B.IA.LEGAL

SCP 0239/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
51116-2022-103-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de valoración razonable de la prueba, señalando que dentro del proceso de divorcio, su exesposa presentó planilla de liquidación de asistencia familiar; por lo cual, observó los siguientes puntos que no fueron atendidos por la Jueza demandada: a) No se le notificó en su domicilio real con la planilla de liquidación de la asistencia familiar por el monto de Bs444 500.-; b) No se consideró que sus hijos son mayores de edad y por lo tanto, son ellos quienes deberían haber solicitado la liquidación de asistencia familiar; c) No se consideró los pagos que realizó a la cuenta bancaria de su excónyuge; y, d) A pesar de todas sus intervenciones se emitió la orden para que se libre el mandamiento de apremio en su contra. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 330/2022 de 11 de octubre, cursante de fs. 123 a 132, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio
  2. III.2. El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0239/2025-S3 Sucre, 10 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 51116-2022-103-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 330/2022 de 11 de octubre, cursante de fs. 123 a 132, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pedro Terán Villanueva contra Elsa Sangüeza Cossio, Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de octubre de 2022, cursante de fs. 1 a 3, el accionante señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el fenecido proceso de divorcio incoado por Emilia Teresa Yrigoyen Morales en su contra, se fijó asistencia familiar en favor de sus tres hijos, ese proceso por el pasar del tiempo fue archivado. El 7 de julio de 2021, la prenombrada desarchivó el proceso, notificándole con ese actuado en su verdadero domicilio ubicado en la calle 21 de Calacoto, edificio Murano, piso 4, departamento 4 de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz. Posteriormente, se enteró que su exesposa solicitó la liquidación de asistencia familiar devengada, con una suma de Bs444 500.- (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos bolivianos), monto de dinero que representa la totalidad de la asistencia familiar desde el primer día en que fue constituida y que no responde a la realidad porque cumplió con la obligación. Otro aspecto que llama la atención es que, con esta planilla de liquidación, le notificaron mediante cedulón en la Av. 20 de octubre entre Juan José Pérez y Landaeta, Edificio Terranova, piso 3, departamento C, de la precitada Ciudad, aún sabiendo que no era su domicilio, acto procesal reclamado mediante un incidente que no fue considerado por la autoridad ahora demandada, convalidando esa inconsistencia. Las irregularidades, no concluyeron ahí, pues presentó otro incidente indicando que sus hijos ya serian mayores de edad, y conforme al parágrafo I del art. 415 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), es la parte beneficiaria la que tiene que presentar la liquidación de pago, y en cuya consecuencia Emilia Teresa Yrigoyen Morales no tendría legitimación para presentar ninguna liquidación, menos aún pedir su arraigo o el apremio, aspecto que si bien fue cuestionado ante la autoridad jurisdiccional; empero, tampoco fue observado por la Jueza demandada quien además hizo caso omiso de sus obligaciones de imparcialidad sometimiento a los principios de orden público, de las normas del proceso familiar y principios procesales constitucionales como la verdad material, el no formalismo, buena fe y lealtad procesal prescritos en el art. 220 del CFPF. El 2 de diciembre del “2021”, presentó memorial acreditando documentalmente el pago puntual y oportuno de la totalidad de la asistencia familiar, mediante certificados de depósitos bancarios en los Bancos Nacional de Bolivia (BNB) Sociedad Anónima (S.A.) y Bisa S.A., cuentas pertenecientes a Emilia Teresa Yrigoyen Morales, efectivizadas desde el 2 de diciembre de 2010, y que sumados excederían a la suma de la liquidación presentada; sin embargo, ese mismo día la Jueza demandada expidió mandamiento de arraigo en su contra, por lo que, volvió a reiterar su solicitud el 22 de septiembre de 2022, sin pronunciarse sobre los pagos realizados hasta la formulación de esta acción tutelar. Continuó realizando las peticiones para que la Jueza demandada levante el arraigo, fundamentando su solicitud en que no se habría acreditado la existencia de incumplimiento del pago de asistencia familiar, tras haber presentado pagos documentados y que Emilia Teresa Yrigoyen Morales no tiene legitimación para solicitar la cancelación de la asistencia familiar por cuenta de sus hijos, siendo que todos ya eran mayores de edad, ni otorgar poder a una abogada para que gestione dicho pago; más aún, cuando su hijo Pedro Enrique Terán Yrigoyen mediante memorial de 12 de octubre de 2021 manifestó que desde el mes de diciembre del 2017, de manera voluntaria habría renunció a la asistencia familiar; dado que, ya se habría graduado como oficial del ejército, percibiendo un salario fijo, añadiendo que no era cierto que su padre adeudaba la suma exigida; asimismo, su hija mayor presentó memorial dando a conocer la revocatoria de poder a su madre, señalando además que su progenitor había pagado todas las pensiones de asistencia familiar y que no tenía ningún reclamo pendiente sobre este asunto. Sin embargo, pese a todos esos acontecimientos la Jueza demandada, a través de Auto Interlocutorio de 16 de septiembre de 2022, ordenó que se libre mandamiento de apremio, notificado el 7 de octubre del citado año.