B.IA.LEGAL

SCP 0244/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 18 de junio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
18 de junio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
48407-2022-97-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración del debido proceso en su elemento fundamentación y de su derecho a la libertad; habida cuenta que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio en accidente de tránsito; la autoridad ahora demandada, a tiempo de resolver su recurso de apelación incidental, lejos de reparar los hechos ilegales denunciados y subsanar los defectos contenidos en la Resolución primigenia, los convalidó, declarando la improcedencia del recurso de apelación incidental, a través de una escasa fundamentación respecto al juicio de necesidad de aplicación de la detención preventiva y el plazo de la misma. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 004/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 46 a 51, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar sus resoluciones
  2. III.2. El sistema de valoración probatoria en materia penal: La libre convicción o sana crítica racional
  3. III.3. Con relación a la fijación de plazos de la detención preventiva y la audiencia de consideración de la situación jurídica del procesado
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0244/2024-S4 Sucre, 18 de junio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 48407-2022-97-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 004/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 46 a 51, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Emilio Jorge Ortiz Cardozo contra José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de mayo de 2022, cursante de fs. 1; y, 14 a 17; el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio en accidente de tránsito; mediante Auto interlocutorio de 29 de marzo de 2022, se dispuso su detención preventiva en el penal de San Roque de Sucre, habiéndose señalado erróneamente la concurrencia del art. 233.1 y 2 en relación al art. 234.7, ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP), motivando que interpusiera recurso de apelación incidental. Dicho recurso de apelación incidental recayó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Chuquisaca, que emitió el Auto de Vista 132/2022 de 5 de abril, confirmando la Resolución de primera instancia; la cual, lejos de reparar los hechos ilegales denunciados, subsanar los defectos contenidos en la Resolución impugnada y restablecer el derecho violado, los convalidó declarando la improcedencia del recurso de apelación incidental, sin realizar una adecuada compulsa de los antecedentes y sin exponer los fundamentos jurídicos, consumando la violación al debido proceso con afectación directa a su derecho a la libertad; justificando, la detención preventiva, bajo el argumento de que, se tienen que realizar actos investigativos, como la toma de testimonio, inspección, reconstrucción de los hechos y prueba pericial. Ante su reclamo sobre la necesidad de la detención preventiva y el plazo de la misma, la autoridad hoy demandada se limitó a manifestar que faltan actos investigativos por realizarse, y ello se deberá efectuar en el plazo de tres meses, tiempo dispuesto para la extrema medida; no obstante, no se fundamentó la necesidad de la misma y por qué otras medidas menos graves no enervan el riesgo procesal fundado. Si fuera evidente que el riesgo procesal concurrente fuera el peligro efectivo para la sociedad; debido a que, supuestamente demostró el desprecio con respecto a la seguridad vial y la responsabilidad como conductor profesional, que hubiera hecho gala a través de mensajes, y que es chofer de taxi; entonces, el mismo puede ser evitado con otras medidas menos gravosas que la detención preventiva como la detención domiciliaria sin permiso de salida; dado que, esta circunstancia evitará que su persona pueda conducir un automóvil; y en consecuencia, se enerva el riesgo fundado en el peligro para la sociedad al no poder conducir un automóvil. Puede también aplicarse la vigilancia esporádica, la prohibición de consumir bebidas alcohólicas, de conducir vehículos; medidas que, cuentan con la misma idoneidad que la detención preventiva.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la lesión del debido proceso en su elemento de fundamentación, y de su derecho a la libertad; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 132/2022, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y por consiguiente, se emita uno nuevo, aplicando objetivamente el ordenamiento jurídico y realizando una adecuada compulsa de antecedentes, aplicando la jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales mínimos.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 18 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 44 a 45 vta.; presentes el solicitante de tutela, acompañado de su abogado; la representante del Ministerio Público; y, la tercera interviniente ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, reiteró los términos de su demanda de acción de libertad y ampliándolos señaló que: a) Cuando a una autoridad le corresponda realizar el juicio de necesidad, debe hacerlo a través de una debida fundamentación y seguir el análisis “iter lógico”; requisitos que no fueron cumplidos por la autoridad demandada; y, b) La SC 0524/2012 precisa que toda fundamentación debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos, los supuestos hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto; y en el Auto apelado, la autoridad demandada, no sustentó su posición.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por informe de 18 de mayo de 2022, cursante de fs. 27 a 31, expresó lo siguiente: 1) El impetrante de tutela, pretende convertir una acción de defensa constitucional en una nueva instancia ordinaria, lo que está vedado; pues la SCP 0407/2014 de 25 de febrero, estableció que: “…respecto a los hechos controvertidos o el reconocimiento de derechos, no pueden ser dilucidados por la jurisdicción constitucional…” (sic); 2) El Auto apelado, se encuentra fundamentado respecto a la necesidad de la medida, al señalar cuáles los actos investigativos pendientes; siendo estos: i) Toma de testimonios; ii) Inspección y reconstrucción de los hechos; y, iii) Prueba pericial. Los cuales deberán realizarse en el lapso de tres meses; y, 3) Se analizó la aplicación de la medida, conforme a lo señalado en el art. 221 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por la necesidad de los actos investigativos, y que la medida era adecuada por el tipo de naturaleza de esta clase de investigaciones, hechos de tránsito, pero sobre todo porque segó la vida de una persona; aspecto que, fácticamente ha sido considerado en la decisión de fondo; no siendo evidente que, no se hubiera argumentado sobre la elección de la medida más adecuada o necesaria; por lo que, solicitó que se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

