B.IA.LEGAL

SCP 0240/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 17 de abril de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
17 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
46776-2022-94-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos al derecho a la defensa, motivación, fundamentación y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; asimismo, de los principios de “taxatividad y tipicidad”, legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, congruencia y seguridad jurídica; puesto que, en el proceso disciplinario seguido contra su persona se cometieron varias irregularidades procesales que dieron como resultado la emisión de la Resolución del Consejo Académico Superior de la Escuela Naval Militar 005/21 de “16 de abril de 2021” y la Resolución del Consejo Disciplinario de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo” 033/21 de 12 de abril de 2021 que no fundamentaron ni motivaron las razones de la sanción impuesta con base al análisis de las pruebas aportadas que no fueron individualizadas ni consideraron la existencia de atenuantes para determinar la sanción.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 30 de marzo de 2022, cursante de fs. 322 a 337 vta., pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Primera de Cliza del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza y alcance de la cosa juzgada constitucional
  2. III.2. Improcedencia de la acción de amparo constitucional por identidad de sujetos, objeto y causa
  3. III.3. La suspensión del cómputo de plazo de los seis meses, en la acción de amparo constitucional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0240/2023-S3 Sucre, 17 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 46776-2022-94-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 30 de marzo de 2022, cursante de fs. 322 a 337 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Augusto Ludeño Calla contra Walker Candia Pinto, Director; Ronald Rodríguez Andia, Sub Director; Martín Iván Escobar Guzmán, Jefe de Estudios; Julio César Barrios Granados, Comandante de Batallón; Javier Solíz, Jefe de Servicios; y, Edwin Gustavo Chambi Pacosillo, Secretario de Actas, todos de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo” y miembros del Consejo Académico Superior.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante mediante memoriales presentados el 9 y 12 de marzo de 2022, cursantes de fs. 219 a 226, y 229, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 15 de abril de 2021, Oficiales Superiores ordenaron y autorizaron el ingreso de bebidas alcohólicas al interior de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo”, las cuales fueron guardadas en los dormitorios de los alumnos. De esa manera, su persona y otros fueron acusados del consumo de aquellas bebidas alcohólicas y sometidos a procesos disciplinarios en los que no se les otorgó la oportunidad de asumir su defensa plena, habiéndolos citado el día domingo “11 de abril de 2021” para presentar sus declaraciones indagatorias el “12 de igual mes y año”, emitiéndose dos Resoluciones del Consejo Disciplinario en menos de cuarenta y ocho horas, las cuales, recomendaron su baja definitiva de la institución castrense. Posteriormente, fue emitida la Resolución del Consejo Académico Superior de la Escuela Naval Militar 005/21 de “16 de abril de 2021”, que también dispuso dejarlos sin derecho a la reincorporación. En ese orden, la autoridad jerárquica superior convalidó el acto realizado en “día domingo” como si se tratare de un día hábil. Además, el proceso administrativo-disciplinario fue anómalo y no respetó los principios de presunción de inocencia, objetividad, debido proceso administrativo al no existir flagrancia y menos haberse realizado la prueba de alcohotest de conformidad a lo establecido por el art. 25 del Reglamento de Disciplina de la Escuela Naval Militar sino que se consideraron únicamente pruebas testificales e informes escritos redactados por los mismos testigos, sin considerar atenuante alguna, como su buena conducta o no tener sanciones con anterioridad a los hechos investigados. Asimismo, no se observó la igualdad de condiciones entre cadetes; puesto que, en otras causas similares ninguno de los cadetes fue dado de baja, al contrario, fueron sancionados con pérdida de vacaciones. En el presente caso, se siguió un proceso administrativo-disciplinario irregular; ya que, no se siguió lo establecido por el art. 62 del Reglamento de Disciplina de la Escuela Naval Militar; por lo que, el Informe Sugerencia DIV.DISCP. 033/2021 de 11 de abril no fue emitido por el Comandante del Batallón sino por el Jefe de Disciplina, Luis Fernando Villazante Chambi quien no tenía esa atribución según el art. 71 de dicho Reglamento; Informe por el cual se supone que se reunió el Consejo Disciplinario de la Escuela Naval Militar. Asimismo, una vez reunido el citado Consejo procedió a interrogarlo para luego retirarse, sin tener conocimiento de actuado posterior hasta que el 21 de abril de 2021, le fue entregado el Memorando Div. I Pers. “284/2021” en cumplimiento de la Resolución del Consejo Académico Superior de la Escuela Naval Militar 005/21. Asimismo, las fotocopias legalizadas del proceso disciplinario le fueron entregadas recién el 6 de mayo del señalado año. Bajo ese contexto, se vulneraron los principios de legalidad, proporcionalidad y congruencia; por lo que, el Informe Sugerencia DIV.DISCP. 033/2021 no clasificó la falta supuestamente endilgada a su persona, sino que efectuó una relación de los informes presentados por diferentes oficiales que se encontraban en guardia, incumpliéndose con el procedimiento establecido para la investigación y sanción disciplinaria, lo que genera inseguridad jurídica respecto a la forma del trámite o del procedimiento fijado en el Reglamento de Disciplina de la Escuela Naval Militar y a su vez vulnera el derecho a la defensa como componente del debido proceso. Al mismo tiempo, del Acta de Reunión del Consejo Disciplinario de la Escuela Naval Militar, se advierte que ese se reunió el 12 de abril de 2021 a las 16:20 horas, pudiendo evidenciarse que las declaraciones de los testigos fueron recepcionadas a las 16:00 horas, cuando el nombrado Consejo aún no se encontraba reunido, lo que generó falta de seguridad jurídica y duda sobre la existencia de un criterio de imparcialidad.

