B.IA.LEGAL

SCP 0243/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 8 de mayo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
8 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
46918-2022-94-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los impetrantes de tutela, alegaron la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral, vinculados a la vida, a la salud, a la estabilidad laboral y al trabajo; toda vez que: i) Fueron removidos de sus fuentes laborales a otros Centros de Salud, cambiando sus horarios, por lo cual se les dificulta el traslado al mismo, sin tomar en cuenta los Servidores Púbicos hoy demandados que gozan de inamovilidad laboral por sus condiciones de madre y padre progenitores de menores; además, de no reconsiderar tal decisión pese a que se les hizo conocer por escrito tal situación, sin obtener respuesta alguna; y, ii) Por el contrario desde la interposición de la presente acción tutelar, vienen sufriendo una serie de acosos laborales por parte de estos funcionarios hoy demandados. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 50/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 249 a 253 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER, la tutela impetrada, en los mismos términos de la referida Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Excepción al principio de subsidiariedad cuando se denuncia la lesión a la inamovilidad laboral por mujeres embarazadas y/o padres progenitores de hijos menores a un año de edad
  2. III.2. El derecho a la inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas o padres progenitores
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0243/2023-S4 Sucre, 8 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 46918-2022-94-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 50/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 249 a 253 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cecilia Rocío Navia y Ricardo Zambrana Valdez contra Jenny Virginia Magne Anzoleaga, ex Administradora Regional interina (a.i.); Susana Rivera Ortega y Daniel Berrios Macedonio, Supervisores de Enfermería a.i.; Elios Rojas Sánchez, ex Director Medicina Familiar y Comunitaria a.i.; y, Juan Carlos Ayala Palenque, Encargado de la Unidad Administrativa de Recursos Humanos (RR.HH.), todos de la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 11 de febrero de 2022, cursante de fs. 34 a 41 vta.; de subsanación el 21 del mismo mes y año (fs. 45 a 46); y, el 24 de marzo de igual año (242 y vta.) los accionantes, manifestaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Respecto a la impetrante de tutela, señaló que tiene un hijo menor de edad NN nacido el 21 de mayo de 2021; por lo que, gozaría de inamovilidad laboral, prestando sus servicios laborales como Licenciada en Enfermería para la CNS Regional Cochabamba, por seis años y cinco meses aproximadamente; entendiéndose que, desde el 1 de julio de 2020, se encontraba desarrollando funciones en el Centro Policlínico CIS SARCOBAMBA en un horario de 07:45 a 14:00, conforme a las boletas de pagos y certificados de trabajo que se adjuntan; sin embargo, el 3 de enero de 2022 de manera intempestiva y sin ningún acuerdo con su persona se le cambia el horario y lugar de trabajo del Centro Policlínico CIS SARCOBAMBA al Hospital Obrero, ubicado en la av. Blanco Galindo, inicialmente –31 de diciembre de 2021– recibió una llamada telefónica; en la cual, se le comunicaba estos cambios, ello supuestamente desde el 1 de enero de 2022; sin otorgarle memorándum alguno, en otra oportunidad recibe una segunda llamada telefónica indicándosele que mientras no llegue su memorándum oficial, continúe en el citado Policlínico. Es así que el domingo 2 de enero de 2022, a las 18:00, mientras se encontraba en actividades personales, recibió el llamado telefónico de Susana Rivera Ortega –ahora codemandada–, quien en tono inapropiado le acusa de estar grabando su conversación, después le indica que desde el 3 de enero del citado año ya no trabajaría más en el Policlínico CIS SARCOBAMBA, debiendo presentarse a las 07:00 en el Hospital Obrero y buscar a la “Jefa del Hospital”; por lo que, su persona le solicita que rectifique; debido a que, no estaban considerando que su persona goza de inamovilidad laboral al tener un menor lactante de siete meses y sus enfermedades de base (Presión arterial alta y diabetes); toda vez que, en el Hospital Obrero se atienden casos de COVID-19; en el cual, correría riesgo su persona, además de no dejar la institución de esa manera ya que tiene varios pendientes en el indicado Policlínico, señalándole que debería cumplir con lo ordenado. Al día siguiente cuando se presentó a dicho Hospital, a fin de no perder su trabajo, la Jefa de Hospital le solicitó exhiba el memorándum de designación, a lo que respondió que jamás le entregaron, derivándola ante la Coordinadora del Sector de Cirugía; quien le manifestó que, su turno asignado era por la tarde y no por la mañana; es decir, de 13:15 a 19:15, que debería volver por la tarde; por lo que, se dirigió al Policlínico en la cual hizo entrega del inventario material logístico, ya en dicho lugar se le hace entrega del Memorándum SER 1854/2021 de 31 de diciembre, el 3 de enero de 2022; por el cual, recién se le comunica formalmente el cambio al Hospital Obrero desde ese día, ordenándosele entregar el inventario según norma, firmando al pie, Susana Rivero Ortega; y, Elio Rojas Sánchez –hoy demandados–, una vez entregado el inventario tuvo que constituirse a las 13:00 al referido Hospital para trabajar en este nuevo horario asignado, trabajando ese día horas extras sin remuneración alguna, además de desconocerse su horario de lactancia. Ante dicha arbitrariedad presentó lo siguiente: a) Misiva de 5 de enero de 2022, interpuesta con Notario de Fe Pública 31, dirigida a Jenny Virginia Magne Anzoleaga, Administradora de la CNS Regional Cochabamba; por la cual, reclama el respeto a su inamovilidad laboral, solicitando se deje sin efecto el Memorándum SER 1854/2021, adjuntando documentación