Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 25 de junio de 2024
Deniega la tutela
El peticionante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la defensa, al debido proceso y a la petición, toda vez que substanciándose una audiencia al interior del Banco Bisa S.A., por la Comisión Mixta de esta entidad, se recepcionó su declaración y en una sola tarde se determinó por su destitución de su puesto laboral y codificación 06 ante la ASFI, sin haberse aperturado en su contra un proceso administrativo interno, en la que tenga oportunidad de ejercer defensa, presentar pruebas y ser asistido por un abogado; mas al contrario, una vez determinada por su remoción del cargo, dicha resolución en ningún momento fue notificada a su persona a fin de poder brindarle la oportunidad de poder impugnar a través de los medios recursivos que otorga la ley; y ante los insistentes reclamos escritos en sentido que se le notifique con la Resolución que dispuso por su destitución a fin de poder asumir defensa, además de que se le brinde copias de dicha resolución, en ningún momento los demandados respetaron sus solicitudes. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará el siguiente tema: 1) La inmediatez y el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional; y, 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 229/2022 de 26 de agosto, cursante de fs. 166 a 170 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada; con la aclaración de no haberse ingresado a analizar el fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0240/2024-S1 Sucre, 25 de junio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 50257-2022-101-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 229/2022 de 26 de agosto, cursante de fs. 166 a 170 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marcos Villanueva Saenz contra Luis Enrique García Rodríguez y Nancy Alejandra Bolívar Rojas, Presidente del Directorio y Jefa Regional de Gestión Humana, respectivamente, del Banco Bisa S.A.
Por memoriales presentados el 4 de julio y 4 de agosto ambos de 2022, cursantes de fs. 65 a 70 y 73 a 79 vta., el solicitante de tutela manifestó lo siguiente:
Ingresó a trabajar en el Banco Bisa S.A., a través del contrato laboral indefinido el 1 de junio de 2015, debidamente visado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, habiendo trabajado por más de cinco años de manera intachable en la que inclusive fue reconocido a través de memorándums de felicitaciones en el trabajo desempeñado. No obstante su relación laboral, de manera intempestiva procedieron a retirarlo del cargo sin seguirle un proceso interno, o al menos su persona desconocía del mismo, atentando las reglas del debido proceso y su propio reglamento interno del banco, toda vez que resolvieron por la remoción de su cargo y empeorando su situación, dispusieron por la codificación ante la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) bajo el código 06, lo que implicaba estigmatizarlo por algún hecho que jamás cometió, peor aún cerrando toda posibilidad de poder volver a trabajar en la banca privada.
Afirma que en agosto de 2020 se procedió a la entrega del Memorándum RRHH 183/20 (debió decir Memorándum RRHH-164/2020 de 25 de agosto de 2020) a través del cual se dispuso su desvinculación laboral por la supuesta comprobación de hechos irregulares en el desempeño de sus funciones, faltas previstas en los incisos e) y g) del art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT). Asimismo, mediante Memorándum RRHH 184/20 (debió decir Memorándum RRHH-165/2020 de 25 de agosto) se le comunicó que se procedió a la codificación 06 ante la ASFI, retiro por causal ajena a la voluntad del trabajador, debido a infracciones y faltas cometidas con dolo sin daño económico. Los Memorándums detallados precedentemente no responden a la realidad de los hechos acontecidos, ya que el 23 de julio de 2020, en circunstancias en que la subgerente de Operaciones verificó su trabajo en ningún momento comprobó irregularidades en el desempeño de sus funciones, así como tampoco incurrió en robo o hurto y que si a criterio del Banco Bisa S.A su persona incurrió faltas graves, primeramente debieron proceder con iniciársele un proceso administrativo interno, a fin que se le brinde la oportunidad en asumir, defensa, estar asistido por un abogado y presentar pruebas a fin de que sean valoradas, en resguardo al debido proceso de conformidad al art. 117 de la Constitución Política del Estado (CPE). En cuanto a la errónea codificación ante la ASFI asumida por el Banco Bisa S.A., afirma que no le corresponde dicha sanción, primeramente porque no se le siguió un proceso administrativo interno; y, atentando contra sus derechos y garantías constitucionales de manera directa no solamente fue removido de su cargo, sino se dispuso la codificación antes mencionada, en evidente atentado a sus derechos a la defensa y a la presunción de inocencia, máxime si su persona en ningún momento causó daño económico al banco, empero, con la codificación que se le infligió ante la ASFI, prácticamente le dieron una muerte civil o pena de infamia. Afirma desconocer de la existencia de una resolución administrativa que disponga su destitución y codificación ante la ASFI, ya que nunca se le notificó con dicha sanción a fin que pueda presentar las impugnaciones que correspondan; no obstante a sus insistentes solicitudes al Banco Bisa S.A., a fin que se le proporcione copia de la resolución, en ningún momento respetaron su derecho de petición, más al contrario, se le brindó una respuesta con excusas infundadas negándole proporcionarle una copia de la resolución que supuestamente existiría. Manifiesta adjuntar copia de la Sesión 01 de 24 de agosto de 2020 (Acta del proceso administrativo interno), la cual se le hizo conocer después de dos años, cerrando toda posibilidad de poder asumir defensa activando los medios recursivos de ley, en resguardo al debido proceso previsto en la Constitución Política del Estado, concordante con la Resolución Ministerial 551/06 y la Resolución Administrativa 651/07 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. A ello afirma que si únicamente se le hubiera despedido por la causal de incumplimiento al convenio, la codificación sería distinta; sin embargo, señala que tampoco existe incumplimiento al contrato de trabajo por lo que únicamente se trata de una infamia en su contra. La presente acción de amparo constitucional es de inmediata procedencia, ya que se vulneró su garantía jurisdiccional al debido proceso en sus elementos de derecho a la defensa, a presentar pruebas e impugnar la decisión asumida, además de vulnerar su derecho de petición; toda vez que, mediante reiteradas notas solicitó se le notifique con la resolución que dispuso su destitución y codificación ante la ASFI, además se le proporcione copias de dicha resolución y demás antecedentes sin que el Banco Bisa S.A., hubiere respetado su derecho de petición. Al desconocer de la existencia de una resolución a través de la cual se le sanciona, afirma que con un acta de audiencia se procede a sancionar y se pretende tomar la misma como si fuera una resolución con lo que se demuestra y confirma que se procedió a su procesamiento y destitución con un acta de sesión sin que exista resolución propiamente dicha. El art. 122 del Reglamento Interno del Banco Bisa S.A., establece que la resolución definitiva debe ser notificada al trabajador por el Gerente General, aspecto que se incumplió, y cuando solicitó dicha resolución, ésta le fue negada, transcurriendo más de dos años de haber sido sancionado y registrado en la misma ASFI, constituyendo este extremo el que vulneró sus derechos de petición, a la dignidad, a la privacidad y a la defensa.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso y de petición, citando al efecto los arts. 24, 115.II, 116 y, 117.I de la CPE.
