B.IA.LEGAL

SCP 0240/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 25 de abril de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
46714-2022-94-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia; arguyendo que, el Vocal demandado mediante el Auto de Vista de 26 de enero de 2022, ratificó el Auto Interlocutorio de 1 de diciembre de 2021, que negó su solicitud de cesación de la detención preventiva, sin una debida explicación de todos los puntos de agravio expuestos en la apelación incidental, pese a haber identificado los mismos en su parte considerativa, obviando mantener una coherencia entre lo pedido y lo resuelto. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AAC-033/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 314 a 320, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos esgrimidos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. La necesaria fundamentación de agravios en un recurso de apelación incidental por parte del recurrente
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0240/2023-S2 Sucre, 25 de abril de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 46714-2022-94-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución AAC-033/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 314 a 320, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Iván Tito Salinas Álvarez en representación de Marco Antonio Condoretty Macdonald contra Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 14 y 21 de marzo de 2022, cursantes de fs. 39 a 48 vta.; y, 54 y vta., el accionante a través de su representante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el 14 de abril de 2021, se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares, determinándose su detención preventiva en el Centro Penitenciario Quillacollo de Cochabamba, por presuntamente concurrir los riesgos procesales de fuga y obstaculización. Con la finalidad de mejorar su situación jurídica, en mérito al art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó en reiteradas ocasiones la cesación de dicha medida cautelar, siendo la última rechazada por el Juez Público Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Vinto del citado departamento, mediante Auto Interlocutorio de 14 de octubre del mismo año; y una vez recurrido, pese a ser revocado en alzada y ordenado se emita un nuevo fallo, bajo criterios que configuran la aplicación del citado precepto legal, el aludido Juez emitió el Auto Interlocutorio de 1 de diciembre del mencionado año, rechazando nuevamente su solicitud.

Contra dicha decisión, formuló recurso de apelación incidental, siendo resuelto por Auto de Vista de 26 de enero de 2022, expedido por el Vocal demandado, sin responder a los puntos cuestionados y con ausencia de fundamentación y motivación, declarándolo improcedente, bajo el argumento “…DE NO EXISTENCIA DE RAZONAMIENTO LÓGICO JURÍDICO EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO LA AUTORIDAD DE INSTANCIA O CUAL DEBIO SER EL RAZONAMIENTO CORRECTO…” (sic). Además, incurrió en incongruencia, al omitir resolver en el fondo todos los puntos de agravio denunciados, sin justificar los motivos por los que se encontraba impedido de pronunciarse sobre los mismos, eludiendo guardar coherencia entre lo pedido y resuelto.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 115 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 26 de enero de 2022, pronunciado por la autoridad demandada, ordenando la emisión de uno nuevo, debidamente fundamentado, motivado y congruente; y, b) Se condene en costas, costos, daños y perjuicios, averiguables en ejecución de sentencia.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 28 de marzo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 312 a 313, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó los argumentos contenidos en el memorial de demanda tutelar y ampliándolos expresó que, pese a basar sus agravios en los arts. 239.1 y 235.2 del CPP, que sustentaron su detención preventiva, estos no fueron resueltos, incurriendo así en la falta de fundamentación prevista en el art. 124 del referido Código, al no dar razones claras y precisas respecto de la improcedencia determinada; por lo que, reiteró el lineamiento jurisprudencial constitucional citado en el presente mecanismo de defensa sobre el elemento incongruencia omisiva, en relación al debido proceso, al no haberse pronunciado el Vocal demandando respecto al fondo de lo apelado.