que acredita su embarazo y enfermedades de base otorgados por la misma CNS en Formulario de referencia y Certificado de Nacimiento de su hijo NN; b) Nota de 6 del citado mes y año, presentada a través del mismo Notario, esta vez ante Susana Rivera Ortega, Supervisora de Enfermería de la indicada CNS con el mismo contenido de la primera misiva; y, c) Mediante oficio de 10 de enero de 2022, nuevamente con este Notario, hizo conocer a Susana Rivera Ortega, que ha sido contagiada con COVID-19 y al tener las enfermedades de base, y al haberla enviado a trabajar a ese lugar, teniendo conocimiento de sus enfermedades de base, vulneraron la normativa laboral; además de no habérsele dado respuesta a ninguna de las tres notas presentadas, persistiendo la lesión de su derecho a la inamovilidad. Con relación al coaccionante, quien presta sus servicios laborales en Enfermería de la CNS Regional Cochabamba, desde octubre de 2014, desarrollando funciones en el Centro Integral de Medicina Familiar CIMFA M.A.V., desde junio de 2021, conforme Memorándum 963/2021 de 7 de julio y Contrato 793/2021 de 1 del mismo mes y año, cumpliendo un horario de 07:45 a 14:00; sin embargo, el 4 de enero de 2022, de manera intempestiva y sin ningún acuerdo previo con su persona, a través de Memorándum 931/2021 de 30 de diciembre, se le cambia el horario y lugar de trabajo del Centro Integral de Medicina Familiar CIMFA M.A.V. ubicado en la av. Ayacucho de la ciudad de Cochabamba, al Centro Integral de Salud C.I.S. de Punata de 13:45 a 20:00; es decir, a más de 47 km², de la ciudad de Cochabamba; asimismo, su horario de trabajo de la mañana a la tarde; al día siguiente, pese a no estar de acuerdo por no perder su fuente laboral, “SIN ACEPTAR DICHOS CAMBIOS”, se presentó al nuevo lugar de trabajo señalado; no obstante a ello, procedió a realizar algunos reclamos: 1) Mediante nota de 5 de enero de 2022, con Notario de Fe Pública 32, dirigida a Jenny Virginia Magne Anzoleaga, en su calidad de Administradora de la CNS Regional Cochabamba, solicitó el respeto a su inamovilidad laboral, como padre progenitor de un menor –en ese entonces siete meses de edad–, solicitando se deje sin efecto el Memorándum VAV 931/2021, adjuntando documentación que respalda lo mencionado; y, 2) Ese mismo día, a través de misiva también con igual Notario, reiteró su petición en esta oportunidad ante “Carlos Ayala” en su condición de Jefe de Recursos Humanos (RR.HH.) de la CNS Regional Cochabamba. Ambas notas no obtuvieron respuesta alguna. Denunciaron que, durante el transcurso de los días de la reprogramación de audiencia de la presente acción tutelar, han sido víctimas de acoso laboral por parte de Jenny Virginia Magne Anzoleaga y otros servidores de la CNS Regional Cochabamba, siendo sujetos a varios cambios dentro de esa institución; por lo que, conforme el Decreto Supremo (DS) 0012 de 2 de febrero de 2009, ambas personas están sujetas a la inamovilidad laboral, no pudiendo ser designadas a cambios de cargos, mucho menos de horario laboral; sin embargo, la CNS en primera instancia señaló un rol de turnos para el mes de marzo de 2022, a través de una publicación en panel donde se puede evidenciar que la ahora accionante trabajó más de doce horas; por otro lado, el siguiente turno para abril de 2022; por el cual, nuevamente su turno se modifica al de la noche, perjudicando una vez más su horario habitual ignorando su inamovilidad laboral, a pesar de los reclamos pertinentes los mismos no fueron tomados en cuenta, más al contrario le informaron que los horarios son inamovibles y que debía continuar con los mismos. Además de ser amedrentada por acusaciones falsas, entrega de Memorándums fuera de plazo y distintas formas de acoso (movimiento abrupto de roles de horarios). Respecto al coaccionante, alegó estar recibiendo una serie de acosos por las que se entorpece el normal desarrollo de sus funciones como ser, pidiéndole informes, iniciación de procesos internos, etc.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela, alegaron como lesionado sus derechos a la inamovilidad laboral, vinculados a la vida, a la salud, a la estabilidad laboral y al trabajo, citando al efecto los arts. 15.I, 46.I, 48.II y IV de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se restablezcan sus derechos vulnerados, determinando que: i) Sean restituidos a sus lugares de trabajo en los mismos horarios e igualdad de condiciones; ii) Se dejen sin efecto los Memorándums 1854 y 931, ambos de 2021; iii) Sea con condenación costas y costos; y, iv) Ordene el cese de todo acto de acoso laboral en sus contra.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 25 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 272 a 274 vta., presentes la parte accionante, así como los demandados asistidos de sus abogados; y, ausentes los terceros interesados; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Los impetrantes de tutela, a través de sus abogados en audiencia, ratificaron de forma íntegra su memorial interpuesto dentro de la presente acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de los funcionarios Públicos demandados

Jenny Virginia Magne Anzoleaga, ex Administradora Regional a.i.; Susana Rivera Ortega y Daniel Berrios Macedonio, Supervisores de Enfermería a.i.; Elios Rojas Sánchez, ex Director Medicina Familiar y Comunitaria a.i.; y, Juan Carlos Ayala Palenque, Encargado de la Unidad Administrativa de RR.HH., todos de la CNS Regional Cochabamba, presentaron informe escrito el 9 de marzo de 2022, cursante de fs. 222 a 226, manifestaron que: a) Existe incongruencia entre el derecho que se alega vulnerado con la petición en sí; ya que, los solicitantes de tutela continúan trabajando en la institución de manera normal, percibiendo sus salarios mensual, sin que se esté afectando su estabilidad laboral; además de no cumplir con el principio de subsidiariedad, citando al efecto la SC 1337/2003-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0002/2012 y 0158/2018-S3; b) Respecto a los cambios de Centros de Salud de los accionantes, es