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante alega la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente valoración razonable de la prueba, citando al efecto los arts. 115; y, 117.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita que se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se ordene dejar sin efecto el mandamiento de apremio dispuesto en su contra por la Jueza demandada; b) Se establezca las responsabilidades legales que correspondan; y, c) Se cumplan con las formalidades de ley.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 11 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 118 a 122 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola manifestó que el abogado recién estaba tomando conocimiento del proceso, así que no tenía claro sobre los recursos de apelación que se formuló en el proceso familiar.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamental de La Paz, mediante informe presentado, el 10 de octubre de 2022, cursante de fs. 45 a 51, refirió que: 1) El proceso de divorcio ya cuenta con Sentencia ejecutoriada, de hecho se encontraba archivado; empero, por solicitud de Emilia Teresa Yrigoyen Morales, fue desarchivado, actuado con el cual se notificó al ahora accionante de manera personal; 2) Puesto a la vista el proceso, la demandante -dentro del proceso de divorcio- mediante su apoderada legal, solicitó liquidación de asistencia familiar, en la suma de Bs444 500.-, planilla con la cual se corrió en traslado al accionante; 3) Notificado el prenombrado con la liquidación no observó la planilla en el plazo de tres días, más al contrario presentó incidente de nulidad de obrados, el mismo que fue resuelto por Auto Interlocutorio 588/2021 de 9 de noviembre, sin que haya formulado recurso alguno en su contra; 4) Posteriormente, el peticionante de tutela, nuevamente presentó incidente de nulidad de obrados; alegando que, sus hijos ya son mayores de edad, el cual, después de haberse corrido en traslado fue resuelto mediante Auto Interlocutorio 047/2022 de 17 de febrero. Notificadas las partes, el accionante interpuso recurso de apelación, mismo que fue concedido por Auto de 12 de julio de 2022, y remitido al Tribunal de alzada el 28 del citado mes y año, sin que hasta el momento de formular esta acción de libertad sea resuelta, encontrándose aun en la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; 5) Si bien es cierto que el accionante presentó en calidad de prueba recibos bancarios, pidiendo que los montos sean descontados de la liquidación; sin embargo, éstos deberían ser presentados una vez notificado con la liquidación de asistencia familiar, suscitando incidente de observación de liquidación tal como establece el art. 415.I del CFPF, pero no actuó de esa forma y al no haber sido observada la liquidación la misma fue aprobada, mediante Auto de 26 de agosto de “2021” con la cual fue notificado el accionante en su domicilio procesal sin que hubiese interpuesto recurso alguno; 6) El aludido refiere que la demandante carecía de legitimación para presentar liquidaciones de asistencia familiar; toda vez que, los beneficiarios alcanzaron la mayoría de edad; sin embargo, él podía haber observado esa situación justamente mediante incidente de observación de liquidación tal como establece la normativa; 7) En ningún momento se hostigó al accionante, quien solo se limitó a observar el procedimiento establecido en la materia conforme a los datos del proceso; 8) El impetrante de tutela, por desconocimiento de su abogado patrocinante no suscitó el incidente de observación de liquidación en el plazo previsto por el art. 415.I del CFPF para hacer valer sus derechos y que se reconozcan los pagos que hubiese efectuado siendo que la ley le faculta oponer excepción de pago documentado cosa que tampoco se dio en el caso de autos; y, 9) No se expidió mandamiento de apremio en contra del accionante, tan solo se ordenó se libre el mismo, teniendo todavía el accionante a su alcance los medios de impugnación en contra de la referida orden; dado que, el plazo fenecía el 12 de octubre de 2022, y podría presentar el recurso de apelación. En audiencia reitero lo señalado en su informe, y además indico que las partes del proceso de divorcio la estarían hostigando, por una parte Emilia Teresa Yrigoyen Morales -demandante en el proceso familiar- realizó denuncias en su contra ante el Tribunal Disciplinario y ahora el demandado formuló esta acción de libertad.