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SCP 0241/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
56148-2023-113-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y sin dilaciones; puesto que, el Vocal demandado, al dictar el Auto de Vista de 25 de mayo de 2023 -luego de haberse anulado el de 31 de marzo de ese año-, resolvió el recurso de apelación incidental de la víctima sin considerar la providencia de 15 de febrero de igual año que sustituyó la fianza impuesta de 20 de enero del mismo año, providencia que fue consentida por el Ministerio Público y la parte civil. Ante ello, el Vocal demandado sostiene que no existió consentimiento expreso ni tácito de la víctima, que no consta su notificación con la providencia del 15 de febrero de 2023, que los agravios ahora invocados no fueron oportunamente planteados en la apelación incidental y que el Auto de Vista cuestionado cumplió la tutela previa y se encuentra debidamente motivado. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2023 de 29 de mayo, cursante de fs. 21 vta. a 24, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La falta de prueba en la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0241/2026-S2 Sucre, 4 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56148-2023-113-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 09/2023 de 29 de mayo, cursante de fs. 21 vta. a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Tolay en representación sin mandato de Ubaldo Ramirez Pacay contra José Emerson Figueroa Morales, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 a 2 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de violación, radicado ante el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio de 20 de enero de 2023 se le concedió la cesación a la detención preventiva, imponiéndole fianza de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos); ante tal decisión, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación incidental de medidas cautelares. El 14 de febrero de 2023 pidió la sustitución de la fianza y, por providencia de 15 de ese mes y año, el Tribunal la aceptó, extremo que no fue objetado por el Ministerio Público ni por la parte civil. Remitido el recurso, José Emerson Figueroa Morales, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -autoridad demandada-, dictó Auto de Vista de 31 de marzo de 2023 declarando admisible y procedente la apelación. Esa decisión fue posteriormente anulada en acción de libertad, ordenándose emitir nueva resolución; no obstante, mediante Auto de Vista de 25 de mayo de 2023, el mismo Vocal volvió a resolver sin considerar la providencia de 15 de febrero de 2023 -que modificó parcialmente el Auto Interlocutorio del 20 de enero de 2023- ni el consentimiento tácito de las partes, manteniendo la tramitación de la apelación. Tales actuaciones, afectan su libertad y lesionan el debido proceso y la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, y a una justicia pronta y oportuna y sin dilaciones; citando al efecto los arts. 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista de 25 de mayo de 2023 y se confirme el Auto Interlocutorio de 20 enero de 2023.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 29 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 18 a 21 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: a) A momento de emitirse la nueva resolución se le hizo conocer a la autoridad demandada, con carácter previo, que se “habría suspendido” la existencia de la providencia de 15 de febrero de 2023, y pese a que se suspendió la audiencia, en la siguiente audiencia, la de 25 de mayo del mismo año, no se otorgó la palabra a nadie y dictó la Resolución de misma fecha, sin pronunciarse sobre la citada providencia; b) Ante esta emisión, y con base en el art. 125 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó complementación, explicación y enmienda, misma que no fue aceptada, señalando que esa situación debió de ser tratada el 31 de marzo de 2023, y que existirían actos consentidos; no obstante, no consideró que todo lo anterior no tenía validez, puesto que el Auto Interlocutorio de 20 de enero de 2023 fue dejada sin efecto a raíz de una acción constitucional; c) La autoridad demandada debió de haber tomado en cuenta todos los antecedentes, siendo que se emitió el Auto Interlocutorio de 20 de enero de 2023 en la que se aceptó su cesación a la detención preventiva y la de 15 de febrero de igual año por la que le concedieron la modificación de su fianza de Bs50 000.- a un inmueble, otorgándole su mandamiento de libertad, y sin que esta haya sido objetada por ninguna de las partes; y, d) No existe mismo objeto y causa, porque se está hablando del Auto de Vita de 25 de mayo de 2023, aspecto que no fue mencionado en la otra acción de libertad que anuló el Auto Interlocutorio de 31 de marzo de mismo año.

