Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 14 de abril de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante, alega la lesión de sus derechos a la salud y a la libertad; toda vez, que cumpliendo sentencia por la comisión del delito de violación de infante, niña niño o adolescente, el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, hizo conocer al ahora demandado su grave estado de salud solicitando aplique lo que en derecho corresponda “…es decir la detención domiciliaria” (sic); es así, que como respuesta se le indicó que “Se considerará en su oportunidad”. Entonces, durante las vacaciones judiciales, al momento de querer tramitar su detención domiciliaria, tal aspecto le fue imposible, esto en razón a que su expediente no fue remitido al Juez de Turno, generando mora procesal puesto que el plazo para resolver dicho incidente era de cinco días. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) Sobre la acción de libertad innovativa; iii) Análisis del caso concreto; y, iv) Otras consideraciones.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 12/2021 de 3 de enero cursante de fs. 16 a 17 vta., modificando únicamente su parte dispositiva y en consecuencia determina: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a su derecho a la libertad por la dilación en la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Juez de turno durante las vacaciones judiciales de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al petitorio del accionante, por el cual solicitó que esta instancia constitucional “…se sirva admitir la presente acción de libertad y sirva disponer lo siguiente: 1.- Se disponga mi detención domiciliaria en el domicilio ubicado en la zona Pampahasi Central Calle 12 No 263 de la Ciudad de La Paz, sea previa verificación de su despacho, sea por el plazo de 3 años. 2.- se proceda a la verificación de dos garantes a efectos del cumplimiento de la detención domiciliaria. 3.- Se proceda al arraigo correspondiente” (sic), sea de conformidad a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Llamar la atención de Rafael Alcón Aliaga, Juez, la Secretaria abogada y Auxiliar del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, respecto de los actos contrarios al orden constitucional advertidos en el presente caso, debiendo en lo venidero evitar incurrir en dilaciones en contra del mismo peticionante de tutela o en contra de otras personas en similares circunstancias, advirtiéndose que de reiterarse dichos actos y omisiones constatadas, se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura. 4° Llamar severamente la atención a Milenka Morayma Gutiérrez Antezana, Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, que constituida en Jueza de garantías, emitió la Resolución 12/2021 de 3 de enero, en cuya parte dispositiva de forma ilegal y arbitraria definió la aplicación de un incidente de detención domiciliaria, sin tener competencia para ello, debiendo remitirse antecedentes ante el Consejo de la Magistratura para su consideración y análisis, sea de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0240/2023-S1 Sucre, 14 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 38032-2021-77-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 12/2021 de 3 de enero, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Vargas Caero contra Rafael Alcón Aliaga, Juez, Secretaria Abogada y Auxiliar, todos del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 3 de enero de 2021, cursante de fs. 3 a 7, el accionante manifestó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.
A la fecha de presentación de la presente acción tutelar, se encuentra cumpliendo sentencia bajo el control del Juzgado de Ejecución Penal Primero del El Alto del departamento de La Paz; es así que, el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro del señalado departamento, puso en conocimiento del Juez ahora demandado sobre su grave estado de salud, solicitando se aplique lo que en derecho corresponda “es decir la detención domiciliaria” (sic), extremo que se dio a conocer al mismo antes de la vacación judicial y sobre el cual se respondió “que se considerará en su oportunidad”. Es así, que en las vacaciones judiciales, conforme a circular, las causas con detenidos debieron ser remitidas ante el Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; sin embargo, se tiene que su proceso no fue remitido a efectos de que pueda tramitar la correspondiente detención domiciliaria, no teniendo durante la vacación un control jurisdiccional, aspecto que generó una mora procesal, puesto que en cinco días conforme establece la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001- debe existir un pronunciamiento en cuanto a la nota dirigida por parte del Gobernador del mencionado Centro Penitenciario considerando su grave estado de salud.
El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la salud y la libertad sin citar artículo alguno de la Norma Suprema.
Solicitó “…se sirva admitir la presente acción de libertad y sirva disponer lo siguiente: 1.- Se disponga mi detención domiciliaria en el domicilio ubicado en la zona Pampahasi Central Calle 12 No 263 de la Ciudad de La Paz, sea previa verificación de su despacho, sea por el plazo de 3 años. 2.- se proceda a la verificación de dos garantes a efectos del cumplimiento de la detención domiciliaria. 3.- Se proceda al arraigo correspondiente” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 3 de enero de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 14 a 15, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su abogado ratificó íntegramente los términos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia señaló que: a) De la documental que adjuntó, se tiene que el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de la ciudad de La Paz, presentó una nota poniendo en conocimiento su grave estado de salud, misma que fue presentada antes de ingresar a la vacación judicial; sin embargo, no se remitió el expediente al juzgado que se encontraba de turno, existiendo una ausencia de control jurisdiccional; b) Este extremo se puso a conocimiento de la “auxiliar del juzgado primeo de ejecución penal de la ciudad de La Paz” (sic), misma que señaló que el cuaderno no fue remitido y que se encontraría en otro juzgado por vacación judicial; además, se le solicitó pueda remitir este cuaderno, pero la misma indicó que no contaba con una secretaria titular y tampoco con personal como pasantes a objeto de realizar la remisión; c) Se debe tener en cuenta que se encuentra dentro de un grupo vulnerable al tener enfermedad base y puede contraer COVID-19 y que no pudo acceder al control jurisdiccional.