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 330/2022 de 11 de octubre, cursante de fs. 123 a 132, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Cuando se suscita este tipo de eventos la parte demandante tiene medios de defensa como es el incidente de cesación de la asistencia familiar tal como señaló la Jueza demandada; empero, hasta la presentación del último memorial de 22 de septiembre de 2022, no existe ninguna solicitud, por lo cual, se advierte que no ha agotó todas las vías de impugnación, operando la subsidiariedad referentes a los medios de defensa que tiene a su cargo; ii) Con relación a la denuncia referida a que la autoridad demandada no resolvió su incidente de pagos bancarios, debe considerarse que esa solicitud se encuentra en el memorial de 22 de septiembre de 2022, misma que fue notificada a Emilia Teresa Yrigoyen Morales el 7 de octubre de igual año y que al momento de celebrarse la audiencia tutelar no fue resuelto por la autoridad judicial demandada, estando pendiente incluso de pronunciamiento; por lo cual, tampoco se agotó la subsidiariedad excepcional con relación a ese punto; iii) Se identificó un rol pasivo en el accionante al no haber activado los medios y recursos que tenía a su alcance cuando fue notificado con la liquidación de asistencia familiar, tampoco existe ningún reclamo o medio de impugnación contra el Auto que aprobó la planilla de asistencia familiar, no existe ningún recurso ordinario en contra de la Resolución que resolvió el incidente de nulidad presentado contra la diligencia de notificación de la liquidación que se le habría practicado; iv) Se advierte que existe un incidente resuelto por la autoridad judicial y que el mismo estaría pendiente de apelación, siendo que no puede activarse simultáneamente dos jurisdicciones, considerando que en este caso se encuentra pendiente una apelación; v) Se puede advertir que el hoy accionante tiene la posibilidad de hacer uso de los medios de defensa en contra de la orden de apremio que emitió la autoridad demandada haciendo uso de los medios de defensa intraprocesales de reposición o apelación si lo ve conveniente en contra de esa determinación por consiguiente no se agotó el principio de subsidiariedad; y, vi) También, se advierte que el accionante tiene mecanismos para presentar la solicitud de cesación de asistencia familiar acorde a que los beneficiarios serían mayores de edad y que uno de ellos renunció a ese beneficio; por consiguiente, tiene que acudir a esos mecanismos procesales internos para hacer prosperar sus derechos y garantías.

II. CONCLUSIONES

II.1. Cursa Sentencia 497/2012 de 7 de noviembre, por la cual se declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a los esposos Pedro Terán Villanueva y Emilia Teresa Yrigoyen Morales, y se homologa el acuerdo transaccional aprobado mediante Resolución de Medidas Provisionales 140/12 de 24 de febrero de 2012 (fs. 58 y 59 vta.). II.2. Mediante memorial de 13 de julio de 2021, presentado por la representante de Emilia Teresa Yrigoyen Morales, adjuntó liquidación de asistencia familiar en la suma de Bs444 500.- (fs. 62 y vta.), en respuesta se dispuso se corra traslado mediante providencia de 19 de igual mes y año (fs. 63), actuado con el que se notificó al ahora accionante el 5 de agosto de ese año en su domicilio procesal ubicado en la Av. 20 de octubre entre Juan José Pérez y Landaeta, Edificio Terranova, piso 3, departamento C, de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz (fs. 64). II.3. El 11 de agosto de 2021, Emilia Teresa Yrigoyen Morales a través de su representante solicitó la aprobación de liquidación, petición que fue atendida mediante providencia de 26 del citado mes y año, ordenando al obligado Pedro Terán Villanueva, cancelar la suma de Bs444 500.-dentro del tercer día de su legal notificación (fs. 65 y vta.), lo cual aconteció el 9 de septiembre de ese año, en su domicilio procesal ubicado en la Av. 20 de octubre entre Juan José Pérez y Landaeta, Edificio Terranova, piso 3, Oficina 3C (fs. 67). II.4. Por memorial de 10 de septiembre de 2021, el abogado Juan Lixmar Zoto Alvarado devolvió el cedulón indebidamente dejado en su domicilio, aclarando que ese no era el domicilio de Pedro Terán Villanueva (fs. 72). II.5. El 17 de septiembre de 2021, Pedro Terán Villanueva, acusó falsedad de citación y pidió que se anulen obrados hasta el estado en que se practican las citaciones en el domicilio legal que corresponda, de acuerdo a las certificaciones que se acompañan (fs. 73 a 74). II.6. Por memorial presentado el 22 de octubre de 2021, Pedro Terán Villanueva, interpuso incidente de falsedad