María Nasli Serrano, en audiencia, señaló lo siguiente: a) La Resolución impugnada contiene una debida fundamentación y motivación, con relación a la imposición de la medida cautelar personal dispuesta, no siendo necesario que dicha exposición deba ser exagerada y con abundante consideración de citas legales, artículos o argumentos repetitivos; b) Tiene una correcta valoración que conlleva a evidenciar que se trata de una resolución clara, concisa e integral y responde a todos los puntos demandados por el Ministerio Público; tomando en cuenta que, en esta investigación, el hecho es de tránsito con agravante, cuyo resultado fue la muerte de un efectivo policial; por lo que, en su momento, se acreditó la necesidad de la detención preventiva sustentada en la resolución de actos investigativos; y, c) Esta acción de libertad, tiene como propósito que se realice un nuevo juicio de proporcionalidad en la vertiente de necesidad, extremo que no puede ser viable; dado que, el fallo apelado, acreditó la necesidad de la detención preventiva. Por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada y se confirme el Auto de Vista 132/2022.

I.2.4. Intervención de la tercera interviniente

Cipriana Arancibia Flores, –esposa de la víctima fallecida, Wilber Aniceto Díaz Flores–, a través de su abogado en audiencia, manifestó que la necesidad extrema de la detención preventiva por el lapso de tres meses, está consignada en lo que estipula el art. 221 de CPP, que en el primer párrafo dispone que: “sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley”(sic), ahí se funda la necesidad de poder disponer la detención preventiva del imputado; por lo que considera que el fallo denunciado de carente de fundamentación en relación a la falta de necesidad, se encuentra perfectamente fundamentado.

I.2.5. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, por Resolución 004/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 46 a 51, denegó la tutela solicitada, bajo el fundamento de que: No puede existir vulneración al debido proceso porque el ahora accionante de forma idónea, no solicitó la respectiva complementación de la falta de fundamentación, limitándose a solicitar la complementación en lo que, respecta a la interpretación de la SCP 0185/2019-S3; y, al no haberse agotado la vía ordinaria, no puede constituir una acción de libertad, en una instancia mas para corregir errores, que considera se hubieran dado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 167/2022 de 29 de marzo, el Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Chuquisaca, dispuso la detención preventiva del ciudadano Emilio Jorge Ortiz Cardozo por el tiempo de tres meses; en mérito a tres actos investigativos pendientes: 1) Toma de testimonios; 2) Inspección y reconstrucción de los hechos; y, 3) Prueba pericial (fs. 3 vta. a 5 vta.). Fallo contra el cual, el imputado interpuso recurso de apelación, el cual se dispuso sea remitido ante el Tribunal de alzada (fs. 5 vta.). II.2. Consta Acta de Audiencia Pública de Apelación Incidental de Medida Cautelar de 5 de abril de 2022; verificativo en el cual, José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, –ahora demandado–, emitió el Auto de Vista 132/2022 de la citada fecha; declarando, admisible dicho recurso de apelación incidental formulado por el acusado, y en el fondo improcedente el mismo, confirmando el Auto Interlocutorio 167/2022 (fs. 36 a 39 vta.; y, 40 a 42 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración del debido proceso en su elemento fundamentación y de su derecho a la libertad; habida cuenta que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio en accidente de tránsito; la autoridad ahora demandada, a tiempo de resolver su recurso de apelación incidental, lejos de reparar los hechos ilegales denunciados y subsanar los defectos contenidos en la Resolución primigenia, los convalidó, declarando la improcedencia del recurso de apelación incidental, a través de una escasa fundamentación respecto al juicio de necesidad de aplicación de la detención preventiva y el plazo de la misma. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar sus resoluciones

La SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, señaló que: “…el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación; sobre el particular, la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la determinación del tribunal de apelación que revisa una resolución que ha impuesto, revocado, modificado una medida cautelar o que sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva por su vinculación con los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada entre otras por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en su Fundamento Jurídico III.2, señala que: …la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación (…) esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada… (…)

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los mismos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o disponga la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (las negrillas nos corresponden).

