Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 3 de abril de 2025
Deniega la tutela
El impetrante de tutela denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, a la presunción de inocencia, al trabajo, estabilidad laboral y a una remuneración justa y equitativa, a la defensa, legalidad, tipicidad y taxatividad; toda vez que, la autoridad demandada a través de la Resolución de Recurso Jerárquico PRS 00036 de 24 de febrero de 2022, confirmó la Resolución de Recurso de Revocatoria 0012/2021 de 14 de octubre, que a su vez confirmó la Resolución Final AS-DAL 013/2021 de 13 de septiembre, que determinó la existencia de responsabilidad administrativa del nombrado y lo sancionó con la destitución de su cargo y funciones en YPFB, sin tomar en cuenta que: a) El objeto del proceso administrativo era enmendar la actuación arbitraria en la que incurrió YPFB al haberlo suspendido sin goce de haberes a través de la Resolución PRS 000064, de esa manera se convalidaron las arbitrariedades en las que incurrió el Sumariante; b) La falta de penalidad en la sanción de destitución debido a que en el Auto Final no se explica cuáles serían las faltas y sanciones que establecerían la normativa transgredida y la subsunción de dicha norma que ameritaría la sanción de destitución; c) Fue sancionado dos veces por el mismo hecho, por cuanto mediante la Resolución Administrativa PRS 000064 se dispuso su suspensión de funciones sin goce de haberes sin previo proceso, iniciándole posteriormente un proceso disciplinario, habiéndose emitido el referido Auto Final del Sumario Administrativo Interno AS-DAL 013/2021, estableciendo l…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/23 de 9 de febrero de 2023, cursante de fs. 530 vta. a 536, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada con la aclaración de no haberse ingresado al fondo del problema jurídico planteado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0246/2025-S1 Sucre, 3 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 53875-2023-108-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 08/23 de 9 de febrero de 2023, cursante de fs. 530 vta. a 536, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por David Francisco Valverde Sejas contra Armin Ludwig Dorgathen Tapia, Presidente a.i. de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Mediante memoriales presentados el 2 y 12 de diciembre de 2022, cursantes de fs. 460 a 500; y, 506 y vta., el impetrante de tutela expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que mediante Contrato por tiempo indefinido PRS-DNRH-I-068/2010 de 7 de junio, fue contratado por YPFB para ocupar el cargo de Técnico Especializado ADM I dependiente de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones con sede en Santa Cruz, desde el 30 de noviembre de 2015, oportunidad en la que se le designó como Director de Planificación y Gestión de Desempeño a.i. mediante nota GTHC-DS-344-074/2015. Posteriormente, por Memorándum CITE GG-Q-ME-343/2016 de 31 de agosto, fue designado como miembro del Comité de Licitación para el Proceso de Contratación “Adquisición de Tres Equipos de Perforación”, con Código DRCO-CCL-GPE-186-16-PRIMERA CONVOCATORIA, donde se emitió el Informe de Evaluación y Recomendación Final RG-23-A-GCC-CITE No. YPFB-GCC-DRCO-IN-437/16 de 8 de noviembre de 2017, el cual fue observado posteriormente por medios de comunicación y la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB a través del Informe DTC-JUPPD-017/2017 de 13 de marzo, donde se habría evidenciado presuntos hechos irregulares en dicha contratación. Con base en dicha denuncia, la Gerencia de Talento Humano Corporativo de YPFB, emitió el Informe Técnico GTHC/015/17 de 18 de abril de 2017, recomendando que se remita ese Informe Técnico a la Gerencia Legal Corporativa, para que emita el informe legal y el acto administrativo que corresponda; por lo que, el 18 de abril de 2017, se emitió el Informe Legal YPFB/GLC-308-DLGPC-103-ULAJ-172/2017,recomendando remitir antecedentes a conocimiento del Presidente Ejecutivo para que en mérito a las facultades establecidas en el art. 25 inc. d) y l) de los Estatutos de YPFB, aprobados por Decreto Supremo 28324 de 1 de septiembre de 2005, aplique lo dispuesto en el art. 352 del Reglamento Interno de YPFB, y recomendó a la Gerencia de Talento Humano Corporativo cumpla con lo dispuesto por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de YPFB. En ese sentido, el Presidente Ejecutivo a.i. de YPFB Guillermo Achá Morales, mediante Resolución Administrativa PRS 000064 de 18 de abril de 2017, dispuso la suspensión de sus funciones -del ahora demandante de tutela y de otros-, en el marco de lo señalado en el art. 352 de su Reglamento Interno; por lo que, la Gerencia de Talento Humano Corporativo le comunicó que fue suspendido de sus funciones sin goce de haberes a partir de dicha fecha; empero, pese a que fue sancionado de manera ilegal, la Gerencia Legal Corporativa de YPFB, a través de la Dirección Legal General de Procesos Corporativo, emitió el Informe Legal YPFB-DLGPC 247/2018 de 5 de octubre, analizando la denuncia de presuntos hechos irregulares en el proceso de contratación, así como el Informe DTC-JUPPD-017/2017 de 13 de marzo, emitido por la Dirección de Transparencia Corporativa y el Informe Legal CGE/SCSL/L022/N17 de 28 de julio de 2017, de la Contraloría General del Estado, recomendó se remitan antecedentes a la Autoridad Sumariante de YPFB para inicio de un proceso sumario administrativo. Es así que la Autoridad Sumariante de YPFB mediante Auto inicial de Proceso Administrativo ALC 006/2018 de 17 de octubre, instauró proceso sumario administrativo en su contra, aduciendo existir posibles indicios de responsabilidad administrativa, transcribiendo el contenido del Informe de Evaluación y Recomendación Final RG-23-A-GCC-CITE No. YPFB-DRCO-IN-437/16 de 8 de noviembre de 2016 y la normativa aplicable, disponiendo la instauración del proceso sumario en su contra por la presunta comisión y contravención prevista en los numerales 1 y 2 del art. 235 de la Constitución Política del Estado (CPE); art. 14 de la Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-; incs. d) y j) del art. 3 del Decreto Supremo (DS) que regula las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) -DS 0181 de 28 de junio de 2009-; art. 9 del Anexo 1 del previamente citado Decreto Supremo (Imperativos para la Conducta Ética del Servidor Público que interviene en la Contratación de Bienes y Servicios del Estado); incs. a) y b) Unidad Solicitante;
incs. a), b), d) y h) Unidad de Contrataciones, del art. 19.IV del Reglamento de Contrataciones de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero en el marco del Decreto Supremo 26688 de 5 de julio de 2002, y sus modificaciones; inc. e) del art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) concordante con el inc. e) del art. 9 de su Decreto Reglamentario 224 de 23 de agosto de 1943; y, con el inc. e) del art. 136 del Reglamento Interno de YPFB, aprobado por Resolución Ministerial 323/56 de 15 de octubre de 1956 y “Su compromiso personal por hacer lo correcto” del Código de Conducta de YPFB aprobado por Resolución Administrativa PRS 000193 de 4 de octubre de 2011. En el Auto Inicial de Proceso Administrativo ALC 006/2018 no se identificó el hecho generador de la presunta responsabilidad, por lo que mediante nota de 9 de noviembre de 2018, observó los hechos genéricos que se mencionaba en la primera parte considerativa de dicha resolución, pese a no haber participado en ninguna de las etapas de revisión de la documentación presentada por los proponentes en el proceso de contratación mencionado, conforme se hacía referencia en el Informe DTC-JUPPD-017/2017 de 13 de marzo y el Informe Legal CGE/SCSL/L022/N17 de 28 de julio de 2017, donde no se observaba su participación; pero, pese a esa observación, mediante Resolución Final PA-ALC 011/2018 de 19 de noviembre, el Sumariante estableció la existencia de responsabilidad administrativa, disponiéndose la destitución de su cargo y funciones en YPFB, la cual fue ratificada por la Resolución de Revocatoria PA-ALC 001/2019 de 2 de enero, cual fue impugnada a través del recurso jerárquico; que, mediante Resolución de Recurso Jerárquico PRS 000089 de 5 de mayo de 2019, el Presidente Ejecutivo de YPFB evidenciando las arbitrariedades en las que incurrió el Sumariante, dispuso anular obrados hasta la citada Resolución Final PA-ALC 011/2018, por lo que el Sumariante procedió a dictar la Resolución Final PA-ALC 027/2019 de 3 de julio, donde nuevamente estableció la existencia de responsabilidad administrativa con la sanción de destitución, fallo que fue confirmado mediante Resolución de Revocatoria 029/2019 de 28 de noviembre y la Resolución de Recurso Jerárquico PRS 000080-B de 18 de mayo de 2020. En ese contexto, considerando la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales interpuso acción de amparo constitucional, concediéndole la tutela mediante la Resolución 36/2021 de 6 de mayo, dejando sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico PRS 000080-B, para que la autoridad jerárquica resuelva conforme a los lineamientos establecidos en la misma, sobre los reclamos de violación de derechos cumpliendo los principios de legalidad, taxatividad y doble juzgamiento; en razón a ello, el Presidente ejecutivo a.i. de YPFB a cargo en ese entonces, Wilson Zelaya Prudencio, emitió la Resolución Jerárquica PRS 000119 de 5 de agosto de 2021, disponiendo anular la Resolución Final PA-ALC 027/2019 de 3 de julio, a efectos de que la Autoridad Sumariante dicte nueva Resolución; sin embargo, pese a ese lineamiento, lamentablemente la Autoridad Sumariante, mediante Auto Final de Sumario Administrativo Interno AS-DAL 013/2021 de 20 de septiembre, estableció la existencia de responsabilidad administrativa en su contra imponiéndole la sanción de destitución de su cargo