Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de marzo de 2026
Concede la tutela
La parte accionante alega la vulneración de sus derechos a la vida, integridad física y psicológica, a una vida libre de violencia, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y el principio del interés superior de la niña, niño y adolescente; toda vez que, después de varias insistencias envió memorial el 30 de diciembre de 2025 a la Fiscal de Materia demandada, solicitando medidas de protección de desocupación de su expareja del domicilio conyugal y su correspondiente restitución en el mismo; sin embargo, la autoridad demandada se limitó a remitir dicha solicitud ante el Juez de control jurisdiccional, sin disponer de manera directa e inmediata dichas medidas. Ante ello, la Fiscal de Materia demandada, manifestó que, se activaron desde el primer momento todos los protocolos de protección a mujeres víctimas de violencia, entre ellas la otorgación de medidas de protección consistentes en el alejamiento de su expareja y la prohibición de acercarse a la impetrante de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2026 de 10 de enero, cursante de fs. 234 a 240, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz ; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0245/2026-S2 Sucre, 4 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 81109-2026-163-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03/2026 de 10 de enero, cursante de fs. 234 a 240, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nicole Solíz León por sí y en representación del menor de edad AA contra Vivian Rocío Delgadillo Quispe, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 9 de enero de 2026, cursante de fs. 86 a 97 vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en contra de Hugo Maicol Ardaya Franco -su expareja y padre del menor AA- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 30 de diciembre de 2025, después de varias reiteraciones presentó memorial dirigido a Vivian Rocío Delgadillo Quispe, Fiscal de Materia -ahora demandada-, solicitando con carácter de urgencia la adopción de medidas de protección consistentes en: a) Ordenar la salida y/o desocupación de su expareja del domicilio conyugal; y, b) Disponer su restitución en el mismo, toda vez que habría abandonado dicho inmueble a consecuencia de los hechos de violencia familiar ocurridos en el lugar, para garantizar su vida, integridad física y psicológica, de ella como la de su hijo AA. Sin embargo, la autoridad fiscal demandada respondió después de varias reiteraciones mediante decreto de 31 de igual mes y año, señalando: “…requierase DE OFICIO al Control Jurisdiccional la ampliación de las medidas de protección y sean las solicitadas por la parte denunciante y víctima” (sic), incumpliendo de esta forma su obligación de ordenar ella misma las medidas de protección solicitadas, generando una dilación y retardación de justicia. A raíz de esta situación, la Fiscal de Materia demandada presentó memorial el 31 de diciembre de 2025 ante el Juez a quo, solicitando la modificación de las medidas de protección referidas, añadiendo otras con el propósito de confundir a la autoridad jurisdiccional. Tales actuaciones de la referida Fiscal, ponen en riesgo su vida, así como su integridad física y psicológica, y la de su hijo AA.
Denunció la lesión de sus derechos a la vida, integridad física y psicológica, a una vida libre de violencia, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y el principio del interés superior de la niña, niño y adolescente; citando al efecto los arts. 15, 58, 59, 60 y 115, de la Constitución Política del Estado (CPE); VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); y, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene a la Fiscal de Materia demandada la ejecución inmediata de las medidas de protección, consistentes en ordenar: 1) La salida y desocupación de su expareja del domicilio conyugal; y, 2) Su restitución en el domicilio conyugal, de ella como de su hijo menor de edad AA, con las garantías suficientes para proteger su integridad física y psicológica.
Celebrada la audiencia pública el 10 de enero de 2026, según consta en el acta cursante de fs. 230 a 234, se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia, señaló que: i) Se está solicitando las medidas de protección debido a que la accionante trabaja de cantante y tiene todos sus instrumentos en su domicilio conyugal, por lo tanto, requiere de los instrumentos musicales para que pueda mantener económicamente a su hijo AA, ya que es su único medio de subsistencia; y, ii) El menor de edad AA -de seis años al momento de interposición de la acción de libertad- se encuentra traumado por los actos de violencia suscitados en su hogar, por lo que, hay un daño irreparable por el resentimiento que hay en contra de su padre, por ello, necesita estar en su casa, pero alejado de su progenitor, debido a que se encuentra en su domicilio sus útiles escolares y sus prendas para ir a la escuela.
Vivian Rocío Delgadillo Quispe, Fiscal de Materia, por informe escrito cursante de fs. 223 a 227 y en audiencia de garantías, sostuvo que: a) El 10 de noviembre de 2025 se otorgaron medidas de protección en favor de la accionante, las cuales fueron notificadas al control jurisdiccional en la misma fecha sin recibir observación alguna por la prenombrada; b) Se activó desde el primer momento el protocolo de atención a la mujer víctima de violencia, por lo que, de forma inmediata se informó al Juez a quo del inicio de investigaciones y se emitió medidas de protección como la de prohibición de que su expareja se acerque, concurra o ingrese a su domicilio o lugar de trabajo o de estudios, así como la prohibición de comunicarse, intimidar o molestar a la impetrante de tutela; c) El 31 de diciembre de ese año, solicitó al Juez de la causa la modificación y ampliación de dichas medidas en los mismos términos solicitados por la impetrante de tutela; y, d) La presunta víctima de los hechos de violencia familiar o doméstica es únicamente la peticionante de tutela y no su hijo menor de edad AA, no obstante, se ha requerido un informe psicológico de este último para su valoración por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz, con el fin de determinar una posible ampliación de la investigación.