I.2.2. Informe de la parte demandada

José Emerson Figueroa Morales, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por informe escrito cursante de fs. 15 a 16, solicitó se deniegue la tutela solicitada, señalando lo siguiente: 1) El proceso penal se sigue por violación y la apelación incidental de la víctima contra el Auto Interlocutorio de cesación a la detención preventiva de 20 de enero de 2023 fue radicada ante la Sala Penal a su cargo; 2) Mediante Auto de Vista de 31 de marzo de ese año se declaró admisible y procedente la apelación, se revocó la cesación a la detención preventiva y se dispuso nuevamente dicha extrema medida por peligro de obstaculización del art. 235.2 CPP; la defensa del accionante renunció en audiencia a su propia apelación; 3) A raíz de una acción de libertad previa que anuló ese Auto de Vista y ordenó emitir uno nuevo, se dictó el Auto de Vista de 25 de mayo del mismo año; 4) No existe constancia de consentimiento expreso o tácito de la víctima respecto de la cesación del 20 de enero de igual año ni notificación a la víctima con la providencia de 15 de febrero del citado año, que sustituyó la fianza por anotación preventiva; por el contrario, la víctima apeló en audiencia y sustentó su recurso en las audiencias de 31 de marzo y 25 de mayo del referido año; 5) Los argumentos de “consentimiento tácito” invocados por el accionante no fueron materia de su apelación incidental oportunamente planteada y se introdujeron recién en la audiencia de cumplimiento de la acción de libertad, por lo que resultan impertinentes; 6) La solicitud de complementación y enmienda fue resuelta conforme al art. 125 del CPP, rechazándose la enmienda y aclarando lo pertinente; y, 7) Conforme a la línea jurisprudencial, la jurisdicción constitucional sólo puede revisar excepcionalmente la interpretación de legalidad cuando se cumplan exigencias de motivación del agravio constitucional, lo que no ocurre en el caso.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Eugenia Ramirez Pacay, en representación de la menor de edad AA, por memorial cursante a fs. 14, señaló que quienes le representan son los abogados del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima “SEPDAVI” dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del Departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 09/2023 de 29 de mayo, cursante de fs. 21 vta. a 24, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La acción de libertad no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, por eso se tiene elementos que considerar cuando se impugnan actuaciones a través de la misma, que no permiten ingresar a valorar el fondo del asunto; y, ii) No es evidente de que la Resolución ahora cuestionada no se haya referido a la providencia de 15 de febrero de 2023; al contrario, la autoridad demandada le dio un valor a dicho reclamo que, según su sana crítica, mereció una complementación y enmienda, por lo que, de acuerdo a la fundamentación y motivación, ésta fue resuelta conforme al art. 173 del CPP, por lo que no puede activarse la vía constitucional.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 26 de febrero de 2026 y notificado a las partes procesales el 3 de marzo de igual año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

No cursa en el expediente antecedentes del caso, por lo que se procederá a resolver con base en lo expuesto por los sujetos procesales y que no fue controvertido.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y sin dilaciones; puesto que, el Vocal demandado, al dictar el Auto de Vista de 25 de mayo de 2023 -luego de haberse anulado el de 31 de marzo de ese año-, resolvió el recurso de apelación incidental de la víctima sin considerar la providencia de 15 de febrero de igual año que sustituyó la fianza impuesta de 20 de enero del mismo año, providencia que fue consentida por el Ministerio Público y la parte civil. Ante ello, el Vocal demandado sostiene que no existió consentimiento expreso ni tácito de la víctima, que no consta su notificación con la providencia del 15 de febrero de 2023, que los agravios ahora invocados no fueron oportunamente planteados en la apelación incidental y que el Auto de Vista cuestionado cumplió la tutela previa y se encuentra debidamente motivado. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La falta de prueba en la acción de libertad

A través de la SC 0614/2003-R de 8 de mayo, señaló que: “…el art. 90-II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, empero, no es menos evidente que el actor debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos (…) puesto que no puede dictarse una resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión” (resaltado añadido). Así también la SCP 0474/2012, en lo pertinente, sostuvo que: “…tratándose de acciones tutelares emergentes de un proceso judicial donde el accionante es parte esencial, tiene el deber procesal de adjuntar la prueba que respalda su denuncia, sin perjuicio claro está, de la facultad que tiene este Tribunal de solicitar la remisión de documentación, cuando así lo requiera y considere pertinente; empero, ello no lo exime de su responsabilidad…” (negrillas agregadas).

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que el reclamo de parte del accionante a través de su representante sin mandato, se centra en que la autoridad demandada, a través del Auto de Vista de 25 de mayo de 2023 -luego de haberse anulado el de 31 de marzo de igual año-, resolvió el recurso de apelación incidental de la víctima sin considerar la providencia de 15 de febrero del mismo año, presumiblemente consentida por el Ministerio Público y la parte civil. Sin embargo, en audiencia, el propio accionante acotó que su impugnación se dirige “netamente” contra el Auto de Vista de 25 de mayo de igual año y en obrados no cursa copia de la referida providencia ni constancia de su notificación a las partes o de su ejecutoria, extremos, además controvertidos por la autoridad demandada. Así, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la informalidad propia de la acción de libertad no exime de la carga de aportar elementos mínimos que acrediten la existencia del acto lesivo invocado. Aquí, la supuesta providencia del 15 de febrero de 2023 -piedra angular del agravio- no fue incorporada al expediente ni se acreditó su comunicación a quienes serían afectados; tampoco se acompañaron respaldos idóneos sobre el alegado “consentimiento tácito”. La pretensión, por tanto, se apoya en hechos no demostrados y, además, controvertidos, lo que impide constatar, con el estándar sumario de esta vía, la existencia de una lesión cierta y actual a la libertad personal o un procesamiento indebido derivado de la omisión de considerar dicho acto. En ese sentido, también debe tomarse en cuenta que la justicia constitucional, en trámite de acción de libertad, no cuenta con etapa probatoria amplia para investigar controversias de hecho como la aquí expuesta ni para reconstruir el iter procesal sin los documentos básicos. En ausencia de la providencia invocada y de su acreditación formal, no es posible afirmar la configuración del acto lesivo; menos aún ordenar la confirmación de una resolución anterior o la anulación de la de alzada con base en supuestos no demostrados. En consecuencia, al no aportarse la prueba indispensable, -en particular, la providencia de 15 de febrero de 2023 y sus constancias de notificación- que permita verificar el agravio invocado, corresponde denegar la tutela solicitada por falta de acreditación del acto lesivo. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2023 de 29 de mayo, cursante de fs. 21 vta. a 24, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0241_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): c48ff71fd604aff930e28cb26d174d019e1edd494a3f37b6ca51030412dd0683

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