Por su parte, la Resolución del Consejo Académico Superior de la Escuela Naval Militar 005/21 y la Resolución del Consejo Disciplinario de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo” 033/21 de 12 de abril de 2021, carecen de la debida fundamentación y motivación, ya que se limitaron a citar normativa presuntamente aplicable a la causa, mencionando de manera genérica que analizaron las declaraciones e informes recepcionados sin especificar qué análisis dieron a cada declaración e informe, ni justificar las razones por las que se determinó sancionar a su persona con su destitución. Asimismo, al emitirse Resolución del Consejo Disciplinario de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo” 033/21, como la Resolución del Consejo Académico superior de la Escuela Naval Militar 005/21, no se observó los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, por cuanto debió considerarse que existían otras sanciones menos gravosas que podían ser aplicadas. De igual manera, las autoridades ahora accionadas resolvieron simplemente confirmar la Resolución del Consejo Disciplinario de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo” 033/21, omitiendo pronunciarse respecto a la impugnación planteada “…hemos expuesto demostrando todos y cada uno de los agravios sufridos durante este mal llamado proceso para que el Concejo de Académico como instancia superior, revoque, modifique o anule la Resolución N°. 05/2021, que ha sido apelada…” (sic). Finalmente, demanda la inconstitucionalidad del Reglamento de Procesos Disciplinarios de la Escuela Naval Militar; por lo que, no contempla etapas ni plazos procesales administrativos y carece de un régimen de impugnaciones, vulnerando las garantías constitucionales al debido proceso, al derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, para todos los Cadetes que se encuentran en proceso de formación y que cometieron una falta disciplinaria. Además, dicho reglamento no fue aprobado, autorizado ni homologado por las autoridades competentes conforme al art. 61.3 de la Ley de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”. Más aun el nombrado Reglamento resulta vulneratorio al debido proceso y a la presunción de inocencia; puesto que, permite la ejecución inmediata de las sanciones sin que tengan calidad de cosa juzgada; por cuanto, en su caso se emitió inmediatamente la Resolución del Consejo Académico Superior de la Escuela Naval Militar 005/21, cuyas disposiciones fueron ejecutadas sin permitir que acuda primero a un medio de impugnación. Ante esa circunstancia, acudió a diferentes mecanismos de defensa legal y disposiciones legales fuera del ámbito de aplicación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) como la Ley de Procedimiento Administrativo, habiendo presentado recursos de revocatoria y jerárquico, dictándose el decreto de 10 de septiembre de 2021 que rechazó sus recursos de impugnación, encontrándose truncada su reincorporación a la Escuela Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo”.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos al derecho a la defensa, motivación, fundamentación y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; asimismo, de los principios de “taxatividad y tipicidad”, legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, congruencia y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 13.I, 8.II, 115.II y 116.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se deje sin efecto la Resolución del Consejo Académico Superior de la Escuela Naval Militar 005/21 de “16 de abril de 2021” y la Resolución del Consejo Disciplinario de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo” 033/21 de 12 de abril de 2021; y, b) Se disponga su reincorporación como alumno regular del cuarto año de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo”.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 30 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 318 a 321, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestó que: 1) En una anterior acción de amparo constitucional fue denegada la tutela solicitada por no haberse agotado los recursos de revocatoria y jerárquico; por consiguiente, al no haberse ingresado al fondo de la problemática tiene todas las prerrogativas para presentar nuevamente otra acción de defensa; 2) Existen elementos esenciales a ser considerados por los administradores de justicia; primero, el respeto a la Constitución Política del Estado, lo que no aconteció en la presente causa al no preverse medios de impugnación como los recursos de revocatoria y jerárquico, destituyéndoselo en cuarenta y ocho horas; segundo, el principio de supremacía constitucional conforme a los arts. 25 del “…Pacto Internacional de Derechos Humanos…” (sic) y 410 de la CPE; y, 3) Fue vulnerado el principio de tipicidad porque no se señaló la norma aplicada para sancionarlo sino que las autoridades ahora accionadas se basaron en informes de los Oficiales.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Anselmo Gracilides Ovando Avilés, Director; Armando Ramiro Salazar Barrientos, Sub Director; Alcides Roberto Núñez Fernández, Jefe de Estudios; Raúl Miguel Espinoza Agramont, Comandante de Batallón; Dagner Cortez Rocha, Jefe de Servicios; y, Ariel Acuña Apaza, Secretario de Actas, todos de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo”, mediante memorial de 30 de marzo de 2022, cursante de fs. 312 a 317 vta., manifestaron que: i) Mediante Resolución AAC-01/2021 de 20 de agosto, se denegó la tutela solicitada por el accionante al no agotarse los medios idóneos y efectivos de impugnación como los recursos de revocatoria y jerárquico; ii) Los recursos de revocatoria y jerárquico fueron planteados de forma extemporánea, pese a que ya fue emitida la mencionada Resolución; por consiguiente, el accionante no agotó la vía administrativa, según determinado por el art. 69 inc. a) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-; por consiguiente, esta acción tutelar es improcedente conforme a lo señalado por el art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo); iii) El accionante señaló que al haberse denegado la tutela solicitada por incumplimiento del principio de subsidiariedad, mediante Resolución AAC-01/2021, se encuentra habilitado para plantear una nueva acción de amparo constitucional bajo los mismos argumentos; por cuanto, no existe cosa juzgada constitucional; no obstante, debe considerarse que la primera acción de defensa no fue declarada improcedente sino que se determinó la denegación de la tutela no existiendo posibilidad de plantear una nueva demanda por los mismos hechos; iv) Respecto al supuesto proceso disciplinario irregular, se tiene que el accionante fue juzgado por un cuerpo colegiado debidamente constituido de acuerdo al art. 245 de la CPE; asimismo, del Memorando División: Disciplinaria 097/2021 de 11 de abril y de la citación de la misma fecha, se evidencia que el accionante tuvo conocimiento en todo momento de la iniciación del proceso disciplinario seguido contra su persona, garantizándose su derecho a la defensa; v) El primer mecanismo de defensa del accionante fue la Declaración Indagatoria de 12 de abril de 2021; por ello, el nombrado no puede alegar que no fue protegido efectiva y oportunamente, y menos que no fue escuchada su defensa por parte del ente colegiado; vi) Con relación a las presuntas irregularidades en las fechas y horas de las declaraciones de los testigos, y la valoración e individualización de los medios probatorios, debieron ser observados en los recursos administrativos establecidos en “la norma”, siendo ese el mecanismo idóneo para corregir aspectos procedimentales y efectivizar el derecho a recurrir del accionante; vii) En cuanto a la supuesta inconstitucionalidad del Reglamento de Disciplina de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo”, se establece que la creación de la Universidad Militar de las FF.AA. del Estado fue reconocida por el art. 1 de la Resolución Ministerial (RM) 435/00 de 14 de noviembre de 2000; instrumento legal que sirvió como base al Comando en Jefe de las FF.AA. del Estado Universidad Militar “Mcal. Bernardino Bilvao Rioja” emita la Resolución Administrativa del Comando en Jefe de las FF.AA. del Estado 149/16 de 4 de agosto de 2016 que aprobó el uso obligatorio del señalado Reglamento; además, se presume su constitucionalidad conforme a lo señalado por los arts. 5 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) y 5 del CPCo, siendo el mecanismo idóneo para establecer su legalidad o ilegalidad una acción de control normativo. Asimismo, el accionante se sometió a la normativa interna que rige la nombrada Escuela, efectuándose talleres y conferencias donde se imparte información de los Reglamentos internos; y, viii) La determinación de baja se dio en razón a la falta disciplinaria cometida por el accionante, y si bien dicha sanción fue aplicada inmediatamente; sin embargo, ello no impide al nombrado a ejercer su derecho a la impugnación. Por consiguiente, piden que se deniegue la tutela solicitada. Walker Candia Pinto, Director; Ronald Rodríguez Andia, Sub Director; Martín Iván Escobar Guzmán, Jefe de Estudios; Julio César Barrios Granados, Comandante de Batallón; Javier Solíz, Jefe de Servicios; y, Edwin Gustavo Chambi Pacosillo, Secretario de Actas, todos de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo” y miembros del Consejo Académico Superior no presentaron informe alguno ni asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, sin que conste en obrados su citación.

