B.IA.LEGAL

SCP 0247/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 27 de junio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
27 de junio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
48685-2022-98-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia que se vulneró su derecho a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro el proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión tráfico de sustancias controladas, en audiencia de medidas cautelares el Juez ahora demandado, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro, mediante Auto Interlocutorio 281/2022 de 11 de junio, sin considerar la inversión de la prueba o carga probatoria que en audiencia de medidas cautelares corresponde al Ministerio Público y no a la parte imputada incumpliendo con lo establecido en el art. 233 del CPP, y que en medida cautelar está prohibido por ley conforme refiere el art. 6 de la norma adjetiva penal. Por consiguiente, corresponde analizar en revisión tales argumentos a fin de conceder o denegar la tutela, para tal efecto se desarrollarán las siguientes temáticas: 1) La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; 2) Análisis del caso concreto

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 631/2022 de 22 de junio, cursante de fs. 58 a 59 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con el advertido de no haber ingresado al fondo de la presente causa.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0247/2024-S1 Sucre, 27 de junio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 48685-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 631/2022 de 22 de junio, cursante de fs. 58 a 59 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Hernán Oreja Almanza contra Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA

JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de junio de 2022, cursante a fs. 31 y vta., el accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal iniciado en su contra, el Ministerio Publicó presentó imputación formal a conocimiento del Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, en audiencia de medidas cautelares a través de la Resolución 281/2022 de 11 de junio, se refirió a los riesgos procesales que el imputado -ahora impetrante de tutela-no hubiera acreditado; por lo que, consideró que dicha autoridad incumplió con lo establecido en el art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP); ya que, no se dio cumplimiento a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; por lo que, de forma grosera habría realizado la inversión probatoria, en medida cautelar está prohibido por ley conforme establece el art. 6 del CPP; asimismo, actuando fuera del marco normativo conforme establece el art. 231 bis de la Ley 1173, exigiendo en audiencia al imputado desvirtuar riesgos procesales cuando el instituto jurídico de medidas cautelares corresponde al Ministerio Público conforme también lo prevé los arts. 234 y 235 del CPP.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela, señaló como vulnerado su derecho a la libertad y el debido proceso, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo que: a) La autoridad demandada en el plazo de veinticuatro horas convoque a audiencia de medidas cautelares, dejando sin efecto la Resolución 281/2022 de 11 de junio; b) Ordene se cumpla en cuanto a la carga probatoria e inversión conforme al art. 231 bis, 234 y 235 de la Ley 1173 y dar estricto cumplimiento a la carga probatoria conforme la “SC 276/2018-S1 de 25 de junio” y otras; y, c) Se remita antecedentes ante el Consejo de la Magistratura a objeto de su procesamiento.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 22 de junio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 53 a 57, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte solicitante de tutela ratificó el tenor íntegro de la acción libertad interpuesta y ampliándolo añadió lo siguiente: 1) El Ministerio Público presentó imputación formal contra su persona, por la presunta comisión del delito tráfico de sustancias controladas puesto en conocimiento bajo el control jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, conforme lo establece el art. 54 del CPP, señalando audiencia de medidas cautelares y emitiéndose la Resolución 281/2022 de 11 de junio, incumpliendo con lo establecido en el art. 233 de la Ley 1173 -elementos de convicción suficientes-, de forma grosera habría realizado inversión probatoria en la medida cautelar de forma incongruente fuera del marco normativo que establece el art. 234.1 del CPP (familia, domicilio y trabajo); 2) La “SCP 1153/2017-2” hace referencia a la obligación de fundamentar y motivar hechos en una medida cautelar aspectos que no entra en un perjuicio que sea desfavorable al imputado, en este caso la Resolución 281/2022 de forma grosera incumplió las modificaciones de la Ley 1173 cuando no pretende realizar la inversión de la prueba; es decir que, la parte imputada no está obligada de presentar ningún elemento para enervar los riesgos procesales, teniendo la carga probatoria el Ministerio Público conforme establece el art. 6 del CPP modificado por la Ley 1173 en cuanto al art. 231 bis.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, por informe presentado el 22 de junio de 2022, cursante de fs. 49 a 50, refirió que: i) El 9 del citado mes y año a horas 17:00 cuando funcionarios se encontraban realizando patrullaje por la Zona Mariscal Santa Cruz calle Florida de El Alto habrían observado a una persona de sexo masculino al interior de un vehículo tipo Serena, marca Nissan, con placa de control 2809 KKN; al interior del mencionado vehículo, en la parte posterior de la maletera se encontró una mochila de color plomo, conteniendo en su interior cuatro paquetes de forma de ladrillo forrados con una cinta masquin, color transparente y seis paquetes de forma de ladrillo forrados con una cinta masquin color amarillo, haciendo un total de diez paquetes, mismos que sometidos a prueba de campo, dando positivo para cocaína, resultando un peso total de 10 kilos y 200 gramos de cocaína; ii) En audiencia de medidas cautelares mediante Resolución 281/2022 de 11 de junio se dispuso la detención preventiva del ahora accionante, por la concurrencia del art. 233.1 del CPP, la existencia de suficientes elementos de convicción de la probabilidad de autoría y la existencia de riesgos procesales de los numerales 1 y 2 del art. 234 del CPP (falta de domicilio habitual en su vertiente de peligro para la sociedad); iii) En la Resolución 281/2022 el ahora impetrante de tutela no interpuso recurso de apelación, como establece los arts. 251 y 404 del CPP; por lo que, no fue agotado los recursos ordinarios intra procesales previo a la justicia constitucional; iv) Posteriormente el peticionante de tutela solicitó la cesación a la detención preventiva de conformidad al art. 239.1 del citado Código, la misma fue considerada en audiencia mediante Resolución 295/2022 de 20 de junio por la cual rechazó la solicitud del imputado; empero, esta”última resolución tampoco fue apelado en audiencia”, como establece los arts. 251 y 404 de la norma adjetiva penal; y, v) En consecuencia el ahora solicitante de tutela no agotó el principio de subsidiariedad; toda vez que, no se interpuso ningún recurso de apelación contra la Resolución 281/2022 y tampoco contra la última Resolución 295/2022.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Ramiro Cadena Quispe, Fiscal de Materia, no presentó escrito alguno ni asistió a la audiencia programada, pese a su legal notificación cursante a fs. 52.

I.2.4. Resolución

El Juez de Instrucción Anticorrupción Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías mediante Resolución 631/2022 de 22 de junio, cursante de fs. 58 a 59 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: a) El ahora accionante reclama que el Juez demandado hubiera realizado la inversión de la carga probatoria que va en contra del art. 231 de la Ley 1173; b) El principio de carga argumentativa y probatoria en la privación de libertad debe cumplir con requisitos formales y materiales; en cuanto al requisito formal la restricción del derecho a la libertad solo será válida si se respetan las formas establecidas por ley; es decir, si el mandamiento emana de la autoridad competente y por escrito, en cuanto al requisito material, solo será por causas expresas tipificadas por ley; c) La medida cautelar de la detención preventiva debe ser dispuesta por la autoridad judicial competente, previa verificación demás requisitos establecidos por ley, con la justificación de su necesidad y finalidad; d) La inversión de la prueba o carga probatoria en audiencia de medidas cautelares corresponde al Ministerio Público y no a la parte imputada, presumiendo la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad, ningún peligro procesal debe estar sostenido en presunciones, el juzgador debe asumir absoluta convicción para establecer la concurrencia o no un determinado riesgo procesal; e) En cuanto al reclamo de la Resolución 281/2022 el Juez demandado señaló que el imputado no cuenta con un domicilio habitual, no acreditó con una actividad lícita, no presentó ninguna documentación en cuanto a dicha resolución que va en contra del ordenamiento jurídico de la Ley 1173 -art. 239 bis-, correspondiendo al Ministerio Público y la parte acusadora; y, f) La Resolución 295/2022, se dispuso el rechazo la cesación a la detención preventiva, no siendo apelada; por lo que, no se hubiera cumplido con el principio de subsidiariedad, se considerando inviable atender la presente causa; toda vez que, a la presentación del memorial de cesación a la detención preventiva y la resolución de dicho acto procesal han convalidado la resolución de medida cautelar.

II. CONCLUSIONES

Del análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Memorial de 10 de junio de 2022, Rubén Ramiro Cadena Quispe, Fiscal de Materia informa al Juez de Instrucción Penal de Turno el inicio de investigación e imputa formalmente a Hernán Oreja Almanza -ahora impetrante de tutela- (fs. 35 a 39). Por decreto de 11 del citado mes y año el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz señala audiencia virtual para la indicada fecha a horas 11:00 (fs. 40). II.2. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el -ahora peticionante de tutela- en audiencia de aplicación de medidas cautelares el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz mediante Auto Interlocutorio 281/2022 de 11 de junio, dispuso la detención preventiva del prenombrado en el Centro Penitenciario San Pedro por el plazo de cuatro meses, bajo la concurrencia de lo establecido el art. 233.1 del CPP la existencia de suficientes elementos de convicción de la probabilidad de autoría, como también la existencia de riesgos procesales del art. 234.1 y 2 del citado Código sobre la falta de domicilio habitual y habitable y falta de actividad lícita, el riesgo 234.7 y 235.2. Asimismo, se señala audiencia para 11 de octubre del citado año a horas 10:00 para concurrir al Juzgado de Sentencia de Turno, siempre y cuando se presente acusación formal, quedando notificadas en audiencia, pudiendo las partes interponer el recurso de apelación (fs. 1 a 4).

II.3. Por Memorial de 14 de junio de 2022, el ahora solicitante de tutela, solicitó audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva al Juez de control de jurisdiccional programándose audiencia para el 17 del señalado mes y año (fs. 43 a 44).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia que se vulneró su derecho a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro el proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión tráfico de sustancias controladas, en audiencia de medidas cautelares el Juez ahora demandado, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro, mediante Auto Interlocutorio 281/2022 de 11 de junio, sin considerar la inversión de la prueba o carga probatoria que en audiencia de medidas cautelares corresponde al Ministerio Público y no a la parte imputada incumpliendo con lo establecido en el art. 233 del CPP, y que en medida cautelar está prohibido por ley conforme refiere el art. 6 de la norma adjetiva penal. Por consiguiente, corresponde analizar en revisión tales argumentos a fin de conceder o denegar la tutela, para tal efecto se desarrollarán las siguientes temáticas: 1) La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; 2) Análisis del caso concreto

III.1. La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

El principio de subsidiariedad excepcional, que exige el agotamiento de los recursos ordinarios establecidos por ley previamente antes de acudir a la vía constitucional, no forma parte de la naturaleza de la acción de libertad, pues por su ámbito de protección de los derechos a la libertad personal y de locomoción y a la vida, justamente su trámite tiene carácter sumarísimo, inmediato e informal.

En este sentido, de acuerdo al entendimiento efectuado en la SC 982/2000-R, el entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad- no requería que la persona previamente acuda a la jurisdicción ordinaria para agotar los recursos ordinarios a fin de reparar la lesión de su derecho a la libertad, pues la vía constitucional estaba expedita para ello; sin embargo, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 160/2005-R de 23 de febrero, moduló este entendimiento y estableció excepciones en las que era permisible declarar la improcedencia del citado recurso al existir otros medios o recursos inmediatos, expeditos e idóneos; lo cual, implica que la aplicación del principio de subsidiariedad tiene carácter excepcional; toda vez que, “si el ordenamiento jurídico no prevé un medio de defensa que tenga las características de idoneidad, especificidad e inmediatez, es posible, a través del habeas corpus, analizar las supuestas lesiones del derecho a la libertad .

En este marco, la SCP 0026/2010-R de 13 de abril, respecto a la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión fiscal, en su ratio decidendi señaló que:

…de conformidad a lo previsto por el art. 54 inc.1) del CPP le compete controlar la investigación; por ende, es al mencionado Juez a quién le corresponde analizar los argumentos fácticos y jurídicos, como también valorar la prueba aportada por las partes, a objeto de determinar conforme a derecho la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión fiscal, y precisamente dicha autoridad jurisdiccional -a momento del análisis de la acción tutelar- ya ha fijado fecha y hora para la consideración de las supuestas ilegalidades en la aprehensión del imputado hoy accionante; y toda vez que está bajo control jurisdiccional, será esa la autoridad que determine su libertad, si es que corresponde; motivo por el cual no es posible conceder la tutela solicitada, por cuanto la presente acción, no es la vía idónea para revisar y valorar las actuaciones de dichos funcionarios, mucho menos para ordenar la libertad del recurrente”.

Ahora bien, con la finalidad de delimitar los casos excepcionales en los cuales no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada a través de la acción de libertad, en el marco de la aplicación de los valores de equilibrio y complementariedad de las jurisdicciones ordinaria y constitucional, es que en la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, se estableció los siguientes supuestos de subsidiariedad:

Primer supuesto:

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación (El resaltado y subrayado fueron añadidos).

Segundo Supuesto:

Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.

Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. Sin embargo, la citada Sentencia Constitucional, en el caso de que se denuncie la vulneración del derecho a la vida por medio de la acción de libertad ha establecido que no opera la improcedencia por subsidiariedad. Igualmente, sobre la activación simultánea de jurisdicciones distintas en la acción de libertad, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, estableció que:

…para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Por su parte, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, efectuó el cambio de línea jurisprudencial que fue establecida en la primera parte del primer presupuesto de la SC 0080/2010-R, en virtud al ámbito de protección de la acción de libertad; toda vez que, si el Juez cautelar no tiene conocimiento del inicio de investigación o si en un caso ajeno que no implique un delito, las personas, los servidores públicos y por ende las fuerzas del orden público como la autoridad fiscal tienen la obligación de dar cumplimiento a la Constitución Política del Estado y respetar el derecho a la libertad, en ese entendido se instituyó que:

…en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad. De acuerdo a lo señalado la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, ha mantenido el razonamiento efectuado en la segunda parte del primer presupuesto de SC 0080/2010-R, al señalar que:

…cuando la restricción se hubiera presuntamente operado al margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se hubiera dado a conocer al juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación, resulta indispensable recordar que el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción en lo Penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el Juez de Instrucción en lo Penal, que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación (las negrillas fueron añadidas).

De otro lado, la SCP 0360/2012 de 22 de junio, en cuanto a la competencia para conocer una denuncia de vulneración del derecho a la libertad señaló como excepción a lo establecido ya por la jurisprudencia lo siguiente:

Cuando no existe al menos una denuncia o investigación penal abierta contra la persona, o que al momento de su aprehensión ni siquiera se le sorprendió en la comisión de un delito flagrante, situación que posibilita ingresar directamente al análisis de fondo de la causa a través de la acción de libertad, sin necesidad de acudir ante el Juez cautelar, al no existir los medios inmediatos y eficaces previstos por ley para que opere el carácter excepcional de subsidiariedad de la acción de libertad. Así también, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0482/2013 de 12 de abril, vio la necesidad de realizar una aclaración en relación al Juez de Instrucción de turno como instancia previa antes de activar la acción de libertad y unificar la interpretación que desarrollaron las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0185/2012 y 0360/2012, para así efectuar una integración marco de la línea jurisprudencial con la finalidad de que las personas puedan acceder de manera efectiva a la jurisdicción constitucional y asimismo facilitar el trabajo de los operadores de justicia y otorgar seguridad y certeza respecto a la aplicación del principio de subsidiariedad en la acción de libertad. En este entendido, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional unificando la jurisprudencia señalada precedentemente, estableció de manera excepcional los siguientes escenarios que imposibilitan ingresar al fondo de la mencionada acción de defensa:

1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. 3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad. 4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. 5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el resaltado fueron incluidos).

Asimismo, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, realizó la modulación de la SCP 0185/2012 y el primer presupuesto establecido en la SCP 0482/2013, sobre la posibilidad de la presentación de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, bajo los siguientes presupuestos:

i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional. Sin embargo, la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional, también explicó que el razonamiento señalado precedentemente no implica un desconocimiento a la previsión contenida en el art. 303 del CPP, el cual establece que si el fiscal no formaliza la imputación formal de la persona que se encuentra detenida dentro del plazo de veinticuatro horas desde que tomó conocimiento de la aprehensión; “el juez de la instrucción dispondrá, de oficio o a petición de parte, la inmediata libertad del detenido…”; la cual fue prevista para los supuestos en los que existe una autoridad jurisdiccional identificada, pues en este caso se comprende que el fiscal ya dio aviso al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones. De igual forma, aclaró que si la persona acude directamente al Juez de instrucción “la persona aprehendida ya no podrá acudir de manera paralela con su reclamo ante la justicia constitucional a través de la acción de libertad, sino sólo cuando dicha autoridad jurisdiccional de turno no hubiere reparado la supuesta lesión denunciada por el imputado”. Este entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1067/2021-S3 de 22 de abril; 0811/2021-S1 de 12 de abril; 0762/2021-S2 de 8 de noviembre; y, 0235/2020-S1 de 3 de agosto; 0560/2020-S1 de 5 de octubre, entre otras. De la sistematización jurisprudencial efectuada, se concluye que la acción de libertad no tiene carácter subsidiario por su naturaleza jurídica; empero, de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, se establecieron excepciones que imposibilitan acudir directamente a la jurisdicción constitucional a través de la referida acción tutelar para resolver la vulneración denunciada y por ende la aplicación del principio de subsidiariedad excepcional, en tal sentido, de acuerdo a la modulación efectuada por la jurisprudencia, en lo concerniente a la jurisdicción competente para conocer la presunta lesión del derecho a la libertad, queda establecido que, cuando el Fiscal hubiera dado a conocer el inicio de la investigación al juez de turno o la imputación formal, queda plenamente identificado el Juez que ejerce el control jurisdiccional del proceso; en consecuencia, corresponde que la persona acuda previamente a dicha autoridad judicial para que resguarde ese derecho y en caso de que el mismo no lo restablezca recién se puede acudir a la instancia constitucional, de lo contrario si se acude directamente ante esta jurisdicción se aplica la subsidiariedad excepcional y no se ingresa al fondo del asunto reclamado.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia que se vulneró su derecho a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro el proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión tráfico de sustancias controladas, en audiencia de medidas cautelares el Juez ahora demandado, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro, mediante Auto Interlocutorio 281/2022 de 11 de junio, sin considerar la inversión de la prueba o carga probatoria que en audiencia de medidas cautelares corresponde al Ministerio Público y no a la parte imputada incumpliendo con lo establecido en el art. 233 del CPP, y que en medida cautelar está prohibido por ley conforme refiere el art. 6 de la norma adjetiva penal. De la compulsa de los antecedentes presentados, se tiene que, por ante el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, se viene tramitando el proceso penal, caso 201502022205020, contra el ahora impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; a lo que, el 10 de junio de 2022, el Fiscal de Materia informa al Juez de Instrucción Penal de Turno el inicio de investigaciones e imputa formalmente a Hernán Oreja Almanza -ahora peticionante de tutela-. En consecuencia en audiencia de medidas cautelares el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz mediante Auto Interlocutorio 281/2022 de 11 de junio, dispuso la detención preventiva del prenombrado en el Centro Penitenciario San Pedro por el plazo de cuatro meses, bajo la concurrencia de lo establecido en el art. 233.1 del CPP por existir suficientes elementos de convicción de la probabilidad de autoría, como también la existencia de riesgos procesales del art. 234.1 y 2 del citado Código sobre la falta de domicilio habitual y habitable y falta de actividad lícita, el riesgo 234.7 y 235.2., señalándose audiencia para el 11 de octubre del mencionado año a horas 10:00 para concurrir al Juzgado de Sentencia de Turno, siempre y cuando se presente acusación formal, quedando notificadas en audiencia, pudiendo las partes interponer el recurso de apelación (Conclusiones II.1 y II.2).

De los antecedentes descritos precedentemente, se tiene que contra el Auto interlocutorio 281/2022 de 11 de junio, no interpuso el recurso de apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas” (sic). Al respecto la Jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, señala que concurre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad cuando previa a la interposición de la acción de libertad no se interpone el recurso de apelación contra las resoluciones de medida cautelar, lo que imposibilitan ingresar al fondo de la mencionada acción de defensa.

4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que, por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. En el caso, al no haber interpuesto el recurso de apelación incidental contra la resolución que impuso medidas cautelares, concurre la subsidiariedad excepcional; por lo que, corresponde denegar la tutela sin ingresar al análisis del fondo del asunto. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 631/2022 de 22 de junio, cursante de fs. 58 a 59 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con el advertido de no haber ingresado al fondo de la presente causa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 Serrudo Santelices, Patricia. La tutela eficaz del derecho a la libertad personal en el marco del art. 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos: Una visión a la acción de libertad en el Estado Plurinacional de Bolivia, páginas 21 a 22.

2 “…para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0247_2024-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0142bdd1b793897079183669585d983a234136f91058eed28dca64e2782ef1f9

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