importante aclarar que conforme el art. 30 de del Reglamento Interno de trabajo de la CNS referente a la rotación, establece que: “‘SE DISPONDRÁ LA ROTACIÓN DE LOS TRABAJADORES (AS) PERIÓDICAMENTE EN UNIDADES DONDE POR SUS CARACTERÍSTICAS, SEAN PERTINENTES ESTOS MOVIMIENTOS′. EN REFERENCIA A ESTE PUNTO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE TRABAJO FIRMADO POR LOS ACCIONANTES SEÑALA: «…PUDIENDO LA CAJA DURANTE ESTE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO DISPONER QUE EL CONTRATO (A) PRESTE SUS SERVICIOS EN EL LUGAR QUE SE REQUIERA»; señalando en los primeros contratos: «…sin que el contrato pudiera alegar titularidad del cargo»′”; por ello, es necesario que se considere que toda trabajadora y trabajador de la CNS suscribe un contrato que es un acuerdo de partes donde dan el consentimiento y aceptación a ser cambiados de puesto y lugar de trabajo esta cláusula es de pleno conocimiento de los impetrantes de tutela, misma que conocen que al ser una institución del sector salud están disponibles para poder ser transferidos o cambiados de lugar para poder brindar un mejor servicio a toda la población asegurada de la CNS; reiterando que, no se les está disminuyendo su salario o despidiendo, simplemente se limitaron a actuar conforme lo estipulado por el contrato y el Reglamento interno; aclarando que, el sector de enfermería es una Unidad operativa de apoyo y servicio, que coordina, supervisa, evalúa etc.; y, c) Por otro lado, no se tiene constancia de una denuncia o inspección de la Jefatura Departamental de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social sobre la inamovilidad laboral por los funcionarios ahora accionantes, existiendo solamente una denuncia por acoso laboral presentada por Ricardo Zambrana Valdez, misma que fue declinada la competencia; por todo lo expuesto, solicitaron se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Rocío Mejía Coca y Claudia Guzmán Osinaga, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su citación cursante a fs. 236 y 237.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 50/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 249 a 253 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la entidad demandada deje sin efecto los Memorándums 1854/2021 de 31 de diciembre; y, 931/2021 de 30 de diciembre, como consecuencia, que los solicitantes de tutela vuelvan a sus puestos de trabajo y con el horario en el que prestaban servicio; por otro lado, se prohíbe el acoso y discriminación laboral en contra de los accionantes, sin costas por ser excusable; ello con base a los siguientes fundamentos: 1) Conforme a las jurisprudencias desarrolladas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, haciendo una abstracción al principio de subsidiariedad, que autoriza brindar la protección pronta y oportuna, encontrándose los accionantes plenamente habilitados para activar esta vía constitucional prescindiendo inclusive de la vía judicial o administrativa; 2) Respecto a la impetrante de tutela, de acuerdo al Certificado de nacimiento adjunto a la presente acción de defensa, se tiene acreditado la existencia de un menor nacido el 21 de mayo de 2021; en cuanto al solicitante de tutela, se advierte Certificado Médico que da cuenta de un embarazo de once semanas de 9 de noviembre de 2021 de la paciente Jhan Carla Quiroz Arancibia; es decir, que tiene como padre progenitor a Ricardo Zambrana Valdez; por lo que, según lo dispuesto por el art. 48.II y VI de la CPE, correspondía garantizar que los accionantes en su calidad de madre progenitora lactante y padre progenitor respectivamente; y, 3) Finalmente, de acuerdo a la SCP 0158/2018-S3 de 7 de mayo, correspondía garantizar que los impetrantes de tutela en su calidad de madre progenitora lactante y padre progenitor respectivamente, gocen de la inamovilidad laboral, hasta que sus hijos cumplan un año de edad, de forma que no podían ser removidos de sus funciones laborales precautelando no solo sus derechos, sino también priorizando el interés superior de la niña o niño, conforme lo establecido por el art. 60 de la Norma Suprema; sin embargo, la CNS Regional Cochabamba ahora demandada, procedió a cambiarlos de su fuente laboral, con el cambio de horario, sin considerar la situación de los solicitantes de tutela evidenciándose de esta manera la vulneración al derecho al trabajo y estabilidad laboral.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Certificado de Nacimiento de 24 de mayo de 2021; por el cual, se advierte el nacimiento de NN el 21 de ese mismo mes y año, teniendo como madre progenitora a Cecilia Rocío Navia –ahora accionante– (fs. 2). II.2. Cursan boletas de pago de salarios, emitidas por la Caja Nacional de Salud (CNS) correspondiente a Cecilia Rocío Navia, de septiembre, octubre y noviembre de 2021 (fs. 3 a 5). II.3. Mediante Certificado de Trabajo, suscrito el 10 de octubre de 2020, emitido por el Encargado de la Unidad Administrativa de RR.HH. de la CNS, quien certifica que Cecilia Rocío Navia, ingresó a trabajar a la CNS, bajo la modalidad de Contrato, desempeñando sus funciones como Licenciada en Enfermería, entre varias renovaciones de contrato, haciendo un total de cinco años y dos meses a la fecha de la certificación (fs. 9). II.4. Consta Contrato de Trabajo Eventual PN 714-N/2021 de 1 de julio, suscrito entre Cecilia Rocío Navia –hoy accionante– y la CNS Regional Cochabamba, para prestar servicios como Licenciada en Enfermería con vigencia de ciento ochenta y tres días desde la suscripción del mismo hasta el 31 de diciembre de 2021 (fs. 8 vta.). II.5. Por Memorándum SER1854/2021 de 31 de diciembre, emitido por Susana Rivera Ortega, Supervisora de Enfermería a.i.; y, Elios Rojas Sánchez, Director Médico a.i. ambos de la CNS Regional Cochabamba, dirigido a Cecilia Rocío Navia, Licenciada en Enfermería; por el cual, le hace conocer cambio de servicio a partir del 3 de enero de 2022 y asista al Hospital Obrero 2, debiendo recibir y dejar el servicio bajo inventario, teniendo que presentarse ante la Jefa de dicho Hospital; el