B.IA.LEGAL

SCP 0245/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 16 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
16 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
51107-2022-103-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al acceso a la justicia, todo ello vinculado a su derecho a la libertad; puesto que: 1) El Juez de Instrucción Penal Sexto hoy coaccionado, mediante Resolución 60/2021, determinó su detención preventiva, y aplicando procedimiento inmediato por flagrancia, concedió a la autoridad fiscal el plazo de treinta días para que emita el requerimiento conclusivo; sin embargo, no fijó día y hora de audiencia de consideración de su situación jurídica; y, 2) Asimismo el Juez de Instrucción Penal Séptimo ahora coaccionado, en suplencia legal, no ejerció el control jurisdiccional; y, habiendo sido presentada la acusación formal diecisiete días después del plazo otorgado, la autoridad judicial ante su incumplimiento debió emitir de oficio un auto declarando la extinción de la acción penal, al contrario remitió los antecedentes al Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, cuya titular, ahora accionada, tampoco observó los aspectos mencionados ni otras falencias de procedimiento. Ante ello, únicamente el Juez de Instrucción Penal Séptimo hoy coaccionado, refirió que los ahora accionantes no agotaron el principio de subsidiariedad, ya que, aunque se haya emitido una resolución que ordenó su detención preventiva, sin señalar día y hora de audiencia sobre su situación jurídica, no reclamaron dicha irregularidad en su debida oportunidad, ya sea en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, en audiencia de apelación de medida cautelar planteada por el Min…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en todo la Resolución 504/2022 de 3 de octubre, cursante de fs. 44 a 46 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2º Llamar la atención a Freddy Gastón Choque Cortés, Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, por la razón expuesta en el Fundamento Jurídico III. 4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La apelación incidental prevista por el art. 251 del CPP, como medio idóneo de impugnación: subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  2. III.2. El debido proceso y los presupuestos para su activación a través de la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0245/2025-S2 Sucre, 16 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 51107-2022-103-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 504/2022 de 3 de octubre, cursante de fs. 44 a 46 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Raúl Fernando Ferreira Gonzales en representación sin mandato de Edwin Cori Huaychajiña y Yony Wilson Mamani Huaychajeña contra Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda; Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Penal Sexto; Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo, en suplencia legal de su similar Sexto, todos de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de octubre de 2022, cursante de fs. 1 a 4 vta., los accionantes a través de su representante sin mandato, manifiestan lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, cuya tramitación fue sometida al procedimiento inmediato para delitos flagrantes, mediante Resolución 60/2021 el 24 de marzo, el Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, Jorge Freddy Gutiérrez Ramos -ahora coaccionado-, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento, y ordenó al Ministerio Público que en el plazo de treinta días emita el requerimiento conclusivo, conforme a los arts. 393 bis y 393 ter del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, no convocó a una audiencia de situación jurídica dentro del plazo correspondiente, infringiendo el art. 235 ter del citado Código, ni mucho menos ejerció control jurisdiccional, puesto que ante el incumplimiento del plazo señalado por el Ministerio Público de oficio debió emitir un auto de extinción de la acción penal; ello, considerando que la Resolución de Acusación FEDNPD 11/2021 de 11 de mayo, fue presentada diecisiete días después del término establecido, actuación que permitió se consolidara una detención preventiva prolongada de manera injustificada. Del mismo modo, Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Sexto, -hoy coaccionado- tampoco ejerció el control jurisdiccional correspondiente, quien bajo el principio de revisabilidad, debió haber subsanado las irregularidades y convocado a una audiencia de consideración de su situación jurídica; no obstante, permitió que el plazo de detención preventiva se extendiera más allá de lo legalmente permitido. Por su parte, Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del citado departamento -ahora accionada-, una