La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 03/2026 de 10 de enero, cursante de fs. 234 a 240, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Fiscal de Materia demandada emita nuevo pronunciamiento en el plazo de veinticuatro horas en respuesta al memorial de 30 de diciembre de 2025 presentado por la accionante; con base en los siguientes fundamentos: 1) La protección y auxilio inmediato a la víctima son extensibles a hijas e hijos y otras personas dependientes de quienes sufren violencia en razón de género, por lo que, las funciones de los fiscales deben ser enmarcadas según la gravedad y las circunstancias del hecho, por ello se debe buscar prevenir cualquier delito de violencia a las mujeres; y, 2) Las medidas de protección solicitadas por la impetrante de tutela a la Fiscal de Materia, enmarcadas dentro del art. 389 del Código de Procedimiento Penal (CPP), posibilitan a que la autoridad fiscal se pronuncie de forma directa, por lo que se observa un indebido procesamiento por la demandada al emitir su decreto de 31 de ese mes y año. En vía de aclaración, complementación y enmienda, la parte accionante solicitó a la Jueza de garantías complementación respecto a que el memorial de 30 de diciembre de 2025, cuenta con decreto de 31 del citado mes y año, es necesario que pueda dejar sin efecto el referido decreto, a efecto de que la Fiscal de Materia pueda emitir un nuevo pronunciamiento. De igual modo, la parte demandada solicitó aclaración respecto a si la Jueza de garantías dejo sin efecto el aludido decreto. Al respecto, Jueza de garantías, respondió que no se está dejando sin efecto el decreto de 31 de dicho mes y año, lo que si está ordenando es que la autoridad demandada complemente ese decreto tomando en cuenta de que no hubo respuesta a la solicitud de la impetrante de tutela, por lo tanto, debe complementar su decisión en ese sentido.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio (fs. 243 a 248), se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se adjunta memorial de 31 de diciembre de 2025 emitido por Vivian Rocío Delgadillo Quispe, Fiscal de Materia -ahora demandada-, dirigido al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de la Capital del departamento de Santa Cruz, solicitando la modificación y ampliación de las medidas de protección a favor de Nicole Solíz León -hoy accionante-, bajo la siguiente descripción: i) Ordenar la salida y desocupación del agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de la propiedad o posesión del inmueble, así como que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación, debiendo informarse sobre su evolución de su tratamiento; ii) Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes inmuebles; iii) Restituir a la impetrante de tutela al domicilio del cual hubiera sido alejada con violencia, cuando ella lo solicite, con las garantías suficientes para proteger su vida e integridad; iv) Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima; y, v) Ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos a registro del agresor, así como el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar (fs. 43 a 44). II.2. Se adjunta Informe Social de 28 de noviembre de 2025, emitido por Hernán Chungara Guerrero, Trabajador Social del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz, en la que concluye que la accionante se encuentra angustiada y preocupada por los hechos de maltrato físico, psicológico y las amenazas de muerte por parte de su ex pareja y por la cual solicita alejamiento y garantías de medidas de protección (fs. 10 a 14). II.3. Se tiene Informe Psicológico Preliminar de 6 de enero de 2026, emitida por María Regina Roca, Psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del GAM de Santa Cruz, en la que señala que la impetrante de tutela sufre de violencia física y psicológica de parte de su ex pareja y que su hijo menor de edad AA ha presenciado los hechos de violencia, por lo que, solicita a las autoridades protección y alejamiento, ya que, teme por su vida (fs. 15 a 20).
La parte accionante alega la vulneración de sus derechos a la vida, integridad física y psicológica, a una vida libre de violencia, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y el principio del interés superior de la niña, niño y adolescente; toda vez que, después de varias insistencias envió memorial el 30 de diciembre de 2025 a la Fiscal de Materia demandada, solicitando medidas de protección de desocupación de su expareja del domicilio conyugal y su correspondiente restitución en el mismo; sin embargo, la autoridad demandada se limitó a remitir dicha solicitud ante el Juez de control jurisdiccional, sin disponer de manera directa e inmediata dichas medidas. Ante ello, la Fiscal de Materia demandada, manifestó que, se activaron desde el primer momento todos los protocolos de protección a mujeres víctimas de violencia, entre ellas la otorgación de medidas de protección consistentes en el alejamiento de su expareja y la prohibición de acercarse a la impetrante de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En cuanto al tema, la SCP 0886/2025-S1 de 30 de julio, estableció que: "…el deber de los fiscales de otorgar protección a las presuntas víctimas de un delito no es potestativo sino se desprende de la gravedad y circunstancias del propio caso, ello porque por la naturaleza de la noble labor que aceptaron desempeñar se encuentran en posición de garantes respecto a las víctimas, por ello mismo, la adopción de medidas preventivas y de protección, deben ser de oficio, en este sentido, la falta de adopción de medidas preventivas y de celeridad en la investigación de casos de violencia en razón de género no sólo puede pesar en el éxito de la investigación sino provoca desconfianza y descrédito en la justicia (…).