III.2. El sistema de valoración probatoria en materia penal: La libre convicción o sana crítica racional

La jurisprudencia que se desarrolla a continuación está reflejada entre otras en la SCP 0238/2018-S2 de 11 de junio. “En materia penal, tradicionalmente se han conocido tres sistemas de valoración probatoria: i) El sistema de la prueba legal; en el cual, la eficacia de convicción de cada prueba está prefijada por la ley procesal; ii) Íntima convicción, donde el juez es libre de convencerse según su íntimo parecer, valorando las pruebas de acuerdo a su leal saber y entender, sin la obligación de fundamentar sus decisiones; y, iii) La libre convicción o sana crítica racional, que a continuación se analizará: El sistema de la libre convicción o sana crítica racional, emana del principio de la verdad real o material; este sistema, como señala José Cafferata Nores, si bien establece la plena libertad de convencimiento de los jueces, empero esa libertad tiene un límite infranqueable: ‛El respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humanoꞌ; es decir, las normas de la lógica, psicología, de la experiencia común. En ese sentido, la actuación del juez no es discrecional o arbitraria; prima la razonabilidad de la valoración de la prueba, de ahí que también recibe el nombre de persuasión judicial; pues, si bien el juez tiene mayor libertad con relación a la prueba tasada; empero, también tiene más responsabilidad. Otra característica de este sistema, es la obligación impuesta a los jueces de motivar sus conclusiones; es decir, de exponer las razones de su convencimiento; éste, es precisamente el sistema que rige en el proceso penal boliviano, puesto que el art. 173 del CPP, lo consagra al señalar que: “El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”. La jurisprudencia constitucional en la SC 1480/2005-R de 22 de noviembre, se refirió a los tres sistemas de valoración de la prueba en materia penal –íntima convicción, pruebas legales y sana crítica–, estableciendo que en nuestro ordenamiento jurídico rige el sistema de la sana crítica, puntualizando que las reglas de la experiencia, son aquellas que conoce el hombre común; las reglas de la psicología referidas no a las normas elaboradas por ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos; además de las reglas de la lógica, vale decir, las reglas de la identidad, de contradicción, de tercero excluido o de razón suficiente; entendimiento que fue reiterado en la SC 0115/2007-R de 7 de marzo. Consiguientemente, en materia penal rige el sistema de valoración de la prueba de la libre convicción o sana crítica; en virtud de la cual, el juez en la apreciación de todos los medios de prueba, tiene libertad de convencimiento, empero, limitado por las reglas de la lógica psicológica y experiencia común, así como la obligación de motivar las razones de su convencimiento, además, y esto es fundamental, es indispensable que las autoridades judiciales presten atención a los principios constitucionales que sustentan la prueba, como es el principio de verdad material, que se encuentra previsto en el art. 180 de la CPE; en virtud al cual, la o el juzgador debe encontrar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, buscando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales, con la finalidad que las partes accedan a una justicia material, eficaz y eficiente, procurando que el derecho sustantivo prevalezca sobre el formal –SCP 1662/2012 de 1 de octubre–. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.3.2 de la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre establece que: …la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos, a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal. Obligación que para su cumplimiento requiere, entre otros, de una correcta apreciación de los medios probatorios aportados durante el proceso, conforme a la realidad de su ocurrencia, con la finalidad de efectivizar la función de impartir justicia menos formalista y procesalista, para dar lugar a la justicia material y efectiva; velando por la aplicación y respeto de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales de las personas. En síntesis, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, los procesos están regidos por el principio de verdad material y en ese sentido, se orientan a la comprobación de la verdad.

III.3. Con relación a la fijación de plazos de la detención preventiva y la audiencia de consideración de la situación jurídica del procesado

La SCP 0604/2023-S3 de 16 de junio, señaló que: ”El art. 233 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y Ley de Modificación a la Ley 1173, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019-, establece que: ´La detención preventiva únicamente será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho. Será aplicable siempre previa imputación formal y a pedido del fiscal o víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, quienes deberán fundamentar y acreditar en audiencia pública los siguientes extremos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; 3. El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley. En caso que la medida sea solicitada por la víctima o por el querellante, únicamente deberá especificar de manera fundamentada el plazo de duración de la medida. En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo. En los procesos sustanciados por delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente, se exceptúan las previsiones contenidas en el numeral 3 del presente Artículo, únicamente en cuanto a la fundamentación del plazo. El plazo de duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso. La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por éste.´

Asimismo, con relación a la resolución que disponga la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, el art. 235 ter del CPP señala lo siguiente: “(…) Si se resuelve la aplicación de la detención preventiva, la resolución deberá fijar con precisión su duración indicando la fecha exacta de su cumplimiento y el día y hora de audiencia pública para resolver la situación jurídica de la persona cautelada, quedando las partes notificadas al efecto, sin otra formalidad”. Por último, en cuanto a la cesación de las medidas cautelares personales, entre ellas, la detención preventiva, el art. 239 del CPP, señala que: ‛Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención.

