Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 17 de abril de 2023
Deniega la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al “…DEBIDO PROCESO EN SU VERTIENTE DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO; A LA INAMOVILIDAD LABORAL…” (sic), “… AL DEBIDO PROCESO EN EL DERECHO AL TRABAJO EN SU VERTIENTE DEL PRINCIPIO DE LA PROTECCIÓN LABORAL (…) EN SU COMPONENTE DE LA OBLIGATORIEDAD DE LAS DISPOSICIONES SOCIALES Y LABORALES…” (sic), “…A LA REINCORPORACIÓN LABORAL…” (sic), a la protección del trabajador; a la continuidad y estabilidad laboral; a la no discriminación por su condición de mujer embarazada; y, al principio nom bis in ídem; toda vez que, fue desvinculada de su fuente laboral sin goce de beneficios sociales, emergente de un proceso sumario administrativo, que se instauró en su contra por supuesta reincidencia sobre supuestas faltas que ya fueron objeto de procesamiento anterior, pese a que su hija tenía dos meses de nacida y con discapacidad. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 262 a 264 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada; 2° Exhortar al Gerente General y Autoridades Sumariantes, todos de la Caja Nacional de Salud, a que en futuros procesos disciplinarios sometidos a su competencia, consideren las circunstancias personales de las servidoras públicas procesadas en situación material de desigualdad similar al de la accionante y adopten medidas de carácter especial para facilitar y coadyuvar el acceso efectivo a la jurisdicción administrativa, así como el ejercicio de su derecho a la defensa; esto de acuerdo a lo analizado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional; y, 3° Por Secretaría General de este Tribunal notifíquese al Gerente General de la Caja Nacional de Salud, así como a las autoridades sumariantes de esta entidad de salud, con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a los fines de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0239/2023-S3 Sucre, 17 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 46811-2022-94-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión de la Resolución 31/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 262 a 264 vta., dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Elena Encinas Villarroel contra Gabriel Veizaga Seas y Lisandro Rodríguez Chinari, ex y actual Juez Sumariante; y, José Jorge Bozo Quisbert; Administrador a.i., todos de la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 5 y 17, ambos de enero de 2022, cursantes de fs. 167 a 180; y, 232 a 233 vta., la accionante manifiesta lo siguiente:
Fue contratada desde el 2009, por la CNS Regional Santa Cruz, en el cargo de Auxiliar de Enfermería; sin embargo, a raíz de una denuncia de corrupción que realizó el 2011 por venta de ítems por servidores públicos de esa entidad, fue objeto de trato hostil, maltratos psicológicos y acoso laboral promovidos por sus superiores, que se tradujeron en destituciones de su fuente laboral el 2011 y 2012 y restitución consiguiente; posteriormente, el 2014 a través de una convocatoria obtuvo un ítem institucional ganado por meritocracia y desde ese momento se presentaron denuncias más fuertes en su contra para descalificarla y destituirla. Es así que, el 2018 nuevamente la desvincularon de su fuente laboral, al impedirle el marcado del biométrico sin ninguna explicación; razón por la que inclusive solicitó la intervención de la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, levantándose por parte de esta instancia administrativa un acta al respecto.
Más adelante, el 12 de marzo de 2019, cuando se encontraba en estado de gestación, se le notificó con el inició de los procesos internos administrativos 40/2018 -de 7 de diciembre- y 07/2019 -de 11 de marzo- en su contra, ambos por la misma causa, referida a aparentes malos tratos a una colega, pese a que la ley prohíbe un doble juzgamiento y finalmente, el 23 de julio de 2019, se le notificó con la ejecutoria de destitución sin goce de beneficios sociales, emergente del Proceso Sumario Administrativo 07/2019, no obstante de que su bebé tenía dos meses de nacida y estaba en un estado crítico, monitorizada con sueros y dependiente de oxígeno con poca probabilidad de vivir.