Solicita se conceda la tutela y se disponga: a) La restitución de sus derechos y garantías constitucionales suprimidos y violentados; b) Se le otorgue en triple ejemplar en originales la Resolución a través de la cual se dispuso la remoción del cargo, a la vez de ordenar la codificación ante el Registro de la ASFI con el código 06; c) Se establezca responsabilidad penal y civil de los demandados, disponiendo la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público; d) Se condene al pago de daños y perjuicios; e) En audiencia, conforme consta en el acta de 26 de agosto de 2022, cursante de fs. 159 a 165 solicitó se proceda a la anulación de todo el proceso administrativo interno y se le restituyan sus derechos, permitiéndosele asumir sus derechos a la defensa, al debido proceso, a ser escuchado y a ser asistido por un abogado; y, f) Que se disponga la eliminación de la codificación registrada ante la ASFI.
Celebrada la audiencia pública el 26 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 159 a 165, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su acción de amparo constitucional, añadiendo en audiencia lo siguiente: 1) No obstante haber trabajado de manera idónea por más de cinco años en el Banco Bisa S.A., de manera sorpresiva se le comunicó que le iniciaron un proceso administrativo por haber accedido a una cuenta bancaria de una persona fallecida, por lo que el 24 de agosto de 2020 se aperturó el proceso administrativo interno 1, instalándose una reunión conforme al acta, oportunidad en la que se realizaron todos los supuestos actos de un proceso administrativo interno; sin embargo, en ningún momento se le permitió ejercer su derecho a la defensa técnica ni material, ni presentar pruebas, incumpliendo el mandato constitucional al debido proceso y además incumpliendo lo previsto en el art. 121 del Reglamento que establece que la Comisión Mixta respetará los principios de defensa en juicio y demás derechos de los trabajadores previstos en la Resolución Ministerial (RM) 551/06 y en la Resolución Administrativa 651/07 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; 2) A ello se suma que solamente se basaron en su declaración, no pudo presentar pruebas de descargo, la valoración de la prueba no fue de manera razonable inexistencia del principio de legalidad, para posteriormente de manera sorpresiva emitir una resolución, misma que en varias oportunidades se le negó en entregarse la misma, coartando su derecho de impugnación, para recién en mayo de este año se le entregó una resolución, en la que contempla que se procederá a su destitución; sin embargo, dicho proceso administrativo interno como en la resolución misma, no se cumplieron los requisitos de una resolución, no se cumplió con la fundamentación y motivación que debe contener toda resolución; asimismo, la resolución que se le entregó de forma posterior, tampoco determina con claridad los hechos atribuidos a las partes, no contiene una exposición clara de todos los aspectos fácticos pertinentes, se debe describir de manera los supuestos hechos contenidos en la norma jurídica aplicable al caso, no se tiene una exposición clara de los hechos, ausencia valorativa, no existe hechos que se han probado, no existe la aportación de prueba por el Banco Bisa S.A., solamente refiere que la declaración no concuerda con la declaración de otra persona, siendo éste el único fundamento que lo expone en la parte dispositiva de la resolución; 3) Reitera en afirmar que al no haberse notificado con la resolución que dispuso su destitución, tampoco se le brindó la posibilidad de impugnar la misma. Asimismo, refiere que adjuntar el acta de sesión del proceso administrativo interno realizado el 24 de agosto de 2020, en dicha acta se tiene que por el lapso de una hora más o menos se llevó adelante el proceso administrativo interno, cuando mínimamente debió contener un plazo de diez días; sin embargo, desconoce las causas por las cuales, en una hora fue procesado por el Banco Bisa S.A., en la que estuvo presente la Comisión Administrativa y todo el Tribunal Administrativo conformado por nueve personas en la que existían abogados, empero, su persona se encontraba sola sin la presencia de su abogado defensor; y, 4) Hace referencia a la acción de protección de privacidad planteada contra la codificación 06 establecida ante la ASFI; sin embargo, la misma fue rechazada mediante SCP 0676/2021-S3 de 23 de septiembre, en cuyo fundamento refiere que lo que se denuncia debe ser atendido a través de una acción de amparo constitucional, por tal razón es que desde el 2020, es decir, dos años se viene exigiendo a la indicada entidad bancaria, que entregue la resolución y a tanta insistencia se les otorgó el acta de 24 de agosto del señalado año, en el que en su punto 4 refiere resolución, empero, la misma no contempla los argumentos ni fundamentos ni los elementos básicos que cuenta una resolución.
Gonzalo Alejandro Arandia Castellanos, Representante Legal y Nancy Alejandra Bolívar Rojas, Jefa Regional de Gestión Humana, ambos del Banco Bisa S.A., mediante informe escrito presentado el 26 de agosto de 2022, conforme cursa de fs. 155 a 158 vta., manifestaron lo siguiente: i) Como producto de una auditoría interna, el 20 de agosto de 2020 se emitió un informe respecto al reclamo de los familiares de un cliente fallecido, en la que se hubiera procedido a la entrega de una chequera nueva de una de las cuentas del difunto a una tercera persona, sin ninguna autorización de los familiares; en el proceso de entrega de la chequera, se verificó que el ahora accionante no cumplió los procedimientos y protocolos establecidos para dicho fin, extremo admitido por el mismo involucrado en sus declaraciones de auditoría, adicionalmente también se identificó que a la persona que se le entregó la chequera, resultaba ser la tía de la enamorada del accionante, existía una relación extra a una simple atención al cliente, extremo que se encuentra debidamente verificado y que cuenta con los respaldos informativos respectivos; ii) Los hechos acontecidos se constituyen en infracciones graves, al incumplir procedimientos de validación y verificación en la emisión y entrega de chequeras, permitiendo a una persona no autorizada apropiarse de una forma indebida y fraudulenta de $us25 080.- vulnerando procedimientos e incumpliendo la cláusula séptima de su contrato de trabajo, relacionada a obligaciones generales en sentido de realizar su trabajo con eficiencia; por lo que, se debía sujetar a medidas disciplinarias; iii) Con dicho antecedente se instauró un proceso sumario interno de amplio conocimiento del ahora accionante, a quien el 20 de agosto de 2020 se convocó a las Oficinas de Gestión Humana de esta entidad financiera para hacerle conocer el inicio de un proceso administrativo y que debía presentar sus descargos y debiendo presentarse de manera virtual en la reunión del 24 de agosto de ese año, a horas 16:30; en dicha fecha se llevó a cabo la reunión del Comité Mixto de la entidad, contando con la participación de los representantes de las áreas intervinientes y del accionante, quien no presentó respaldos escritos, solo participación verbal explicando que no tuvo ninguna mala intención y que su participación en este hecho fue un error involuntario. En consecuencia, el Comité sumarial deliberó y determinó la desvinculación del accionante por incumplimiento al Reglamento Interno de Trabajo en su art. 113 incs. b) y c); iv) El 25 de agosto de igual año, se emitieron los correspondientes memorándums de desvinculación y codificación ASFI, recibidas por el