vez radicada la causa, no revisó adecuadamente el expediente, en razón a que en la etapa preparatoria existe la Resolución 60/2021, en la que no se convocó a una audiencia de situación jurídica; y que el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación incidental, pero la resolución de dicha impugnación no fue adjuntada al cuaderno de juicio. Al respecto, conforme a ley, el Juez de Instrucción, tenía la obligación de sanear el procedimiento antes de su remisión; a pesar de ello, la causa fue radicada por el referido Juzgado de Sentencia, sin considerar que la acusación formal fue presentada fuera del plazo legal establecido en procedimiento inmediato, actuación que evidencia una conducta maliciosa que afecta su derecho a la locomoción y quebrantan los principios éticos y morales inherentes a la función judicial.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al acceso a la justicia, todo ello vinculado a su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 23.I, 115, 120.I, 178.I, y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 2.3 incs. b) y c); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene: a) Que, la Jueza de Sentencia Penal accionada, devuelva el proceso con Código Único de Denuncia (CUD): 201502022101867 al Juez de Instrucción Penal Sexto -coaccionado-, en un plazo de veinticuatro horas, bajo alternativa de ley de dejar sin efecto los actos realizados por dicha autoridad; y, b) Que, el mencionado Juez coaccionado, una vez devuelto el proceso a su despacho: 1) Convoque a una audiencia para considerar su situación jurídica en el plazo de veinticuatro horas, verificando si se presentó la ampliación de detención preventiva antes de los treinta días, en su caso deberá dar cumplimiento a lo establecido en el art. 239.2 del CPP; y, 2) Disponer la extinción de la acción penal, tras haberse verificado que el Ministerio Público presentó su requerimiento conclusivo fuera del plazo de treinta días.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de octubre 2022, según consta en el acta cursante de fs. 39 a 43 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Los peticionantes de tutela a través de su representante sin mandato y abogado, ratificaron los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Sexto, por informe escrito, cursante de fs. 36 a 38, refirió que: i) Los ahora accionantes, no agotaron el principio de subsidiariedad, dado que, aunque se emitió la Resolución 60/2021 disponiendo la detención preventiva de los mismos, sin señalar un día y hora específicos para la situación jurídica de los detenidos preventivos, los precitados no reclamaron esa irregularidad en su debida oportunidad, como es en la audiencia de aplicación de medidas cautelares de 24 de marzo de 2021, de apelación cautelar planteada por el Ministerio Público, ni en la etapa preparatoria de treinta días dispuesta en aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes, como tampoco reclamaron dicha irregularidad después de que se presentó la acusación fiscal y la causa fuera radicada el 28 de mayo del citado año, ante el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del referido departamento, específicamente en la fase preparatoria del juicio oral, ni en el momento de plantear incidentes o excepciones al inicio del juicio oral público y contradictorio; ii) Al respecto, el art. 16 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, establece que: ‘“Las y los magistrados, vocales y jueces deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. La preclusión opera a la conclusión de etapas y vencimiento de plazos”’ (sic); es decir que, para tramitar un incidente por alguna irregularidad, esta debe ser reclamada oportunamente, lo cual no ocurrió en este caso; incluso, habría operado la preclusión y convalidación de actos procesales, ya que se solicitó la cesación de la detención preventiva en tres oportunidades; iii) Asimismo, con relación a la oportunidad de plantear incidentes, de acuerdo a lo establecido en los arts. 167.III, 314. 315, 344 y 345 del CPP, se tiene que cualquier irregularidad que vulnere derechos puede ser planteada en la etapa preparatoria, en la fase preparatoria del juicio o al inicio del juicio oral, ante el tribunal o juez competente; sin embargo, en el presente caso, no se presentó el reclamo ante el juzgado donde radicaba la causa, sino que se acudió directamente a la vía constitucional sin realizar el reclamo correspondiente; y, iv) Por lo expuesto, no corresponde la nulidad de obrados, al encontrarse el proceso penal a finales del juicio oral público y contradictorio; en todo caso, la resolución de la situación jurídica de los detenidos preventivos, o la cesación de la detención preventiva, estando radicado la causa con acusación formal, corresponde resolver a la Jueza de Sentencia Penal accionada; correspondiendo “negar” la tutela solicitada, por convalidación de actos, y por no haberse agotado el principio de subsidiariedad. Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda y Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Penal Sexto, ambos de El Alto del departamento de La Paz, no remitieron informe alguno ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a sus notificaciones cursantes a fs. 29.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 504/2022 de 3 de octubre, cursante de fs. 44 a 46 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Jueza de Sentencia accionada, remita obrados ante el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de El Alto del referido departamento, quien deberá señalar en el plazo de veinticuatro horas, día y hora de audiencia para considerar la situación jurídica procesal de los imputados -hoy accionantes-. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) El Juez de Instrucción Penal Sexto ahora coaccionado, mediante Resolución 60/2021, dispuso la detención preventiva de los ahora impetrantes de tutela, sin fijar día y hora de audiencia para considerar la situación jurídico procesal de ambos imputados, habiendo ordenado efectivamente al Ministerio Público la procedencia del procedimiento inmediato y que en el plazo de treinta días hábiles emita la correspondiente resolución conclusiva, pero omitió dar cumplimiento a lo previsto en el art. 233.3 del CPP, que establece el plazo de la duración de la detención preventiva; asimismo, durante la audiencia, la autoridad fiscal no solicitó el señalamiento de la fecha de la audiencia requerida; y, b) El art. 32 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal aprobado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de 10 de junio de 2019, dando cumplimiento a la disposición transitoria Décima Tercera de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, refiere que de acuerdo a la normativa señalada, la audiencia de consideración de situación jurídico procesal tenía que llevarse a cabo dentro del plazo que haya establecido el Juez de Instrucción Penal Sexto coaccionado, en el término de treinta días, al haber omitido ese señalamiento se afectó el derecho a la libertad de los ahora peticionantes de tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través de memorial presentado el 23 de marzo de 2021, ante el Juzgado de Instrucción Penal de turno de El Alto del departamento de La Paz, el Fiscal de Materia, Roger Rosas Iglesias, informó inicio de investigaciones, imputación formal y aplicación de detención preventiva contra Edwin Cori Huaychajiña y Yony Wilson Mamani Huaychajeña -ahora accionantes-, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa y confabulación, solicitando al efecto se señale día y hora de audiencia para la resolución de medidas cautelares de carácter personal, así como la confiscación de dos teléfonos celulares; del mismo modo evidenciada la existencia de flagrancia, en mérito al art. 393 bis del CPP, solicitó la aplicación de procedimiento inmediato (fs. 5 a 10 vta.). II.2. Por Resolución 60/2021 de 24 de marzo, el Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, Jorge Freddy Gutiérrez Ramos -hoy coaccionado-, determinó la detención preventiva de los ahora impetrantes de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento; y aceptando la aplicación de procedimiento inmediato al tratarse de un delito en flagrancia, otorgó al Ministerio Público el plazo de treinta días a efecto de que emita requerimiento conclusivo, conforme lo determinado en los arts. 393 bis y 393 ter del CPP; asimismo, rechazó la solicitud de noventa días de detención preventiva, al considerar que, al emitir una resolución conclusiva de acusación en el término referido, la investigación habría concluido; determinación que fue apelada por la autoridad fiscal con relación al plazo de la detención preventiva, habiendo dispuesto la autoridad judicial la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada (fs. 11 a 12 vta.). II.3. Consta Resolución de Acusación FEDNPD 11/2021 de 11 de mayo, emitido por el Fiscal de Materia, presentado en igual fecha, a través del cual, acusa formalmente a los peticionantes de tutela por la probable comisión de los delitos antes referidos, solicitando la remisión de antecedentes ante el Tribunal de Sentencia Penal de turno, para la celebración de la audiencia de juicio oral (fs. 19 a 27 vta.). II.4. Cursan tres memoriales de “diciembre de 2021”, dirigidos a los Juzgados de Sentencia Penal Segundo y Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, mediante los cuales los ahora accionantes solicitaron se señale día y hora de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva al amparo del art. 239.1, 2 y 5 del CPP (fs. 33 a 35).