Rafael Alcón Aliaga, Juez, la Secretaria abogada y Auxiliar del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, no se apersonaron a la audiencia ni presentaron informe pese a su legal notificación cursante de fs. 9 a 10.
La Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 12/2021 de 3 de enero, cursante de fs. 16 a 17 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo: “La detención domiciliaria en aplicación del art. 167 de la ley 2298. El arraigo. Verificación domiciliaria del domicilio donde va guardar esta detención por personal del despacho judicial con placario fotográfico y documentación suficiente. La imposición de dos garantes solventes los mismos que serán verificados por personal del despacho judicial con documentación idónea y original. El tiempo de cumplimiento de esta disposición es de 24 Hrs. Máximo para los garantes solventes y el arraigo, con ello se procederá a la verificación del domicilio para su traslado correspondiente, quedando notificados con la presente determinación…” (sic); determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) Habiéndose planteado acción de libertad en la presente causa por parte de Juan Carlos Vargas Caero, se determinó que el mismo tendría una sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada estando bajo el control del Juez de Ejecución de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, dependiente de Rafael Alcón Aliaga; y que producto de ello, se habría tramitado ante esta instancia una solicitud de detención domiciliaria, bajo los presupuestos y lineamientos de la Ley 2298 que a la fecha no fue respondida ni resuelta por la autoridad demandada. Así mismo, habiéndose dispuesto la vacación judicial, la predicha autoridad tampoco remitió el cuaderno para su consideración por el juzgado de turno que resulta ser el Juez Cuarto de Ejecución Penal de la Capital del departamento de La Paz; 2) Se tiene un informe evacuado por auxiliatura de ese despacho judicial que establece que en dicho Juzgado no se encuentra radicando el citado proceso contra del señor Juan Carlos Vargas Caero y este no fue remitido por la autoridad ahora demandada, existiendo una doble vulneración en este presupuesto a el debido proceso y al derecho que tiene una persona de petición que forma parte de los arts. 24 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), causando una retardación de justicia que está poniendo en desmedro y peligro la situación y la vida y salud del ahora accionante; 3) Por esta omisión grosera por parte de la autoridad demandada, el impetrante de tutela solicitó que al no tener un Juez contralor de garantías jurisdiccionales, se proceda a la restitución de los derechos y garantías y se disponga la detención domiciliaria en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, habiéndose tramitado un incidente de detención domiciliaria, de conformidad al art. 167 de la Ley 2298. En este entendido, verificados sean estos extremos la autoridad jurisdiccional constitucional en el marco de la aplicación de las siguientes líneas jurisprudenciales, reiterando que se está ante aplicabilidad de la SCP 0017/2019-S1 de 20 de marzo, presunción de veracidad, al no estar conectada la autoridad demandada y al no haber emitido informe y considerando la subsidiaridad excepcional que rige la acción de libertad cuando se trata del derecho a la vida y la salud, se tiene que al existir mora y el indebido diligenciamiento se dejó en estado de indefensión a la parte accionante causando una vulneración en su derecho de petición, a la salud y al acceso a la misma, lo cual va en contra y lo determinado por la misma Resolución Consultiva 01/2020 dispuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en referencia a la pandemia o COVID-19, que evidentemente dentro de sus presupuestos 24 y 45 a dispuesto que se adopten las medidas celeras para poder garantizar la salud de los privados de libertad de manera y modo que se les cause la menor vulneración a los mismos, tomándose en cuenta que se constituyen en grupos vulnerables al estar privados de libertad en un recinto penitenciario con hacinamiento; por lo que, corresponde conceder la tutela inextensa.