La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al “…DEBIDO PROCESO EN SU VERTIENTE DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO; A LA INAMOVILIDAD LABORAL…” (sic); “… AL DEBIDO PROCESO EN EL DERECHO AL TRABAJO EN SU VERTIENTE DEL PRINCIPIO DE LA PROTECCIÓN LABORAL (…) EN SU COMPONENTE DE LA OBLIGATORIEDAD DE LAS DISPOSICIONES SOCIALES Y LABORALES…” (sic); “…A LA REINCORPORACIÓN LABORAL…” (sic); a la protección del trabajador; a la continuidad y estabilidad laboral; a la no discriminación por su condición de mujer embarazada; y, al principio non bis in ídem; citando al efecto lo previsto en los arts. 48.II y 49.II y III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia, en el marco de la tutela reparadora se ordene: a) Su reincorporación laboral inmediata al cargo de Auxiliar de Enfermería en el Policlínico Irala dependiente de la CNS Regional Santa Cruz; b) El pago de todos los beneficios sociales devengados que le adeuda dicha entidad de salud “hasta la fecha”; y, c) En el marco de la tutela preventiva se eviten nuevo actos de discriminación y se garantice la estabilidad y continuidad laboral, y en caso de nuevo embarazo la inamovilidad laboral con el pago de todos los beneficios de ley.
Efectuada la audiencia pública virtual el 17 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 256 a 262, en presencia de la accionante asistida de su abogado, así como la parte accionada; se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela por intermedio de su abogado, ratificó el contenido de los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional y ampliando los términos de su acción de defensa, mencionó que: 1) A raíz de una denuncia de corrupción por venta de ítems se le inició un Proceso Sumario Administrativo “40/2019”, debido a una supuesta falta disciplinaria por supuestos malos tratos a un colega; empero, no contentos con la situación, paralelamente le iniciaron otro Proceso Sumario Administrativo 07/2019, en el que se indicó que hay una supuesta reincidencia a esa falta; 2) Mediante Nota Cite “11151” de 9 de diciembre de 2021, la Gerencia General de La Paz -se entiende de la CNS- remitió la respuesta a su Nota de 25 de noviembre del mismo año; adjuntando Informe Legal por el que el Departamento Jurídico Nacional de dicha entidad de salud estableció que no existe ningún elemento que determine que la peticionante de tutela incurrió en falta o que haya sido reincidente; así como se hizo llegar la Resolución Final de Sumario 25/2021 -de 27 de octubre-, a través del cual la actual Autoridad Sumariante de la CNS Regional Santa cruz, estableció la inexistencia de responsabilidad administrativa de la accionante, lo cual fue notificado a la misma el 1 de diciembre del citado año, a horas 9:00; 3) El 2018 fue destituida -se deduce que sería en razón al Proceso Sumario Administrativo 34/2018-, sin motivo alguno inclusive existe un “auto” por el que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, informó que no existe un acta de cumplimiento o de incumplimiento o algún elemento que la subsuma a una conducta disciplinaria, también intervino la Oficina de Derechos Humanos y se la reincorporó; 4) En observancia del principio de subsidiariedad e inmediatez, se cumplió con todos los actos administrativos en las instancias correspondientes; 5) La SCP 0434/2013 de 3 de abril, se refiere a la estabilidad laboral, con base a los principios del derecho del trabajo, además que el Estado tiene la obligación de proteger su fuente laboral, más aun cuando la accionante fue sobreseída, resultando su despido injustificado, de manera arbitraria e inescrupulosa; de igual manera, el citado fallo constitucional, hace referencia a la lesión del debido proceso “…en su vertiente del derecho a la continuidad, estabilidad laboral en su componente de la reincorporación…” (sic); 6) Al momento de su desvinculación laboral, de manera indebida e ilegal, se encontraba embarazada de su hija, la que en vida fue AA; por lo que, en la jurisdicción constitucional se reclama su derecho a la inamovilidad laboral, con base en la SCP 0618/2014 -de 25 de marzo-; 7) La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció los parámetros de la interpretación o cosmovisión del derecho a la vida digna, que guarda relación justamente con el derecho al salario para poder alimentarse, de modo que, al privarle del mismo los accionados ejecutaron un acto delincuencial; asimismo, el art. 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) determinó que toda persona tiene derecho al trabajo digno con seguridad industrial, remuneración, sin discriminación, a un salario justo, equitativo y satisfactorio que le asegure su existencia digna, ello concordante con el art. 46 de la CPE; y, 8) “… la Sentencia Constitucional N° 1027/2017-S3 de 10 de octubre de 2017 la cual nos establece la conminatoria de reincorporación laboral [se infiere la obligación de cumplirla] emitida por (…) la Jefatura Departamental del Trabajo...” (sic). Ante la consulta del Presidente de la Sala Constitucional, referente a si después de la Resolución de destitución el 2019, continuó cumpliendo su trabajo y si por ello se le inició un segundo proceso, estando en funciones; señaló que, el “2020” recibió su sanción de destitución y después de ello le siguieron procesando hasta el 2021 cuando la notificaron con la última Resolución el 9 de diciembre de 2021; es decir, cuando ya no se encontraba trabajando, aun así asumió defensa.
