Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de mayo de 2024
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de motivación arbitraria e incongruente, argumentando que el Vocal hoy accionado, emitió el Auto de Vista 230/2022 de 15 de junio, con ausencia de fundamentación en algunos puntos y en otros, con motivación arbitraria, porque al igual que el inferior, para acreditar los riesgos procesales del art. 233.1 y 2 del CPP, no valoró en su total dimensión el informe psicológico de la víctima, refrendando también el entendimiento en torno al art. 234.7 del mismo cuerpo legal, sin considerar que la víctima ya no viviría en la localidad de Monteagudo del departamento de Chuquisaca y que ahora tendría su residencia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y sobre el art. 235.1 y 2 del referido Código, porque habría borrado mensajes del celular de la víctima, la habría amenazado y reprobado de año en represalia; extremos que no contaban con sustento probatorio alguno más que la denuncia, y también la incomprensible determinación de recortar el tiempo de detención preventiva solamente un mes, cuando se trata de un proceso en que la supuesta víctima pertenece a un grupo vulnerable y por ende, goza de protección reforzada. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2022 de 17 de junio, cursante de fs. 82 a 85 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0239/2024-S3 Sucre, 24 de mayo de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 48343-2022-97-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 16/2022 de 17 junio, cursante de fs. 82 a 85 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Omar Ventura Sanga en representación sin mandato de Marco Antonio Mercado Zarcillo contra Iván Sandoval Fuentes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
Por memorial presentado el 15 de junio de 2022, cursante a fs. 1, y 56 a 61 vta.; el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación agravada, fue dispuesta su detención preventiva en virtud al Auto Interlocutorio de 28 de mayo de 2022, señalando la errónea concurrencia del riesgo procesal inserto en el art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque no se valoró en su total dimensión el informe psicológico de la víctima que presentaba incongruencias en las fechas y con relación al art. 234.7 del citado Código, no se tomó en cuenta que la víctima ya no vivía en la localidad de Monteagudo del departamento de Chuquisaca y ahora reside en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y sobre el art. 235.1 y 2 del mismo cuerpo legal, porque habrían borrado mensajes del celular de la víctima, amenazado y reprobado de año en represalia, extremos que no contaban con sustento probatorio alguno, más que la denuncia; también le resulta incomprensible porque el Tribunal de alzada redujo el tiempo de su detención preventiva en un mes, más aun tratándose de grupos vulnerables que gozan de protección reforzada; dicha Resolución fue apelada y radicada ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca que mediante el Auto de Vista 230 de 15 de junio, declaró la improcedencia del recurso planteado, reduciendo solamente el tiempo de detención preventiva, disminuyéndola de cinco a cuatro meses, sin realizar una adecuada compulsa de los antecedentes ni una correcta valoración de la prueba, en ausencia de una suficiente y razonable fundamentación, incumpliendo el mandato del art. 398 del CPP.
Señaló como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de motivación arbitraria e incongruente, mencionando al efecto los arts. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 230 de 15 de junio de 2022, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; b) Que la autoridad jurisdiccional accionada emita uno nuevo, resolviendo el recurso de apelación incidental conforme a los fundamentos expuestos, así como una aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, realizando la adecuada compulsa de antecedentes, empleando la jurisprudencia constitucional y los estándares mínimos internacionales; y, c) Que el nuevo Auto de Vista sirva de base para que se realice un nuevo juicio de proporcionalidad y razonabilidad para su detención preventiva.
Celebrada la audiencia pública el 17 de junio de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 78 a 81, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, aclarando que el Vocal ahora accionado no cumplió su labor, de acuerdo al 398 del CPP, confundiendo el fin del recurso de apelación incidental interpuesto con uno de apelación, referido a una cesación a la detención preventiva.
Iván Sandoval Fuentes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el 17 de junio de 2022, cursante de fs. 68 a 70, solicitó se deniegue la tutela, manifestando que: 1) La presente acción tutelar desnaturaliza la acción de libertad, porque utiliza los mismos argumentos expuestos en el recurso de apelación incidental contra la medida cautelar impuesta, sin señalar cuál de las vertientes para la activación de esta acción de defensa invoca; 2) No establece si su vida está en peligro, si se encuentra ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o ilegalmente privado de su libertad, confundiendo esta acción tutelar con una instancia recursiva más; 3) El Auto de Vista en cuestión se encuentra suficientemente motivado y fundamentado con base en los escasos y pobres insumos proporcionados por el abogado del apelante hoy accionante; toda vez que, no se hizo conocer cuáles de las reglas de la sana crítica fueron inobservadas por el Juez “de grado” y cómo debieron ser valoradas, cuando aduce defectuosa valoración probatoria, que dio lugar a declarar improcedente el recurso; y, 4) Se está frente a una apelación de medida cautelar de carácter personal donde el imputado ahora accionante, se encuentra sometido a un proceso a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo del citado departamento, siendo en todo momento asesorado por un abogado; por lo tanto, nunca estuvo en estado de indefensión; motivos por los cuales la acción tutelar debe ser denegada.
