Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 18 de junio de 2024
Deniega la tutela
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la vida, defensa, debido proceso, presunción de inocencia y el principio de legalidad vinculado con su libertad; toda vez que, la autoridad ahora demandada presuntamente para garantizar su integridad física, dispuso que guarde detención preventiva en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz, en pleno desconocimiento del art. 237 del CPP, al ser un lugar diferente de donde se desarrolla el proceso ‒Santa Cruz‒; sin embargo, no se cumplieron las formalidades legales, pues si bien se hizo conocer que existiría un Voto Resolutivo que lo declara persona no grata, el mismo sólo fue emitido por los delegados del PC-4 de Palmasola; por lo que, la autoridad demandada bien pudo disponer que la aludida medida sea cumplida en otro de los ocho PC’s que existen dentro de este centro carcelario; no obstante, la actuación contraria pone en riesgo su vida no sólo por la presión alta que padece, sino porque también recibió amenazas de muerte por mensajes, los cuales provienen de Chonchocoro. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tal extremo es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 17/2022 de 25 de junio, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0238/2024-S4 Sucre, 18 de junio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 48534-2022-98-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 17/2022 de 25 de junio, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Miguel Islas Rivero en representación sin mandato de Misael Nallar Viveros contra Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 25 de junio de 2022, cursante de fs. 1 a 2, el accionante a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato, fue llevada a cabo audiencia de medidas cautelares, misma que concluyó el “día de hoy a horas 02:20 de la mañana” (sic) –se entiende el 25 de junio de 2022‒, donde fue dispuesta su detención preventiva por el plazo de ciento ochenta días, en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz. Determinación que fue asumida presuntamente para asegurar su integridad física, ya que existiría un documento por el cual los detenidos en el PC-4 del Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, lo declararon persona no grata; sin considerar que, dicho penal dentro de su estructura cuenta con diferentes “PCS”, donde la autoridad ahora demandada bien pudo disponer su detención, precautelando su seguridad, aplicando “la objetividad y legalidad del juez natural y derecho a la defensa, especificado en el art. 237 del CPP., donde de manera clara y específica dice ‘la detención preventiva debe cumplirse en el recinto penal del lugar donde se tramita’, por cuanto además recibió amenazas de muerte ʽsi llego a la cárcel de chonchocoroʹ” (sic); por lo que, invoca la tutela a su derecho a la vida. Finalizó señalando que, sus derechos fundamentales y garantías constitucionales fueron vulnerados al no dejar ingresar “a una institución pública” –no precisa a cuál- a sus abogados, “y por detenerlos” sin motivo lógico ni legal; debido a lo cual, “los policías con su actuar se alejaron alejó del valor justicia, de dar a cada quien lo que corresponda según sea su derecho…” (sic).
El accionante a través de su representante sin mandato alegó como lesionado su derecho a la vida, defensa, debido proceso, presunción de inocencia y el principio de legalidad vinculado con su libertad, citando al efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE); 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PDCP); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se repongan los derechos conculcados.
Celebrada la audiencia pública el 25 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 26 a 30 vta., presente la parte accionante y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato ratificó la acción de libertad y ampliándola señaló que: a) Fue dispuesta su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz, razón por la cual se hizo conocer al Juez hoy demandado que el art. 237 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece en su parte in fine que, la detención preventiva debe cumplirse en el recinto penal del lugar donde se tramita el proceso; no obstante, dicha autoridad no valoró de manera correcta la solicitud que su detención preventiva sea cumplida en Palmasola; b) Toma medicamentos para controlar su presión