Finalmente, a la consulta de si presentó su carnet de discapacidad a la autoridad accionada o a dependencia de Recursos Humanos (RR.HH.), mencionaron que en efecto se presentó dicho documento y demostró la “falencia” física de la menor; asimismo, enfatizó que se le inició un nuevo proceso con los mismos hechos, siendo la última Resolución de diciembre de 2021, que le posibilita a presentar la acción tutelar, por cuanto se cumple con la observancia del principio de inmediatez.
Lisandro Rodríguez Chinari, actual Juez Sumariante de la CNS Regional Santa Cruz, en audiencia, refirió lo siguiente: i) La destitución con previo inicio de proceso sumario está establecido en el art. 81 del Reglamento Interno del Personal de la CNS, el cual es de conocimiento de la accionante al haber desempeñado funciones por más de diez años en la institución y es a partir de dicha causal que se le sancionó con destitución sin goce de beneficios sociales; ii) Los procesos que se siguió a la accionante, son cada uno independiente de otro y el resultado de uno no tiene por qué afectar al otro; y en el caso, la impetrante de tutela hizo referencia específica al Proceso Sumario Administrativo 07/2019, instaurado el 11 de marzo de 2019, con base al Decreto Supremo (DS) 23318-A -de 3 de noviembre de 1992- y art. 21 de su decreto modificatorio “23237” -siendo lo correcto DS 26237 de 29 de junio de 2001-; por lo que, el entonces sumariante tenía potestades para conocer el proceso sumario en su contra, como indicó el Auto Inicial 07/2019, que fue notificado a la accionante en su lugar de trabajo el 12 de marzo de ese año y de manera personal, como se evidencia de la firma y datos personales que la prenombrada estableció, a fin de que se le pueda ubicar con ulteriores notificaciones; iii) El proceso se llevó a cabo respetando los plazos procesales previstos en el Reglamento de Procesos Internos de la CNS y los derechos y garantías constitucionales, inclusive la accionante en respuesta al referido Auto de Inicio de Proceso, el 25 de marzo de 2019, presentó un memorial de impugnación e hizo uso de su derecho a la defensa legal y material, tal como lo ratificó en su primer memorial -se deduce de acción de amparo constitucional- cursando dichos documentos de respaldo en el expediente y posterior a ello se emitió la Resolución Final de Sumario 05/2019 de 2 de abril; por lo que, la impetrante de tutela falta a la verdad al indicar que no tenía conocimiento del proceso sumario que se llevó a cabo en su contra y que se le se le habría causado indefensión o la vulneración del derecho al debido proceso; pues conoció los actuados procesales, contó con defensa técnica y pudo hacer uso de todos los mecanismos de impugnación que establece el Reglamento Interno; iv) El art. 16 del citado Reglamento, prevé el plazo de tres días hábiles a partir de su notificación y en horario laboral para la presentación del recurso de revocatoria; por lo que, al no haberse interpuesto algún recurso, la Autoridad Sumariante emitió el Auto de Ejecutoria de 8 de octubre de 2019, de lo cual emergió la desvinculación de la accionante; v) El art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece la improcedencia de la acción de amparo constitucional contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso del cual no se hizo uso oportuno; entre ellos, el recurso de revocatoria que no fue activado por la accionante, pese a que tenía todas las potestades y libertades para hacerlo; vi) La Resolución Final de Sumario 05/2019, fue notificada de manera personal a la accionante el 2 de octubre de 2019, por lo que no se cumplió con el principio de inmediatez, transcurriendo más de los seis meses para interponer esta acción tutelar; vii) Por el mismo hecho de su desvinculación laboral presentó anteriormente ante la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la acción de amparo constitucional, con Número de Registro Judicial (NUREJ) 70288987 contra Gabriel Veizaga Seas y Mariela Marina Carraffa Ibáñez, Autoridades Sumariantes de la CNS de ese momento, así como Julio César Suárez Pedraza, Administrador de esa entidad, en la que se denegó la tutela por su presentación fuera del plazo de caducidad de los seis meses; y, viii) La accionante hizo referencia a una serie y sin número de hechos que nada tienen que ver con el proceso sumario administrativo, en los que se garantizó el debido proceso