I.2.3. Resolución

La Jueza Pública Civil y Comercial Primera de Cliza del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 30 de marzo de 2022, cursante de fs. 322 a 337 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) Acerca de la legitimación pasiva de Walker Candia Pinto, Director; Ronald Rodríguez Andia, Sub Director; Martín Iván Escobar Guzmán, Jefe de Estudios; Julio César Barrios Granados, Comandante de Batallón; Javier Solíz, Jefe de Servicios; y, Edwin Gustavo Chambi Pacosillo, Secretario de Actas, todos de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo” y miembros del Consejo Académico Superior, se advierte el apersonamiento de las nuevas autoridades que fungen dichos cargos por lo que se encuentran legitimados en la presente causa, de conformidad al principio pro actione no pudiendo restringirse el acceso a la jurisdicción constitucional; b) Respecto al principio de subsidiariedad la Resolución AAC-01/2021 de 20 de agosto, denegó la tutela solicitada por el accionante por incumplimiento de dicho principio; por lo que, puede interponerse una nueva acción tutelar cuando no se ingresó al fondo de la problemática planteada, lo cual acontece en el presente caso, y por consiguiente, no existen vías paralelas en acciones tutelares; c) En el proceso disciplinario se emitieron informes y declaraciones por parte de los Cadetes, cumpliéndose con la protección de derechos fundamentales; el accionante al presentar su declaración indagatoria fue asistido por un Oficial Defensor, garantizándose su derecho a la defensa; y, el Consejo Disciplinario enmarcó su accionar dentro de los derechos a la defensa, al debido proceso, seguridad jurídica y demás principios constitucionales, conforme al Reglamento de Disciplina de la Escuela Naval Militar, concluyendo su determinación con una votación unánime para la imposición de la sanción de baja del instituto contra el accionante, sugiriendo esa sanción al Consejo Académico Superior hoy accionado al evidenciar la comisión de la falta muy grave Clase “A” respecto a ingerir bebidas alcohólicas dentro de esa entidad o vistiendo el uniforme, más la agravante de evadir al guardia y permitir ingerir esas bebidas a un Cadete subalterno; sanción estipulada por los arts. 51, 101 y 107 del precitado Reglamento; d) El 15 de abril de 2021, el entonces Director ahora accionado dispuso reunión de los miembros del Consejo Académico Superior de la Escuela Naval Militar para el día siguiente -16 de igual mes y año-, para analizar el proceso y la sugerencia efectuados por el Consejo de Disciplina de esa Escuela, emitiendo la Resolución del Consejo Académico Superior de la Escuela Naval Militar 005/21 en la que se expuso la normativa aplicable al caso, precisándose los motivos base de la determinación, de acuerdo a la declaración verbal e informes emitidos por los Cadetes; elementos de juicio suficientes para que los miembros del Consejo Disciplinario procedieran a efectuar su sugerencia de conformidad a los antecedentes y verdad material de los hechos, procediendo a actuar con objetividad y sana crítica al cuestionamiento de la falta muy grave para imponer la sanción de baja disciplinaria con agravantes; por consiguiente, las entonces autoridades hoy accionadas establecieron una debida fundamentación y motivación, de acuerdo al principio de tipicidad; por lo que, no se advierte vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y a una justicia plural, pronta, gratuita, transparente y sin dilación; e) Los Consejos Disciplinario y Académico Superior, ambos de la Escuela Naval Militar no cometieron irregularidades en el proceso disciplinario ni vulneraron los principios de legalidad, proporcionalidad y congruencia, puesto que en sus determinaciones realizaron la valoración de la prueba e interpretación de la técnica jurídica; f) Las Resoluciones impugnadas se remitieron a los arts. 51 y 170 del Reglamento de Disciplina de la Escuela Naval Militar, en los que se encuentra específicamente establecida la sanción impuesta al accionante, cumpliéndose el principio de taxatividad, por cuanto el nombrado tenía conocimiento de las sanciones a las que podía ser sujeto, por ello, se puede concluir que los fallos refutados no vulneraron derechos ni los principios de legalidad, taxatividad, tipicidad y congruencia; y, g) En cuanto a la inconstitucionalidad del Reglamento de Disciplina de la Escuela Naval Militar existen recursos constitucionales adecuados para ese fin, como una acción de inconstitucionalidad abstracta que puede ser presentado de acuerdo a lo establecido por el art. 72 del CPCo; por lo tanto, al no ser la acción de amparo constitucional la vía idónea para determinar la legalidad del nombrado Reglamento, se evidencia que el Consejo Académico Superior ahora accionado actuó dentro del marco de legalidad al aplicar el proceso disciplinario.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de Reunión del Consejo Disciplinario de la Escuela Naval Militar 033/2021 de 12 de abril, en la que consta la Resolución del Consejo Disciplinario de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo” 033/21 de esa fecha que determinó por votación unánime la sanción de baja disciplinaria del instituto contra Juan Augusto Ludeño Calla -ahora accionante- (fs. 12 a 27). II.2. Consta Resolución del Consejo Académico Superior de la Escuela Naval Militar 005/21 de “16 de abril de 2021” emitida por Walker Candia Pinto y Ronald Rodríguez Andia Director y Subdirector de la Escuela Naval Militar -hoy accionados- que en su parte resolutiva segunda determinó la baja disciplinaria del instituto contra el accionante por cometer la falta muy grave Clase “A” de “Ingerir bebidas alcohólicas dentro del Instituto o vistiendo de uniforme…” (sic) con la agravante de haber evadido al guardia introduciendo o permitiendo ingerir bebidas alcohólicas a un cadete subalterno, conforme a los arts. 51, 101 y 170 del Reglamento de Disciplina de la Escuela Naval Militar (fs. 1 a 11). II.3. Por memoriales presentados el 27 de julio (fs. 298 a 303 vta.), y 3 de agosto de 2021 (fs. 306 a 310), el accionante planteó acción de amparo constitucional contra Walker Candia Pinto, Director; Ronald Rodríguez Andia, Sub Director; Martín Iván Escobar Guzmán, Jefe de Estudios; Julio César Barrios Granados, Comandante de Batallón; Javier Solíz, Jefe de Servicios; y, Edwin Gustavo Chambi Pacosillo, Secretario de Actas, todos de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo” -hoy accionados-; Luis Villazante Chambi, Vocal Primero; Deyvi Iván Velásquez Aliaga, Vocal Segundo; Iván Tito Patty, Vocal Tercero; y, Dayan Alexandra Lema Valda, Secretaria todos del Consejo Disciplinario de la misma Escuela. En consecuencia fue emitida la Resolución AAC-01/2021 de 20 de agosto, que denegó la tutela solicitada por no haberse planteado los recurso de revocatoria y jerárquico, incumpliéndose el principio de subsidiariedad (fs. 213 a 218). II.4. A través del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional se advierte que la primera acción de amparo constitucional interpuesta por el accionante y la Resolución AAC-01/2021 fueron remitidas en grado de revisión ante este Tribunal bajo el número de expediente 42816-2021-86 AAC, emitiéndose la SCP 0833/2022-S2 de 13 de julio que determinó: “CONFIRMAR la Resolución 01/2021 de 20 de agosto, cursante de fs. 294 a 299, pronunciada por el Juez Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada”.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos al derecho a la defensa, motivación, fundamentación y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; asimismo, de los principios de “taxatividad y tipicidad”, legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, congruencia y seguridad jurídica; puesto que, en el proceso disciplinario seguido contra su persona se cometieron varias irregularidades procesales que dieron como resultado la emisión de la Resolución del Consejo Académico Superior de la Escuela Naval Militar 005/21 de “16 de abril de 2021” y la Resolución del Consejo Disciplinario de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo” 033/21 de 12 de abril de 2021 que no fundamentaron ni motivaron las razones de la sanción impuesta con base al análisis de las pruebas aportadas que no fueron individualizadas ni consideraron la existencia de atenuantes para determinar la sanción.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza y alcance de la cosa juzgada constitucional

