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SCP 0238/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
23 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
55881-2023-112-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, ante su solicitud de suspensión condicional de la pena, formulada el 18 de mayo de 2023, el Juez demandado de forma indebida negó su tramitación, bajo el argumento erróneo que conforme al art. 55 del CPP, la autoridad competente para el control y ejecución de la sentencia era el juez de ejecución penal.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2023 de 24 de mayo, cursante de fs. 46 a 50, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, con base a los fundamentos precedentemente expuestos y en los mismos alcances dispositivos asumidos por el indicado Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La solicitud de suspensión condicional de la pena y su tramitación por el juez o tribunal que emitió la resolución de condena
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0238/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55881-2023-112-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 20/2023 de 24 de mayo, cursante de fs. 46 a 50, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio César Torrico Salinas en representación sin mandato de Álvaro Alejandro Alvarado Ríos contra Germán López Flores, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de mayo de 2023, cursante de fs. 1 a 4, el accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del fenecido proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la comisión del delito de estafa, fue condenado a dos años y seis meses de privación de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; tras la ejecutoria de la Sentencia 04/2022 de 11 de febrero, el mandamiento de condena fue ejecutado, siendo privado de su libertad; situación por la cual, posteriormente, el 18 de mayo de 2023, solicitó ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del referido departamento, la suspensión condicional de la pena, acompañando su informe de antecedentes penales; sin embargo, el 19 del mismo mes y año, el Juez demandado, Presidente del citado Tribunal, rechazó su pretensión, argumentando que, conforme al art. 55 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la autoridad competente para el control y ejecución de la sentencia era el juez de ejecución penal. No obstante, revisado el citado precepto legal, este sólo otorga a la mencionada autoridad facultades de control sobre las condiciones impuestas, no la potestad de decidir sobre la procedencia de la suspensión condicional de la pena; toda vez que, conforme lo dispuesto por el art. 366 del Código Adjetivo Penal, corresponde al juez o tribunal de sentencia que dictó la condena resolver sobre la suspensión condicional, el perdón judicial o la aplicación de medidas alternativas; por lo tanto, la autoridad demandada, omitió ejercer una competencia que le correspondía, interpretando erróneamente la norma y vulnerando su derecho al debido proceso y a la libertad, al impedirle acceder a un beneficio legal previsto en su favor.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo, se ordene a la autoridad judicial demandada, resolver la postulación de suspensión condicional de la pena en el día, por el retraso innecesario en una decisión errónea de incompetencia.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 24 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 43 a 45, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de defensa.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Germán López Flores, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe escrito cursante a fs. 11 y vta., refirió que: a) En el proceso penal seguido contra el solicitante de tutela, se dictó sentencia condenatoria por el delito de estafa, imponiéndole inicialmente una pena de tres años y dos meses de privación de libertad, en apelación restringida, el Tribunal de alzada confirmó la condena, pero modificó la pena, reduciéndola a dos años, sin otorgarle beneficios; una vez devuelto el proceso, emitió el Auto Interlocutorio 29/2023 de 13 de marzo, que determinó su ejecutoria, notificando a las partes y expidiendo el mandamiento de condena. El ahora accionante, quien se encontraba en libertad, fue detenido y trasladado al Centro Penitenciario San Pedro del indicado departamento, para cumplir la pena impuesta; b) Posteriormente, el impetrante de tutela solicitó ante el Tribunal de Sentencia, la suspensión condicional de la pena; no obstante, mediante proveído se le indicó que la sentencia ya se encontraba ejecutoriada; por lo que, la competencia para conocer esa solicitud correspondía al juez de ejecución penal, conforme a la normativa procesal penal, decisión que no fue impugnada por el prenombrado, quien en lugar de ello acudió directamente a la vía constitucional mediante una acción de libertad; y, c) En cuanto a la competencia para resolver la suspensión condicional de la pena, no existe una disposición legal que lo faculte expresamente para conocer esa solicitud una vez ejecutoriada la sentencia; en cambio, el art. 428 del CPP, establece que el juez de ejecución penal es la autoridad competente para conocer y resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten en la etapa de ejecución de la condena.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 20/2023 de 24 de mayo, cursante de fs. 46 a 50, concedió la tutela solicitada, disponiendo el restablecimiento de todas las formalidades establecidas en el art. 125 de la CPE, y que la autoridad judicial demandada, una vez notificada con la determinación asumida, disponga y convoque a una audiencia de suspensión condicional de la pena, conforme lo solicitado por el accionante, a objeto que disponga lo que en derecho corresponda, sin costas al ser excusable. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) De lo manifestado por el impetrante de tutela y lo informado por el Juez demandado, se tiene que, ante la solicitud de suspensión condicional de la pena, la autoridad judicial demandada estableció que, el trámite conforme al art. 55 del CPP, era atribución del juez de ejecución penal, a quien le correspondía el control de la ejecución de sentencias, la suspensión condicional de la pena, la libertad condicional y la revisión de sanciones impuestas durante la ejecución; 2) El art. 428 del mismo Código, dispone que las sentencias condenatorias serán ejecutadas por el juez de ejecución penal, mientras que las absolutorias y aquellas que concedan el perdón judicial o la suspensión condicional de la pena serán ejecutadas por el juez o tribunal que las dictó; en consecuencia, la autoridad judicial demandada, al dictar el decreto de 19 de mayo de 2023, interpretó erróneamente el art. 55 del Adjetivo Penal, al inferir que el trámite le atañía al juez de ejecución penal, sin considerar que le concernía al mismo juez o tribunal que emitió la sentencia resolver la solicitud; y, 3) Conforme la SCP 0758/2019-S2 de 4 de septiembre, que ratifica la correcta interpretación del art. 428 del CPP, las sentencias absolutorias, de perdón judicial o de suspensión condicional de la pena deben ser ejecutadas por el juez o tribunal que las dictó, mientras que los jueces de ejecución penal tienen competencia únicamente sobre la ejecución de sentencias condenatorias y el control de las condiciones impuestas en la ejecución y suspensión condicional de la pena.