Por Decreto Constitucional de 22 de marzo de 2022, cursante a fs. 48, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 28 de marzo de 2023 (fs. 228); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se llega a las siguientes conclusiones: II.1. Mediante Informe de área médica de 13 de noviembre de 2020, el médico del Centro Penitenciario San Pedro de la ciudad de La Paz, hizo conocer el diagnóstico del ahora impetrante de tutela, indicando que el mismo padece de insuficiencia renal a descartar, diabetes mellitus tipo II crónica, hipertensión arterial sistémica, y gastritis, sugiriendo su valoración por las especialidades de endocrinología y medicina interna para seguir su tratamiento (fs. 68). II.2. Cursa Oficio Stria. Dir. 2805/2020 de 8 de diciembre, y presentado el 11 del mismo mes y año, emitido por Marco Antonio Navia Doria Medina, Director del Centro Penitenciario San Pedro de la ciudad de La Paz, dirigido a Rafael Alcón Aliaga -ahora demandado- a través del cual señalól: “En aplicación del Art. 59 de la Ley 2298, de Ejecución Penal y Supervisión, elevo a conocimiento y consideración de su autoridad, a fojas dos (2) útiles, la nota presentada por el privado de libertad JUAN CARLOS VARGAS CAERO; quien solicita se haga conocer ante la autoridad judicial, que del informe médico emitido por el Dr. José Ignacio Quisbert, médico de este Penal, el referido privado de libertad tiene la enfermedad de: INSUFICIENCIA RENAL A DESCARTAR, DIABETES MELLITOS TIPO II CRÓNICA, HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTEMICA, GASTRITIS, refiriendo que se encuentra en grave estado de salud y solicita se aplique los Arts. 92, 93 de la Ley 2298. Por lo expuesto señor Juez, de conformidad a los Art. 92 y 93 de la Ley 2298, de Ejecución Penal y Supervisión, solicito a su Autoridad, en aplicación de los referidos artículos con la finalidad de preservar los principios y derechos constitucionales del privado de libertad JUAN CARLOS VARGAS CAERO, y en aplicación de la norma legal vigente su Autoridad disponga lo que en Ley y derecho corresponda, precautelando el bien protegido superior que es la vida de las personas” (sic [fs. 69 y vta.]). II.3. Se tiene Decreto de 14 de diciembre de 2020 a través del cual el Juez ahora demandado sobre el oficio Stria. Dir. 2805/2020 de 8 de igual mes determino: “Adjúntese a sus antecedentes, a considerarse en su oportunidad” (sic [fs. 69 vta.]). II.4. Cursa Informe emitido por Celia Virginia Quispe Tórrez, Auxiliar del Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, a través del cual hace conocer a la Jueza de Instrucción Penal Segunda de la misma ciudad y departamento -Jueza de garantías- que el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto de igual departamento, no remitió el expediente respecto al proceso del ahora peticionante de tutela, adjuntando la lista de expedientes remitidos por ese despacho (fs. 11 a 13).
El accionante, alega la lesión de sus derechos a la salud y a la libertad; toda vez, que cumpliendo sentencia por la comisión del delito de violación de infante, niña niño o adolescente, el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, hizo conocer al ahora demandado su grave estado de salud solicitando aplique lo que en derecho corresponda “…es decir la detención domiciliaria” (sic); es así, que como respuesta se le indicó que “Se considerará en su oportunidad”. Entonces, durante las vacaciones judiciales, al momento de querer tramitar su detención domiciliaria, tal aspecto le fue imposible, esto en razón a que su expediente no fue remitido al Juez de Turno, generando mora procesal puesto que el plazo para resolver dicho incidente era de cinco días. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) Sobre la acción de libertad innovativa; iii) Análisis del caso concreto; y, iv) Otras consideraciones.
El art. 8.II de la CPE, se sustenta entre otros valores: en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta, el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria; entre ellos, el principio de celeridad –arts. 178 y 180.I de la CPE−, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la norma suprema. Es así que, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas; la acción de libertad, en una interpretación evolutiva del art. 125 de la CPE de parte del Tribunal Constitucional como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando las tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intraprocesales de defensa. En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando 1 Art. 125 de la CPE “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertada personal, podrá interponer Acción de Libertada y acudir, de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitara se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad.” 2 En su F.J.III.5,señalo: “Dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que se le ha agregado el hábeas corpus restringido, debe considerarse también al hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…”, como se pasa a explicar:
(…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”
existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad. En esa misma línea, la SCP 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló:
“Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales.” A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, esta misma SCP 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que:
“Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional citada, reiteró que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye:
(las negrillas fueron adicionadas)
De lo desarrollado y explicado precedentemente se llega a la comprensión de que la jurisprudencia fue uniforme en asumir que la naturaleza jurídica de la acción de libertad en su tipología traslativa o de pronto despacho, la cual también deviene o se encuentra implícita en el art. 125 de la CPE, busca apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Bajo ese razonamiento el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia fue conociendo casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; es por ello, que ante la evidencia de dichas demoras este Tribunal fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, por lo que exige a los administradores de justicia a su observancia.
En tal sentido, la jurisprudencia a través de los años fue estableciendo supuestos de procedencia para la activación de este tipo de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, generando sub reglas para la consideración de distintos actos dilatorios, entre ellos, sobre la consideración de aplicación de medidas cautelares, lo inherente a las solicitudes de cesación de la detención preventiva, o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, entre otros; por lo que, para conocer esta evolución dinámica de la jurisprudencia constitucional en relación a estos casos donde se ve involucrada la celeridad, y por los que se puede activar a la justicia constitucional, se hace necesario citar a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que efectuó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad, siendo estos:
a) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116-X de la de la Constitución Política del Estado y 8-1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Sub regla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre) b) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo) c) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero) d) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva. (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio) e) Eventual apelación de Ministerio público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad, por cuanto apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo conforme a las SSCC 660/2006-R, 236/2004-R, 1418/2005-R. (Regla generada en la SC 0107/2007-R de 6 de marzo)
La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas:
justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad” (las negrillas son agregadas).