y sus derechos y garantías constitucionales. Ante la consulta efectuada por el Presidente de la Sala Constitucional, referida a la existencia de dos procesos sumarios; mencionó que la accionante tiene en sus registros tres procesos sumarios independientes entre ellos, que no son de la misma fecha ni por los mismos hechos, en los cuales ejerció su derecho a la defensa, con todas las potestades y garantías que la Constitución Política del Estado le reconoce; aunque el proceso que motivó su destitución es el proceso sumario administrativo 07/2019 y que fue ejecutoriado, porque la peticionante de tutela no activó ningún mecanismo de impugnación. Gabriel Veizaga Seas, ex Juez Sumariante; y, José Jorge Bozo Quisbert; Administrador a.i. de la CNS Regional Santa Cruz, no hicieron uso de la palabra, pese a encontrarse presentes en audiencia de consideración de esta acción tutelar.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 31/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 262 a 264 vta., denegó la tutela, bajo los siguientes fundamentos: a) La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el apartado 71 y 72 de la Sentencia de 25 de noviembre de 2013, referente al caso Familia Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia, estableció que las garantías judiciales contempladas en el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), se aplican también a la actuación u omisión de órganos estatales dentro de un proceso administrativo o sancionador que debe respetar el debido proceso y que el incumplimiento de una de esas garantías conlleva la inobservancia de esta disposición convencional; b) La Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz, pronunció la Resolución de 31 de enero de 2021, que en su parte sobresaliente mencionó que al existir un proceso sumario administrativo que se encuentra ejecutoriado y alegar la denunciante que fue “fabricado” en su contra, estás aseveraciones constituyen hechos controvertidos, que no pueden ser dilucidados en proceso de reincorporación en instancia administrativa; por lo tanto, al requerir mayor acervo probatorio, declinó la competencia ante la instancia judicial, para conocer hechos controvertidos y resolver el fondo de la problemática planteada, conforme lo establece el “Decreto N° 16896”; asimismo, por esta razón la “Dirección Administrativa” declinó competencia con relación a la reincorporación laboral de la accionante; c) La impetrante de tutela sostuvo que los otros procesos administrativos a los que hizo referencia, se iniciaron cuando se encontraba “destinada” -se infiere destituida- de su fuente de trabajo; d) La Resolución Final de Sumario 05/2019 no fue objeto de impugnación; por lo que, ello imposibilita a ingresar, resolver y discutir la problemática de fondo; asimismo, este elemento da cuenta que la acción de amparo constitucional fue planteada fuera del plazo de los seis meses, pese a la urgencia que tiene el trabajador cuando es desvinculado de su fuente laboral, sin que exista razón o motivo alguno; e) Existe otra decisión de sobreseimiento que la impetrante de tutela pretende vincular a la primera determinación -se deduce pronunciadas en los procesos sumarios administrativos-, que a criterio de esa Sala constituyen procesos diferentes, aunque la accionante tiene en el ámbito administrativo la posibilidad de cuestionar al interior de los mismos, la duplicidad de procesos y hacer prevalecer el que considere oportuno; y, f) Sin entrar a consideraciones de fondo, al existir otro proceso sumario administrativo en el cual se dispone la separación definitiva de sus funciones, queda claro que la peticionante de tutela dejó precluir su derecho -se infiere de impugnación-, lo cual está dentro de las causales de improcedencia.