Guido Enrique Montaño Llanos en representación del Ministerio Público, en audiencia -conforme al Disco Compacto (CD) adjunto-, solicitó se deniegue la tutela, manifestando que: i) El impetrante de tutela no estableció cuál de las causales de activación de esta acción tutelar es la que invoca, y que los argumentos expuestos son los mismos que fueron objeto del recurso de apelación incidental interpuesto por el precitado; ii) El Tribunal de alzada debe regir sus actuaciones a lo establecido por la ley, ir más allá sería un acto ultra petita fuera de lo establecido; iii) Sobre la motivación arbitraria del art. 233.1 del CPP, corresponde señalar, que tanto la denuncia como la declaración son elementos muy importantes para encarar una investigación, y lo señalado en el art. 193.c del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) que prevé la presunción de veracidad; por su parte la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- que se enmarca en la aplicación de los derechos preferentes de las mujeres; iv) Sobre el 234.7 del CPP, se debe establecer que las normas deben ser interpretadas a favor del sector vulnerable y las autoridades brindarán una protección reforzada; por ello, el imputado es una amenaza no solo para la víctima sino también para la sociedad, pero en este caso sí lo es para la víctima; v) Sobre el art. 235.1 y 2 del mencionado Código adjetivo Penal, y la falta de fundamentación, cuando se indica que se eliminaron mensajes del celular de la víctima, siendo que pertenece a un sector vulnerable, sufriendo amenazas por parte del imputado; y, vi) Por último respecto al tiempo de cautela otorgado al imputado hoy accionante, no se encuentra transgresión en la reducción de tiempo, no siendo evidentes las lesiones denunciadas.
El Tribunal de Sentencia Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 16/2022 de 17 de junio, cursante de fs. 82 a 85 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La jurisdicción constitucional se encuentra privada de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución de las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, está obligada a verificar si en dicha labor las autoridades no se apartaron de los marcos legales de equidad, razonabilidad o basaron su decisión en prueba inexistente que se sustente en un hecho diferente al demandado; b) Se pudo establecer que el Auto de Vista 230/2022 de 15 de junio, cumplió con el voto de la ley al referirse y dar respuesta a cada punto de apelación, respondiendo de manera fundamentada promoviéndose incluso el bloque de interseccionalidad y de protección reforzada de la víctima y menor de edad; c) Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones, el accionante solamente refirió que habría una motivación arbitraria pero no especifica con claridad por qué el motivo reclamado sería injusto, tomando en cuenta que ésta implica tres supuestos: 1) Cuando contiene fundamentos meramente retóricos; 2) Cuando no existe una valoración correcta de la prueba; o, 3) Cuando se omite valorar la misma; empero, no se encuentran dichas exigencias en el planteamiento de la presente acción tutelar; d) Sobre la valoración arbitraria denunciada, el impetrante de tutela indicó que el Vocal hoy accionado no habría realizado la revisión de ninguna prueba, limitándose solo a mencionar un informe psicológico, el cual sirvió al inferior para determinar su detención preventiva, así también alegó que no se hizo alusión alguna en su apelación sobre la existencia del hecho y su participación, admitiendo la teoría fáctica, sin tomar en cuenta la presunción de inocencia; empero, el impetrante de tutela no especificó cuáles fueron las pruebas en contrario, aquellas que sirvan para desvirtuar lo expresado o cuáles son los elementos que se encuentran en contradicción con lo determinado por la autoridad jurisdiccional accionada; quien señaló con precisión cuál es la pretensión y el valor otorgado al informe psicológico; por su parte, el apelante no refirió dónde se encontraba la falta de valoración y debió hacerlo no solo frente al Juez inferior sino también ante el superior, de lo contrario se estaría ante una fundamentación de cesación de la detención preventiva y no así frente a una apelación; por ello, la importancia de especificarlas en pos de su valoración; e) Sobre la probabilidad de autoría, si bien el Vocal ahora accionado mencionó “…que si bien hay estás diferentes fechas, sin embargo el imputado no ha señalado que no participado en él…” (sic), este aspecto que de acuerdo a lo fundamentado por el impetrante de tutela sería la mala fundamentación no fue refutado con prueba para demostrar que no estuvo en ese lugar u otro aspecto que le dé a la autoridad accionada, elementos para realizar una valoración que se basó en los elementos existentes; por lo que, no resulta evidente la “…inexistencia de una motivación arbitraria