I.3.Trámite Procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la recomendación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de antecedentes, que cursan en el expediente se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 29/2023 de 13 de marzo; por el cual, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, dispuso la ejecutoria de la Sentencia 04/2022 de 11 de febrero, emitida dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de estafa, ordenando el cumplimiento de las determinaciones contenidas en la misma, considerando la modulación en relación a la pena impuesta al acusado, dispuesta mediante Auto de Vista 115/2022 de 9 de agosto, por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, que confirmó la referida Sentencia, condenando al prenombrado a la pena privativa de libertad de dos años y seis meses y una multa de cien días a razón de Bs4.-(Cuatro bolivianos) por cada día, a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro (fs. 39). II.2. Se tiene el mandamiento de condena de 20 de abril de 2023, dispuesto contra Álvaro Alejandro Alvarado Ríos -ahora accionante-, a objeto de cumplir su condena de dos años y seis meses de reclusión (fs. 40). II.3. Consta, memorial presentado el 18 de mayo de 2023, por el impetrante de tutela ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, solicitando la concesión de la suspensión condicional de la pena (fs. 41 y vta.), el cual fue respondido mediante decreto de 19 del mismo mes y año, por Germán López Flores, Juez del referido Tribunal -ahora demandado-, indicando que al haberse ejecutoriado la Sentencia 04/2022, la autoridad jurisdiccional para el control y ejecución de una sentencia condenatoria era el juez de ejecución penal conforme lo establecido por el art. 55 del CPP (fs. 42).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, ante su solicitud de suspensión condicional de la pena, formulada el 18 de mayo de 2023, el Juez demandado de forma indebida negó su tramitación, bajo el argumento erróneo que conforme al art. 55 del CPP, la autoridad competente para el control y ejecución de la sentencia era el juez de ejecución penal.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una 1El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 2El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.

solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. La solicitud de suspensión condicional de la pena y su tramitación por el juez o tribunal que emitió la resolución de condena

En relación al tema, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0758/2019-S2 de 4 de septiembre, sostuvo que: «Es preciso remitirse a lo establecido por el art. 366 del CPP, modificado por el art. 37 de la Ley 004; el cual, indica:

Artículo 366 (Suspensión condicional de la pena). La jueza o el juez o tribunal, previo los informes necesarios y tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes requisitos: 1. Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración;

2. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso, en los últimos cinco años.

La suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción. También, es importante mencionar al art. 428 del CPP, que regula quién es la autoridad competente para conocer la solicitud de suspensión condicional de la pena, estableciendo que:

Artículo 428 (Competencia). Las sentencias condenatorias serán ejecutadas por el juez de ejecución penal, quien tendrá competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecución.

Las sentencias absolutorias y aquellas que concedan el perdón judicial y la suspensión condicional de la pena serán ejecutadas por el juez o tribunal que las dictó. El tribunal podrá comisionar a uno de sus jueces para que practique las diligencias necesarias (las negrillas son nuestras). Por su parte, también cabe mencionar al art. 55 del citado Código, que sobre la competencia de los jueces de ejecución penal, señala:

Artículo 55 (Jueces de Ejecución Penal). Los jueces de ejecución penal, además de las atribuciones contenidas en la Ley de Organización Judicial y en la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, tendrán a su cargo:

1) El control de la ejecución de las sentencias y de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso, del control de la suspensión condicional de la pena y del control del respeto de los derechos de los condenados;

2) La sustanciación y resolución de la libertad condicional y de todos los incidentes que se produjeran durante la etapa de ejecución; y, 3) La revisión de todas las sanciones impuestas durante la ejecución de la condena que inequívocamente resultaran contrarias a las finalidades de enmienda y readaptación de los condenados. En similar sentido, el art. 1 de la LEPS, dispone que el objeto de esa Ley es regular:

1. La Ejecución de las Penas y Medidas de Seguridad dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes;

2. El cumplimiento de la Suspensión Condicional del proceso y de la pena; y, 3. La ejecución de las Medidas Cautelares de carácter personal. Dicha norma, concuerda con el art. 19.1 y 3 de la referida Ley, que establece que el Juez de Ejecución Penal es competente para conocer y controlar, entre otras:

1. La ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que impongan penas o medidas de seguridad y de los incidentes que se produzcan durante su ejecución; (…)