Ahora bien, posterior a la SCP 0078/2010-R, la 0384/2011-R de 7 de abril, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que:
“d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley. “
Asimismo, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, siguiendo el entendimiento de que en las solicitudes de cesación de la detención preventiva, las autoridades están obligadas a tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, moduló la sub regla establecida en el inc. b) de la SC 0078/2010-R, señalando que al estar expresamente fijado el plazo para señalar audiencia en el art. 132.1 del CPP, al tratarse de un actuado de mero trámite, dicho señalamiento deberá ser providenciando en el plazo de veinticuatro horas:
“…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento” (las negrillas y el subrayado fueron agregadas).
Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de igual año, se introdujeron importantes modificaciones al Código de Procedimiento Penal (CPP), cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art. 239 del referido Código adjetivo penal referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación , lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 del CPP, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de veinticuatro horas, 4 Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;
2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;
3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;
4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio;
5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,
6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.
La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.
Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.
luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, estableció un plazo de cuarenta y ocho horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución –en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP−, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva. Por otro lado, de manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, advierte que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto, si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, debiendo ser resuelta por el tribunal de alzada en el plazo improrrogable de setenta y dos horas, de no hacerlo dentro del término señalado significa dilación indebida en el proceso, vulnerando así los derechos a la libertad, vida y otros, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la señalada resolución. De la misma forma, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, de manera excepcional; es decir, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días; vencido dicho plazo, la 5 En el Fundamento Jurídico III.4 “El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”
El trámite del referido medio de impugnación, no establece que previo a su remisión ante el superior jerárquico, deba ser corrido en traslado para que las partes del proceso contesten, con el fin de proseguir el trámite. Por encontrarse de por medio el bien jurídico de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas que tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, tramitarse dentro de los plazos establecidos por la norma adjetiva penal.
Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación. 6 En su Fundamento Jurídico III.2 “Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que también puede ser denunciado ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En el mismo sentido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, afirma que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual, se computa el plazo previsto en el art. 251 del referido Código. Con similar entendimiento, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las sub reglas señaladas anteriormente de la forma siguiente:
“i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte”.
De todo este desarrollo jurisprudencial, glosado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2, se tiene que el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la jurisprudencia emitida cumpliendo el postulado contenido en el art. 115.II de la CPE, como es el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones fue regulando los supuestos de procedencia de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, bajo una sola premisa que, cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia deben realizar sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad, puesto que generalmente lo que se buscará a través de esta, es el cumplimiento de los actuados de mero trámite y simples peticiones en la sustanciación de los procesos penales, empero, que para el privado de libertad tienen una gran significancia ya que la finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones.
La Ley del Tribunal Constitucional (LTC) promulgada el 1 de abril de 1998, en su Capítulo IX, estableció el marco jurídico del recurso de habeas corpus, señalando más propiamente en su art. 91.VI que: “No obstante haber cesado la persecución o la detención ilegales, la audiencia se realizará necesariamente y si el recurso fuere declarado procedente, la autoridad recurrida será condenada a la reparación de daños y perjuicios…” (las negrillas fueron adicionadas); redacción a partir de la cual, se fue gestando la institución del habeas corpus innovativo, pues el habeas corpus no solo podía ser interpuesto cuando se encuentre vigente y latente la lesión o amenaza de lesión a los derechos a la libertad, sino también cuando los mismos hubieren cesado.
En ese sentido, el entonces Tribunal Constitucional a través del Auto Constitucional 361/99-R de 26 de noviembre de 1999, en revisión de la Sentencia pronunciada el 13 de octubre de ese mismo año por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito de Cochabamba, determinó revocar dicha Sentencia y declarar procedente el recurso, debiendo el Tribunal de Habeas Corpus aplicar el artículo 91.VI de la Ley del Tribunal Constitucional –Ley 1836 de 1 de abril de 1998– , alegando que “…el hecho de haberse puesto en libertad al recurrente el mismo día a horas 19 no destruye la ilegalidad de su detención y más bien confirma que la detención fue arbitraria, basada en una simple sindicación…”, determinación que no solo puso en evidencia la procedencia del habeas corpus en su modalidad innovativa sino también generó el cumplimiento del objetivo que es encomendado a las autoridades judiciales que no quede impune el comportamiento de los responsables de la lesión o amenaza de lesión de una persona.
En igual sentido, el entonces Tribunal Constitucional pronunció la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, aprobó la Resolución de 5 de noviembre de 2001 –que declaró procedente el recurso de habeas corpus– emitida por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, argumentando que “…si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, determinación que expresamente asumió lo dispuesto por el art. 91.VI de la Ley 1836. Así también, entre otras, las SSCC 0387/2002-R ; 1135/2002-R ; 0352/2003-R; y, 1476/2003-R.
Posteriormente, el Tribunal Constitucional a través de la SC 1489/2003-R de 20 de octubre, resolviendo un recurso de habeas corpus en el que se denunció la lesión del derecho a la libertad debido a una detención indebida que si bien habría cesado antes de la interposición del recurso; determinó revocar la Resolución 4/2003 de 6 de septiembre, declarando improcedente el aludido recurso; toda vez que, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban indebidamente detenidos, a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación del recurso.
