, en el marco de la doctrina de la eficacia horizontal de derechos, es oponible no solamente en relación a los poderes públicos, sino también en cuanto a los particulares; en este contexto, la SCP 1419/2012 de 24 de septiembre, refrendó este entendimiento indicando: “…el derecho a la petición cuenta con eficacia directa y es oponible frente a particulares por lo que su ejercicio no requiere esté refrendada por autoridad pública alguna…”. En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: 1) Las autoridades o servidores públicos, aún no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, 2) Las personas particulares.
La jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos: i) En el término establecido por ley; y, ii) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0003/2019-S2 de 19 de febrero, precedida por la SCP 0277/2018-S2 de 25 de junio, recopiló la jurisprudencia constitucional relativa al principio de inmediatez, y reiterada en la SCP 0330/2024-S1 de 19 de julio, asumimos el siguiente razonamiento:
El plazo de caducidad de seis meses para la acción de amparo constitucional en mérito al principio de inmediatez, fue inicialmente establecido en el AC 0112/99-R de 7 de septiembre de 1999, señalando en el Considerando Segundo, que:
Que, la censura y destitución del recurrente se ha producido en fecha 4 de junio de 1998 a través de la Resolución Municipal No. 019/98, pretendiendo dejarla sin efecto a través de este recurso de amparo constitucional presentado recién en fecha 26 de marzo de 1999, habiendo dejado transcurrir 9 meses y 22 días, al margen de los cinco meses que ha durado su tramitación, por lo que el presente recurso no cumple con uno de los requisitos fundamentales que son inherentes a su naturaleza y procedencia que es la inmediatez, lo que hace presumir la existencia de libre y expreso consentimiento, resultando improcedente el recurso de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 96 inc. 2) de la Ley del Tribunal Constitucional. Entendimiento asumido también por las SSCC 252/00-R, 091/01-R y 0217/01-R, entre otras. Posteriormente, la SC 544/2002-R de 13 de mayo, aclaró con más precisión los seis meses para el plazo de caducidad; y este criterio, fue 9El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras). 10El FJ III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición.
…la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas).
Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”. 11El Considerando Cuarto, señala: “En el caso que se examina, el Amparo ha sido demandado después de más de seis meses de haberse emitido la Resolución que se impugna - referida al rechazo del recurso de apelación asumido de manera uniforme por las SSCC 0703/2002-R, 0720/2002-R, 0632/2003-R y 0560/2003-R, entre otras. Asimismo, la SC 1353/2003-R de 16 de septiembre, indicó que el plazo de seis meses se interrumpe con la interposición de un recurso constitucional; luego, la SC 0814/2006-R de 21 de agosto, aclaró que el cómputo del plazo se suspende durante la interposición y tramitación del referido recurso constitucional, y luego, se reinicia a partir de la notificación con la resolución o sentencia constitucional. Finalmente, el art. 129.II de la CPE, en relación a la inmediatez establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; asimismo, el art. 55.I del CPCo, refiere expresamente que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”.
Los accionantes consideran vulnerados sus derechos a la petición; toda vez que, mediante reiteradas notas solicitaron al Alcalde del GAM de Pailón: i) Nombres y apellidos de los funcionarios con dependencia laboral con la Alcaldía de Pailón (de planta y a contrato) y el cargo que ocupan; ii) El haber básico ganado; iii) Copia de la planilla salarial de todos los funcionarios.; y no obstante, al haber otorgado una respuesta, la misma resulta ser incompleta a la petición de información requerida.
Identificada la problemática, con carácter previo es importante realizar la siguiente aclaración en relación a la legitimación activa de los ahora solicitantes de tutela; al respecto, de la revisión de antecedentes se tiene que cursa Acta de Elección de Directorio del Control Social Gestión 2021-2023; asimismo, consta copias fotostáticas a colores de las credenciales de los ahora demandantes de tutela, que constituyen el Directorio del Control Social conformada de la siguiente manera: Antonio Vásquez Cruz, Presidente; María del Carmen Paraba Pedraza, Vicepresidenta; José Luis Jove Espinoza, Secretario de Actas; Marco Antonio Caro Arias, Secretario de Hacienda; Marioly Rivero Roca, Secretaria de Organización y/o Relaciones Públicas; Asunta Flores Suárez, Secretaria de Salud; y, Ana Paola Álvarez Candia, Secretaria de Comunicación, todos del Directorio de Participación y Control del municipio de Pailón (Conclusión II.5). Con el antecedente antes mencionado, se pone de manifiesto que los ahora impetrantes de tutela son miembros del Directorio de Participación y Control del municipio de Pailón, por lo que son parte del Control Social; razón por la que, cuentan con la legitimación activa para demandar en la presente acción de amparo constitucional. Hecha esa aclaración, corresponde ingresar a verificar si en el caso presente a las solicitudes presentadas, se brindó una respuesta y acceso a la información conforme denuncian los ahora demandantes de tutela. Al efecto, conforme se tiene de antecedentes mediante: Nota OF. 012/2021 de 27 de septiembre, Nota OF. 025/2021 de 16 de octubre y Nota OF. 039/2021 de 3 de noviembre, los ahora peticionantes de tutela solicitaron a Hagapito Castro Vaca, Alcalde del GAM de Pailón, información respecto a: a) POA Gestión 2020 - Ejecución Presupuestaria; b) POA Gestión 2021 -Presupuestado y Ejecutado; c) POA Reformulado - Gestión 2021; d) POA Gestión 2022; y, e) Personal de planta y de contrato del municipio-planillas firmadas por cada personal contratado (Conclusiones