ahora accionante el 26 de agosto del mismo año, para finalmente el 31 de agosto de dicho año, proceder hacer efectivo el pago de su finiquito, derechos laborales y beneficios sociales en oficinas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, más la entrega del cheque respectivo, que fueron recepcionados personalmente por el interesado; v) El 1 de marzo de 2021, el accionante presentó una acción de protección de privacidad contra el Director de la ASFI, solicitando se cambie el código de desvinculación, por la que la entidad de referencia responde en sentido que tal solicitud no es procedente ya que se trata de un registro otorgado por las entidades bancarias, denegándose dicha acción constitucional, ya que no existía lesión alguna al derecho a la información; vi) A partir de marzo de la gestión 2021, el ahora solicitante de tutela realizó una serie de requerimientos escritos al Banco Bisa S.A., todos respondidos, que tenían como principal contenido el desconocimiento del proceso interno realizado en su caso y solicitando el cambio de codificación en la ASFI del código 106 al 109; vii) Detalla: El 29 de marzo de 2021, el peticionante de tutela presentó carta dirigida a Nancy Alejandra Bolívar Rojas, expresando desconocimiento del proceso interno y asumiendo como ilegal su destitución y otorgando el plazo de setenta y dos horas a fin de que se le entregue la supuesta Resolución y copias de los respaldos; el 9 de abril de 2021 el accionante presenta carta a Ana Fierro (Gerente Auditoría), y Juan José Jáuregui (Gerente Nacional Gestión Humana), haciendo referencia a nota anterior y otorgando el plazo de setenta y dos horas para que se le brinde respuesta y copias de los respaldos de la comunicación; el 9 de ese mes y año, Nancy Alejandra Bolívar Rojas, Jefa Regional de Gestión Humana de la citada entidad bancaria, brindó una respuesta bajo el enfoque planteado por el impetrante de tutela, y refiriendo que en todo momento tuvo conocimiento del proceso sumario interno por las irregularidades en que incurrió; el 19 de igual mes y año, el accionante dirigiéndose a la Jefa Regional de Gestión Humana refirió que no se le entregó ninguna documentación del proceso administrativo interno, reiterando su solicitud de recibir la documentación a fin de cumplir con la Constitución Política del Estado; el 28 del referido mes y año, la citada Jefa Regional respondió a la nota de 19 del mencionado mes y año, aclarando que todo lo pedido fue objeto de contestación el 9 de abril reiterando que con la conclusión de la relación laboral quedó consolidada, el 12 de mayo de dicho año el accionante solicitó a la Jefa Regional de Gestión Humana un certificado de trabajo en dos ejemplares legalizados; el 18 de mayo de 2022, se emitió el Certificado de Trabajo conforme a lo pedido; el 11 del mencionado mes y año, el accionante solicitó a la Jefa Regional de Gestión Humana, copias legalizadas de la resolución por la que se le destituyó, reclamando la falta de atención por más de dos años; el 13 de igual mes y año, el Banco Bisa S.A. respondió a dicha nota en la que se adjuntó copia del Acta del Comité Mixto realizado el 24 de agosto de 2020, acta dentro de la cual cursa la mencionada resolución del sumario seguido contra el accionante; el 30 de mayo de 2022 el accionante a tiempo de agradecer por la copia emitida, observa la inexistencia de una resolución sobre su desvinculación, por lo que deduce que no existió proceso interno, finaliza solicitando una conciliación para el cambio de codificación en la ASFI; el 3 de junio de igual año, el Banco Bisa S.A. respondió indicando que el accionar de esa entidad se encuentra dentro del ordenamiento legal vigente; viii) Afirma haber respondido a todas las solicitudes presentadas por el impetrante de tutela, cuyas respuestas tampoco fueron recogidas por el interesado, sino por una tercera persona a quien se la autorizaba, algo que nunca fue restringido por el Banco Bisa S.A.; por lo que, considera que no hubo vulneración a su derecho de petición; ix) Respecto a la copia de la Resolución de destitución, dicho documento se le otorgó al accionante el 13 de mayo de 2022 mediante nota respectiva en la que se adjunta material y físicamente una copia del acta del Comité Mixto, dentro del proceso sumario interno, reunión realizada el 24 de agosto de 2020 para tratar el caso del accionante, en la que incluso tuvo participación de forma virtual al responder al interrogatorio que se le hizo, por lo que resulta absurdo que se afirme que nunca tuvo conocimiento del sumario interno cuando de manera previa se le puso en conocimiento los respectivos memorándums de inicio de proceso interno y participación en la reunión del citado Comité, en la que prestó su informe verba, y deliberándose en la misma reunión se emitió la respectiva Resolución de su despido, razón por la que en el Acta de 24 de ese mes y año, cursa la resolución del Comité en la que se dispuso su despido, acta cuya copia fue proporcionada, en la que se encuentra inserta la resolución y no de manera separada, por lo que no existe vulneración al derecho de petición; x) Las primeras cartas de respuestas por el Banco BISA S.A., fueron brindadas según el enfoque del accionante, además de manera posterior se le otorgó el documento que solicitaba, existiendo la teoría del hecho superado; xi) Hay falta de legitimación pasiva en el demandado Luis Enrique García Rodríguez, identificándolo como presidente del Directorio; sin embargo, dicha persona no es el representante legal de la entidad bancaria, mucho menos gerente de alguna área y lo más relevante, ninguna de las solicitudes fueron dirigidas a la mencionada persona, por lo que existe falta de legitimación pasiva, incumpliéndose lo previsto en el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), debiendo denegarse la tutela; xii) Existe una incompresible acción de amparo constitucional, toda vez que en la última nota del accionante de 30 de mayo de 2022, agradece por las copias, empero, expone una duda acerca de haberse seguido un proceso interno a su persona, finaliza solicitando una conciliación para el cambio de codificación en la ASFI; aspecto que refleja la poco comprensible acción de amparo constitucional, pretendiendo que se cambie el código establecido ante la ASFI, a la vez de mencionar que no se le siguió proceso interno, lo que refleja una falta de congruencia entre el nexo causal entre los hechos planteados y el petitorio, ya que el Banco Bisa S.A., aplicó lo que correspondía conforme a la Ley de Servicios Financieros -Ley 393 de 21 de agosto de 2013-; y, xiii) Afirma que un cambio de codificación “106” que hace referencia a incumplimiento, contravenciones graves a normas internas, disposiciones legales, por imprudencia, negligencia culposa sin daño económico para aceptar el código “109” retiro por causal ajena a la voluntad del trabajador sin contravenciones a normas internas o disposiciones legales, supondría asumir un hecho que no es cierto, obviando las infracciones cometidas por el ahora accionante al entregar una chequera de una cuenta a una tercera persona que era la tía de su novia, y con la que se apropiaron $us25.000.- (veinticinco mil 00/100 dólares estadounidenses) de esa cuenta, extremo que resulta una situación grave, por lo que se trata de otro motivo para denegar la acción de amparo constitucional; motivos por los que solicita se deniegue la presente acción tutelar. Consta formulario de notificación a Luis Enrique García Rodríguez cursante a fs. 82, en la que se aclara que “…no es Presidente del Directorio de Banco Bisa S.A….” (sic).