Memorándum fue recepcionado por la ahora accionante el mismo 3 de enero a las 10:45 (fs. 10). II.6. A través de las notas de 5 y 6 de enero de 2022, presentadas por Cecilia Rocío Navia, en compañía de Notario de Fe Pública 32 ante Jenny Virginia Magne Anzoleaga, Administradora Regional y Susana Rivera Ortega, Supervisora; ambas de la CNS Regional Cochabamba, respectivamente, solicita se deje sin efecto el Memorándum SER1854/2021 por inamovilidad laboral; pidiendo se considere que, tiene un hijo menor de siete meses; asimismo, se tome en cuenta su enfermedad de base; a cuyo efecto, adjuntó el señalado certificado de nacimiento de su hijo lactante y formulario de referencia que acredita su enfermedad de base –diabetes mellitus 2 entre otras y que había dado positivo al COVID-19–; documentación que fue recepcionada el 11 del citado mes y año (fs. 11 a 24). II.7. Consta Contrato de Trabajo Eventual PN 793-N/2021 de 1 de julio, suscrito entre Ricardo Zambrana Valdez –hoy coaccionante– y la CNS Regional Cochabamba, para prestar servicios como Licenciado en Enfermería con vigencia de ciento ochenta y tres días desde la suscripción del mismo hasta el 31 de diciembre de 2021 (fs. 30 a vta.). II.8. Mediante Memorándum SE CIMFA VAV-931/2021 de 30 de diciembre, emitido por Susana Rivera Ortega y Daniel Berríos Macedonio, Supervisores; Jenny Virginia Magne Anzoleaga, Administradora; Oscar Niño de Guzmán, Jefe Médico y Elio Rojas Sánchez, Director Médico, todos de Supervisión de Enfermería CIMFA MAV de la CNS Regional Cochabamba, dirigido a Ricardo Zambrana Valdez, Licenciado en Enfermería CIMFA M.A.V.; por el cual, le comunican que a partir del 3 de enero de 2022, cambia de Centro laboral a C.I.S. Punata, para el turno de la tarde, conforme al Reglamento Interno de la institución y manual de funciones siendo notificado recién el 4 del citado mes y año (fs. 31). II.9. A través de notas presentadas el 10 de enero de 2022 por Ricardo Zambrana Valdez, en presencia de Notario de Fe Pública 32, dirigida a Jenny Virginia Magne Anzoleaga, Administradora; y, Carlos Ayala, Jefe de RR.HH., ambos de la CNS Regional Cochabamba, respectivamente, solicitó se deje sin efecto el Memorándum SE CIMFA VAV-931/2021; toda vez que, vulnera su inamovilidad laboral por ser padre progenitor, siendo que su esposa se encuentra en estado de gestación de cinco meses (fs. 32 a 33 vta.). II.10. Cursa Certificado Médico de 9 de noviembre de 2021, emitido por Patricia Jimena Claros Zurita, Ginecóloga; por el cual, certifica embarazo de once semanas de gestación de la paciente Jhan Carla Quiroz Arancibia; así como Formulario de reconocimiento advientre, otorgado por la Oficial de Registro Civil, de 11 de noviembre, a solicitud voluntaria del padre Ricardo Zambrana Valdez y madre Jhan Carla Quiroz Arancibia, conforme al citado Certificado Médico (fs. 25 y 26). II.11. A través de nota de 25 de febrero de 2022, dirigida a Ricardo Zambrana Valdez; por la cual, Ángelo Edson Mareño Zurita y Rolando Herrera Gutiérrez, ambos de la Administración de la CNS Regional Cochabamba, responden a su solicitud de 5 de enero de ese año; respecto a que, se deje sin efecto el Memorándum SE CIMFA VAV 931/2021 por inamovilidad laboral, por ser padre progenitor; ya que, su esposa se encuentra en estado de gestación, acogiéndose éstos al Informe JRRHH-I-122/2022 de 20 de enero, emitido por RR.HH. de dicha institución, recomendando rechazar la solicitud efectuada por el ahora coaccionante, bajo el argumento de que en la Cláusula quinta del Contrato, en la parte final dice: “‘pudiendo la Caja bajo ese tiempo efectivo de trabajo disponer que el Contratado (a) preste sus servicios en el lugar que se requiera′; por lo que, la institución ha procedido a dar cumplimiento a esta cláusula con fines de mejor servicio para la institución′” (sic), respuesta que se le ha notificado el 28 de febrero de 2022 a las 15:30, conforme al art. 38 inc. e) del DS 27113 de 23 de julio de 2003 (Medios de notificación. Diligencias en secretaría del órgano o entidad administrativa) –Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) –Ley 2341 de 23 de abril de 2002– (fs. 79; 80 a 81).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los impetrantes de tutela, alegaron la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral, vinculados a la vida, a la salud, a la estabilidad laboral y al trabajo; toda vez que: i) Fueron removidos de sus fuentes laborales a otros Centros de Salud, cambiando sus horarios, por lo cual se les dificulta el traslado al mismo, sin tomar en cuenta los Servidores Púbicos hoy demandados que gozan de inamovilidad laboral por sus condiciones de madre y padre progenitores de menores; además, de no reconsiderar tal decisión pese a que se les hizo conocer por escrito tal situación, sin obtener respuesta alguna; y, ii) Por el contrario desde la interposición de la presente acción tutelar, vienen sufriendo una serie de acosos laborales por parte de estos funcionarios hoy demandados. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Excepción al principio de subsidiariedad cuando se denuncia la lesión a la inamovilidad laboral por mujeres embarazadas y/o padres progenitores de hijos menores a un año de edad

La SCP 1273/2022-S4 de 26 de septiembre, señaló que: “La acción de amparo constitucional, es una acción tutelar de carácter extraordinario cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales de las personas, su regulación se encuentra contemplada en el art. 128 de la CPE, disposición que determina que esta acción procede: ‘…contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley′. El art. 129.I de la Norma Suprema, enfatiza que esta acción de defensa puede presentarse por la persona: ‘…que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados′. Con relación al principio de subsidiariedad la jurisprudencia constitucional ha precisado, y de manera constante, que la acción de amparo constitucional tiene por finalidad la tutela de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas; pero, no puede suplir a la jurisdicción llamada por ley; sin embargo, también es cierto que la exigencia del agotamiento previo de los mecanismos procesales previstos, ya sea en la vía ordinaria o administrativa, pueden no resultar idóneos u oportunos para la protección de los derechos fundamentales o garantías constitucionales alegados, ocasionando más bien un daño irreparable e irremediable de no otorgarse la tutela solicitada; por lo que, la justicia constitucional estableció sub reglas como excepción al indicado principio que rige esta acción tutelar, encontrándose entre ellas, los derechos fundamentales que asisten a la mujer trabajadora en estado de gestación, dado que la protección de los derechos de las mismas, conforme a lo señalado en la SC 0530/2010-R de 12 de julio, debe ser ‘…de carácter inmediato por el efecto irreparable que podría causar el hecho ilegal denunciado…′; razonamiento que también fue asumido en las SSCC 0434/2010-R, 0581/2010-R, 1043/2010-R, 0610/2010-R, 0771/2010-R, 1330/2010-R y 1205/2010-R, entre otras. El entendimiento anotado precedentemente no resulta aplicable únicamente a la mujer embarazada, pues tomando en cuenta el orden constitucional vigente, el mismo resulta extensivo también a los padres progenitores, hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad, de manera que, ante la vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de la mujer embarazada o padres progenitores, hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad, deberá aplicarse el entendimiento desarrollado con relación a la excepción de la subsidiariedad en las acciones de amparo constitucional; puesto que un razonamiento contrario, además de ser restrictivo al ejercicio de los derechos constitucionales, no sería congruente con el deber de protección y tutela reforzada que establecen los arts. 45.V y 48.VI de la CPE.

En ese sentido, cuando la mujer embarazada o la madre o padre progenitor de una hija o hijo menor de un año de edad, activa la jurisdicción constitucional en búsqueda de tutela de su derechos a la inamovilidad laboral, no será exigible el agotamiento previo de los mecanismos procesales que prevé el ordenamiento jurídico; toda vez que, la protección del derecho, más que al trabajador, está dirigida a la tutela de los derechos del nasciturus o de la niña o niño menor de un año, conforme se razonó también en la SCP 0198/2013 de 27 de febrero” (las negrillas nos corresponden”.

III.2. El derecho a la inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas o padres progenitores

En ese entendido, la SCP 0531/2022-S4 de 14 de junio, estableció que: “Por disposición del art. 48.VI de la Norma Suprema, se establece que es una obligación del Estado garantizar la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad; así la primera parte del citado artículo instituye con carácter taxativo la prohibición discriminación o despido de toda mujer, entre otros motivos, fundado en su situación de embarazo; disposiciones de carácter social y laboral, que son de cumplimiento obligatorio, conforme ordena el parágrafo I del mismo artículo anotado. La protección constitucional de la mujer embarazada y de la persona por nacer –señalado en el párrafo precedente– hasta que esta última cumpla un año de edad, ya se encontraba comprendida en la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que dispone: «Artículo 1°.- Toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en Instituciones públicas o privadas. Artículo 2°.- La mujer en gestación en el puesto de trabajo que implique esfuerzos que afecten su salud, merecerá un tratamiento especial, que le permita desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas, sin afectar su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo»; sin embargo, la indicada protección, además de encontrarse ahora constitucionalizada, resulta ampliada también a los progenitores, con lo cual se advierte que dicha medida está dirigida a proteger no solo a la madre embarazada o progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, sino fundamentalmente a la persona en gestación o nacida, y con ello también, al conjunto de la familia. En ese sentido, considerando el deber de protección y respeto que tiene el Estado, la sociedad y la familia, de garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, -que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados- mediante DS 0012 de 19 de febrero de 2019, se reglamentaron las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores que trabajan en el sector público o privado, estableciendo el art. 2 del indicado Decreto Supremo, lo siguiente: «La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo». Más adelante, el art. 3 del mismo Decreto Supremo, establece que: «I. No gozarán del beneficio de inamovilidad laboral la madre y/o padre progenitores que incurran en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona, previo cumplimiento por parte del empleador público o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral. II. La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo éstas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma. En este último caso corresponderá el beneficio. III. La inamovilidad laboral del padre y/o madre progenitores se mantendrá siempre y cuando cumplan con sus obligaciones legales y de asistencia para con el hijo o hija». La SCP 0086/2012 de 16 de abril, refiriéndose al tema, ha establecido que: «Del nuevo orden constitucional, se infiere su particularidad de disciplinar políticas a favor de sectores vulnerables que necesitan de una protección reforzada por parte del Estado, que debe procurar la validez plena y efectiva de sus derechos; es así que, como valores estructurales del Estado Plurinacional de Bolivia, la 'igualdad' y la 'justicia' sustentan la matriz axiológica a partir de la cual el constituyente boliviano diseñó políticas afirmativas a favor de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia, como de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año de edad. En efecto, el art. 48.VI de la CPE, señala que: 'Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos, se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad'. Precepto constitucional que converge en una política constitucional positiva que, a entendimiento de la jurisprudencia constitucional, resulta en las siguientes reglas: ‘a) La prohibición de despido de toda mujer trabajadora en situación de embarazo; b) La inamovilidad de la mujer trabajadora en gestación y por un lapso de un año de edad; y c) La inamovilidad del progenitor varón por un lapso de un año, computable desde el nacimiento de su hijo o hija’ (SC 1650/2010-R de 25 de octubre). Bajo ese criterio, se procura, por un lado, evitar la discriminación por la condición de embarazo y, por otro, garantizar la estabilidad laboral de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia, como también del progenitor varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado, como a funcionarias (os) o servidoras (o) públicas (os); todo esto, en resguardo de la hija o hijo nacido y hasta su primer año de edad, desde el momento de su concepción, como sujeto de derechos en todo lo que pudiera favorecerle». El mismo entendimiento fue asumido en la SC 0434/2010-R de 28 de junio, que luego de glosar la normativa antes descrita, ha precisado que: «…la inamovilidad laboral está referida a la protección del trabajador o trabajadora en su fuente de empleo, respecto a su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar las condiciones laborales en condiciones desventajosas para obligar al trabajador o trabajadora a que renuncie, pues perder el trabajo cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger». Razonamiento que también fue el fundamento de la decisión en la SCP 0169/2019-S4 de 25 de abril, que estableció como una presunción de discriminación el despido de una mujer embarazada, al señalar que: «En el caso de las mujeres embarazadas, la protección tiene especial relevancia precisamente porque conlleva la inclusión de dos seres humanos o más, puesto que, adquiere mayor importancia el principio de inamovilidad laboral, por el cual, conforme anotamos, independientemente que su vinculación sea de carácter privado o público, o de la modalidad del contrato, las trabajadoras vinculadas a una empresa que se encuentren en estado de gravidez, gozan de esa garantía de inamovilidad, por lo que, de acuerdo a la normativa constitucional glosada en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el despido durante el embarazo se presume como una forma de discriminación, que crea la presunción de despido en razón del embarazo, lo que genera la consecuente ineficacia del mismo y la posibilidad cierta y evidente de la restitución laboral y el pago de todos los beneficios sociales que acarrea consigo el embarazo». Conforme a lo señalado, el alcance de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada y la madre y/o padre progenitores, comprende entonces la prohibición de: a) Despido de su fuente laboral, salvo que incurran en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona, previo cumplimiento por parte del empleador público o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral; b) Afectación de su nivel salarial, sea por reasignación de funciones, restructuración administrativa, u otras causales, debiendo en todo caso mantener el salario percibido; y, c) Reubicación en el puesto de trabajo sin su consentimiento, debiendo inclusive otorgarse un tratamiento especial a la mujer en gestación, de manera que el trabajo a desarrollar no implique esfuerzo que pueda afectar su salud y/o de la persona en gestación, pues debe desempeñar sus actividades en condiciones adecuadas para la salud’” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

Los impetrantes de tutela, alegaron la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral, vinculados a la vida, a la salud, a la estabilidad laboral y al trabajo; toda vez que: a) Fueron removidos de sus fuentes laborales a otros Centros de Salud, cambiando sus horarios; por el cual, se les dificulta el traslado al mismo, sin tomar en cuenta los Servidores Púbicos hoy demandados que gozan de inamovilidad laboral por sus condiciones de madre y padre progenitores de menores, además de no reconsiderar tal decisión pese a que se les hizo conocer por escrito tal situación, sin obtener respuesta alguna; y, b) Por el contrario desde la interposición de la presente acción tutelar, vienen sufriendo una serie de acosos laborales por parte de estos funcionarios hoy demandados.

III.3.1. Consideraciones previas

Los servidores públicos de la CNS Regional Cochabamba –ahora demandados–, tanto en su informe escrito como en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, sostiene que los accionantes no agotaron la instancia administrativa, alegando que, debieron acudir previamente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Cochabamba; limitándose simplemente a interponer una denuncia por acoso laboral en sus contra; por lo que, se habría inobservado el principio de subsidiariedad que rige el amparo constitucional. Conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, cuando una persona que forma parte de un grupo vulnerable denuncia mediante la acción de amparo la vulneración a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales y exista peligro de que la protección pueda resultar tardía o la inminencia de un daño irremediable e irreparable de no otorgarse la tutela, corresponde que la jurisdicción constitucional haga excepción al principio de subsidiariedad que rige esta acción de defensa; premisa normativa que en el caso es plenamente aplicable; dado que, los impetrantes de tutela son madre y padre progenitores, respectivamente, encontrándose la primera con una niña lactante de siete meses de edad en ese entonces y el segundo con su “esposa” con once semanas de gestación (Conclusiones II. 1 y 10).

Debiendo aplicarse en consecuencia la excepción a dicho principio, de acuerdo a los fundamentos ya expuestos precedentemente, en cuya razón corresponde ingresar a resolver el fondo de la problemática jurídica planteada del caso concreto.