y arritmia cardiaca, situación que si bien no fue puesta oportunamente a conocimiento de la aludida autoridad, pues su defensa se centró solamente a cuestionar aspectos formales y legales; sin embargo, en instancia constitucional presentan no sólo recetas y certificado médico, sino su Historia Clínica, las cuales pidió sean compulsadas; c) Precisó que el hecho de haberse dispuesto su privación de libertad, no restringe los otros derechos que le asisten, “pero no sólo esta carga le pusimos al Juez Cautelar, sino que también nos llama la atención de que ante la mención del estado de salud que sufre mi defendido, había recibido amenazas de muerte textuales y nótese que esto es impresión sin embargo aquí arriba le puse el número de celular y voy a ser textual en la parte más importante y voy a pasar a secretaria para que su autoridad pueda ver: ‘ojala que allá en Chonchocoro no lo vayan a soltar a Nallar así como hicieron con HARDI GOMEZ que cuando lo trasladaron al penal de san pedro y murió, lo mataron, el OTTI la misma suerte paso con él, VINCHITA son denominativos de personas privadas de libertad que fueron trasladadas y que perdieron la vida independientemente de que hubieran sido procesadas o condenadas, aquí en Bolivia se condena y se restringe el derecho a la libertad y como pena máxima tenemos 30 años, pero no existe la tortura, la pena de muerte o condena de tal naturaleza, el ha recibido amenazas señor juez y son mensajes de whatsapp reenviados en chonchocoro no aguanta un mes ese camba, mi defendido le dijo al juez estoy con miedo no quiero irme pero sin embargo el juez dice que de que porque existe un voto resolutivo es más en el informe su autoridad escucho ‘firmado por el regente y delegados del PC 4’ señor juez las formalidades legales no se cumplieron para decir que se emitió un voto resolutivo, es simplemente una mención de personas que tienen ciertas funciones dentro del PC 4 ni siquiera de Palmasola o de la estructura funcional de Palmasola de la cual nos habla la ley 2298 es decir el director del establecimiento penitenciario o el director departamental del régimen penitenciario el que hubiera firmado ese voto resolutivo o los presos los 5340 presos que existen en el PC4 que no lo quieren y lo declaran persona no grata eran solo 4 personas que firmaban porque no los pasaron a nosotros para que revisemos, entonces llama la atención de que eso es lo que hace su fundamentación, siendo que le dice que tiene miedo de irse a chonchocoro, y nosotros estamos demostrando que él sufre una enfermedad es más estando en la FELCC se le han llevado los medicamentos que el estaba tomando que es el enalapril que es para regular la presión, Señor Juez en la paz y peor en el establecimiento de Chonchocoro la presión es más elevada la densidad atmosférica y otros aspectos” (sic), por cuanto su vida se encuentra en peligro; d) El traslado de un detenido debe ser puesto a conocimiento del Juez de Ejecución de Penas, para lo cual corresponde al Director del Recinto Penitenciario elevar ese informe de acuerdo al art. 59.6 de la Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001 ‒Ley de Ejecución Penal y Supervisión‒, por cuanto si dichas autoridades hubieran firmado el Voto Resolutivo de referencia con toda razón el Juez hubiera podido arribar a tal determinación; no obstante, el pedido fue realizado simplemente por el Ministerio Público y los abogados de la otra parte, “y él dice voy a preservar su vida es al contrario lo que está haciendo Señor Juez, no está preservando su vida porque el mismo detenido le dice y le implora no lo mande allá” (sic); e) No se verificó a través de la aludida Dirección, si es una persona peligrosa para Palmasola, habiendo directamente el Juez de la causa avalado el traslado, cuando el art. 48 de la citada norma, no faculta a la referida autoridad que pueda ordenar ello, pues esa atribución sólo es conferida a los Tribunales y Jueces de Ejecución Penal; y, f) Se vulneró el derecho al juez natural, pues no se tomó en cuenta que en Palmasola existen ocho PC’s, por cuanto ante la evidente lesión a la Ley 2298 en cuanto al tema de los traslados, solicitó se conceda la tutela impetrada “en lo que concierne a que nuestro detenido vuelva a la ciudad de Santa Cruz, cómo les digo no venimos a procurar su libertad sino a que se lo vuelva a la ciudad de Santa Cruz y que se lo Ponga en un PC de máxima seguridad ya sea PC7 A, PC7 B o PC6 para precautelar su vida y su integridad” (sic).
Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, mediante informe enviado vía WhatsApp el 25 de junio de 2022, cursante a fs. 16 de obrados, manifestó lo siguiente: 1) La audiencia cautelar en la que se resolvió la situación jurídica del hoy accionante concluyó a las 03:00 del 25 de dicho mes y año, conforme la parte resolutiva de la resolución dictada dentro del proceso penal de referencia, por la presunta comisión del delito de asesinato se dispuso la aplicación de la medida extrema de detención preventiva para Misael Nallar Viveros ‒hoy impetrante de tutela‒, Rodrigo Gonzales Arrazola y Esteban Beltrán Muñoz, más propiamente con relación al accionante, se determinó su cumplimiento en la Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz, ello debido a que durante el desarrollo de la audiencia el Ministerio Público puso a conocimiento el Voto Resolutivo emitido por el regente y delegados del PC-4 del Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, mediante el cual lo declaraban persona no grata, solicitando a su vez se manifiesten los otros pabellones o PC's sobre dicha circunstancia; extremo por la cual garantizando su derecho a la vida e integridad física, dio curso a la solicitud sobre el cumplimiento de la medida cautelar en el Centro Penitenciario de Chonchocoro; y, 2) Por lo que habiendo adecuado su actuación a la normativa vigente y tratados internacionales, velando por el derecho a la vida del accionante, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 17/2022 de 25 de junio, cursante de fs. 31 a 34, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada pronuncie nuevo fallo debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a los arts. 237 del CPP; 59 de la Ley 2298; y, 48 de su Reglamento, además de la SCP 0758/2015-S3 de 8 de julio, en el plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación, con base en los siguientes fundamentos: i) El art. 237 del adjetivo penal, determina que la detención preventiva debe cumplirse en un recinto penal del lugar donde se tramita el proceso, a su vez también en el mismo procedimiento determina que es el Juez de Ejecución Penal que debe velar por los derechos de los detenidos preventivos dentro de un penal, así la Ley 2298 establece en su art. “88.6” que el Director del establecimiento penitenciario tiene que solicitar al Juez de Ejecución Penal el traslado del interno por razones de seguridad o hacinamiento, mismo que concuerda con el art. 47 de su Reglamento, que es claro al determinar que el traslado de los internos de un centro penitenciario a otro se ejecutará por los siguientes motivos: a) Para el cumplimiento de la sentencia en el lugar de procedencia del interno o residencia de su núcleo familiar; b) Por requerir atención médica especializada debidamente acreditada mediante médico; y, c) Por razones de seguridad personal del interno; sin que de lo obrado por el Juez hoy demandado se advierta que se haya cumplido con estos presupuestos habida cuenta que el impetrante de tutela, no ingresó aún al penal de Palmasola; ii) La decisión asumida por el demandado es contraria a la línea establecida en la SCP 0758/2015-S3, que es de carácter vinculante al presente caso; por lo que, corresponde conceder la presente acción de libertad; y, iii) Utilizando la sana crítica, y el razonamiento lógico, es evidente que el traslado del accionante a otro penal, conculca su derecho a la defensa, “porque sus abogados defensores están en el lugar donde se cometió el hecho o se están dando las investigaciones por un hecho determinado de esa manera también se estaría violentando el derecho a la defensa” (sic), el acceso a la justicia, a una justicia pronta y oportuna y sin dilaciones, pues son aproximadamente 800 km de distancia al departamento de La Paz, cuando en el departamento de Santa Cruz existen otros recintos penitenciarios, como el Centro de Readaptación Productiva (CEPROM) que se encuentra en Montero, “además está claramente establecido que es el director penitenciario quien debe resguardar la seguridad de los detenidos preventivos, ahora una vez que el detenido se encuentre en el centro de rehabilitación se realizaran las valoraciones, ya que aún no se ha visto ninguna situación con respecto al comportamiento del señor Misael Nallar Viveros porque aún no ha ingresado a un centro penitenciario” (sic). Determinación que fue objeto de solicitud de complementación, que fue declarado no ha lugar.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta en fotocopia simple Historia Clínica de “Médicos Voluntarios” de 9 de mayo de “2020”, referente a Misael Nallar Viveros ‒hoy accionante‒, cuyas fechas de atención datan del 15 de mayo de 2021; 10 y 28 de mayo de 2022; y, “10 de febrero de 2022” –así se encuentra consignado‒, atenciones que refieren que el prenombrado refería padecer de gripe, malestar general, fiebre, perdida del olfato, rinitis, náuseas y malestar gástrico –respectivamente‒ (fs. 10 a 11). II.2. Cursa Certificado Médico de 25 de junio de 2022, firmado por Sergio Roca Añez, Médico Cirujano, a través del cual certifica que el impetrante de tutela, sufre de gastritis, hipertensión arterial, “secuelas del covid-19” (sic), motivo por el cual debe someterse a controles y tratamiento permanente por lo delicado de su situación de salud; por otro lado, se tiene una receta médica emitida en igual fecha por el mismo profesional, que prescribe medicación para tratamiento por treinta días, entre las cuales se puede advertir aspirineta, entre otros que no se pueden identificar por ser ilegibles (fs. 8 a 9). II.3. Se tiene impresiones de mensajes de texto que contienen fotografías, presuntamente enviado vía WhatsApp, sin identificación alguna de números (fs. 12 a 14).