La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, mediante Resolución 229/2022 de 26 de agosto, cursante de fs. 166 a 170 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: a) Del confuso memorial de acción de amparo constitucional y la subsanación, pareciera que el impetrante de tutela, únicamente busca el resguardo al derecho de petición en relación a la entrega de la copia legalizada de la Resolución Administrativa de 24 de agosto de 2020; sin embargo, de la aclaración realizada lo que se pretende es la restitución a sus derechos y garantías que fueron suprimidos y violentados, que de ninguna manera es la restitución a su fuente laboral, sino es en relación a la codificación 06, a fin que se deje sin efecto la misma, ya que en la reunión sostenida en el Banco Bisa S.A. vía zoom, estuvo presente su persona, empero, sin la presencia de su abogado; generándose todo el procedimiento y que nunca fue de su conocimiento, por lo que afirma que la reunión sostenida el 24 de ese mes y año, es el acto vulneratorio de sus derechos y garantías constitucionales, toda vez que asistió su persona conjuntamente toda la Comisión Mixta del Banco Bisa S.A., oportunidad en la que se tomó su declaración y posteriormente se resolvió su situación laboral; b) Si bien su aclaración resulta confusa y podría entenderse de que no cumplió con la aclaración solicitada; por lo que, podría declararse como no presentado por incumplimiento de las exigencias previstas en el art. 33 del CPCo., “…pero establecida en el señalamiento de audiencia y de evocación de aclaraciones está Sala Constitucional lo tendrá que esa conexitud habría sido cumplida en la forma señalada y que corresponderá ingresar al análisis de la subsidiariedad y la inmediatez ” (sic); c) La acción de amparo constitucional no es supletoria, toda vez que quien activa dicha acción constitucional primeramente debe haber agotado los mecanismos intraprocesales existentes a fin de resguardar sus derechos y garantías constitucionales, en el presente caso, la parte accionante contaba con la oportunidad de poder impugnar la decisión asumida, “…se emitió una resolución, sin fundamento a momento de recibir los diferentes memorándums N° 164/2020 y N° 165/2020 ambas de fecha 25 de agosto del año 2020 en la cual le dice que se ha comprobado hechos irregulares en el desempeño de sus funciones que se la consideran como faltas graves que se hallan previstas en el Art. 16 inc. e) de la Ley General del Trabajo, Art. 9 inc. e) del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo, nos hará ver de que bien podía haber esta apelado, bien podía haber impugnado o buscado segunda instancia para que un Tribunal o sea la misma autoridad del procedimiento si es que no hubiese reglamento, norma bajo la evocación de normativa administrativa aplicable en un procedimiento sancionatorio sea está la Ley N° 2341, así como su Decreto Reglamentario poder formulado recurso de revocatoria, recurso de reconsideración y apelación que no la hizo que su memorándum le está diciendo ya no es usted trabajador, le está diciendo que le estamos codificando por estas cuestiones irregulares a una que le exige la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), respecto a todos sus empleados jerarcas y hasta el último y se basa esa codificación pero no la reclama, entonces esa causal que hoy se señala por parte de la autoridad accionada qué nos dice que el momento y oportunidad conforme señala el art. 53 num. II, no se ha logrado formular una apelación que podría bien hacerlo y que de cierto también el procedimiento administrativo como tal le señala a la parte accionante o accionada de decirle se encontraba bajo el Decreto Supremo N° 28699 o su resolución Ministerial bajo el contraste de los antecedentes de evocación del memorándum N° 164/2020, 165/2020 le reconocía que la norma aplicable en derecho a protección del trabajador ante posible vulneración, primero de su fuente de trabajo sin proceso administrativo como nos señala, así como aquella que habría dado lugar a desvincularla y señalada una codificación que agravaría su situación para futura actividad laboral en el sistema financiero no ha sido puesta en conocimiento ante la Jefatura Departamental, que se constituye en el brazo operativo del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social que bien con carga probatoria en inversión probatoria a favor del trabajador hubiese sido atendida, pero no lo hizo se esperó más de 2 años…” (sic), y recién activar la presente acción de amparo constitucional cuando el accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad, resultando una causal de improcedencia; d) En relación al principio de inmediatez, el accionante a momento de aclarar refirió que instaurado un procedimiento administrativo desarrollado el 24 de agosto del 2020, sin contar con defensa y sin brindarle la oportunidad de presentar pruebas se emitió una resolución sin fundamento ni motivación “…que pudiera generar o decirle que es una resolución y se la desvincula pues desde esa fecha 25 de Agosto del año 2020, 26 de Agosto del año 2020 en la cual le fue entregado los dos memorándums aquella que le desvincula por hecho irregulares y la codificación a 06 no se ha formulado ni procedimiento administrativo, menos recurrido ante la justicia constitucional, el principio de inmediatez nos refleja en cumplimiento al Art. 129.II de la norma Suprema así como el Art. 55 del Código Procesal Constitucional Ley 254, qué parte que se sintiese afectada, restringida amenazada, suprimida de un derecho, una garantía constitucional no debe quedarse inerte…” (sic); como en el caso presente, la parte ahora accionante, debió activar todos los mecanismos legales para buscar revertir aquella determinación de destitución de su cargo y codificación ante la ASFI, ya que no resultaba eficaz acudir a la acción de protección de privacidad, cuando el resultado de dicha acción, fue la denegatoria de su pretensión señalando que lo que demandaba debe ser resuelto a través de una acción de amparo constitucional; aspecto que resulta evidente, ya que se demanda la vulneración a derechos y garantías constitucionales, al derecho a la defensa, a ser oído, entre otros; y, e) En el caso presente la supuesta vulneración a derechos y garantías constitucionales que demanda el actor, fueron aparentemente perpetradas el 24 de agosto de “2022”, oportunidad en la que hubo una sesión con la Comisión Mixta del Banco Bisa S.A., y su persona, conforme se tiene de las fotos y demás pruebas que se apareja como prueba; por lo que, los memorándums que son la consecuencia del proceso iniciado que determinó su desvinculación y codificación de su persona, “…desde esa fecha esperar hasta ahora de presentarse este recurso Constitucional se ha incumplido el principio de la inmediatez, porque no ha sido promovido en la forma señalada dentro del plazo de los seis meses que les señala o que le exige la norma constitucional y procesal que al no haberse cumplido estos dos principios fundamentales…” (sic), no es posible ingresar a analizar otros aspectos denunciados en la presente acción tutelar, precisamente por la falta de cumplimiento de los principios de subsidiariedad e inmediatez.