I.2.2. Informe del demandado

Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito presentado el 28 de marzo de 2022, cursante de fs. 72 a 74 vta., manifestó que: 1) Conforme a las SSCC 0023/2010-R de 13 de abril y 0086/2010-R de 4 de mayo, se puede concluir que, al momento de la emisión del Auto de Vista de 26 de enero de 2022, no se vulneró ningún derecho ni garantía del peticionante de tutela; por el contrario, el mismo contiene los fundamentos necesarios y suficientes, ceñidos a la normativa penal adjetiva vigente y a la doctrina y jurisprudencia constitucional aplicable; por lo que, su contenido no lesionó derecho constitucional alguno del nombrado; y, 2) El impetrante de tutela pretendió que vía constitucional se revise la actividad del Tribunal de alzada, por el único motivo que no le fue favorable, utilizando la acción de amparo constitucional como una instancia recursiva, forzando una situación inexistente en el procedimiento penal; lo que, no corresponde según la jurisprudencia constitucional; pues, no se puede ingresar a analizar entendimientos de las autoridades jurisdiccionales cuando sus resoluciones se encuentran debidamente fundamentadas; más aún, si de este mecanismo de tutela no se acreditó argumento sólido que evidencie la alegada vulneración de derechos y garantías constitucionales; por ello, pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Noemí Rossemary Cossio Argandoña, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías señaló que, se debe tomar en cuenta que el art. 128 de la CPE es claro a efectos del planteamiento de una acción de amparo constitucional ante la ausencia de la supresión o amenaza de restricción de derechos fundamentales, resultando incongruente en el caso la cita de los derechos, sin indicar cuáles fueron vulnerados, encontrándose la jurisdicción constitucional impedida de ingresar a revisar los actos de la justicia ordinaria; por lo manifestado, requirió se deniegue la tutela impetrada.

I.2.4. Participación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia

Asunción Becerra Suarez, representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto del departamento de Cochabamba, en audiencia de garantías refirió que, realizaba la defensa de la víctima por ser menor de edad; y a fines de no redundar lo referido por el Ministerio Público e informado por el Vocal demandado, solicitó se deniegue la tutela solicitada, por existir incongruencia en la demanda tutelar.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución AAC-033/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 314 a 320, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Vocal demandado “…emita (…) nuevo Auto de Vista, que cumpla con el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y resulte congruente otorgando respuesta a todos los fundamentos de agravio expuestos en el recurso de apelación incidental, tomando en cuenta los lineamientos jurisprudenciales que han sido precisados y lo establecido en la presente resolución constitucional, sea en el t[é]rmino de 72 horas sin previo sorteo” (sic); con base en los siguientes fundamentos: i) Sobre los agravios expuestos por el accionante, sustentados en el art. 235.2 del CPP, la autoridad demandada determinó que no se adjuntó ningún documento idóneo, pese a que el aludido acompañó todo el cuaderno procesal; y, ii) Del Considerando III del Auto de Vista impugnado se verificó que, si bien el Vocal demandado realizó el análisis del caso concreto, estableciendo los puntos cuestionados en el marco del art. 396 del indicado Código; empero, resolvió únicamente uno de ellos, sin que exista el pronunciamiento sobre los otros para declarar la improcedencia del recurso impugnado, omitiéndose la debida fundamentación y motivación; así como, la inobservancia del principio de congruencia, al no existir la estricta correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto; más aún, tratándose de un fallo que resuelve una solicitud de cesación de la detención preventiva, en el marco del art. 239.1 del Código Adjetivo Penal, además, de remitirse a lineamientos jurisprudenciales que no responden al recurso de apelación incidental de una medida cautelar.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de medidas cautelares celebrada el 1 de diciembre de 2021, en el Juzgado Público Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Vinto del departamento de Cochabamba, emitiéndose en dicho acto procesal el Auto Interlocutorio de la misma fecha, por el que se rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva de Marco Antonio Condoretty Macdonald -hoy accionante-, dejando latentes los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, siendo objeto del recurso de apelación en ese verificativo por el prenombrado (fs. 292 a 295 vta.). II.2. Consta acta de audiencia de apelación incidental de medidas cautelares de 26 de enero de 2022; en la cual, Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandado-, por Auto de Vista de igual fecha, declaró improcedente la impugnación, manteniendo el decisorio del Auto Interlocutorio de 1 de diciembre de 2021, fallo notificado a las partes en el mismo acto procesal (fs. 304 a 307).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia; arguyendo que, el Vocal demandado mediante el Auto de Vista de 26 de enero de 2022, ratificó el Auto Interlocutorio de 1 de diciembre de 2021, que negó su solicitud de cesación de la detención preventiva, sin una debida explicación de todos los puntos de agravio expuestos en la apelación incidental, pese a haber identificado los mismos en su parte considerativa, obviando mantener una coherencia entre lo pedido y lo resuelto. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

Al respecto, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas fueron adicionadas).