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la vida, defensa, debido proceso, presunción de inocencia y el principio de legalidad vinculado con su libertad; toda vez que, la autoridad ahora demandada presuntamente para garantizar su integridad física, dispuso que guarde detención preventiva en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz, en pleno desconocimiento del art. 237 del CPP, al ser un lugar diferente de donde se desarrolla el proceso ‒Santa Cruz‒; sin embargo, no se cumplieron las formalidades legales, pues si bien se hizo conocer que existiría un Voto Resolutivo que lo declara persona no grata, el mismo sólo fue emitido por los delegados del PC-4 de Palmasola; por lo que, la autoridad demandada bien pudo disponer que la aludida medida sea cumplida en otro de los ocho PC’s que existen dentro de este centro carcelario; no obstante, la actuación contraria pone en riesgo su vida no sólo por la presión alta que padece, sino porque también recibió amenazas de muerte por mensajes, los cuales provienen de Chonchocoro. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tal extremo es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Sobre lo señalado la SCP 0223/2020-S4 de 23 de julio, sostuvo que: “Al respecto la SCP 0307/2019-S4 de 29 de mayo, estableció que: ‘El derecho a la vida es un derecho humano universal, que le incumbe a todo ser humano, puesto que de él se concretizan los demás derechos universales. El resguardo y respeto de este derecho implica que toda persona tiene garantizada y asegurada la posibilidad de crecer, desarrollarse y culminar los días de su vida en un ambiente favorable, ello involucra en definitiva, beneficiarse con servicios y atención médica adecuados, con una alimentación equilibrada y un ambiente saludable. Constituyendo la protección de este derecho como una obligación no solo del Estado sino también una responsabilidad de todas las personas que lo integran’ Precisando el alcance del art. 125 de la Constitución Política del Estado, la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, estableció lo siguiente: ‘…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se de la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva. Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona «que considere que su vida está en peligro», sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro’. De dicha jurisprudencia se tiene que dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, goza de protección especial, mereciendo así la tutela impetrada vía acción de libertad siempre y cuando exista un real peligro para éste, incluso puede ser activada de forma directa de demostrarse dicho peligro real” (las negrillas nos pertenecen).
La parte accionante identifica como vulnerados los derechos invocados en esta acción tutelar, alegando que la autoridad ahora demandada presuntamente para garantizar su integridad física, dispuso que guarde detención preventiva en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz, en pleno desconocimiento del art. 237 del CPP, al ser un lugar diferente de donde se desarrolla el proceso ‒Santa Cruz‒; sin embargo, no se cumplieron las formalidades legales, pues si bien se hizo conocer que existiría un Voto Resolutivo que lo declara persona no grata, el mismo sólo fue emitido por los delegados del PC-4 de Palmasola; por lo que, la autoridad demandada bien pudo disponer que la aludida medida sea cumplida en otro de los ocho PC’s que existen dentro de este centro carcelario; no obstante, la actuación contraria pone en riesgo su vida no sólo por la presión alta que padece, sino porque también recibió amenazas de muerte por mensajes, los cuales provienen de Chonchocoro. Ahora bien, considerando que el accionante activa la presente acción de defensa invocando en lo principal la tutela de su derecho a la vida, es necesario tener presente que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la protección del aludido derecho se activa en aquellos casos en los que exista un real peligro para éste, aunque no se halle estrechamente vinculado con la libertad física o personal, encontrándose el Estado compelido a actuar con diligencia ante la existencia de actos que lo vulneren o amenacen.