No será aplicable el presente numeral en delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño y adolescente; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12)

meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal;

En los casos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente solo aplicará la debida acreditación en caso de enfermedad terminal, mediante dictamen de médico forense emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); y, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.‛

En ese sentido, conforme a lo previsto en los citados preceptos normativos y de acuerdo a una interpretación sistemática, el fin de la etapa preparatoria es lograr el desarrollo de todos los actos investigativos requeridos por el Ministerio Público para sostener una eventual acusación formal en la etapa posterior de juicio oral, público y contradictorio, se concluye que los presupuestos para solicitar, imponer y modificar la medida cautelar de detención preventiva son diferentes en cada una de las mencionadas etapas; tal cual establece el art. 233 del CPP. Así, en la etapa preparatoria -en la que se desarrolla la investigación bajo la dirección funcional del Ministerio Público y control jurisdiccional del Juez de instrucción-, en el marco del art. 233 del CPP, además de acreditar la probabilidad de autoría del hecho ilícito atribuido al imputado, y la concurrencia de riesgos procesales que permitan sostener que este no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, es necesario señalar el plazo de duración de la detención preventiva y los actos investigativos a realizarse en ese periodo de tiempo; debiendo fijarse fecha y hora de la audiencia de consideración de la situación jurídica del imputado por vencimiento del plazo; en la cual, por una parte, tanto el Fiscal de Materia como el querellante podrán solicitar la ampliación del plazo de duración de esa medida cautelar exponiendo argumentos debidamente fundamentados relativos a la complejidad del caso -tratándose del Ministerio Público- y a la existencia de actos investigativos pendientes de realización -con relación al querellante-; y por otra parte, el imputado solicitará la cesación de esa medida cautelar por vencimiento del plazo conforme al art. 239.2 del CPP; entendiéndose que la finalidad de la referida audiencia es precisamente analizar esas dos situaciones con la finalidad de dilucidar y resolver la situación jurídica del imputado en la etapa preparatoria. Ahora bien, en la etapa posterior de juicio oral, público y contradictorio -en la que se sustancia el juicio oral sobre la base de la acusación formal remitida ante el juez o tribunal de sentencia-, y la recursiva -suscitada ante la imposición de los mecanismos de impugnación previstos en el Código de Procedimiento Penal-, conforme al segundo párrafo del art. 233 del CPP, a fin de solicitarse e imponerse la medida cautelar de detención preventiva, basta con acreditar la concurrencia de los riesgos procesales establecidos por el art. 233.2 del mismo Código, relativos a los peligros de fuga y obstaculización previstos por los arts. 234 y 235 del citado Código; no estando sujeta dicha medida cautelar al cumplimiento de plazo alguno ni a la celebración de una audiencia de consideración de situación jurídica como ocurre en la etapa preparatoria; aquello, debido a que ya no se tienen actos de investigación pendientes de realización que permitan fundamentar un plazo de cumplimiento como requisito para su imposición; quedando en esa etapa únicamente el desarrollo del juicio oral, público y contradictorio, contra el acusado.

En ese marco, al no corresponder el señalamiento de ningún plazo de cumplimiento de la detención preventiva en la etapa de juicio oral, público y contradictorio, no es posible solicitar la ampliación de su plazo impuesto ni su cesación en el marco del art. 239.2 del CPP -por vencimiento del plazo dispuesto-; lo cual converge en la irrelevancia de la audiencia de consideración de la situación jurídica del procesado, por vencimiento del plazo; siendo innecesaria su celebración cuando haya sido señalada con anterioridad en la etapa preparatoria; más no así prohibida, pudiendo llevarse a cabo con una finalidad diferente, cual si se tratara de una audiencia de cesación de la detención preventiva previa solicitud del acusado, por causales diferentes a la establecida por el art. 239.2 del mencionado Código; en la cual el Ministerio Público no podrá solicitar la ampliación del plazo esa medida cautelar, sino su continuidad. Entonces, cuando el acusado que se encuentre con detención preventiva desee lograr la cesación de la detención preventiva, debe presentar la correspondiente solicitud tomando en cuenta que de acuerdo a la SCP 0730/2021-S3 de 12 de octubre: “…en etapa de juicio oral y público a diferencia de la etapa preparatoria, la instrumentalidad de la detención preventiva cambia; es decir, muta la finalidad que persigue; por lo que corresponde que al momento de solicitar la cesación de la detención preventiva el acusado desvirtúe los riesgos procesales, porque así dispone el art. 233 del CPP modificado por la Ley 1226, al establecer que: ‘En etapa de juicio oral y recursos, para que proceda la detención preventiva de debería acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo’ siendo el referido numeral dos el que dispone respecto a la existencia de suficientes elementos de convicción de que la o el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, aspecto que la Vocal ahora accionada asumió, al emitir una decisión conforme a una interpretación sistemática de la normativa procesal penal respecto a las medidas cautelares personales‟.