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través de Memorándum RR-HH-474-2014 de 1 de agosto, el Jefe de RR.HH. y el Jefe Médico Regional de la CNS Regional Santa Cruz, designaron a María Elena Encinas Villarroel -ahora accionante- en el cargo de “AUXILIAR DE ENFERMERIA POL.” como resultado de un concurso de mérito y examen de competencia, según Convocatoria 11/2014 de 7 de julio, en el ítem 5696 (fs. 219). II.2. Cursa Resolución Final de Sumario 05/2019 de 2 de abril, por la que, Gabriel Veizaga Seas, Autoridad Sumariante de la CNS Regional Santa Cruz -hoy accionado-, estableció la existencia de responsabilidad administrativa para la sumariada ahora accionante, imponiéndole una sanción de destitución sin goce de beneficios sociales. Asimismo, en el artículo cuarto de este fallo, se comunica a la misma su derecho de formular su recurso de revocatoria dentro del plazo de tres días según lo previsto en el art. 11 del Reglamento de Procesos Internos de la CNS (fs. 247 a 252). Por otro lado, dicha Resolución fue notificada de forma personal a la impetrante de tutela, el 2 de octubre de 2019, a horas 14:00 (fs. 254). II.3. Se tiene Auto de Ejecutoria de 8 de octubre de 2019, por la que, la referida Autoridad Sumariante de la CNS Regional Santa Cruz, declaró la ejecutoria de la Resolución Final de Sumario 05/2019 (fs. 253).
II.4. Se tiene boleta de pago de 3 de septiembre de 2019, correspondiente a la accionante, con ítem J07523, por concepto de sueldo de agosto del mismo año (fs. 2). II.5. A través de Nota CITE 104/2019 de 15 de octubre, la mencionada Autoridad Sumariante de la CNS Regional Santa Cruz, remitió a la Administradora de la misma entidad, los antecedentes del Proceso Sumario Administrativo interno 07/2019 contra la impetrante de tutela, sugiriendo que los mismos se envíen a la “sección” de RR.HH. para la aplicación y ejecución de la sanción impuesta a la prenombrada en el citado proceso, al encontrarse el mismo ejecutoriado (fs. 255). II.6. Mediante Memorándum Cite: ADM-682-2019 de 16 de octubre, la Administradora a.i. de la CNS Regional Santa Cruz, instruyó aplicar la sanción establecida en la Resolución Final de Sumario 05/2019 (fs. 98). De igual forma, se tiene Memorándum RH-595/2019 de 16 de octubre, por el cual la citada autoridad, conjuntamente el Jefe de RR.HH. y el Jefe de Servicios Generales, todos de la CNS Regional Santa Cruz, destituyeron sin goce de haberes por beneficios sociales a la hoy peticionante de tutela, a partir de esa fecha (fs. 97).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al “…DEBIDO PROCESO EN SU VERTIENTE DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO; A LA INAMOVILIDAD LABORAL…” (sic), “… AL DEBIDO PROCESO EN EL DERECHO AL TRABAJO EN SU VERTIENTE DEL PRINCIPIO DE LA PROTECCIÓN LABORAL (…) EN SU COMPONENTE DE LA OBLIGATORIEDAD DE LAS DISPOSICIONES SOCIALES Y LABORALES…” (sic), “…A LA REINCORPORACIÓN LABORAL…” (sic), a la protección del trabajador; a la continuidad y estabilidad laboral; a la no discriminación por su condición de mujer embarazada; y, al principio nom bis in ídem; toda vez que, fue desvinculada de su fuente laboral sin goce de beneficios sociales, emergente de un proceso sumario administrativo, que se instauró en su contra por supuesta reincidencia sobre supuestas faltas que ya fueron objeto de procesamiento anterior, pese a que su hija tenía dos meses de nacida y con discapacidad. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0052/2022-S3 de 9 de marzo, señaló que: «El principio de inmediatez que rige la acción de amparo constitucional, se encuentra establecido en el art. 129.II de la CPE, que dispone: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”. Por su parte el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”. En ese marco, el cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, opera: i) Desde la comisión de los actos denunciados; y, ii) A partir de la notificación con la resolución administrativa o judicial que agota la vía (considerando que ese es el último actuado idóneo, que supuestamente vulnera los derechos alegados). La SCP 2058/2012 de 8 de noviembre, reiterada en la SCP 1265/2013-L de 9 de diciembre, estableció que: “…al ser la inmediatez inherente al núcleo esencial de la protección que brinda la acción de amparo constitucional respecto a los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado sustenta, su activación implica la atención de su propia naturaleza que exige en su ejercicio la interposición oportuna de la acción; no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar una protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela (…) en similar sentido ha razonado este Tribunal mediante la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al señalar que: ‘la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia llevándolo a una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad de la presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al análisis de fondo’”»(las negrillas son nuestras).