Ahora bien, el estándar de la debida diligencia contempla varios principios generales que deben ser respetados en cualquier sistema jurídico y orientar el desarrollo de las investigaciones, para asegurar un efectivo acceso a la justicia. Tratándose de la violencia contra las mujeres, el derecho internacional ha establecido principios y directrices específicas para el cumplimiento del estándar de la debida diligencia. Estos principios contienen normas mínimas de actuación que deben asegurarse y que en el caso de Bolivia se han incorporado en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348) y la normativa penal vigente, como la Ley 1173. En el marco de lo anotado, para la aplicación de las medidas de protección se deben identificar los factores de riesgo que enfrenta la víctima de violencia, analizando su situación de vulnerabilidad, las características del delito, la relación de dependencia, ejercicio de poder o asimetría entre víctima y el agresor o su familia; y, la conducta exteriorizada por este contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito. A partir de dichos elementos se deberán tomar las medidas que sean necesarias para proteger a la víctima, contempladas en la Ley 348 o, en su caso, las contenidas en la Ley 1173. En ese sentido, las autoridades competentes para la aplicación de medidas cautelares, deben actuar de forma oportuna para efectivizar las medidas de protección otorgadas, así como ante el incumplimiento de las medidas de protección por parte del presunto agresor” (las negrillas nos corresponden).
El caso concreto revela una problemática vinculada al incumplimiento del deber de protección inmediata que corresponde al Ministerio Público frente a situaciones de violencia familiar o doméstica. La accionante solicitó medidas de protección urgentes, consistentes en la salida del agresor del domicilio conyugal y su restitución en el mismo junto a su hijo menor AA, debido a los riesgos para su vida, integridad física y psicológica; sin embargo, la Fiscal de Materia demandada, en lugar de evaluar la urgencia en la imposición de las medidas solicitadas conforme le faculta el parágrafo I del art. 389 ter del CPP e imponerlas en su caso de manera directa, se tiene que derivó la petición al juez de control jurisdiccional alegando que inicialmente ya se habían dispuesto y su modificación debía realizarse por dicha autoridad judicial, sin evaluar si la medida era o no urgente y, por tanto, si le correspondía imponer las medidas solicitadas. En efecto, el parágrafo I del art. 389 ter del CPP, establece: “En casos de urgencia o habiéndose establecido la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima y cuando las circunstancias del caso exijan la inmediata protección a su integridad, las medidas previstas en el Parágrafo I del Artículo precedente podrán ser dispuestas por la o el fiscal, la servidora o el servidor policial o cualquier otra autoridad prevista para la atención a mujeres en situación de violencia y para la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, que tomen conocimiento del hecho…”, decisión que debe ser homologada por la autoridad judicial competente. En este sentido, el deber de los fiscales de otorgar protección a las víctimas no es potestativo, sino que se desprende de la gravedad y circunstancias del caso el cual debe ser evaluado de manera expresa. En este caso, siendo que se alegaba la afectación al derecho a la vida derecho sobre el cual no se aplica la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y permite un análisis directo sobre la omisión denunciada se tiene que si la autoridad demandada consideraba la necesidad de imponer medidas de protección no debió requerir que lo haga a la autoridad de control jurisdiccional, sino que debió disponer las mismas de manera directa e inmediata para resguardar los derechos fundamentales de la accionante y de su hijo menor de edad AA, en especial el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, a una vida libre de violencia todo ello independientemente a su homologación por autoridad judicial competente. La actuación de la Fiscal de Materia demandada, al trasladar la responsabilidad al Juez a quo sin evaluar la urgencia, evidencia un indebido procesamiento y una falta de diligencia que incrementa el riesgo para la víctima y su hijo (Conclusión II.1) y que obliga a este Tribunal a conceder la tutela solicitada de forma que la autoridad demandada evalúe la imposición de medidas urgentes y eficaces para salvaguardar sus derechos durante todo el proceso judicial y en su caso actúe en congruencia imponiendo las mismas conforme establece la norma y la jurisprudencia establecida en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2026 de 10 de enero, cursante de fs. 234 a 240, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz ; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0245_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 11e2aefdbfdf182d3d68c5d0f246c3ba722e030cc3008900c3f986b0adcdc3fc
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