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante, de tutela denunció la vulneración del debido proceso en su elemento fundamentación y de su derecho a la libertad; habida cuenta que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio en accidente de tránsito, la autoridad ahora demandada, a tiempo de resolver su recurso de apelación incidental, lejos de reparar los hechos ilegales denunciados y subsanar los defectos contenidos en la Resolución primigenia, los convalidó, declarando la improcedencia del recurso de apelación incidental; a través, de una escasa fundamentación respecto al juicio de necesidad de aplicación de la detención preventiva y el plazo de la misma. Una vez identificada la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes de la presente causa; de donde se evidencia que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Emilio Jorge Ortiz Cardozo por la presunta comisión del delito de homicidio en accidente de tránsito, mediante Auto interlocutorio de 29 de marzo de 2022, se dispuso su detención preventiva a cumplirse en el penal de San Roque de Sucre, motivando a que el precitado interpusiera apelación incidental. Recurso que recayó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Chuquisaca; instancia que, emitió el Auto de Vista 132/2022, confirmando la Resolución recurrida y manteniendo firme y subsistente la detención preventiva del imputado; la misma que, a criterio del solicitante de tutela, lejos de reparar los hechos ilegales denunciados y subsanar los defectos contenidos en la misma y restablecer el derecho vulnerado, los convalidó declarando la improcedencia del recurso, sin realizar una adecuada compulsa de los antecedentes y sin exponer los fundamentos jurídicos, consumando la lesión del debido proceso con afectación directa al derecho de la libertad; justificando la detención preventiva en la existencia de actos investigativos pendientes por realizarse, como la toma de testimonio, inspección, reconstrucción de los hechos y prueba pericial. Ahora bien; en virtud, a la jurisprudencia constitucional referida precedentemente; la exigencia de motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, es una obligación a ser cumplida por las autoridades judiciales a tiempo de emitir sus fallos; ya sea, de primera o segunda instancia, en los cuales enunciarán los motivos de hecho y derecho base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, no siendo exigible una exposición amplia de consideraciones y citas legales, sino una estructura de forma y de fondo coherente; en la que, los motivos sean expuestos de forma concisa y clara, satisfaciendo todos los puntos apelados cuando se funge como un Tribunal de alzada.

En mérito a ello; y teniendo en cuenta que, el agravio denunciado por el accionante se relaciona con la falta de fundamentación relativa a la necesidad de imponer la extrema medida y el plazo de la misma, entonces corresponderá a continuación analizar cuál fue el sustento para su disposición, realizando una contrastación de actuados: Resolución 167/2022 emitida por el Juez cautelar En la audiencia de medida cautelar instalada el 29 de marzo de 2022, ante el Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Chuquisaca; el mismo, dispuso la detención preventiva del imputado por el lapso de tres meses, en mérito a tres actos investigativos pendientes: i) la toma de testimonios; ii) la inspección y reconstrucción; y, iii) la prueba pericial.