En ese marco, de los antecedentes procesales cursantes en obrados, consta la existencia en copia simple de la Historia Clínica de Misael Nallar Viveros ‒hoy accionante‒, que consigna en el rótulo “Médicos Voluntarios” de 9 de mayo de “2020”, de la cual se advierte fechas de atención que datan del 15 de mayo de 2021, 10 y 28 de mayo de 2022; y, “10 de febrero de 2022”, atenciones que de manera general refieren que el prenombrado refería padecer de gripe, malestar general, fiebre, pérdida del olfato, rinitis, náuseas y malestar gástrico, firmado por Sergio Roca Añez, Médico Cirujano con MAT P.R-2017 MCM5502 (Conclusión II.1.); asimismo, se tiene un Certificado Médico de 25 de junio de 2022, firmado por el médico de referencia, a través del cual certifica que el impetrante de tutela, sufre de gastritis, hipertensión arterial, “secuelas del covid-19” (sic); motivo por el cual, debe someterse a controles y tratamiento permanente por lo delicado de su situación de salud; por otro lado, se tiene una receta emitida de igual fecha por el mismo profesional, que prescribe medicación para tratamiento por treinta días, entre las cuales se puede advertir aspirineta, entre otros –ilegibles‒ (Conclusión II.2.). Al respecto, es menester señalar que si bien la Historia Clínica de referencia denota las dolencias sufridas por el impetrante de tutela, y el certificado médico informa que sufriría de gastritis e hipertensión arterial; no obstante, dichas literales no prueban de manera objetiva que la detención preventiva que se ordenó sea cumplida en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz, ponga en riesgo inminente su derecho a la vida, por cuanto además de la receta médica adjunta, se evidencia que viene recibiendo tratamiento médico; contexto bajo el cual, impera la necesidad de resaltar que los privados de libertad tienen acceso a las atenciones médicas que requieran dentro del centro penitenciario en el que se encuentran recluidos, situación que no impide que en caso de requerir atención especializada puedan solicitar el permiso médico necesario a la autoridad jurisdiccional competente. En esa misma línea de análisis, cabe señalar que, en cuanto a la alegación que su vida se encontraría en riesgo ante las presuntas amenazas por mensajes que recibió desde la cárcel de Chonchocoro; tampoco las impresiones genéricas de los textos sin identificación alguna que presentó para acreditar tal extremo (Conclusión II.3.), resultan determinantes para avalar ante esta jurisdicción constitucional la existencia de un real riesgo o peligro inminente para su vida, pues el peligro que se alega con respecto a la vida no debe limitarse a una simple enunciación, sino que corresponde que guarde las características de real, directa e inminente, las cuales en el caso presente no fueron demostradas; no obstante ello, no impide que el impetrante de tutela, pueda acudir ante el Juez que ejerce el control jurisdiccional de la causa, para denunciar dicha situación a objeto de que se inicie una investigación al respecto.
En consecuencia, al no ser evidente que su vida se encuentre en peligro, corresponde denegar la tutela impetrada. Por otro lado, en cuanto a la denuncia que presuntamente la medida de la detención preventiva que se estableció sea cumplida en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz, se apartaría de la previsión contendida en el art. 237 de la norma procesal penal, que determina que, dicha medida debe cumplirse en el recinto penal del lugar donde se tramita el proceso; es menester señalar que, si bien el art. 236.5 del CPP, establece que el auto de detención preventiva será dictado por el juez o tribunal del proceso y contendrá, entre otros requisitos, en el lugar de cumplimiento de la detención preventiva; y complementario a esto, el art. 237 del mismo cuerpo legal, prevé que la detención preventiva debe cumplirse en el recinto penal del lugar donde se tramita el proceso; sin embargo, la determinación asumida por la autoridad demandada, conforme lo manifestado por el propio accionante y ratificado por ésta, fue asumida con la única finalidad de precautelar su vida e integridad física, ello debido a que durante el desarrollo de la audiencia de medidas cautelares el Ministerio Público puso a conocimiento el Voto Resolutivo emitido por el regente y delegados del PC-4 del Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, a través del cual lo declaraban persona no grata, y por medio del que solicitaban que los otros pabellones o PC's se pronuncien, lo que motivó que actué garantizando los citados derechos, dando curso a la solicitud sobre el cumplimiento de la medida cautelar en la cárcel de Chonchocoro, de manera que si el impetrante de tutela, no se encuentra de acuerdo con lo dispuesto por dicha autoridad, puede hacer uso de los medios intraprocesales previstos en el ordenamiento jurídico. Dicho ello, no se advierte vulneración a los demás derechos alegados como lesionados, correspondiendo por consiguiente, la denegatoria de la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 17/2022 de 25 de junio, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0238_2024-S4.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 616fee9f5c68ec8d3d40f226f41be3967db8f30bd9a8422d9476d5f3ceee2e8b
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