de citación y pidió la nulidad de actuados, que fue corrido en traslado a la otra parte (fs. 77 a 78 vta.), respondido mediante memorial de 3 de noviembre de igual año (fs. 80 y 81 vta.); finalmente cursa Auto Interlocutorio 588/2021 de 9 de noviembre, por el cual, la Jueza demandada declaró improcedente el incidente de falsedad de citación (fs. 83 a 85). II.7. A través de memorial presentado el 19 de noviembre de 2021, Emilia Teresa Yrigoyen Morales, solicitó se expida mandamiento de apremio y se disponga el arraigo del ahora accionante; respondido por Auto de 23 de igual mes y año, que dispuso el arraigo del ahora peticionante de tutela (fs. 86 y vta.). II.8. Mediante memorial presentado el 2 de diciembre de 2021, el accionante interpuso incidente de nulidad, alegando que Emilia Teresa Yrigoyen Morales, no tendría legitimación para realizar el cobro de asistencia familiar ya que todos sus hijos eran mayores de edad (fs. 88 a 89). II.9 Cursa memorial presentado el 2 de diciembre de 2021, por el cual el ahora accionante, acreditó documentalmente el pago puntual y oportuno de la totalidad de asistencia familiar mediante certificados de depósitos bancarios, que se corrió en traslado a la otra parte mediante decreto de 6 de igual mes y año (fs. 90 a 92). II.10. Cursa Auto Interlocutorio 047/2022 de 17 de febrero, mediante la cual la Jueza demandada rechazó el incidente de nulidad (fs. 93 a 97 vta.). Por memorial presentado el 8 de abril de 2022, el ahora accionante formuló recurso de apelación, que fue trasladado a la otra parte por providencia de 11 del citado mes y año, notificado el 26 del indicado mes y año (fs. 99 a 101), recurso que mediante nota Cite Of.

352/2022 de 27 de julio, fue remitido a la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 108). II.11. Consta memorial presentado el 25 de abril de 2022, por el cual Pedro Terán Villanueva, solicitó dejar sin efecto el arraigo ilegal dispuesto en su contra (fs. 102 y vta.), respondido por Auto de 27 de abril de ese mes y año, por el cual la Jueza demandada señaló que la asistencia familiar en favor de los beneficiarios quedó cancelada y considerando que estos son mayores de edad, ellos pueden decidir sobre el caso de autos, y, en consecuencia, se dejó sin efecto la orden de arraigo dispuesta (fs. 103); esa Resolución fue objeto de recurso de reposición por parte de Emilia Teresa Yrigoyen Morales el 7 de junio de 2022 (fs. 104 a 106). II.12. Por memorial presentado el 14 de septiembre de 2022, Emilia Teresa Yrigoyen Morales solicitó a la Jueza demandada expida mandamiento de apremio (fs. 110 y 111); que fue respondido por Auto de 16 de septiembre de 2022, ordenándose que se expida mandamiento de apremio contra Pedro Terán Villanueva, hasta que cancele la suma de Bs444 500.- (fs. 110 vta.) notificado a las partes procesales el 7 de octubre de 2022 (fs. 117). II.13. Por memorial presentado el 22 de septiembre de 2022, el ahora accionante solicitó a la Jueza demandada se pronuncie sobre su memorial de pago de asistencia familiar según liquidación en base a depósitos bancarios adjuntos realizados al BNB S.A. y BISA S.A. a la cuenta de su exesposa, debiendo declararse extinguida esta obligación pagada en demasía. Providenciado el 26 del mismo mes y año, indicando que se pase a conocimiento de la otra parte, notificado a las partes procesales el 7 de octubre de 2022 (fs. 115 a 117).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de valoración razonable de la prueba, señalando que dentro del proceso de divorcio, su exesposa presentó planilla de liquidación de asistencia familiar; por lo cual, observó los siguientes puntos que no fueron atendidos por la Jueza demandada: a) No se le notificó en su domicilio real con la planilla de liquidación de la asistencia familiar por el monto de Bs444 500.-; b) No se consideró que sus hijos son mayores de edad y por lo tanto, son ellos quienes deberían haber solicitado la liquidación de asistencia familiar; c) No se consideró los pagos que realizó a la cuenta bancaria de su excónyuge; y, d) A pesar de todas sus intervenciones se emitió la orden para que se libre el mandamiento de apremio en su contra. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio

Al respecto, la SCP 0097/2021-S1 de 27 de mayo, reiterando el entendimiento asumido en anteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales, señaló que: “El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) refiere respecto al planteamiento de la acción de libertad y señala que: Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Por su parte el Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: ‘Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos’. Asimismo, esta misma Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta: I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, este entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional” (las negrillas son añadidas).

