Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 2 de mayo de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante, a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; por cuanto, habiendo cumplido la determinación del Auto Supremo 35/2020 de 18 de marzo, que ordenó su detención preventiva con fines de extradición de seis meses, los Magistrados demandados no resolvieron su solicitud de libertad, requerida en razón al cumplimiento de dicho plazo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 42/2022 de 3 de febrero, cursante de fs. 36 a 41 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente por el principio de celeridad, vinculado al derecho a la libertad, debiendo los Magistrados demandados emitir la respuesta al memorial presentado el 28 de enero de 2022, por el accionante; y en los mismos términos dispuestos por el citado Tribunal de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0247/2023-S2 Sucre, 2 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 44855-2022-90-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 42/2022 de 3 de febrero, cursante de fs. 36 a 41 vta. pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Aurora Miranda Carballo, en representación sin mandato de Francisco Javier Pedraza Abrilot contra Juan Carlos Berríos Albizu, María Cristina Díaz Sosa, Carlos Alberto Egüez Añez, Olvis Egüez Oliva, Marco Ernesto Jaimes Molina, Esteban Miranda Terán, José Antonio Revilla Martínez y Ricardo Torres Echalar, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memorial presentado el 1 de febrero de 2022, cursante a fs. 1 y 15 a 19, el accionante a través de su representante, manifestó que:
La República de Chile, a través de su Consulado en el Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Acuerdo sobre Extradición Entre los Estados Parte del Mercosur y la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en Río de Janeiro, el 10 de diciembre de 1998 y ratificado por el Estado mediante Ley 2830 el 3 de septiembre de 2004, solicitó su extradición, por la presunta comisión de un delito que se hubiese suscitado el 2013. Dicha petición, fue transmitida el 21 de febrero de 2020 al Tribunal Supremo de Justicia, por la Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese mérito, los Magistrados demandados dictaron el Auto Supremo 35/2020 de 18 de marzo, disponiendo su detención preventiva con fines de extradición, por un plazo máximo de seis meses, en aplicación del art. 154 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Dicha orden, fue ejecutada el 28 de julio de 2021, por la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, plazo que a la fecha de presentación de este mecanismo de defensa venció. La indicada autoridad judicial, remitió todas las diligencias pertinentes a la referida detención; consiguientemente, lo Magistrados demandados conocen de la señalada medida cautelar y que fue conducido a una cárcel de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, habiendo cumplido seis meses de privación de libertad el 28 de enero de 2022. En razón al cumplimiento del plazo máximo de detención preventiva, esa misma data, solicitó a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que disponga su libertad inmediata, petición que no fue considerada por las autoridades demandadas. De acuerdo al art. 158 del CPP, que establece de modo categórico los plazos para emitir el Auto Supremo concediendo o denegando la extradición, añadiendo a ello diez días más para que el interesado asuma defensa, los Magistrados demandados debían emitir el correspondiente fallo aproximadamente el 13 de septiembre de 2021. Si bien el art. 154 inc. 1) del CPP faculta al Tribunal Supremo de Justicia ordenar la detención preventiva del extraditable por un plazo máximo de seis meses, ello no significa que necesariamente se tenga que esperar el transcurso de ese término; por cuanto, se entiende que ese lapso se podía aplicar en situaciones complejas, como cuando existe pluralidad de delitos, lo cual no acontece en el presente caso, pues está sindicado por un solo ilícito y es la única persona requerida, no habiendo motivo para el retraso en la emisión del extrañado Auto. Al encontrarse seis meses y cuatro días bajo detención preventiva, esta se convirtió en ilegal, pues se superó el lapso establecido por norma.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo su libertad irrestricta, y se ordene a la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, libre mandamiento de libertad en razón a que la misma fue comisionada para emitir el de detención preventiva.
Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de febrero de 2022, según consta en acta cursante de fs. 30 a 35 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó el contenido de la demanda tutelar y ampliándolo añadió que: a) El 28 de julio de 2021, se ejecutó su detención preventiva; momento en el cual, también se lo notificó con el Auto Supremo 35/2020; b) Al vencer el plazo de los seis meses de dicha medida cautelar, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que disponga inmediatamente su libertad, por cumplimiento máximo de la medida extrema; empero, desde entonces hasta el 2 de febrero de 2022, no hubo ningún pronunciamiento a ese memorial ni se emitió el auto supremo que disponga o niegue su extradición, transcurriendo seis días desde dicha petición; y, c) Es evidente que el art. 154 inc. 1) del CPP faculta al Tribunal Supremo de Justicia ordenar la detención preventiva por el plazo máximo de seis meses; empero, tal cual señala, se trata de un término máximo.
María Cristina Díaz Sosa, Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito presentado el 3 de febrero de 2022, cursante de fs. 27 a 29, solicitó se deniegue la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: 1) Desde los arts. 149 hasta el 159 del CPP deben ser considerados como normativa supletoria para la tramitación de la extradición; 2) El Auto Supremo 35/2020 dispuso la detención preventiva considerando que la solicitud respectiva cumplió con todos los requisitos exigidos por el art. 18 del Acuerdo sobre Extradición Entre los Estados Parte del Mercosur y la República de Bolivia y la República de Chile, por haber sido presentada vía diplomática, a través del Consulado General de la República de Chile en Bolivia, cursando en los antecedentes remitidos la orden de detención del accionante pronunciado por el “Juzgado de garantías de Linares”; 3) Se explicó de forma clara y precisa el hecho por el cual se encontraba procesado el impetrante de tutela, verificándose que el delito que se le atribuía en el país requirente era violación a persona mayor de 14 años de edad, que se halla tipificado y sancionado en el art. 309 del Código Penal (CP); 4) La indicada pretensión de extradición no se encuentra dentro de las causales de improcedencia señaladas en el Capítulo III del referido Acuerdo, pues se cometió el delito en la jurisdicción del Estado solicitante y el accionante no fue juzgado por los mismos hechos en Bolivia; 5) Al tenor de los arts. 149 del CPP; y, 1, 17, 22.1, 3 y 4 del referido Acuerdo internacional, la aplicación de las previsiones contenidas en el Código de Procedimiento Penal para los casos de extradición, son de carácter subsidiario, lo cual implica que su procedimiento se regula principalmente por lo establecido en los tratados suscritos entre los Estados requirente y requerido, debiendo aplicarse preeminentemente sus disposiciones; 6) El Estado boliviano en conocimiento de la pretensión de extradición del impetrante de tutela, asumió como primera y principal obligación entregar al sujeto extraditable, debiendo para ello garantizar al Estado requirente, que se tiene a disposición al sujeto requerido, en caso de ser procedente, sin que para ello se establezca en el referido Acuerdo un plazo específico a computarse a partir de su detención; 7) El trámite que se tiene previsto para la extradición implica no solo la detención del extraditable, sino el requerimiento del Ministerio Público y la remisión de informes de los nueve Tribunales Departamentales de Justicia, para que pueda adquirirse conocimiento de la existencia o no de procesos penales, vigentes o con sentencia condenatoria ejecutoriada contra el nombrado -a efectos de determinar si la ejecución de la extradición se efectivizará de forma inmediata o diferida-, no siendo posible determinar un plazo máximo de la medida extrema para el sujeto extraditable; situación que, se halla considerada en el referido Acuerdo, cuando en su art. 17 establece que el periodo por el que estuviere detenida la persona extraditada en el Estado requerido, en virtud del proceso de extradición será computado en la pena a ser cumplida en el Estado requirente, sin determinar un tiempo máximo de detención en el primero; 8) El Estado boliviano tiene la obligación de comunicar en su oportunidad al Estado requirente la fecha y hora de entrega del sujeto extraditable, estableciendo además el referido Acuerdo la obligación del Estado requirente de retirar a la persona reclamada en el plazo improrrogable de treinta días; esas disposiciones, reconocen tácitamente que el sujeto extraditable debe encontrarse en custodia del Estado requerido en todo momento, mientras dure el trámite de extradición; toda vez que, si ello no fuera así, en caso de disponerse la extradición, las autoridades pertinentes no podrán coordinar oportunamente la fecha y hora de entrega del extraditable, el tiempo para el retiro de la persona empezaría a transcurrir en desmedro del Estado requirente, el cual no tendría certeza de cuándo podría llegar a aprehenderse al sujeto extraditable; y, 9) En el caso de autos, las diligencias necesarias para la tramitación de la solicitud de extradición del accionante se efectuaron debidamente, encontrándose a la fecha el expediente en proceso de firmas de la resolución que resuelve la solicitud de extradición presentada por la Embajada de la República de Chile; lo que, acreditó que la situación jurídica del impetrante de tutela se encontraba pronta a resolverse. Juan Carlos Berríos Albizu, Carlos Alberto Egüez Añez, Olvis Egüez Oliva, Marco Ernesto Jaimes Molina, Esteban Miranda Terán, José Antonio Revilla Martínez y Ricardo Torres Echalar, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no remitieron informe escrito alguno ni concurrieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante de fs. 23 a 24.
El representante fiscal, no compareció a la audiencia de garantías ni presentó escrito alguno, no obstante, su notificación cursante a fs. 25.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 42/2022 de 3 de febrero, constituida en Tribunal de garantías, cursante de fs. 36 a 41 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que los Magistrados demandados se pronuncien sobre la solicitud efectuada por el accionante respecto de su derecho a la libertad, en el plazo indefectible de tres días de ser notificados con ese fallo, con base en los siguientes fundamentos: i) Los arts. 115.II y 178.I de la CPE se refieren al principio de celeridad; ii) Considerando el carácter sumario y la finalidad que tiene la acción de libertad, se deben evitar actos dilatorios; en consecuencia, cuando una autoridad conoce de una petición que involucra el derecho a la libertad, dicha solicitud debe ser tramitada y atendida con la mayor celeridad posible; de lo contrario, incurrirá en dilación injustificada; en ese sentido, se pronunció la SC 0224/2004-R de 16 de febrero; iii) Con base en lo desarrollado por las SSCC 0080/2010-R de 30 de mayo y 0160/2005-R de 23 de febrero, se sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringida, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través del indicado mecanismo de defensa. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, concluyó que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea esta jurisdicción, entendimiento ratificado por la SCP 0008/2010-R de 6 de abril; la cual sostuvo que, en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional; y, iv) Si bien se reclamó que la duración de la medida de detención preventiva con fines de extradición feneció en el lapso máximo de seis meses, no es menos evidente que el accionante también señaló que se presentó una solicitud con los mismos argumentos esenciales a esta acción de libertad, ante el Tribunal Supremo de Justicia a fin de definir su situación jurídica; en esa medida, antes de acudir a la vía constitucional, el nombrado activó la jurisdicción ordinaria, sin esperar que se resuelva su petitorio; por lo tanto, era aplicable la subsidiariedad excepcional; debido a que, el impetrante de tutela no puede impulsar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos; sin embargo, también es evidente que todo petitorio para definir la situación jurídica del imputado en cuanto a su libertad, debe ser oportuna y prontamente atendido, aunque se encuentre en sede del Tribunal Supremo de Justicia; para ello, se debe tomar en cuenta el art. 239 del CPP que dispone, ante las solicitudes sobre cesación de medidas cautelares, debe señalarse audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas, lo cual implica que los Magistrados demandados debían tomar una pronta decisión sobre la situación del accionante, de conformidad al art. 115 de la CPE.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Supremo 35/2020 de 18 de marzo, emitido por los Magistrados demandados, dentro del proceso de extradición del Consulado General de la República de Chile contra Francisco Javier Pedraza Abrilot -accionante-se dispuso su detención preventiva con fines de extradición; al efecto, el Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de La Paz, libró el mandamiento de detención respectivo, cuya ejecución se la efectuará con auxilio de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) o cualquier otro organismo policial, a nivel nacional, debiendo procederse a la notificación expresa del detenido con esa resolución y el mandamiento correspondiente, a los efectos de garantizar el debido proceso, se dispone notificar al requerido de extradición, con copia de la presente Resolución y mandamiento a expedirse, otorgándosele el plazo de diez días, más los de la distancia para que asuma defensa, con cuyo resultado se remitirán obrados en vista fiscal ante la Fiscalía General del Estado para que se pronuncie sobre la procedencia o no de dicha solicitud; asimismo, cada uno de los nueve Tribunales Departamentales de Justicia deben certificar, a través de sus Juzgados y Salas Penales la existencia y estado de algún proceso penal instaurado contra el nombrado extraditable (fs. 2 a 5). II.2. Por Informe DIN-DDI-DIV-DE. TR.TF 1108/2021 de 29 de julio, emitida por el Investigador de la INTERPOL La Paz, dirigido a su Director Departamental, se informó que el 28 de ese mes y año, se dio cumplimiento a la ejecución del mandamiento de detención preventiva con fines de extradición contra Francisco Javier Pedraza Abrilot y una vez ejecutado, se procedió a la notificación con dicho documento, quien firmó en señal de conformidad; posteriormente, con la finalidad de proceder con la filiación personal del mismo, fue trasladado a la Dirección Nacional de la INTERPOL (fs. 7). II.3. Mediante memorial presentado el 28 de enero de 2022, por el peticionante de tutela a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, solicitó que de forma inmediata se disponga su libertad pura y simple, por cumplimiento de plazo máximo, bajo los siguientes argumentos: a) Por Auto Supremo 35/2020 se dispuso la medida extrema, con fines de extradición, en aplicación del art. 154 inc. 1) del CPP, el cual prevé como plazo máximo de seis meses; b) Habiéndose ejecutado su detención preventiva el 28 de julio de 2021, la misma fue de conocimiento de los Magistrados demandados, porque la Jueza de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, remitió todas las diligencias realizadas al respecto; c) El art. 158 del CPP establece los plazos para dictar el auto supremo sea que conceda o deniegue la extradición, otorgando diez días para emitir el Dictamen Fiscal, veinte para que el indicado Tribunal Supremo se pronuncie sobre la procedencia o no de la solicitud de extradición; a esos plazos, se deben añadir diez días otorgados al extraditable para que asuma su defensa; consiguientemente, el auto supremo debía emitirse hasta el 13 de septiembre de 2021; si bien, el art. 154 inc. 1) del CPP faculta ordenar la medida cautelar personal por un plazo máximo de seis meses, no necesariamente se debe esperar ese transcurso de tiempo, salvo que se trate de situaciones complejas, como la pluralidad de delitos y de personas requeridas; d) La referida norma establece que la medida con fines de extradición podrá ordenarse por un plazo no mayor a seis meses, no admitiéndose ninguna prórroga bajo ninguna circunstancia, porque no podía postergarse indefinidamente la detención preventiva de la persona requerida; e) El impetrante se halla detenido preventivamente desde el 28 de julio de 2021, habiendo cumplido en la fecha del presente escrito -28 de enero de 2022-, seis meses en esa condición; y, f) Si bien se toleró que transcurra el máximo plazo de detención, de ningún modo puede prolongarse la misma más allá de dicho tiempo, porque sería ilegal, pues vulnera el derecho a la libertad (fs. 9 a 11).
El accionante, a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; por cuanto, habiendo cumplido la determinación del Auto Supremo 35/2020 de 18 de marzo, que ordenó su detención preventiva con fines de extradición de seis meses, los Magistrados demandados no resolvieron su solicitud de libertad, requerida en razón al cumplimiento de dicho plazo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el tema, la base de dicha modalidad es el art. 115 de la CPE que determina: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (el énfasis es agregado). Así como el art. 178.I de la Norma Suprema, el cual dispone que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos” (el resaltado es nuestro). En ese marco, la SC 0044/2010-R de 20 de abril señaló que: “Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…” (énfasis del texto original). Del mismo modo, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial emitida al respecto, sostuvo que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva” (las negrillas corresponden al texto original). Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, refirió que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; por cuanto, habiéndose cumplido la determinación del Auto Supremo 35/2020 de 18 de marzo, que ordenó su detención preventiva con fines de extradición de seis meses, los Magistrados demandados no resolvieron su solicitud de libertad impetrada en razón al cumplimiento de dicho plazo. Establecido el problema jurídico expuesto, se pasa a contextualizar el mismo, y en ese orden, se toma conocimiento que dentro del proceso de extradición seguido por el Consulado General de la República de Chile contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violación a una mujer de 14 años de edad, las autoridades demandadas emitieron el Auto Supremo 35/2020, disponiendo su detención preventiva con fines de extradición por el término de seis meses; a ese efecto, se ordenó su ejecución al Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de La Paz, para que libre el respectivo mandamiento de detención (Conclusión II.1); en ese orden, de la lectura del Informe DIN-DDI-DIV-DE. TR.TF 1108/2021 de 29 de julio, se conoce que el peticionante de tutela fue detenido el 28 del mismo mes y año y notificado con el indicado documento judicial (Conclusión II.2); finalmente, el 28 de enero de 2022, el impetrante de tutela presentó memorial ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, impetrando su libertad por cumplimiento del indicado plazo (Conclusión II.3). Advertidos dichos antecedentes, se evidencia que efectivamente el solicitante de tutela fue detenido preventivamente con fines de extradición el 28 de julio de 2021, por seis meses; por lo que, al cabo de ese periodo -es decir, el 28 de enero de 2022-, solicitó ante la Sala Plena del indicado Tribunal su libertad; sin embargo, no se constata una respuesta a esa petición; consiguientemente, tomando en cuenta lo desarrollado por la jurisprudencia constitucional que regula la acción de libertad de pronto despacho, como se puede verificar en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, es imperioso exigir de los Magistrados demandados que emitan una respuesta célere a una solicitud de quien se halla restringido en su libertad; puesto que, en atención a dicha condición merece una prioritaria atención. En consecuencia, hecha la petición el 28 de enero de 2022, y no habiéndose emitido respuesta alguna cuando se planteó esta acción tutelar -1 de febrero de ese año- y tampoco a la fecha de celebración de la audiencia de garantías, que tuvo lugar el 3 del mismo mes y año, corresponde aplicar la jurisprudencia constitucional aludida, más aún cuando el art. 149 del CPP prevé que: “…La extradición se regirá por las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del presente Código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable”; en ese orden, se debe disponer que los Magistrados demandados emitan una respuesta pronta y oportuna a la solicitud de libertad del accionante, sea de forma inmediata, contestando así al deber del Estado de actuar con oportunidad y celeridad, conforme mandan los arts. 115 y 178.I de la CPE, y con mayor razón en los casos de quienes se hallan privados de libertad, tal cual lo interpretó el citado entendimiento jurisprudencial. Por ello, ante la verificación de que las autoridades demandadas incurrieron en una dilación indebida a tiempo de atender una solicitud de un privado de libertad, como lo es el accionante, corresponde conceder la tutela, a fin de precautelar su derecho a la libertad a través del cumplimiento del principio de celeridad con el que se debe actuar.
En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 42/2022 de 3 de febrero, cursante de fs. 36 a 41 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente por el principio de celeridad, vinculado al derecho a la libertad, debiendo los Magistrados demandados emitir la respuesta al memorial presentado el 28 de enero de 2022, por el accionante; y en los mismos términos dispuestos por el citado Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0247_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): d5bee961aeb074f45f09a1f888b37a5896ce5b33b7cd38aa4e9676a05dd4d10c
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