o incongruente…” (sic), respecto a este punto; f) En cuanto el art. 234.7 del CPP, lo que origina este riesgo son las amenazas, chantajes y que así estaría procediendo con otras personas, no así como establece el apelante que este riesgo quedaría desvirtuado porque la víctima se fue a vivir a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como si el lugar de residencia fuera la causal por la cual no se declaró procedente su recurso de apelación incidental, de manera que no existió fundamentación arbitraria; de la misma manera, respecto al art. 235.1 de CPP se basó en que el imputado le quitaba el celular a la víctima para borrar los mensajes, aspecto que no fue atacado por el accionante, declarando por ello, la improcedencia del recurso; g) Por último sobre la falta de fundamentación respecto a la reducción del tiempo de la medida cautelar, porque no es comprensible para el impetrante de tutela que la autoridad ahora accionada reduzca solo a cuatro meses el tiempo de su detención preventiva, con el fin de llevar adelante actos investigativos, si se trata de un proceso donde la presunta víctima goza de protección reforzada por pertenecer a un grupo vulnerable, este extremo no puede ser considerado como una fundamentación arbitraria u otra, porque para establecer estos parámetros existen requisitos descritos en la jurisprudencia y no así la simple mención; h) El debido proceso está instituido como un principio constitucional inherente a la administración de justicia, es un derecho exigible destinado a garantizar la objetividad y la seguridad jurídica; y para que sea tutelado vía acción de libertad debe existir una inminente amenaza de privación de libertad, de manera que la vulneración al debido proceso sea determinante e inequívoca, la causa directa que constituya la restricción a la libertad de una persona; en el caso de autos la parte debe agotar los medios de defensa intraprocesales ante la autoridad que presuntamente incurrió en una serie actuaciones arbitrarias o discrecionales; y, i) Sobre la persecución ilegal o indebida, en el análisis de la presente acción de libertad, ninguno de los presupuestos para su activación fueron cumplidos, menos se demostró esa situación por el accionante; si bien se encuentra privado de su libertad es como consecuencia de un proceso de investigación que se viene sustanciando con las garantías necesarias; además, si consideraba que los actos de autoridad hoy accionada, eran ilegales, arbitrarios y vulneratorios a sus derechos, que atañan al debido proceso conforme se alega en los cuatro puntos de agravio denunciados, debieron ser reclamados ante esta autoridad o a través de una acción de amparo constitucional al y no hacer uso y abuso indiscriminado del instituto de esta acción tutelar, pretendiendo desnaturalizar su sentido a sabiendas que la misma está reservada únicamente a la infracción o violación de los presupuestos establecidos en el art. 125 de la CPE con relación al art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); es decir, que el accionante debe demostrar que se encuentra ilegalmente perseguido, detenido, privado de su libertad o que exista un procesamiento indebido, o que su vida finalmente está en peligro, extremos que en la presente acción de libertad no acontece, por el contrario, el peticionante de tutela se encuentra sometido a un proceso investigativo por una presunta comisión del delito de violación, de ello se puede concluir qué no existe ninguna infracción o violación al debido proceso, menos a una persecución o detención ilegal indebida.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Consta imputación formal de 27 de mayo de 2022, contra Marco Antonio Mercado Zarcillo -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violación agravada (fs. 13 a 24). II.2. Cursa Auto Interlocutorio 39/2022 de 28 de mayo, mediante el cual Miguel Ángel Churruarrin Velasco, Juez de Instrucción Penal Primero de Monteagudo del departamento de Chuquisaca, determinó la detención preventiva del ahora accionante, por el lapso de cinco meses (fs. 25 a 28). II.3. Consta Auto de Vista 230/2022 de 15 de junio, mediante el cual Iván Sandoval Fuentes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró la procedencia parcial del recurso de apelación incidental, solo respecto al último motivo recursivo, que tiene relación con el plazo de duración de la detención preventiva, modificándose únicamente el tiempo establecido para la investigación y reduciéndolo de cinco a cuatro meses; e improcedentes los demás motivos (fs. 71 a 76).