Sentencia Constitucional en la que, si bien señaló que dicha determinación no implicaba un cambio de línea jurisprudencial, originó una modificación al entendimiento jurisprudencial que se fue aplicando, pues a partir de dicho razonamiento, si la lesión hubiere cesado previo a la presentación del recurso debía ser declarado improcedente, y en caso que el recurso fuere presentado y luego cesaran los actos lesivos se determinaría su procedencia. Razonamiento reiterado por las SSCC 1589/2003-R de 10 de noviembre, 1728/2003-R de 28 de noviembre, 1757/2003-R de 2 de diciembre, 0193/2004-R de 9 de febrero y otras. Luego, a través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió el entendimiento que fue asumido en las Sentencias Constitucionales citadas en el párrafo precedente, al señalar que:
“Del análisis de los debates parlamentarios desarrollados en el proceso de sanción de la ley aludida, se extrae que la ratio legis del precepto aludido está en la necesidad de que el instituto jurídico en examen brinde protección en aquellos supuestos en los que “…una autoridad legal arbitrariamente detiene a una persona sin que haya existido causa que lo justifique y tenemos centenares de casos, finalmente la ponen en libertad se acabó el tema, no hay protección, no hay tutela de los derechos humanos, les digo verdaderamente, no avanzar en el texto en la forma como está propuesta supone volver al viejo judicialismo para eso no cambiamos nada […] yo puedo demandar a una autoridad que me ha detenido ocho días y después me ha puesto en libertad […] ya estoy en libertad y quiero plantear el recurso de hábeas corpus para que la autoridad que ha cometido semejante abuso, que me ha privado de derechos de alimentar a mi familia, de ver a mis hijos, de cumplir con mi trabajo de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional debe ser sancionada y el recurso de hábeas corpus declarado procedente […]’” (Cfr. Redactor, Tomo IV, noviembre de 1997, H. Cámara de Diputados). Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber 11 El Fundamento Jurídico III.1 señaló que: “…siendo la razón esencial del recurso hacer efectiva la protección de la libertad individual, el mismo debe ser planteado en el momento en que están sucediendo tales casos, no siendo pertinente acudir a esta acción tutelar simplemente para identificar a la autoridad que ordenó o ejecutó la medida restrictiva de la libertad” 12 En el Fundamento Jurídico III.1 se sostuvo que: “…resulta imprescindible plantear el recurso en el momento en el que los derechos a la libertad física o a la locomoción están siendo suprimidos indebida o ilegalmente, a fin de que este Tribunal compulse el acto de la autoridad recurrida y se pronuncie en el fondo ya sea concediendo o negando la tutela, lo que significa, que el recurso planteado luego de que el supuesto agraviado hubiera sido puesto en libertad, debe ser directamente declarado improcedente sin necesidad de ingresarse al fondo de la problemática planteada.” 13 El Fundamento Jurídico III.4 preciso que: “Por otra parte, es necesario referirse a que si bien los recurrentes a tiempo de la realización de la audiencia de hábeas corpus se encontraban en libertad, ello -en este caso- no puede ser causal de improcedencia del recurso, pues consta en obrados que a tiempo de la interposición del mismo estaban privados de su libertad, la que obtuvieron en la audiencia de medidas cautelares realizada con anterioridad a la notificación de los recurridos, diligencia que no se cumplió por la situación de conflicto que se presentó en el país, de manera que la circunstancia señalada no desvirtúa la ilegal actuación ni excluye la responsabilidad de los Fiscales demandados” 14 El Fundamento Jurídico III.2 sostuvo: “Si bien, la SC 1489/2003-R, de 20 de octubre establece que no se puede determinar la ilegalidad de una detención cuando el recurso de hábeas corpus fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes, en el caso que se examina no es aplicable lo determinado por este fallo porque el representado de la recurrente fue puesto en libertad después de media hora de haberse planteado el hábeas corpus, en virtud de lo que se ingresa al análisis de fondo de la problemática planteada.”
cesado la detención antes de la interposición del recurso…” (las negrillas son agregadas).
Más adelante, con la SC 0451/2010-R de 28 de junio se recondujo el entendimiento citado precedentemente al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado. A través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, asumiéndose parámetros interpretativos más favorables respecto a la protección de los derechos humanos se recondujo la línea jurisprudencial a lo expresado en la referida SCP 0327/2004-R, determinándose que la acción de libertad procede aún hubiera cesado la privación de libertad, reconociendo a partir de ello la acción de libertad innovativa, que tiene un carácter preventivo, con la finalidad de que ya no sucedan los mismos actos ilegales en futuras actuaciones. La SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, sin realizar una modulación a la acción de libertad innovativa, estableció la aplicación de la improcedencia de la acción de libertad por sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, señalándose que:
15 El Fundamento Jurídico III.1 señaló que: “…Nuestro ordenamiento jurídico también sugiere la existencia de esta figura, cuando en el art. 68.6 de la Ley del Tribunal constitucional Plurinacional y el propio Código Procesal Constitucional, que en su art. 49.6, determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.