III.2. El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: “La doctrina define al incidente como una cuestión que difiere de la causa principal de un proceso judicial, los cuales sin embargo se encuentran relacionados; es decir que, se trata de un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez de la causa debe resolverlo a través de un auto debidamente fundamentado. El art. 255 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), señala referente a la procedencia de un incidente: ‘Todo incidente deberá formularse de manera fundamentada’; seguidamente los artículos del mismo Código hacen referencia a la tramitación de los incidentes planteados, señalando: Artículo 256. (TRAMITACIÓN). La tramitación de los incidentes deberá observar las siguientes disposiciones: a) Los incidentes serán resueltos en audiencia. b) Si el incidente se planteare fuera de audiencia, éste deberá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la notificación. c) El incidente planteado en el curso de una audiencia será fundado y formulado verbalmente; oída la parte contraria si corresponde, se resolverá de inmediato.

d) Si el incidente es notoriamente improcedente o se funda en hechos alegados anteriormente, la autoridad judicial lo rechazará sin más trámite. Además, si la resolución que resuelve el incidente planteado no fuere positiva para el incidentista, tiene la posibilidad de activar los medios de impugnación que el referido Código establece en los arts. 364.I ‘Las resoluciones judiciales son impugnables de acuerdo a las disposiciones previstas en el presente Código’; art.366 del mismo cuerpo legal indica: ‘Las resoluciones judiciales podrán impugnarse mediante los recursos de: a) Reposición. b) Apelación. c) Casación. d) Compulsa’; y, art. 368 del Código referido menciona: ‘…procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios’. En conclusión, el incidente es una figura jurídica que se aplica en el ámbito de la jurisdicción ordinaria en materia familiar, medio procesal al que debe acudir la parte que se creyere afectada por defectos en el proceso, como ser falta de notificación o diligencia defectuosa entre otros, previo a acudir a la vía constitucional; y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de valoración razonable de la prueba, señalando que dentro del proceso de divorcio, su exesposa presentó planilla de liquidación de asistencia familiar; por lo cual, observó los siguientes puntos que no fueron atendidos por la Jueza demandada: 1) No se le notificó en su domicilio real con la planilla de liquidación de la asistencia familiar por el monto de Bs444 500.-; 2) No se consideró que sus hijos son mayores de edad y por lo tanto, son ellos quienes deberían haber solicitado la liquidación de asistencia familiar; 3) No se consideró los pagos que realizó a la cuenta bancaria de su ex esposa; y, 4) A pesar de todas sus intervenciones se emitió la orden para que se libre el mandamiento de apremio en su contra. Identificado los actos lesivos corresponde revisar los antecedentes del caso, donde se tiene que por Sentencia 497/2012 de 7 de noviembre, se aprobó el acuerdo transaccional suscrito entre Emilia Teresa Yrigoyen Morales y el accionante sobre la asistencia familiar a pagar por parte del progenitor (Conclusión II.1); proceso que después fue archivado. Posteriormente, Emilia Teresa Yrigoyen Morales, a través de su representante, presentó planilla de liquidación de asistencia familiar, notificada al accionante, quien no lo observó; por lo cual, posteriormente la indicada demandante, solicitó aprobación de liquidación, misma que también fue notificada al impetrante de tutela el 9 de septiembre de 2021 (Conclusiones II.2 y II.3). El 22 de octubre de 2022, el peticionante de tutela, interpuso incidente de falsedad de citación y pidió la nulidad de actuados, hasta el estado en que se practicaron las citaciones en el domicilio legal que corresponda, incidente que resuelto fue declarado improcedente por Auto Interlocutorio 588/2021 de 9 de noviembre (Conclusión II.6). Más tarde el accionante, presentó un incidente indicando que la accionante ya no tenía legitimación para solicitar la liquidación de asistencia familiar ya que sus hijos eran mayores de edad, este incidente fue denegado, ante lo cual el