3. El cumplimiento de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso y de la pena; (…) En el mismo sentido, el art. 214 de la cita Ley, determina que: “Dentro de las veinticuatro horas de ejecutoriada la sentencia que suspende condicionalmente el proceso o la pena, el Juez de la causa, remitirá una copia de la Resolución, al Juez de Ejecución Penal y a la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario y Supervisión (…)”. Conforme a las normas glosadas: i) Las sentencias condenatorias deben ser ejecutadas por los jueces de ejecución penal; ii) Las sentencias absolutorias, que conceden el perdón judicial y la suspensión condicional de la pena deben ser ejecutadas por el juez o tribunal que las dictó; iii) Los jueces de ejecución penal tienen competencia para controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso y de la pena; iv) Los jueces de ejecución penal tienen competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes que se suscitan durante la ejecución de las penas; y, v) Los jueces de ejecución penal tienen competencia para revisar todas las sanciones impuestas durante la ejecución de la condena y que resulten inequívocamente contrarias a la enmienda y readaptación de los condenados. De las normas antes anotadas, se infiere que son competentes para pronunciarse sobre la suspensión condicional de la pena, los jueces o tribunales que dictaron sentencia, no existiendo ninguna norma que otorgue dicha atribución a los jueces de ejecución penal; quienes únicamente tienen facultades para ejercer el control sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas en la suspensión condicional de la pena. En el mismo sentido, se pronunció la uniforme jurisprudencia constitucional. Así, la SC 1615/2002-R de 20 de diciembre, en el análisis del caso concreto, determinó que el Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal de Padilla del departamento de Chuquisaca, al disponer que la suspensión condicional de la pena sea solicitada al Juez de Ejecución Penal, desconoció sus propias atribuciones, vulnerando el derecho a la libertad del entonces recurrente -ahora accionante-; entendimiento que también fue seguido por la SC 1631/2004-R de 11 de octubre, que además aclaró que ninguna disposición legal establece que la suspensión condicional de la pena deba hacerse únicamente en la misma audiencia o antes que se ejecutoríe el fallo. El precedente antes anotado, se mantuvo uniforme e inalterable por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que a través de la SCP 2546/2012 de 21 de diciembre señaló que la suspensión condicional de la pena, es un beneficio para el condenado, que consiste en la facultad que tiene el juez o tribunal que dictó sentencia, de suspender de modo condicional, el cumplimiento de la pena, cuando concurran los requisitos previstos por el art. 366 del CPP. Conforme a lo anotado, existe vulneración del derecho a la libertad del accionante, cuando la autoridad judicial, en lugar de resolver de manera pronta y oportuna la solicitud de suspensión condicional de la pena, retrae y evade sus responsabilidades, señalando que perdieron competencia, por estar ejecutoriada la sentencia condenatoria; pues 4El FJ III.2, establece: “De manera que el Juez de Instrucción Segundo en lo Penal cautelar, al rechazar la solicitud de suspensión condicional de la pena reclamada por el recurrente, derivando implícitamente el trámite al Juez de Ejecución Penal, ha vulnerado el derecho a la libertad invocado en el recurso, no sólo desconociendo como se dijo, su competencia en contravención del art. 42 del CPP que dispone: ‘La jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable, con las excepciones establecidas en este Código’, sino también privando al recurrente de un beneficio previsto por el art. 366 del mismo cuerpo de leyes, cuya concesión únicamente está condicionada a los requisitos: 1) que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración; y, 2) que el condenado no haya sido objeto de condena anterior, por delito doloso en los últimos cinco años; exigencias que según indica el condenado se cumplen en el caso de autos; más aún si la autoridad recurrida sostuvo que en la audiencia realizada, el condenado no solicitó la suspensión condicional de la pena, siendo advertido de que en caso de no hacerlo hasta que se ejecutoríe la sentencia se libraría mandamiento de condena, como en efecto sucedió, actuación que puso en riesgo inminente la libertad física del recurrente, pues ninguna disposición legal contenida en el Código de procedimiento penal, dispone que la solicitud debe hacerla en la misma audiencia y antes de que se ejecutoríe el fallo.” 5El FJ III.3, señala: “Este beneficio consiste en la facultad que tiene el Juez o Tribunal que dictó sentencia de suspender de modo condicional, el cumplimiento de la pena cuando concurran los requisitos previstos por el art. 366 del CPP, (modificado por la Ley de Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas ‘Marcelo Quiroga Santa Cruz’.

Así, el Código Procesal Penal en su art. 367, ha previsto como efecto que, ejecutoriada la sentencia que dispone condena de ejecución condicional, el imputado deberá cumplir necesariamente, las condiciones u obligaciones impuestas de conformidad al art. 24 del CPP, en el supuesto en que se hayan cumplido las condiciones en el tiempo fijado para el efecto, la pena quedará extinguida; al contrario sucede cuando durante el periodo de prueba el beneficiario infringe sin causa justificada, las normas de conducta fijadas, la suspensión será revocada y deberá cumplir la pena impuesta”.

ese razonamiento, contradice a todas luces, los marcos regulados en nuestro ordenamiento jurídico penal y la jurisprudencia constitucional (las negrillas son añadidas).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, ante su solicitud de suspensión condicional de la pena, formulada el 18 de mayo de 2023, el Juez demandado de forma indebida negó su tramitación, bajo el argumento erróneo que conforme al art. 55 del CPP, la autoridad competente para el control y ejecución de la sentencia era el juez de ejecución penal.