En la problemática jurídica planteada, la accionante denuncia que fue desvinculada de su fuente laboral sin goce de beneficios sociales, como consecuencia de un proceso sumario administrativo que se instauró en su contra por supuesta reincidencia sobre presuntas faltas que ya fueron objeto de procesamiento anterior, pese a que su hija tenía dos meses de nacida y discapacidad.
Así identificado el objeto procesal, se ve por conveniente efectuar una descripción de los hechos relevantes que nos llevarán a la resolución del mismo. Así, de los documentos descritos en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia el nombramiento al cargo de Auxiliar de Enfermería de María Elena Encinas Villarroel -ahora accionante-, mediante Memorándum RR-HH-474-2014 de 1 de agosto (Conclusión II.1). Asimismo, se constata que durante el transcurso de la relación laboral, Gabriel Veizaga Seas, entonces Autoridad Sumariante de la CNS Regional Santa Cruz -hoy accionado-, a través de Nota CITE 104/2019 de 15 de octubre, remitió a la Administradora de dicha entidad, los antecedentes del Proceso Sumario Administrativo interno 07/2019 seguido contra la impetrante de tutela, sugiriendo que los mismos se envíen a la “sección” de RR.HH. para la aplicación y ejecución de la sanción impuesta en su contra mediante Resolución Final de Sumario 05/2019 de 2 de abril. Por lo que, a través de Memorándum Cite: ADM-682-2019 de 16 de octubre, la Administradora a.i. de la citada entidad, instruyó aplicar la sanción asumida, al haberse establecido la existencia de responsabilidad administrativa para la sumariada hoy accionante (Conclusiones II.5 y II.6). En tal sentido, se puede advertir que mientras la peticionante de tutela ejercía el cargo con ítem J07523, como consta en su boleta de pago de 3 de septiembre de 2019 (Conclusión II.4) fue notificada con el Memorándum RH-595/2019 de 16 de octubre, por el que la Administradora Regional a.i., conjuntamente con el Jefe de RR.HH. y el Jefe de Servicios Generales, todos de la CNS Regional Santa Cruz, la destituyeron de su puesto laboral sin goce de haberes por beneficios sociales, a partir de esa fecha (Conclusión II.6).