y funciones en YPFB; por lo que, interpuso recurso de revocatoria, solicitando la nulidad de obrados hasta el Auto Inicial inclusive; no obstante, el Sumariante mediante Resolución de Recurso de Revocatoria 0012/2021 de 14 de octubre, ratificó el Auto Final de Sumario Administrativo Interno AS-DAL 013/2021; por lo que, al considerarlo arbitrario, interpuso recurso jerárquico contra la precitada Resolución de Revocatoria, solicitando la nulidad de obrados hasta el Auto Inicial inclusive, pues en la misma reclamó la vulneración de sus derechos y garantías, recurso que fue resuelto por el Presidente Ejecutivo de YPFB, quien al igual que la Autoridad Sumariante, sin reparar la vulneración de los derechos y garantías constitucionales, mediante Resolución de Recurso Jerárquico PRS 00036 de 24 de febrero de 2022, dispuso confirmar la Resolución de Recurso de Revocatoria 0012/2021 de 14 de octubre, sin pronunciarse de forma clara y concisa sobre los agravios reclamados por su parte en el recurso jerárquico apartados II, V y IX, tratando de justificar que en el proceso disciplinario en debate se había actuado correctamente, sin reparar las omisiones indebidas en las que incurrió la Autoridad Sumariante de YPFB, lesionándose su derecho al debido proceso en sus vertientes motivación y congruencia omisiva, por la falta de atención de los mismos, dejándole en incertidumbre; teniéndose identificados los siguientes agravios: a) En la Resolución de Recurso de Revocatoria 0012/2021 no se hace mención a la vulneración del principio de legalidad, pese a ello en el Considerando II afirma que la base legal para el inicio de sumario en su contra se encontraría en el art. 29 de la Ley 1178, cuando en ningún momento su persona cuestionó la base legal para el inicio del sumario, pues lo que observó fue la vulneración del debido proceso en sus vertientes defensa, legalidad, taxatividad y tipicidad, por la falta de subsunción de la norma al hecho o acto que presuntamente habría transgredido el ordenamiento jurídico inexistente en el Auto Inicial y la vulneración de los mencionados derechos por la falta de penalidad en la sanción de destitución en el Auto Final, señalando incluso que dicha norma tipifica y sanciona las contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo, cuando dicho precepto no tipifica de ninguna manera hechos y/o actos específicos. Dicha Resolución también sostiene que al ser YPFB una institución pública autárquica cuya relación con sus empleados se rige por la Ley General del Trabajo, entendiéndose que su relación se basaría en un contrato laboral; sin embargo, ello es incongruente, puesto que no se explica qué agravios del recurso de revocatoria fueron resueltos, y además que el contrato de trabajo no forma parte del ordenamiento jurídico administrativo ni mucho menos de las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público -art. 14 del Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública-, razón por la cual no existe el mínimo fundamento de la relación que tuviese dicho contrato con el principio de legalidad; a lo cual, la Resolución de Recurso Jerárquico PRS 00036 de 24 de febrero de 2022, se limitó a señalar que ese agravio no fue reclamado en su recurso de revocatoria, sino en el recurso jerárquico como uno nuevo, por lo que, no se pronunció sobre el mismo; apreciación fuera de lugar, ya que en el apartado II del recurso jerárquico, reclamó que el Sumariante en la Resolución del recurso de revocatoria 0012/2021 no lo absolvió de manera congruente, al contrario, evadió su pronunciamiento, pues introdujo argumentos que no tenían ninguna relación con los cinco agravios del recurso de revocatoria, que de forma arbitraria procedió a desarrollar y explicar la base legal del inicio de sumario dispuesta en la Ley 1178, lo cual en ningún momento fue cuestionado por su persona; así como, tampoco explicó de qué forma la relación de su persona y la institución que se basaría en el contrato de trabajo, tendría relación alguna con los agravios reclamados o cuál de ellos se estaría absolviendo con ese argumento, incongruencias que fueron reclamadas en el recurso jerárquico, considerando que dicha incongruencia emergió justamente en la Resolución de Recurso de Revocatoria 0012/2021; b) Se lesionó el debido proceso en su vertiente defensa y congruencia en la Resolución de Revocatoria, puesto que se indicó que la Resolución PRS 000064 no podía ser tratada en esa vía por haber sido dictada por otra autoridad, cuando en ninguna parte del memorial de recurso de revocatoria se impugnó esta última, por el contrario, en su recurso manifestó que el objeto de esa impugnación administrativa era enmendar la actuación arbitraria en la que incurrió YPFB al haberlo suspendido sin goce de haberes, a sabiendas que la misma no constituye una medida precautoria, sino una sanción; agravio que no fue absuelto de manera coherente, limitándose a señalar que el Sumariado efectuó una transcripción textual de lo expresado en el numeral III de su recurso jerárquico, en ese sentido, corresponde remitirnos a los fundamentos expresados en el considerando IV, señalando que la Resolución PRS 000064, fue emitida bajo el sustento legal del Reglamento Interno de YPFB en el marco de la responsabilidad penal, no en el marco de la responsabilidad administrativa, constituyéndose en una suspensión hasta que se defina en la vía penal su culpabilidad o inocencia; por lo que, no es una resolución sancionatoria, la cual además fue emitida en cumplimiento del Reglamento Interno de YPFB; de esa manera, se convalidó las arbitrariedades en las que incurrió el Sumariante, ya que en el apartado V del recurso jerárquico, reclamó que el citado Sumariante en la Resolución de Recurso de Revocatoria 0012/2021 tergiverso todo el contenido de dicho medio impugnaticio para sustentar lo dispuesto en el Auto Final de Sumario Administrativo Interno AS-DAL 013/2021, dado que introdujo hechos que no fueron reclamados en el precitado recurso; en ese sentido, la Resolución del Recurso Jerárquico PRS 00036 de 24 de febrero de 2022, es incongruente, ya que no se atendió ese agravio, puesto que lo respondido no guarda relación alguna con los cinco agravios reclamados en el señalado medio recursivo; c) La vulneración del debido proceso en su vertiente defensa, legalidad, taxatividad y tipicidad, por la falta de penalidad en la sanción de destitución en el Auto Final de Sumario Administrativo Interno AS-DAL 013/2021, que no fue reparado por la Resolución del Recurso Revocatorio; ante lo cual, la autoridad jerárquica señaló que no se hubiese dado una correcta lectura de la mencionada Resolución, por lo que se remite a los fundamentos expresados en el Considerando II de la misma, evadiendo atenderlo y absolverlo, desconociendo que como MAE tiene la obligación de responder cada uno de los agravios planteados, habiéndose limitado a remitirse a los argumentos de la Resolución de Recurso de Revocatoria 0012/2021; d) La lesión de su derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia en cuanto a la prohibición constitucional de no ser sancionado dos veces por el mismo hecho, principio non bis in ídem, así como al trabajo, estabilidad laboral y a percibir una remuneración justa y equitativa, ya que la autoridad jerárquica ahora demandada, no consideró que fue sancionado dos veces por el mismo hecho, por cuanto mediante la Resolución Administrativa PRS 000064 de 18 de abril de 2017, se dispuso su suspensión de funciones sin goce de haberes a partir del 19 de ese mes y año, encontrándose desde esa fecha sin salarios ni seguro social, sin previo proceso; iniciándole posteriormente un proceso disciplinario, habiéndose emitido el Auto Final del Sumario Administrativo Interno AS-DAL 013/2021, estableciendo la existencia de responsabilidad administrativa e imponiéndole como sanción la destitución de su cargo y funciones; determinación contra la cual, interpuso recurso de revocatoria reclamando la vulneración del principio non bis in ídem, solicitando la nulidad de obrados hasta el Auto Inicial 006/2018, emitiéndose la Resolución de Recurso de Revocatorio 0012/2021, omitiéndose reparar la vulneración reclamada, por lo que interpuso recurso jerárquico solicitando se repare dicha vulneración con la nulidad de obrados hasta el citado Auto Inicial, agravio que tampoco fue reparado por el Presidente Ejecutivo de YPFB, puesto que mediante Resolución de Recurso Jerárquico PRS 00036, dispuso confirmar la Resolución de Revocatoria sin realizar un análisis objetivo del contenido del art. 352 del Reglamento Interno de YPFB; por el cual, se le sancionó con la suspensión de sus funciones sin goce de haberes a través de la Resolución Administrativa 000064, ya que el mismo no se encuentra en armonía con los derechos fundamentales; tampoco se consideró que, la mencionada suspensión de funciones sin el goce de haberes, no constituye una medida cautelar, como erradamente se mencionó en la Resolución de Recurso de Revocatoria 0012/2021, sanción previa e ilegal que se trató de enmendar a través del proceso sumario administrativo, por lo que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia, señalando la autoridad jerárquica que la suspensión de funciones sin goce de haberes y la sanción de destitución se habrían dado en dos escenarios muy diferentes; es decir, en el ámbito Penal y Administrativo, y que la suspensión de funciones sin goce de haberes sería emergente de un proceso penal, sin que dichos aspectos estén previstos en nuestro ordenamiento jurídico vigente, ya que en materia penal como en el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por DS 23318 de 3 de noviembre de 1992, modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 2001, disponen que pueda suspenderse a un funcionario sin el goce de haberes, por habérsele iniciado un proceso penal, por el contrario, el inc. b) del art. 21 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobado por el citado DS 23318 y su modificatorio aprobado por DS 29820 de 26 de noviembre de 2008, establece de forma taxativa que la autoridad sumariante tiene entre sus facultades, disponer como medida precautoria de manera provisional la suspensión del cargo con goce de haberes por un periodo no mayor a noventa días, lo que debió ser aplicado en el caso, no así la suspensión de sus funciones sin el goce de haberes; e) Se vulneró también su derecho al debido proceso en su vertiente defensa, legalidad, tipicidad y taxatividad, por la falta de identificación del hecho generador de la presunta responsabilidad en el Auto Inicial del Proceso Administrativo ALC 006/2018 de 17 de octubre, y la falta de subsunción provisional al ordenamiento jurídico administrativo, toda vez que, la autoridad demandada a tiempo de resolver el recurso jerárquico en los Considerandos VIII y IX de la referida Resolución PRS 00036, convalidó las actuaciones ilegales e indebidas en las que incurrió la Autoridad Sumariante de YPFB al emitir el Auto Inicial de proceso administrativo ALC 0006/2018, al no identificar el hecho generador de la presunta responsabilidad y la falta de subsunción provisional del ordenamiento jurídico al hecho que se le acusa, puesto que respecto a dichos agravios se limitó a referir que su persona habría reconocido la existencia de los hechos reportados en los informes que dieron lugar al inicio del proceso, los cuales eran de su conocimiento y su firma estaría en el Informe de Evaluación Técnica YPFB-GPE-094-DOP-350/2016 y el Informe de Evaluación y Recomendación Final YPFB-GCC-DRCO-IN437/16; y que además, en la parte resolutiva segunda del Auto Final se estableció la tipicidad y en consecuencia la legalidad y taxatividad de la normativa contravenida; sin tomar en cuenta que dichos argumentos, de ninguna manera subsanan la falta de identificación del hecho generador de la presunta responsabilidad, máxime, si de la lectura integra del mencionado Auto Inicial de Proceso Administrativo se puede advertir que el Sumariante se limitó a transcribir en el Considerando I del Informe de Evaluación y Recomendación Final RG-23-A-GCC-CITE No YPFB-DRCO-IN-437/16, el Informe DTC-JUPPD-017/2017 y el Informe Legal CGE/SCSL/L022/N17, en los cuales se hacía conocer únicamente los hechos irregulares que presuntamente se encontraron en el proceso de contratación en cuestión, sin que se identifique en dichos informes observación alguna en su contra, prueba de ello es que en la parte resolutiva del Auto Inicial, la autoridad Sumariante dispuso instaurarle proceso sumario sin que se subsuma a la norma legal, por lo que, no tiene pleno conocimiento del hecho generador de la presunta responsabilidad, subsumida a la normativa presuntamente contravenida, con lo que se le limitó a que asuma estrategias de defensa sobre la supuesta falta por la que se le inicio el proceso, vulneración que inclusive encuentra su fundamento en el Considerando III del Auto Final de Sumario Administrativo Interno AS-AL 013/2021, donde el Sumariante, en lo que respecta a la valoración de la prueba de cargo, realizó observaciones que no le fueron atribuidas en el Auto Inicial del Proceso Administrativo ALC 006/2018; por lo que, de manera aberrante se determinó en su contra la responsabilidad administrativa con la sanción de destitución por la contravención de las normas descritas en el Auto Final de Sumario Administrativo AS-DAL 013/2021, por lo que si bien existieron observaciones que no le fueron atribuidas, de ninguna manera significa se haya subsanado la falta de identificación del hecho generador de la presunta responsabilidad y la subsunción provisional de la misma a la normativa presuntamente contravenida. En ese sentido, la autoridad ahora demandada a tiempo de dictar la señalada Resolución de Recurso Jerárquico PRS 00036 vulneró esos derechos, ya que desde un inicio se le limitó que asuma defensa sobre la supuesta falta atribuida en el Auto final del Sumario Administrativo Interno AS-DAL 013/2021; y, f) Se lesionó su derecho al debido proceso en su vertiente derecho a la defensa, legalidad, tipicidad y taxatividad por la falta de penalidad en la sanción de destitución dispuesta en su contra, extremo reclamado en el recurso jerárquico en su apartado IX; empero, la autoridad demandada se limitó a señalar que de la revisión de antecedentes se evidencia la falta de lectura por parte de su persona de la Resolución de recurso de revocatoria 0012/2021, cuando remitiéndonos a los fundamentos expresados en el Auto Final de Sumario Administrativo Interno 013/2021 se advierte que no se explicó de qué forma se subsumiría el hecho por el cual se lo sancionó a la normativa presuntamente transgredida, tampoco se explica cuáles serían las faltas y sanciones que establecería la normativa presuntamente contravenida, puesto que en el Auto Final de Sumario Administrativo 013/2021 se estableció el nexo causal entre el actuar de su persona y la contravención de todas y cada una de las normas transcritas en el Considerando IV, la subsunción respectiva y demás aspectos, pero de ninguna manera explica cuáles serían las faltas que contemplaría los nums. 1 y 2 de la CPE; los arts. 14 y 38 de la Ley 1178; el inc. a) del art. 19.IV del Reglamento de Contrataciones de Bienes y Servicios Especializados en el extranjero en el marco del Decreto Supremo 26688 y sus modificaciones de YPFB; los incs. d) y j) del art. 3 del Decreto Supremo 0181, y el enunciado “Su compromiso personal por hacer lo correcto” del Código de Conducta de YPFB y cual la sanción que estipularía dicha normativa como lógica consecuencia; tampoco, se explica la relación de causalidad que existiese entre la falta y la sanción que ameritaría la destitución prevista en dichas normas; vale decir, la calificación de la conducta que se constituya como grave y por lo tanto pasible a la sanción de destitución, exponiéndose únicamente un criterio sesgado por el Sumariante, quien califica de manera subjetiva la supuesta conducta como grave, misma que no obedece a una disposición normativa precisa que así lo determine y se haya atribuido, tampoco la sanción impuesta responde exactamente a la penalidad establecida previamente para la conducta descrita como falta en el ordenamiento legal que se atribuye. Asimismo, en el mencionado Auto Final de Sumario Administrativo 013/2021 se establece la existencia de responsabilidad administrativa por la supuesta contravención de la normativa descrita, la cual en ninguna parte establece la contravención del art. 346 concordante con el art. 136 del citado Reglamento, cuando dichos preceptos no fueron contravenidos, por lo que, su aplicación arbitraria denota que la calificación conferida es subjetiva, puesto que no tiene relación alguna con los supuestos hechos tardíos que se le atribuyen en el Considerando III de esa Resolución. De igual manera, se indica en el Auto Final de Sumario Administrativo que se contravino el Código de Conducta de YPFB y los principios que regulan la función pública, sin tomar en cuenta que dicho instrumento y principios no tipifican la supuesta conducta que se le endosa en el mismo Considerando, por el contrario, dicho Código establece valores y principios que no pueden ser transgredidos ni mucho menos imponerse una sanción por una supuesta transgresión. Así también, en la Resolución de Revocatoria 0012/2021, no se pronunció la razón por la cual en el Auto Final de Sumario Administrativo se le atribuye la contravención de la cláusula novena del contrato de trabajo por tiempo indefinido PRS-DNRH-I068/2010, cuando dicha cláusula no le fue atribuida en el Auto inicial del proceso administrativo, situación que le deja en indefensión absoluta. Pero lo más grave, es que no existe pronunciamiento alguno sobre la normativa que calificaría como falta grave el hecho de que el incumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo se vería agravado en vista de que se habría dado a interior del Comité de Evaluación del proceso de contratación, el cual tenía un valor referencial de más de 150 millones de dólares, hecho que no le fue atribuido de manera específica en el Auto inicial del proceso administrativo.
El peticionante de tutela denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; a la presunción de inocencia, al trabajo, estabilidad laboral y a una remuneración justa y equitativa, a la defensa, legalidad, tipicidad y taxatividad; citando al efecto los arts. 46.I, 48.I, II y III, 49.II y III, 115.I y II, 116.I, 117.I y II, 119.II y 120.II de la CPE.
Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia: 1) Se declare la nulidad de obrados hasta el Auto Inicial del proceso Administrativo 006/2018 de 17 de octubre, inclusive; 2) Se ordene la restitución y reincorporación de su cargo y funciones en YPFB, más el pago de salarios devengados y otros derechos laborales desde la fecha de su suspensión ilegal; y, 3) Se ordene a YPBF se le cancele el pago de indemnización económica.
Efectuada la audiencia de manera virtual de la presente acción tutelar, el 9 de febrero de 2023, según consta el acta cursante de fs. 526 a 536, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogada, se ratificó de manera íntegra en los términos de su acción tutelar y en audiencia, señaló que, seguramente la parte demandada solicitara se declare improcedente la acción de amparo constitucional por la presentación de una anterior; sin embargo, corresponde aclarar que si bien le tutelaron ciertos derechos, los ahora reclamados no, ya que difieren de los anteriores, pues emergen de nuevos actos y resoluciones administrativas que transgreden el orden constitucional, los cuales no pueden ser objeto de queja por su incumplimiento dado que como dijimos estas nuevas arbitrariedades emergen de nuevos fallos administrativos que vulneran sus derechos y garantías, por lo que amerita su protección mediante la presente acción tutelar.