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de motivación arbitraria e incongruente, argumentando que el Vocal hoy accionado, emitió el Auto de Vista 230/2022 de 15 de junio, con ausencia de fundamentación en algunos puntos y en otros, con motivación arbitraria, porque al igual que el inferior, para acreditar los riesgos procesales del art. 233.1 y 2 del CPP, no valoró en su total dimensión el informe psicológico de la víctima, refrendando también el entendimiento en torno al art. 234.7 del mismo cuerpo legal, sin considerar que la víctima ya no viviría en la localidad de Monteagudo del departamento de Chuquisaca y que ahora tendría su residencia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y sobre el art. 235.1 y 2 del referido Código, porque habría borrado mensajes del celular de la víctima, la habría amenazado y reprobado de año en represalia; extremos que no contaban con sustento probatorio alguno más que la denuncia, y también la incomprensible determinación de recortar el tiempo de detención preventiva solamente un mes, cuando se trata de un proceso en que la supuesta víctima pertenece a un grupo vulnerable y por ende, goza de protección reforzada. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0393/2018-S2 de 1 de agosto, haciendo cita de la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, establece que procede la tutela al derecho al debido proceso a través de la acción de libertad, cuando el acto que vulnera el mismo, se constituye en la causa directa de la supresión o restricción del derecho a la libertad, en ese entendido: “‘...en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.
Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional’. En forma posterior, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisando los presupuestos de activación de la acción de libertad cuando se invoca procesamiento indebido, señaló que: ‘…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’ .
Más adelante, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, realizó una modulación, relativo a la exigencia del segundo requisito referente al absoluto estado de indefensión, mismo que en caso de medidas cautelares de carácter personal no resulta exigible, señalando sobre el particular lo siguiente: ‘Al respecto y en coherencia con lo manifestado precedentemente, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. Un razonamiento contrario implicaría exigirle al accionante una situación jurídica materialmente imposible, porque desde ya, el agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el proceso. Situación diferente es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, lo que le impidió activar los mecanismos intraprocesales referidos, circunstancia última en la que la acción de libertad se activará de manera directa’ . De la jurisprudencia desglosada precedentemente se deduce que para que la acción de libertad se pueda activar por una denuncia de procesamiento indebido, debe necesariamente concurrir los dos presupuestos; vale decir, que el acto lesivo se la causa directa a la restricción o supresión al derecho a la libertad o de locomoción y que el accionante haya estado en absoluto estado de indefensión; empero, el último requisito no es exigible cuando quien demande la acción tutelar se encuentre sometido a una medida cautelar de carácter personal” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0450/2012 de 29 de junio, precisó que: “…la jurisprudencia constitucional ha referido que la fundamentación y motivación que realice un servidor público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras, la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, refiere que: ‘Al efecto, es necesario recordar que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha dejado sentado que, la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. …la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento de la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre señaló lo siguiente: ‘(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’. ‘Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ . La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de motivación arbitraria e incongruente, argumentando que el Vocal ahora accionado, emitió el Auto de Vista 230/2022 de 15 de junio, con ausencia de fundamentación en algunos puntos y en otros, motivación arbitraria, porque al igual que el inferior, para acreditar los riesgos procesales del art. 233.1 y 2 del CPP, no valoró en su total dimensión el informe psicológico de la víctima, refrendando también el entendimiento en torno al art. 234.7 del mismo cuerpo legal, sin considerar que la víctima ya no viviría en la localidad de Monteagudo del departamento de Chuquisaca y ahora tendría residencia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y sobre el art. 235.1 y 2 del mencionado Código, porque habría borrado mensajes del celular de la víctima, amenazado y además reprobado de año en represalia, extremos que no contaban con sustento probatorio alguno más que la denuncia, y también la incomprensible determinación de recortar el tiempo de detención preventiva solamente un mes, cuando se trata de un proceso en que la supuesta víctima