En tal contexto, con carácter previo al análisis del fondo del problema jurídico planteado, corresponde determinar si la presente acción tutelar supera la causal de improcedencia reglada, esgrimida por la Sala Constitucional como un argumento de denegatoria, referida al principio de inmediatez, contemplado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece que la acción de amparo constitucional debe ser indefectiblemente planteada en el plazo de seis meses -plazo de caducidad-, el cual debe ser computado desde la comisión de la vulneración alegada o a partir de la notificación con la última decisión administrativa o judicial. Puesto que, la oportunidad de la interposición de la acción tutelar, se encuentra estrechamente vinculada con el objetivo que convencional y constitucionalmente se atribuye a las acciones de defensa, de constituir mecanismos rápidos y eficaces y que brinden una protección inmediata;
de modo que, si ello no es posible por la inacción de quien tenga que plantearla, se limita la posibilidad de que por medio del amparo constitucional se analice los supuestos actos u omisiones lesivas de derechos y garantías constitucionales; ya que, esa dejadez o negligencia en la que incurre el interesado se ve desprovista de la urgencia e interés en su protección y/o restitución inmediata, oportuna y eficaz. En ese marco, aunque la accionante contextualiza el caso a través de su referencia a distintos procesos sumarios administrativos que la CNS Regional Santa Cruz inició en su contra y el curso legal favorable o desfavorable de cada uno de ellos; es incuestionable que la desvinculación laboral que denuncia de ilegal es resultante de lo determinado mediante Resolución Final de Sumario 05/2019; que fue notificada a la ahora impetrante de tutela de manera personal el 2 de octubre de 2019, a horas 14:00 en la “…Oficina Sumariante Hospital Obrero N° 3…” (sic [Conclusión II.2]), tal como se acreditó con el formulario de citación y/o notificación en el cual consta firma y aclaración de firma de la misma. De ahí que, es a partir de esa fecha desde la cual debe computarse los seis meses establecidos en la norma constitucional y procesal; ya que posteriormente se evidenció que mediante Auto de 8 de octubre de 2019, la Autoridad Sumariante de la CNS Regional Santa Cruz, declaró la ejecutoria de la Resolución Final de Sumario 05/2019, debido a que no se activó ningún recurso de impugnación contra este fallo, pese a que en la misma Resolución se comunicó a la accionante su derecho a plantear su recurso de revocatoria en el plazo de tres días (Conclusión II.2). En tal sentido, al haberse interpuesto la presente acción tutelar recién el 5 de enero de 2022; se sobrepasó de forma excesiva el plazo de los seis meses de caducidad establecidos para interponer la presente acción de amparo constitucional, ya que transcurrió aproximadamente dos años y tres meses desde la notificación a la accionante con la resolución final que motivó su desvinculación laboral; por lo que, se evidencia que la peticionante de tutela no actuó de forma diligente en la activación de este mecanismo constitucional, cuyo accionar demostró falta de prontitud en acudir en busca de protección de sus derechos y encuadrar la presentación de esta acción de defensa dentro del citado plazo constitucional y legal. Finalmente, se debe aclarar que aunque la accionante alegó que es la Resolución Final de Sumario 25/2021 de 27 de octubre, con la que aparentemente fue notificada el 1 de diciembre de 2021, como el fallo que debiera considerarse para el cómputo del plazo de caducidad; no obstante, esta Resolución no guarda relación con el acto lesivo que se denuncia en esta acción de defensa; además que es emergente de un proceso en el que se sustanció cuestiones de hecho diferentes a las dilucidadas en la Resolución Final de Sumario 05/2019, que determinó la supuesta desvinculación laboral ilegal que ahora se denuncia como lesiva a sus derechos y principios constitucionales.
Por lo expuesto, subsumiendo este supuesto fáctico al precedente desarrollado en el citado Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la peticionante de tutela incurrió en una causal de improcedencia reglada de la acción de amparo constitucional, como es el incumplimiento del principio de inmediatez; puesto que no acudió de manera diligente, rápida y oportuna, ante la jurisdicción constitucional, impidiendo a través de la presente acción de defensa que este Tribunal pueda ingresar a analizar el fondo de la denuncia planteada y luego de establecer la vulneración o no de derechos disponer lo que corresponda; razón por la que corresponde denegar la tutela invocada por la accionante.