Armin Ludwig Dorgathen Tapia, Presidente a.i. de YPFB, a través de su abogada, en audiencia manifestó que: i) Francisco Velarde fue denunciado penalmente en abril de 2017, por los delitos de incumplimiento de deberes y otros, con un daño económico aproximado de más de $us148 800,60.-(ciento cuarenta y ocho mil ochocientos 60/100 dólares estadounidenses), encontrándose el mismo actualmente en etapa de acusación, producto por el cual, la ex MAE de YPFB en sujeción del art. 352 de su Reglamento Interno, mediante Resolución PRS 000064 de 18 de abril, dispuso la suspensión de funciones del demandante de tutela, paralelamente a este proceso penal se inicia un proceso sumario administrativo en la gestión 2018, en la cual se dispuso su destitución; ii) El solicitante de tutela también interpuso un amparo constitucional y se emitieron las resoluciones de revocatoria en el proceso jerárquico; sin embargo, si no estaba de acuerdo con las mismas bien podía haber acudido a las instancias llamadas por ley, es decir, debió interponer una demanda contenciosa administrativa; iii) En cuanto a la vulneración del principio non bis in ídem denunciado por la parte ahora accionante, cabe señalar que así como indicó que fue suspendido en sus funciones y en ese marco se evidenció que la autoridad sumariante en su Resolución de Revocatoria 0012/2021 de 14 de octubre, manifiesta dos consideraciones; la primera, que la destitución es el resultado de un proceso administrativo por la contravención del ordenamiento jurídico administrativo y por otra parte, se tiene la suspensión determinada mediante Resolución PRS 000064, que justamente se emitió para evitar un conflicto de intereses por el proceso penal que se inició en contra del impetrante de tutela que actualmente se encuentra en etapa de juicio oral, teniéndose sobre dicho principio la SC 0075/2004-R que estableció que un servidor público puede ser procesado de manera paralela o simultanea por las cuatro responsabilidades sin que ello signifique la vulneración de ese principio; teniéndose además, las SSCC 619/2003 de 8 de mayo y 140/2003-R de 6 de febrero, que determinaron que la investigación penal es independiente de cualquier otro proceso administrativo que se pueda instaurar, dicho de otro modo es independiente de cualquier otro proceso administrativo que se pueda instaurar, dicho de otro modo, no es presupuesto necesario para planear en un proceso penal o investigar la presunta comisión de un delito sobre la existencia de una resolución que declara la inexistencia de la responsabilidad administrativa e inicios de acción penal que no se dieron, por lo que se puede evidenciar que la suspensión de funciones fue producto de un proceso penal y la destitución es producto de un proceso sumario administrativo, entonces no existiría el non bis in ídem; iv) En relación a la falta de congruencia también denunciada por el ahora demandante de tutela, de su petitorio y nexo de causalidad en lo expuesto en todo el memorial del solicitante de tutela y lo expuesto en la presente audiencia, ya que solicita su reincorporación y cancelación de daños y perjuicios, se anule el Auto Sumario, pero no existe coherencia con lo solicitado; v) El peticionante de tutela señala la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente defensa, legalidad, tipicidad y taxatividad, cuando de los antecedentes se tiene que en el proceso interno instaurado contra el ahora accionante, el tenía pleno conocimiento de los hechos que se le estaban denunciando, habiendo asumido defensa, presentó pruebas que están en conocimiento ante sus autoridades; respecto a la falta de tipicidad, el mismo no puede ser objeto de tutela constitucional ya que el impetrante de tutela pretende que sus autoridades valoren como prueba las carpetas del proceso sumario que fueron remitidas a su Tribunal, sin que se haya fundamentado el motivo por el cual se debe eludir la regla general por la que la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar prueba, siendo la misma conferida exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales, lo que hace improcedente la tutela; y, vi) De acuerdo a lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela.
Daniel Alejandro Aguilar Lara, en audiencia señaló que: a) Intervino como Autoridad Sumariante dentro del proceso iniciado contra el demandante de tutela; b) Se adhiere a todo lo argumentado por la abogada apoderada de YPFB; c) Es normal que los sumariados empleen como medio de defensa la falta de tipicidad y materia justiciable, como lo hizo el ahora solicitante de tutela, extremo que fue alegado a lo largo de su proceso sumario, habiendo efectuado transcripciones exactas de su memorial de presentación de descargo, recurso de revocatoria y recurso jerárquico, extremo que además fueron resueltos en sede administrativa, siendo respondidos de manera clara y precisa tanto por su persona como por la autoridad jerárquica en su momento, ya que el peticionante de tutela hizo un uso completo e irrestricto de todos los medios de defensa que le franquea el ordenamiento jurídico administrativo en el ejercicio de esos medios de defensa, tal es así que de su mismo memorial de demanda de la presente acción tutelar se identificaron los agravios y como se le respondió así, como también, como es que cree que debería habérsele respondido, lo que demuestra que no se trata de una incongruencia omisiva o que de alguna forma el presidente ejecutivo o el suscrito sumariante en algún momento no hubieran respondido algún agravio o no hubieran valorado algún elemento de prueba que se haya pretendido hacer valer, lo que sucede es que no está de acuerdo con la interpretación legal del art. 29 y 34 de la Ley 1178, tampoco está de acuerdo con que se determine que de conformidad al art. 38 de la citada norma, sea responsable el ahora impetrante de tutela por todos los documentos que suscribe, no estar de acuerdo con esa interpretación, no es lo mismo que violar derechos y garantías constitucionales, lo que nos lleva a señalar que el nombrado confundió la jurisdicción constitucional con una etapa casacional o de revisión adicional dentro del proceso sumario administrativo y lo que pretende es que se revise la prueba aportada en el proceso, que dicho sea de paso es coherente, precisa y atinente a los cargos que se le imputaron en el auto inicial de sumario administrativo; d) El proceso sumario se realizó en torno a la suscripción de un informe dentro de un proceso de contratación y ese informe ya existe y ya salió a la vía jurídica, fue analizado y observado, sosteniendo YPFB que en la suscripción de ese informe se contravino el contrato de trabajo y el ordenamiento jurídico administrativo, situación que no variará porque es cierta clara y evidente, por lo que la acción de autos carece de relevancia constitucional y no podría llegar a ser más que una apariencia de supuesta reivindicación de derechos y garantías constitucionales porque nunca se contravinieron; y, e) Por lo expuesto solicitó se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 08/23 de 9 de febrero de 2023, cursante de fs. 530 vta. a 536, denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: 1) La presente acción está dirigida contra la autoridad jerárquica de YPFB, por la misma razón el control tutelar únicamente puede ser ejercido respecto a la resolución que dicha autoridad hubiere emitido; en ese sentido, teniéndose delimitada la problemática, no corresponde aplicar la subregla de improcedencia del amparo sobre otro amparo, ello debido a que se indicó que existiría una anterior acción de amparo constitucional presentada, pues en esta última no se consideró la Resolución jerárquica objeto de autos; 2) En cuanto a la vulneración del debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación y congruencia, por la falta de atención y pronunciamiento en la Resolución del recurso jerárquico sobre los agravios reclamados en el apartado II, V y IX del referido medio impugnaticio; aclarar que la ausencia de pronunciamiento no es lo mismo que argumentar un erróneo, infundado o deliberado pronunciamiento, teniéndose de ambos agravios -la ausencia de pronunciamiento como un error de pronunciamiento-, son excluyentes entre sí, resultando contradictorio argumentar que no existe un pronunciamiento y a posterior argumentar que el pronunciamiento fue equivocado; teniéndose de la revisión del recurso jerárquico que, se evidencia que la autoridad demandada si emitió un pronunciamiento expreso en cuanto a los mismos, por cuanto la ausencia de pronunciamiento no es evidente; 3) Respecto a la lesión del derecho al debido proceso y la presunción de inocencia en cuanto a la prohibición constitucional de no ser sancionado dos veces por el mismo hecho, así como el derecho al trabajo, estabilidad laboral y a recibir una remuneración justa y equitativa, considera el ahora demandante de tutela que la disposición de suspensión de funciones sin goce de haberes determinada el 18 de abril de 2017, constituye una segunda sanción en virtud de los mismos hechos, tanto en la resolución jerárquica -motivo de la acción tutelar- y la disposición de medidas cautelares en su contra; sin embargo, las medidas cautelares, medidas precautorias o cualquier tipo de medidas que implique un normal desenvolvimiento del desarrollo de un proceso administrativo de ninguna manera puede equipararse a una sanción definitiva cual es la destitución; por lo tanto, lo dispuesto como medida cautelar o provisional, transitoria, instrumental y temporal, no es equiparable a efectos de considerarse una sanción non bis in ídem a la destitución concretada por resolución jerárquica, por lo que, no corresponde tutelar el segundo agravio; 4) Sobre la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente defensa, legalidad, tipificada y taxatividad por falta de identificación del hecho generador de la presunta responsabilidad del auto inicial de proceso administrativo y la falta de subsunción provisional al ordenamiento jurídico administrativo referidos por el solicitante de tutela; corresponde aclarar que la facultad de subsunción se encuentra envestida en la autoridad sumariante y no así en la autoridad jerárquica; agravio que se encuentra vinculado al que argumenta también una lesión al debido proceso en sus elementos defensa, legalidad, tipicidad y taxatividad, pero esta vez por falta de penalidad en la sanción de destitución en la