La SCP 0302/2019-S1 de 28 de mayo, citando a la SCP 0011/2017-S1 de 2 de febrero, señaló que: «“El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1352/2014 de 7 de julio, al respecto, estableció que: “El art. 203 de la CPE, establece: ‘Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’; texto que por lo demás se reitera en el art. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP). Por su parte, el art. 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo) -norma adjetiva constitucional que si bien no es aplicable a la presente problemática, dada la data de ingreso de la causa a este Tribunal, pero a la fecha en plena vigencia- refiriéndose al carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, aclara que tanto éstas, como las declaraciones y autos dictados en acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos tienen efecto general (erga omnes); y que las razones jurídicas de la decisión, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares. Los preceptos constitucionales y legales antes citados, configuran la cosa juzgada constitucional en el ordenamiento jurídico boliviano, dado que contra las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, no cabe recurso ordinario ulterior alguno, asumiendo así dichos fallos el carácter de inmutables y definitivos, lo que sumado a su vinculatoriedad y obligatoriedad, como cualidades intrínsecas de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, las protegen de ataques o cuestionamientos posteriores por cualquier medio o vía, inclusive la jurisdicción constitucional; por cuanto, el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, ya no podrá pronunciarse nuevamente o juzgar dos veces sobre lo ya decidido y resuelto en un fallo constitucional, ni revisar la determinación adoptada en una sentencia con valor de cosa juzgada constitucional, pues de lo contrario se lesionaría el principio de seguridad jurídica, por el riesgo de emitir fallos contradictorios, generando caos jurídico e incertidumbre en la labor del supremo intérprete y guardián de la Constitución". De donde resulta que el alcance de la cosa juzgada constitucional no solo se limita a las partes intervinientes en la acción de defensa sino que es erga omnes, lo que significa que es respecto de todos o frente a todos; por lo que, habiendo este Tribunal emitido pronunciamiento sobre el fondo de un determinado problema jurídico en una acción de defensa, adquiere la calidad de cosa juzgada constitucional, no pudiendo en lo posterior juzgarse dos veces y por los mismos motivos una misma situación o asunto”» (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Improcedencia de la acción de amparo constitucional por identidad de sujetos, objeto y causa

El extinto Tribunal Constitucional, a través de la SC 0766/2010-R de 2 de agosto, al respecto señaló que: “La improcedencia del recurso de amparo -hoy acción de amparo- por identidad de sujeto, objeto y causa, prevista en la citada disposición legal, se sustenta en el principio de la cosa juzgada constitucional, pues parte del supuesto de que la problemática planteada por el accionante ya fue examinada, analizada y resuelta en el fondo, mediante una sentencia, sea concediendo la tutela si encuentra que es cierta la denuncia y se ha lesionado el derecho invocado o negándola si no evidencia la vulneración denunciada; esa decisión causa estado y adquiere la calidad de cosa juzgada y por lo mismo no debe revisarse nuevamente la misma problemática. Empero si el recurso no es resuelto en el fondo sino en la forma, es decir, si el Tribunal Constitucional no ingresa al análisis y consideración del fondo de la problemática planteada, sino que declara improcedente el recurso por aplicación del principio de subsidiariedad, no se aplica la causal de improcedencia por identidad de sujeto, objeto y causa, ya que la jurisdicción constitucional no ha resuelto positiva o negativamente el fondo del recurso, sino la declara improcedente porque el recurrente no ha agotado las vías legales previas. El mismo razonamiento vale, en caso que el recurso haya sido rechazado por el Tribunal de garantías, por inobservancia de requisitos de forma y contenido y no haya sido objeto de revisión por el Tribunal Constitucional. En estos supuestos, la jurisprudencia constitucional considera que el afectado tiene el derecho de plantear nuevamente un recurso de amparo constitucional, cuando ya se han agotado los medios de impugnación ordinarios o cuando se han cumplido los requisitos extrañados…” (las negrillas son nuestras). En similar sentido, la SCP 0024/2016-S3 de 4 de enero estableció que: “La jurisprudencia constitucional, determinó como causal de improcedencia la identidad de sujetos, objeto y causa, estableciendo que: ‘…este Tribunal, en innumerables fallos entendió que el recurso (…) es improcedente cuando el recurrente interpone dos recursos contra las mismas autoridades recurridas y con los mismos fundamentos, haciendo un uso abusivo de este recurso constitucional, lo cual impide al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre el fondo de uno de los recursos, pues incurriría en duplicidad de fallos respecto a un mismo asunto’ (SC 1161/2005-R de 26 de septiembre). Este entendimiento fue asumido en razón a que una acción tutelar desde el punto de vista estrictamente procesal concluye con la sentencia que emite este Tribunal, mientras no exista tal, no es posible el planteamiento de una nueva acción tutelar que tenga identidad de sujetos, objeto y causa. En este punto conviene aclarar que, en el supuesto que la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional no se hubiera pronunciado en el fondo de la controversia y hubiera dictado una denegatoria sustentada en la inobservancia de requisitos subsanables de admisión o de improcedencia de subsidiariedad, será posible que conocido el fallo, se plantee una nueva demanda bajo los mismos supuestos fácticos; contrariamente, no será posible el planteamiento de una nueva acción tutelar cuando la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional ingrese a resolver el fondo de la problemática planteado, o cuando se hubiere declarado la improcedencia de la acción por inmediatez, esto en razón a que el incumplimiento de dicho requisito no puede ser subsanado” (las negrillas nos corresponden).