III.2. La necesaria fundamentación de agravios en un recurso de apelación incidental por parte del recurrente

Sobre dicha exigencia, existen una diversidad de conceptos en el lenguaje procesal, acotados por tratadistas del derecho y en algunos casos por diccionarios jurídicos, entendiendo respecto del alcance y contenido de un agravio, como: “…el daño o perjuicio que el apelante dice habérsele irrogado por la sentencia del inferior”; así también, el tratadista Clariá Olmedo lo definió como: «…el límite subjetivo de la facultad de impugnar, y ha sido contemplado en nuestros códigos más modernos exigiendo a la parte a quien sea acordada expresamente, “que tenga un interés directo (...) En primer lugar ese interés está reconocido ‘in abstracto’ por la ley cuando expresamente acuerda a una parte el poder de recurrir una determinada resolución, o al no indicar qué parte puede recurrir la resolución declarada impugnable. (…) lo que equivale a afirmar una hipotética afectación al interés que se pretende hacer prevalecer». Por último, se define por su trascendencia como: “la fuerza jurídica mediante la cual la parte que se considera lesionada por la sentencia, expone los perjuicios que la misma le causa, en procura de su revocatoria” (J. Olmos). La expresión de agravios no es una simple formula carente de sentido, sino un análisis razonado de la sentencia, punto por punto, y una demostración de los motivos que se tienen para considerar que ella es errónea. “El escrito de agravios debe comprender los extremos de la sentencia que considere injustos para el apelante, con la exposición de las razones de derecho que tiendan a justificar las críticas del fallo apelado”. Ahora bien, en el desarrollo de un determinado proceso, si bien por regla general recae en los tribunales de alzada la obligación de pronunciarse sobre cada uno de los aspectos cuestionadas en el recurso o mecanismo interpuesto, también resulta exigible al recurrente-apelante en su invocación, efectuar un despliegue justificativo de su reclamación, tal cual entendió la jurisprudencia desde el extinto Tribunal Constitucional a través de la SC 0577/2004-R de 15 de abril, al inferir que: “…se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa” (negrillas adicionadas). Asimismo, sobre el mismo tópico -activación de una impugnación y su necesaria fundamentación de agravios por parte del recurrente-, mediante la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, se estableció que: “…a efectos de acceder a su interposición, se deben cumplir con los requisitos estipulados en la normativa legal vigente; traducidos en la expresión fundamentada de los agravios sufridos como consecuencia de la resolución impugnada; aspectos que abrirán la competencia del juez o tribunal de alzada, para ingresar al análisis de fondo de lo demandado y pronunciar una resolución basada en derecho; no obstante ello, no es posible exigir que la argumentación contenida en el memorial del recurso, sea ampulosa; pues basta con que exprese y fundamente sobre los puntos resueltos por el inferior que son objeto de impugnación por causar lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. (…) En consecuencia, será posible rechazar el uso del recurso de alzada, solamente en aquellos casos de extrema carencia de elementos suficientes para su consideración; es decir, que ni de los actuados procesales ni de los fundamentos esgrimidos por el apelante se puedan deducir los daños o lesiones de derechos y garantías” (énfasis añadido). De cuyos razonamientos se colige que, la labor de fundamentar la expresión de agravios en un recurso de apelación, resulta en la parte recurrente que ha incoado la impugnación, quien debe explicar claramente los errores o defectos de la resolución que cuestiona, debiendo señalar con claridad los reclamos de hecho y de derecho; mismos que, fijarán los límites de la resolución de segunda instancia; por tanto, en él recae la tarea de vincular la restricción o disminución del derecho o garantía que motivó la invocación del recurso interpuesto contra el fallo cuestionado; de forma tal que la lesión dañosa -emergente del defecto-, sea identificada con claridad, tornándose en consecuencia necesaria la expresión fundamentada de los agravios sufridos, haciendo posible -ante su omisión-rechazar la impugnación por carencia de elementos suficientes para su consideración.