prenombrado formuló recurso de apelación (Conclusión II.8), que después de haberse corrido en traslado fue remitido a la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante nota Cite Of. 352/2022 de 27 de julio. Por memorial de 2 de diciembre de 2021, el impetrante de tutela pidió que se consideren los pagos realizados a la cuenta de María Teresa Yrigoyen Morales, en el Banco BISA S.A. y en el BNB S.A., estos depósitos demostrarían que él ya había cancelado la suma adeudada en la planilla de liquidación de asistencia familiar, petición reiterada nuevamente el 22 de septiembre de 2022 (Conclusiones II.9), memoriales de los cuales la Jueza de la causa ordenó que pase a conocimiento de la otra parte, notificándose el 7 de octubre de 2022 (Conclusión II.13). Por memorial de 14 de septiembre de 2022, Emilia Teresa Yrigoyen Morales, solicitó a la Jueza demandada expida mandamiento de apremio, empero, la autoridad jurisdiccional emitió Auto de 16 del citado mes y año, ordenando que se libre el mandamiento de apremio contra el accionante hasta que cancele la suma de Bs444 500.-, notificado al ahora accionante el 7 de octubre de 2022 (Conclusión II.12). Finalmente, señalar como parte de los antecedentes que esta acción tutelar fue presentada el 9 de octubre de 2022 y la audiencia se celebró el 11 del citado mes y año. Del marco contextual descrito, se identificó cuatro actos lesivos, los cuales son analizados de forma separada, conforme lo siguiente: Con relación al primer acto lesivo denunciado

El accionante denuncia como el primer acto lesivo, el hecho de que no se le notificó en su domicilio real con la planilla de liquidación de asistencia familiar que ascendía al monto de Bs444 500.- Al respecto corresponde hacer hincapié en la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que señaló que la acción de libertad es un mecanismo extraordinario, cuya procedencia está sujeta a la subsidiariedad excepcional, es decir, solo procede cuando no existen otros medios procesales ordinarios, idóneos, eficaces y oportunos para restituir el derecho a la libertad, aclarando que, al existir recursos específicos en la vía común que permitan una reparación inmediata, estos deben ser activados antes de acudir a la vía constitucional. En ese entendido, se evidencia que el accionante activó la vía ordinaria para reprochar esa falta de notificación en su domicilio real y formuló el incidente de falsedad de citación, el 17 de septiembre de 2022, que fue declarado improcedente por Auto Interlocutorio 588/2021, pero el ahora impetrante de tutela, no apeló dicha decisión, dejando transcurrir el plazo para hacerlo, cuando podía impugnar el mencionado Auto Interlocutorio, pues existen los medios ordinarios en la judicatura familiar, conforme se tiene anotado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Empero, la actitud del accionante demuestra que no agotó las vías específicas previstas en el ordenamiento jurídico para corregir la presunta lesión. Consecuentemente, al existir un medio procesal idóneo que no fue usado en el tiempo oportuno, no corresponde el acceso a la jurisdicción constitucional mediante acción de libertad, pues esta acción tutelar, no es un medio alternativo sino una garantía extraordinaria de protección de los derechos fundamentales anotados en el art. 125 de la CPE; en consecuencia con relación a este acto lesivo debe denegarse la tutela por aplicación del principio de subsidiariedad excepcional al no haber hecho uso del recurso efectivo que estaba contemplado en la ley. Con relación al segundo acto lesivo Respecto al segundo acto lesivo, que versa sobre el hecho que los hijos del accionante ya son mayores de edad y, por ende, debían haber sido ellos quienes solicitaran la liquidación de la asistencia familiar, cabe señalar que el impetrante de tutela, con este mismo argumento, reclamó ese acto lesivo ante la autoridad judicial, mereciendo el Auto Interlocutorio 047/2022 de 17 de febrero, que rechazó el incidente de nulidad y una vez notificado con esa determinación, el aludido, interpuso recurso de apelación el cual fue remitido para su revisión a la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que al momento de formular esta acción, se encontraba pendiente de resolución por las autoridades ad quem.