pertenece a un grupo vulnerable y por ende, goza de protección reforzada. De los antecedentes traídos en revisión, se tiene la imputación formal de 27 de mayo de 2022, contra Marco Antonio Mercado Zarcillo hoy accionante, por la presunta comisión del delito de violación agravada (Conclusión II.1), en la cual la Fiscal de Materia solicitó la detención preventiva del ahora impetrante de tutela, petición que fue resuelta mediante el Auto Interlocutorio 39/2022 de 28 del citado mes, emitido por Miguel Ángel Churruarrin Velasco, Juez de Instrucción Penal Primero de Monteagudo del departamento de Chuquisaca, determinando la detención preventiva del impetrante de tutela por el lapso de cinco meses (Conclusión II.2), determinación que fue apelada de forma oral en audiencia y resuelta mediante Auto de Vista 230/2022, por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declarando la procedencia parcial del recurso de apelación incidental, solo respecto al último motivo recursivo, que tiene relación con el plazo de duración de la detención preventiva, modificándose únicamente el tiempo establecido para la investigación, reduciendo de cinco a cuatro meses; e improcedentes los demás motivos (Conclusión II.3). Sobre la forma de resolver las resoluciones en alzada, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, concluyó que: “…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir”. De lo desarrollado y de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, “...para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” , empero, “…el último requisito no es exigible cuando quien demande la acción tutelar se encuentre sometido a una medida cautelar de carácter personal” ; por ende, corresponde realizar la revisión de los actos demandado de vulneradores. El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de falta de fundamentación y motivación; así, su recurso contiene cuatro agravios: el primero, la motivación arbitraria en relación al art. 233.1 del CPP; el segundo, sobre la motivación arbitraria e incongruente con relación al art. 234.7 del citado cuerpo legal; el tercero, en torno a una fundamentación arbitraria con relación al art. 235.1 y 2 del referido Código; y, el cuarto reclamo, fundamentación arbitraria de los arts. 233.3 y 235 ter parte in fine de la mencionada norma, siendo necesario realizar el desarrollo de lo reclamado por la parte impetrante de tutela y lo resuelto por la autoridad accionada. El ahora accionante, argumentó en su apelación: i) Primer agravio; acusa errónea aplicación e interpretación del art. 233.1 del CPP; ya que el Juez transcribió la denuncia sin otros elementos; no valoró correctamente las pruebas, y -por medio de su defensa técnica- alegó que existe duda razonable respecto al cotejo del informe psicológico y la imputación formal; el punto cinco del informe es poco coherente en cuanto a los datos proporcionados por la víctima sobre el hecho ocurrido y los grados de afectación en la misma; la Fiscalía indicó que hubiera sido inclusive venciendo la resistencia y voluntad de la víctima, pero en el informe psicológico refirió que solo le agarró de las manos y luego la víctima se fue, empero, el Auto confutado señala que se hubiese dado otro hecho en que el imputado la forzaría y amenazaría, pero el informe psicológico señala, si bien ocurrió en otra oportunidad fue a través de chantaje, y con la amenaza de aplazarla; mencionó una tercera y cuarta vez, relato sin coherencia en las fechas de los hechos, existiendo duda razonable en la concurrencia del art. 233.1 del CPP, y tampoco se valoró toda la documentación; ii) Segundo agravio; acusó errónea aplicación del art. 234.7 del mencionado Código; aduciendo que la víctima ya no vivía en el lugar donde se produjo el hecho, sino en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; iii) Tercer agravio, acusó errónea aplicación del art. 235.1 y 2 del indicado cuerpo normativo; arguyendo que, no existe coherencia, por cuánto se dice que habría eliminado mensajes y el Auto recurrido “que destruirá”, además que la víctima era mayor de dieciocho años y ya no está en edad escolar, que cómo podría ser amenazada con aplazarla; y, iv) Cuarto agravio; indebida fundamentación y arbitrariedad en relación a la aplicación del art. 233.3 del citado cuerpo legal; alegando que, el tiempo de la detención preventiva de cinco meses dispuesto por el Juez, no cuenta con la debida fundamentación, pues la Ley 348 establece que en esa clase de hechos debe priorizarse la investigación. Por su parte el Vocal ahora accionado en el Auto de Vista 230/2022 de 15 de junio fundamentó: a) Al primer agravio, en cuanto al art. 233.1 del CPP, sobre la probabilidad de autoría o participación en el hecho, que existiese duda razonable por falta de coherencia entre lo que indica el informe psicológico con lo relacionado por el Ministerio Público, al respecto, cuando