Determinación que asumió, previo análisis sobre el cumplimiento de los requisitos previstos por el art. 233 del CPP, a saber: Primer requisito.- Relativo a la posible autoría, se dio por cumplido ante la existencia de elementos suficientes para considerar que, con probabilidad sea autor o partícipe del accidente de tránsito ocasionado el 27 de marzo de 2022 a las 04:10 aproximadamente en inmediaciones de la calle Nataniel Aguirre casi esquina avenida Ostria Gutiérrez; donde, el imputado conduciendo el vehículo marca Nissan, color planteado, con placa de control 2139-FGE, ocasionó el accidente de tránsito que dio como resultado la muerte de una persona, lo que se acredita del informe circunstancial, entrevista de Juana Cruz Campos, centralista de radio móvil, capturas de conversaciones de WhatsApp, protocolo de autopsia médico legal; que en sus conclusiones establece, como causa de muerte aplastamiento, hemorragia masiva aguda, hematomas, hemorragia masiva interna, laceración pulmonar derecha, trauma torácico cerrado, politraumatismo secundario a hechos de tránsito, muestrarios fotográficos de la autopsia legal, y demás elementos de convicción, que son suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor del hecho suscitado. Si bien no existe prueba científica que demuestre el estado de ebriedad del imputado; sin embargo, dicho extremo se basa en indicios y hasta informaciones; de donde se evidencia que: a) De la declaración informativa de Juana Cruz Campos; encargada del Radio Móvil, que el contacto M80 perteneciente al imputado, el domingo en la madrugada envió dos audios en aparente estado de ebriedad al grupo de WhatsApp de la empresa Radio Móvil Charcas, uno de 29 segundos a las 4:35; y otro, de un minuto y 43 segundos a las 4:44; b) En las capturas de pantalla del grupo de WhatsApp de la citada empresa, se evidencia que los audios cuadran en los horarios referidos; c) Escuchados los audios, se evidencia al imputado expresando las siguientes palabras: “me he envergueado, no sé como putas me envergueado”, en el segundo audio dice: “estoy verga cojudos, estos verga no sé que mierda he hecho cabrones estoy hecho putas, auxílienme, ya ya yo” “voy a ir me duermo papi ya me duermo, me duermo gracias lo lindo es eso”, lo que se tiene como información indiciaria; y, d) De los videos reproducidos por el Ministerio Público en audiencia, se pudo advertir que previo al accidente de tránsito, la víctima había sufrido agresiones físicas por parte de dos sujetos; razón por la cual, se encontraba tirado en la calle ligeramente a un lado, antes del hecho, dos automóviles pasan bordeando a la víctima; sin embargo, el imputado pasa con el vehículo por encima de la víctima más concretamente por la parte de la cabeza a una considerable velocidad, sin parar para auxiliar, inclusive según la sana crítica, y la experiencia, se puede considerar que ni siquiera se dio cuenta que había atropellado a una persona. Todo ello, hace arribar a la conclusión de que existen elementos suficientes de convicción que el ahora imputado al momento del hecho se encontraba bajo la influencia del alcohol; por lo tanto, se concluye que existen suficientes elementos de convicción para considerar que éste sea con probabilidad autor o partícipe del hecho delictivo de homicidio en accidente de tránsito con agravante, estando acreditado el primer requisito. Segundo requisito.- Circunscrito a la existencia de riesgos procesales. El relativo al riesgo de fuga contenido en el art. 234.4 del CPP, no se puede considerar como concurrente; dado que, según lo visto en los videos, el imputado, posiblemente ni se dio cuenta que había atropellado a una persona porque pasó a alta velocidad sin haberse detenido; por lo que, existe duda y eso se debe aplicar en favor del imputado, conforme establece el art. 7 del CPP. El riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, es concurrente en el marco de la SCP 0056/2014, porque el imputado consciente de que a un motorizado no se puede subir en estado de ebriedad; sin embargo, lo hizo, sabiendo que aquello genera un efectivo peligro para la sociedad, porque nada garantiza que mañana no vuelva a subir a un automóvil en ese estado, atentando contra la vida de las personas. Con relación al riesgo procesal previsto en el art. 234.8 del CPP, bajo el mismo fundamento que el numeral 4, porque tiene el mismo motivo; por lo mismo, no concurre. Respecto al riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP, tampoco concurre, respaldado en el informe complementario policial, el cual establece que el vehículo no se encontró oculto; sino que, fue en la calle en un lugar distinto a su domicilio del imputado, como es en el Barrio Villa Nueva hospital Luis Espinal y el vehículo se secuestró en la calle Destacamento 317 por el “mundito”. Por lo tanto, de conformidad con el art. 235ter del CPP y art. 233.3 del CPP, ve la necesidad de aplicar una medida cautelar proporcional al hecho, a los riesgos procesales y los actos investigativos pendientes a realizar. En este caso, se trata de un hecho de accidente de tránsito cometido en estado de ebriedad que tiene como consecuencia, no la lesión de una persona, sino la muerte; y, proporcional porque está vigente un riesgo procesal, consistente en el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, relativo al peligro efectivo para la sociedad; dado que, nada garantiza que el imputado, el día de mañana vuelva a subir a un vehículo, y a cometer este mismo hecho delictivo; dado que, a sabiendas que conducir en estado de ebriedad es un peligro inminente para la sociedad; por lo que, existe la necesidad de aplicar una medida que vaya a garantizar los fines del art. 221 del CPP; es decir, la averiguación de la verdad, el desarrollo normal del proceso y la aplicación de la ley. Del recurso de apelación incidental Contra la precitada determinación, la defensa del imputado interpuso recurso de apelación incidental, bajo dos argumentos que se encuentran contenidos en el acta de audiencia pública desarrollada ante el Tribunal de alzada a cargo de la autoridad ahora demandada. 1) Mala valoración de la prueba presentada en audiencia de medida cautelar, consistente en el registro de antecedentes penales; al que, no se otorgó ningún valor, es más, ni siquiera se lo mencionó en el fundamento sobre el riesgo de fuga del numeral 7, solamente se limita a señalar que el imputado es consciente que subirse a un vehículo en estado de ebriedad genera peligro para la sociedad, lo que constituye un criterio subjetivo; 2) Como segundo argumento, reclama que el Juez señaló que nada garantiza que el imputado el día de mañana no vuelva a subirse a una movilidad, en el marco de la SC 0056/2014, que permite al juzgador establecer este riesgo desde la perspectiva de los hechos, y no determinar la concurrencia del riesgo de fuga por la relevancia social del delito; lo que, no puede ser usado como parámetro para establecer una detención preventiva, cuando se sabe que en el caso, se produjo un delito culposo, pues el imputado nunca salió de su casa con la intención de quitar la vida a alguien.