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Reglamento Interno de Trabajo del Banco Bisa S.A. (fs. 3 a 17 vta.). II.2. Consta copia de Contrato de Trabajo Indefinido IND. 192/2015 de 1 de junio, suscrito entre Marcos Villanueva Sáenz (contratado) -ahora accionante- y Luis Montellano Arana, Gerente Nacional de RR.HH. del Banco Bisa S.A.; asimismo, cursa copia de Contrato de Garantía GTIA. 193/2015 de la misma fecha, debidamente reconocido en sus firmas y rúbricas mediante Formulario 39822104, suscrito por el ahora accionante (contratado), María Esther Mendoza Gonzales (garante), Nhery Rosselyn Gabriela Nuñez Sivautt (garante) y Luis Montellano Arana, Gerente Nacional de RR.HH. del Banco Bisa S.A. (fs. 18 a 25 y 26 a 28). II.3. Mediante Informe AI-111/2020 de 18 de agosto, la Gerencia Nacional de Auditoría Interna a.i. concluyó que el asistente de servicio al cliente -ahora impetrante de tutela-, incurrió en acciones consideradas infracciones graves, al incumplir procedimientos de validación y verificación en la emisión y entrega de chequeras, permitiendo a Carla Rocío de la Torre Campuzano de Rojas, apropiarse de forma indebida y fraudulenta la suma de $us25 080.- (veinticinco mil ochenta dólares estadounidenses); recomendando la aplicación de las sanciones establecidas en el Reglamento Interno de esa entidad bancaria (fs. 144 a 146). II.4. A través del Memorándum RRHH 161/2020 de 20 de agosto, la Jefatura Regional de RR.HH. del Banco Bisa S.A., comunicó al ahora impetrante de tutela que en cumplimiento al Reglamento Interno de esa entidad bancaria, se dará inicio al proceso administrativo interno a fin de analizar sobre su desempeño y específicamente respecto al caso del cliente Marcelo Rodolfo Guzmán Imaña, mismo que será presentado a la Comisión Mixta (fs. 137); asimismo, cursa Memorándum RRHH 162/2020 de 20 de agosto, a través del cual la Comisión Mixta del Banco Bisa S.A., citó al ahora accionante, a participar de manera virtual el 24 de igual mes y año, a horas 16:30, con la finalidad que presente informe, o los descargos respecto al proceso administrativo que se le sigue (fs. 138). II.5. Cursa Acta de 24 de agosto de 2020 caratulado Proceso Administrativo Interno, de la reunión de apertura e instalación del mencionado proceso contra el ahora accionante, en la cual se presentó antecedentes sobre el caso de apropiación indebida de fondos por parte del ahora demandante de tutela en su calidad de Asistente Servicio al Cliente del Banco Bisa S.A. Asimismo, dentro de esta Acta cursa la Resolución de la misma fecha, por medio de la cual la Comisión Mixta de esa entidad bancaria, dispuso la destitución del ahora accionante y su codificación ante la ASFI (fs. 58 a 62). II.6. Por Memorándum RRHH-164/2020 de 25 de agosto, la Jefatura Regional de Gestión Humana del Banco Bisa S.A., procedió a la desvinculación laboral por causal justificada de despido del ahora demandante de tutela, acto que fue notificado al interesado el 26 de agosto de 2020 (fs. 31). II.7. Mediante Memorándum RRHH-165/2020 de 25 de agosto, la Jefatura Regional de Gestión Humana del Banco Bisa S.A., comunicó al impetrante de tutela, que una vez procedido a su desvinculación laboral, se asignó el código de retiro registrado en la ASFI, siendo el código 06-Retiro por causal ajena a la voluntad del trabajador, debido a contravenciones graves a normas internas o disposiciones legales, por imprudencia o negligencia culposa, sin daño económico, actuado que fue notificado el 26 de agosto de 2020 (fs. 32). II.8. Por nota de 9 de abril de “2020” la Jefatura Regional de Gestión Humana del Banco Bisa S.A., respondió a la carta de 29 de marzo de 2021, remitida por el accionante, señalando que en cuanto a la acción de protección de privacidad que fue denegada, esa entidad bancaria no emitirá juicio de valor alguno; asimismo, le manifestó que tuvo conocimiento sobre el proceso interno instaurado en su contra; y en relación a su solicitud de documentación del proceso interno, se constata que el accionante, conoció oportunamente el inicio del proceso administrativo con el Memorándum RRHH 161/2020: Comunicación Proceso Interno, habiendo sido además convocado a prestar su declaración, así como para prestar sus descargos RRHH-161/2020: Informe ante la Comisión Mixta; así como la determinación definitiva asumida por esa Comisión, por medio de los Memorándums RRHH-162/2020: Desvinculación Laboral por Causal Justificada de Despido y RRHH-165/2020: Código de Desvinculación Laboral, contando con todos estos documentos (fs. 34). II.9. Mediante nota de 8 de septiembre de 2020, dirigida a Nancy Alejandra Bolívar Rojas, Jefa Regional de Gestión Humana del Banco Bisa S.A. -ahora demandada-, el ahora solicitante de tutela a tiempo de reclamar por el retiro dispuesto de manera injusta sin permitírsele asumiera defensa en el proceso administrativo instaurado en su contra, solicitó se elimine la codificación realizada en su contra 06, o en su caso de recodifique al código 09 de conformidad a la Circular ASFI 523/ de 14 de febrero de 2018; a su vez, solicitó se le otorgue una copia de todos los documentos cursantes en su carpeta personal (fs. 38). II.10. A través de la nota RRHH-C-042/2020 de 10 de septiembre, la Jefa Regional de Gestión Humana del Banco Bisa S.A., respondió a la señalad nota, por la cual refirió que la codificación responde a la causal de retiro que fue oportunamente comunicada como producto de un proceso interno y que en cuanto a la documentación solicitada, ésta será atendida comunicándole de manera oportuna (fs. 39). II.11. Por nota RRHH-C-044/2020 de 18 de septiembre, la Jefatura Regional de Gestión Humana del Banco Bisa S.A. ahora demandada, respondió a nota de 8 de septiembre de 2020, presentada por el accionante, que se procederá a entregar documentación de su file personal de fs. 1 a 169 de manera personal o a través de una tercera persona que autorice el interesado (fs. 40). II.12. Mediante nota presentada el 30 de marzo de 2021, ante la Jefatura Regional de Gestión Humana del Banco Bisa S.A., el accionante, a tiempo de exponer antecedentes respecto a la acción de protección de privacidad inicialmente planteada, solicitó se le entregue la resolución por medio de la cual se dispuso por su destitución, además copias del registro donde se encontraría la referida resolución y de la diligencia de notificación (fs. 99 a 100). II.13. A través de la nota presentada el 9 de abril de 2021 ante la Gerencia de Requerimientos Regulatorios del Banco Bisa S.A., Marcos Villanueva Saenz a tiempo de hacer saber que en ningún momento se le notificó con la resolución que dispuso por su destitución y codificación ante la ASFI, solicitó se le entregue la Resolución y se le proporcione copias del registro donde se encontraría la referida Resolución proporcionándole copias del registro donde se encontraría la mencionada resolución, copia de la diligencia, nota o memorándum por medio del cual se le hizo conocer de la referida Resolución (fs. 41 a 42). II.14. Por medio de la nota presentada el 9 de abril de 2021 ante la Gerencia Nacional de Gestión Humana del Banco Bisa S.A., el impetrante de tutela a momento de hacer saber que en ningún momento se le notificó con la resolución que dispuso por su destitución y codificación ante la ASFI, solicitó se le entregue la Resolución y se le proporcione copias del registro donde se encontraría la referida resolución proporcionándole, copia de la diligencia, nota o memorándum por medio del cual se le hizo conocer de la referida Resolución (fs. 43 a 44). II.15. Por nota presentada el 21 de abril de 2021 ante la Jefatura Regional de Gestión Humana del Banco Bisa S.A., el demandante de tutela reiteró su solicitud de que se le proporcione copia de la Resolución a través de la cual se le destituyó del cargo, además de haberse dispuesto su codificación (fs. 45 y vta.). II.16. A través de la nota de 28 de abril “2020” emanada por la Jefatura Regional de Gestión Humana del Banco Bisa S.A., se dio respuesta a la nota de 21 de abril de 2021 presentada por el ahora accionante, por la cual le reiteraron que su pedido ya se le facilitó el “09 de abril”, aclarándole que la relación laboral quedó finalizada desde la consolidación y firma del pago del finiquito (fs. 47). II.17. Mediante nota presentada el 12 de mayo de 2022 ante la Jefatura Regional de Gestión Humana del Banco Bisa S.A., el peticionante de tutela a tiempo de extrañar las razones del porqué durante más de dos años no se le extienda una copia de la Resolución de destitución y codificación de su persona ante la ASFI, nuevamente solicitó copia legalizada de la Resolución por la que se dispuso por su desvinculación; asimismo, solicitó una copia de todos los documentos cursantes en su carpeta personal (fs. 54 a 55). II.18. A través de la nota RRHH-C-040/2022 de 13 de mayo, la Jefatura Regional de Gestión Humana del Banco Bisa S.A. respondió al accionante, adjuntando copia de la Resolución de 24 de agosto de 2020, emitida dentro del proceso administrativo interno que se sustanció contra el solicitante (fs. 57). II.19. Por nota presentada el 31 de mayo de 2022 ante la Jefatura Regional de Gestión Humana del Banco Bisa S.A., el impetrante de tutela, a momento de agradecer por habérsele proporcionado copia del Acta de la Sesión 1, expuso su extrañeza por la falta de extensión de la resolución legalizada por medio de la cual se dispuso por su destitución, manifestando que es posible que nunca se lo sometió a un debido proceso en la que hubiere respetado su derecho a la defensa y presunción de inocencia, toda vez que, en la audiencia en ningún momento pudo contar con abogado defensor, además que no se le hizo conocer de la resolución que le sanciona a fin de poder activar los mecanismos de impugnación, por el procedimiento ilegal entablado en su contra, puesto que su intención es demostrar su inocencia y que en ningún momento incurrió en faltas graves; razón por la que solicitó una audiencia de conciliación (fs. 131 a 132). II.20. Mediante nota JRGH-C-051/2022 de 3 de junio, la Jefatura Regional de Gestión Humana respondió a la nota del ahora accionante de 30 de mayo de 2022, en sentido que el Banco Bisa S.A., en todo momento se sujetó al ordenamiento legal vigente, no siendo evidente las afirmaciones vertidas por su parte, como tampoco resulta viable la audiencia de conciliación solicitada (fs. 63).
El peticionante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la defensa, al debido proceso y a la petición, toda vez que substanciándose una audiencia al interior del Banco Bisa S.A., por la Comisión Mixta de esta entidad, se recepcionó su declaración y en una sola tarde se determinó por su destitución de su puesto laboral y codificación 06 ante la ASFI, sin haberse aperturado en su contra un proceso administrativo interno, en la que tenga oportunidad de ejercer defensa, presentar pruebas y ser asistido por un abogado; mas al contrario, una vez determinada por su remoción del cargo, dicha resolución en ningún momento fue notificada a su persona a fin de poder brindarle la oportunidad de poder impugnar a través de los medios recursivos que otorga la ley; y ante los insistentes reclamos escritos en sentido que se le notifique con la Resolución que dispuso por su destitución a fin de poder asumir defensa, además de que se le brinde copias de dicha resolución, en ningún momento los demandados respetaron sus solicitudes. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará el siguiente tema: 1) La inmediatez y el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional; y, 2) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0083/2018-S2 de 4 de abril, asumió el siguiente razonamiento: El principio de inmediatez se encuentra previsto en el art. 55.I del CPCo, entendido como el requisito de solicitar la tutela de manera pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias; es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho o garantía y se agoten las vías legales ordinarias pertinentes; plazo que también se encuentra previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: "La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”. De manera más específica, sobre el inicio para el cómputo de los seis meses referido supra, se indicó que el mismo corre a partir de la comisión de la lesión alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial efectiva, para que el afectado pueda acudir a la vía constitucional a fin que sea reparado el agravio a derechos o garantías constitucionales; en ese sentido, la jurisprudencia consolidada por el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0791/2010-R de 2 de agosto, se determinó que los medios reparadores a los que acuda el accionante deben ser idóneos, lo que significa que debe estar previsto por ley, y que tenga la posibilidad de cambiar el fondo, lo que implica que se excluye del cómputo de los seis meses aquellos medios y recursos no previstos por ley o aquellos que fueron presentados de manera errónea, por el hecho que el objeto de esta acción de defensa es la de tutelar derechos fundamentales y no el de reparar los errores del agraviado. El Tribunal Constitucional mediante la SC 0521/2010-R de 5 de julio2, determinó modular los alcances de la SC 0261/2010-R de 31 de mayo, estableciendo que, específicamente en los casos en que se hubiese solicitado una complementación y enmienda, sólo se tomará en cuenta, para efectos del cómputo del plazo de los seis meses, aquellos casos en los que se hubiera dado curso a dicha solicitud, ya que la resolución dictada pasaría a formar parte del contenido de la resolución principal, sin embargo, cuando esta solicitud sea rechazada, al no tener efecto 1El FJ III.2.3, refiere:“…No obstante, en un plano de equilibrio y coherencia con el principio de subsidiariedad, para dicho cómputo debe tenerse en cuenta que ese acto o medio impugnativo utilizado en la vía reparadora, y previa a la acción de amparo, debe ser idóneo; es decir, previsto por ley, y que tenga la posibilidad de cambiar el fondo de lo que se acusa de ilegal o lesivo de los derechos; estando exentos de dicho cómputo aquellos medios y recursos no previstos por ley o presentados erróneamente, toda vez que la finalidad de esta acción tutelar no es reparar errores del agraviado o accionante, sino derechos fundamentales”. 2El FJ III.4, señala: “A efectos de un correcto cómputo del plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, teniendo en cuenta el plazo prudencial para la interposición del amparo y su naturaleza subsidiaria -que encarna el agotamiento en la misma vía de medios idóneos- debe ser modulado en los siguientes términos: 1. El cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo, es desde la notificación con la resolución o auto de vista que agota la vía, dado que ha sido el último actuado idóneo. Sin considerar los recursos, incidentes u otros medios no previstos por ley, o presentados extemporáneamente, aún en los casos de equivocación o error en su presentación, los cuales se consideran inidóneos.
2. Si es que se hubiese solicitado enmienda, aclaración o complementación de la resolución principal o auto de vista, que se constituye en el medio idóneo y que agota la vía, y no hubiesen sido consideradas, por extemporaneidad o el motivo que fuere; al no tener trascendencia ni efecto en la resolución principal, el plazo de los seis meses corre desde la notificación con la resolución principal o auto de vista, sin considerar la solicitud de aclaración, complementación o enmienda.
3. En los casos en que la solicitud hubiese sido considerada dando lugar a la enmienda, aclaración o complementación, la misma pasa a formar parte del contenido de la resolución principal, conformando un todo; en consecuencia, por los efectos o trascendencia, sólo en estos casos, el plazo de los seis meses corre desde la notificación con la resolución que da lugar a la complementación, enmienda o aclaración.