resolución final; en ambos escenarios, el peticionante de tutela invoca que la adecuación de los hechos administrativos al tipo administrativo sumario, así como la sanción que deviene de aquella investigación, son atípicos ya que no se adecuan a los elementos constitutivos ni tampoco al quantum sancionatorio; en ambos aspectos, resulta imperativo verificar si se cumplieron o no los principios catalogados en las autorestricciones de la jurisdicción constitucional, teniéndose al respecto la SCP 0008/2018-S4 de 6 de febrero, que estableció, referente al primer supuesto que es identificar porque la interpretación realizada resulta absurda, ilógica o con error evidente, identificando en su caso las reglas de interpretación que fueron omitidas por la objetada autoridad con aquel análisis, y el segundo presupuesto, identificar derechos garantías o principios vinculados a que derechos o garantías hubieren sido vulnerados por el intérprete con aquel análisis; y el tercer elemento es fundar el nexo de causalidad entre la errónea interpretación y los derechos lesionados y cual el correcto análisis a la luz de los cánones constitucionales según la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre; y, 5) Ese Tribunal encuentra ausente cual es la correcta interpretación que considera debió asignarse a aquel trabajo intelectivo de taxatividad a efectos de tipificar la acción al tipo administrativo disciplinario, ahora ya sancionado, “pero además de ese elemento parcial el tercero del principio de auto restricciones” (sic), ese Tribunal tampoco evidenció que la parte accionante haya establecido cual es la “correcta”, absurda o ilógica interpretación realizada por la autoridad jerárquica, como no se identificó las reglas de interpretación que fueron omitidas con aquel análisis; en cuanto al segundo presupuesto, el impetrante de tutela las omitió con aquella interpretación; en cuanto al segundo presupuesto, la parte accionante plenamente cumplió; es así que, al haber concluido con el primero y el tercero parcialmente, y el segundo totalmente, ese Tribunal mal podría ingresar a verificar cuestiones que son facultad privativa de la jurisdicción ordinaria sin encontrarse munido de esos presupuestos, es así que habiendo abordado todos y cada uno de los agravios fundados por el demandante de tutela y no concurriendo ninguno de ellos, cualquier otra consideración de orden jurídico constitucional resulta estéril.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Inicial de Proceso Administrativo ALC 006/2018 de 17 de octubre, la Autoridad Sumariante de YPFB, resolvió instaurar proceso administrativo interno contra David Francisco Valverde Sejas, ahora solicitante de tutela, como miembro parte del Comité de Licitación en el proceso de contratación “Adquisición de tres equipos de perforación”, Código DRCO-CCI-GPE-186-16, por existir indicios de supuesta responsabilidad administrativa en contravención a:
- Los nums. 1 y 2 del art. 235 de la CPE
- El art. 14 de la Ley 1178
- Los incs. d) y j) del art. 3 del Decreto Supremo 0181; inc. a) del art. 9 de los “Imperativos Para la Conducta Ética del Servidor Público que Interviene en la Contratación de Bienes y Servicios del Estado” del Anexo 1 del citado Decreto Supremo
- Los incs. a) y b) -Unidad Solicitante-; los incs. a), b) d) y h) -Unidad de contrataciones- del parágrafo IV del art. 19 del Reglamento de Contrataciones de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero en el marco del Decreto Supremo 26688 y sus modificaciones - El inc. e) del art. 16 de la Ley General del Trabajo, concordante con el inc. e) del art. 9 del Decreto Reglamento 224 y con el inc. e) del art. 136 del Reglamento Interno de YPFB, aprobado por Resolución Ministerial 323/56
- El enunciado subtitulado “Su compromiso personal por hacer lo correcto” del Código de Conducta de YPFB Corporación, aprobado por Resolución Administrativa PRS 000193 de 4 de octubre de 2011 (fs. 8 a 33). II.2. Mediante la Resolución Final PA-ALC 027/2019 de 3 de junio, se determinó la existencia de responsabilidad administrativa del ahora peticionante de tutela por omisión del ordenamiento jurídico previsto en el art. 14 de la Ley 1178, incs. a) y b) (Unidad Solicitante), incs. a), b) y h) (Unidad de Contrataciones) del parágrafo IV del art. 19 del Reglamento de Contrataciones de Bienes y Servicios Especializados en el extranjero en el marco del DS 26688 y sus modificaciones y el Código de Conducta de YPFB aprobado por la Resolución Administrativa PRS 000193 en la parte relativa a “Su Compromiso personal por hacer lo correcto”; normativa concordante a lo previsto en los numerales 1 y 2 del art. 235 de la CPE; los incs. d) y j) del art. 3, inc. a) del art. 9 del Anexo 1 del DS 0181; determinación adoptada en virtud a la suficiente prueba de cargo, disponiéndose al efecto como sanción su destitución de su cargo y funciones en YPFB (fs. 89 a 107). II.3. Cursa Resolución de recurso jerárquico PRS 000119 de 5 de agosto de 2021, a través de la cual el Presidente Ejecutivo Interior de YPBF -en cumplimiento de la Resolución 36/2021 de 6 de mayo, emitida por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, que concedió la acción de amparo constitucional interpuesta por el impetrante de tutela, consecuentemente, dejo sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico PRS 000080-B de 18 de mayo de 2020-; resolvió anular la Resolución Final PA-ALC 027/2019 de 3 de julio, disponiendo que la Autoridad Sumariante de YPFB dicte una nueva Resolución guardando especial cuidado respecto de los principios de legalidad, taxatividad y nom bis in ídem (fs. 108 a 113). II.4. A través del Auto Final de Sumario Administrativo Interno AS-DAL 013/2021 de 20 de septiembre, emitido por la Autoridad Sumariante Titular de YPFB -en cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico PRS 00019 de 5 de agosto de 2021-, declaró improcedente la nulidad impetrada por el sumariado ahora demandante de tutela, determinando la existencia de responsabilidad administrativa del nombrado, por haber suscrito el Informe de Evaluación Técnica YPFB-GPE-094-DOP-350/2016 de 24 de octubre y el Informe de Evaluación y recomendación Final YPFB-GCC-DRCO-IN437/16 de 8 de noviembre de 2016 y realizar la evaluación de la propuesta técnica-verificación financiera del proponente, DRIMEC SPA, sin tener en cuenta, advertir y/u observar que en el Formulario C-6 Resumen de Capacidad Financiera figura la Razón Social Drillmec Drilling Technologies, sin embargo, en su condición de miembro del Comité de Licitación, asigna un puntaje en la verificación de índices financieros de la Empresa DRILLMEC SPA, contraviniendo de esta forma las siguientes normas:
- Los núm. 1 y 2 del art. 235 de la CPE
- El art. 14 de la Ley 1178
- Inc. a) del parágrafo IV del art. 19 del Reglamento de contrataciones de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero en el marco del Decreto Supremo 26688 y sus modificaciones de YPFB
- El inc. a) del art. 9 de los Imperativos Para la Conducta del Servidor Público que Interviene en la Contratación de Bienes y Servicios del Estado del Anexo 1 del Decreto Supremo 0181
- El enunciado subtitulado “Su Compromiso personal por hacer lo correcto” del Código de Conducta de YPFB Corporación aprobado por Resolución Administrativa PRS 000193 de 4 de octubre
- La Clausula novena del Contrato de trabajo, por tiempo indefinido PRS-DNRH-I-068/2010. Por la gravedad de la contravención, así como los resultados que devinieron de los actos del Sumario y de conformidad a lo previsto por los arts. 28 y 29 de la Ley 1178 y los arts. 346 y 136 del Reglamento Interno de YPFB, se le impuso la sanción de destitución de su cargo y funciones en YPFB, a ejecutarse una vez que la presente resolución adquiera ejecutoria (fs. 116 a 122 vta.). II.5. El solicitante de tutela, por memorial presentado el 4 de octubre de 2021, ante la Autoridad Sumariante de YPFB del departamento de La Paz, interpuso recurso de revocatoria contra el Auto Final de Sumario Administrativo Interno AS-DAL 013/2021 (fs. 125 a 135 vta.). II.6. Por Resolución de Recurso de Revocatoria 0012/2021 de 14 de octubre, la Autoridad Sumariante de YPFB, resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución Final AS-DAL 013/2021 de 20 de septiembre (fs. 136 a 142). II.7. Por memorial de 3 de noviembre de 2021, el ahora peticionante de tutela, presentó recurso jerárquico contra la Resolución de Recurso de Revocatoria 0012/2021, ante la Autoridad Sumariante de YPFB (fs. 145 a 158 vta.). II.8. A través de la Resolución de recurso jerárquico PRS 00036 de 24 de febrero de 2022, el Presidente Ejecutivo a.i. de YPFB confirmó la Resolución de Recurso de Revocatoria 0012/2021 de 14 de octubre (fs. 178 a 200 y 402).
Tribunal Constitucional Plurinacional se evidenció el Expediente 41037-2021-83-AAC, correspondiente a la acción de amparo constitucional interpuesto por David Francisco Valverde Sejas contra Wilson Zelaya Prudencio, Presidente Ejecutivo a.i. de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Y.P.F.B, en el que se denuncia la lesión de sus derechos al “al debido proceso, en cuanto a la prohibición constitucional de no ser sancionado dos veces por el mismo hecho ‘non bis in ídem’ y la presunción de inocencia; así como en su vertiente derecho a la defensa por falta de identificación del hecho o acto que presuntamente habría transgredido el ordenamiento jurídico; asimismo, en su vertiente de legalidad, taxatividad y tipicidad por falta de subsunción de la norma al hecho o acto y por falta de penalidad en la sanción de destitución; y, el derecho al trabajo, estabilidad laboral y a recibir una remuneración justa y equitativa”(sic); solicitando: i) La nulidad de obrados hasta el Auto Inicial de Proceso Administrativo ALC 006/2018 de 17 de octubre, inclusive; y, ii) La restitución y reincorporación a su cargo y funciones en YPFB, más el pago de salarios devengados y otros derechos laborales desde la fecha de la suspensión ilegal; acción de defensa que fue resuelta a través de la SCP 0353/2022-S1 de 2 de junio, por la que se confirma en parte la Resolución 36/2021 de 6 de mayo y en el fondo se concedió la tutela impetrada, en relación a la tercera y cuarta problemática en relación al debido proceso en sus vertientes defensa, legalidad, taxatividad y tipicidad; y, denegó la tutela solicitada en cuanto a los demás derechos considerados como lesionados.