No es posible fundamentar un riesgo procesal sobre suposiciones, lo que ocurrió en el caso analizado, lesionando el debido proceso, defensa y presunción de inocencia. Por lo que, pidió se revoque la resolución, disponiendo la libertad y aplicando otras medidas menos gravosas a la detención preventiva, pues el Ministerio Público, ni siquiera fundamentó sobre la necesidad de la detención preventiva, y el Juez tampoco fundamentó adecuadamente sobre la razonabilidad y el plazo de la medida impuesta. Argumentos del Ministerio Público i) El riesgo procesal no implica un subjetivismo, al contrario se basó en elementos concretos que constan en el cuaderno de control de investigaciones y también fue valorado por el Juez aquo, quien pudo evidenciar que el imputado condujo en estado de ebriedad, segando la vida de una persona por su negligencia, hecho que conllevó también a infracciones de tránsito como ser manejar en estado de ebriedad, el no cumplir con las reglas de tránsito haciéndolo a alta velocidad; lo que evidencia, un riesgo común que puso en riesgo también su vida y la de otros peatones y conductores de otras movilidades; por lo mismo, existe un resultado concreto objetivo que se materializó en la comisión del delito de homicidio en accidente de tránsito; ii) El Juez, tiene la libertad de la sana crítica para determinar si efectivamente se cumplieron los elementos de la lógica, la experiencia y la ciencia; y la defensa nunca cuestionó la necesidad de cautela, no indicó cual es la prueba que se hubiera valorado erróneamente o que no se hubiera valorado como elemento concreto para desvirtuar el riesgo procesal o para demostrarlo; tampoco demostró, de qué modo se hubiera lesionado algún derecho o garantía ni la transcendencia de ello, lo que demuestra la falta de relevancia en la apelación presentada.

Fundamentos del Auto de Vista 132/2022 impugnado El Vocal ahora demandado, declaró la admisibilidad del recurso de apelación y en el fondo, la improcedencia de la apelación, bajo los siguientes fundamentos: a) El art. 134.7 del CPP establece que deben considerarse los elementos materiales comprobables; y en el caso, más allá del contenido específico de la conducta del imputado de manejar en estado de ebriedad, que evidentemente es una falta de tránsito; además, viola la Ley de Consumo de Bebidas Alcohólicas, pero sobretodo tiene que ver con una previsión de índole profesional por parte del imputado, quien resulta ser un chofer profesional de taxi, entonces le es aplicable sin duda, una mayor rigurosidad con respecto a la situación; y, ese hecho es importante, porque el elemento material está en los informes; y el elemento sustancial vinculado a una conducta específica del imputado, cuando se tiene que considerar este peligro procesal, debe ser hacérselo desde la perspectiva de las personas y de los hechos, bajo principios de razonabilidad y proporcionalidad; por lo tanto, no puede señalarse que solamente se tenga que considerar la existencia o inexistencia de antecedentes penales, que es lo que refleja el certificado emitido por el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), para desvirtuar un peligro de esta naturaleza, sino se debe considerar desde una perspectiva integral, las circunstancias de las personas, en la especie, el imputado conducía en estado inconveniente siendo un chofer profesional, entonces no significa penalizar el hecho en sí; tampoco es evidente que, al tratarse de un delito culposo no merezca detención preventiva o alguna medida cautelar; el delito culposo es una causal de improcedencia de la detención preventiva; y por lo mismo, no se encuentra exento de su aplicación;

b) La detención preventiva, tiene carácter instrumental y se encuentra vinculada a la existencia de peligros procesales. El peligro para la sociedad se trasunta en el desprecio que demostró el imputado respecto a la seguridad vial y a su responsabilidad como un conductor profesional;

c) El informe complementario da cuenta que el imputado, a pesar de haber estado en un estado inconveniente no solamente hizo gala y se congratuló de estar en ese estado, ante sus compañeros de trabajo, por lo que resulta ser reprochable; puesto que después, él mismo hizo notar que se estaba “recogiendo” a su casa, denotando su estado inconveniente, no otra manera se explica el contenido de los mensajes de WhatsApp; lo que evidencia su desprecio a la seguridad propia y de terceros y siendo particularmente chofer profesional de taxi; lo que evidentemente, es un peligro efectivo para la sociedad, conducta demostrada no solamente en el hecho sino por la consecuencia del mismo, que segó la vida de una persona por determinados motivos que serán aclarados por determinados actuados de la investigación; y, d) Demostró que su conducta respecto al consumo de bebidas alcohólicas utilizando el vehículo, con una situación que en efecto prescribe o describe un peligro efectivo para la sociedad, a partir de esa conducta precedente se puede prever un peligro para la sociedad, en el marco de los principios que establece el art. 235 ter del CPP, sobre la razonabilidad de lo solicitado por el Ministerio Público; respecto al último agravio, que se refiere a la alusión de falta de fundamentación, sobre la duración de la medida impuesta, el fallo del inferior señaló cuáles fueron los actos investigativos pendientes, y el lapso de tres meses para su realización, lo que justificaría la duración de la medida de la determinada necesidad; y, además por la naturaleza de este tipo de investigaciones; por tanto, el motivo planteado en alzada no está suficientemente sustentado para dejar sin efecto el Auto apelado. Ahora bien, una vez glosados los argumentos tanto del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, como los fundamentos de la decisión impugnada, así como de su antecesora, corresponde a continuación verificar si esta última cumplió con los elementos del debido proceso.