Recogiendo el espíritu de ésta Sentencia Constitucional; asimismo, la construcción doctrinal del voto disidente de 22 de julio de 2010, respecto de la SC 0451/2010-R de 28 de junio -que estableció que la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe, caso contrario, se desnaturalizaría su esencia -, entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos
De lo señalado, queda en evidencia que el reconocimiento de la acción de libertad innovativa en los casos de detenciones ilegales es el producto de una interpretación garantista de la naturaleza de la acción de libertad; sin embargo, esto no debe ser en ningún caso óbice para que este razonamiento pueda ser también aplicado a otras modalidades protectivas de la acción de libertad, como el caso de la persecución indebida, la cual al igual que la detención puede haber cesado; empero, la ilegalidad restrictiva del derecho a la libertad fue consumada, por ello a efectos de determinar la responsabilidad del caso, y de construir una matriz jurisprudencial preventiva de la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá también en estos casos pronunciarse en el fondo de la problemática a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades”.
“La sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación porque la violación o amenaza de violación del derecho cesó; y consecuentemente, el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales, debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución.
Asimismo, el objeto procesal constituye el elemento sustancial a resolver por la jurisdicción constitucional; en tal sentido, ante la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, en acción de libertad, cuando el petitorio devino en insubsistente por la desaparición del hecho o supuesto que lo sustentaba, se inhibe un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, correspondiendo la sustracción del mismo; toda vez que, la eventual concesión de la tutela, se tornaría en ineficaz e innecesaria”.
Bajo los lineamientos jurisprudenciales desarrollados precedentemente, considerando la aplicación del estándar más alto de protección de los derechos que tiene su fundamento en lo establecido por los arts. 13. IV y 256 de la CPE, a través de la SCP 0243/2019-S3 de 5 de julio se recondujo la línea jurisprudencial establecida en la SCP 0744/2015-S3 al entendimiento asumido en la SCP 2491/2012, en consecuencia la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal como causal de improcedencia solamente puede aplicarse en la acción de amparo constitucional. Efectuada la contextualización jurisprudencial anterior, respecto a la acción de libertad innovativa, es preciso señalar que, conforme se sostuvo en la SCP 0243/2019-S3 de 5 de julio, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra en la SCP 2491/2012, al contener razonamientos que aseguran la máxima eficacia de dicha acción de defensa, evitando que en el futuro se repitan y reproduzcan 16 El Fundamento Jurídico III.3 sobre la necesaria reconducción de la línea jurisprudencial respecto a la acción de libertad innovativa señaló que: “Consiguientemente, en aplicación del estándar más alto de protección de los derechos que tiene su fundamento “…en lo establecido por los arts. 13.IV y 256 de la CPE, que configuran la obligación de interpretación más favorable en materia de Derechos Humanos, teniendo como parámetros las cláusulas de interpretación contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia, entre ellas, el principio pro homine, que establece que el juzgador debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respeto y goce de los derechos constitucionales de las personas” (SCP 2233/2013 de 16 de diciembre); se comprenderá que no corresponde asumir en la acción de libertad, una causal de improcedencia prevista expresamente para la acción de amparo constitucional, más aún si no existe un marco normativo constitucional y legal que lo respalde; además que de la interpretación teleológica del art. 49.6 del CPCo, se entiende que la acción de libertad en modalidad innovativa, se encuentra expresamente reconocida y por ende proscrita la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal en la misma acción tutelar, por ser un instituto propio de la acción de amparo constitucional que no condice con la naturaleza jurídica de la primera; un entendimiento contrario implicaría desconocer un mandato legal y final previsto en la disposición indicada, además que significaría una regresión en la protección de derechos fundamentalísimos como la vida y la libertad en franca vulneración a lo dispuesto en los arts. 13.I y 22 de la CPE, al asumir un razonamiento restrictivo a través de la cual se permita a las personas demandadas subsanar las lesiones cometidas antes de la audiencia de garantías y por ende dejar sin tutela las vulneraciones cometidas antes de la misma, cuando lo que corresponde en todo caso es asumir una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad y no dejar en desamparo a los peticionantes de tutela.
En tal sentido, corresponde reconducir y reasumir el entendimiento desarrollado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, en el sentido que procederá la acción de libertad aún hayan cesado las causas que originaron la misma, como establece el art. 46.9 del CPCo y por ende superar el precedente desarrollado por la SCP 0744/2015 -S3 de 29 de junio, en torno a la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal, por no corresponder su aplicación en la acción de libertad”.
los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. Consecuentemente, la acción de libertad innovativa es el mecanismo idóneo que procede aun hubiere cesado el acto ilegal ante amenazas a los derechos a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida o, en su caso el indebido procesamiento; siendo su principal finalidad evitar que en el futuro se repitan actos que lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales; y, conforme establece el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el efecto de la concesión de tutela será la responsabilidad de los particulares o servidores públicos.
El accionante, alega la lesión de sus derechos a la salud y a la libertad; toda vez, que cumpliendo sentencia por la comisión del delito de violación de infante, niña niño o adolescente, el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, hizo conocer al ahora demandado su grave estado de salud solicitando aplique lo que en derecho corresponda “…es decir la detención domiciliaria” (sic); es así, que como respuesta se le indicó que “Se considerará en su oportunidad”. Entonces, durante las vacaciones judiciales, al momento de querer tramitar su detención domiciliaria, tal aspecto le fue imposible, esto en razón a que su expediente no fue remitido al Juez de Turno, generando mora procesal puesto que el plazo para resolver dicho incidente era de cinco días. De las conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que mediante informe de área médica de 13 de noviembre de 2020, se hizo conocer que el ahora impetrante de tutela padece de insuficiencia renal a descartar, diabetes mellitus tipo II crónica, hipertensión arterial sistémica y gastritis, sugiriendo su valoración por las especialidades de endocrinología y medicina interna para continuar con su tratamiento (Conclusión II.1). Ante tal informe, el Director del Centro Penitenciario San Pedro de la ciudad de La Paz, a través de Oficio Stria. Dir. 2805/2020 de 8 de diciembre y a solicitud del ahora peticionante de tutela puso a conocimiento del Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado- solicitando que en aplicación de los arts. 92 y 93 de la Ley 2298 se disponga lo que en ley y derecho corresponda (Conclusión II.2), en respuesta, el ahora demandado emitió Decreto de 14 de igual mes y año; por el que, determinó “Adjúntese a sus antecedentes, a considerarse en su oportunidad” (Conclusión II.3). Posteriormente una vez determinadas las vacaciones judiciales se emitió informe por la Auxiliar del Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, por el que hizo conocer que el ahora demandado, no remitió el expediente respecto al proceso del sentenciado y ahora accionante (Conclusión II.4). Ahora bien, bajo esos parámetros descritos, corresponde evidenciar si lo alegado por el impetrante de tutela es evidente a efectos de denegar o conceder la tutela solicitada. Es así, que en principio se observa que la aseveración realizada por el accionante en su memorial de acción de libertad indicando que el Director del Centro Penitenciario San Pedro de la ciudad de La Paz, habría solicitado su detención domiciliaria es falsa; toda vez que, el mismo a través de Oficio Stria. Div. 2805/2020 de 8 de diciembre (Conclusión II.2), únicamente hizo conocer la situación de salud del sentenciado y solicitó que el Juez disponga lo que en ley y derecho corresponda, citando para ello a los arts. 92 y 93 de la Ley 2298. Es decir, en ningún momento, tal oficio se puede considerar como una solicitud de aplicación de detención domiciliaria como inventa el ahora peticionante de tutela; por lo que, el trámite respecto al señalado incidente nunca dio inicio como para alegar una dilación en su tramitación. Sin embargo, existe un hecho que si es evidente y es que durante el transcurso de las vacaciones judiciales, el expediente del ahora accionante no fue remitido al Juzgado de Turno, aspecto que se corrobora con el informe emitido por la Auxiliar de ese Juzgado (Conclusión II.4). Entonces; tal aspecto, evidentemente impidió que el ahora accionante, pueda solicitar la aplicación de un incidente en ejecución de sentencia y que de forma pronta se considere su situación de libertad; por lo que, únicamente respecto a este punto, es cierto que la falta de remisión del cuaderno al Juzgado de Turno generó una dilación indebida, siendo pertinente la activación de esta vía conforme lo desarrollado por el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que refiere, la posibilidad de acceder a esta acción tutelar cuando se manifiesten actos que dilaten la consideración de la situación jurídica del solicitante y en el presente caso, el impetrante de tutela no pudo realizar siquiera una consulta o presentar algún memorial a causa de la falta de remisión de su cuaderno de control jurisdiccional. En consecuencia, al no haberse remitido el expediente al Juzgado de turno para que este asuma el respectivo control jurisdiccional de la causa y se pueda atender las solicitudes del ahora impetrante de tutela, que corresponde conceder la tutela respecto a todos los accionados, entendiendo que la responsabilidad de esta remisión se constituye en obligación del personal de apoyo jurisdiccional y que los mismos se encuentran bajo supervisión del Juez demandado. Sin embargo, se debe tener presente que al momento de emisión de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, las vacaciones judiciales dispuestas por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ya concluyeron; por lo que, no se puede disponer una remisión al Juzgado de Turno, correspondiendo otorgar la tutela en su modalidad innovativa que conforme lo desarrollado por el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, entendió que la misma es mecanismo procesal por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección, aunque la vulneración o restricción hubiere cesado o desaparecido; por ello, corresponde pronunciarse en el fondo de la problemática, tal como se efectúo en el presente caso para determinar la responsabilidad de los funcionarios que transgredieron los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional y evitar futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales; toda vez que, el fin que se busca es no dejar en la impunidad el actuar lesivo de quienes lesionaron el derecho a la libertad; en ese sentido, es imperante otorgar la tutela en favor del impetrante de tutela, ya que los ahora demandados lesionaron su derecho a la libertad con la dilación indebida referida; por tal motivo, los mismos deben tener claro que dicha conducta es contraria al orden constitucional y tienen la responsabilidad de evitar incurrir en una similar vulneración en contra de otros o el mismo ciudadano en similares circunstancias. Finalmente, respecto al petitorio del accionante a través del cual solicita “…se sirva admitir la presente acción de libertad y sirva disponer lo siguiente: 1.- Se disponga mi detención domiciliaria en el domicilio ubicado en la zona Pampahasi Central Calle 12 No 263 de la Ciudad de La Paz, sea previa verificación de su despacho, sea por el plazo de 3 años. 2.- se proceda a la verificación de dos garantes a efectos del cumplimiento de la detención domiciliaria. 3.- Se proceda al arraigo correspondiente” (sic). Se tiene que el incidente de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, tanto en su tramitación como resolución es de competencia exclusiva del Juez de Ejecución Penal y por ende, este Tribunal Constitucional Plurinacional, se ve impedido de conceder tal petitorio, declarando no ha lugar al mismo.