III.3. La suspensión del cómputo de plazo de los seis meses, en la acción de amparo constitucional

El AC 0183/2022-RCA de 12 de septiembre señaló lo siguiente: «…la amplia jurisprudencia constitucional, estableció la suspensión al principio de inmediatez, tal cual fue desarrollada en la SCP 0730/2015-S3 de 1 de julio, que citó a la SCP 0783/2012 de 13 de agosto, señalando que: “‘…cuando una acción de amparo constitucional es presentada en defensa de derechos fundamentales vulnerados, la misma debe cumplir con requisitos que puedan hacer efectiva la demanda de protección. Entre estos requisitos se encuentra el de inmediatez, entendido como plazo máximo para interponer una demanda, con las particularidades que deben ser atendidas en el presente caso. Así por ejemplo, dentro de una causa hipotética, si el último acto lesivo de derechos sucede el 3 de enero de 2010, el (la) interesado (a) tendrá seis meses para interponer su acción, es decir, hasta el 3 de julio de 2010; y, si el (la) interesado (a) presenta su acción el 3 de junio de 2010, es decir a los cinco meses, esta presentación interrumpe el plazo de inmediatez a los cinco meses. Continuando con el ejemplo, en el supuesto de que esta acción de defensa fuere observada y se hubiere dispuesto su rechazo, la notificación con esa resolución de rechazo reactiva el cómputo del plazo de inmediatez, es decir, el mes que quedaba pendiente y en este lapso, el (la) interesado (a) podrá interponer nuevamente su demanda, subsanando los aspectos observados. Esta apreciación respecto al cómputo de interrupción y reinicio del plazo de inmediatez en los casos en que no se ingresa a resolver el fondo de la causa presentada, sino que es rechazada por un incumplimiento en la forma’”» (las negrillas y el subrayado son nuestros). El AC 0307/2019-RCA de 2 de octubre, estableció que: “El art. 55.I del CPCo, prevé que: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho’; por su parte la SC 0814/2006-R de 21 de agosto, expresó que: ‘Se deja constancia, que el recurrente tiene la facultad -si así lo viere conveniente- de intentar un nuevo recurso, esta vez, cumpliendo con su deber procesal de observar todas las exigencias de procedencia y admisibilidad del recurso de amparo constitucional desarrollados por la Constitución Política del Estado, la Ley del Tribunal Constitucional y la propia jurisprudencia constitucional, procesal en este caso, y que por ende, son de orden público y cumplimiento obligatorio; dado que al no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada queda abierta esta posibilidad. A cuyo efecto, resulta necesario establecer que el cómputo del plazo de los seis meses para interponer el recurso de amparo constitucional, se inicia desde ocurrido el acto ilegal vulneratorio de derechos, y si este permite impugnación se inicia el cómputo desde la última actuación efectuada en reponer el derecho vulnerado; empero, en los casos en que (…), se interpuso un recurso de amparo constitucional que culminó con una resolución constitucional que no ingresó al fondo; el plazo se suspende durante ese periodo; es decir, que el cómputo se corta con la interposición del recurso de amparo constitucional en este caso, y luego se reinicia o continúa el cómputo desde la notificación de la Resolución o Sentencia Constitucional que no ingresó al fondo, -como la presente Sentencia Constitucional-’. Bajo el mismo entendido la SC 0059/2007-R de 8 de febrero, precisó que ‘…es menester señalar que ese plazo se suspende con la interposición de un recurso de amparo constitucional cuya resolución no ingresó al fondo, reiniciándose desde la notificación con la resolución o sentencia constitucional emitida, correspondiendo la continuación del cómputo del plazo teniendo en cuenta el transcurrido entre el momento de su inicio y la interposición del recurso, lo que implica que el recurrente podrá ejercer nuevamente la acción tutelar dentro del plazo que quede’ entendimiento que también fue reiterado en la SCP 0027/2014-S3 de 14 de octubre.

De la jurisprudencia constitucional citada precedentemente, se concluye que si bien la acción de defensa mencionada se rige por el principio de inmediatez; sin embargo, el plazo que la configura queda interrumpido cuando una Sentencia Constitucional Plurinacional resuelva denegar la tutela sin haber ingresado a analizar el fondo de la problemática planteada; es decir, que el plazo de los seis meses se interrumpe entre tanto se tramite la acción de amparo constitucional, y se reinicia con la notificación de la resolución constitucional que resolvió no ingresar a analizar el fondo del problema planteado, de donde se tiene que la parte accionante puede interponer una nueva acción de defensa, en el plazo que le queda, criterio que fue asumido reiteradamente en la jurisprudencia constitucional” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos al derecho a la defensa, motivación, fundamentación y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; asimismo, de los principios de “taxatividad y tipicidad”, legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, congruencia y seguridad jurídica; puesto que, en el proceso disciplinario seguido contra su persona se cometieron varias irregularidades procesales que dieron como resultado la emisión de la Resolución del Consejo Académico Superior de la Escuela Naval Militar 005/21 de “16 de abril de 2021” y la Resolución del Consejo Disciplinario de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo” 033/21 de 12 de abril de 2021 que no fundamentaron ni motivaron las razones de la sanción impuesta con base al análisis de las pruebas aportadas que no fueron individualizadas ni consideraron la existencia de atenuantes para determinar la sanción.

De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se evidencia el Acta de Reunión del Consejo Disciplinario de la Escuela Naval Militar 033/2021 de 12 de abril en la que consta la Resolución del Consejo Disciplinario de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo” 033/21 de esa fecha que determinó por votación unánime la sanción de baja disciplinaria del instituto contra el accionante (Conclusión II.1.). Posteriormente, fue dictada la Resolución del Consejo Académico Superior de la Escuela Naval Militar 005/21 de “16 de abril de 2021” que en su parte resolutiva Segunda determinó la baja disciplinaria de la institución contra el accionante por cometer la falta muy grave Clase “A” de “Ingerir bebidas alcohólicas dentro del Instituto o vistiendo de uniforme…” (sic) con la agravante de haber evadido al guardia, introduciendo o permitiendo ingerir bebidas alcohólicas a un cadete subalterno, conforme a los arts. 51, 101 y 170 del Reglamento de Disciplina de la Escuela Naval Militar (Conclusión II.2.). En ese orden, por memoriales presentados el 27 de julio y 3 de agosto de 2021, el accionante planteó acción de amparo constitucional contra Walker Candia Pinto, Director; Ronald Rodríguez Andia, Sub Director; Martín Iván Escobar Guzmán, Jefe de Estudios; Julio César Barrios Granados, Comandante de Batallón; Javier Solíz, Jefe de Servicios; y, Edwin Gustavo Chambi Pacosillo, Secretario de Actas, todos de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo” ahora accionados; Luis Villazante Chambi, Vocal Primero; Deyvi Iván Velásquez Aliaga, Vocal Segundo; Iván Tito Patty, Vocal Tercero; y, Dayan Alexandra Lema Valda, Secretaria todos del Consejo Disciplinario de la misma Escuela. En consecuencia, fue emitida la Resolución AAC-01/2021 de 20 de agosto que denegó la tutela solicitada por no haberse planteado los recursos de revocatoria y jerárquico, incumpliéndose el principio de subsidiariedad (Conclusión II.3.). Consideraciones previas En cuanto a las supuestas irregularidades cometidas dentro del proceso administrativo-disciplinario; y, la presunta vulneración de derechos por parte de la Resolución del Consejo Disciplinario de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo” 033/21 de 12 de abril de 2021, denunciadas por el accionante a través de la acción tutelar, es menester aclarar que esta jurisdicción constitucional no se constituye en una vía para revisar todo lo actuado dentro del proceso, como pretende el accionante, siendo que esa labor corresponde a las autoridades jerárquicamente superiores llamadas por ley, ante las cuales, en virtud al principio de informalismo propio de los procesos administrativos, el accionante podría haber formulado sus reclamos antes de la emisión del último fallo en instancia administrativo-disciplinaria (Resolución del Consejo Académico Superior de la Escuela Naval Militar 005/21 de “16 de abril de 2021”); por lo que respecto al principio de subsidiariedad, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no ingresará a analizar las supuestas irregularidades procesales ni respecto a las vulneraciones a derechos denunciadas contra la citada Resolución, más aun si en esta acción de defensa no fueron accionados los miembros del Consejo Disciplinario de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo”; por lo que, no resulta necesario efectuar mayores puntualizaciones. Asimismo, respecto al derecho a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, se tiene de la lectura de esta acción de amparo constitucional que el accionante no estableció el nexo de causalidad entre ese derecho y el supuesto accionar vulneratorio de las entonces autoridades hoy accionadas, por lo que no corresponde un pronunciamiento por parte de esta jurisdicción constitucional.

Por su parte, el accionante arguye la transgresión de los principios de “taxatividad y tipicidad”, legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, congruencia y seguridad jurídica; sin embargo, la jurisdicción constitucional no tutela principios de manera general sino únicamente cuando se encuentran vinculados a la vulneración de derechos o garantías constitucionales, lo cual no acontece en el presente caso; por lo que, no corresponde pronunciamiento al respecto. Finalmente, en cuanto a la denuncia de inconstitucionalidad del Reglamento de Disciplina de la Escuela Naval Militar, ese alegato no puede ser considerado a través de la acción de defensa; por cuanto, no es un medio idóneo para establecer la legalidad o ilegalidad de dicho Reglamento, ya que ello corresponde ser planteado a través de una acción de control normativo. Por consiguiente, no se emitirá mayor criterio al respecto. Acerca de la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos a la motivación, fundamentación y al derecho a la defensa Primero, debe señalarse que el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, basándose en lo establecido por los arts. 203 de la CPE, 8 de la LTCP y 15 del CPCo, señaló el carácter vinculante y obligatorio, y el valor jurisprudencial de las Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional; por lo que, dichos fallos no pueden ser cuestionados de manera posterior al tener carácter de inmutables y definidos, más aún, el propio Tribunal Constitucional Plurinacional no puede pronunciarse nuevamente o juzgar dos veces sobre lo ya resuelto en una Sentencia Constitucional Plurinacional que tenga valor de cosa juzgada constitucional; puesto que, de actuar en contrario, vulneraría el principio de seguridad jurídica, teniendo el riesgo de emitir resoluciones contradictorias y generar caos jurídico e incertidumbre a las partes procesales. En ese sentido, el alcance de la cosa juzgada no se limita solo a las partes intervinientes en la acción tutelar sino que tiene carácter erga omnes; por lo cual, una vez que este Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie sobre el fondo de un problema jurídico en una acción de defensa, adquiere la calidad de cosa juzgada; por cuanto, no podrá juzgarse -posteriormente- por los mismos motivos una misma situación o asunto. Segundo, en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional se estableció que la identidad de sujeto, objeto y causa se sustenta en el principio de la cosa juzgada constitucional porque parte del supuesto de que la problemática expuesta por el accionante ya fue analizada y resuelta en el fondo a través de una sentencia, cuya determinación causa estado y adquiere calidad de cosa juzgada, y por lo cual, no puede revisarse nuevamente la misma problemática.

No obstante, si el recurso no fue resuelto en el fondo sino que este Tribunal Constitucional Plurinacional determinó la improcedencia de la acción tutelar por aplicación del principio de subsidiariedad, no puede aplicarse la causal de improcedencia por identidad de sujeto, objeto y causa; por lo que, la jurisdicción constitucional no resolvió positiva o negativamente el fondo de la acción de defensa. El mismo razonamiento es aplicable en caso que la acción de amparo constitucional fuera rechazada por el Tribunal, Juez o Jueza de garantías y Salas Constitucionales -art. 2 de la Ley de 27 de septiembre de 2018- por inobservancia de requisitos de forma y contenido, y no hubiese sido objeto de revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Supuestos en los que se considera que el accionante tiene derecho a plantear nuevamente una acción de amparo constitucional cuando ya se han agotado los medios de impugnación ordinarios o los requisitos extrañados. Bajo ese contexto, de existir identidad de sujeto, objeto y causa, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede pronunciarse sobre el fondo de una de las acciones de defensa; por lo que, incurriría en la duplicidad de fallos respecto a un mismo caso. En ese orden, una acción de amparo constitucional concluye con la emisión de una Sentencia Constitucional Plurinacional, y mientras esta no exista no es posible el planteamiento de una nueva acción tutelar que tenga identidad de sujetos, objeto y causa. Asimismo, la jurisprudencia constitucional señaló que en el supuesto que el fallo constitucional emitido por este Tribunal no se hubiese pronunciado acerca del fondo de la problemática planteada, y denegado la tutela en razón a la inobservancia de requisitos subsanables de admisión o de improcedencia de subsidiariedad, será posible que conocida la Sentencia Constitucional Plurinacional, se formule una nueva acción de defensa bajo los mismos supuestos fácticos; empero, no será posible el planteamiento de una nueva acción tutelar cuando el fallo constitucional emitido por este Tribunal ingrese a resolver el fondo de la problemática planteada o cuando se hubiese declarado la improcedencia por inmediatez, ya que el incumplimiento de ese principio no puede ser subsanado. En el caso concreto, tal como se señaló en la Conclusión II.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el accionante interpuso una primera acción de amparo constitucional que mereció la Resolución AAC-01/2021, la cual determinó denegar la tutela por incumplimiento del principio de subsidiariedad, por cuanto el accionante no planteó los recursos de revocatoria y jerárquico; no obstante, una vez que dicho fallo fue remitido en revisión ante este Tribunal Constitucional Plurinacional siendo signado bajo el número de expediente 42816-2021-86-AAC, fue emitida la SCP 0883/2022-S2 de 13 de julio.

Ahora bien, pese a que la SCP 0883/2022-S2 confirmó la Resolución AAC-01/2021, denegando la tutela solicitada en su oportunidad por el accionante (Conclusión II.4.), lo hizo bajo diferentes argumentos a los expuestos por el Juez Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías; determinando en cuanto al supuesto incumplimiento del principio de subsidiariedad que: “…debe quedar establecido que el Reglamento de Disciplina ENM-01-01 de 2016 de la precitada Escuela, no cuenta con un régimen específico que permita impugnar las determinaciones del Consejo Académico Superior de la precitada Escuela Naval Militar, no siendo pertinente determinar mecanismos supletorios a los previstos en atención a la naturaleza del proceso, máxime cuando el defensor del impetrante de tutela de acuerdo al propio Reglamento es un funcionario militar, debiendo en consecuencia ingresar al análisis del caso concreto. Sobre la fundamentación y motivación de la Resolución, debemos revisar lo dispuesto por las autoridades demandadas en la Resolución del Consejo Académico Superior de la Escuela Naval Militar 005/21 de 16 de abril de 2021 y lo reclamado por el accionante” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese contexto, se advierte que la referida Sentencia Constitucional Plurinacional concluyó que el accionante no tenía otro mecanismo de impugnación por el cual hacer valer sus derechos, ingresando al fondo de la problemática planteada por el accionante en dicha acción de amparo constitucional. En ese orden, la primera acción de amparo constitucional fue interpuesta contra Walker Candia Pinto, Director; Ronald Rodríguez Andia, Sub Director; Martín Iván Escobar Guzmán, Jefe de Estudios; Julio César Barrios Granados, Comandante de Batallón; Javier Solíz, Jefe de Servicios; y, Edwin Gustavo Chambi Pacosillo, Secretario de Actas, todos de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo” hoy accionados; Luis Villazante Chambi, Vocal Primero; Deyvi Iván Velásquez Aliaga, Vocal Segundo; Iván Tito Patty, Vocal Tercero; y, Dayan Alexandra Lema Valda, Secretaria todos del Consejo Disciplinario de la misma Escuela. Entonces, habiendo activado esta acción tutelar contra los mismos miembros del Consejo Académico Superior de la nombrada Escuela, se advierte que existe identidad parcial en los sujetos accionados. Al respecto, deben realizarse las siguientes puntualizaciones: 1) Debe considerarse que si bien el accionante, no activó la presente acción de amparo constitucional; sin embargo, denunció supuestas vulneraciones por parte de los miembros del Consejo Disciplinario de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo” por emitir la Resolución del Consejo Disciplinario de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo” 033/21, tal como se estableció precedentemente; y, 2) Debe aclararse que los entonces miembros del Consejo Académico Superior de la mencionada Escuela no fueron citadas con esta acción de amparo constitucional porque ya no tenían el cargo en el que emitieron la Resolución del Consejo Académico Superior de la Escuela Naval Militar 005/21, habiéndose citado a las nuevas autoridades quienes, conforme a la jurisprudencia constitucional, gozan de legitimación pasiva en razón del cargo que ejercen y no tienen responsabilidad personal respecto a la emisión de la señalada Resolución sino responsabilidad institucional. En cuanto al objeto de la primera acción de amparo constitucional fue el siguiente: “a) Dejar sin efecto la Resolución del Consejo Académico Superior de la Escuela Naval Militar 005/21 de 16 de abril de 2021 y el Acta de Reunión del Consejo Disciplinario de la Escuela Naval Militar 033/2021 de 12 abril; y, b) Dispongan su reincorporación al cuarto año de la Escuela Naval Militar ‘Eduardo Avaroa Hidalgo’”. Por su parte, en esta acción tutelar, el accionante solicita dejar sin efecto la citada Resolución del Consejo Académico, debiendo señalarse que la citada Acta de Reunión concluyó que: “…Este Consejo Disciplinario; en base a los antecedentes, declaraciones y análisis efectuados, sobre la falta cometida por parte del C/4 Ludeño Calla Juan Augusto, y habiéndose obtenido una votación de los miembros del Consejo Disciplinario, resuelve sus