II.1, II.2 y II.3). No obstante, sobre las referidas peticiones realizadas el 27 de septiembre, 16 de octubre y 3 de noviembre de 2021, hasta la presentación de la acción tutelar que fue el 31 de enero de 2023, han transcurrido más de seis meses; es decir, sobrepasó el plazo de caducidad para la interposición de la acción de amparo constitucional. En virtud a ello, en relación a dichas notas no se cumple el principio de inmediatez, correspondiendo denegar la tutela por incumplimiento a dicho principio, tal cual se tiene del entendimiento señalado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. Ahora bien, en cuanto a la nota de 26 de octubre de 2022, que fue presentada ante la Alcaldía Municipal de Pailón, los ahora accionantes, solicitaron información relativa a copias de la planilla salarial de trabajadores de planta (fijo) y a contrato y/o eventual dependientes del GAM de Pailón, con especificación de cargos, nombres y apellidos de los funcionarios y haber básico ganado por cada uno de ellos (Conclusión II.4); sin que conste en antecedentes una respuesta a dicha carta, por lo que se tiene afectado el derecho de petición. Al respecto, conforme se tiene desarrollado en el fundamento jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, frente a una petición formulada de manera formal ante la autoridad competente, el destinatario cuenta con la obligación de brindar una respuesta pronta, oportuna, formal y material debidamente argumentada; extremo que en el presente caso no se tiene acreditado, toda vez que conforme se tiene explicado precedentemente, la nota de 26 de octubre de 2022 presentada el 28 de igual mes y año, no fue respondida de manera pronta, formal, material, y debidamente argumentada, extremo que pone en evidencia la vulneración del derecho a la petición, vinculado al acceso a la información consagrado en los arts. 21.6 y 24 ambos de la CPE. Finalmente, no corresponde disponer el pago de costas, por cuanto no existe prueba que evidencie que la autoridad demandada haya actuado con dolo o temeridad (SCP 0497/2022-S1 de 4 de julio); de igual manera, no se puede disponer el pago de daños y perjuicios, debido a que constituye una facultad potestativa establecida en el art. 39 del CPCo. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 24 de febrero de 2023, cursante de fs. 63 a 64, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, corresponde:
1° CONCEDER la tutela solicitada, únicamente respecto de la solicitud realizada mediante la nota de 26 de octubre de 2022; en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional.
2° DENEGAR la tutela impetrada; en cuanto a la Nota OF. 012/2021 de 27 de septiembre, Nota OF. 025/2021 de 16 de octubre y Nota OF. 039/2021 de 3 de noviembre, por los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; sin costas, daños y perjuicios de acuerdo a lo establecido en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
6 El FJ III.1, indica: “…el derecho de petición puede ser ejercido por toda persona de manera individual o colectiva, con el único requisito de la identificación de peticionario; es decir, puede ser ejercido por una persona física o por una persona colectiva, en este último supuesto, en cualesquiera de las formas reconocidas por la Constitución Política del Estado o la Ley”. 7El FJ III.3, refiere: “Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano” (las negrillas son agregadas).
8 El FJ III.2, indica: “…es lógico que de no dirigirse la petición a la autoridad pertinente, la misma al no tener oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente -siendo que este derecho no implica la otorgación de una respuesta positiva, sino formal, escrita y oportuna-, por falta de conocimiento de la solicitud, no puede atribuírsele una supuesta transgresión del derecho ni del mandato constitucional que lo contiene”.
formulado contra el rechazo del incidente de nulidad de remate- desnaturalizando así la esencia de este Recurso, porque uno de los elementos primordiales que lo caracterizan y son inherentes a su fundamento mismo, es precisamente la inmediatez de la protección jurídica que se pretende; sin embargo, el demandante ha cumplido con este requisito de buscar la protección jurídica inmediata, inviabilizando, por extemporánea, la aplicación de la garantía prevista en el art. 19 de la Constitución Política del Estado. 12El FJ III.1, establece: “2) Sobre la supuesta falta de inmediatez. El Tribunal ha establecido que el plazo máximo para interponer el recurso es de seis meses, salvo situaciones especiales que deben ser debidamente acreditadas. En el caso analizado, el plazo aludido fue interrumpido con la interposición, en fecha 7 de marzo de 2003, del recurso de amparo constitucional que mereció la SC 726/2003-R de 30 de mayo de 2003, habiendo presentado la presente acción, en fecha 7 de junio de 2003, es decir dentro del término anteriormente señalado”. 13El FJ III.5, dispone: "...resulta necesario establecer que el cómputo del plazo de los seis meses para interponer el recurso de amparo constitucional, se inicia desde ocurrido el acto ilegal vulneratorio de derechos, y si este permite impugnación se inicia el cómputo desde la última actuación efectuada en reponer el derecho vulnerado; empero, en los casos en que como el presente, se interpuso un recurso de amparo constitucional que culminó con una resolución constitucional que no ingresó al fondo; el plazo se suspende durante ese periodo; es decir, que el cómputo se corta con la interposición del recurso de amparo constitucional en este caso, y luego se reinicia o continúa el cómputo desde la notificación de la Resolución o Sentencia Constitucional que no ingresó al fondo, -como la presente Sentencia Constitucional-”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0248_2025-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): fd461d9fa492a8673bc752466cbda655454654169b0807600588b62d630ac82a
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