Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 10 de junio de 2024
Concede la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la defensa, a la información, a ser oído, a la igualdad de partes, al debido proceso y al acceso a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones; toda vez que, habiéndose desarrollado la audiencia de cesación de la detención preventiva el 10 de mayo de 2024, dicha pretensión fue denegada, por lo que, formuló recurso de apelación en ese verificativo; sin embargo, desde la indicada fecha hasta la activación de esta acción de libertad, la Jueza demandada no remitió al Tribunal superior en grado los actuados procesales de la causa, pese a que se hizo entrega a la Secretaria del Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, tres copias del respectivo cuaderno procesal; situación que refiere lesiona sus derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2024 de 28 de mayo, cursante de fs. 124 a 129, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías; y, 2° Llamar la atención a Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del citado departamento, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0240/2024-S2 Sucre, 10 de junio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 64531-2024-130-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 11/2024 de 28 de mayo, cursante de fs. 124 a 129, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Dayana Andrea Terrazas en representación de AA contra Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 27 de mayo de 2024, cursante de fs. 65 a 82 vta., el accionante a través de su representante, expreso que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación agravada; en la audiencia de cesación de la detención preventiva desarrollada el 10 de mayo de 2024, la Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, negó dicha pretensión con argumentos contrarios al orden legal establecido; ya que, no tomó en cuenta atentados contra su integridad física y psicológica como adolescente; debido a que, sufrió violaciones en dos oportunidades por parte de otros internos del “Centro Fortaleza”; por lo que, en el indicado acto procesal formuló recurso de apelación, a efecto de que la autoridad judicial demandada remita el cuaderno procesal al Tribunal de alzada para su consideración; no obstante de ello, desde esa data “a la fecha”, no se envió el referido expediente al citado Tribunal, pese a que a la finalización de dicho verificativo se hizo entrega a la Secretaria del mencionado Juzgado tres copias del respectivo cuaderno procesal.
Por tal motivo, existiendo una demora injustificada respecto a la remisión de obrados al Tribunal de alzada, se procedió a realizar un nuevo reclamo; empero, este tampoco fue atendido, situación que generó una lesión a sus derechos y garantías constitucionales; toda vez que, la Jueza demandada no tomó en cuenta lo establecido por el Código de Procedimiento Penal el cual por analogía es aplicable a casos de justicia penal juvenil, que señala, una vez formulada la apelación en audiencia, dicho recurso deberá ser remitido al Tribunal superior en grado en el plazo de veinticuatro horas bajo responsabilidad, con la finalidad que sea resuelto conforme lo dispuesto en el citado Código.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la defensa, a la información, a ser oído, a la igualdad de partes, al debido proceso y al acceso a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones, citando al efecto los arts. 22, 23.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la remisión inmediata del cuaderno procesal al Tribunal de alzada a efectos de resolver la apelación planteada.
Celebrada la audiencia pública virtual el 28 de mayo de 2024, según consta en acta cursante de fs. 119 a 123 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó el contenido del memorial de la acción tutelar, y ampliándolo manifestó que: a) Habiéndose desarrollado el 10 de mayo de 2024, la audiencia de cesación de la detención preventiva, dicha pretensión fue rechazada mediante Auto Interlocutorio; es así que, hasta la fecha de la realización del presente mecanismo de defensa, no se tiene conocimiento formal de los fundamentos expuestos en dicha determinación, situación que afecta a sus derechos a la información, a la impugnación y al acceso a una justicia pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones; b) La Jueza demandada al no haber remitido al Tribunal de alzada los antecedentes de la apelación interpuesta, lesionó sus derechos y garantías como adolescente, que al ser parte de un grupo vulnerable, requiere un trato especial, en mérito a que por su calidad cuenta con una tutela judicial reforzada; y, c) Existen antecedentes que evidencian que la citada autoridad judicial no actúa de forma objetiva y precisa con respecto a velar el interés superior de la niña, niño y adolescente; toda vez que, la nombrada en una apelación anterior demoró seis meses a efectos de realizar dicho trámite ante el Tribunal de alzada; por tal motivo, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, procedió a llamar la atención a la mencionada Jueza.
Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, en audiencia de garantías señaló que: 1) El accionante hace uso desmedido del recurso de apelación; toda vez que, utilizó dicho medio en tres oportunidades: la primera, reclamando una aprehensión ilegal; la segunda, respecto a una nulidad de imputación formal; y, la tercera, por una nulidad de la acusación formal; 2) El 10 de mayo de 2024, se atendió una solicitud formulada por el impetrante de tutela respecto a la cesación de la detención preventiva; empero, la misma fue denegada; debido a que, el prenombrado no acreditó un nuevo domicilio, por tal situación, la defensa del mencionado en audiencia interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido; no obstante de ello, no proporcionó para dicho cometido las fotocopias de los actuados respectivos de manera correcta; ya que, estas se encuentran incompletas y con errores en su numeración; por ese motivo, al no haber subsanado dicho aspecto, no se pudo remitir al Tribunal de alzada la documentación; 3) El solicitante de tutela pretende que el proceso avance mediante el sistema alternativo de la red social WhatsApp; sin embargo, aquello no es posible; puesto que, el funcionario judicial “…que hace las veces de oficial de diligencias, auxiliar, atención al público, a la fecha no cuenta también con un celular…” (sic), y no tiene recursos para comprarse uno; y, 4) El Juzgado a su cargo al ser mixto ostenta una sobrecarga procesal, en vista que tiene conocimiento de cuatro materias; empero, esa circunstancia se ve afectada con las acciones realizadas por los propios litigantes con la interposición de recursos, los cuales producen mora procesal.
La Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 11/2024 de 28 de mayo, cursante de fs. 124 a 129, concedió la tutela impetrada, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas, se remita al Tribunal de alzada el recurso de apelación interpuesto por el accionante, más las copias legalizadas requeridas de la causa, sin costas ni daños y perjuicios; con base en los siguientes fundamentos: i) La falta o ausencia de provisión de recaudos -fotocopias y actuaciones procesales-, no constituye un justificativo valido para poder incurrir en una dilación respecto a la consideración de la situación jurídica de la parte recurrente, más aun tomando en cuenta la ponderación que debe realizarse en estos casos en resguardo del debido proceso; ii) La precariedad en cuanto a las notificaciones ejecutadas por medio de dispositivos electrónicos, así como, la carencia de insumos -fotocopiadora-en un juzgado, no puede considerarse como un argumento valedero para incurrir en una dilación innecesaria dentro del trámite de apelaciones formuladas por los sujetos procesales; y, iii) Toda autoridad encargada de un despacho judicial, se encuentra en la obligación de establecer criterios de ponderación respecto a la protección de grupos vulnerables o de protección reforzada; más aún si la problemática analizada, está vinculada al derecho a la libertad de un adolescente.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de la audiencia pública virtual desarrollada el 28 de mayo de 2024, en la cual, el peticionante de tutela a través de su representante amplió los fundamentos del memorial de acción de libertad; donde a su vez, se vertieron los argumentos de la Jueza demandada (fs. 119 a 123 vta.).
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la defensa, a la información, a ser oído, a la igualdad de partes, al debido proceso y al acceso a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones; toda vez que, habiéndose desarrollado la audiencia de cesación de la detención preventiva el 10 de mayo de 2024, dicha pretensión fue denegada, por lo que, formuló recurso de apelación en ese verificativo; sin embargo, desde la indicada fecha hasta la activación de esta acción de libertad, la Jueza demandada no remitió al Tribunal superior en grado los actuados procesales de la causa, pese a que se hizo entrega a la Secretaria del Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, tres copias del respectivo cuaderno procesal; situación que refiere lesiona sus derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció que: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al Juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (énfasis añadido). Asimismo, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas son nuestras).
Al respecto, la SCP 0256/2020-S3 de 14 de julio, estableció que: “Por disposición del art. 58 de la CPE: ‘Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones’; marco dentro del cual, el art. 59.I y III de la Norma Suprema, dispone: ‘I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. (…) III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por la ley’. Asimismo, a efectos de garantizar la materialización de estos derechos, el art. 60 de la CPE, impone deberes al Estado y a la familia, disponiendo que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’, prohibiendo y sancionando toda forma de violencia contra ellos, a través del art. 61.I de la Norma Suprema. En el contexto normativo internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Bolivia mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990 -entre otros aspectos- establece en su art. 3, que: ‘1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño’; es decir, que otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, imponiendo con ello a los Estados parte, el deber de atención primordial del interés superior del niño, debiendo garantizarse su protección y cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres. Los lineamientos de esos instrumentos internacionales universales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sobre los derechos del niño establece que: ‘Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado’. Conforme a la normativa señalada, así como la del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH y SIDH), se consolida la vigencia y el respeto del principio del interés superior del niño, el cual constituye el principio rector y básico de preeminencia del resguardo a las niñas, niños o adolescentes, que tiene un alcance esencialmente interpretativo de las medidas que puedan afectarles directa o indirectamente; permitiéndose conforme a ese postulado a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, reforzar el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que dentro del mandato constitucional conlleva actuaciones imperativas tendientes al respeto de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE-, y/o en su caso garantizando el ejercicio y materialización de sus derechos. Por su parte, el art. 1 del CNNA prevé y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a toda niña, niño y adolescente; esto con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia; determinando además en su art. 12 inc. b) del mismo cuerpo legal, como prioridad social, que es deber de la familia, de la sociedad y el Estado asegurar al niña, niño y adolescente, con absoluta prioridad el ejercicio y el respeto pleno de sus derechos, estableciendo el inciso b) del citado artículo, que toda niña, niño y adolecente, tiene derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades, judiciales y administrativas” (las negrillas nos pertenecen).
De los hechos que motivan la presente acción tutelar, se tiene que el accionante por medio de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la defensa, a la información, a ser oído, a la igualdad de partes, al debido proceso y al acceso a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones; toda vez que, habiéndose desarrollado la audiencia de cesación de la detención preventiva el 10 de mayo de 2024, dicha solicitud fue denegada, por lo que, formuló recurso de apelación en ese verificativo; sin embargo, desde la indicada fecha hasta la activación de esta acción de libertad, la Jueza demandada no remitió al Tribunal superior en grado los actuados procesales de la causa, pese a que se hizo entrega a la Secretaria del Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, tres copias del respectivo cuaderno procesal; situación que refiere lesiona sus derechos y garantías constitucionales.
De los antecedentes cursantes en el legajo procesal, se tiene el acta de la audiencia pública virtual de 28 de mayo de 2024, en la cual, el peticionante de tutela a través de su representante amplió los fundamentos del memorial de su acción de libertad; donde a su vez, se vertieron los argumentos de la Jueza demandada (Conclusión II.1). Ahora bien, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, es necesario tener en cuenta los alcances de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la cual procede cuando existen dilaciones indebidas que afectan la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, aquello en relación al principio de celeridad. Asimismo, en mérito a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde precisar que en virtud a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado; es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente; por ello, a efectos de materializar dicho precepto, será preciso efectuar una contextualización sistemática del texto constitucional a efectos de reforzar el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad; situación que conlleva al establecimiento de medidas tendientes al respeto de los derechos de los prenombrados, garantizando en este sentido un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad, justicia, y el ejercicio pleno de sus derechos y garantías, donde emerge la potestad imperativa de establecer que toda niña, niño y adolecente, tiene derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades judiciales y administrativas. En ese contexto, se tiene presente que realizada la audiencia de cesación de la detención preventiva el 10 de mayo de 2024, impetrada por el accionante, en ese verificativo el prenombrado formuló recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio que negó la cesación de la detención preventiva, solicitando se remitan antecedentes al Tribunal de alzada a efectos de su consideración; empero, la Jueza demandada hasta la fecha de realización de la presente acción de defensa -28 del citado mes y año-, no procedió con el envío correspondiente de las piezas procesales al Tribunal superior en grado, alegando que dicha remisión no fue efectuado; debido a que, el solicitante de tutela no proporcionó los recaudos para las fotocopias correspondientes del legajo procesal; ya que, si bien fueron entregadas a la Secretaria del Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, las mismas se encuentran incompletas y con defectos en su numeración y orden. En efecto, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se advierte que la autoridad demandada en este mecanismo de defensa, ocasionó que la situación jurídica del accionante permaneciera en un estado de incertidumbre; toda vez que, al no remitir los actuados procesales de manera oportuna al Tribunal de alzada, tomando en cuenta que la referida audiencia de cesación de la detención preventiva fue desarrollada el 10 de mayo de 2024, y hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar -28 de igual mes y año-, dejó transcurrir un lapso de tiempo bastante considerable; situación que, desconoció el principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad que asiste al impetrante de tutela, quien a su vez resulta ser un menor de edad; aspecto que devela en la conducta de la Jueza demandada, una inobservancia respecto a la otorgación de una protección reforzada que posee el accionante, al pertenecer a un grupo de atención prioritaria, incidiendo también en un incumplimiento por parte de la citada autoridad judicial con relación al interés superior de la niña, niño y adolescente.
Por otro lado, de acuerdo a lo manifestado en la audiencia de garantías por la autoridad demandada, respecto a que la parte apelante no proporcionó para dicho cometido las fotocopias de los actuados respectivos de manera correcta; ya que, estas se encuentran incompletas y con errores, corresponde tener en cuenta que dicho argumento no puede ser considerado válido en mérito a lo establecido por la SCP 0451/2018-S3 de 26 de septiembre, que sostuvo: “…en caso de no haberse proporcionado los recaudos necesarios, corresponde a la autoridad demandada en atención al principio de celeridad procesal y en resguardo del derecho a la libertad, adoptar las medidas conducentes para que se efectivice el envío de actuados y de manera inmediata se tramite el recurso de apelación, debiendo mandar ante el Tribunal de alzada mínimamente la siguiente documentación: a) Copia del acta de audiencia de medidas cautelares, b) Copia del auto que disponga las medidas cautelares; y, c) Copia del mandamiento de detención preventiva del o los imputados a efectos de dar continuidad inmediata al trámite de apelación…”; aspecto por el que, la falta de provisión de dichos recaudos no puede constituir un impedimento para remitir el legajo procesal con los actuados pertinentes al Tribunal de alzada dentro los plazos establecidos; así como tampoco establecer que su “…juzgado no cuenta con una fotocopiadora…” (sic), haciendo referencia a la carencia de insumos, y que por ser su despacho mixto, este tendría una sobrecarga laboral; extremo que a su vez no prueba que exista una justificación razonable y fundada para la omisión del envío de antecedentes ante el Tribunal superior en grado, situación que resulta contraria al principio de celeridad previsto en los arts. 178 y 180.I de la CPE, generando en el caso de autos una demora excesiva al momento de efectuar los trámites inherentes al proceso -remisión de actuados- con la afectación del derecho a la libertad del impetrante de tutela; circunstancia por la cual, en virtud a lo que establece el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, corresponde conceder la tutela requerida, en el marco de lo referido a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho.
Conforme a lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde hacer referencia al comportamiento de la Jueza demandada, quien en mérito a los antecedentes descritos, no solo desconoció la garantía constitucional consagrada por el art. 115.II de la CPE, que refiere al establecimiento de una “…justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; sino que a su vez, la mencionada en vista a la documentación adjunta al cuaderno procesal, despliega una conducta reincidente, en referencia precisamente a la remisión de obrados al Tribunal de alzada a efectos del tratamiento y resolución de recursos de apelación planteados por las partes (tal cual se evidencia en los Autos de Vista: 06/2023 de 22 de agosto, emitido por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Cuarta; y, 01/2024 de 11 de enero, de su similar Primera, ambas del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cursantes de fs. 89 a 92; en los cuales, las distintas autoridades de alzada develan el descuido y la no atención correcta a los distintos recursos de apelación formulados ante la autoridad hoy demandada); que, en virtud a la relación que poseen con casos vinculados a la libertad personal, deben ser atendidas y resueltas de forma inmediata, más aun teniendo presente la calidad de los sujetos procesales, como sucede en el caso de autos, donde el accionante es un adolescente, quien conforme a lo establecido por el texto constitucional posee una protección especial por ser parte de un grupo vulnerable, aspecto que deberá ser considerado por la mencionada autoridad judicial en futuras causas que sean de su conocimiento. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2024 de 28 de mayo, cursante de fs. 124 a 129, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías; y, 2° Llamar la atención a Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del citado departamento, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0240_2024-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): ab26e5b1b439867706ae72abdc12a06cc4d0b8ccd3714149420601bac691e4bd
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