B.IA.LEGAL

SCP 0240/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
51131-2022-103-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su representante, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, legalidad y taxatividad, el principio de seguridad jurídica, al haber sido limitado en su defensa a solo diez minutos de exposición en la audiencia de apelación incidental, siendo interrumpido en cuatro oportunidades por la Vocal demandada, además que no valoró la declaración anticipada de la víctima, que niega que el accionante la hubiera abusado sexualmente, contraviniendo el art. 233.1 del CPP en la emisión del Auto de Vista 293/2022 de 13 de octubre, que declaró improcedente el recurso de apelación incidental de medida cautelar, permaneciendo detenido preventivamente. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 14 de octubre de 2022, cursante de fs. 69 a 73 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. El necesario análisis del problema jurídico integral en acciones de defensa por hechos de violencia en razón de género
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0240/2025-S3 Sucre, 10 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 51131-2022-103-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 14 de octubre de 2022, cursante de fs. 69 a 73 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhon Ariel Rioja Guzmán en representación sin mandato de Alex Montaño Aldunate contra María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por acción de libertad verbal presentada el 13 de octubre de 2022, cursante a fs. 1 y 54 a 55, el accionante, a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 13 de octubre de 2022, en audiencia de apelación incidental de medida cautelar en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, la Vocal demandada limitó a diez minutos de exposición la defensa de su abogado, interrumpiéndolo en cuatro oportunidades consecutivas, sin permitir exponer ampliamente los fundamentos de apelación y sin tomar en cuenta la declaración anticipada de la víctima, que negó que la hubiera abusado, contraviniendo el art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que no fue tomado en cuenta para la emisión de la fundamentación y motivación de la resolución, declarando improcedente el recurso de apelación incidental de medida cautelar según Auto de Vista 293/2022 de la misma fecha, ampliándose dos meses más la detención preventiva en su contra a solicitud del Ministerio Público, para realizar el análisis de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) y prueba psicológica ampliatoria a la víctima; siendo la última inapropiada por revictimizar a la agraviada, siendo incuestionable la declaración anticipada de la víctima, violándose con estos actos su derecho a la libertad por no cumplir los requisitos estipulados en el art. 233 del CPP.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad y debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, legalidad y taxatividad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo revocarse: a) El Auto de Vista 293/2022, emitido por la Vocal demandada, basándose en la negativa a realizarse la prueba de ADN y en la oposición de la pericia psicológica emitida por la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT); y, b) El Auto Interlocutorio de 15 de septiembre de 2022, que rechazó la cesación de la detención preventiva y la amplió por dos meses más, emitido por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 14 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 67 a 68 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, ratificó en su integridad los extremos señalados en su acción de libertad y ampliándola manifestó que: 1) Se vulneró los requisitos del art. 233.1 del CPP y el derecho a la defensa, al limitar la exposición de defensa a diez minutos, siendo interrumpido en cuatro oportunidades, “…direccionándome e intentando hacer incurrir en error…” (sic); 2) La prueba anticipada, como la declaración de la víctima que rechaza que él hubiera sido quien la abusó sexualmente y que probablemente será alterada por el Ministerio Público, no fue valorada en el Auto de Vista 293/2022 emitida por la autoridad demandada; 3) La Fiscalía solicitó ampliación de la detención preventiva por dos meses más, por la falta de análisis de ADN y por la presunta petición de prueba psicológica ampliatoria de la víctima, por el supuesto hallazgo de esperma y Antígeno Prostático Específico (PSA); acogiéndose al art. 44 de la Constitución Política del Estado (CPE) respecto a la prueba, y expresó que se debe evitar re-victimizar a la parte afectada, siendo incuestionable la declaración anticipada de la misma, la cual no fue valorada; 4) La autoridad demandada en audiencia expresó que no se invocaron los derechos que se vulneraron, siendo que inicialmente se enunció que se violó el derecho a la libertad del accionante al no cumplirse los requisitos del art. 233 del CPP.

En audiencia pública virtual amplió la vulneración del principio de seguridad jurídica, citando los arts. 21 num. 7, 22, 23.I, 115.I y 178 de la CPE.

I.2.2. Informe de la demandada

María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito de 14 de octubre de 2022, cursante a fs. 66 y vta., señaló que: i) En audiencia celebrada el 13 del mismo mes y año, se emitió Auto de Vista 293/2022, que resolvió declarar improcedente el recurso de apelación incidental de medida cautelar a instancias del accionante, confirmando el Auto Interlocutorio de 15 de septiembre del mismo año emitido por la Jueza a quo; ii) De modo temerario y malicioso, el accionante tergiversó el tiempo de intervención en audiencia expresando que solo tuvo diez minutos de exposición con interrupciones, siendo que por el contrario, le extendieron el tiempo según acta labrada y que las interrupciones fueron para reconducir la intervención de su abogado para que cumpla con la carga argumentativa del art. 396.3 del CPP, evitando alegatos recursivos resueltos por el inferior en grado; iii) La disconformidad con el Auto de Vista 293/2022 emitido, sin explicar la motivación de los agravios, no es suficiente argumento para reclamar y solicitar se conceda la tutela, considerando que “…la instancia constitucional no asume un rol casacional, impugnatirio o supletorio de la actividad de los jueces” (sic); y, iv) El Auto de Vista 293/2022, está dentro de los marcos legales de razonabilidad e imparcialidad, habiendo valorado objetivamente la prueba, debiendo denegar la tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantía, mediante Resolución de 14 de octubre del 2022, cursante de fs. 69 a 73 vta., denegó la tutela impetrada, basándose en los siguientes fundamentos: a) “…la Ley Fundamental, consagra derechos y garantías a favor de toda persona; así, entre ellos la vida, la libertad física y la de locomoción son protegidos mediante la acción de libertad; mecanismo constitucional que tutela de manera efectiva los derechos antes enunciados, frente a las acciones y omisiones de servidores públicos y personas particulares, que con sus acciones y omisiones restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión; cuya incorporación en la norma suprema responde a la exigencia de las diferentes disposiciones normativas de orden constitucional, como la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que de acuerdo al art. 410 constitucional conforman el bloque de constitucionalidad” (sic); b) Según SCP 0339/2012 de 18 de junio, “… se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca (…) aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (sic); c) A partir de lo expuesto por el accionante, corresponde considerar el art. 113.III del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que establece “…la autoridad jurisdiccional puede moderar el tiempo de intervención…” (sic), así como el art. 5 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias, por lo que considerando la norma procesal, la autoridad demandada otorgó diez minutos al abogado defensor, ampliando su intervención por dos minutos más según acta de apelación, por lo que no puede alegar violación al derecho a libertad probatoria; d) De la supuesta interrupción en la explicación de la defensa en cuatro oportunidades, conforme al acta de apelación, se evidenció que solo se dio en dos ocasiones y fue para reconducir su intervención a los agravios, por lo que no puede alegar subjetivamente el direccionamiento intencionado de la autoridad demandada para que incurra en error, lo cual no puede ser considerado como agravio; e) Respecto al supuesto incumplimiento al principio de legalidad y taxatividad, de parte de la autoridad demandada por no tomar en cuenta la declaración anticipada de la víctima de un hecho de agresión sexual, no se adecúa al art. 233.1 del CPP, dicho presupuesto material solo necesita indicios y no plena prueba para cumplirse; y, conforme al acta de aplicación de medida cautelar el presupuesto material se construyó en varios elementos indiciarios, por lo que dicha prueba no puede automáticamente desactivar el efecto del artículo antes nombrado y derivar en la liberación de una persona que se encuentra con detención preventiva, que cumple con los presupuestos procesales y exigencias de la norma, por lo que su detención es legal; f) Ante la existencia de un memorial de solicitud de ampliación para la detención preventiva, que el impetrante de tutela desconocía, resuelto en audiencia de apelación, no hubo indefensión porque el ahora accionante siempre estuvo asistido por su abogado y se resolvió bajo los principios de oralidad, inmediación y contradicción; g) De la negativa a la prueba biológica de ADN, respaldada en el art. 44 de la CPE, solicitada por la Fiscalía y la valoración psicológica de la víctima, la Corte Interamericana establece la prohibición de revictimización, pero según las atribuciones del Ministerio Público debe recolectar elementos probatorios para la emisión de una resolución fundamentada de acusación o sobreseimiento; y así, como el accionante no aceptó la realización del examen biológico, no puede establecer de manera subjetiva que la pericia de la valoración psicológica revictimizará a la víctima al no ser él el afectado; h) De la compulsa del proceso hay presupuestos materiales y procesales que conllevaron a la detención preventiva y según el Auto de Vista 293/2022 el accionante no identificó claramente el agravio sufrido por esa resolución, por lo que el Tribunal de alzada declaró improcedente el recurso formulado, por no haber explicado los motivos para rechazar o modificar la medida cautelar; y, i) La defensa del accionante carecía de fundamentos legales y de la revisión a la resolución emitida por la autoridad demandada es una Resolución motivada, que expuso con claridad las razones y fundamentos que la sustentaron, concluyendo que no hubo agravio contra el accionante.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia pública de consideración de situación jurídica y Auto Interlocutorio de 15 de septiembre de 2022, que resolvió rechazar la cesación de la detención preventiva de Alex Montaño Aldunate -ahora accionante- y que se amplió por dos meses más, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 124, 233.3 y 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173 (fs. 16 a 20).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su representante, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, legalidad y taxatividad, el principio de seguridad jurídica, al haber sido limitado en su defensa a solo diez minutos de exposición en la audiencia de apelación incidental, siendo interrumpido en cuatro oportunidades por la Vocal demandada, además que no valoró la declaración anticipada de la víctima, que niega que el accionante la hubiera abusado sexualmente, contraviniendo el art. 233.1 del CPP en la emisión del Auto de Vista 293/2022 de 13 de octubre, que declaró improcedente el recurso de apelación incidental de medida cautelar, permaneciendo detenido preventivamente. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0068/2021-S4 de 30 de abril, señaló que: “En el marco del debido proceso, la fundamentación y motivación de la decisiones judiciales es un elemento insoslayable que deben contener las resoluciones de las autoridades que administran justicia, requerimiento de especial cumplimiento cuando se trata de medidas cautelares que afectan la libertad de las personas; así, la SC 1326/2010-R de 20 de septiembre, expresó que : ʽ…la garantía del debido proceso comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. La motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidasʼ. Asimismo, en la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, el Tribunal Constitucional estableció la vinculación entre la valoración de la prueba con la fundamentación y motivación de las decisiones jurisdiccionales, indicando lo siguiente: ‘Finalmente, en coherencia con la argumentación desarrollada (…) y en cuanto al segundo supuesto descrito supra; es decir, en lo relativo a la conducta omisiva de la autoridad jurisdiccional o administrativa en lo referente a su facultad de valoración probatoria, debe señalarse que existe una estricta vinculación entre la omisión valorativa de la prueba y la violación al derecho a la motivación de toda resolución jurisdiccional o administrativa, ya que tal como se señaló, entre los requisitos que debe tener toda decisión para garantizar el derecho a la motivación, se encuentra la descripción individualizada de todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, la valoración de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, la asignación de un valor probatorio específico y la determinación del nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado, en consecuencia, queda claro que la omisión valorativa de prueba, vulnera de manera directa el derecho de motivación como elemento configurativo del debido proceso’”. (las negrillas son añadidas)

III.2. El necesario análisis del problema jurídico integral en acciones de defensa por hechos de violencia en razón de género

Al respecto la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo estableció la necesidad de desplegar un enfoque integral en casos de violencia en razón de género en acciones de defensa, sosteniendo que: “…es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano. Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales; con la finalidad que las partes, accedan a una justicia material, eficaz y eficiente. Así, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entendió en el Fundamento Jurídico III.3, que el contenido del principio de verdad material: …implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja, parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encarga de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta e irrazonable que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos de aplicar, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal. El principio de verdad material no solo es predicable respecto a las o los jueces, sino, que como todo principio, se irradia hacia la actividad de las y los diferentes operadores jurídicos, cuyas actuaciones se enmarcan en la debida diligencia, en el marco de los estándares de la Corte IDH y lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley 348; según el cual, las decisiones administrativas o judiciales, que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, deben considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia” (resaltado y subrayado agregados).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, legalidad y taxatividad, el principio de seguridad jurídica, al haber sido limitado en su defensa a solo diez minutos de exposición en la audiencia de apelación incidental, siendo interrumpido en cuatro oportunidades por la Vocal demandada, además que no valoró la declaración anticipada de la víctima, en la que negó que la hubiera abusado sexualmente, contraviniendo el art. 233.1 del CPP en la emisión del Auto de Vista 293/2022 de 13 de octubre, que declaró improcedente el recurso de apelación incidental de medida cautelar, permaneciendo detenido preventivamente. De los argumentos expresados por el accionante, se advierte que la motivación sustancial de esta acción de defensa se traduce en la limitación de exposición e interrupciones realizadas por la autoridad demandada en la fundamentación oral del recurso de apelación en audiencia y por la falta de valoración de la prueba realizada por la Juez a quo sobre la declaración anticipada de la víctima de violación, quien es una menor de edad, tomando en cuenta que el Ministerio Público solicitó la ampliación de la detención preventiva por el lapso de dos meses más, en función a la Ley 1173 para realizar actos investigativos pendientes como la valoración psicológica por la UPAVT y la complementación de la pericia genética de ADN, misma que fue aceptada por la autoridad jurisdiccional y ratificada por la Vocal demandada de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. En principio, es importante manifestar que el Tribunal de garantías al realizar el análisis del cuaderno procesal remitido para su revisión, determinó que conforme al acta de audiencia del recurso de apelación incidental, la Vocal demandada extendió por dos minutos más el tiempo de exposición del abogado del accionante al tiempo determinado inicialmente, siendo falsa la alegación de vulneración a su derecho a la defensa y sobre la interrupción que hubo en dos oportunidades, fue efectuada para reconducir la intervención del abogado del impetrante de tutela, no habiendo direccionamiento mal intencionado ni transgresión de parte de la autoridad demandada, tomando en consideración que las partes tienen el derecho de intervenir presentando su fundamentación y argumentos; pero, el Tribunal de alzada es el que decide el tiempo y la forma de la intervención de las partes, considerando lo señalado en el art. 113.III del CPP modificado por la Ley 1173, sobre la moderación del tiempo de intervención en audiencia en función de las particularidades del caso, sin existir un tiempo fijo o preestablecido para cada intervención. Por otra parte, del análisis a la problemática descrita por el accionante, sobre la falta de valoración a la declaración anticipada de la víctima, presentada como prueba, la misma no puede ser un conducto ipso facto para que se proceda a liberar a un detenido preventivamente, no puede neutralizar lo dispuesto por el art. 233.1 del CPP, que en relación a los requisitos para la detención preventiva expresa: “…1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible…”; y, en relación a la negación de la pericia psicológica de la víctima para no revictimizarla, no corresponde que el impetrante de tutela se oponga a dicha valoración alegando una potencial revictimización si no es él quien ha sufrido el daño, ya que la revictimización es un concepto aplicable a la víctima y se centra en el posible daño psicológico que el imputado podría causar a la víctima, no en sí mismo, siendo la pericia psicológica una herramienta objetiva científica que se solicita para comprender la psique del imputado en relación con el delito y que fue solicitada por la Fiscalía para obtener más elementos probatorios; por lo que, el Auto de Vista 293/2022, estableció la concurrencia de riesgos procesales y a consecuencia ratificó la decisión del Juez a quo, dejando vigente la detención preventiva impuesta al accionante por el lapso de dos meses más, dicha resolución explicó las razones de hecho y derecho, no siendo exigible una exposición necesariamente amplia de consideraciones y citas legales, pero tampoco una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino que debe contener una estructura de forma y de fondo que integre todos los puntos demandados por el recurrente, según el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, permitiendo comprender los motivos de la determinación asumida de forma concisa y clara; asimismo, debe observarse toda prueba presentada por las partes de manera integral y no limitarse a una sola, sin soslayar los principios que rigen en el instituto de las medidas cautelares de carácter personal, a efectos de que la determinación asumida garantice el debido proceso. Así también, según el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que todos los jueces y tribunales que conozcan de delitos que impliquen violencia contra las mujeres, deben dar prevalencia a los derechos de las mujeres víctimas de violencia, a objeto de eliminar la violencia en razón de género, inobservándose mínimamente la jurisprudencia y la normativa referente al cumplimiento de la prioridad nacional en su tramitación y atención, asumida por el Estado Plurinacional de Bolivia respecto a los delitos de violencia contra las mujeres a aplicarse. En ese entendido, en la presente acción tutelar, se puede establecer que la autoridad jurisdiccional demandada, emitió razonamientos conducentes a justificar su decisión, la mera disconformidad del accionante con lo resuelto por la Vocal demandada no es causa suficiente para solicitar la concesión de tutela de la acción interpuesta; que si bien, la acción de libertad se halla caracterizada por el principio de informalismo, éste no implica que el accionante se encuentre eximido de la obligación que tiene de identificar claramente el acto ilegal que lesionó sus derechos fundamentales, no puede limitarse a referir su lesión sin evidenciar argumento alguno a partir del cual se pueda establecer que la actuación de la demandada en efecto repercutió en su vulneración; a fin de dar lugar a las reclamaciones denunciadas, el impetrante de tutela, debe exponer una mínima carga argumentativa a partir de la cual pueda arribarse a la conclusión de su vulneración y por ende a la concesión de tutela, lo que no aconteció en el presente caso, aspecto por el cual, en relación a los aludidos derechos corresponde denegar la tutela impetrada. Por los motivos antes referidos, se constata que la Vocal demandada, al confirmar el Auto Interlocutorio motivado impugnado, actuó en el marco de los razonamientos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siendo que el Auto de Vista 293/2022 emitido por la autoridad demandada está debidamente fundamentado y motivado y, por ende, no hubo vulneración de los derechos del accionante; al contrario, obró protegiendo los derechos de la víctima. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 14 de octubre de 2022, cursante de fs. 69 a 73 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo.Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0240_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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