Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de marzo de 2026
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, y de las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, toda vez que, pese a encontrarse con detención preventiva desde el 25 de octubre de 2022 y haber solicitado el 10 de julio de 2023 la cesación de dicha medida por la existencia de nuevos elementos que desvirtuarían los riesgos procesales, la autoridad judicial demandada no señaló ni sustanció oportunamente la audiencia respectiva, incurriendo en dilaciones e irregularidades en su tramitación.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 68/2023 de 9 de agosto, cursante de fs. 19 a 22, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, manteniendo los efectos dispuestos por el Juez de garantías, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0240/2026-S2 Sucre, 4 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57445-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 68/2023 de 9 de agosto, cursante de fs. 19 a 22, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Duberty Portugal Suárez en representación sin mandato de Santiago Adhemar Mamani Pinto contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 8 de agosto de 2023, cursante a fs. 1; y, 9 a 12, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
En el marco del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz desde el 25 de octubre de 2022; por lo cual, a la fecha de interposición de la presente acción tutelar, transcurrieron -aproximadamente- nueve meses en los que se encuentra privado de libertad. En el desarrollo de la investigación, se obtuvieron nuevos elementos que desvirtúan los fundamentos que motivaron la concurrencia de los riesgos procesales; por tal razón, el 10 de julio de 2023, presentó ante Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-memorial de cesación a la detención preventiva; sin embargo, dicha solicitud fue atendida recién el 14 del mismo mes y año, mediante decreto que “aparentemente” fue emitido el 12 del citado mes y año, por el cual se señaló audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva para el 17 del referido mes y año a horas 14:15; empero, dicho señalamiento se dispuso pese al traslado del feriado departamental de 16 de julio al lunes 17, extremo que atribuye a una actuación deliberada, en tanto, desde hace más de dos meses el referido Juzgado no encuentra el primer cuerpo del cuaderno de control jurisdiccional del proceso. Ante tales irregularidades, el 14 de julio de 2023 se contactó con el Secretario del referido Juzgado para solicitar que el Juez demandado, de oficio, disponga un nuevo señalamiento de fecha y hora para la audiencia de cesación a la detención preventiva. En un primer momento recibió una respuesta favorable, pues éste le manifestó que la audiencia sería reprogramada y que debía apersonarse el 20 del citado mes y año para conocer el nuevo señalamiento; sin embargo, llegada dicha fecha, el servidor público cambió de criterio y le exigió la presentación de un nuevo memorial. En consecuencia, el 21 del referido mes y año reiteró su solicitud mediante escrito, haciendo conocer que debía ser resuelta en el plazo de cuarenta y ocho horas; no obstante, recién por decreto de 25 de julio de 2023 se fijó audiencia para el 1 de agosto del mismo año a horas 16:30, la cual fue suspendida por la incomparecencia del Fiscal de Materia y por problemas técnicos que impidieron que se escuche su intervención. La audiencia fue reprogramada para el 4 de agosto de 2023 a horas 8:30; sin embargo, pese a las gestiones realizadas por su abogado para la emisión de las notificaciones, en la propia audiencia la Auxiliar del Juzgado informó que no se generaron dichas diligencias y que el Juzgado no contaba con Secretario ni Juez suplente, anunciándose la elaboración de nota marginal. En ese entendido, desde la primera solicitud de cesación a la detención preventiva, presentada el 10 de julio de 2023, transcurrió un lapso cercano a un mes sin que el mentado Juzgado sustancie efectivamente la audiencia de cesación a la detención preventiva.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, y de las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se ordene al Juez demandado señalar audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva en un plazo máximo de veinticuatro horas; y, b) Se generen todas las notificaciones pertinentes para evitar su suspensión.
Celebrada la audiencia pública virtual el 9 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 17 a 18, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.
Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe alguno ni compareció en la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 15 y vta.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 68/2023 de 9 de agosto, cursante de fs. 19 a 22, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez demandado señale día y hora para la audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva; con base en los siguientes fundamentos: 1) Se tuvo por acreditado que, pese a la solicitud de cesación presentada el 10 de julio de 2023 y a los señalamientos posteriores -de 17 del mismo mes y año, 1 de agosto del referido año y su reprogramación al 4 del citado mes y año-, no se instaló ni sustanció efectivamente la audiencia de cesación hasta la fecha de la audiencia de garantías; 2) La autoridad demandada, a pesar de su legal notificación, no remitió informe ni se conectó a la audiencia virtual, debiéndose considerar la doctrina sobre la presunción de veracidad ante el silencio o incomparecencia, citando al efecto las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0027/2018-S4 de 7 de marzo y SCP 0017/2019-S1 de 20 de marzo; y, 3) La falta de sustanciación oportuna de la audiencia de cesación comportó vulneración al debido proceso por dilación indebida, justificando la concesión de tutela y la orden de señalamiento en cuarenta y ocho horas desde la notificación.
Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 26 de febrero de 2026 y notificado a las partes procesales el 3 de marzo de igual año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta memorial presentado el 10 de julio de 2023 a horas 15:46:36, por Santiago Adhemar Mamani Pinto -ahora accionante-, ante Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz –hoy demandado-, mediante el cual solicitó cesación a la detención preventiva y el señalamiento de día y hora de audiencia para su consideración (fs. 2 a 4). II.2. Se tiene decreto de 12 de julio de 2023, emitido por el Juez ahora demandado, mediante el cual, “En atención al memorial que antecede…” (sic) señaló audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva para el 17 del mismo mes y año a horas 14:15; disponiendo, además, que por la “Unidad” Gestora se notifique a todas las partes procesales, conforme a las circulares e instructivos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, habilitándose la notificación personal y en domicilio real, si correspondiera (fs. 5). II.3. Consta memorial presentado el 21 de julio de 2023, por el ahora impetrante de tutela ante el Juez demandado, mediante el cual reiteró y solicitó por segunda vez el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva “…SEA DENTRO DEL PLAZO DE 48 HORAS…” (sic); asimismo, expuso que, pese a su primera solicitud presentada el 10 del mismo mes y año y al decreto del 12 del referido mes y año que fijó audiencia para el 17 del mentado mes y año a horas 14:15 -en feriado-, a la fecha habrían transcurrido diez días sin que exista día y hora para resolver su situación jurídica (fs. 6 a 7). II.4. Cursa decreto de 25 de julio de 2023, mediante el cual, la autoridad judicial ahora demandada señaló audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva del ahora accionante para el 1 de agosto de 2023 a horas 16:30 (fs. 8).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, y de las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, toda vez que, pese a encontrarse con detención preventiva desde el 25 de octubre de 2022 y haber solicitado el 10 de julio de 2023 la cesación de dicha medida por la existencia de nuevos elementos que desvirtuarían los riesgos procesales, la autoridad judicial demandada no señaló ni sustanció oportunamente la audiencia respectiva, incurriendo en dilaciones e irregularidades en su tramitación.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0096/2025-S2 de 10 de marzo, señaló que: “El art. 115.II de la CPE establece que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…’”.
De los antecedentes cursantes en el expediente, se advierte que la parte accionante sostiene que la autoridad ahora demandada incurrió en dilaciones y omisiones en la sustanciación de la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva. A este respecto, de la revisión de obrados se constata la existencia de los siguientes actuados: i) Memorial por el cual el impetrante de tutela solicitó ante el Juez demandado la cesación a la detención preventiva y el señalamiento de día y hora de audiencia para su consideración (Conclusión II.1); ii) Decreto de 12 de julio de 2023, mediante el cual se señaló audiencia para el 17 de igual mes y año a horas 14:15 (Conclusión II.2); iii) Memorial de 21 de ese mes y año, de reiteración del señalamiento de audiencia para la cesación, con solicitud de señalamiento “…SEA DENTRO DEL PLAZO DE 48 HORAS…” (sic [Conclusión II.3]); y, iv) Decreto de 25 del citado mes y año, que señaló audiencia para el 1 de agosto del referido año a horas 16:30 (Conclusión II.4).
Conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tutela el derecho a la libertad frente a demoras o dilaciones indebidas, en trámites que inciden directamente en la situación jurídica de una persona privada de libertad; de modo que, la lesión no se configura por el sentido de lo resuelto, sino por la dilación injustificada en la atención de lo peticionado. Bajo ese entendido, corresponde contrastar los hechos acreditados en autos con los deberes de celeridad exigibles a la autoridad jurisdiccional demandada en la sustanciación de la solicitud de cesación a la detención preventiva planteada por el accionante el 10 de julio de 2023. De los antecedentes se advierte que la referida solicitud de cesación a la detención preventiva se sustentó en la existencia de nuevos elementos que desvirtuarían los riesgos procesales. En ese escenario, el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que planteada la solicitud, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas cuando se trate, entre otros, del supuesto en el que nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que fundaron las medidas cautelares personales o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida. Asimismo, el propio régimen de plazos dispone que, tratándose de medidas cautelares, el cómputo se realiza en días corridos (art. 139 del CPP). En ese sentido, se tiene que, el decreto de 12 de julio de 2023, mediante el cual se señaló audiencia para el 17 de ese mes y año, fue dispuesto pese a la existencia de feriado departamental en dicha fecha, lo que -en los hechos- tornaba previsible su inviabilidad práctica o, cuando menos, exigía una corrección oficiosa inmediata para asegurar que la solicitud sea efectivamente considerada en un tiempo razonable. En una materia sensible a la libertad, la obligación judicial no se agota en señalar formalmente una audiencia, sino en hacerla real y eficaz, evitando reprogramaciones que deriven en suspensiones y, por ende, en dilaciones. Frente a la falta de corrección, el accionante reiteró su pedido mediante memorial de 21 de julio de 2023, requiriendo expresamente que se señale audiencia “…SEA DENTRO DEL PLAZO DE 48 HORAS…” (sic); no obstante, recién por decreto de 25 del mismo mes y año, se fijó audiencia para el 1 de agosto del referido año. A este respecto, pese a la reiteración de la solicitud de señalamiento de audiencia, se constata que el juzgado inobservó la celeridad exigible, pues el señalamiento se difirió varios días más allá de la obligación de pronta atención que corresponde a este tipo de solicitudes.
Así, de lo alegado por el impetrante de tutela, la audiencia de 1 de agosto de 2023 fue suspendida por incomparecencia del Ministerio Público y por problemas técnicos de conectividad del prenombrado; y que, su reprogramación para el 4 del mismo mes y año tampoco se instaló por ausencia de diligencias de notificación y por disfuncionalidades internas del juzgado -a falta de secretario o juez suplente, según se hizo conocer-. Tales extremos, lejos de justificar la inactividad, evidencian falta de dirección y control jurisdiccional efectivos para garantizar la realización de la audiencia. En suma, desde el 10 de julio de 2023 hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa, el 8 de agosto del mismo año, la solicitud no fue materialmente sustanciada, prolongando una restricción a la libertad cuya revisión debía revisarse bajo observancia del principio de celeridad, axioma fundamental de la garantía del debido proceso. En los términos de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando una solicitud vinculada a la libertad no es atendida con la mayor celeridad posible o dentro de plazos razonables, la afectación se configura por la demora misma, en cuanto produce o prolonga una restricción indebida. Asimismo, la autoridad demandada no presentó informe ni concurrió a la audiencia de garantías pese a su legal notificación conforme el formulario cursante a fs. 15 y vta., por cuanto no existe elemento de descargo que explique razonablemente la falta de sustanciación efectiva y oportuna de la audiencia de cesación; circunstancia que permite mantener incólume el cuadro fáctico descrito por el accionante y corroborado por los actuados cursantes. En consecuencia, de la revisión de los antecedentes procesales traídos en el marco de ésta acción de libertad, se hace evidente que la autoridad demandada incurrió en dilación indebida en la tramitación de la solicitud de cesación a la detención preventiva, configurándose la vulneración denunciada en su dimensión de pronto despacho; en mérito de ello, se debe conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 68/2023 de 9 de agosto, cursante de fs. 19 a 22, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, manteniendo los efectos dispuestos por el Juez de garantías, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0240_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): e8c557916d83135b4456108cea1dc691ab6a9e01960dae7c8fcdc7b1e8baa9e9
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