B.IA.LEGAL

SCP 0243/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 16 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
16 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
51087-2022-103-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, interpuso incidente de redención de la pena ante la Jueza accionada; sin embargo, dicha autoridad hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar no resolvió ese incidente, pese a que cumple con los requisitos para solicitar este beneficio. Respecto a la omisión lesiva que se le atribuye, la Jueza accionada refirió que: a) En los antecedentes procesales se registra un memorial de incidente de redención de la pena presentado el “26” de agosto de 2022, que fue resuelto mediante decreto de 29 del mismo mes y año, disponiendo que por Secretaría del Juzgado se elabore informe sobre el cómputo de la condena para verificar si la impetrante de tutela cumplía las dos quintas partes de la pena; así, el 8 de septiembre de ese año admitió el referido incidente, con base al Informe de cómputo elevado el 7 del citado mes y año por la Secretaría referida, que confirmó que la peticionante de tutela cumplía con dicho requisito. En consecuencia, se ordenó la notificación a todas las partes procesales; que no se encuentran legalmente notificadas en el marco de lo previsto en el art. 429 bis del CPP; y, la emisión de oficios al “DEP”; y, b) No corresponde analizar el fondo de la problemática jurídica planteada debido a la inobservancia del principio de subsidiariedad excepcional. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16 de 15 de septiembre de 2022, cursante de fs. 11 a 13 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, ante la constatada lesión de los derechos al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones vinculados a la libertad de la accionante, conforme a los fundamentos precedentemente desarrollados; disponiendo que la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -accionada-, cumplidos los parámetros normativos procesales penales aplicables, resuelva de manera inmediata la solicitud de redención de la pena formulada por la impetrante de tutela el “26” de agosto de 2022, siempre que ello no hubiera sido ya realizado por el transcurso del tiempo; y, 2° Llamar la atención a Carla Alejandra Arancibia Morato y Hernán Seiwald Suárez, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad de pronto despacho en solicitudes y trámites de beneficios carcelarios en etapa de ejecución de sentencia
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0243/2025-S2 Sucre, 16 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 51087-2022-103-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 16 de 15 de septiembre de 2022, cursante de fs. 11 a 13 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lisbeth Noelia Gonzales Tomicha contra Gabriela Suárez Vaca, Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de septiembre de 2022, cursante de fs. 2 a 3, la accionante manifiesta que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el marco del proceso penal que siguió el Ministerio Público en su contra, por la comisión del delito de homicidio, registrado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 70149676, el “25” de agosto de 2022 presentó incidente de redención de la pena ante Gabriela Suárez Vaca, Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, debido a que, se encuentra habilitada para solicitar este beneficio penitenciario, ya que cumplió cuatro años y seis meses desde la condena impuesta; empero, hasta la interposición de este mecanismo de defensa, dicha autoridad no resolvió su pretensión.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, citando al efecto los arts. “23 numeral 1” -lo correcto es 23.I- y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene a la Jueza accionada a resolver su incidente y enviar al “Régimen Penitenciario” el oficio de redención.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 10 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su abogado en audiencia, ratificó los argumentos de la acción tutelar y ampliando los mismos refirió que: a) El “26” de agosto de 2022, presentó incidente de redención de la pena, el cual a la interposición de esta acción de libertad “…no se encontraba con salida el memorial presentado…” (sic). Así, transcurridos veinte días sin resolución, por estar supuestamente en despacho, el Secretario del Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz alegó que la carga procesal retrasaba el trámite, indicándole que “espere” por la acumulación de memoriales pendientes, argumento que carece de sustento, toda vez que, “el código” -se infiere el Código de Procedimiento Penal- establece un plazo máximo de cuarenta y ocho horas para resolver los memoriales; y, b) Tras veinte días sin respuesta “…inexplicablemente hacen aparecer que en fecha 08 de septiembre hay un informe del secretario que inclusive ya se llevó el oficio a Palmasola siendo que existe un sistema judicial en el cual se puede evidenciar cuando se ha remitido el oficio, cuando se realizó el computo con el informe están pretendiendo desvirtuar o engañar a su autoridad…” (sic).

I.2.2. Informe de la parte accionada

Gabriela Suárez Vaca, Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito, cursante de fs. 8 a 9, señaló que no corresponde conceder la tutela solicitada, por los siguientes argumentos: 1) La accionante fue sentenciada por el Tribunal de Sentencia Séptimo de la Capital del citado departamento, a ocho años y seis meses de reclusión en el Centro Penitenciario Palmasola del mismo departamento; 2) En los antecedentes procesales consta radicatoria del proceso en ejecución de la sentencia de 15 de agosto de 2022, sobre la cual se ordenó notificar a las partes y solicitar a la “…Dirección del Establecimiento Penitenciario…” (sic) -se entiende del Centro Penitenciario mencionado- el Certificado de Permanencia y Conducta de la peticionante de tutela; 3) Se registra un memorial de incidente de redención de la pena presentado el “26” del señalado mes y año, que fue resuelto mediante decreto del 29 de ese mes y año, disponiendo que por Secretaría del Juzgado se elabore un informe sobre el cómputo de la condena para verificar si la accionante cumplía las dos quintas partes de la pena, requisito establecido en el art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-; así, el 8 de septiembre de 2022 se admitió el señalado incidente, con base en el informe de cómputo elevado el 7 del mismo mes y año por la Secretaría señalada, que confirmó que la impetrante de tutela cumplía con dicho requisito. En consecuencia, se ordenó la notificación a todas las partes procesales y la emisión de oficio al “DEP”; 4) De la revisión del cuaderno procesal se evidencia que, las partes no se encuentran legalmente notificadas con el memorial de incidente de redención de la pena, el informe de cómputo y la admisión del citado incidente, tal como lo establece el art. 429 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP), incorporado por el art. 3 de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-; y, 5) No corresponde analizar el fondo de la problemática jurídica planteada, debido a la inobservancia del principio de subsidiariedad -excepcional-, pues en el marco de lo previsto en el art. 125 de la CPE y la SCP 0431/2017-S1 del “4” de mayo -lo correcto es 24-, es necesario agotar previamente los mecanismos específicos de defensa -idóneos, eficientes y oportunos- para restituir el derecho a la libertad; además, las SSCC 0080/2010-R y 0081/2010-R -ambas del 3 de mayo- prohíben activar vías paralelas en las jurisdicciones ordinaria y constitucional de manera simultánea, en este caso, la vía ordinaria -prevista en el CPP- es la más idónea para resolver presuntas vulneraciones de derechos cometidas por órganos judiciales, por lo que la acción de libertad solo procede tras agotar dichos recursos.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución de 16 de 15 de septiembre de 2022, cursante de fs. 11 a 13 vta., concedió la tutela solicitada y ordenó a la autoridad jurisdiccional accionada realizar todos los actos procesales necesarios para notificar a los sujetos del proceso principal, sea esta mediante las oficinas gestoras de procesos por ciudadanía digital, de acuerdo a lo que la ley establezca. Sin imposición de costas. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) La accionante alegó que la Jueza accionada incurrió en una dilación indebida al no tramitar su incidente de redención de la pena, pese a cumplir con los requisitos legales para acceder a la libertad; ii) La impetrante de tutela tiene una condena por ocho años y seis meses por el delito de homicidio; sin embargo, conforme al procedimiento penal tiene derecho a su libertad a través del planteamiento del señalado incidente, cuyo principal requisito es cumplir dos quintas partes de la condena; iii) Pese a contar con los requisitos establecidos para obtener el mencionado beneficio penitenciario y su consiguiente libertad se evidencia que, la Jueza accionada incumplió los plazos procesales, vulnerando su derecho a la libertad en conexitud al debido proceso y principio de celeridad, así como a una justicia pronta y oportuna. Situación que está comprendida entre los cuatro presupuestos establecidos en los arts. 125 de la CPE y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo) ya que se vincularía con una indebida privación de libertad; iv) La autoridad jurisdiccional accionada sostiene que, el trámite del referido incidente se suspendió por la falta de notificaciones a las partes procesales, este argumento contradice lo dispuesto en los arts. 160 y ss. del CPP, referido a que las notificaciones tienen por finalidad dar a conocer a las partes o a terceros las resoluciones judiciales; por lo que, no se puede alegar este hecho como justificativo porque con este fin el Estado ha previsto las Oficinas Gestoras de Procesos; y, v) El Estado dispuso que en el término de veinticuatro horas de emitida la resolución, se debe hacer conocer a las partes la misma, sino a través de la mencionada Oficina Gestora de Procesos, mediante el buzón de ciudadanía digital, vigente en el marco de lo dispuesto en los arts. 161 y 162 del referido Código; por tal motivo, la autoridad accionada no puede invocar la falta de notificación como justificativo para incumplir el procedimiento, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para agilizar el trámite del incidente de redención de la pena y materializar la libertad de la accionante.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro de esta acción de defensa no se acompañó la documentación relacionada con el incidente de redención de la pena formulado por la ahora impetrante de tutela. Ante ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional fundamentará su decisión en base a hechos admitidos y no controvertidos por las partes procesales y la verificación de antecedentes que habría realizado la Sala Constitucional al momento de asumir su determinación.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, interpuso incidente de redención de la pena ante la Jueza accionada; sin embargo, dicha autoridad hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar no resolvió ese incidente, pese a que cumple con los requisitos para solicitar este beneficio. Respecto a la omisión lesiva que se le atribuye, la Jueza accionada refirió que: a) En los antecedentes procesales se registra un memorial de incidente de redención de la pena presentado el “26” de agosto de 2022, que fue resuelto mediante decreto de 29 del mismo mes y año, disponiendo que por Secretaría del Juzgado se elabore informe sobre el cómputo de la condena para verificar si la impetrante de tutela cumplía las dos quintas partes de la pena; así, el 8 de septiembre de ese año admitió el referido incidente, con base al Informe de cómputo elevado el 7 del citado mes y año por la Secretaría referida, que confirmó que la peticionante de tutela cumplía con dicho requisito. En consecuencia, se ordenó la notificación a todas las partes procesales; que no se encuentran legalmente notificadas en el marco de lo previsto en el art. 429 bis del CPP; y, la emisión de oficios al “DEP”; y, b) No corresponde analizar el fondo de la problemática jurídica planteada debido a la inobservancia del principio de subsidiariedad excepcional. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad de pronto despacho en solicitudes y trámites de beneficios carcelarios en etapa de ejecución de sentencia

Sobre el particular, la SCP 0327/2024-S2 de 9 de julio, precisó el entendimiento sobre el alcance y presupuestos de activación de la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho ante solicitudes y trámites de beneficios carcelarios en etapa de ejecución de sentencia, señalando: “Al respecto, es necesario realizar una consideración previa y aclarativa, sobre la procedencia de la acción de libertad cuando se invoca presuntas irregularidades del debido proceso en ejecución de sentencia, vinculado ello a beneficios extracarcelarios, casos en los cuales -con anterioridad- esta Relatoría inicialmente consideraba que para poder analizar vía acción de libertad, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, las denuncias de procesamiento indebido, en dichas situaciones fácticas, se requería como presupuesto que el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, debían estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión, (en esa línea, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0357/2021-S3, 0721/2021-S3, 0781/2021-S3, 0971/2021-S3 y 0797/2022-S3, entre otras); sin embargo, es el actual criterio de esta Relatoría, que tomando en cuenta que las mencionadas solicitudes presentadas por los accionantes siempre estarán destinadas a obtener un beneficio penitenciario, y por ende a mejorar su situación jurídica de privado de libertad; en consecuencia, en un nuevo razonamiento, se concluye que dichas situaciones que involucren un eventual pronto despacho en solicitudes y trámites de beneficios carcelarios en etapa de ejecución de sentencia, sí tienen vinculación con el derecho a la libertad; por cuanto, su finalidad es la modificación de la situación jurídico procesal del condenado, tomando en cuenta que es obligación del Estado boliviano atender con mayor prontitud las solicitudes que tengan por finalidad materializar la reinserción social del privado de libertad; siendo este un entendimiento razonable, dadas las particularidades de este tipo de casos, por lo que, la vía idónea para tutelar la vulneración al principio de celeridad que importe un indebido procesamiento es la acción de libertad, que tiene como finalidad precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica del privado de libertad. En ese mismo sentido los votos fundamentados desarrollados por esta Relatoría en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0147/2024-S2, 0153/2024-S2 y 0155/2024-S2” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

En función al objeto procesal -delimitado en el acápite III- corresponde remitirnos al criterio jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional que, sobre la acción de libertad establece que constituye el mecanismo jurisdiccional idóneo para garantizar el cumplimiento del principio de celeridad procesal, siempre que este guarde relación directa con el derecho a la libertad de la persona accionante. En su modalidad de pronto despacho, esta acción resulta procedente para exigir la resolución oportuna de trámites relativos a beneficios penitenciarios en la etapa de ejecución de sentencia ante una dilación injustificada, tomando en cuenta que las mencionadas solicitudes siempre estarán destinadas a modificar su situación jurídica de privado de libertad. En ese marco, de acuerdo con las aseveraciones no controvertidas por las partes procesales dentro de esta acción tutelar, se advierte que, en el proceso penal por el delito de homicidio que siguió el Ministerio Público contra Lisbeth Noelia Gonzales Tomicha -hoy impetrante de tutela-, esta presentó el “26” de agosto de 2022 incidente de redención de la pena, ante la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, sustentando la pretensión subyacente en el cumplimiento de los requisitos para su procedencia, al haber transcurrido cuatro años y seis meses privada de libertad en el Centro Penitenciario de Palmasola del señalado departamento, requisito necesario para acceder al beneficio.

En este contexto, se vislumbra la existencia de una dilación indebida en el trámite del incidente de redención de la pena, debido a que, según el informe escrito cursante de fs. 8 a 9, presentado por la Jueza accionada dentro de esta acción de defensa, tras recibir dicha solicitud el “26” de agosto de 2022, ordenó que por Secretaría de su Despacho se realice informe de cómputo, a fin de verificar el cumplimiento de las dos quintas partes de la condena impuesta a la peticionante de tutela. Dicho informe, emitido el 7 de septiembre de ese año -en cumplimiento del decreto de 29 de agosto de igual año- confirmó que la nombrada cumplía con el requisito, lo que motivó la admisión del incidente el 8 de septiembre del mismo año.

De modo que, en el marco del objeto procesal -que converge en la presunta dilación indebida en resolver el incidente de redención de la pena- se advierte que, la Jueza accionada omitió pronunciar la resolución de redención dentro del plazo legal, pese a que -inicialmente- la normativa aplicable -art. 74 del Decreto Supremo (DS) 26715 de 26 de julio de 2002 (Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad)- establece que, en caso de requerirse un informe del Director del Centro Penitenciario, este debe ser solicitado dentro de las veinticuatro horas posteriores a la presentación del incidente -circunstancia que, en el caso concreto, no fue considerada necesaria por dicha autoridad-. Aún, si la Jueza accionada hubiera requerido de otra información de respaldo, debía ser remitida dentro de las cuarenta y ocho horas e independientemente de recibir o no esta documentación, correspondía que, cumplidos los parámetros normativos aplicables, resuelva el incidente con base en la solicitud de redención de la pena, si fuera necesario en contraste con otro elemento de prueba disponible, pero en estricto cumplimiento de los plazos procesales. Considerando además que, incluso la falta de notificación a los demás sujetos procesales con dicho incidente alegado por la autoridad referida en su informe presentado en esta acción tutelar, repercutió en la irresolución del mismo, no pudiendo -como se pretende en el descargo planteado- considerarlo como una justificación para la demora, sino por el contrario se constituyó en un componente más que ahondó el trámite dilatorio advertido; en razón a que, el cumplimiento de las diligencias respectivas correspondían sean efectivizadas por el órgano jurisdiccional, sin que su falta de realización oportuna pueda aceptarse como un justificativo en la demora de dilucidación de la situación procesal de la ahora accionante.

Conforme a lo cual se advierte que, la autoridad jurisdiccional accionada se limitó a admitir el incidente, el 8 de septiembre de 2022 -tras recibir el informe de cómputo del 7 de septiembre del referido año emitido por Secretaría del Juzgado-, sin observar de forma diligente los parámetros y plazos procesales penales aplicables y en su efecto resolver el fondo y según corresponda la solicitud de redención de la pena formulada por la ahora impetrante de tutela, dilación que se prolongó inclusive hasta la interposición de la acción de libertad -14 de septiembre del mismo año-, retrasando la definición de la situación procesal de la privada de libertad -peticionante de tutela- en cuanto al requerido beneficio penitenciario.

En definitiva, el Tribunal Constitucional Plurinacional concluye que, dicha conducta omisiva/dilatoria ocasionó una restricción indebida de los derechos al debido proceso y a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones vinculados con la libertad de la accionante, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela impetrada, bajo la modalidad traslativa o de pronto despacho.

Debiéndose aclarar que, el resguardo de protección tutelar asumido responde únicamente en lo concerniente a la resolución oportuna del incidente de redención de la pena, pues corresponderá a la Jueza accionada, resolver en el fondo esa solicitud, por lo que, el petitorio relacionado con que se envíe al “Régimen Penitenciario” el oficio de redención, no puede ser atendible al ser una atribución competencial de la Jueza accionada resolver -conforme sea atingente en derecho- tal solicitud formulada intra proceso penal en fase de ejecución.

III.3. Otras consideraciones

Resuelta la problemática jurídica planteada, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre la actuación procesal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, debido a que, mediante Auto emitido el 15 de septiembre de 2022 (fs. 4) ordenó a la Jueza accionada remitir el cuaderno procesal en atención a lo requerido en el otrosí primero del memorial de acción de libertad; sin embargo, incurrió en la omisión de no elevar en fotocopias tal documentación a esta instancia de revisión, la cual, según se infiere, fue analizada por dicha Sala, al referirse en términos categóricos sobre la veracidad de los actuados procesales desplegados en el trámite del incidente de redención de la pena; en consecuencia, dicha omisión constituye una clara inobservancia a lo dispuesto en el artículo 38 del CPCo que establece una obligación para que se eleven de oficio los antecedentes que hubiesen sido de su conocimiento. En ese sentido, en un escenario fáctico distinto, esta circunstancia hubiera ameritado la suspensión de plazos procesales para recabar dicha documentación; no obstante, en el presente caso, tal incumplimiento no incidió en la resolución de la acción de defensa; toda vez que, se sustentó en hechos reconocidos y no controvertidos por los sujetos procesales, en particular, resultó determinante el informe escrito presentado por la Jueza accionada, en el cual se informó hechos coincidentes a los concluidos en la valoración de documentos realizada por la Sala Constitucional. Conforme a ello, corresponde llamar la atención a los Vocales de la indicada Sala Constitucional, ante la evidente omisión inherente al procedimiento y al trámite procesal constitucional.

En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16 de 15 de septiembre de 2022, cursante de fs. 11 a 13 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, ante la constatada lesión de los derechos al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones vinculados a la libertad de la accionante, conforme a los fundamentos precedentemente desarrollados; disponiendo que la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -accionada-, cumplidos los parámetros normativos procesales penales aplicables, resuelva de manera inmediata la solicitud de redención de la pena formulada por la impetrante de tutela el “26” de agosto de 2022, siempre que ello no hubiera sido ya realizado por el transcurso del tiempo; y, 2° Llamar la atención a Carla Alejandra Arancibia Morato y Hernán Seiwald Suárez, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0243_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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