conclusiones mediante la Resolución del Consejo Disciplinario de la Escuela Naval Militar ‘Eduardo Avaroa Hidalgo’ N° 033/21” (sic); por consiguiente, la pretensión del accionante es la misma que la planteada en la primera acción tutelar respecto a dejar sin efecto ambas determinaciones. Además, el accionante solicitó, en ambas acciones de defensa, que se disponga su reincorporación como alumno regular del cuarto año de la nombrada Escuela Naval Militar; quedando claramente establecida la existencia de identidad de objeto en las acciones tutelares planteadas por el accionante. Respecto a la identidad de la causa, en la primera acción de defensa interpuesta por el accionante, se estableció que lo que motivó la presentación de la acción de amparo constitucional fue que el accionante: “…alega la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, y a la defensa, argumentando que fue objeto de un proceso disciplinario al interior de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo”, de la cual los ahora demandados forman parte como miembros del Consejo Académico Superior y Consejo Disciplinario, causa en la cual solamente recibió una citación para su declaración informativa y posteriormente un memorándum de baja definitiva, sin que fuera notificado con ningún otro actuado para asumir defensa dentro de un proceso sumario con muchas contradicciones respecto a las declaraciones vertidas, en la que se emitió una Resolución carente de fundamentación que no estableció el valor que se otorgó a la prueba y no individualizó la misma” (las negrillas nos corresponden). En ese orden, se advierte que la causa es idéntica a la planteada en esta acción tutelar en la que el accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos al derecho a la defensa, motivación, fundamentación; puesto que, en el proceso disciplinario seguido en su contra se cometieron varias irregularidades procesales, emitiéndose posteriormente la Resolución del Consejo Académico Superior de la Escuela Naval Militar 005/21 y la Resolución del Consejo Disciplinario de la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo” 033/21 que no fundamentaron ni motivaron las razones de la sanción impuesta con base al análisis de las pruebas aportadas que no fueron individualizadas ni consideraron la existencia de atenuantes para determinar la sanción. Asimismo, se reitera que si bien el accionante al margen de denunciar la vulneración de aquellos derechos en sus citados elementos; sin embargo, no estableció el nexo de causalidad respecto al derecho a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; los principios de “taxatividad y tipicidad”, legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, congruencia y seguridad jurídica; por lo que, no pueden ser objeto de tutela a través de la acción de amparo constitucional al no estar vinculados a ningún derecho considerado como vulnerado; y, no corresponde analizar la supuesta inconstitucionalidad del Reglamento de Disciplina de la Escuela Naval Militar en la vía de la acción de amparo constitucional. En consecuencia, no existe relevancia constitucional que obligue a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional a emitir un pronunciamiento respecto a tales denuncias. Por consiguiente y de acuerdo al análisis anterior, existe una Sentencia Constitucional Plurinacional con calidad de cosa juzgada que ya resolvió el fondo de la problemática expuesta por el accionante, no correspondiendo emitir un nuevo fallo constitucional al respecto, por cuanto se generaría una disfunción procesal que afectaría a la seguridad jurídica de las partes, denegándose la tutela con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada. Otras consideraciones El accionante manifestó que ante la denegatoria de la tutela mediante Resolución AAC-01/2021 por incumplimiento del principio de subsidiariedad se encontraba facultado para plantear otra acción de defensa. Bajo ese contexto, debe aclararse al accionante que su alegación es errónea; por cuanto, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, efectúa una clara distinción entre el rechazo de una acción tutelar por incumplimiento de requisitos formales, y la emisión de una resolución constitucional. En ese sentido, en el primer caso, -rechazo- el plazo de la inmediatez será suspendido por la interposición de la acción de amparo constitucional y será reanudado cuando se notifique al o la accionante con el Auto de rechazo de la acción emitido por el Tribunal o Juez de garantías o la Sala Constitucional, teniendo el accionante el derecho de interponer una nueva acción tutelar; sin embargo, en el segundo caso, -resolución constitucional- el plazo de la inmediatez se interrumpirá con la interposición de la acción tutelar y se reanudará con la notificación de la Sentencia Constitucional Plurinacional emitida por este Tribunal, siempre y cuando no hubiese ingresado al fondo de la problemática planteada. Entendimiento que se encuentra en concordancia con la jurisprudencia señalada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional que establece que si este Tribunal Constitucional Plurinacional determinó la “improcedencia” de la acción de defensa por aplicación del principio de subsidiariedad no puede aplicarse la causa de improcedencia por identidad de sujeto, objeto y causa, al no haberse resuelto el fondo del asunto; por consiguiente, mientras no exista una Sentencia Constitucional Plurinacional no será posible plantear una nueva acción tutelar que tenga identidad de sujeto, objeto y causa. Asimismo, no es posible plantear una nueva acción de defensa cuando el fallo constitucional emitido por este Tribunal Constitucional Plurinacional ingrese a resolver el fondo de la problemática planteada o cuando se hubiese declarado la improcedencia por inmediatez. En el presente caso, el accionante, al existir una resolución constitucional que determinó denegar la tutela por presunto incumplimiento del principio de subsidiariedad en una primera acción de amparo constitucional, la cual, se encontraba en revisión ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, debió aguardar a la emisión de la correspondiente Sentencia Constitucional Plurinacional (0833/2022-S2), y no plantear una nueva acción tutelar con identidad de sujeto, objeto y causa, movilizando a la jurisdicción constitucional de manera innecesaria, quizás con la pretensión de obtener dos fallos disímiles, por lo cual, se exhorta al accionante a que en futuras oportunidades observe lo establecido en el presente fallo constitucional. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 30 de marzo de 2022, cursante de fs. 322 a 337 vta., pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Primera de Cliza del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA VOTO ACLARATORIO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0240_2023-S3.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 32b401162d84d6dd28f9969563382605c2e6b711024632cf41d63f871379af6f

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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