se aduce errónea valoración probatoria, el recurrente o quién alega este motivo debe proporcionar los insumos al Tribunal para hacer saber qué reglas de la sana crítica hubiesen sido mal aplicadas o inobservadas por la autoridad recurrida y qué elementos probatorios hubiesen sido defectuosamente valorados, así como de qué manera el Juez debía haber valorado los mismos, es decir, los insumos apuntan a que si fueron inobservadas las reglas de la ciencia, de la experiencia, del recto entendimiento humano, la psicología, la lógica; en el caso de autos, no se han proporcionado dicho insumos, limitándose únicamente a señalar defectos del informe psicológico que resultaría el más importante para el recurrente; así también, de manera contradictoria arguyó, que hubo una inexistente valoración probatoria, pero no señaló cuáles son esos elementos probatorios que no fueron valorados y la trascendencia que tendrían para el caso de autos. En lo demás, no es evidente que el Juez recurrido únicamente hubiera realizado una mera transcripción de los elementos probatorios, ya que dicha autoridad judicial mencionó efectivamente cuáles fueron las pruebas que el Ministerio Público llevó a la audiencia de medida cautelar, más adelante también refirió una valoración de las mismas de manera integrada al señalar: "…se establece la presunta participación del imputado Marco Antonio Mercado Zarcillo en el delito que se le indilga y se presume la autoría del imputado en el delito de VIOLACIÓN AGRAVADA. Toda vez que el imputado en diferentes oportunidades había abordado y citado a la víctima con pretextos de firmar planillas, donde en su cuarto el mismo presuntamente procedía a desvestirla y bajo amenazas de aplazarla en su materia agarrándola las manos procedido a forzarla, para mantener relaciones sexuales sin el consentimiento de la víctima, conforme se desprende de la declaración de la menor en varias oportunidades (…) la menor por el temor de aplazarse de año, se vio atemorizada (…) motivo por el que tuvo que acceder a las agresión sexual que vino sufriendo..." (sic); de lo que se tiene que deviene de las declaraciones efectuadas por la víctima a través del informe psicológico, de tal forma que, no es cierto que el Juez de la causa hubiera incurrido en una falta de fundamentación o en su caso, habría hecho una mera descripción de las pruebas, al contrario, las valoró de manera integral. Por otro lado, cuando se refiere a la supuesta duda por demás razonable y que hubiese incurrido en ciertas incoherencias respecto a las diferentes fechas en los distintos hechos, empero, no refirió el recurrente que el hecho no existió, que no participó del mismo, “…eso se dijo en la audiencia de medida cautelar, hace a la probabilidad de participación en el hecho por parte del imputado…” (sic), no ha sido desvirtuado este primer presupuesto del art. 233.1 del CPP en las alegaciones del recurrente y ni mucho menos se ha referido sobre este particular, además, en hechos de esta naturaleza y tratándose de una menor, estudiante del colegio, no se le puede exigir fechas exactas, está aún en curso la investigación, el hecho punible existió y no fue refutado por el recurrente y la duda razonable tiene que ser en el Juez y no en la defensa del imputado, y la autoridad judicial no encontró ninguna duda razonable por las pruebas que se llevó, por lo cual el primer agravio no puede ser acogido; b) Al segundo agravio, la errónea aplicación del art. 234.7 del CPP, toda vez que la víctima ya no vive en el lugar donde ocurrió el hecho, el referido Juez al respecto mencionó que para la concurrencia de dicho riesgo procesal hubieron amenazas, chantajes, fueron actos reiterativos, que la víctima se hubiera enterado que el imputado estaría también procediendo de la misma manera con otras personas; lo aducido por el recurrente en sentido que la víctima vive en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra no es el motivo que dio lugar al riesgo del art. 234.7 del CPP, sino a los que se hizo referencia, el argumento del recurrente no tiene identidad con el fundamento expuesto por el Juez de la causa al momento de dar por concurrente el riesgo, por lo que tampoco puede ser acogido; c) Al tercer agravio con relación al art. 235.1 del CPP, la norma refiere que recaerá sobre hechos y comportamientos realizados por el imputado que derivan en la obstaculización de la investigación, el Auto Interlocutorio recurrido, sobre el particular indica que el sindicado le quitaba su celular a la víctima y como no tenía código ingresaba a su WhatsApp para eliminar las conversaciones de mensajes de texto que mantuvieron con el fin de evitar problemas, conforme la versión de la víctima que es el argumento central esencial del Juez para dar curso a la procedencia de ese riesgo, dicho fundamento central no fue atacado por apelante; con relación al art. 235.2 del CPP, el Juez señaló que la víctima se vio amenazada por el imputado, si contaba lo que estaba pasando iba a reprobar en su materia, por ello, se mantuvo en silencio las cuatro ocasiones que fue abusada sexualmente, la autoridad en grado se refirió no solo a la posibilidad de que la víctima sea reprobada sino también a que la misma envió una nota a la Dirección de su establecimiento solicitando despidan al maestro, sobre la pregunta del interrogatorio al Director del colegio, expresó que independientemente que la amenaza se pueda o no plasmar debido a que esta ya no estaba en edad escolar, debe tenerse en cuenta que el imputado tuvo la suficiente capacidad para convencer a la víctima, mencionó además el Ministerio Público que se trata de víctima de agresión sexual, menor de edad, por ende, goza de protección reforzada debido al disminuido discernimiento frente a su agresor de treinta y cuatro a treinta y seis años de edad, no siendo posible acoger esta queja; y, 4) Sobre el cuarto agravio, “la ley de protección a víctimas” establecido en el marco de la Ley 348 en concordancia con el art. 60 de la CPE, señala la prioridad de la atención de los menores de edad y grupos vulnerables en los servicios públicos y privados, situación a la que no puede escapar el Ministerio Público, considerando el plazo de cinco meses cercano al término de la investigación, debiendo ser modificado y reducido; por ende, ese motivo debe ser acogido. El Fundamento Jurídico III.2 de la Presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señala que: “…el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados…”. La acción tutelar que nos ocupa contiene los mismos reclamos que se efectuaron en su momento a través del recurso de apelación incidental interpuesta por el ahora impetrante de tutela, pero esta vez contra la fundamentación del Vocal hoy accionado, estableciendo que respecto al primer punto este contendría una motivación arbitraria; en cuanto al segundo punto señaló que tendría una motivación arbitraria e incongruente; respecto al tercero y cuarto, reclamó de arbitraria; sobre el tema, tanto la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre como la SCP 0100/2013 de 17 de enero, señalan que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso, en el caso presente esta jurisprudencia debe ser utilizada y entendida juntamente el art. 398 del CPP, y entender que se trata de una apelación y que la autoridad judicial accionada tiene una potestad reglada que limita su actuar a los reclamos de la parte impetrante de tutela, en contraste con la resolución confutada. De lo desarrollado tenemos que el Vocal ahora accionado emitió un Auto de Vista que contiene los elementos suficientes destinados a precautelar el debido proceso en su vertiente de fundamentación, pues realizó una valoración de todos los elementos existentes en el legajo de apelación a los cuales otorgó un valor necesario a efectos de establecer la probabilidad de autoría, fundamentando que si bien existían contradicciones en torno a las fechas de la demanda y del informe psicológico, ambos elementos establecen la participación del imputado, por ende, no puede refutarse de arbitrario; de la misma manera con los riesgos procesales de fuga y de obstaculización, en torno al art. 234.7 del CPP, si bien el impetrante de tutela explicó su reclamo, mas no lo hizo de la misma manera ante el Vocal ahora accionado como se colige de la lectura del Auto de Vista observado, siendo otros los motivos que sustentaron dicho riesgo y no así la residencia de la víctima; de igual manera los riesgos procesales insertos en el art. 235.1 y 2 del CPP, en los cuales se analizó el comportamiento del imputado y las acciones denunciadas de intimidación y eliminación de mensajes; finalmente, en cuanto al art. 233.3 del mismo cuerpo legal, la autoridad jurisdiccional accionada entendió que el plazo solicitado y concedido por el Juez inferior no resultaba razonable contrastada con la argumentación fiscal, acogiendo ese motivo, razonamiento que guarda armonía con la normativa y jurisprudencia referida a grupos vulnerables y protección reforzada, recortando el tiempo de la detención preventiva en pos de la celeridad de actos investigativos pendientes en el proceso, fundamentando que el plazo de cinco meses bordea el plazo máximo de duración del proceso, por lo cual estableció la modificación de la duración de la detención preventiva a cuatro meses; razón por la que no se advierte en los puntos desarrollados una fundamentación arbitraria, contradictoria o incongruente, debiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2022 de 17 de junio, cursante de fs. 82 a 85 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0239_2024-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 46e01b3c46a57ba89cf1a40973bf02b147d75eb5f72757056aba0c2b49f6ddef
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