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes arrimados a la presente acción tutelar, se tiene el acta de audiencia de medidas cautelares celebrada el 1 de diciembre de 2021, en el Juzgado Público Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Vinto del departamento de Cochabamba, cuyo titular emitió el Auto Interlocutorio de la misma fecha, rechazando la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante, dejando concurrentes los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP (Conclusión II.1), siendo objeto del recurso de apelación en el mismo acto procesal por parte de la defensa del nombrado, resuelto por Auto de Vista de 26 de enero de 2022, emitido por el Vocal demandado, quien declaró “IMPROCEDENTE” el mencionado recurso y mantuvo el decisorio del fallo impugnado, notificado a las partes en el verificativo de apelación (Conclusión II.2). A consecuencia de la citada resolución emitida por la autoridad demandada, el impetrante de tutela activó la presente acción de amparo constitucional, denunciando la vulneración de los derechos invocados en la misma, atribuyendo al aludido haber ratificado el Auto Interlocutorio de primera instancia -que negó su solicitud de cesación de la detención preventiva-, sin efectuar una debida fundamentación, motivación y congruencia, pese a que identificó los puntos de agravio que expuso en la apelación incidental, sin ser respondidos ni resueltos con explicación de todos ellos; así como, no guardar coherencia entre lo pedido y lo resuelto. Delimitado el objeto procesal que nos ocupa, el peticionante de tutela en su memorial de apelación incidental, cuestionó que: a) Su solicitud de cesación de la detención preventiva se enmarcó en el art. 239.1 del CPP; pese a lo cual, el Juez de la causa no realizó una correcta valoración del informe psicológico, certificación del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y un informe psicosocial -no señaló fecha-, volviéndose a emitir un fallo como si nuevamente se tratara de una audiencia de aplicación de medidas cautelares; y, b) En relación al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del citado Código, el Juez a quo señaló que no se habría acompañado ningún documento idóneo; no obstante, que en el acta se tiene que arrimó todo el cuaderno procesal. La autoridad demandada mediante el Auto de Vista de 26 de enero de 2022, declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por el accionante, manteniendo el decisorio del fallo impugnado, argumentando lo siguiente: 1) “…entre las condiciones de validez legal desarrolladas en el art. 396 procesal, se instituye cuáles son las condiciones de forma que debe cumplir el apelante a objeto de sustanciar el recurso de apelación y este es un elemento que conjuntamente el tiempo y la legitimidad constituyen la reserva legal al ejercicio del derecho a la impugnación, así lo desarrolla la doctrina legal que fue mencionada por este Tribunal en el Considerando II de esta resolución, de esta manera podemos advertir que los recursos deben contener, en este caso el recurso de apelación de la medida cautelar, en esta audiencia de apelación debe indicar y/o especificar qué aspectos cuestiona de la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional de instancia, aspectos que en definitiva delimitan la intervención de este Tribunal que está obligado a circunscribir la resolución y el análisis obviamente a los aspectos identificados por el apelante” (sic); y, 2) “…el sistema acusatorio al cual se adscribe el sistema procesal penal boliviano no rige una segunda instancia fáctica que permita a los operadores de justicia vía recurso de apelación incorporar nuevos argumentos o efectué una nueva revalorización de los datos, nuevo análisis del planteamiento, desconociendo que la previsión procesal antes señalada y los elementos caracterizadores del sistema que tornan al recurso de apelación en un control normativo, que se traduce como control, valga la redundancia, de la labor intelectiva desarrollada por las autoridades de instancia a objeto de verificar que en la misma exista una correcta aplicación de la Ley, la vinculación necesaria de la jurisprudencia y en cuanto a la valoración de la prueba, la aplicación del sistema de la sana critica, esto significa que los apelantes están en la obligación de vincular el planteamiento en función a este ámbito, máxime si