Las subreglas desarrolladas constituyen una modulación a la SC 0261/2010-R -que a efectos del cómputo del plazo de la inmediatez, tomó en cuenta al Auto que resolvió la solicitud de explicación, complementación y enmienda-, que deberán ser aplicadas con carácter vinculante a partir de la emisión de la presente Sentencia, en aplicación del art. 44.I de la LTC, realizando el cómputo del plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, conforme a los entendimientos asumidos en el presente fallo”.
alguno ni ser consideradas por la autoridad jurisdiccional o administrativa, el plazo corre desde la notificación con la resolución principal; por lo anteriormente desarrollado, esta línea jurisprudencial contiene una interpretación de carácter restrictivo respecto a las solicitudes de complementación y enmienda, en la que este tipo de solicitudes, para poder ser tomadas en cuenta dentro del plazo de caducidad de los seis meses, debieron haber sido asumidas por las autoridades jurisdiccionales o administrativas, caso contrario, es decir, cuando éstas sean rechazadas, al considerarse las mismas como “intrascendentes”. Por su parte la SCP 0113/2013-L de 20 de marzo modula el precedente previamente citado líneas supra, y estableció que el cómputo tomará en cuenta la fecha de notificación con el Auto de explicación o enmienda sea que la conceda o rechace, estipulado de esta forma en el art. 55.II del CPCo, implementando la subregla que dicha solicitud cuando se presente dentro del plazo procesal determinado por el art. 196.2 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), teniendo como norma vigente el art. 226.III del Código Procesal Civil (CPC), es decir, dentro de las 24 horas siguientes a la emisión de la resolución de carácter definitivo deberá ser tomada en cuenta respecto al plazo de inmediatez, por lo que el mismo correrá a partir de la notificación con la resolución que rechace o acepte la misma; y solamente en el caso en que esta solicitud sea presentada de manera completamente extemporánea y que la misma sea rechazada precisamente por este motivo, entonces no podría tomarse en cuenta para el computo del plazo de inmediatez, por lo que esta línea jurisprudencial es la más favorable para materializar el derecho de acceso a la justicia.
3El FJ. III.4.2. establece: (…) "Consiguientemente, tomando en cuenta los principios pro homine y de progresividad, deberá establecerse a partir del presente, que la suspensión de plazos establecidos en el art. 221 del CPC, es aplicable a toda situación en la que se presente solicitud de aclaración, complementación y enmienda de una resolución de carácter definitiva, debiendo computarse en mérito a ello, el plazo para interponer los recursos ordinarios o extraordinarios, a partir de la notificación con el Auto de explicación o complementación, lo que se encuentra directamente relacionada con lo dispuesto por el propio art. 55 del CPCo; en razón a que el auto a pronunciarse sobre la solicitud de aclaración, complementación o enmienda, llega a formar parte de la resolución final de la que se pidió su complementación. Circunstancia por la cual, y con la finalidad de uniformar criterios, tanto en la jurisdicción ordinaria y constitucional, se establece que el razonamiento constitucional esgrimido en la SC 0521/2010-R de 5 de julio, ya no es aplicable -como precedente vinculante- a casos similares como el presente, así como tampoco a futuras acciones de amparo constitucional presentados en torno a hechos fácticos similares a los expuestos, debiendo por ello reconducirse dicho entendimiento constitucional y reasumirse el desarrollado en la SC 0261/2010-R de 31 de mayo, con la siguiente subregla que la aclara:
Los plazos para la interposición de los recursos ordinarios (como la apelación y casación entre otros) o las acciones de defensa (como la acción de amparo constitucional), se computarán de acuerdo a lo dispuesto por el art. 221 del CPC y del art. 55.II del CPCo respectivamente; es decir, a partir de la notificación con el Auto de explicación o complementación que fuese solicitado; siempre y cuando dicha solicitud, se la haya presentado dentro del plazo procesal establecido por el art. 196.2) del CPC; o sea, dentro de las veinticuatro horas siguientes, ya que si se hubiese presentado la solicitud de aclaración, complementación y enmienda de una resolución de carácter definitivo, de manera manifiestamente extemporánea y la misma haya sido rechazada por dicho motivo, no podrá ser aplicable el presente razonamiento, puesto que se entenderá que esta solicitud, fue realizada con la intensión de dilatar el proceso y obtener de esa manera, un plazo mayor para poder interponer los recursos ordinarios o acciones extraordinarias de defensa; debiendo en cuyo caso, computarse el plazo desde la notificación con la sentencia o resolución de carácter definitivo".
El peticionante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la defensa, al debido proceso y a la petición, toda vez que substanciándose una audiencia al interior del Banco Bisa S.A., por la Comisión Mixta de esta entidad, se recepcionó su declaración y en una sola tarde se determinó por su destitución de su puesto laboral y codificación 06 ante la ASFI, sin haberse aperturado en su contra un proceso administrativo interno, en la que tenga oportunidad de ejercer defensa, presentar pruebas y ser asistido por un abogado; mas al contrario, una vez determinada por su remoción del cargo, dicha resolución en ningún momento fue notificada a su persona a fin de poder brindarle la oportunidad de poder impugnar a través de los medios recursivos que otorga la ley; y ante los insistentes reclamos escritos en sentido que se le notifique con la Resolución que dispuso por su destitución a fin de poder asumir defensa, además de que se le brinde copias de dicha resolución, en ningún momento los demandados respetaron sus solicitudes.
Identificado el objeto procesal de la presente acción de amparo constitucional, se tiene que el ahora accionante, mediante contrato de Trabajo Indefinido IND. 192/2015 de 1 de junio, refrendado por el Contrato de Garantía GTIA. 193/2015 de la misma fecha, debidamente reconocido en sus firmas y rúbricas mediante Formulario 39822104, ingresó a trabajar en el Banco Bisa S.A. en el puesto de Cajero (Conclusión II.2). Posteriormente la Gerencia Nacional de Auditoría Interna del Banco Bisa S.A., emitió el Informe AI-111/2020 de 18 de agosto a través de la cual estableció que el funcionario ahora peticionante de tutela, incurrió en faltas graves al incumplir procedimientos de validación y verificación en la emisión y entrega de chequeras, permitiendo a una tercera persona de nombre Carla Rocío de la Torre Campuzano de Rojas apropiarse de forma indebida y fraudulenta de $us25 080.- de la cuenta de un cliente fallecido de esa entidad bancaria; por lo que, concluyó y recomendó informe de auditoría interna, la aplicación de las sanciones establecidas conforme al Reglamento Interno de la citada entidad bancaria (Conclusión II.3). Sobre la base de dicho Informe de Auditoría Interna AI-111/2020 de 18 de agosto, la Comisión Mixta del Banco Bisa S.A., por Memorándum RRHH 161/2020 de 20 de agosto, comunicó al ahora accionante el inicio del proceso administrativo interno en su contra sobre su desempeño y específicamente respecto al caso del cliente Marcelo Rodolfo Guzmán Imaña; asimismo, cursa Memorándum RRHH 162/2020 de 20 de agosto, a través del cual la Comisión Mixta citó al impetrante de tutela a participar de manera virtual el 24 de agosto de 2020, a horas 16:30 con la finalidad que presente informe, o los descargos respecto al proceso administrativo que se le sigue (Conclusiones II.4).
Instalada la audiencia de proceso administrativo interno contra el ahora accionante, por apropiación indebida de fondos, tal cual consta en el Acta de 24 de agosto de 2020, luego de su tramitación a cuya finalización de dicha audiencia, se emitió la Resolución de la misma fecha, que dispuso por la desvinculación de sumariado, conforme al art. 16 de la LGT; asimismo, su codificación 106 ante la ASFI, de retiro por causal ajena a la voluntad del trabajador, debido a contravenciones graves a normas internas o disposiciones legales, por imprudencia o negligencia culposa, sin daño económico (Conclusión II.5). Como consecuencia de dicha determinación de destitución laboral y codificación ante la ASFI de Marcos Villanueva Sáenz (ahora accionante), por medio del Memorándum RRHH-164/2020 y Memorándum RRHH-165/2020, ambos de 25 de agosto de 2020 (Conclusiones II.6. y II.7.), la Jefatura Regional de Gestión Humana del Banco Bisa S.A., procedió a la desvinculación laboral por causal justificada de despido y además su codificación ante la ASFI, en contra del pre nombrado, acto que fue notificado al interesado el 26 de agosto de 2020. De lo verificado en los antecedentes precedentemente mencionados, se concluye que Marcos Villanueva Saenz fue sometido a un proceso administrativo interno por incurrir en faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones al interior del Banco Bisa S.A., del cual emergió la sanción de destitución de su cargo además de la codificación ante la ASFI. Al presente por medio de la actual acción de amparo constitucional el impetrante de tutela pide tal cual consta en el acta de audiencia de acción tutelar de 26 de agosto de 2022 (fs. 159 a 165), se proceda a la anulación de todo el proceso administrativo interno tramitado en su contra y se le restituya sus derechos; toda vez que, considera que el acto lesivo de sus derechos y garantías constitucionales se constituye en la audiencia de proceso administrativo interno registrada mediante el Acta y posterior Resolución de 24 de agosto de 2020 a través de la cual se dispuso su destitución del cargo y su correspondiente codificación ante la ASFI; toda vez que, -a decir del accionante- en dicha audiencia no se le hubiera permitido asumir defensa, ser asistido por un abogado, presentar pruebas de descargo y sin haber sido notificado con la Resolución que determinaba su destitución y codificación, fue removido de su cargo y además afectado con la codificación ante la ASFI. Al respecto, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el principio de inmediatez se encuentra establecido en el art. 55.I del CPCo, entendido como el requisito de solicitar la tutela de manera pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias; es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho o garantía y se agoten las vías legales ordinarias pertinentes, podrá activarse la acción de amparo constitucional en el plazo de seis meses, determinación que concuerda a lo previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: "La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”. En el presente caso, el ahora solicitante de tutela considera que el acto lesivo de sus derechos y garantías constitucionales es la audiencia de proceso administrativo interno registrada mediante el Acta de 24 de agosto de 2020; sin embargo, recién por memoriales presentados el 4 de julio y 4 de agosto ambos de 2022 (fs. 65 a 70 y fs. 73 a 79 vta.), activa la presente acción de amparo constitucional reclamando vulneraciones a la garantía jurisdiccional del debido proceso, y solicitando la anulación de todo el proceso administrativo interno, desconociendo que conforme se tiene señalado precedentemente, existe un plazo de seis meses para plantear la acción de amparo constitucional computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial. Es importante destacar que el ahora solicitante de tutela tuvo conocimiento del día y hora de audiencia de proceso interno y de la convocatoria a que se haga presente en la misma a fin de presentar informe y sus descargos correspondientes, tal cual consta del Memorándum RRHH 161/2020 y del Memorándum RRHH 162/2020, ambos de 20 de agosto; toda vez que de la lectura al Acta de 24 de agosto de 2020 consta que se instaló el proceso administrativo interno contra Marcos Villanueva Sáenz, ahora accionante, en la que se reunió la Comisión Mixta del Banco Bisa S.A. y participó de forma virtual el ahora impetrante de tutela. La misma Acta de 24 de agosto de 2020, en el punto 4. bajo el subtítulo de Resolución, la Comisión Mixta del Banco Bisa S.A., concluyó que las declaraciones del ahora impetrante de tutela y Carla Rocio de la Torre Campuzano de Rojas son contradictorias, el sumariado -accionante- no pudo explicar el motivo por el cual el 26 de enero de 2019 tuvo acceso a la cuenta 505342046, perteneciente a Marcelo Rodolfo Guzmán Imaña, estableciendo que las acciones cometidas por Marcos Villanueva Sáenz, de acuerdo a Reglamento Interno de Trabajo son consideradas faltas graves que constituyen causal de despido, disponiéndose por la desvinculación y la codificación ASFI 106. El Acta y la decisión numeral 4.1.3. incs. b) y c) fueron comunicados a Marcos Villanueva Sáenz. En cumplimiento de la decisión asumida por la Comisión Mixta del Banco Bisa S.A., la Jefatura Regional de Gestión Humana de esa entidad bancaria, el 26 de agosto de 2020, notificó al ahora accionante con el Memorándum RRHH-164/2020 y Memorándum RRHH-165/2020, ambos de 25 de agosto de 2020, y si el ahora accionante consideraba injusto y atentatorio a sus derechos y garantías constitucionales, así como si consideraba que no hubiera sido notificado con la Resolución desvinculatoria, contaba con toda la potestad de poder exigir dicha notificación. Para el efecto, el impetrante de tutela bien podía inicialmente acudir ante la misma Comisión Mixta del Banco Bisa S.A., solicitando la notificación para activar los mecanismos procesales de defensa y ante una eventual negatoria u omisión en la notificación, acudir dentro de los seis meses ante la acción de amparo constitucional a fin de hacer prevalecer sus derechos y garantías constitucionales que consideraba afectados y no dejar pasar casi dos años para recién presentar la demanda de acción de amparo constitucional cuando ese derecho había precluido. Es importante recordar conforme se tiene señalado precedentemente, que los seis meses se computan a partir de la comisión de la lesión alegada o de notificada la última decisión administrativa asumida; como en el presente caso, en el que substanciada la audiencia y emitida la Resolución el 24 de agosto de 2020, a partir de esta fecha el ahora accionante contaba con los seis meses para poder activar la presente acción tutelar, al no haber activado la misma dentro del plazo de inmediatez establecido en el art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55.I del CPCo, precluyó su derecho acudir ante la acción de defensa; motivo por el cual, corresponde desestimar la presente acción de amparo constitucional sobre este punto. Por último, en relación a la vulneración del derecho de petición manifestado por el ahora solicitante de tutela, en sentido que no respondieron sus insistentes pedidos de notificación con el Acta y Resolución de 24 de agosto de 2020, diligencias de notificación, además que se le otorgue una copia de la Resolución de remoción del cargo; al respecto, corresponde señalar que el ahora accionante en ninguna parte de la presente acción tutelar, así como lo alegado en la audiencia tutelar, detalló respecto a qué nota o memorial no hubiera sido atendido de manera pronta, oportuna, material y fundadamente a su solicitud; por lo que tampoco corresponde pronunciamiento alguno al respecto, por ser un planteamiento genérico. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 229/2022 de 26 de agosto, cursante de fs. 166 a 170 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada; con la aclaración de no haberse ingresado a analizar el fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0240_2024-S1.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): f878159dd411ca4fdda27f52e9f1c5bb9a1c1ea85d48684c7701a24116f24f6d
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