Al respecto, de la revisión de los antecedentes aparejados al expediente constitucional y lo expuesto por los sujetos procesales, se tiene que, la problemática planteada tiene su origen en un proceso penal en ejecución de sentencia, contra el accionante por la supuesta comisión del delito de estafa; en el cual, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro dictó la Sentencia 04/2022 el 11 de febrero, condenando al nombrado, tres años y dos meses de reclusión a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento, quién interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento mediante Auto de Vista 115/2022 de 9 de agosto, confirmando el citado fallo y modulando únicamente la pena, fijándola en dos años y seis meses de privación de libertad y una multa de cien días a razón de un boliviano por día, a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro del mencionado departamento (fs. 27 a 34); posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 1414/2022-RA de 28 de octubre, declaró inadmisible el recurso de casación (fs. 35 a 38 vta.). Devueltos los antecedentes al Tribunal de Sentencia de origen, mediante Auto Interlocutorio 29/2023 de 13 de marzo de 2023, dicha instancia declaró ejecutoriada la Sentencia 04/2022, disponiéndose el cumplimiento de las determinaciones contenidas en la misma (Conclusión II.1), asimismo, en virtud de esa disposición, emitió mandamiento de condena de 20 de abril de 2023, a objeto del cumplimiento de la condena de dos años y seis meses de reclusión (Conclusión II.2), de forma posterior a su privación de libertad, por memorial de 18 de mayo del citado año, dirigido al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, el ahora impetrante de tutela, solicitó la concesión de la suspensión condicional de la pena, el cual fue respondido por el Juez demandado a través de decreto de 19 del mismo mes y año, sosteniendo que, al haberse ejecutoriado la Sentencia, la autoridad jurisdiccional para el control y ejecución de una sentencia condenatoria era el juez de ejecución penal como establece el art. 55 del CPP (Conclusión II.3). En este contexto y lo ut supra desarrollado, se advierte que, la autoridad judicial demandada rehusó pronunciarse sobre una solicitud vinculada de manera directa con la pretensión de obtener la libertad del accionante, generando incertidumbre respecto a su situación jurídica, al no contar con claridad sobre la autoridad competente ante la cual debía acudir; en consecuencia, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en el caso que nos ocupa se configura la procedencia de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, destinada a restablecer la vigencia del derecho a la libertad frente a la indebida dilación en la resolución de la situación jurídica de una persona privada de libertad, cuando la autoridad judicial omite pronunciar una determinación oportuna respecto a una petición que incide directamente sobre tal derecho fundamental. En ese marco, del análisis normativo y jurisprudencial contenido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se desprende que ninguna disposición del ordenamiento adjetivo penal confiere competencia al juez de ejecución penal para conocer y resolver solicitudes de suspensión condicional de la pena; toda vez que, sus atribuciones se limitan al control del cumplimiento de las condiciones impuestas en las decisiones que conceden dicho beneficio. Por el contrario, conforme a lo establecido en la primera parte del art. 366 del CPP, la competencia para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión condicional de la pena corresponde al juez o tribunal de sentencia penal que dictó la sentencia condenatoria. En consecuencia, el Juez demandado, al negarse sin fundamento legal a conocer y resolver la solicitud de suspensión condicional de la pena efectuada por el impetrante de tutela, bajo el argumento que dicha atribución corresponde al juez de ejecución penal en aplicación del art. 55 del CPP, se apartó del marco normativo que le confería la competencia funcional para resolver la petición planteada, así como de la jurisprudencia constitucional aplicable al caso, causando una dilación indebida y lesionando con su actuar, el derecho al debido proceso en su componente de celeridad vinculado a la libertad del nombrado, lo que conlleva a la concesión de la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2023 de 24 de mayo, cursante de fs. 46 a 50, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, con base a los fundamentos precedentemente expuestos y en los mismos alcances dispositivos asumidos por el indicado Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0238_2026-S3.pdf · páginas 1 a 12.

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