conceptualmente el agravio constituye la lesión de un derecho cometido en una resolución por haberse aplicado inexactamente la Ley o por haberse dejado de aplicar la que rige a un caso concreto, extensible en el sistema procesal penal boliviano a la jurisprudencia y al sistema de la sana critica. En el caso que nos ocupa, de la exposición de argumentos vertidos por la parte apelante más allá de referir de que no se habría considerado los elementos de prueba que esta parte habría acompañado, que la autoridad jurisdiccional que habrá emitido la misma resolución copiando la resolución de fecha 14 de octubre del 2021, que se habría emitido una solución como si fuera una audiencia de medidas cautelares, más allá de todo aquello no refiere en concreto que aspecto de la resolución es el reflejo generador de la aludida vulneración de sus derechos, cual es el razonamiento lógico -jurídico erróneo de la autoridad jurisdiccional y cual debió ser el correcto…” (sic). Desarrollados como fueron los argumentos del peticionante de tutela y los fundamentos sostenidos por el Vocal demandado en la decisión pronunciada, declaró improcedente el recurso activado, decisión que es cuestionada por haber supuestamente omitido la necesaria fundamentación y motivación, entre otros componentes. Ahora bien, habiendo sido cuestionado en el caso de autos el debido proceso en los componentes invocados, la jurisprudencia constitucional sobre dicha garantía, la erige como una obligación de toda autoridad de exponer las razones de las decisiones que adopten, precisando los motivos en los que se sustenta la misma y el valor otorgado a los medios de prueba, debiendo identificarlos de forma concisa y clara, así como, contener una estructura de forma y de fondo que permitan comprender las razones de la decisión que se asume (Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional); sin embargo, también atribuyó al recurrente en la interposición del recurso de apelación la labor de fundamentar la expresión de agravios, explicando claramente los errores o defectos de la resolución que cuestiona, y señalando con claridad los reclamos de hecho y de derecho -los cuales llegar a configurar los límites de la resolución de segunda instancia-; de forma que, la lesión dañosa sea identificada con claridad, deviniendo en necesaria la expresión fundamentada de los agravios sufridos, haciendo posible -ante su omisión- “…rechazar el uso del recurso de alzada, solamente en aquellos casos de extrema carencia de elementos suficientes para su consideración” (Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional). Bajo ese marco jurisprudencial, en el caso en análisis, la autoridad demandada en su labor de revisión y posterior resolución, resolvió el recurso puesto a su consideración por la falta de agravios y argumentos del impetrante de tutela, lo cual le impediría efectuar el análisis de fondo a efectos de asumir una determinación en contraste con el Auto Interlocutorio de 1 de diciembre de 2021, que mantuvo la detención preventiva del accionante, teniendo entre sus razonamientos la carencia de agravios; asimismo, para declarar la improcedencia del recurso de apelación planteado, se sustentó en que todo apelante tiene la obligación de acreditar qué aspectos de la resolución de primera instancia vulnera sus derechos, identificar el razonamiento jurídico erróneo de la autoridad jurisdiccional y cuál debió ser el correcto, en virtud del sistema acusatorio -modelo procesal penal boliviano-; lo que, permitiría en alzada efectuar la revisión de la labor intelectiva desarrollada por las autoridades de instancia; por lo que, concluyó que el accionante no expuso los aspectos concretos del Auto Interlocutorio apelado que reflejen el hecho generador de la lesión de derechos ni el razonamiento lógico - jurídico erróneo del Juez a quo, identificando el agravio ocasionado. Consecuentemente, el fallo cuestionado por el impetrante de tutela, fue resuelto por la carencia de puntos de agravio a identificarse por el nombrado en el planteamiento del recurso de apelación; lo que, impidió al Vocal demandado emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, siendo evidente de la lectura del memorial de interposición del recurso de apelación la ausencia de la identificación de los puntos cuestionados por el peticionante de tutela, refiriendo simplemente que su solicitud de cesación