II.5. Se tiene captura de pantalla del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), en el que se visualiza que los ahora impetrantes de tutela por escrito presentado al Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, solicitaron se ordene que por la gestora designada se otorgue copia de grabación de la audiencia de cesación de la detención preventiva de 26 de enero de 2022 (fs. 31).

II.6. Cursa fotografía de la pantalla del SIREJ, en la que se observa “ACTA DE AUDIENCIA - VIRTUAL - JUICIO ORAL (ALEGATOS CONCLUSIVOS)” (sic) de 24 de junio de 2022, realizado en el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz (fs. 31).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al acceso a la justicia, todo ello vinculado a su derecho a la libertad; puesto que: 1) El Juez de Instrucción Penal Sexto hoy coaccionado, mediante Resolución 60/2021, determinó su detención preventiva, y aplicando procedimiento inmediato por flagrancia, concedió a la autoridad fiscal el plazo de treinta días para que emita el requerimiento conclusivo; sin embargo, no fijó día y hora de audiencia de consideración de su situación jurídica; y, 2) Asimismo el Juez de Instrucción Penal Séptimo ahora coaccionado, en suplencia legal, no ejerció el control jurisdiccional; y, habiendo sido presentada la acusación formal diecisiete días después del plazo otorgado, la autoridad judicial ante su incumplimiento debió emitir de oficio un auto declarando la extinción de la acción penal, al contrario remitió los antecedentes al Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, cuya titular, ahora accionada, tampoco observó los aspectos mencionados ni otras falencias de procedimiento. Ante ello, únicamente el Juez de Instrucción Penal Séptimo hoy coaccionado, refirió que los ahora accionantes no agotaron el principio de subsidiariedad, ya que, aunque se haya emitido una resolución que ordenó su detención preventiva, sin señalar día y hora de audiencia sobre su situación jurídica, no reclamaron dicha irregularidad en su debida oportunidad, ya sea en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, en audiencia de apelación de medida cautelar planteada por el Ministerio Público ni en la etapa preparatoria de treinta días dispuesta en aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes, como tampoco reclamaron después de que fuera remitida la causa y radicada ante el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, en la fase preparatoria del juicio o al inicio del juicio oral; y, los demás accionados no remitieron informe alguno. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La apelación incidental prevista por el art. 251 del CPP, como medio idóneo de impugnación: subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

Al respecto, la SCP 0133/2019-S1 de 17 de abril, precisó que: “…los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos: (…) Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal…” (las negrillas nos corresponden).

III.2. El debido proceso y los presupuestos para su activación a través de la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada

Sobre la temática, la SCP 0205/2022-S3 de 31 de marzo, invocando el lineamiento jurisprudencial de la SCP 0139/2015-S3 de 19 de febrero, sobre la procedencia del debido proceso vía acción de libertad; partiendo de una síntesis del contenido del art. 125 de la CPE respecto a la finalidad de la acción de libertad y los presupuestos de activación a favor de toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, procesada o privada de su libertad personal, y concluyendo que la vía idónea para la impugnación del procesamiento indebido no vinculado a la libertad es la acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria, precisó que: “(…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas pertenecen al texto original); siendo ambos requisitos necesarios, y concurrentes a fin de la procedencia de la presente acción tutelar.

III.3. Análisis del caso concreto

De la problemática que motivó la interposición de la presente acción de libertad, se advierte dos esferas de reclamo, respecto a las cuales corresponde realizar una contextualización fáctica a objeto del pronunciamiento respectivo. Respecto a la primera problemática identificada, de las piezas procesales descritas en el apartado de la Conclusión II.2 de este fallo constitucional, se tiene que, mediante Resolución 60/2021 de 24 de marzo, el Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz -ahora coaccionado-, determinó la detención preventiva de los ahora accionantes en el Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento, y aplicando procedimiento inmediato por flagrancia, otorgó al Ministerio Público el plazo de treinta días para que emita su requerimiento conclusivo; asimismo, rechazó la solicitud de noventa días de detención preventiva requerida por la autoridad fiscal, argumentando que, al emitir una resolución conclusiva de acusación en el término referido, la investigación habría concluido; decisión que al ser apelada por el Ministerio Público en cuanto al plazo de la detención preventiva, se ordenó la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada.

