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SCP 0239/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 8 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
8 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
50984-2022-102-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes por su representada denuncian sus derechos a la libertad, debido proceso en su vertiente de falta de fundamentación, motivación, congruencia, y una justicia pronta y oportuna, porque Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a tiempo de cumplir con la determinación del Tribunal de garantías, emitió el Auto de Vista 587/2022 de 8 de agosto, estableciendo la continuidad de la detención preventiva Santos Rolando Colque Jiménez ante la subsistencia de riesgos procesales establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP de forma incongruente, infundada e inmotivada y respecto a Mónica Antonia Colque Jiménez, decidió que sea la autoridad inferior la que en derecho disponga considerando los razonamientos expresados en la Resolución Constitucional 12/2022 de 27 de julio, generando una división poco practica a efectos procesales; además, no haber realizado la revisión integral de los presupuestos exigidos en el art. 233.1 y 2 del CPP a la cual se encontraba constreñida, confundiendo criterios sobre la duración de la detención preventiva con el riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, generando una resolución carente de fundamentación, motivación y congruencia. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 356/2022 de 21 de agosto, cursante de fs. 58 a 60 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz; en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Imposibilidad de solicitar el cumplimiento de una acción tutelar a través de otra similar
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0239/2025-S4 Sucre, 8 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 50984-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 356/2022 de 21 de agosto, cursante de fs. 58 a 60 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz, Víctor Eddy Vargas Bravo y Pamela Rosse Mary Figueroa Selaez en representación sin mandato de Mónica Antonia Colque Jiménez y Santos Rolando Colque Jiménez contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de agosto de 2022, cursante de fs. 52 a 57 vta.; el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se dispuso su detención preventiva, misma que fue ratificada por el ad quem, mereciendo la interposición de una acción de libertad, producto de la misma se dejó sin efecto el Auto de Vista 398/2022 y dispuso que las autoridades demandadas dicten uno nuevo, en atención a esta determinación los Vocales demandados dictaron el Auto de Vista 587/2022 de 8 de agosto deponiendo dejar sin efecto en parte el Auto Interlocutorio 502/2022 de 23 de mayo, manteniendo subsistente y firme la detención preventiva de Santos Rolando Colque Jiménez, vulnerando su derecho a una justicia pronta y oportuna, porque en vez de ingresar a analizar el fondo de la apelación incidental dispusieron la remisión de antecedentes al inferior para su tratamiento, ratificando un razonamiento errado sobre dos situaciones jurídicas distintas una que puede ser apelada y la otra no, cerrándole las puertas al uso de cualquier recurso de impugnación generando una división impráctica al valor justicia, por otro lado la autoridad demandada al fundamentar sobre el prenombrado estableció la concurrencia del art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) vinculándolo con la realización de actos investigativos que deben circunscribirse estrictamente con el art. 233.3 del mismo cuerpo normativo, dejando de lado la revisión integral y el test de proporcionalidad al cual se encuentran obligados.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denuncian la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso en su vertiente de falta de fundamentación, motivación, congruencia, y una justicia pronta y oportuna; mencionando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 587/2022 de 8 de agosto; y, b) A la autoridad demandada dictar una nueva Resolución debiendo pronunciarse sobre la proporcionalidad de la medida cautelar como establece la “SCP 234/2019-S3” (sic), la utilidad de la medida cautelar, la falta de fundamentación por la oralidad, el control de convencionalidad y la doble protección de la mujer establecida en la Convención Belén Do Para.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 21 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 52 a 57 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, ratificó in extenso el contenido de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentó informe escrito de 21 de agosto de 2022, cursante a fs. 51 y vta., solicitando se deniegue la tutela señalando: 1) Dentro del proceso conoció en grado apelación la Resolución 502/2022 de 23 de mayo, emitida por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Tercero de la ciudad de El Alto, emitiéndose en primera instancia el Auto de Vista 398/2022, que fue objeto de una acción de libertad en la cual por Resolución Constitucional 12/2022 de 27 de julio, que concedió la tutela en parte, se emitió nuevo Auto de Vista 587/2022 de 8 de agosto, hoy accionado, dando cumplimiento a la Resolución 12/2022 de 27 de julio, en grado de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, no pudiendo existir dos resoluciones constitucionales que resuelva la misma pretensión; 2) La victima por memorial de 19 de agosto de igual año solicitó explicación, complementación y enmienda al amparo del art. 125 del CPP en contra de la Resolución 587/2022, mismo que está en trámite conforme a procedimiento, teniendo los accionantes la obligación de haber solicitado una explicación, complementación y enmienda al amparo del art. 125 del CPP, quedando esa instancia para poder entender la mencionada resolución lo contrario significa estar plenamente de acuerdo con el Auto de Vista Resolución No. 587/2022,que fue emitido de forma clara y coherente, debiendo agotar esta instancia en apego del principio de subsidiariedad; 3) Un tribunal de garantías no es otra instancia para revisar las decisiones de la justicia ordinaria; es decir, que la revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del derecho (interpretación de las normas), y para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por este Tribunal de Alzada en la resolución cuestionada, el accionante debió hacer una sucinta y precisa relación de la vinculación entre los derechos fundamentales invocados la actividad interpretativa - argumentativa, sin embargo dicho requisito está ausente en la presente acción de defensa; 4) El Auto de Vista 587/2022 se circunscribió a establecer los agravios expresados por la parte apelante, contrastando con la resolución del a quo, extremos que fueron considerados y plasmados en la mencionada Resolución; 5) Una de las características de la medida cautelar es la temporalidad y variabilidad de las medidas cautelares, de tal forma que las resoluciones dictadas tanto por el Juez a quo y los Tribunales de alzada, no causan estado pueden variar conforme varían las circunstancias; y, 6) De la lectura del memorial de acción de libertad, efectúa una relación escueta, sintetiza las actuaciones efectuadas en la audiencia de consideración de apelación a medida cautelar, no establece de manera cierta y concreta como se habría vulnerado sus derechos y garantías contando la Resolución pronunciada por la Sala Penal Segunda, tiene la debida fundamentación conforme al art. 124 del CPP, concordante con el art. 173 del mismo cuerpo legal.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 356/2022 de 21 de agosto, cursante de fs. 58 a 60 vta., concedió en parte la tutela solicitada por el accionante, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 587/2022 de 8 de agosto de 2022 y deberá emitir un nuevo Auto de Vista con los nuevos elementos formales observados dentro del presente pronunciamiento a ser promovidos dentro de 48 horas; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Se denuncia que el art. 234.4 del CPP sobre el elemento formal constitutivo por riesgos de fuga, no fue puesto en conocimiento de la parte imputada y no fueron ejecutados los mandamientos, sobre ese aspecto y la valoración de los antecedentes la autoridad ordinaria debe pronunciarse sea positiva o negativamente a objeto de que la parte que recurra en alzada tenga conocimiento de los aspectos en apego al principio del debido proceso y en seguridad jurídica como establece procedimiento, al respecto la “Sentencia Constitucional N° 205/2019” (sic) establece la valoración integral de los antecedentes, no puede existir una omisión o un razonamiento acordado por la presunción de que las partes conocen deben ser pronunciados por el principio de taxatividad al igual que el art. 235.2 del CPP que ha sido señalado como elemento formal, reclamado en la acción de libertad como atentatorio a los alcances del art. 24 del citado código, en razón a la necesidad que tiene las partes de conocer la resolución y la obligación de la autoridad accionada de fundamentar y motivar con razonabilidad lógica procesal respondiendo los elementos reclamados en alzada, debiendo ser puesto en conocimiento de los impetrantes; ii) La autoridad accionada a momento de emitir el Auto de Vista 587/2022 dispuso se mantenga la detención preventiva de Santos Rolando Colque Jiménez y con relación a la co imputada Antonia Colque Jiménez que el a quo se pronuncie conforme a lineamiento de la Sentencia Constitucional 12/2022; iii) La Salas Penales por su naturaleza jurídica se constituyen en juzgados por extensión para conocer las medidas cautelares, no se puede dejar en una zozobra procesal cuando pueden pronunciarse sobre lo apelado, máxime cuando la Resolución Constitucional precitada establece taxativamente que deberá pronunciarse con base en sus entendimientos, y no es permisible ni aceptable que la autoridad accionada haya señalado un numero de Sentencia Constitucional inexistente no pudiendo emitir ningún criterio toda vez que es un elemento distinto al que debe darse cumplimiento; iv) Se observa la inexistencia en el pronunciamiento conforme al art. 124 del CPP de la motivación, pronunciamiento y valoración correcta de los antecedentes que deben ser puestos en conocimientos de los sujetos procesales si bien la jurisdicción no puede ser ingresada a fondo es obligación de la jurisdicción ordinaria pronunciarse sobre todos los elementos que sean congruentes entre la parte resolutiva y la parte dispositiva esta incongruencia ingresa en una inobservancia procesal con la vulneración de garantías constitucionales, en ese orden se observa la falta de motivación, fundamentación y pronunciamiento bajo el principio de taxatividad en Auto de Vista; y, v) Los actos deben de ser puestos en conocimiento sin elemento contrario al mandato constitucional, deberán estar sometidos al cumplimiento del debido proceso como derecho y la publicidad en resguardo de la seguridad jurídica entre partes, debiendo pronunciarse correctamente sobre los riesgos de fuga y obstaculización y traducidos en un Auto de Vista determinar la situación jurídica de los sujetos procesales no pudiendo dejar dicha labor al juez inferior, deberá pronunciarse y determinar la situación jurídica de los ciudadanos en observación de los arts. 7, 221 y 222 del CPP, en ese entendido esta autoridad jurisdiccional sin ingresar en mayores consideraciones de orden formal y procesal en resguardo del art. 125 de CPE, los elementos formales del debido proceso en relación a la libertad de los imputados y habiéndose denunciando la grave deterioro de Salud de uno de los co imputados, debe tratar y analizar integralmente el proceso ya que la medida cautelar de carácter personal debe establecer la pertinencia, necesidad y la utilidad. En torno a la explicación complementación y enmienda, y la consulta si dispuso dejar sin efecto el Auto de Vista 587/2022 y la de reinstalar acto de apelación para la emisión del correspondiente nuevo Auto de Vista, el Juez de garantías estableció que fue claro en el elemento formal toda vez que existe el principio de oponibilidad y audiencias virtuales u orales en ese entendido ha sido claro esta autoridad y señaló en el plazo de 48 horas para que la autoridad accionada convoque a una audiencia para la consideración por ende no amerita ninguna complementación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa en el sistema de gestión procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional la SCP 0541/2024-S2 de 2 de septiembre, que concedió la tutela a los impetrantes de tutela disponiendo en sentido similar al Juez de garantías, señalando que la Vocal demandada notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, de manera inmediata proceda a dictar nuevo fallo, sea conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. II.2. Cursa Auto de Vista 587/2022 de 8 de agosto, que declaró procedente en parte las cuestiones planteadas dejando sin efecto la Resolución 502/2022 de 23 de mayo; sin embargo tomado en cuenta que aún persistían los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.4,7 y 234.2 del CPP, mantuvo la detención preventiva de Santos Rolando Colque Jiménez y con relación a la co imputada Mónica Antonia Colque Jiménez, dispuso que el Juez a quo se pronuncie conforme a los lineamientos de la Resolución Constitucional 12/2022 de 27 de julio en el plazo de 24 horas (fs. 2 y 3 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes por su representada denuncian sus derechos a la libertad, debido proceso en su vertiente de falta de fundamentación, motivación, congruencia, y una justicia pronta y oportuna, porque Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a tiempo de cumplir con la determinación del Tribunal de garantías, emitió el Auto de Vista 587/2022 de 8 de agosto, estableciendo la continuidad de la detención preventiva Santos Rolando Colque Jiménez ante la subsistencia de riesgos procesales establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP de forma incongruente, infundada e inmotivada y respecto a Mónica Antonia Colque Jiménez, decidió que sea la autoridad inferior la que en derecho disponga considerando los razonamientos expresados en la Resolución Constitucional 12/2022 de 27 de julio, generando una división poco practica a efectos procesales; además, no haber realizado la revisión integral de los presupuestos exigidos en el art. 233.1 y 2 del CPP a la cual se encontraba constreñida, confundiendo criterios sobre la duración de la detención preventiva con el riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, generando una resolución carente de fundamentación, motivación y congruencia. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Imposibilidad de solicitar el cumplimiento de una acción tutelar a través de otra similar

La SCP 1049/2015-S2 de 20 de octubre, ha señalado con relación a la imposibilidad de pedir el cumplimiento de una acción libertad por medio de otra acción similar cuando señala lo siguiente: “…la SCP 0658/2015-S3 de 15 de junio, recogiendo el entendimiento asumido en la SC 0526/2007-R de 28 de junio, señaló que: ‘…la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de manera reiterada ha dejado establecido que los recursos constitucionales no son la vía o mecanismo idóneo para pedir el cumplimiento de las resoluciones dictadas dentro de las acciones tutelares de habeas corpus y amparo constitucionales; así en las SSCC 1326/2003-R, 1526/2002-R, 1016/2002-R, 1198/2003-R, 0026/2004-R,-entre otras-, ha señalado que: [(…) un eventual incumplimiento de una Sentencia Constitucional emitida dentro de una acción tutelar (de amparo o habeas corpus), no puede resolverse a través de la interposición de otro recurso constitucional]. En efecto, al conocer y resolver casos análogos este Tribunal ha sostenido que [en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de habeas corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso extraordinario, sino, que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, que será ante el cual se solicitara se haga cumplir el fallo constitucional y para el caso de resistencia o incumplimiento, pedir la remisión de antecedentes al Ministerio Publico para el procesamiento penal de los demandados por la comisión del delito previsto en el art. 179 BIS del Código Penal (CP)], independientemente de las medidas que debe adoptar el tribunal que conoció el recurso para asegurar el cumplimiento de su sentencia…’.

En coherencia con ese entendimiento, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0243/2012 de 29 de mayo, refirió que: `…en los casos de desobediencia, resistencia o incumplimiento a las resoluciones dictadas en las diferentes acciones constitucionales, no corresponde la deducción de otra acción tutelar, pues ella debe ser solicitada al mismo juez o tribunal que conoció de la acción, por ser la autoridad llamada a hacer cumplir el fallo constitucional, y en su defecto, pedir la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el procesamiento penal del o los demandados por la comisión del delito previsto en el art. 179 BIS del Código Penal (CP), que sanciona con dos a seis años de reclusión y multa de cien a trescientos días al [funcionario o particular que no diere cumplimiento exacto a dichas resoluciones...]; lo contrario, implicaría desconocer su eficacia jurídica y generar un círculo vicioso que podría colapsar el sistema (SC 0529/2011-R de 25de abril)´ (las negrillas son nuestras). Por su parte el ACP 009/2017-O de 24 de octubre establece que: “El procedimiento establecido supra, no es aplicable a la ejecución de fallos pronunciados en primera instancia; es decir, por expresa determinación del art. 129.V de la Constitución Política del Estado (CPE), los fallos pronunciados por los jueces y tribunales de garantías, en el conocimiento de casos específicos, son de cumplimiento y ejecución inmediata; en consecuencia, el incumplimiento o la demora en la ejecución de fallos de primera instancia, conlleva a la adopción de mecanismos previstos por el art. 17 del CPCo, en cuyo mérito el juez o tribunal de garantías, tiene las facultades para adoptar todas las medidas necesarias a fin de hacer cumplir sus determinaciones; por lo que, el procedimiento establecido en el AC 0006/2012-O de 5 de noviembre, y complementado en el presente Auto Constitucional, es únicamente aplicable a incidentes suscitados en ejecución de sentencia y sobre sentencias con calidad de cosa juzgada constitucional, conforme determina el art. 16.I del CPCo”.

III.2. Análisis del caso concreto

Los accionantes por su representada denuncian como vulnerados sus derechos a la libertad, debido proceso en su vertiente de falta de fundamentación, motivación, congruencia, y una justicia pronta y oportuna, porque Rosmery Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a tiempo de cumplir con la determinación del Tribunal de garantías, emitió el Auto de Vista 587/2022 de 8 de agosto, estableciendo la continuidad de la detención preventiva Santos Rolando Colque Jiménez ante la subsistencia de riesgos procesales y respecto a Mónica Antonia Colque Jiménez, decidió que sea la autoridad inferior la que en derecho disponga sobre su situación juridica considerando los razonamientos expresados en la Resolución Constitucional 12/2022 de 27 de julio, generando una división poco practica a efectos procesales; además, no haber realizado la revisión integral a la cual se encontraba constreñida, confundiendo criterios sobre la duración de la detención preventiva con el riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, generando una resolución carente de fundamentación, motivación y congruencia.

De los antecedentes, como efecto de una Resolución Constitucional las autoridad demandada emitió el Auto de Vista 587/2022 de 8 de agosto, que declaró procedente en parte las cuestiones planteadas dejando sin efecto la Resolución 502/2022 de 23 de mayo (Conclusión II.1), la autoridad demandada emitió un nuevo Auto de Vista signado como 587/2022 de 8 de agosto; empero, tomado en cuenta que aún persistían los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.4,7 y 234.2 del CPP, mantuvo la detención preventiva de Santos Rolando Colque Jiménez y con relación a la co imputada Mónica Antonia Colque Jiménez, determinó que el Juez a quo debía pronunciarse conforme a los lineamientos de la Resolución Constitucional 12/2022 en el plazo de 24 horas (Conclusión II.2). De la revisión del sistema de gestión se tiene la SCP 0541/2024-S2 de 2 de septiembre que revisa la Resolución Constitucional 12/2022 emitida por el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, se evidencia que los impetrantes de tutela con anterioridad interpusieron una acción de libertad contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, otro argumentando que la Vocal demandada por Auto de Vista 398/2022 de 3 de junio, reconoció que el Juez de la causa se basó en los mandamientos de aprehensión -de los cuales se desconoce su fecha- para mantener vigente el riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del indicado código; no obstante, que no fueron de su conocimiento y tampoco se ejecutaron porque asistieron de manera voluntaria a la audiencia cautelar; en cuanto al riesgo procesal contenido en el art. 234.7 de dicho Código, no se pronunció en apego a la SCP “04/2022-S1”, así también, omitió acreditar con pruebas el señalado peligro y olvidó efectuar el test de razonabilidad y proporcionalidad; en cuanto al art. 235.2 del citado Código, determinó que se podía influir sobre las víctimas sin sustento alguno; finalmente, consideró necesaria la acreditación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) respecto del informe médico de Mónica Antonia Colque Jiménez que establecía su delicado estado de salud. Ante esta problemática el Juez de garantías constitucionales concedió en parte la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 398/2022 disponiendo que “en el día” se emita uno nuevo, valorando correctamente los alcances del art. 235.2 del CPP, y la jurisprudencia analizada, efectuando el correspondiente test de razonabilidad y proporcionalidad, aspecto confirmado en parte por este Tribunal Constitucional Plurinacional por la SCP 0541/2024-S2 de 2 de septiembre, disponiendo que la Vocal demandada, de manera inmediata proceda a dictar nuevo fallo, sea conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En el caso de estudio, los ahora impetrantes de tutela alegan que por disposición de la Resolución Constitucional 12/2022, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a tiempo de cumplir con la determinación del tribunal de garantías, emitió el nuevo Auto de Vista 587/2022 de 8 de agosto, estableciendo la continuidad de la detención preventiva de Santos Rolando Colque Jiménez ante la subsistencia de riesgos procesales establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP de forma incongruente, infundada e inmotivada y respecto a Mónica Antonia Colque Jiménez, decidió que sea la autoridad inferior la que en derecho disponga considerando los razonamientos expresados en la Resolución Constitucional 12/2022 de 27 de julio, generando una división poco practica a efectos procesales; además, de no haber realizado la revisión integral de los presupuestos exigidos en el art. 233.1 y 2 del CPP a la cual se encontraba constreñida, confundiendo criterios sobre la duración de la detención preventiva con el riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, generando una resolución carente de fundamentación, motivación y congruencia. En atención a lo desarrollado y la lectura integra de la SCP 0541/2024 -S2 de 2 de septiembre, contrastada con el memorial de interposición de la presente acción tutelar; si bien, los impetrantes de tutela no expresaron en ningún momento que se incumplió la determinación dispuesta por el Tribunal de garantías, no es menos cierto que consideran que la autoridad demandada emitió un nuevo Auto de Vista carente de una adecuada fundamentación, motivación, congruencia y falta de valoración de la prueba, sobre los riesgos procesales descritos en los art. 234.7 y 235.2 del CPP y la valoración integral en torno al art. 233.1 y 2 del citado código; es decir, que replican la solicitud de un anterior recurso constitucional bajo los mismos argumentos ante la subsistencia de las lesiones demandadas el 26 de julio de 2022; el nuevo Auto de Vista, de acuerdo a lo manifestado por los accionantes carecería de una adecuada fundamentación, motivación y congruencia al igual que el anterior que expone la misma problemática traída ahora en revisión, de donde se puede inferir que la Vocal demandada incumplió con lo dispuesto por el Juez de garantías es decir no llevó adelante el análisis que sustanció la acción de defensa, la cual culminó con la SCP 0541/2024-S2 de 2 de septiembre; por consiguiente, los reclamos del caso en exégesis deben ser expuestos ante la autoridad judicial que resolvió la acción de libertad interpuesta el 26 de julio de 2022 y resuelta mediante Resolución Constitucional 12/2022 de 27 de julio, denunciando su inobservancia e incumplimiento, y no así mediante una nueva acción tutelar bajo el mismo tenor; en ese sentido, es necesario señalar que la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señala que no es posible interponer una acción de libertad para pedir el cumplimiento de otra similar anteriormente planteada o la demora de los actos como efecto de aquella. Consecuentemente, no es posible reclamar mediante otra acción de libertad los agravios no subsanados a momento de cumplir con una determinación constitucional anterior porque este accionar se considera un incumplimiento a las resoluciones emitidas por los Jueces o Tribunales de garantías y Salas Constitucionales, correspondiendo a la autoridad de garantías hacer cumplir la tutela correspondiente, situación que también impide a este Tribunal ingresar al análisis del fondo de la problemática planteada, corresponde denegar la tutela solicitada.

En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 356/2022 de 21 de agosto, cursante de fs. 58 a 60 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz; en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0239_2025-S4.pdf · páginas 1 a 11.

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