de la detención preventiva se enmarcó en el art. 239.1 del CPP, y de manera por demás genérica, indicó que la autoridad jurisdiccional de instancia, si bien valoró el informe psicológico -no señala fecha-, certificación del REJAP y el informe psicosocial -no refiere data- en el Auto Interlocutorio impugnado, no hubiera sido de manera correcta en lo referente al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, lo que no permitió entrever el yerro en el que incurrió el Juez a quo, menos advertir la lesión sufrida de los derechos y componentes del debido proceso que reclama, al no contener fundamento alguno que delimite los agravios sufridos -en el marco del art. 398 del citado Código-, mismos que no fueron ni siquiera identificados, máxime, si de la lectura del Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la expresión fundamentada de los agravios sufridos como consecuencia de la resolución impugnada, resulta imprescindible a efectos de la fijación de los límites y la resolución de segunda instancia. De cuyo examen, se tiene que, la autoridad demandada a tiempo de conocer y resolver el recurso de apelación incidental, se enmarcó en su intervención a la previsto por el art. 398 del CPP; vale decir, circunscribirse a lo alegado en el recurso de apelación; por cuanto, la ausencia de agravios atribuible al impetrante de tutela, no puede ser suplida por la autoridad judicial ni mucho menos por la jurisdicción constitucional, cuya obligación se encuentra reservada a las partes, teniéndose en efecto que el Auto de Vista de 26 de enero de 2022, emitido por el Vocal demandado -objeto de la presente acción de defensa-, no vulneró los derechos denunciados por el solicitante de tutela; en virtud a que, la autoridad judicial demandada, para su emisión observó lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, resolviéndose el recurso de apelación por la falta de agravios imputable al accionante, encontrándose en ese marco debidamente motivado y en consecuencia, fundamentado el Auto de Vista cuestionado; por lo que, sobre dichos aspectos se debe denegar la tutela impetrada. Asimismo, sobre la denunciada incongruencia externa en la que hubiera incurrido el precitado fallo de alzada, entendida por la jurisprudencia constitucional como la correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de la impugnación deducida por las partes y lo resuelto por las autoridades judiciales (SCP 1083/2014 de 10 de junio); en el caso de autos, tal como se tiene del análisis desplegado ut supra, fue demostrado que el peticionante de tutela no precisó ni identificó los puntos de agravio en el recurso de alzada, lo que derivó en la irresolución de fondo, repercutiendo también en el impedimento de la verificación de dicha congruencia, deviniendo en la denegatoria de la tutela al respecto. Por último, con relación a los derechos a la defensa, a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, del contenido del memorial de amparo constitucional, no se tiene cómo se configuró tal lesión, debiendo demostrarse dicha amenaza en circunstancias reales y materiales, o precisar de qué manera se hubieran vulnerado los mismos a partir de la intervención del Vocal demandado en la emisión del fallo cuestionado; por lo que, ante dicha imprevisión, corresponde igualmente se deniegue la pretensión constitucional en cuanto a las aludidas prerrogativas. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AAC-033/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 314 a 320, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos esgrimidos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en la Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente el Magistrado MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano.

Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA

Notas al pie

1 MACHADO SCHIAFFINO Carlos, Diccionario Jurídico Polilingue, Ediciones La Roca, Buenos Aires 1996, pág. 145.

2 Clariá Olmedo, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Vol V. La Actividad Procesal. Ediar, 1966, p. 456

3 VALLETTA María Laura, Diccionario Jurídico, Valletta Ediciones S.R.L., 2001, pág. 299.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0240_2023-S2.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): d531a363f8e66c32936294a7e7ab92e5d486fdcc3707d33c8942df6b52948a28

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