El impetrante de tutela denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, a la presunción de inocencia, al trabajo, estabilidad laboral y a una remuneración justa y equitativa, a la defensa, legalidad, tipicidad y taxatividad; toda vez que, la autoridad demandada a través de la Resolución de Recurso Jerárquico PRS 00036 de 24 de febrero de 2022, confirmó la Resolución de Recurso de Revocatoria 0012/2021 de 14 de octubre, que a su vez confirmó la Resolución Final AS-DAL 013/2021 de 13 de septiembre, que determinó la existencia de responsabilidad administrativa del nombrado y lo sancionó con la destitución de su cargo y funciones en YPFB, sin tomar en cuenta que: a) El objeto del proceso administrativo era enmendar la actuación arbitraria en la que incurrió YPFB al haberlo suspendido sin goce de haberes a través de la Resolución PRS 000064, de esa manera se convalidaron las arbitrariedades en las que incurrió el Sumariante; b) La falta de penalidad en la sanción de destitución debido a que en el Auto Final no se explica cuáles serían las faltas y sanciones que establecerían la normativa transgredida y la subsunción de dicha norma que ameritaría la sanción de destitución; c) Fue sancionado dos veces por el mismo hecho, por cuanto mediante la Resolución Administrativa PRS 000064 se dispuso su suspensión de funciones sin goce de haberes sin previo proceso, iniciándole posteriormente un proceso disciplinario, habiéndose emitido el referido Auto Final del Sumario Administrativo Interno AS-DAL 013/2021, estableciendo la existencia de responsabilidad administrativa imponiéndole como sanción la destitución de su cargo y funciones; y, d) Desde el inicio del proceso administrativo se reclamó la omisión de la identificación del hecho generador de la presunta responsabilidad en el Auto Inicial del sumario administrativo. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán el siguiente tema: 1) La improcedencia de activar otra acción de amparo cuando existe sentencia constitucional en un primer amparo, del cual emerge el que se interpone; y, 2) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, desarrolló el siguiente razonamiento: La improcedencia de activar otra acción de amparo constitucional cuando existe sentencia constitucional de un primer amparo del cual emerge el que se interpone, es otra causal de improcedencia de esta acción tutelar que se suma a las previstas en el art. 53 del CPCo, cuyo origen tiene construcción jurisprudencial, con dos subreglas relevantes sistematizadas en la SCP 0157/2015-S3 de 20 de febrero, como son: i) Es improcedente peticionar a través de otra acción de amparo constitucional u otra acción de defensa, el cumplimiento de una resolución constitucional de amparo o de otra acción de defensa -incluye la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional- o en su caso denunciar su incumplimiento; y, ii) Es improcedente, a través de otra acción de amparo u otra acción de defensa, impugnar o cuestionar total o parcialmente decisiones o resoluciones de autoridades o personas particulares emergentes del cumplimiento -parcial, distorsionado o tardío- de las resoluciones constitucionales -incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional-. En ambos supuestos, las partes accionante o demandada, aún ya exista sentencia constitucional pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional deben acudir ante el mismo juez o tribunal de garantías que emitió la resolución constitucional inicial, de acuerdo a lo dispuesto por lo que no es de aplicación al caso de Autos, el recurso previsto por el Art. 18 carta fundamental del País". Entendimiento, que fue reiterado en las SSCC 0992/2000-R, 0477/2001-R, 1005/2003-R, entre muchas otras. Del mismo modo, la SC 0129/2010-R de 10 de mayo, sostiene: “Toda vez que otro de los puntos denunciados por el accionante es que la autoridad demandada supuestamente se niega a dar cumplimiento a la SC 1077/2006-R de 28 de noviembre, y señala (…) `…en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de habeas corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso extraordinario, sino que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, que será ante el cual se solicitará se haga cumplir el fallo constitucional…´”. Así también, la SCP 0008/2012 de 16 de marzo, indica que: “…cuando las autoridades accionadas no dan cumplimiento a lo dispuesto por el juez de garantías, dentro de acciones de libertad o amparo constitucional, el accionante debe acudir ante el mismo juez de garantías que emitió la resolución, o en su caso a la vía ordinaria para hacer cumplir la misma; puesto que no corresponde presentar una nueva acción tutelar contra las mismas autoridades ya demandadas en una acción tutelar anterior”. La SCP 0344/2012 de 22 de junio, también resaltó la ineficacia de la acción de amparo constitucional para el cumplimiento de otro amparo, refiriendo que: “Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, cabe mencionar la jurisprudencia constitucional que fue emitida con anterioridad en supuestos similares. Así se tiene que la SC 0591/2010-R de 12 de julio, refiriéndose a la falta de idoneidad en la presentación de una acción tutelar para lograr el cumplimiento de resoluciones de hábeas corpus -hoy acción de libertad- y amparo constitucional, señaló: 'Las resoluciones de la jurisdicción constitucional, deben ser cumplidas a través de los mecanismos que franquea la ley, no pudiendo activarse la acción de amparo constitucional, con el único fin de buscar el cumplimiento de las resoluciones pronunciadas en un anterior amparo constitucional'”. Siguiendo el entendimiento establecido por la jurisprudencia constitucional, la SCP 0243/2012 de 29 de mayo, también manifiesta que sobre el supuesto incumplimiento a resoluciones pronunciadas en acciones tutelares: “`Este Tribunal en su amplia jurisprudencia estableció que ante la eventualidad de un acto de resistencia, desobediencia o incumplimiento de una Sentencia Constitucional, el accionante debe acudir ante el Juez o Tribunal que conoció la acción tutelar, por ser ésa autoridad la llamada a hacer cumplir sus propias determinaciones´. Así en la SC 0129/2010-R de 10 de mayo, señaló: 'Toda vez que otro de los puntos denunciados por el accionante es que la autoridad demandada supuestamente se niega a dar cumplimiento a la SC 1077/2006-R de 28 de noviembre, y señala que por ello, ha adecuado su conducta al ilícito de desobedecimiento a la resoluciones en procesos de recursos de hábeas corpus y amparo constitucional, por lo que debe ser puesto a disposición del Ministerio Público y del juez en lo penal; cabe señalar que por regla general: «…en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de hábeas corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso extraordinario, sino que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, que será ante el cual se solicitará se haga cumplir el fallo constitucional…», entendimiento que se puede encontrar en la SC 1198/2006-R de 28 de noviembre…'”. 2En esa línea de razonamiento, la SC 1387/2001-R de 19 de diciembre, expresa: "…este Tribunal reitera la jurisprudencia establecida en la Sentencia Constitucional Nº 1190/01-R en el sentido de que los jueces y tribunales, en este caso, de Hábeas Corpus deben rechazar in límine y no admitir los Recursos de Hábeas Corpus o Amparo Constitucional en aquellos casos en los que sean planteados impugnando y persiguiendo la modificación o anulación de una Resolución Constitucional (Sentencia, Auto o Declaración), en virtud del principio de la cosa juzgada constitucional previsto por los arts. 121-I de la Constitución y 42 de la Ley Nº 1836" (el resaltado es nuestro). Así, la SC 0473/2003-R de 9 de abril, establece que toda decisión asumida -por una autoridad o persona particular- en estricto cumplimiento de un una resolución constitucional -emitida por el Tribunal de garantías o Tribunal Constitucional- es inimpugnable a través de otra acción de defensa: “Por lo anotado y sin entrar a mayores consideraciones de orden legal se evidencia que la autoridad recurrida, no ha vulnerado los derechos que se invocan en el recurso, por cuanto ha actuado en cumplimiento al mencionado fallo constitucional que no puede ser objeto de cuestionamiento por mandato del art. 121.I) CPE que declara la irrevisabilidad de las Sentencias del Tribunal cuando dispone que: `contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso ulterior alguno´, norma dentro de cuyos alcances se tiene el art. 42 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) que dice: `Las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recurso alguno´. Las citadas normas legales -en consecuencia- dan a las sentencias constitucionales la calidad de cosa juzgada. En este sentido el recurrente al interponer el presente amparo estaría buscando contrariar los alcances de la SC 0077/2003-R, pretensión que resulta inadmisible por las razones legales expuestas” (las negrillas son nuestras). Con el mismo criterio, la SC 0163/2004-R de 4 de febrero, determina que: “…en cuanto concierne al procedimiento de los recursos de amparo, el Constituyente como el legislador, han previsto la revisión de las sentencias por este Tribunal, de modo que cuando éste se pronuncia, concluye el proceso constitucional; empero antes de ello, el proceso en recurso de amparo se encuentra pendiente, lo que significa que cualquier decisión que se hubiere tomado en ese ínterin y que las partes consideraran indebidas no pueden ser denunciadas a través de otro amparo, dado que se tendrá que esperar el fallo definitivo que goza de calidad de cosa juzgada material” (el resaltado es nuestro). Entendimiento jurisprudencial, que también se puede encontrar en las SSCC 0541/2003-R, 0542/2003-R, 0929/2003-R, entre otras.