En revisión de la Resolución 12/2021 de 3 de enero, emitida por la Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, se establece que si bien la misma de forma adecuada define conceder la tutela, la parte dispositiva de su resolución sobrepasa las competencias propias de la jurisdicción constitucional; toda vez que, la misma definió otorgar la detención domiciliaria y tramitar por sí misma el señalado incidente, tergiversando incluso todo el procedimiento respecto a la detención domiciliaria; puesto que lo otorga, sin siquiera verificar con antelación el cumplimiento de los requisitos correspondientes, definiendo la libertad de una persona sentenciada por el delito de violación a infante, niña niño o adolescente de forma arbitraria e ilegal al exceder su competencia. Por lo que, en consecuencia corresponde llamar severamente la atención de la misma y remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder la tutela solicitada y disponer la detención domiciliaria del impetrante de tutela obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 12/2021 de 3 de enero cursante de fs. 16 a 17 vta., modificando únicamente su parte dispositiva y en consecuencia determina: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a su derecho a la libertad por la dilación en la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Juez de turno durante las vacaciones judiciales de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al petitorio del accionante, por el cual solicitó que esta instancia constitucional “…se sirva admitir la presente acción de libertad y sirva disponer lo siguiente: 1.- Se disponga mi detención domiciliaria en el domicilio ubicado en la zona Pampahasi Central Calle 12 No 263 de la Ciudad de La Paz, sea previa verificación de su despacho, sea por el plazo de 3 años. 2.- se proceda a la verificación de dos garantes a efectos del cumplimiento de la detención domiciliaria. 3.- Se proceda al arraigo correspondiente” (sic), sea de conformidad a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Llamar la atención de Rafael Alcón Aliaga, Juez, la Secretaria abogada y Auxiliar del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, respecto de los actos contrarios al orden constitucional advertidos en el presente caso, debiendo en lo venidero evitar incurrir en dilaciones en contra del mismo peticionante de tutela o en contra de otras personas en similares circunstancias, advirtiéndose que de reiterarse dichos actos y omisiones constatadas, se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura. 4° Llamar severamente la atención a Milenka Morayma Gutiérrez Antezana, Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, que constituida en Jueza de garantías, emitió la Resolución 12/2021 de 3 de enero, en cuya parte dispositiva de forma ilegal y arbitraria definió la aplicación de un incidente de detención domiciliaria, sin tener competencia para ello, debiendo remitirse antecedentes ante el Consejo de la Magistratura para su consideración y análisis, sea de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA
vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente- concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril).” “…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”
a) “En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser
3 En su Fundamento Jurídico III.1 señalo: “No obstante, dada la problemática planteada y la necesidad procesal de dar respuesta a la misma, cabe señalar que el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda.”
7 En el tercer Considerando se sostuvo: “…si bien el recurrente fue puesto en libertad después de veinticuatro horas, ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a la recurrida, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N 1836…”
8 En el Fundamento Jurídico III.2 se estableció que: “…el hecho de que el recurrente hubiese sido puesto a disposición del Fiscal dentro del plazo de las 8 horas previstas por el art. 227 CPP, no destruye la detención indebida denunciada, pues por prescripción del art. 91-VI de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), aún el acto de persecución o la detención ilegales hubiera cesado, de igual forma se debe realizar la audiencia del Recurso y para el caso de que los presupuestos del art. 18 y 89-I fuesen evidentes se deberá otorgar la protección”.
9 En el Fundamento Jurídico III.2 se señaló que: “…El hecho de que el recurrente, posteriormente hubiera sido puesto en libertad, no desvirtúa la ilegalidad del acto restrictivo de su libertad en que incurrió la autoridad demandada, por lo que no puede ser eximida de la responsabilidad emergente del mismo”.
10 En el Fundamento Jurídico III.2 se sostuvo que: “Es importante dejar establecido, que, si bien el Fiscal recurrido posteriormente dejó sin efecto los mandamientos de aprehensión, ello no hace desaparecer la ilegalidad de su acto, por lo que debe declararse procedente el hábeas corpus con el objeto de establecer la responsabilidad civil de la autoridad demandada.
17 El Código Procesal Constitucional establece: “Artículo 49.- (Normas especiales en el procedimiento) La Acción de Libertad se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…) 6. Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0240_2023-S1.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): 30ad81e1a2357563d6fd043fa22156b04fb9c60427d40c694632d0df8ab7cba6
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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