Respecto a la primera problemática planteada, en cuanto a Cecilia Rocío Navia; se tiene que, es funcionaria de la CNS Regional Cochabamba, conforme al Certificado de trabajo de 10 de octubre de 2020, que a esa fecha desde 2015, ya llevaba cinco años y dos meses de trabajo en la señalada institución –más de diez renovaciones de contratos a plazo fijo–; posterior a ello, una vez más se suscribió el Contrato de Trabajo Eventual PN 714-N/2021 de 1 de julio, entre la CNS Regional Cochabamba y su persona, para prestar servicios como Licenciada en Enfermería con vigencia de ciento ochenta y tres días desde la suscripción del mismo hasta el 31 de diciembre de 2021, adjuntando boletas de pago de septiembre a noviembre de 2021 (Conclusiones II. 2 a 4); que de acuerdo a los antecedentes del proceso; la accionante refiere que, desde el 1 de julio de 2020, se encontraba desarrollando sus funciones en el Centro Policlínico CIS SARCOBAMBA en un horario de 07:45 a 14:00; sin embargo, el 3 de enero de 2022, de manera intempestiva y sin ningún acuerdo previo con su persona, a través de Memorándum SER1854/2021 de 31 de diciembre, emitido por Susana Rivera Ortega, Supervisora de Enfermería a.i.; y, Elios Rojas Sánchez, Director Médico a.i. ambos de la CNS Regional Cochabamba, se le notificó que a partir de esa fecha, debería acceder al cambio de servicio en el Hospital Obrero 2, también dependiente de la CNS de Cochabamba, debiendo recibir y dejar servicio bajo inventario y, presentarse ante la Jefa de dicho Hospital, quien le instruyó su nuevo horario de 13:15 a 19:15 Conclusión II.5); por lo cual, a fin de no perder su fuente laboral, accede a dicho cambio; no obstante, el 5 y 6 de enero de 2022, mediante notas presentadas por la impetrante de tutela, en compañía de Notario de Fe Pública 32 ante Jenny Virginia Magne Anzoleaga, Administradora Regional y Susana Rivera Ortega, Supervisora; ambas de la CNS Regional Cochabamba, respectivamente, solicitó se deje sin efecto el Memorándum SER1854/2021 por inamovilidad laboral, pidiendo se considere que tiene un hijo menor de siete meses, asimismo se tome en cuenta su enfermedad de base; a cuyo efecto, adjuntó el señalado certificado de nacimiento de su hijo lactante y formulario de referencia que acredita su enfermedad de base –diabetes mellitus 2 entre otras y que había dado positivo al COVID-19–; documentación que fue recepcionada por la parte demandada el 11 del citado mes y año (Concusión II.6) sin que se advierta respuesta alguna a lo solicitado por ésta.

Es así que; en este caso, la impetrante de tutela denuncia que de manera intempestiva y sin su consentimiento fue removida de su fuente laboral al Hospital Obrero 2 de Cochabamba, para que preste sus servicios como Licenciada en Enfermería en el turno de la tarde cuando venía desarrollando sus funciones en el turno de la mañana en el Centro Policlínico CIS SARCOBAMBA; por lo que, realizó sus respectivos reclamos por escrito con presencia de Notario de Fe Pública 32, sin que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar puedan ser considerados, ignorando su derecho a la inamovilidad laboral por contar con un hijo lactante menor de siete meses; además de no tomar en cuenta su horario de lactancia; por el cual, según prueba rápida cualitativa de antígeno, fue contagiada de “SARS-COV-2” corriendo riesgo su vida, por tener enfermedades de base (fs. 23). Al respecto las autoridades ahora demandadas, alegan que la decisión asumida de ninguna manera vulnera sus derechos de la trabajadora; toda vez que, conforme al art. 30 del Reglamento Interno de la CNS, les permite realizar las rotaciones de los trabajadores periódicamente en Unidades donde por sus características, sean pertinentes; asimismo, en la Cláusula Quinta del Contrato de Trabajo Eventual PN 714-N/2021 de 1 de julio, señala: “pudiendo La CAJA durante ese tiempo efectivo de trabajo disponer el CONTRATADO (A) preste sus servicios en el lugar que se requiera” (sic), que al firmar el mismo demuestra su consentimiento. Sin embargo, conforme a lo manifestado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el art. 48.VI de la Norma Suprema, instituye con carácter taxativo la prohibición de discriminación o despido de mujer o padres progenitores que gozan de los mismos derechos, entre otros motivos, fundado en su situación de padre progenitor; disposiciones de carácter social y laboral que son de cumplimiento obligatorio, como ordena el parágrafo I del mismo artículo anotado; siendo una obligación del Estado garantizar la inamovilidad laboral de las mujeres o padres progenitores; entre otros alcances, comprende la prohibición de reubicación en el puesto de trabajo sin su consentimiento, debiendo inclusive otorgarse un tratamiento especial a la mujer en gestación; de manera que, el trabajo a desarrollar no implique esfuerzo que pueda afectar su salud y/o de la persona en gestación, pues debe desempeñar sus actividades en condiciones adecuadas para la salud. Salvo que incurran en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona, previo cumplimiento por parte del empleador público o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral. En ese sentido, el argumento expuesto por la parte empleadora, no constituye justificativo válido que permita concluir en el caso de análisis la inexistencia de lesión a los derechos fundamentales denunciados en la presente acción de amparo constitucional; por lo que, conforme a lo desarrollado en el citado Fundamento Jurídico III.2 de la Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde conceder la tutela demandada, respecto a la accionante al evidenciarse la lesión de su derecho a la inamovilidad laboral. Con relación a Ricardo Zambrana Valdez, también servidor público de la CNS Regional Cochabamba, a través de los diversos contratos suscritos consecutivamente desde la gestión 2015 (fs. 61 a 75 vta.) y el último Contrato de Trabajo Eventual PN 793-N/2021 de 1 de julio, suscrito entre la CNS Regional Cochabamba y su persona, para prestar servicios como Licenciado en Enfermería con vigencia de ciento ochenta y tres días desde la suscripción del mismo hasta el 31 de diciembre de 2021 (Conclusión II.7); prestando sus servicios en Enfermería de la CNS Regional Cochabamba, en el horario de 07:45 a 14:00; sin embargo, el 4 de enero de 2022, fue notificado con el Memorándum SE CIMFA VAV-931/2021 de 30 de diciembre, emitido por Susana Rivera Ortega y Daniel Berríos Macedonio, Supervisores; Jenny Virginia Magne Anzoleaga, Administradora; Oscar Niño de Guzmán, Jefe Médico y Elios Rojas Sánchez, Director Médico, todos de Supervisión de Enfermería CIMFA MAV de la CNS Regional Cochabamba, indicando que a partir del 3 de ese mes y año, se realiza el cambio de Centro laboral a CIS Punata, para el turno de la tarde, conforme al Reglamento Interno de la institución y manual de funciones (Conclusión II.8); sin estar de acuerdo, pero tratando de mantener su fuente laboral se presenta a trabajar; sin embargo, a través de notas interpuestas el 10 de enero de 2022, en presencia de Notario de Fe Pública 32, dirigida a Jenny Virginia Magne Anzoleaga, Administradora; y, Carlos Ayala, Jefe de RR.HH., ambos de la CNS Regional Cochabamba, respectivamente, solicitó se deje sin efecto el Memorándum SE CIMFA VAV-931/2021; toda vez que, vulnera su inamovilidad laboral por ser padre progenitor, siendo que su esposa se encuentra en estado de gestación de cinco meses; adjuntando Certificado Médico de 9 de noviembre de 2021, emitido por Patricia Jimena Claros Zurita, Ginecóloga; por el cual, certifica embarazo de once semanas de gestación de la paciente Jhan Carla Quiroz Arancibia; así como, Formulario de reconocimiento advientre, otorgado por la Oficial de Registro Civil, de 11 de noviembre, a solicitud voluntaria del padre Ricardo Zambrana Valdez y madre Jhan Carla Quiroz Arancibia, conforme al citado Certificado Médico (Conclusiones II. 9 y 10). Por todo ello, el coaccionante denunció que los servidores públicos ahora demandados a través del Memorándum SE CIMFA VAV 931/2021 le cambiaron el horario y lugar de trabajo de manera intempestiva y sin acuerdo alguno, del Centro Integral de Medicina Familiar CIMFA M.A.V. ubicado en la av. Ayacucho de la ciudad de Cochabamba al Centro Integral de Salud CIS de Punata, en el horario de 13:45 a 20:00; es decir, a más de 47 km² de la ciudad de Cochabamba; por lo que, realiza por escrito su reclamo, haciendo conocer su inamovilidad laboral. En respuesta a ello, mediante nota de 25 de febrero de 2022, Ángelo Edson Mareño Zurita y Rolando Herrera Gutiérrez, ambos de la Administración de la CNS Regional Cochabamba, en cuanto a la señalada solicitud de 5 de enero de ese año, realizada por el ahora impetrante de tutela, respecto a que se deje sin efecto el Memorándum SE CIMFA VAV 931/2021 por inamovilidad laboral, por ser padre progenitor; ya que, su esposa se encuentra en estado de gestación, dichos servidores públicos, se acogen al Informe JRRHH-I-122/2022, emitido por RR.HH. de esa institución, en el cual recomienda rechazar la solicitud efectuada por el ahora coaccionante, bajo el argumento de que en la Cláusula quinta del Contrato, en la parte final dice: “‘pudiendo la Caja bajo ese tiempo efectivo de trabajo disponer que el Contratado (a) preste sus servicios en el lugar que se requiera′; por lo que, la institución ha procedido a dar cumplimiento a esta cláusula con fines de mejor servicio para la institución′” (sic), asimismo, se aclara que el funcionario tiene pleno conocimiento de esta cláusula del Contrato PN 793-N/202, firmado por ambas partes; razón por la que, no se puede anular el indicado Memorándum de cambio de servicio; respuesta que se le ha notificado el 28 de febrero de 2022 a las 15:30, conforme al art. 38 inc. e) del DS 27113 de 23 de julio de 2003 (Medios de notificación. Diligencias en secretaría del órgano o entidad administrativa) –Reglamento de la LPA (Conclusión II.11).

En ese marco, al haberse rehusado los servidores públicos hoy demandados a dar curso a la solicitud de dejar sin efecto el Memorándum SE CIMFA VAV 931/2021 por inamovilidad laboral, inobservó una vez más el contenido desarrollado por el citado Fundamento Jurídico III.2; por el cual, se establece que la inamovilidad tanto de la mujer trabajadora en gestación como del padre progenitor gozan de inamovilidad laboral así como la reubicación del puesto –último presupuesto dado en la presente causa–; por lo que, se advierte una flagrante vulneración al derecho invocado por el impetrante de tutela; debiendo concederse la tutela impetrada en los mismos término del caso de la accionante. Respecto a la segunda problemática planteada dentro de esta acción de defesa, en cuanto a la denuncia de que los accionantes estuvieran siendo víctimas de acoso laboral, téngase en cuenta que los hechos alegados, por los impetrantes de tutela, fueron puestos a conocimiento de la Jefatura Departamental del Trabajo, Empleo y Previsión Social de Cochabamba; instancia administrativa que, rechazó dicha causa (fs. 146 a 145 vta.), no pudiendo la vía constitucional emitir criterio respecto a hechos controvertidos. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, de manera provisional, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 50/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 249 a 253 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER, la tutela impetrada, en los mismos términos de la referida Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0243_2023-S4.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 140f0c2c0bacb6a23131b371b2b0c7af425cd060cbe2c055805ea84270a45c0c

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