en el art. 40.II del CPCo, que señala: “La Jueza, Juez o Tribunal en Acciones de Defensa, para el cumplimiento de sus resoluciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal, adoptará las medidas que sean necesarias, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública y la imposición de multas progresivas a la autoridad o particular renuente”; y, lo indicado en el art. 16 del mismo cuerpo normativo, que cita: “I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción; II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida…”. En efecto, de lo previsto en el art. 40.II del CPCo, se concluye que el juez o tribunal de garantías tiene competencia a denuncia de parte -accionante, demandada y también de manera excepcional, los terceros interesados, cuando el objeto de reclamación sea semejante al que motivó la tutela solicitada con anterioridad, [SCP 0139/2016-S3 de 27 de enero]- de remitir al renuente de las sentencias constitucionales al Ministerio Público, para su procesamiento penal por desobediencia a resoluciones en acciones de defensa, conforme lo establecido en el art. 179 bis del Código Penal (CP) modificado por la Disposición Final Cuarta del CPCo, desobediencia que puede ser total, parcial o de presentarse un cumplimiento distorsionado de la sentencia constitucional, caso en el cual se daría el supuesto de obediencia distorsionada del fallo constitucional. Asimismo, la previsión contenida en el art. 16 del CPCo, posibilita a las partes -accionante, demandada y terceros interesados, en el supuesto señalado anteriormente- a exigir el cumplimiento de una sentencia constitucional en la fase de ejecución de la misma, a través de una solicitud de cumplimiento ante el juez o tribunal de garantías que conoció y resolvió la acción primariamente; o en su caso, una denuncia de incumplimiento, total, parcial, distorsionada o tardía de la sentencia constitucional plurinacional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo la denominación de queja por incumplimiento, caso en el cual puede hacer materializar sus sentencias directamente, cuando los jueces y tribunales de garantías no pudieron hacerlas cumplir, o sus medidas a ese efecto fueron insuficientes o ineficaces, supuesto en el cual puede tomar una decisión complementaria de oficio o a pedido de parte, que haga cesar la violación del derecho protegido. En razón a los remedios procesales idóneos que existen, esta línea jurisprudencial impide abrir una cadena interminable de acciones de defensa, porque desde el punto de vista práctico, una concesión de tutela perdería su efectividad en su cumplimiento, pues quedaría indefinidamente postergada hasta que la parte demandada convertida eventualmente en accionante presente otra acción de defensa contra la sentencia constitucional que le fue adversa, buscando que la justicia constitucional le otorgue razón, eventualidad, en la que el accionante original continuaría con la misma cadena de tutela hasta volver a obtenerla. De ahí, que la línea jurisprudencial citada precedentemente tiene la finalidad esencial de resguardar y proteger la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales, siendo un derecho fundamental que emerge a su vez del derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia constitucional; así como de resguardar la inmutabilidad e irrevisabilidad de la cosa juzgada constitucional, que se presenta cuando existe identidad de objeto, sujeto y causa; es decir, identidad entre el problema jurídico resuelto en un primer amparo con el problema jurídico del segundo amparo; cosa juzgada que se encuentra prescrita en los art. 203 de la CPE, que señala que contra las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional “…no cabe recurso ordinario ulterior alguno” y 16 del CPCo; pues se desnaturalizaría ese mandato, si se pretendería reabrir el debate en la justicia constitucional sobre el mismo problema jurídico constitucional ya resuelto, quedando afectado el principio de seguridad jurídica. En ese orden de ideas, se aclara que el cumplimiento de una sentencia constitucional tiene carácter principal, pues es la esencia misma de una acción de defensa, en cambio el proceso penal por desobediencia a resoluciones constitucionales es una figura distinta, que puede seguirse de manera separada a la ejecución de la sentencia constitucional, pues tiene la finalidad de imponer una sanción penal al reticente que debe cumplir la orden adoptada. De ahí, que es posible dentro de la propia jurisdicción constitucional exigir a la autoridad o el particular que hubiere sido declarado responsable de la violación o amenaza a derechos fundamentales o garantías constitucionales a cumplir la orden en los términos pronunciados por la sentencia constitucional, independientemente a iniciar un proceso penal por desobediencia a resoluciones constitucionales.
El demandante de tutela denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, a la presunción de inocencia, al trabajo, estabilidad laboral y a una remuneración justa y equitativa, a la defensa, legalidad, tipicidad y taxatividad; toda vez que, la autoridad demandada a través de la Resolución de Recurso Jerárquico PRS 00036 de 24 de febrero de 2022, confirmó la Resolución de Recurso de Revocatoria 0012/2021 de 14 de octubre, que a su vez confirmó la Resolución Final AS-DAL 013/2021 de 13 de septiembre, que determinó la existencia de responsabilidad administrativa del nombrado y lo sancionó con la destitución de su cargo y funciones en YPFB, sin tomar en cuenta que: 1) El objeto del proceso administrativo era enmendar la actuación arbitraria en la que incurrió YPFB al haberlo suspendido sin goce de haberes a través de la Resolución PRS 000064, de esa manera se convalidaron las arbitrariedades en las que incurrió el Sumariante; 2) La falta de penalidad en la sanción de destitución debido a que en el Auto Final no se explica cuáles serían las faltas y sanciones que establecerían la normativa transgredida y la subsunción de dicha norma que ameritaría la sanción de destitución; 3) Fue sancionado dos veces por el mismo hecho, por cuanto mediante la Resolución Administrativa PRS 000064 se dispuso su suspensión de funciones sin goce de haberes sin previo proceso, iniciándole posteriormente un proceso disciplinario, habiéndose emitido el referido Auto Final del Sumario Administrativo Interno AS-DAL 013/2021, estableciendo la existencia de responsabilidad administrativa imponiéndole como sanción la destitución de su cargo y funciones; y, 4) Desde el inicio del proceso administrativo se reclamó la omisión de la identificación del hecho generador de la presunta responsabilidad en el Auto Inicial del sumario administrativo. Habiendo establecido la problemática jurídica del caso de autos, corresponde remitirnos a la documental cursante en obrados; de ello, se tiene que mediante Auto Inicial de Proceso Administrativo ALC 006/2018 de 17 de octubre, la Autoridad Sumariante de YPFB, resolvió instaurar proceso administrativo interno contra David Francisco Valverde Sejas, ahora solicitante de tutela, como miembro parte del Comité de Licitación en el proceso de contratación “Adquisición de tres equipos de perforación”, Código DRCO-CCI-GPE-186-16, por existir indicios de supuesta responsabilidad administrativa en contravención a:
- Los núm. 1 y 2 del art. 235 de la CPE
- El art. 14 de la Ley 1178
- Los incs. d) y j) del art. 3 del Decreto Supremo 0181; inc. a) del art. 9 de los “Imperativos Para la Conducta Ética del Servidor Público que Interviene en la Contratación de Bienes y Servicios del Estado” del Anexo 1 del citado Decreto Supremo
- Los incs. a) y b) –Unidad Solicitante-; los incs. a), b) d) y h) -Unidad de contrataciones- del parágrafo IV del art. 19 del Reglamento de Contrataciones de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero en el marco del Decreto Supremo 26688 y sus modificaciones
- El inc. e) del art. 16 de la Ley General del Trabajo, concordante con el inc. e) del art. 9 del Decreto Reglamento 224 y con el inc. e) del art. 136 del Reglamento Interno de YPFB, aprobado por Resolución Ministerial 323/56 - El enunciado subtitulado “Su compromiso personal por hacer lo correcto” del Código de Conducta de YPFB Corporación, aprobado por Resolución Administrativa PRS 000193 de 4 de octubre de 2011 (Conclusión II.1.). Mediante la Resolución Final PA-ALC 027/2019 de 3 de junio, se determinó la existencia de responsabilidad administrativa del peticionante de tutela por omisión del ordenamiento jurídico previsto en el art. 14 de la Ley 1178, incs. a) y b) (Unidad Solicitante), incs. a), b) y h) (Unidad de Contrataciones) del parágrafo IV del art. 19 del Reglamento de Contrataciones de Bienes y Servicios Especializados en el extranjero en el marco del DS 26688 y sus modificaciones y el Código de Conducta de YPFB aprobado por la Resolución Administrativa PRS 000193 en la parte relativa a “Su Compromiso personal por hacer lo correcto”; normativa concordante a lo previsto en los numerales 1 y 2 del art. 235 de la CPE; y, los incs. d) y j) del art. 3, inc. a) del art. 9 del Anexo 1 del DS 0181; determinación adoptada en virtud a la suficiente prueba de cargo, disponiéndose al efecto como sanción su destitución de su cargo y funciones en YPFB (Conclusión II.2.). Cursa Resolución de recurso jerárquico PRS 000119 de 5 de agosto de 2021 a través de la cual el Presidente Ejecutivo Interior de YPBF -en cumplimiento de la Sentencia 36/2021 de 6 de mayo, emitida por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, que concedió en parte la tutela solicitada por el ahora impetrante de tutela, consecuentemente, dejó sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico PRS 000080-B de 18 de mayo de 2020-; resolvió anular la Resolución Final PA-ALC 027/2019 de 3 de julio, disponiendo que la Autoridad Sumariante de YPFB dicte una nueva Resolución guardando especial cuidado respecto de los principios de legalidad, taxatividad y el non bis in ídem (Conclusión II.3.).
Posteriormente, a través del Auto Final de Sumario Administrativo Interno AS-DAL 013/2021 de 20 de septiembre, emitido por la Autoridad Sumariante Titular de YPFB, declaró improcedente la nulidad impetrada por el sumariado ahora impetrante de tutela, determinando la existencia de responsabilidad administrativa del nombrado, por haber suscrito el Informe de Evaluación Técnica YPFB-GPE-094-DOP-350/2016 de 24 de octubre y el Informe de Evaluación y recomendación Final YPFB-GCC-DRCO-IN437/16 de 8 de noviembre de 2016, y realizar la evaluación de la propuesta técnica-verificación financiera del proponente, DRIMEC SPA, sin tener en cuenta, advertir y/u observar que en el Formulario C-6 Resumen de Capacidad Financiera figura la Razón Social Drillmec Drilling Technologies, sin embargo, en su condición de miembro del Comité de Licitación, asigna un puntaje en la verificación de índices financieros de la Empresa DRIMEC SPA, contraviniendo de esta forma las siguientes normas: - Los núm. 1 y 2 del art. 235 de la CPE
- El art. 14 de la Ley 1178
- Inc. a) del parágrafo IV del art. 19 del Reglamento de contrataciones de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero en el marco del Decreto Supremo 26688 y sus modificaciones de YPFB
- El inc. a) del art. 9 de los Imperativos Para la Conducta del Servidor Público que Interviene en la Contratación de Bienes y Servicios del Estado del Anexo 1 del Decreto Supremo 0181
- El enunciado subtitulado “Su Compromiso personal por hacer lo correcto” del Código de Conducta de YPFB Corporación aprobado por Resolución Administrativa PRS 000193 de 4 de octubre
- La Clausula novena del Contrato de trabajo, por tiempo indefinido PRS-DNRH-I-068/2010. Por la gravedad de la contravención, así como los resultados que devinieron de los actos del Sumario y de conformidad a lo previsto por los arts. 28 y 29 de la Ley 1178 y los arts. 346 y 136 del Reglamento Interno de YPFB, se le impuso la sanción de destitución de su cargo y funciones en YPFB, a ejecutarse una vez que la presente resolución adquiera ejecutoria (Conclusión II.4.). Es así que, el ahora demandante de tutela, por memorial presentado el 4 de octubre de 2021, ante la Autoridad Sumariante de YPFB del departamento de La Paz, interpuso recurso de revocatoria contra el Auto Final de Sumario Administrativo Interno AS-DAL 013/2021 de 13 de septiembre (Conclusión II.5.); mereciendo la Resolución de Recurso de Revocatoria 0012/2021 de 14 de octubre, la Autoridad Sumariante de YPFB, resolvió confirmar en todas sus partes la previamente referida Resolución Final AS-DAL 013/2021 (Conclusión II.6.). Por memorial de 3 de noviembre de 2021, el ahora solicitante de tutela, presentó recurso jerárquico contra la Resolución de Recurso de Revocatoria 0012/2021, ante la Autoridad Sumariante de YPFB (Conclusión II.7.); ante lo cual, a través de la Resolución de recurso jerárquico PRS 00036 de 24 de febrero de 2022, el Presidente Ejecutivo a.i. de YPFB confirmó la Resolución de Recurso de Revocatoria 0012/2021 de 14 de octubre (Conclusión II.8.). A partir de la revisión del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal Constitucional Plurinacional se evidenció el Expediente 41037-2021-83-AAC, correspondiente a la acción de amparo constitucional interpuesto por David Francisco Valverde Sejas contra Wilson Zelaya Prudencio, Presidente Ejecutivo a.i. de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Y.P.F.B, acción de defensa que fue resuelta a través de la SCP 0353/2022-S1 de 2 de junio, por la cual se confirma en parte la Resolución 36/2021 de 6 de mayo y en el fondo se concedió la tutela impetrada, en relación a la tercera y cuarta problemática, en relación al debido proceso en sus vertientes defensa, legalidad, taxatividad y tipicidad, por lo que la autoridad demandada en el plazo de cuarenta y ocho horas, a partir de la notificación con el presente fallo constitucional, emitir una nueva Resolución, cumpliendo con el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, conforme se tiene desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, denegó la tutela solicitada en cuanto a los demás derechos considerados como lesionados (Conclusión II.9.). Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes precedentemente citados, se tiene que el peticionante de tutela a través de la presente acción de amparo constitucional pretende que se vuelvan a revisar las problemáticas planteadas mediante una primera acción de amparo en cuanto a la prohibición constitucional de no ser sancionado dos veces por el mismo hecho “non bis in ídem” y la presunción de inocencia; así como en su vertiente derecho a la defensa por falta de identificación del hecho o acto que presuntamente habría transgredido el ordenamiento jurídico; asimismo, en su vertiente de legalidad, taxatividad y tipicidad por falta de subsunción de la norma al hecho o acto y por falta de penalidad en la sanción de destitución; además de los derechos al trabajo, estabilidad laboral y a recibir una remuneración justa y equitativa; solicitando: i) Se declare la nulidad de obrados hasta el Auto Inicial del proceso Administrativo 006/2018 de 17 de octubre, inclusive; ii) Se ordene la restitución y reincorporación de su cargo y funciones en YPFB, más el pago de salarios devengados y otros derechos laborales desde la fecha de su suspensión ilegal; y, iii) Se ordene a YPBF se le cancele el pago de indemnización económica.
En ese sentido, es aplicable la segunda sub-regla establecida en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que señala que es improcedente a través de otra acción de amparo u otra acción de defensa, impugnar o cuestionar total o parcialmente decisiones o resoluciones de autoridades o personas particulares emergentes del cumplimiento de las resoluciones constitucionales -incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional-; consiguientemente se debe tomar en cuenta que, la Resolución 36/2021 de 6 de mayo emitida por la Sala Constitucional, dejó sin efecto la Resolución Jerárquica 00080-B de 18 de mayo de 2020, motivo por el cual se emitió la Resolución Jerárquica 000119 de 5 de agosto de 2021, misma que anuló la Resolución Final 027/2019, y a partir de ello se emitieron nuevas resoluciones, que confirmaron la destitución del demandante de tutela; por lo que, en el caso concreto, el ahora solicitante de tutela con la interposición de la presente acción de amparo, estaría buscando contrariar los alcances de lo dispuesto en la Resolución 36/2021 de 6 de mayo, dictada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, que fue confirmada en parte por la SCP 0353/2022-S1 de 2 de junio; pretendiendo nuevamente, cuestionar la sanción emitida en su contra, de destitución de su cargo y funciones en YPFB, por la existencia de responsabilidad administrativa, cuando dicha problemática emergente de un proceso administrativo interno ya fue analizada en una anterior acción de amparo constitucional, y justamente fue por determinación constitucional que se llegó a emitir la Resolución Jerárquica 000119 y de la cual devino otras resoluciones conexas, consecuentemente, siguiendo la línea jurisprudencial descrita precedentemente, corresponde denegar la tutela impetrada por el peticionante de tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/23 de 9 de febrero de 2023, cursante de fs. 530 vta. a 536, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada con la aclaración de no haberse ingresado al fondo del problema jurídico planteado. Regístrese, notifíquese y publíquese en Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 En este sentido, el AC 0085/1999-R de 24 de agosto, señala: "…en lo sustancial se tiene que en los casos de 'desobediencia' a las resoluciones dictadas en recursos de Hábeas Corpus y Amparo Constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso, sino la aplicación de las previsiones contenidas en el Art. 179 bis del Código Penal que sanciona con 2 a 6 años de reclusión y multa de cien a trescientos días al 'funcionario o particular que no diere cumplimiento exacto a dichas resoluciones...'; disposición legal que es desarrollo de la previsión constitucional del Art. 18-V de la Constitución Política del Estado, concordante con el Art. 104 de la Ley 1836, todo ello sin perjuicio de la ejecución cabal e inmediata de lo determinado en la Resolución Constitucional correspondiente;
3 El FJ III.1 señala: “Ahora bien, en esta misma línea argumentativa se debe reconocer esta potestad a los terceros interesados. Empero, de manera excepcional, cuando el presunto acto lesivo converja sobre los mismos aspectos tutelados en una antelada acción de defensa, es preciso resaltar que si bien el art. 15.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), expresamente señala que: `Las sentencias declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional…´; circunscribiendo los alcances imperativos de los pronunciamientos constitucionales como la exigencia de su cumplimiento, a las partes -entendiéndose a las mismas en una concepción genérica, al accionante y a los demandados-; sin embargo, a fin de garantizar la eficacia y cumplimiento de los fallos constitucionales, excepcionalmente se reconoce la posibilidad que el tercero ajeno al proceso constitucional, pueda exigir el cumplimiento de una sentencia constitucional, en la cual primigeniamente no fue parte -en un sentido estricto-, posibilidad que únicamente resulta admisible cuando el objeto de reclamación sea semejante al que motivó la tutela solicitada con anterioridad; en pro de la objetivización del proceso constitucional, mismo que no puede en una miopía procesal proteger únicamente la situación individual del accionante, sino que debe evitar la activación recurrente, homogénea y sucesiva que emerja del ejercicio de la jurisdicción constitucional en acciones de defensa, que trasunten en circunstancias análogas de las cuales otra persona -tercero interesado- pueda resultar afectada”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0246_2025-S1.pdf · páginas 1 a 26.
Huella digital del PDF (SHA-256): 639a82d4de857a5136f3f5921cda96bb661778cdc8a71853c166e4ed4ccdb000
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