En ese orden se evidencia que el recurso de apelación incidental interpuesto por el hoy impetrante de tutela, se basó en que no se valoró la prueba presentada, como es el registro de antecedentes penales y que la necesidad de la medida cautelar solo se basó en que el imputado –hoy solicitante de tutela– fue consciente en que subirse a un vehículo en estado de ebriedad, genera peligro para la sociedad, lo que a su decir, constituye un criterio subjetivo, como la afirmación de que nada garantiza que el precitado el día de mañana no vuelva a subirse a una movilidad; extremo que, no puede usarse como parámetro para establecer una detención preventiva al tratarse de meras suposiciones, cuando además el delito es culposo y no se fundamentó sobre su necesidad ni sobre el plazo impuesto, para la aplicación de la medida extrema.

De los fundamentos expuestos por el Vocal ahora demandado, se evidencia que sobre lo reclamado señaló que el art. 137.4 del CPP establece que deben considerarse los elementos materiales comprobables, y en el caso, más allá de la conducta del imputado –hoy accionante– de manejar en estado de ebriedad, que constituye en sí una falta de tránsito, vulnera la Ley del Consumo de Bebidas Alcohólicas; pero además, se trata de una previsión de índole profesional por parte del imputado, quien es chofer profesional de taxi; por lo tanto, debe aplicársele mayor rigurosidad; y que, la medida dispuesta de detención preventiva debe tomársela desde una perspectiva de las personas y de los hechos, bajo principios de razonabilidad y proporcionalidad. Criterio que deviene de la valoración probatoria y de la libertad de convicción o de sana crítica racional del juzgador, porque emanó de la verdad real o material; demostrando que, no se basó en discrecionalidad ni arbitrariedad alguna, al contrario, resulta razonable la consideración realizada por el mismo, al ser evidente que el ahora impetrante de tutela es un chofer profesional que se dedica a ese oficio en particular; por lo tanto, los baremos de razonabilidad y proporcionalidad resulta ser de mayor rigurosidad; tal como, lo detectó el Vocal –ahora demandado–, pues la decisión asumida cuenta con la debida motivación sobre los fundamentos que dieron lugar a la misma.

A lo señalado, la precitada autoridad reforzó los criterios expuestos por el Juez a quo; explicando que en el caso analizado, no se puede considerar únicamente lo que refleja el certificado emitido por el REJAP, sino que debe tenerse una perspectiva integral; y que, el hecho de que un conductor profesional conduzca en estado de ebriedad, no es penalizar el hecho en sí; pues tampoco resulta evidente, que al tratarse de un delito culposo, no será posible aplicar la medida de detención preventiva. Extremos que, resultan correctos y se basan en pruebas objetivas presentadas; explicando la razón por la cual, el certificado de antecedentes penales no fue pertinente para desvirtuar el riesgo procesal; así como, una correcta aplicación de la ley, de acuerdo a la sana crítica, permitida a los juzgadores.

Asimismo, explicó por qué se considera que existe el riesgo procesal sobre peligro para la sociedad, el que se trasunta en el desprecio que demostró el ahora solicitante de tutela a la seguridad vial y a su responsabilidad como conductor profesional, analizó su conducta, y explicó de manera por demás fundamentada que dicho desprecio se refleja tanto con su propia vida como de terceros, y al ser chofer profesional de taxi; sin duda, evidencia la existencia de un peligro efectivo para la sociedad; tal como, había sido detectado anteriormente por el Juez de Instrucción, lo que dio como resultado la muerte de una persona, por motivos que serán aclarados por determinados actuados de la investigación posterior.

Finalmente, sobre el término establecido para la detención preventiva, es un extremo que también fue respondido, al haber constatado el ad quem, que el Juez inferior había identificado adecuadamente las razones para la duración de la medida; extremo que, resulta evidente, pues el fallo del inferior señaló cuáles fueron los actos investigativos pendientes, como son: 1) la toma de testimonios; 2) la inspección y reconstrucción; y, 3) la prueba pericial; lo que justifica la duración de la medida de la determinada necesidad; y además, por la naturaleza de este tipo de investigaciones. De donde se evidencia que, los motivos planteados en alzada se encuentran suficientemente sustentados y fundamentados, por parte de la autoridad jurisdiccional demandada, pues explica de manera adecuada la necesidad de la medida impuesta; así como, el plazo de la misma, decantando en la prevalencia del debido proceso, correspondiendo en lógica consecuencia a ello, la denegatoria de la tutela solicitada, al no advertirse acto ilegal u omisión indebida que amerite la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 004/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 46 a 51, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0244_2024-S4.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): be52c67dfa1fd0b1cbdf63dc3417b6f4831f1b51aecb4590cf1389cbff04f37c

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