En ese contexto fáctico procesal, corresponde señalar que, siendo que la denuncia en sede constitucional radica básicamente en que la Resolución 60/2021, que determinó la detención preventiva de los ahora accionantes, no fijó día y hora de audiencia de consideración de su situación jurídica -se entiende, como efecto del plazo previsto en el art. 393 ter parágrafo I.2 del CPP, sobre el plazo para la investigación en el caso de delitos en flagrancia, treinta días-; no se evidencia que dicha determinación hubiese sido apelada incidentalmente en el marco de lo dispuesto por el art. 251 del citado Código, a objeto de que el Tribunal de alzada conozca y resuelva el reclamo ahora efectuado relativo a la actuación del Juez de control jurisdiccional, y en su caso corrija todas las irregularidades y omisiones alegadas, en las que presuntamente dicha autoridad hubiese incurrido, y no interponer directamente la presente acción de defensa; ello en razón a que el régimen de medidas cautelares prevé el medio idóneo, eficaz y oportuno para restituir eventuales lesiones de derechos a momento de emitir una resolución cautelar, constituyendo este el recurso de apelación en el marco de la referida norma procesal. Por consiguiente, y en observancia de los entendimientos jurisprudenciales desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, antes de acudir a la jurisdicción constitucional, la parte ahora impetrante de tutela debió hacer uso del citado recurso para la reparación de las presuntas lesiones a sus derechos, y una vez agotados los recursos intraprocesales -de persistir a su criterio la infracción-, recién acudir a esta jurisdicción; por lo que, al no haberse agotado dichos mecanismos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, corresponde denegar la tutela impetrada por subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada. En cuanto a la segunda problemática identificada, a partir de lo expuesto por la parte peticionante de tutela, se tiene que los mismos denuncian falta de control jurisdiccional por parte del Juez de Instrucción Penal Séptimo y la Jueza de Sentencia Penal Segunda -ahora accionados-, en cuanto al incumplimiento del plazo procesal de treinta días otorgado al Ministerio Público para la presentación del requerimiento conclusivo, y otros aspectos procesales, lo cual constituiría una supuesta infracción al debido proceso. Al respecto, de la literal descrita en la Conclusión II.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que el 11 de mayo de 2021, la autoridad fiscal, presentó Resolución de Acusación FEDNPD 11/2021 de igual fecha, contra los hoy accionantes, solicitando su remisión ante el Tribunal de Sentencia Penal de turno, para la celebración del juicio oral; situación que los impetrantes de tutela consideran incumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 60/2021, en la que otorgó el plazo de treinta días para la emisión del requerimiento conclusivo; sin embargo, la acusación formal fue presentada diecisiete días después de ese término. Asimismo, según la captura de pantalla del sistema SIREJ, se observa “ACTA DE AUDIENCIA - VIRTUAL - JUICIO ORAL (ALEGATOS CONCLUSIVOS)” (sic) de 24 de junio de 2022, realizado en el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz (Conclusión II.6).

En ese contexto fáctico corresponde señalar que, para conocer vía esta acción de libertad, denuncias de procesamiento ilegal o indebido, se deben cumplir dos presupuestos esenciales que dentro de los parámetros de concurrencia establecidos en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo Constitucional -para la procedencia de presuntas irregularidades del debido proceso vía acción de libertad-, son los siguientes: i) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, ii) Debe existir absoluto estado de indefensión; es decir, que el accionante no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad. A partir de ello, el reclamo efectuado por la parte impetrante de tutela sobre el incumplimiento de emisión del requerimiento conclusivo por parte del Ministerio Público, que le generaría perjuicio al estar indebidamente procesado, no se advierte que sea la causa de su restricción de libertad, ni que directamente repercuta en la vigencia de la misma, dado que de los antecedentes del caso, se tiene que se encuentran privados de su libertad, en razón de una medida cautelar impuesta en su contra por autoridad competente dentro del referido proceso penal; pues ello, constituye una cuestión procesal que no se encuentra directamente vinculada con la libertad de los peticionantes de tutela; por ende, las dilaciones que pudiesen estar ocurriendo en el proceso penal de referencia vinculados al requerimiento conclusivo ahora extrañado y al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, cuya resolución no hubiese sido adjuntada al cuaderno de juicio, son cuestiones del debido proceso no vinculadas a la libertad por no operar como la razón directa para su amenaza o su restricción a la misma; consiguientemente, no se cumple con el primer presupuesto requerido en el entendimiento jurisprudencial citado. En ese mismo marco, respecto al cumplimiento del segundo presupuesto exigido por la jurisprudencia constitucional citada ut supra, tampoco se evidencia que los accionantes se encuentren en un estado de indefensión absoluta que les impida ejercer su derecho a la defensa, puesto que de obrados se tiene que los prenombrados una vez radicada la causa en el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, a través de su abogado participan de manera activa en su defensa y el resguardo de sus derechos como privados de libertad, ello se puede denotar del planteamiento de su petición de cesación de la detención preventiva al amparo del art. 239.1, 2 y 5 del CPP; y una vez realizada pidieron la entrega de la grabación del desarrollo de ese acto procesal realizado el 26 de enero de 2022 (Conclusiones II.4 y II.5); sin que se advierta que exista algún obstáculo o impedimento material para ejercer el despliegue procesal y solicitudes que considere pertinentes para dicho cometido, además, dentro de ese despliegue procesal, los impetrantes de tutela tienen la posibilidad de activar otros mecanismos que consideren pertinentes para el resguardo y protección de sus derechos que ahora invoca como conculcados, lo que conlleva a su vez a que agotados los referidos mecanismos de persistir la afectación de sus derechos, puedan acudir a la justicia constitucional a través de la acción de amparo constitucional, que se constituye en el medio de defensa idóneo para conocer denuncias de infracciones al debido proceso no vinculadas con la libertad. Consiguientemente, ante la inconcurrencia de los presupuestos exigidos por la jurisprudencia precitada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, para conocer a través de esta acción de defensa las denuncias de procesamiento indebido, corresponde denegar la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo.

III.4. Otras consideraciones

Resuelta como se encuentra la problemática planteada, esta instancia constitucional no puede pasar por alto lo dispuesto por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, quien mediante Resolución 504/2022 de 3 de octubre, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Jueza de Sentencia accionada, remita obrados ante el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de El Alto del referido departamento, quien deberá señalar en el plazo de veinticuatro horas, día y hora de audiencia para considerar la situación jurídica procesal de los imputados -hoy accionantes-; aspectos que transgreden las competencias propias de la jurisdicción ordinaria, extralimitando sus facultades como Juez de garantías; toda vez que, en inobservancia de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad y los presupuestos para su activación ante denuncia de procesamiento indebido, retrotrajo los actos cuando ya la etapa preparatoria estaba concluida, con la presentación del requerimiento conclusivo de acusación formal, encontrándose la causa en ese momento procesal en la sustanciación del juicio oral en la fase de alegatos y conclusiones (Conclusión II.6); de ahí que, conforme a las funciones establecidas por ley, esta jurisdicción constitucional no puede inmiscuirse en la labor de la jurisdicción ordinaria, por lo que corresponde, llamar la atención al Juez de garantías para que en futuras actuaciones no incurra en los excesos advertidos. Por otra parte, siendo resuelta esta acción de defensa el 3 de octubre de 2022, la misma recién fue remitida en revisión el 17 de igual mes y año -constancia de courier a fs. 52-; es decir, con posterioridad al plazo de veinticuatro horas establecido en los arts. 126.IV de la CPE y el 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo); razón por la cual, también corresponde llamar la atención al Juez de garantías, a fin de que en futuras actuaciones observe los plazos procesales que rigen la tramitación de este tipo de acciones de defensa. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en todo la Resolución 504/2022 de 3 de octubre, cursante de fs. 44 a 46 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2º Llamar la atención a Freddy Gastón Choque Cortés, Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, por la razón expuesta en el Fundamento Jurídico III. 4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0245_2025-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): ed58635253c894e878aaaf2f7fa5d4059627bdb1d702510fb5e69924098ba0c3

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