Resuelto así el problema jurídico planteado, en el marco de la atribución prevista en el art. 202.6 de la CPE, este Tribunal estima necesario referirse entre otras consideraciones al deber de las entidades y servidores públicos de incorporar el enfoque de género como categoría de análisis transversal al ejercicio de cualquier actividad jurisdiccional incluida en sede administrativa, ello con el objeto no solo de eliminar estereotipos basados en este componente, sino como se da en el caso concreto, a fin de visibilizar situaciones en las que se hace manifiesta la desigualdad de las personas procesadas, que puede incidir negativamente en sus derechos en caso de no cuestionarse la aplicación neutral de la norma jurídica procedimental. Pues, por ejemplo, a tiempo de notificar a la accionante el 12 de marzo de 2019, con el inicio paralelo de los procesos administrativos disciplinario en su contra -entre ellos, a través de los Autos Iniciales de Proceso Sumario Administrativo 40/2018 de 7 de diciembre y 07/2019 de 11 de marzo (fs. 89 a 91; y, 94 a 96)- la mencionada se encontraba en etapa final de gestación, ya que por los datos cursantes en el expediente, la menor habría nacido el 23 de abril de igual año; y luego de ello encaró y ejerció su defensa en dichos procesos, cuando atravesaba la etapa de puerperio y lactancia, que en términos generales sitúa a la mujer en un estado físico y emocional vulnerable, sumado, en el caso concreto, con la situación de discapacidad y delicado estado de salud con la que nació su hija y posterior fallecimiento de la misma. Lo cual si bien no incide ni guarda relación con la resolución de este problema jurídico cuya causal de denegatoria de la tutela solicitada -como ya se analizó- se sustentó en el excesivo lapso que transcurrió desde su desvinculación y la presentación de esta acción de defensa -aproximadamente tres años-; empero, esta jurisdicción constitucional no puede dejar de cuestionar el accionar que asumió la entidad a través de su autoridad sumariante con base a prácticas jurisdiccionales que no consideraron las características personales o circunstanciales que atravesó la impetrante de tutela. Al respecto, si bien los instrumentos internacionales de derechos humanos y nuestra Constitución Política del Estado, reconocen desde una concepción formal la igualdad de las personas ante la ley; empero, la igualdad trasciende el plano formal, pues existen situaciones personales, como biológicas y culturales que determinan que las personas no tengan las mismas oportunidades para ejercer efectivamente sus derechos. De manera que, con la finalidad no de brindar prerrogativas contrarias al procedimiento establecido en la ley, sino de atenuar la desigualdad en los hechos, corresponde al Estado, a través de sus servidores públicos con facultades jurisdiccionales a adoptar según el caso, medidas positivas, sean estas coyunturales o permanentes, que faciliten el ejercicio de los derechos a la procesada y equilibren las diferencias, desventajas o insuficiente representación si fuera el caso, para acceder a la jurisdicción y ejercer su defensa, verbigracia, a través de la acumulación de procesos que eviten la dispersión o inclusive confusión de actos o diligencias procesales que se tramitan simultáneamente en distintos procesos, entre otros. En esa línea, una de las directrices y recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos, es la contenida en la Recomendación 33 al Estado, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, que señala que: “Proporcionen protección constitucional explícita para la igualdad sustantiva y la no discriminación en las esferas pública y privada y en todos los ámbitos del derecho, reforzando de ese modo el principio de igualdad ante la ley y facilitando el acceso de las mujeres a la justicia” [(Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, Recomendación 33, párrafo 42 inc. a)]. Por lo expuesto, corresponde exhortar al Gerente General y autoridades sumariantes, todos de la CNS, a adecuar la sustanciación de los procesos a estas recomendaciones, de manera que en futuros casos, consideren las circunstancias personales de las procesadas y adopten medidas de carácter especial para facilitar y coadyuvar el acceso efectivo a la jurisdicción administrativa de servidoras públicas procesadas en situación de desigualdad material similar al de la accionante, así como el ejercicio de su derecho a la defensa.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 262 a 264 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada; 2° Exhortar al Gerente General y Autoridades Sumariantes, todos de la Caja Nacional de Salud, a que en futuros procesos disciplinarios sometidos a su competencia, consideren las circunstancias personales de las servidoras públicas procesadas en situación material de desigualdad similar al de la accionante y adopten medidas de carácter especial para facilitar y coadyuvar el acceso efectivo a la jurisdicción administrativa, así como el ejercicio de su derecho a la defensa; esto de acuerdo a lo analizado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional; y, 3° Por Secretaría General de este Tribunal notifíquese al Gerente General de la Caja Nacional de Salud, así como a las autoridades sumariantes de esta entidad de salud, con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a los fines de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0239_2023-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7164e1de82acb4e0f327614d214ab471e71a194633bd2bd84f4eb8846d5a109a
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