B.IA.LEGAL

SCP 0248/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 8 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
8 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
46984-2022-94-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, denunció la lesión del debido proceso en sus elementos defensa e igualdad procesal, tutela judicial efectiva y “aplicación objetiva del ordenamiento jurídico”; debido a que, el Juez codemandado, rechazó in límine la excepción de prejudicialidad que planteó, convalidando el incumplimiento del art. 163 del CPP, vinculado a su notificación con el primer actuado de la causa realizada en tablero, dejándolo así en estado de indefensión; actuación que, fue convalidada por los Vocales codemandados, al declarar inadmisible el recurso de apelación que interpuso contra el rechazo indicado, omitiendo de este modo, emitir un pronunciamiento de fondo sobre los cuestionamientos realizados. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 013/2022 de 7 de febrero, cursante de fs. 3507 a 3513, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Los efectos del rechazo in limine de un incidente o excepción en materia penal
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0248/2023-S4 Sucre, 8 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 46984-2022-94-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 013/2022 de 7 de febrero, cursante de fs. 3507 a 3513; pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marvell José María Leyes Justiniano contra Pablo Antezana Vargas y Silvia Clara Zurita Aguilar, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; e, Iver Fernando Gonzáles Casano, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 10 de enero de 2022, cursante de fs. 37 a 50; y, de subsanación el 12 de igual mes y año (fs. 54 a 55 vta.); el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, a raíz de la denuncia presentada el 10 de diciembre de 2018, por la Gerencia Departamental de la Contraloría General del Estado, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicos, el 14 de igual mes y año, el Fiscal a cargo de la causa, informó el inicio de investigación ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de Cochabamba; quien, mediante providencia de 17 del mismo mes y año, ordenó la notificación a las partes, a objeto de que puedan plantear las excepciones e incidentes dentro el plazo de diez días; en cuyo marco, el 19 del citado mes y año, se practicaron las diligencias respectivas al Ministerio Público y el denunciante en sus domicilios procesales; empero, su persona fue notificado en el tablero de dicho Juzgado. Continuó señalando que, recién el 4 de enero de 2019, el Ministerio Público le notificó personalmente, en el Centro Penitenciario de San Antonio del indicado departamento, con un requerimiento de admisión y con la denuncia mencionada; es decir, que en tal fecha recién tuvo conocimiento de la misma, siendo éste el primer acto procesal que su persona conoció de la causa; por ello, el 16 del mes y año anotados, dentro del plazo estipulado por el art. 314 del Código de Procedimiento Penal (CPP), interpuso excepción de prejudicialidad, ante el Juez de la causa, quien mediante Auto de 18 del mes y año referidos, rechazó in limine "sin recurso ulterior" dicha excepción; a pesar de ello, el 5 de febrero de 2019, planteó recurso de apelación incidental contra tal decisión judicial; obteniendo en repuesta la emisión del Auto de Vista de 12 de abril de 2021; por medio del cual, se declaró inadmisible su recurso en el fondo, sin fundamentar por qué razones, el recurso formulado, “resultó para el Juez” (sic), carente de fundamento y prueba; fallo de alzada, que le fue notificado el 2 de agosto de 2021; por lo que, el 3 de igual mes y año, solicitó enmienda y complementación del mismo; obteniendo en respuesta, el Auto de 5 del mes y año mencionados, el cual declaró improcedente la solicitud indicada. Por todo ello; concluyó que, el incumplimiento del art. 163 del CPP, permitido por el Juez de la causa, le dejó en estado de indefensión; ya que, el encontrarse con detención preventiva no podría haberse apersonado a verificar el tablero del Juzgado de la causa; y, la actuación del Tribunal de alzada convalidó aquello en completa “complicidad”.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, denunció la lesión del debido proceso en sus elementos defensa e igualdad procesal, tutela judicial efectiva y “aplicación objetiva del ordenamiento jurídico”, citando al efecto los arts. 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela solicitada; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista de 12 de abril de 2021; y, el Auto de 18 de noviembre de 2019; y, en consecuencia, se resuelva el fondo de la excepción de prejudicialidad que planteó, condenando a costas procesales a las autoridades demandadas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 7 de febrero de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 3504 a 3506; presentes el solicitante de tutela asistido de su abogada, el representante del Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba como tercero interesado; y, ausentes las autoridades demandadas y la Gerencia Departamental de la Contraloría General del Estado como tercera interesada; se produjeron, los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante por medio de su defensa técnica, se ratificó in extenso en los argumentos expuestos en su demanda de la presente acción de amparo constitucional y ampliándolos; señaló que, el Juez a quo incurrió en contradicción al remitir en alzada su recurso de apelación contra el fallo que rechazó in límine convalidando así la impugnación planteada.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito presentado el 7 de febrero de 2022, cursante de fs. 3347 a 3349 vta.; refirió que: a) El impetrante de tutela pretende que la vía constitucional efectúe una nueva interpretación de la legalidad ordinaria; a cuyo objeto, se observa que el mismo no cumplió los presupuestos para aquello; y, b) Al haberse rechazado in límine la excepción de prejudicialidad, no correspondía al Tribunal de alzada pronunciarse sobre el fondo de la misma, en cumplimiento a lo previsto por el art. 315.II del CPP. Silvia Clara Zurita Aguilar, ex Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no asistió a la audiencia de esta acción tutelar ni presentó informe alguno pese a su notificación cursante a fs. 3335. Iver Fernando Gonzáles Casano, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del mismo departamento, mediante informe escrito presentado el 2 de febrero de 2022, cursante a fs. 3337 y vta.; manifestó que: 1) El inicio de investigaciones se notificó a las partes el 19 de diciembre de 2018; en virtud de lo cual, la merituada excepción formulada el 16 de enero de 2019, fue extemporánea; y, 2) El Auto de 18 de enero de 2019, en su parte in fine de manera expresa estableció que no existía recurso ulterior contra éste; el cual, fue notificado el 4 de febrero del mismo año; por lo que, los seis meses previstos por norma para la interposición de esta acción de defensa, se encuentran vencidos.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Emeterio Ortega, Fiscal de Materia, en audiencia; indicó que, esta acción tutelar debe ser denegada; dado que, las autoridades demandadas obraron conforme a lo estipulado por los arts. 314 y 315 del CPP; es decir, observando los plazos establecidos.

I.2.4. Intervención de los terceros interesados

Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, mediante su apoderada, por informe escrito presentado el 7 de febrero de 2022; cursante de fs. 3357 a 3361 y, en audiencia, refirió que: i) El solicitante de tutela presentó un recurso de impugnación no previsto por ley; y, ii) El reclamo planteado contra el Auto de 18 de enero de 2019, resulta superabundantemente extemporáneo; por lo que, en virtud al principio de inmediatez, resulta improcedente. La Gerencia Departamental de la Contraloría General del Estado, no asistió a la audiencia de esta acción de defensa ni presentó escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 3334.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante la Resolución 013/2022 de 7 de febrero, cursante de fs. 3507 a 3513, denegó la tutela impetrada; fundamentando que: a) De la revisión de obrados, se constata que el Auto de 18 de enero de 2019, le fue notificado a Marvell José María Leyes Justiniano en la misma fecha; por lo que, habiendo interpuesto la presente acción de defensa recién el “7” de enero de 2022, se advierte la causal reglada de improcedencia por el principio de inmediatez; y, b) En cuanto a los fallos de alzada aludidos, en atención a lo estipulado por el art. 314 del CPP, se observa que no se acompañó la prueba pertinente, vinculado a lo previsto por el art. 309 del mismo Código.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados; se establece lo siguiente: II.1. Por Auto de 18 de enero de 2019, dictado dentro del proceso penal seguido contra Marvell José María Leyes Justiniano –hoy accionante–, por el Ministerio Público a instancia de la Gerencia Departamental de la Contraloría General del Estado, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicos, Iver Fernando Gonzáles Casano, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de Cochabamba – ahora codemandado–, determinó rechazar in límine la excepción de prejudicialidad, planteada por el sindicado, estableciendo en su in fine que tal decisión era “sin recurso ulterior” (sic.); fallo, que le fue notificado al impetrante de tutela el 4 de febrero de 2019 (fs. 23 y vta.; y, 995). II.2. A través de memorial presentado el 5 de febrero de 2022, el solicitante de tutela interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto de 18 de enero de 2019; obteniendo como resultado, el Auto de Vista de 12 de abril de 2021, pronunciado por Pablo Antezana Vargas y Silvia Clara Zurita Aguilar, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –hoy codemandados–; por medio del cual, determinaron declarar inadmisible dicho recurso (fs. 24 a 26 vta.; y, 28 a 29).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, denunció la lesión del debido proceso en sus elementos defensa e igualdad procesal, tutela judicial efectiva y “aplicación objetiva del ordenamiento jurídico”; debido a que, el Juez codemandado, rechazó in límine la excepción de prejudicialidad que planteó, convalidando el incumplimiento del art. 163 del CPP, vinculado a su notificación con el primer actuado de la causa realizada en tablero, dejándolo así en estado de indefensión; actuación que, fue convalidada por los Vocales codemandados, al declarar inadmisible el recurso de apelación que interpuso contra el rechazo indicado, omitiendo de este modo, emitir un pronunciamiento de fondo sobre los cuestionamientos realizados. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional

Sobre el particular, la SCP 0767/2019-S4 de 12 de septiembre, entre tantas otras; estableció que: “Por disposición del art. 129.II de la CPE, la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; norma jurídica que guarda cierta similitud con la comprendida en el art. 55.I del CPCo, que establece igual plazo para la interposición de la indicada acción de garantía, computable a partir de la comisión de la lesión alegada o de conocido el hecho. El Tribunal Constitucional, a través de la SC 0770/2003-R de 6 de junio, definiendo la naturaleza y alcance del principio de inmediatez, sostuvo que: ‘...el recurso debe ser presentado hasta dentro de los seis meses de ocurrido el acto ilegal u omisión indebida… La misma Sentencia Constitucional ya citada, refirió también que ‘...el agotamiento de los medios y recursos previos a la interposición de la acción de amparo constitucional no implica que la parte procesal haga uso de los mismos de manera discontinua o esporádica, con el único afán de reactivar el cómputo del plazo de caducidad de los seis meses, pues los reclamos deben interponerse ante la jurisdicción ordinaria o administrativa competente, conforme al marco jurídico vigente, de manera pertinente y oportuna, un razonamiento contrario daría lugar al uso de subterfugios, empleando medios de defensa ineficaces que distorsionen la teleología procedimental, razonamiento que responde no sólo a los principios de subsidiariedad e inmediatez, sino también a los de «preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección (SC 0770/2003-R de 6 de junio)». (Entendimiento reiterado por la SCP 0729/2013-L de 19 de julio). En este sentido, la SCP 1265/2013-L de 20 de diciembre, citando a su vez la SCP 2058/2012 de 8 de noviembre, concluye que: «…al ser la inmediatez inherente al núcleo esencial de la protección que brinda la acción de amparo constitucional respecto a los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado sustenta, su activación implica la atención de su propia naturaleza que exige en su ejercicio la interposición oportuna de la acción; no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar un protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela, siendo que la falta de ejercicio, en los plazos legalmente establecidos, de los mecanismos que otorga el ordenamiento jurídico vigente para el reconocimiento y preservación de los derechos individuales, sea en la vía ordinaria o constitucional, no puede argumentarse en beneficio propio, menos aun cuando existen derechos de terceros que pudieran ser afectados con la resolución; en similar sentido ha razonado este Tribunal mediante la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al señalar que: ‘la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia llevándolo a una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad de la presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al análisis de fondo’»’” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.2. Los efectos del rechazo in limine de un incidente o excepción en materia penal

A objeto de analizar la temática de exordio, debemos tomar como punto de partida lo previsto en los arts. 314 y 315 del adjetivo penal –modificados ambos por el art. 12 de la Ley N° 1173 de 03 de mayo de 2019–, que a su letra estipulan:

“Artículo 314º.- (Trámites). I. Durante la etapa preparatoria las excepciones e incidentes se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente. Las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal hasta diez (10) días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal. Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de diez (10) días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional. El planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales. II. La jueza o el juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de tres (3) días, en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes. Cuando la parte procesal que planteó las excepciones e incidentes no asista injustificadamente a la audiencia señalada, se rechazará su planteamiento y en su caso, se aplicará el principio de convalidación del acto u omisión cuestionada. Cuando la otra parte no asista a la audiencia, no será causal de suspensión, salvo impedimento físico acreditado mediante prueba idónea. III. Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, el imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, la cual será notificada a las partes conforme establece el numeral 4 del Artículo 308 del presente Código. Artículo 315º.- (RESOLUCIÓN). I. La jueza, el juez o tribunal en audiencia dictará resolución fundamentada declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda. II. Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la jueza, el juez o tribunal, deberá rechazarlas in límine sin recurso ulterior en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite. III. Cuando las excepciones y/o incidentes sean declarados manifiestamente dilatorios, maliciosos y/o temerarios, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente la jueza, el juez o tribunal, previa advertencia en el uso del poder ordenador y disciplinario, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos (2) salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial. En caso de continuar con la actitud dilatoria, la autoridad jurisdiccional apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio. IV. El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos” (las negrillas nos pertenecen). Así, con relación al rechazo in límine estipulado en el marco normativo desglosado previamente, la SCP 0566/2020-S4 de 16 de octubre; concluyó que: “Sobre el procedimiento descrito y la forma de tramitación de las excepciones e incidentes cuando merecen un pronunciamiento de fondo – se entiende, por cumplir con los requisitos legales exigibles– y, cuando corresponde su rechazo sin considerar los argumentos de fondo –rechazo in limine–, se tiene el siguiente razonamiento jurisprudencial: ‘…para la resolución del fondo de la excepción o incidente planteado, se tiene que una vez cumplidas las exigencias para su presentación establecidas en el art. 314.I del CPP, la autoridad jurisdiccional en el plazo de veinticuatro horas, debe correr en traslado la excepción interpuesta a fin de dar la oportunidad a las partes de responder los fundamentos que motivan la pretensión del incidentista, en ese entendido, la norma prevé como primera posibilidad, la presentación de respuesta de las otras partes al traslado del incidente -de forma escrita y en plazo de tres días-, en cuyo caso se deberá proseguir con el trámite debiendo señalarse audiencia pública a cuya finalización se resolverán las cuestiones planteadas con la intervención de las partes; teniéndose como segunda posibilidad el caso de la inexistencia de respuesta, en cuyo supuesto la norma adjetiva penal prevé la resolución de las cuestiones planteadas sin la instalación del verificativo y en plazo de dos días. En ese entendido, el art. 315.I del citado Código señala como formas de resolución la declaratoria de fundado o infundado el mecanismo de defensa interpuesto. Además de lo anteriormente explicado como procedimiento que permite la obtención de una respuesta efectiva del fondo de un incidente, la norma procesal penal da la posibilidad de resolver las cuestiones planteadas sin considerar el fondo de lo propuesto a través del rechazo in limine sin recurso ulterior establecido en el art. 315.II del CPP, posibilidad que puede ser aplicada únicamente en caso de que los incidentes y excepciones presentados sean manifiestamente improcedentes por carecer de fundamento y prueba, por lo que dicha valoración realizada por la autoridad jurisdiccional debe ser resuelta en el plazo de veinticuatro horas de interpuesto el incidente e implica un procedimiento distinto al previsto por el art. 314.II del CPP en atención a que no se resolverá el fondo de la pretensión del incidentista por lo que el rechazo in limine debe necesariamente ser resuelto de forma inmediata a la presentación del incidente planteado’ (SCP 1122/2017-S3 de 31 de octubre). Ahora bien, específicamente sobre los efectos que produce el rechazo in limine de una excepción o incidente sujeta al procedimiento descrito precedentemente, se tiene el siguiente entendimiento: (…) …bajo el principio de legalidad instituido en el art. 180 de la CPE, al ser la base que fundamenta a la jurisdicción ordinaria, que además supone el sometimiento a la ley, destinada a todos quienes conforman un Estado, y en el reconocimiento de que Bolivia es un Estado de derecho, la citada Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, en su art. 315.II, dispone taxativamente que ante el rechazo in limine de una excepción o incidente, no procede recurso ulterior; por lo tanto, al existir una disposición legal de cumplimiento obligatorio y al estar vigente en el ordenamiento jurídico, dado que no cuenta con declaratoria de inconstitucionalidad (art. 4 del CPCo), corresponde su acatamiento conforme manda su contenido’. En mérito a lo expuesto, se debe tener presente que, conforme al art. 403.2 del CPP, se puede interponer la apelación incidental contra la resoluciones que resuelven una excepción y que, conforme a la jurisprudencia constitucional, alcanza a las resoluciones que resuelvan incidentes, conforme razonó la SC 1008/2010-R de 23 de agosto al señalar: ‘…los incidentes y excepciones tienen similar significado, por cuanto ambas son cuestiones accesorias que se interponen dentro del proceso o con motivo de él, se llega a la conclusión de que también pueden ser objeto de apelación, un entendimiento contrario sería coartar al litigante de los medios de impugnación que actualmente se encuentra reconocido como principio fundamental en el art. 180.II de la actual Constitución Política del Estado, cuando señala que: «Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales», garantía que no solo puede circunscribirse a algunos actos del juez, sino a todos sus actos, sea en materia civil, penal, familiar y otros; lo contrario significaría, dejar indefenso al litigante frente a un eventual abuso y exceso de los jueces’. La referida disposición legal, no puede ser interpretada ni aplicada de manera aislada a las demás normas que componen el procedimiento penal y la modificaciones sufridas por el mismo, sino desde una interpretación sistemática y coherente, por la que se entiende que, si bien el art. 403 citado, de manera general prevé la apelación incidental contra las resoluciones judiciales emergentes de una excepción y/o incidente, esta norma encuentra su salvedad en la disposición normativa del art. 315.II del CPP –vigente por la Ley 586–, en cuanto a las excepciones y/o incidentes que por carecer de fundamento y prueba merecen el rechazo in limine dentro del plazo de 24 horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite, lo que constituye la materialización de los principios de celeridad, eficacia y eficiencia exigibles en la administración de justicia ordinaria, previstos en el art. 180.I de la CPE; en virtud a que, conforme se estableció línea arriba…” (las negrillas y subrayado fueron añadidos). Entendimientos a partir de los cuales; se establece que, cuando se suscita el rechazo in límine previsto por el art. 315.II del CPP, se agota instancia, es decir, que no procede recurso ulterior contra el mismo; lo cual, no significa desconocer lo dispuesto por el art. 403 inc. 2) del citado cuerpo legal, vinculado al derecho a la impugnación de las partes; puesto que, tal rechazo significa que la excepción y/o incidente planteado carecía de fundamento y prueba como requisitos imprescindibles que posibiliten que la autoridad judicial emita una resolución de fondo al respecto.

III.3. Análisis del caso concreto

Precisada que fue la problemática traída en revisión, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido contra Marvell José María Leyes Justiniano –hoy solicitante de tutela–, por el Ministerio Público a instancia de la Gerencia Departamental de la Contraloría General del Estado, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, Por Auto de 18 de enero de 2019, Iver Fernando Gonzáles Casano, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de Cochabamba –ahora codemandado–, determinó rechazar in límine la excepción de prejudicialidad planteada por el sindicado, estableciendo en su in fine que tal decisión era “sin recurso ulterior” (sic.); fallo, que le fue notificado al recurrente el 4 de febrero de 2019 (Conclusión II.1); en virtud de lo cual, a través de memorial presentado el 5 de febrero de 2022, el hoy accionante, interpuso recurso de apelación incidental contra dicha decisión; obteniendo como resultado, el Auto de Vista de 12 de abril de 2021, pronunciado por Pablo Antezana Vargas y Silvia Clara Zurita Aguilar, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –hoy codemandados–; por medio del cual, determinaron declarar inadmisible el recurso indicado (Conclusión II.2). En ese contexto, el impetrante de tutela, denunció la lesión del debido proceso en sus elementos defensa e igualdad procesal, tutela judicial efectiva y “aplicación objetiva del ordenamiento jurídico”; alegando que, el Juez codemandado, al rechazar in límine la excepción de prejudicialidad que planteó, convalidó el incumplimiento del art. 163 del CPP, vinculado a su notificación con el primer actuado de la causa realizada en tablero, dejándolo así en estado de indefensión; y, a su vez, tal actuación hubiese sido convalidada por los Vocales codemandados, al declarar inadmisible el recurso de apelación que interpuso contra el rechazo indicado, omitiendo emitir un pronunciamiento de fondo sobre los cuestionamientos realizados. Ahora bien, previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, del petitorio expuesto por el solicitante de tutela en la presente acción de defensa; se advierte que, el mismo pretende que se deje sin efecto el Auto de 18 de noviembre de 2019; y, el Auto de Vista de 12 de abril de 2021; sin embargo, es menester considerar que el primero determinó el rechazo in límine de la excepción de prejudicialidad, planteada por el hoy accionante, conforme a lo previsto por el art. 315.II del adjetivo penal; bajo cuyo precepto y de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, no merecía recurso ulterior; por lo que, contra el merituado rechazo, le correspondía al ahora impetrante de tutela, acudir ante la vía constitucional, si entendía que a partir de aquél actuado, se le estaban vulnerando sus derechos fundamentales; empero, por error propio interpuso recurso de apelación contra dicha decisión; pese a que en la misma, el Juez de la causa de manera expresa advirtió sobre la imposibilidad de plantear recurso posterior en la jurisdicción ordinaria. Por otro lado, debe también tenerse presente que el Auto de 18 de enero de 2019, que determinó el merituado rechazo in límine, fue notificado al ahora accionante el 4 de febrero de 2019 (Conclusión II.1), en cuyo marco, corresponde remitirnos a la jurisprudencia desglosada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; que estableció que, para interponer la acción de amparo constitucional se tiene previsto un término de caducidad de seis meses a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión judicial que agota la vía, considerando al último actuado como el mecanismo de impugnación idóneo previsto por la ley para corregir o enmendar la posible lesión al derecho fundamental o garantía constitucional de la persona, y que, de no hacerlo, se constituye en una negligencia en causa propia que conlleva a una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad de su presentación, que da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción de defensa. En ese marco, en el caso de análisis; se advierte que, el Auto de 18 de enero de 2019, fue notificado al ahora impetrante de tutela el 4 de febrero de 2019 (Conclusión II.1); en virtud de lo cual, habiéndose interpuesto la presente acción de amparo constitucional, recién el 10 de enero de 2022 (Antecedentes I.1.); se evidencia que, el plazo de seis meses ha sido sobrepasado, lo que en virtud al principio de inmediatez que rige esta acción de defensa, impide a este Tribunal a emitir un pronunciamiento de fondo de la problemática planteada, correspondiendo por ello, denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 013/2022 de 7 de febrero, cursante de fs. 3507 a 3513, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0248_2023-S4.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): f959ee747aecd699043c203949656f2dec380e38f7301ba228013db0d24e5e6b

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →