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SCP 0246/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 9 de marzo de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
9 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
53112-2023-107-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; y, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, la Vocal demandada, al emitir el Auto de Vista 328/2022-SP2, declaró admisible e improcedente su apelación, ratificando la resolución recurrida sin considerar los agravios expuestos, referidos a lo siguiente: 1) Se interpretó erróneamente el art. 223 del CP, relativo al delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado, que exige dolo y, por tanto, no resulta aplicable a hechos culposos como los accidentes de tránsito; 2) El riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP no fue demostrado de manera objetiva por el Ministerio Público ni por la parte civil; 3) Se aplicó incorrectamente el art. 234.7 del CPP, relativo al peligro efectivo para la sociedad, pues no se tomó en cuenta lo establecido en la SCP “185/2019”; la autoridad jurisdiccional sostuvo que su persona no presentó el certificado de antecedentes del REJAP, cuando en realidad dicha carga probatoria correspondía al Ministerio Público y a la parte civil, basando su decisión en meras presunciones; 4) La deficiente fundamentación del riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, ya que no se precisó sobre qué testigos, peritos o partícipes podría influir ni de qué manera obstaculizaría la práctica de las pericias. Además, no se consideró la SCP 0276/2018-S2, que establece límites a la extensión de dicho riesgo procesal; y, 5) No se valoró que el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 29/22 de 22 de diciembre de 2022, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte del punto 3) y a los puntos 4) y 5) de la problemática, conforme a los razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2º Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 328/2022-SP2 de 14 de diciembre, debiendo la autoridad demandada emitir una nueva resolución conforme a los fundamentos jurídicos vertidos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que la situación del accionante ya se encontrase definida por una resolución posterior. 3° Denegar en cuanto a los puntos 1) y 2), identificados en la problemática, conforme los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la exigencia de fundamentación y motivación en las resoluciones que resuelven medidas cautelares extensible al Tribunal de apelación: Alcance de la previsión contenida en el art. 398 del CPP
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0246/2026-S2 Sucre, 9 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53112-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 29/22 de 22 de diciembre de 2022, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhon Cristian Manceda Zarate contra Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 19 de diciembre de 2022, cursante de fs. 1 a 4 vta., el accionante manifestó que: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves; y, gravísimas en accidente de tránsito, mediante el Auto Interlocutorio de 1 de diciembre de 2022, se dispuso su detención preventiva en la carceleta de Villa Montes, invocando los riesgos procesales previstos en el art. 234.4 y 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. Contra dicha Resolución, interpuso apelación incidental, la cual fue resuelta mediante Auto de Vista 328/2022-SP2 de 14 de diciembre, emitido por Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -hoy demandada-, quien declaró admisible e improcedente el recurso, ratificando la resolución impugnada, sin considerar los siguientes agravios: a) Se interpretó erróneamente el art. 223 del Código Penal (CP), relativo al delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado, que exige dolo y no resulta aplicable a accidentes de tránsito de carácter culposo; b) Se fundamentó indebidamente el riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP, ya que el Ministerio Público ni la parte civil demostraron objetivamente su concurrencia; c) Se aplicó incorrectamente el art. 234.7 del CPP, referido al peligro efectivo para la sociedad; toda vez que, la Jueza a quo no consideró lo establecido en la SCP “0185/2019”, según la cual, la concurrencia de este riesgo procesal debe evaluarse a partir de la existencia de antecedentes penales previos al caso investigado; pese a ello, la autoridad jurisdiccional sostuvo que el imputado no presentó el certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) en la audiencia de medidas cautelares, sin advertir que en esa etapa la carga probatoria recaía en el Ministerio Público y en la parte civil, basando su decisión únicamente en presunciones; d) Se fundamentó de manera deficiente el riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, ya que no se precisó sobre los testigos, peritos o partícipes en los que podría influir su persona como imputado, ni de qué manera obstaculizaría la práctica de las pericias anunciadas; además, al invocar la SCP “0301/2011”, la Jueza a quo señaló que el riesgo de obstaculización se mantiene desde la imputación formal hasta la sentencia ejecutoriada; sin embargo, omitió considerar que la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, establece que sostener la subsistencia de dicho riesgo hasta la existencia de una sentencia condenatoria vulnera el derecho a la presunción de inocencia, pues la detención preventiva puede ser modificada o cesar en cualquier momento; y, e) La Jueza de primera instancia no tomó en cuenta lo dispuesto en el art. 232 del CPP, que prohíbe la detención preventiva para ciertos delitos, entre ellos el que se le atribuye, máxime cuando el imputado no se encontraba en estado de ebriedad al momento del hecho. I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; y, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, citando al efecto, los arts. 23.1 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). I.1.3. Petitorio Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que la Vocal demandada emita una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada en el plazo de 24 horas. I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 19, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando en audiencia señaló que: 1) No se cumplió lo dispuesto por los arts. 124 y 398 del CPP, conforme a lo establecido en la SC “2221/2002”, respecto al derecho a una resolución debidamente fundamentada; toda vez que, el Auto de Vista 328/2022-SP2, no consideró los agravios planteados, particularmente en relación al art. 234 del CPP, al presumir la conducta del imputado sin sustento fáctico ni jurídico, en contravención a la última parte del art. 235 del mismo cuerpo legal, que prohíbe fundar riesgos procesales en meras presunciones; y, 2) El Ministerio Público no demostró la existencia de riesgo de fuga ni la concurrencia de antecedentes penales, omitiendo con ello la carga probatoria que le corresponde, conforme a la SCP “185/2019”; asimismo, no se valoró de manera adecuada el riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP; ya que, no se individualizaron testigos ni elementos de prueba susceptibles de ser influenciados, omitiendo la aplicación de la SCP 0276/2018-S2, que prohíbe extender dicho riesgo procesal hasta la sentencia ejecutoriada por vulnerar la presunción de inocencia. I.2.2. Informe de la parte demandada Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por informe escrito cursante de fs. 12 a 14 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: i) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1179/2015 de 16 de noviembre y “0939/2012” sostienen que la tutela constitucional no puede ser forzada a un rol casacional. En el presente caso, la causa radicaba en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Villa Montes del referido departamento y se emitió el Auto de Vista 328/2022-SP2 -de 14 de diciembre-; ii) En la acción de libertad se indicó como autoridad demandada a Martha Raquel Rojas, y no así a su persona; iii) En el Auto interlocutorio de 1 de diciembre de 2022, la Jueza a quo valoró los elementos presentados por el Ministerio Público y concluyó que existía probabilidad de autoría del delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado, puesto que el vehículo involucrado era de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Villa Montes del señalado departamento y sufrió daños materiales de consideración; iv) La resolución determinó que el imputado infringió normas de tránsito, provocando un hecho que ocasionó el fallecimiento de dos personas y, posteriormente, se dio a la fuga sin prestar auxilio, siendo encontrado a dos kilómetros del lugar. Esta conducta fue interpretada como indicio del riesgo procesal contemplado en el art. 234.4 y 7 del CPP, lo que justificó la imposición de la detención preventiva. Asimismo, la certificación de no violencia presentada por la defensa se consideró insuficiente para descartar dicho riesgo, aplicando criterios de valoración establecidos en la SCP “70/2014”; v) Respecto al principio de proporcionalidad, la Jueza impuso una medida cautelar por el plazo de cuatro meses, inferior al solicitado por el Ministerio Público, ponderando de manera adecuada los derechos del imputado y de las víctimas; vi) En cuanto a la supuesta omisión de valoración probatoria prevista en el art. 235.2 del CPP, la defensa del ahora accionante no solicitó complementación ni aclaración en audiencia, razón por la cual no pudo pronunciarse sobre ese extremo; y, vii) No se vulneraron los derechos fundamentales invocados -a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta y sin dilaciones, y a una resolución debidamente fundamentada y motivada-, toda vez que actuó conforme al bloque de legalidad y dentro de los plazos razonables atendiendo a la carga procesal existente. En consecuencia, los agravios señalados por el impetrante de tutela carecen de sustento y no evidencian vulneraciones constitucionales. I.2.3. Resolución La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 29/22 de 22 de diciembre de 2022, cursante de fs. 19 a 21 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 14 de diciembre de 2022 -se asume 328/2022-SP2- y ordenando que, en el plazo de cuarenta y ocho horas desde su notificación, se emita una nueva resolución que dé respuesta a los agravios expresados; con base en los siguientes fundamentos: a) En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, omisión de socorro y destrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional, la Jueza de Instrucción Penal Primera de Villa Montes del departamento de Tarija, mediante Auto Interlocutorio de 1 de diciembre de 2022, dispuso su detención preventiva al considerar concurrentes los riesgos procesales. Dicha decisión fue apelada por la defensa y conocida por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que emitió el Auto de Vista “373/2022” -siendo lo correcto 328/2022-SP2- de 14 de diciembre, declarando improcedentes los agravios planteados; b) La referida Sala Penal, al resolver la apelación, se limitó a reiterar los fundamentos de la resolución impugnada, omitiendo un análisis autónomo de los agravios formulados por la defensa, sin desarrollar una fundamentación propia, en contravención del art. 398 del CPP; c) La detención preventiva no resultaba procedente respecto al delito de homicidio en accidente de tránsito, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cuanto a los delitos de omisión de socorro y destrucción o deterioro de bienes del Estado, se advirtió que la imputación formal carecía de fundamentación y congruencia, al no analizar los elementos constitutivos del tipo penal, en particular los aspectos cognitivos y volitivos, limitándose a una tipificación sustentada en elementos meramente formales y sin respaldo probatorio suficiente; d) El Tribunal de alzada no tomó en cuenta que la apelación fue interpuesta en audiencia de medidas cautelares; por lo que, tenía el deber procesal de analizar expresamente los agravios expuestos y emitir una resolución debidamente motivada; al no hacerlo, y al limitarse a invocar el cumplimiento del art. 124 del CPP sin mayor justificación ni contraste con los elementos del caso, incurrió en una fundamentación arbitraria; y, e) La resolución impugnada vulneró los derechos del accionante a contar con una resolución debidamente fundamentada, al debido proceso y a la libertad personal. I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 71 a 75); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta acta de audiencia de consideración de medidas cautelares de 1 de diciembre de 2022, en la cual fue emitido el Auto Interlocutorio de la misma fecha, por el cual, Martha Raquel Rojas Rojas, Jueza de Instrucción Penal Primera de Villa Montes del departamento de Tarija, determinó la detención preventiva del imputado Jhon Cristian Manceda Zarate -ahora accionante- a cumplirse en la Carceleta de la referida localidad y departamento, en una sección separada, conforme al art. 237 del CPP por el lapso de tres meses, señalándose audiencia de ampliación de plazo y/o cesación de la detención preventiva del prenombrado para el 1 de marzo de 2023, determinación que fue apelada en el mismo acto por el hoy impetrante de tutela (fs. 31 a 48). II.2. Mediante Auto de Vista 328/2022-SP2 de 14 de diciembre, Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -hoy demandada-, declaró sin lugar al recurso de apelación incidental planteado por el peticionante de tutela manteniendo la resolución recurrida; además, ante la solicitud de explicación, complementación y enmienda de la defensa del imputado -ahora accionante-, la autoridad demandada rechazo la solicitud, manteniendo firme el señalado Auto Vista (fs. 58 a 63 vta.)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; y, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, la Vocal demandada, al emitir el Auto de Vista 328/2022-SP2, declaró admisible e improcedente su apelación, ratificando la resolución recurrida sin considerar los agravios expuestos, referidos a lo siguiente: 1) Se interpretó erróneamente el art. 223 del CP, relativo al delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado, que exige dolo y, por tanto, no resulta aplicable a hechos culposos como los accidentes de tránsito; 2) El riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP no fue demostrado de manera objetiva por el Ministerio Público ni por la parte civil; 3) Se aplicó incorrectamente el art. 234.7 del CPP, relativo al peligro efectivo para la sociedad, pues no se tomó en cuenta lo establecido en la SCP “185/2019”; la autoridad jurisdiccional sostuvo que su persona no presentó el certificado de antecedentes del REJAP, cuando en realidad dicha carga probatoria correspondía al Ministerio Público y a la parte civil, basando su decisión en meras presunciones; 4) La deficiente fundamentación del riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, ya que no se precisó sobre qué testigos, peritos o partícipes podría influir ni de qué manera obstaculizaría la práctica de las pericias. Además, no se consideró la SCP 0276/2018-S2, que establece límites a la extensión de dicho riesgo procesal; y, 5) No se valoró que el art. 232 del CPP establece que no procede la detención preventiva para el tipo de delito imputado, máxime considerando que su persona no se encontraba en estado de ebriedad. Ante ello, la Vocal demandada, señala que: i) Emitió El Auto de Vista 328/2022-SP2, donde indicó que la Jueza a quo valoró pruebas como informes periciales y certificados médicos, concluyendo la probabilidad de autoría en el delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado, al tratarse de un vehículo del GAM de Villa Montes del departamento de Tarija con daños significativos; ii) El imputado -ahora accionante- causó un accidente con dos fallecidos y huyó, lo cual fundamentó los riesgos procesales previstos por el art. 234.4 y 7 del CPP; y, justificó su detención preventiva; iii) La medida cautelar fue proporcional, fijándose por cuatro meses; es decir, por un tiempo menor al solicitado por el Ministerio Público; y, iv) No se evidenció omisión de valoración probatoria, ya que la defensa no pidió aclaraciones en audiencia, por lo que no hubo vulneración de derechos. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la exigencia de fundamentación y motivación en las resoluciones que resuelven medidas cautelares extensible al Tribunal de apelación: Alcance de la previsión contenida en el art. 398 del CPP

Al respecto, la SCP 0748/2019-S2 de 28 de agosto manifestó que: “…la exigencia de fundamentación y motivación abarca también a los fallos de medidas cautelares, estando tanto los jueces cautelares como los tribunales de segunda instancia, constreñidos a cumplir el debido proceso, en la revisión de las resoluciones de una medida cautelar, que la revoca, modifica, sustituye u ordena la cesación de detención preventiva.

(…) Conforme a lo anotado, resulta evidente que los tribunales de alzada se hallan constreñidos a dictar resoluciones con la debida fundamentación, motivación y congruencia, fundamentando la decisión por la que deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer su cesación, encontrándose obligados a determinar la concurrencia de los presupuestos procesales referentes a los peligros de fuga y obstaculización, precisando de forma debida las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, consignando motivadamente la presencia de los mismos, no pudiendo justificar su omisión respecto a lo indicado, en los límites instituidos en el art. 398 del CPP. En ese orden, en virtud a los razonamientos jurisprudenciales descritos supra tratándose de la aplicación de medidas cautelares el precitado artículo no debe ser entendido literalmente sino de forma integral y sistemática con los arts. 233 y 236 del CPP, lo que deriva en que, los tribunales de alzada no se encuentren eximidos en motivar y fundamentar su resolución explicando, se reitera, la presencia o no de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jhon Cristian Manceda Zarate -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, en audiencia de consideración de medidas cautelares de 1 de diciembre de 2022, se dispuso su detención preventiva por el lapso de tres meses, determinación que fue apelada en el mismo acto por su defensa (Conclusión II.1) y confirmada por Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -hoy demandada- a través del Auto de Vista 328/2022-SP2 de 14 de diciembre, por el que declaró sin lugar al recurso de apelación incidental, manteniendo la resolución recurrida (Conclusión II.2).

En ese contexto, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, a efectos de verificar la posible vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia, vinculados con el derecho a la libertad; en cuanto a que la autoridad demandada al emitir el Auto de Vista 328/2022-SP2, no consideró los agravios formulados por el accionante, de la revisión de antecedentes se establece que: Respecto al punto 1), referido a la errónea interpretación del art. 223 del CP en relación con el tipo penal de destrucción o deterioro de bienes del Estado -que exige dolo y no resulta aplicable a accidentes de tránsito de carácter culposo-, la autoridad demandada señaló lo siguiente:

De la revisión del Auto Interlocutorio de 1 de diciembre de 2022, así como de la argumentación jurídica de la resolución y de los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público -entre ellos, el formulario único de denuncia, informes policiales, actas de registro y secuestro, croquis del lugar, fotografías, papeleta de aprehensión, facturas, informes médicos, actas de autopsia de las dos víctimas y documentación relativa a la motocicleta-, se acreditó que el vehículo involucrado era de propiedad del GAM de Villa Montes del departamento de Tarija, y que el imputado mantenía vínculo laboral con dicha institución, encontrándose en servicio el día de los hechos.

En consecuencia, la Jueza a quo valoró dichos elementos y concluyó que, si bien constituyen indicios, resultaban suficientes para establecer la probabilidad de autoría del impetrante de tutela. La defensa alegó que los hechos no se adecuaban a los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado ni al de omisión de socorro, sosteniendo que el denunciado desconocía el carácter oficial de la motocicleta; sin embargo, la Jueza a quo determinó que éste había infringido normas de tránsito, provocando un accidente en el que dos personas fallecieron por traumatismo craneoencefálico, conforme se desprende de las actas de autopsia.

Asimismo, se estableció la probabilidad de autoría en el delito de omisión de socorro, toda vez que, tras el accidente del 29 de noviembre de 2022, el procesado se dio a la fuga y fue hallado a dos kilómetros del lugar, sin prestar auxilio a las víctimas. En cuanto al delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado, se verificó que la motocicleta oficial sufrió daños considerables a raíz de la colisión.

En ese entendido, la Vocal demandada concluyó que la Jueza de mérito efectuó una valoración integral de los medios de prueba, determinando que los hechos se subsumen provisionalmente en los delitos de omisión de socorro y destrucción o deterioro de bienes del Estado; por ello, desestimó los agravios formulados por la defensa, y en consecuencia se evidencia que la Resolución cuestionada en esta acción tutelar cuenta con fundamentación y motivación suficientes, motivo por el cual, corresponde denegar la tutela solicitada en este punto. Respecto al punto 2) -referido a que los riesgos procesales previstos en el art. 234.4 del CPP no habrían sido demostrados objetivamente por el Ministerio Público ni por la parte civil-, la Vocal demandada señaló que, conforme al informe del investigador asignado al caso y a los antecedentes del proceso, se evidenciaba la existencia de dicho riesgo. En particular, se estableció que el imputado provocó un accidente de tránsito en el que fallecieron dos personas, huyó del lugar sin prestar auxilio a las víctimas y fue posteriormente encontrado en la comunidad de Caigua, a dos kilómetros del hecho. Este comportamiento, a criterio de la autoridad judicial demandada, refleja una clara falta de voluntad de someterse al proceso, lo que justifica la configuración del riesgo procesal y, en consecuencia, la adopción de la medida cautelar impugnada; de ahí que, se evidencia que la autoridad judicial demandada también motivó su decisión sobre este punto.

En cuanto al punto 3), referido al art. 234.7 del CPP, concerniente a que el accionante represente un peligro para la sociedad, este alegó que no se tomó en cuenta la SCP “185/2019”, bajo el argumento de que no adjuntó el certificado de antecedentes del REJAP, cuya presentación correspondía al Ministerio Público y a la parte civil, basándose así en meras presunciones.

Al respecto, la autoridad demandada manifestó que, en relación con el art. 234.7 del CPP, el certificado de “no violencia” presentado por la defensa resultaba insuficiente, puesto que la Jueza a quo valoró la gravedad del hecho ya que el imputado infringió normas de tránsito, provocó un accidente en el que fallecieron dos personas, huyó del lugar y causó daños a bienes públicos. Con base en esos elementos y en la SCP “70/2014”, se consideró que el impetrante de tutela representa un peligro para la sociedad y que existe la posibilidad de reincidencia.

Asimismo, se determinó que la medida de detención preventiva era proporcional, fijándola en cuatro meses y no en seis, como solicitó el Ministerio Público, tras aplicar el test de razonabilidad y proporcionalidad, dado que aún restaban diligencias investigativas por realizar.

En consecuencia, la autoridad demandada concluyó que el Auto Interlocutorio apelado contaba con fundamentación y motivación suficientes; sin embargo, no se pronunció sobre la SCP “185/2019” invocada por el accionante ni respecto al argumento de que el certificado de antecedentes REJAP debía ser presentado por el Ministerio Público o la parte civil. Asimismo, respecto al punto 4), referido a la fundamentación del riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, se observa que no se precisó sobre qué testigos, peritos o partícipes podría influir negativamente el imputado para que se comporten de manera reticente, ni de qué forma obstaculizaría la realización de las pericias anunciadas en la investigación, omitiéndose además la consideración de la SCP 0276/2018-S2.

En cuanto al punto 5), relativo a que, no se tomó en cuenta que el art. 232 del CPP establece la improcedencia de la detención preventiva para este tipo de delitos, máxime considerando que el accionante no se encontraba en estado de ebriedad, se advierte igualmente que en el Auto de Vista 328/2022-SP2, la Vocal demandada no emitió pronunciamiento alguno sobre tales agravios. En consecuencia, se advierte que la Vocal demandada incurrió en una vulneración del derecho al debido proceso en su componente de congruencia, al omitir pronunciamiento respecto a parte del punto 3) y a los puntos 4) y 5) de la problemática que fueron objeto de impugnación. De esta manera, incumplió con los parámetros jurisprudenciales que obligan a todo tribunal de alzada a dictar resoluciones debidamente fundamentadas, motivadas y congruentes al resolver sobre la detención preventiva, su revocatoria, sustitución o cesación.

En ese marco, los tribunales de alzada se encuentran compelidos a analizar la concurrencia de los presupuestos de peligro de fuga y de obstaculización, expresando de manera clara las razones y elementos de convicción que los sustentan, conforme al art. 398 del CPP, interpretado de manera integral con los arts. 233 y 236 del mismo cuerpo normativo. Por consiguiente, no pueden eximirse de explicar la presencia o ausencia de dichos presupuestos como condición para la procedencia de la medida cautelar. En consecuencia, la Jueza garantías, al conceder la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 29/22 de 22 de diciembre de 2022, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte del punto 3) y a los puntos 4) y 5) de la problemática, conforme a los razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2º Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 328/2022-SP2 de 14 de diciembre, debiendo la autoridad demandada emitir una nueva resolución conforme a los fundamentos jurídicos vertidos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que la situación del accionante ya se encontrase definida por una resolución posterior. 3° Denegar en cuanto a los puntos 1) y 2), identificados en la problemática, conforme los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADO MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0246_2026-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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