En consecuencia, respecto a este acto lesivo también opera el principio de subsidiariedad excepcional, pues no es admisible activar el recurso constitucional encontrándose pendiente de resolución otro recurso ordinario con los mismos argumentos, ya que ello generaría una disfunción jurídica entre ambas jurisdicciones. Debiendo considerar que, como se anotó en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Por lo tanto, corresponde denegar la tutela constitucional también en este extremo, por haberse activado esta acción tutelar cuando se encontraba pendiente de resolución un recurso de apelación en la jurisdicción ordinaria. Con relación al tercer acto lesivo Respecto al tercer acto lesivo, relativo a los pagos realizados por el accionante a la cuenta bancaria de su exesposa, cabe destacar que el solicitante de tutela presentó un incidente haciendo conocer este punto a la Jueza ahora demandada el 2 de diciembre de 2021 y reiteró su memorial el 22 de septiembre de 2022. En este punto cabe referirse al procedimiento de los incidentes en los procesos familiares que se encuentra anotado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, conforme al cual la Jueza ahora demandada ordenó el traslado a la otra parte procesal, el 26 de septiembre de 2022, haciéndose efectiva la notificación recién el 7 de octubre de ese año, y, cuando presentaron esta acción tutelar incluso cuando se celebró la audiencia, la otra parte procesal todavía estaba dentro de plazo para responder al incidente y naturalmente la Jueza estaba dentro de plazo para emitir Resolución. Por lo señalado, se evidencia que al momento de presentar la acción constitucional, el incidente aún estaba pendiente de resolución, lo que evidencia que el accionante activó de forma simultánea la vía ordinaria (incidente en curso) y la vía constitucional, haciendo exactamente el mismo petitorio, una vez más, aspecto que conforme a la jurisprudencia reiterada en el Fundamento Jurídico III.1., de este fallo constitucional, no es admisible; dado que, esta garantía, no puede convertirse en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria, ni puede activarse mientras esté pendiente un medio ordinario idóneo y oportuno previsto por ley. En consecuencia, debe denegarse la tutela constitucional respecto a este punto, en aplicación del principio de subsidiariedad excepcional, dada la activación paralela de ambas vías procesales.

Con relación al cuarto acto lesivo Con relación al cuarto acto lesivo denunciado, es decir, la emisión del Auto de 16 de septiembre de 2022, que ordenaba emitir el mandamiento de apremio contra el accionante (sin que este finalmente haya sido ejecutado), cabe señalar que dicha orden fue notificada al prenombrado el viernes 7 de octubre de 2022, y en caso de estar disconforme podía presentar el recurso que considere pertinente; por lo que, podía actuar en consecuencia hasta el momento de activar la acción de libertad, ya que, el plazo para recurrir fenecía el 11 de octubre de 2022; de allí que, al momento de formular esta acción, el prenombrado contaba con medios procesales ordinarios idóneos para impugnar la orden y conforme señala la jurisprudencia constitucional anotada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, no puede activarse simultáneamente la vía constitucional mientras exista un recurso ordinario en curso o idóneo que pueda resolver el agravio; dado que, ese proceder desnaturaliza la acción de libertad y provoca confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria, por lo señalado, corresponde denegar la tutela solicitada, aplicando este criterio al caso, el accionante tuvo acceso a un recurso ordinario adecuado y vigente (la apelación incidental), pero procedió a interponer la acción de libertad antes de agotarla, incumpliendo la exigencia de agotamiento de vías procesales previa. En consecuencia, corresponde denegar la tutela constitucional respecto a este acto lesivo, aplicando el principio de subsidiariedad excepcional reconocido por el Tribunal Constitucional Plurinacional. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 330/2022 de 11 de octubre, cursante de fs. 123 a 132, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0239_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2c52f39157395a05fafdbf90ecc59014f30246cd72f24c93afdd932c6cf30bec

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →