Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 25 de junio de 2024
Deniega la tutela
El accionante considera vulnerados sus derechos al Trabajo, a una fuente laboral estable, a la inamovilidad laboral al ser padre progenitor de una persona con discapacidad y a una existencia digna; toda vez que, las autoridades demandadas, pese a tener conocimiento de que es padre progenitor de un menor con discapacidad; y que, gozaba del beneficio de inamovilidad laboral, no se lo volvió a recontratar al finalizar el último Contrato Administrativo de Prestación de Servicio de Consultoría Individual de Línea ALDB/UJA/XJE/126/2022 de 7 de marzo, máxime cuando dicho beneficio alcanza a todos los funcionarios tanto públicos como privados; además, que no consideraron que al haber firmado tres Contratos Administrativos de Prestación de Servicios de Consultoría Individual de Línea, operaba la tácita reconducción de un contrato eventual a uno indefinido. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 087/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 93 a 96 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento del Beni, y en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos esgrimidos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0238/2024-S1 Sucre, 25 de junio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 50252-2022-101-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 087/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 93 a 96 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alán Jorge Patiño Coimbra contra Edwin Cáceres Chávez, Oficial Mayor Administrativo y Financiero y Responsable Administrativo; y, Lizbeth Flores Franco, Jefa de la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.), ambos de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni.
Por memorial presentado el 10 de agosto de 2022, cursante de fs. 29 a 36 vta., el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Ingresó a trabajar a la Asamblea Legislativa Departamental del Beni el 1 de junio de 2021, por el tiempo de un mes, mediante Memorándum ALDB-RRHH 203/2021; posteriormente el 1 de julio del citado año a través de Memorándum ALDB-RR.HH. 283/2021 se lo volvió a contratar por otro mes; así mismo, en la misma fecha y bajo el Memorándum ALDB-RR.HH. 283/2021 se lo recontrató por el mes de agosto de la gestión 2021. De forma posterior, fue contratado bajo la modalidad de prestación de servicios de consultoría individual de línea, como Asistente IV de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, desde el 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2021; para luego bajo la misma modalidad prestar sus servicios del 17 de enero al 28 de febrero de 2022; y, por último, desde el 3 de marzo al 30 de abril del mismo año; por lo que, conforme la SCP 0443/2013 de 3 de abril, al existir tres contratos bajo la misma modalidad el contrato se convierte en uno indefinido, máxime al ser padre progenitor de un menor discapacitado; por lo que, goza de inamovilidad laboral; empero, las autoridades demandadas incumplieron en efectuar su recontratación al ser inamovible, y al haberse operado la reconducción laboral por lo mismo con un contrato de trabajo indefinido, pese a que tenían conocimiento de que era padre progenitor de un menor de un año y tres meses con discapacidad -síndrome de daw-, beneficio que le protegía por su condición de padre progenitor que es extensible a servidores tanto públicos como privados conforme a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0282/2013 de 13 de marzo; 1204/2013 de 1 de agosto; y, 0755/2017 de 27 de julio; por lo que, al no “…dejarme continuar con mis labores para las que fui contratado, que materialmente significa un despido injustificado, que me deja sin una fuente laboral, siendo que disposición constitucional hay una expresa prohibición y expresa protección de mi DERECHO A LA ESTABLIDAD E INAMOVILIDAD LABORAL, POR MI CONDICION PERSONA progenitor, de un menor CON DISCAPACIDAD, de un año y tres meses de edad, y que al soslayar el reconocimiento de estos derechos el recurrido ha incurrido en un acto ilegal e indebido, que lesiona, restringe, suprime, violenta, menoscaba y vulnera mis derechos fundamentales, lo que además incide directamente en los derechos a la salud y vida de mi pronombrada descendiente, situación que de manera imperativa corresponde ser rectificada o corregida, mediante la restitución a mi fuente laboral, en el cargo y condiciones en las que venía desempeñando como asistente de la comisión de fiscalización de la asamblea legislativa departamental del Beni, con el mismo nivel salarial, Dependiente de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni” (sic.).
Denuncia la vulneración de sus derechos al Trabajo, a una fuente laboral estable, a la inamovilidad laboral al ser padre progenitor de una persona con discapacidad y a una existencia digna, citando al efecto los arts. 13. I, II, III y IV; 46.I.1) y 2) y II; 48; 49.III; 70.1; 128; 129 y 410.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) Su restitución a su fuente laboral, en el mismo cargo y con igual salario; b) Se procesa al pago de salarios devengados; y, c) Se condene en el pago de cosas, daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia virtual el 18 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 90 a 92 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado ratificó los términos de su demanda de acción de amparo constitucional.
Edwin Cáceres Chávez, Oficial Mayor Administrativo y Financiero y Responsable Administrativo -por medio de su representante legal-; y, Lizbeth Flores Franco, Jefa de la Unidad de RR.HH., ambos de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, mediante informe escrito presentado el 15 de agosto de 2022, cursante de fs. 85 a 87 vta., señalaron que: 1) Conforme se tiene del Informe ALDB-RR.HH. 04/2022-2023 emitido por la Unidad de RR.HH., se tiene que el último contrato efectuado al peticionante de tutela fue bajo la Modalidad de Contratación Menor en base al Decreto Supremo (DS) 0181 NB-SABS, bajo el Contrato Administrativo ALDB/UJA/XJE/126/2022 vigente desde el 7 de marzo al 30 de abril de 2022, siendo falso de que se haya entregado algún memorándum o comunicación oficial de agradecimiento de servicios; ya que, al ser Consultor operó de manera simple el cumplimiento y finalización del contrato; 2) En relación a que se conocía su condición de padre de un menor con discapacidad; no es cierto, pues no existe alguna documental que así lo demuestre; y, 3) Es improcedente querer gozar de inamovilidad laboral por una supuesta reconducción de contrato, ya que la modalidad por la que se efectuó la contratación del solicitante de tutela fue de Consultor en base al DS 0181, y al ser personal eventual ingresando en la partida 12100 correspondiente al Personal Eventual, existiendo fechas de inicio y fin del contrato, además que no pertenece a personal de carrera administrativa; por lo que, solicitan se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Primera del departamento del Beni, por Resolución 087/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 93 a 96 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: i) El último contrato fue uno a plazo fijo y bajo la modalidad de prestación de servicios por consultoría individual de línea, la cual está sujeto a las normas establecidas en el DS 0181 y Ley 1178, la cual no se encuentra protegido por la Ley General del Trabajo, tampoco es un servidor de carrera administrativa, por lo mismo no goza de los derechos o beneficios que reclama; ii) Las personas que son contratadas como consultores de línea no están sujetas a la Ley General del Trabajo, ni al Estatuto del Funcionario Público, sino que se encuentran reguladas por las NB-SABS; y, al no existir una relación obrero patronal propiamente dicho, al disponer una vigencia establecida, no se puede solicitar la estabilidad o inamovilidad laboral; y, iii) La estabilidad laboral de padres progenitores de hijos menores a un año, y de personas con discapacidad solo es viable mientras se encuentre vigente el contrato, y cuando no existan causales de resolución atribuibles al consultor.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Certificado de Nacimiento de NN, nacido el 26 de abril de 2021, en la cual figuran como padres Alán Jorge Patiño Coimbra -padre y ahora accionante-; y, Lucía Vanesa Mejía Hinojosa -madre- (fs. 4), menor de edad, que conforme al Carnet de Discapacidad 160159, se tiene que el menor cuenta con el tipo de discapacidad: Intelectual, con un Grado de discapacidad: Moderado (fs. 5). II.2. Consta Memorándum de Designación ALDB-RRHH 203/2021 de 1 de junio, suscrito por los entonces Oficial Mayor Administrativo y Financiero y Responsable Administrativo, y, Jefa de la Unidad de RR.HH. de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, por el cual designan a Alan Jorge Patiño Coimbra -ahora impetrante de tutela-:
...para ocupar el cardo de ASISTENTE DE LOGISTICA, dependiente de la Comisión de Fiscalización, percibiendo una remuneración mensual de Bs. 4000.-(Cuatro Mil 00/100 Bolivianos) con cargo a la partida 121 del programa “Fortalecimiento Legislativo Asamblea Departamental”.
Memorándum que tendrá vigencia desde el 01 de junio del 2021 al 30 de junio del 2021, no pudiendo bajo ninguna razón existir tacita de reconducción o alegar figura jurídica alguna (sic [fs. 7]). II.3. Por Memorándum de Designación ALDB-RR.HH 283/2021 de 1 de julio, se designó a Alan Jorge Patiño Coimbra -ahora peticionante de tutela- en el cargo de:
…ASISTENTE DE LOGISTICA, dependiente de la Comisión de Fiscalización, con una remuneración mensual de Bs. 4.000.- (Cuatro Mil 00/100 Bolivianos) con cargo a la partida 121 del programa “Fortalecimiento Legislativo Asamblea Departamental”. Memorándum que tendrá vigencia partir de su recepción hasta el 31 de julio del 2021, no pudiendo bajo ninguna razón existir tacita de reconducción o alegar figura jurídica alguna (sic [fs. 8]). II.4. Cursa Memorándum de Designación ALDB-RR.HH. 283/2021 de 1 de julio, por el cual se designa al solicitante de tutela en el cargo de Asistente de Logística de la Comisión de Fiscalización.
(…).
Memorándum que tendrá vigencia partir de su recepción hasta el 31 de agosto del 2021, no pudiendo bajo ninguna razón existir tacita de reconducción o alegar figura jurídica alguna (sic [fs. 9]). II.5. Consta Contrato Administrativo de Prestación de Servicio de Consultoría Individual de Línea ALDB/UJA/SVR/81/2021 de 16 de septiembre, por el que el accionante fue contratado en el cargo de Asistente IV de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, contrato que duraría desde el 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 (fs. 25 a 28). II.6. Cursa Contrato Administrativo de Prestación de Servicio de Consultoría Individual de Línea ALDB/UJA/XJE/27/2022 de 17 de enero, a través de la cual, el impetrante de tutela, fue contratado en el cargo de Asistente IV de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, con un plazo de duración desde el 17 de enero al 28 de febrero de 2022 (fs. 19 a 21). II.7. Mediante Contrato Administrativo de Prestación de Servicio de Consultoría Individual de Línea ALDB/UJA/XJE/126/2022 de 7 de marzo, el peticionante de tutela fue contratado como Asistente IV de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, con una duración desde el 7 de marzo al 30 de abril de 2022 (fs. 22 a 24).
El accionante considera vulnerados sus derechos al Trabajo, a una fuente laboral estable, a la inamovilidad laboral al ser padre progenitor de una persona con discapacidad y a una existencia digna; toda vez que, las autoridades demandadas, pese a tener conocimiento de que es padre progenitor de un menor con discapacidad; y que, gozaba del beneficio de inamovilidad laboral, no se lo volvió a recontratar al finalizar el último Contrato Administrativo de Prestación de Servicio de Consultoría Individual de Línea ALDB/UJA/XJE/126/2022 de 7 de marzo, máxime cuando dicho beneficio alcanza a todos los funcionarios tanto públicos como privados; además, que no consideraron que al haber firmado tres Contratos Administrativos de Prestación de Servicios de Consultoría Individual de Línea, operaba la tácita reconducción de un contrato eventual a uno indefinido. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes fundamentos jurídicos: a) Marco jurisprudencial, legal, alcance y efectos de los contratos administrativos de consultoría en línea; b) Excepción al principio de subsidiariedad en acciones de amparo constitucional respecto a personas con discapacidad; c) Puede tutelarse la estabilidad laboral de consultores en línea, cuando se encuentre vigente su contrato y no existan causales de resolución atribuibles al consultor; d) Inamovilidad laboral de personas con discapacidad o que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad; y, e) Análisis del caso concreto.
El presente Fundamento Jurídico fue citado en la SCP 0159/2021-S1 de 10 de junio que formuló el siguiente razonamiento:
A partir de la SC 0351/2003-R de 24 de marzo, con referencia al trabajo de los consultores en línea, al definir los contratos de prestación de servicios profesionales, se asumió el siguiente entendimiento:
Que, el contrato de prestación de servicios es aquel a través del cual una de las partes se obliga a prestar a la otra un servicio a cambio de una remuneración convenida, como se desprende de la lectura de las previsiones contenidas en los arts. 732 y siguientes del Código Civil, de 06 de agosto de 1975 (CC). Al estar el contrato de prestación de servicios regulado en el Código Civil (Libro Tercero, de las obligaciones, parte segunda, título II, de los contratos en particular) queda librado a la autonomía de la voluntad de las partes contratantes y en la esfera jurídica de lo laboral equivale al desempeño de funciones o tareas contratadas de acuerdo con su especialidad y cuya forma de pago de la remuneración convenida se determina de un modo preciso en el contrato que al efecto se suscribe.
A partir de dicha definición, la SCP 0281/2013-L de 2 de mayo determinó que la relación laboral de los consultores en línea, no ingresa en el ámbito de los trabajadores asalariados protegidos por la Ley General del Trabajo, y tampoco se encuentra inmersa en el ámbito de la carrera administrativa, prevista por la Ley del Estatuto del Funcionario Público, sino que dicho régimen contractual, tiene un tratamiento especial y diferente de la modalidad de prestación de servicios en calidad de empleados, pues el consultor no es un empleado en esencia, por lo mismo no es un servidor público; por lo que, no gozan de la misma protección que les asiste a dicho estamento laboral, menos se constituyen en titulares de los beneficios que brinda la Ley General del Trabajo, por tal razón no les corresponde vacaciones, aguinaldos y otros beneficios, bajo esa perspectiva, en cuanto al financiamiento que se emplea para el pago de los servicios que prestan los consultores en línea, anualmente las entidades públicas 1 En su F.J. III:1 señaló que: La relación laboral descrito por nuestra jurisprudencia, a tiempo de referirse a los consultores en línea, sostiene que tal situación laboral no ingresa en el ámbito de los trabajadores asalariados protegidos por la Ley General del Trabajo, tampoco se encuentra inmerso en el ámbito de la carrera administrativa, prevista por la Ley del Estatuto del Funcionario Público, sino que dicho régimen contractual, tiene un tratamiento especial y diferente de la modalidad de prestación de servicios en calidad de empleados, pues el consultor no es un empleado en esencia, por lo mismo no es un servidor público, así lo señaló la SC 0605/2004-R de 22 de abril.
El art. 5 inc. q) del DS 0181 de 28 de junio de 2009, sobre la naturaleza de los servicios, que cumple el consultor individual de línea, señala: “Son los servicios prestados por un consultor individual, para realizar actividades o trabajos recurrentes, que deben ser desarrollados con dedicación exclusiva en la entidad contratante, de acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato”. De dicha definición podemos concluir que, por excelencia el consultor en línea es una persona natural, que presta servicios especiales en el sector público, de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Dentro de esa perspectiva el entendimiento del Tribunal Constitucional, determinó lo siguiente: Los consultores en línea, al no ser funcionarios públicos, no gozan de la misma protección que les asiste a dicho estamento laboral, menos se constituyen en titulares de los beneficios que brinda la Ley General del Trabajo, por tal razón no les corresponde vacaciones, aguinaldos y otros beneficios.
Por otro lado, sobre el financiamiento que se emplea para el pago de los servicios que prestan los consultores en línea, anualmente las entidades públicas elaboran sus Planes Operativos Anuales (POA), que posteriormente se presentan al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para su aprobación, ya de manera posterior por mandato del art. 5 de la Ley del Presupuesto General de la Nación - Gestión 2000, ninguna entidad puede comprometer, ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados.
En consecuencia, la definición de remuneración para consultores en línea, se encuentra prevista en función a la escala salarial, debiendo las Unidades Administrativas de cada entidad elaborar el cuadro de equivalencia de funciones, avalada por la Unidad Jurídica y autorizada por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la entidad, de donde podemos concluir que, el presupuesto aprobado para la contratación de consultores en línea, en cada entidad pública se encuentra programada con anterioridad.
elaboran sus Planes Operativos Anuales (POA), que posteriormente se presentan al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para su aprobación, ya de manera posterior por mandato del art. 5 de la Ley del Presupuesto General de la Nación- Gestión 2000, ninguna entidad puede comprometer, ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados, concluyendo que:
…la definición de remuneración para consultores en línea, se encuentra prevista en función a la escala salarial, debiendo las Unidades Administrativas de cada entidad elaborar el cuadro de equivalencia de funciones, avalada por la Unidad Jurídica y autorizada por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la entidad, de donde podemos concluir que, el presupuesto aprobado para la contratación de consultores en línea, en cada entidad pública se encuentra programada con anterioridad (las negrillas y el subrayado es nuestro). De igual forma, a fin de determinar lo que son los contratos de consultoría en línea, la SCP 0720/2015-S3 de 3 de julio, haciendo referencia a la SC 0165/2005-R de 28 de febrero, puntualizó que el DS 0181 de 28 de junio de 2009, modificado por el DS 1497 de 20 de febrero de 2013, que regula las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que mantiene la regulación de los procesos de contratación y la disposición de bienes y servicios:
…asume el mismo criterio en cuanto al contrato en línea, al indicar en su art. 5 inc. qq): ‘Servicios de Consultoría Individual de Línea: son los servicios prestados por un consultor individual para realizar actividades o trabajos recurrentes, que deben ser desarrollados con dedicación exclusiva en la entidad contratante, de acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato’. Esta modalidad de contratación se encuentra bajo la denominación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, cuya cuantía es de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos) hasta Bs1 000 000.- (un millón bolivianos); determinación que se encuentra en el art. 13 del indicado DS 0181, que está modificado por DS 1497; es así, que considerando el entendimiento que hace el DS 0181 de lo que es contratos en línea, se tiene que en este cuerpo legal mantiene la naturaleza de esta modalidad de contratación; y, por ende sujetos a régimen especial previsto en dicha normativa no así al Estatuto del Funcionario Público ni a la Ley General de Trabajo (negrillas agregadas). En ese ámbito, la SCP 0510/2019-S2 de 12 de julio, determinó que el DS 0181 en cuanto a la prestación de servicios intelectual, distingue los servicios de consultoría individual de línea para realizar actividades o trabajos recurrentes, que deben ser desarrollados con dedicación exclusiva en la entidad contratante, de acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato (art. 5.qq de la NBSABS); y, los “Servicios de Consultoría por Producto” para un consultor individual o por una empresa consultora, por un tiempo determinado, cuyo resultado es la obtención de un producto conforme los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato (art. 5.rr de la NBSABS), definiendo que.
…el consultor individual en línea es la persona física que presta servicios intelectuales para realizar actividades o trabajos recurrentes, que deben ser desarrollados con dedicación exclusiva en la entidad contratante, en sujeción a los términos de referencia y las condiciones fijadas en el contrato; en otros términos, lo que prácticamente realiza el consultor individual en línea es la prestación de trabajo intelectual en forma personal, bajo condiciones de subordinación, dependencia y exclusividad a cambio de una remuneración. De lo señalado, se colige que la naturaleza de los contratos de consultoría de línea, se encuentran sujetos a un régimen normativo especial -Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios- y la contratación de servicios será de acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato, por producto y tiempo determinado bajo condiciones de subordinación, dependencia y exclusividad a cambio de una remuneración.
El presente Fundamento Jurídico fue citado en la SCP 0679/2020-S1 de 3 de noviembre que formuló el siguiente razonamiento:
Al respecto la SCP 0105/2019-S2 de 5 de abril, expresó que: La jurisprudencia constitucional a partir de la SC 1422/2004-R de 31 de agosto, estableció que no era obligatorio acudir ante el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS) previo a interponer la acción de amparo constitucional, estableciendo una excepción al principio de subsidiariedad, tratándose de personas con discapacidad; posteriormente la SC 1483/2011-R de 10 de octubre señaló:
…si bien es evidente que antes de la presentación de una acción de amparo constitucional, el accionante debe agotar los recursos que tenga a su alcance para la protección del derecho que alega como vulnerado, no es menos evidente que en determinados casos, que involucren a personas discapacitadas, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad, toda vez que la Constitución Política del Estado establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado...
Entendimiento que fue confirmado en la SCP 1052/2012 de 5 de septiembre respecto a la protección del interés de los más frágiles como es el sector de las personas con discapacidad. En suma, las personas con discapacidad y quienes tengan bajo su cuidado a dichas personas, pueden acudir directamente ante la justicia constitucional, haciendo abstracción del principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional.
El presente Fundamento Jurídico fue citado en la SCP 0159/2021-S1 de 10 de junio que formuló el siguiente razonamiento: Al respecto, la jurisprudencia constitucional, en la SCP 0720/2015-S3 de 3 de julio señaló que:
…se establece que las personas contratadas bajo la modalidad de consultoría en línea no están sujetas ni a la Ley General de Trabajo y tampoco al Estatuto del Funcionario Público, ello debido a que están regulados por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que está sujeto a las condiciones en las que se suscribe el mismo, y la naturaleza de los servicios a prestarse, acordándose como contraprestación una remuneración…
4El FJ III.1, refiere: “Ahora bien, en el marco estrictamente proteccionista de velar por el interés de los más frágiles como es el sector de las personas con discapacidad, la jurisprudencia constitucional a instituido la excepción al principio de subsidiariedad, a partir de la SC 1422/2004-R de 31 de agosto, que marcó el cambio de línea jurisprudencial con relación al principio de subsidiariedad tratándose de personas con discapacidad, pues sostuvo: ʽ…no hace obligatorio acudir previamente a esos organismos para interponer el amparo constitucional y declararlo improcedente por su carácter subsidiario, por cuanto con esa omisión no resulta afectado este principio ante el hecho de que el acudir o no a esos organismos creados para la protección de personas discapacitadas, no incide en la subsidiariedad del recurso de amparo, Por el contrario éste abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado´; entendimiento que fue reiterado por la SC 1483/2011-R de 10 de octubre, entre otras, que además agregó: “Esta excepción a la subsidiariedad excepcional del recurso de amparo constitucional, es también aplicable a los trabajadores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad y que de manera directa puedan lesionar los derechos y garantías de la persona discapacitada´ (las negrillas son nuestras); entonces, los progenitores o personas que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad tienen expedita la acción de amparo constitucional a efectos de evitar la lesión de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los discapacitados”.
Consecuentemente, al no existir una relación obrero patronal propiamente dicha sino una naturaleza distinta sujeta a un régimen especial, la cual dispone una vigencia previamente establecida para la adquisición de un determinado servicio, no se puede impetrar estabilidad o inamovilidad laboral, dado que la naturaleza de su contratación responde a una necesidad temporal que tiene una determinada institución, por otro lado no se puede exigir al empleador a mantener una relación laboral o suscribir un nuevo contrato de consultoría que no se ajusta a sus necesidades o presupuesto.
En ese sentido, la estabilidad laboral tanto de padres progenitores, madres con hijos menores de un año de edad, así como también de personas con capacidades distintas es viable mientras se encuentre vigente los términos de su contrato de consultoría en línea y siempre que no existan causales de resolución atribuibles al consultor, dado que la justicia constitucional no puede disponer la inamovilidad laboral sin considerar los diferentes aspectos que rodean a cada caso en concreto. A partir de dicha percepción, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0230/2017-S2 de 20 de marzo, definió que la excepción establecida respecto a la estabilidad laboral de consultores en línea que sean padres progenitores, madres con hijos menores de un año de edad, así como también de personas con discapacidad, debe ser extendida a otros casos en los que se advierta que una entidad contratante haya afectado de manera arbitraria la vigencia de los contratos suscritos con los consultores en línea, con argumentos que se encuentran al margen de las estipulaciones contenidas en dichos convenios y las normas que las sustentan, ya que se estaría ante actos que atentan flagrantemente la estabilidad laboral de dichos trabajadores, que por las labores que desempeñan, se constituyen también en trabajadores, que realizan servicios a favor de una entidad contratante, por un tiempo determinado, en horarios establecidos y bajo una remuneración mensual, lo cual a su vez implica, que las consultorías individuales en línea, son una forma de contrato de trabajo, que encuentran su marco de protección en el art.46 de la CPE; toda vez que, al ser contratos de trabajo (con matices especiales como la temporalidad y tarea específica), regulados por la Constitución Política del Estado, Ley de Administración y Control Gubernamentales, DS 0181, Ley de Procedimiento Administrativo y el DS 27113 de 23 de julio de 2003, entre otras normas, no pueden estar al margen de la protección constitucional, con el único argumento que no se encuentran regulados por la Ley General del Trabajo y el Estatuto del Funcionario Público, ya que por mandato constitucional, cualquier tipo de trabajo en relación de dependencia, debe ser entendido en el marco de esta disposición constitucional y encontrar su protección en la misma, concluyendo, que:
…la estabilidad laboral, no sólo podrá ser exigida cuando se trate de empleados (protegidos por la Ley General del Trabajo) o servidores públicos (protegidos por el Estatuto del Funcionario Público), sino también podrá ser exigido por los consultores en línea, claro está de acuerdo a matices diferenciados, pero bajo ninguna circunstancia podrá dejárselos sin protección y tutela constitucional, ya que es deber del Estado proteger el ejercicio del trabajo y la estabilidad laboral en todas sus formas tal como se tiene precisado, incluyendo en este marco a los trabajos realizados por los consultores en línea, en el marco de su regulación especial y diferenciada. Ya que el principio de la estabilidad laboral ‘…Denominado también como principio de la continuidad de la relación laboral, que manifiesta el derecho que tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas legales que justifiquen el despido’ (SCP 0177/2012 de 14 de mayo); merece protección especial por nuestro Estado puesto que cuando se lo vulnera, no solo se lesiona el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y a la vida misma de la persona, y también de todo el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por cuanto implícitamente se atenta contra la subsistencia de sus hijos o dependientes, por lo que su protección debe ser pronta e inmediata, debiendo incluso hacerse abstracción del principio de subsidiariedad. Consecuentemente, podrá invocarse estabilidad laboral ante la jurisdicción constitucional, en casos en los que una entidad contratante determine dar por concluido un contrato de consultoría, fuera de las estipulaciones del contrato suscrito y de las normas que las regulan, siempre y cuando el contrato esté aún vigente y la resolución no sea atribuible al consultor; no siendo necesario acudir ni agotar las instancias de solución de controversias establecidas en el propio contrato, ya que si se llegase a evidenciar lesión alguna al derecho a la estabilidad laboral, la jurisdicción constitucional, sólo procederá a efectuar una tutela provisional, que podrá ser modificada con posterioridad en proceso judicial o administrativo, de acuerdo a las cláusulas establecidas en el contrato de consultoría. Bajo ese marco conforme se expresó en la SCP 0807/2018-S1 de 28 de noviembre, se extrae que no puede invocarse estabilidad e inamovilidad laboral, cuando se trate de personas contratadas bajo la modalidad de consultoría en línea, debido a que no se encuentran sujetas a la Ley General del Trabajo ni al Estatuto del Funcionario Público; pero, también que puede operar una excepción a esta regla, y ser viable de esa manera la inamovilidad y estabilidad laboral, cuando se trate de consultores en línea que sean padres progenitores, madres con hijos menores de un año, personas con discapacidad o cuando se dé por concluido un contrato de consultoría, fuera de las estipulaciones del contrato suscrito y de las normas que las regulan, siempre y cuando el contrato esté vigente y no existan causales de resolución atribuibles al consultor.
El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0289/2020-S1 de 10 de agosto; 0679/2020-S1 de 3 de noviembre; 0285/2021-S1 de 21 de julio; 0516/2021-S1 de 11 de octubre; 0475/2022-S1 de 24 de junio; 1182/2022-S1 de 11 de octubre; 0162/2023-S1 de 29 de marzo; y, 1089/2023-S1 de 13 de septiembre, entre otros que formularon el siguiente razonamiento: Inicialmente corresponde remitirnos a la normativa que regula este aspecto; por ello, la Constitución Política del Estado, a lo largo de sus disposiciones prevé las siguientes prerrogativas y derechos respecto de las personas con discapacidad:
Artículo 14.
(…)
II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona (el resaltado nos corresponde).
Artículo 45.
(…)
III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales (las negrillas adicionadas). Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:
1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales. Artículo 71
Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de I. discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad.
II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna.
III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad. Artículo 72. El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley. Artículo 300.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción:
(…)
30. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad. Artículo 302.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: (…)
39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad. Por su parte, la Ley 223 de 2 de marzo de 2012, denominada Ley General Para Personas con Discapacidad, con relación al derecho a la inamovilidad laboral de este sector social, prescribe: Artículo 13. (DERECHO A EMPLEO, TRABAJO DIGNO Y PERMANENTE). El Estado Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión socio-laboral en igualdad de oportunidades Artículo 34.- (Ámbito de Trabajo)
I. El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad.
justifiquen debidamente su despido.
III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad.
Las personas con discapacidad deberán contar con IV. una fuente de trabajo (las negrillas son añadidas). Por su parte, el DS 27477 de 6 de mayo de 2004, refiere lo siguiente:
Artículo 3°. - (Principios rectores) La aplicación del presente Decreto Supremo estará regida por los siguientes principios:
Principio de preferencia. - Por el que las instituciones públicas y privadas deben considerar con carácter preferente a personas con discapacidad para el acceso, promoción y capacitación laboral, proporcionándoles las condiciones de trabajo necesarias para facilitar su desempeño en tareas para las que sean aptas, evitando todo tipo de discriminación fundada en su discapacidad o deficiencia.
Principio de integración. - Por el que se deben adoptar los mecanismos más adecuados para posibilitar la activa incorporación material, laboral y social de las personas con discapacidad en sus lugares de trabajo, a través de procedimientos idóneos que permitan su integración plena.
Principio de estabilidad laboral. - Por el que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno.
Principio de normalización. - Por el que las instituciones deberán contar con condiciones materiales y físicas apropiadas en cuanto a infraestructura, transporte que, cuando sea posible para la institución, deberá servir para llevar y recoger a las personas desde sus domicilios hasta las fuentes de trabajo, equipamiento y seguridad, que permitan a las personas con discapacidad desenvolverse con normalidad.
Principio de Calificación. - Por el que las personas con discapacidad podrán participar en exámenes y calificación para ascensos en las instituciones y entidades públicas y privadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades físicas y mentales, en igualdad de condiciones y respetando el derecho preferente en la decisión (el subrayado y negrillas nos corresponden).
Artículo 5°.- (Inamovilidad)
II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1° (primer grado) en línea directa y hasta el 2° (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente” (el resaltado es ilustrativo).
Efectuada la precisión normativa respecto al derecho de las personas con discapacidad y sobre el derecho a la inamovilidad laboral del mismo grupo etáreo; incumbe remitirnos a las reflexiones desarrolladas por la máxima instancia de control constitucional; en ese sentido, abordando el derecho de este grupo social, la línea jurisprudencial, fue uniforme y desarrollada en muchas sentencias, siendo una de las primeras la SCP 0235/2007-R de 10 de abril, que en esencia refirió que corresponde otorgar una tutela reforzada a las personas con discapacidad y/o que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, salvo casos expresamente previstos en la ley, garantizando de esa forma su inamovilidad laboral; entendimiento, que fue reiterado en numerosas sentencias, entre ellas, la SCP 0390/2014 de 25 de febrero que refiere:
5Fundamento Jurídico III.2. “…el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en sí mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente discapacitado de ese trabajador o funcionario, garantizando su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada del derecho al trabajo de las personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales.
Consiguientemente, se establece que, la recurrente no podía ser retirada de su fuente de trabajo, al tener una hija discapacitada bajo su dependencia, salvo por las causales legalmente establecidas y previo proceso interno, conforme establecen los instrumentos normativos establecidos al efecto…”. 6“En ese orden de ideas, de los Fundamentos Jurídicos III.2. desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se extrae que en función a los valores y principios de igualdad y justicia, las personas con capacidades diferentes, son consideradas como un grupo de atención prioritaria, cuyos derechos fundamentales y garantías constitucionales deben ser tutelados de manera inmediata, prescindiendo de cualquier formalidad o aspecto tendiente a dilatar su pronto y efectivo restablecimiento; bajo ese razonamiento, la Ley de la Persona con Discapacidad y el DS 29608, concordantes con los preceptos contenidos en la Ley Fundamental, enaltecen la exclusiva protección a las personas con capacidades diferentes y a los padres o tutores que los tengan bajo su dependencia, estableciendo su inamovilidad laboral …la inamovilidad laboral de la que gozan los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes, no pueden ser removidos de sus fuentes laborales, debido a la específica finalidad de la misma, cual es asegurar a la persona con capacidad diferente el goce efectivo de sus derechos a través de la satisfacción de sus necesidades como salud, educación, alimentación, desarrollo integral, etcétera, para ello la fuente laboral estable del padre o tutor juega un papel preponderante al constituirse en el medio que le permita alcanzar una vida digna, por lo en base a precedentemente expuesto amerita conceder la tutela solicitada por el accionante; pues se ha establecido que se encuentra dentro del ámbito de protección que establece la Constitución Política del Estado y las disposiciones legales desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que justifican la inmediata protección a sus derechos fundamentales al trabajo que tiene su incide en otros derechos como, la estabilidad laboral, a una remuneración justa, a la salud y a la seguridad social (las negrillas son añadidas). Asimismo, en un supuesto, en el cual el trabajador suscribió contrato laboral indefinido, y fue desvinculado del mismo sin considerar que tenía a su cargo un hijo con discapacidad, la SCP 0580/2019-S2 de 22 de julio, sustentado en su Fundamento Jurídico III.2, otorgó la tutela constitucional bajo el siguiente análisis: …de estas actuaciones se advierte que la autoridad administrativa, no consideró en absoluto la observancia de los principios laborales constitucionalizados respecto a la como resguardo de sus derechos fundamentales como el trabajo, a la estabilidad laboral y a una remuneración justa que le asegure una vida digna para sí y su familia.
La inamovilidad laboral de la que gozan los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes, no pueden ser removidos de sus fuentes laborales, debido a la específica finalidad de la misma, cual es asegurar a la persona con capacidad diferente el goce efectivo de sus derechos a través de la satisfacción de sus necesidades como salud, educación, alimentación, desarrollo integral, etcétera, para ello la fuente laboral estable del padre o tutor juega un papel preponderante al constituirse en el medio que le permita alcanzar una vida digna, por lo en base a precedentemente expuesto amerita conceder la tutela solicitada por el accionante; pues se ha establecido que se encuentra dentro del ámbito de protección que establece la Constitución Política del Estado y las disposiciones legales desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que justifican la inmediata protección a sus derechos fundamentales al trabajo que tiene su incide en otros derechos como, la estabilidad laboral, a una remuneración justa, a la salud y a la seguridad social. 7III.2. La garantía de inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia. A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, los derechos de las personas con discapacidad, son reconocidos en la Ley Fundamental de manera específica y en los Instrumentos Internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad. En efecto, la garantía de inamovilidad laboral de este grupo de atención prioritaria está consagrado en el art. 70 de la CPE; en la Convención Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD); art. 4.1 de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC); la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975; y, El Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); que son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. La garantía de inamovilidad laboral, está instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017…
(…)
Conforme a dicha norma, la garantía de inamovilidad laboral alcanza a la persona con discapacidad o a la trabajadora o trabajador que tiene a su cargo una persona con discapacidad; garantía que encuentra su fundamento en la dignidad humana; así como, en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad material en las oportunidades de trabajo y la satisfacción de los derechos involucrados, como parte de las obligaciones del Estado; con la aclaración que dicha protección no es absoluta; por cuanto, se mantiene en tanto la o el trabajador cumpla con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación.
garantía de la inamovilidad laboral, que impone su aplicación en los casos controvertidos privilegiando la protección de los trabajadores, como se tiene explicitado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; puesto que implica la continuidad y estabilidad laboral para el caso de personas que tienen a su cargo personas con discapacidad, de tal modo que la entidad empleadora no puede cesar de sus funciones al impetrante de tutela, de manera arbitraria o injustificada, puesto que esta medida no solo afecta al trabajador, sino a su entorno familiar y de manera particular a la persona discapacitada que se encuentra a su cargo. Por ello, corresponde otorgar la tutela del accionante, respecto a la garantía de la inamovilidad laboral, sin perjuicio de que la parte demandada pueda desvirtuar ése estado de protección, en sede judicial (las negrillas y el subrayado nos corresponde). Bajo ese contexto jurisprudencial, es posible concluir que, las personas con discapacidad tienen derecho a la inamovilidad laboral, así como las personas que tienen bajo su guarda y protección a una persona discapacitada, extremo que tiene correspondencia y sustento en el nuevo modelo constitucional, en el cual el constituyente precisó que los derechos fundamentales, son directamente aplicables por mandato del art. 109.I de la CPE, mismo que debe ser comprendido en concordancia con el art. 70 de la misma Norma Suprema al referir que, las personas con discapacidad gozan de protección y del derecho al trabajo en condiciones adecuadas conforme a sus posibilidades; asimismo, es importante agregar que, dichos preceptos constitucionales, en el marco de los arts. 13.IV y 256.I de la referida Ley Fundamental, deben ser interpretados a la luz del bloque de constitucionalidad, buscando una interpretación y aplicación progresiva y garantista en favor de este sector social considerado vulnerable; en ese entender, el contenido de instrumentos internacionales que conforman el mencionado bloque de constitucionalidad descrito y previsto en el art. 410 del Texto Constitucional; como, la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad adoptada el 13 de diciembre de 2006, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 8 de junio de 1999, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975 y el Convenio 159 de la OIT; buscan proscribir situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable.
El accionante considera vulnerados sus derechos al Trabajo, a una fuente laboral estable, a la inamovilidad laboral al ser padre progenitor de una persona con discapacidad y a una existencia digna; toda vez que, las autoridades demandadas, pese a tener conocimiento de que es padre progenitor de un menor con discapacidad; y que, gozaba del beneficio de inamovilidad laboral, no se lo volvió a recontratar al finalizar el último Contrato Administrativo de Prestación de Servicio de Consultoría Individual de Línea ALDB/UJA/XJE/126/2022 de 7 de marzo, máxime cuando dicho beneficio alcanza a todos los funcionarios tanto públicos como privados; además, que no consideraron que al haber firmado tres Contratos Administrativos de Prestación de Servicios de Consultoría Individual de Línea, operaba la tácita reconducción de un contrato eventual a uno indefinido.
De los antecedentes plasmados en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se establece que el 26 de abril de 2021 nació NN, figurando como progenitor a Alán Jorge Patiño Coimbra -ahora impetrante de tutela-, menor que conforme el Carnet de Discapacidad, se evidencia que tiene una discapacidad intelectual en grado moderado; es así, que el 1 de junio de 2021, se lo designó como Asistente de Logística de la Comisión de Fiscalización por el tiempo de un mes, por medio del Memorándum ALDB-RRHH 203/2021, posteriormente por Memorándum ALDB-RRHH 283/2021 de 1 de julio, se lo volvió a designar en el mismo cargo hasta el 31 de julio del citado año; tras lo cual, con otro Memorándum signado con el mismo número y fecha que el anterior, se le comunicó su designación en igual cargo hasta el 31 de agosto del mencionado año, es así que, de forma posterior el peticionante de tutela firmó el Contrato Administrativo de Prestación de Servicio de Consultoría Individual de Línea ALDB/UJA/SVR/81/2021 con la cual se lo contrata en el cargo de Asistente IV de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni con una duración y vigencia desde el 16 de septiembre al 31 de diciembre del referido año, cargo en el que fue recontratado por medio del Contrato Administrativo de Prestación de Servicio de Consultoría Individual de Línea ALDB/UJA/XJE/27/2022 con una vigencia desde el 17 de enero al 28 de febrero del indicado año, a la que fue recontratado por última vez con el Contrato Administrativo de Prestación de Servicio de Consultoría Individual de Línea ALDB/UJA/XJE/126/2022 con una duración de 7 de marzo al 30 de abril de 2022 (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6 y II.7).
Ahora bien, en forma previa al análisis del caso, corresponde remitirnos a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que cuando se trata de personas con discapacidad o dentro de la acción estén inmersas estas personas, o tengan bajo su dependencia personas con tal calidad, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad, en mérito a la protección reforzada que merecen, más aún si se trata de la garantía de inamovilidad laboral y del derecho a la estabilidad laboral de una persona con un hijo menor con discapacidad; por lo que, el solicitante de tutela al activar directamente esta acción tutelar sin que en forma previa acuda a la instancia administrativa laboral a fin de que se emita la conminatoria de reincorporación laboral, actuó conforme a derecho; aspecto que permite ingresar al análisis de fondo de la problemática, prescindiendo de la subsidiariedad exigida en acciones de amparo constitucional.
En ese contexto, se tiene que, el accionante denuncia que, las autoridades demandadas, incumplieron en no recontratarle tras haber finalizado su último Contrato Administrativo de Prestación de Servicio de Consultoría Individual de Línea, tras gozar del beneficio de inamovilidad laboral al ser padre progenitor de un menor con discapacidad, y después de haber firmado tres contratos sucesivos de Consultoría de Línea la misma se habría convertido en uno indefinido; empero, pese a que los demandados tenían conocimiento pleno de su condición de padre progenitor de un menor con discapacidad, prefirieron no recontratarlo incumpliendo con sus obligaciones laborales. En ese orden, contextualizada la denuncia realizada por el impetrante de tutela, se pasará a analizar cada uno de los derechos considerados vulnerados bajo el siguiente orden: i) El derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral al ser padre progenitor de un menor con discapacidad; y, ii) Sobre el pago de costas procesales, daños y perjuicios. a. Respecto al derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral al ser padre progenitor de un menor con discapacidad
Ahora bien, a fin de resolver la presente problemática es necesario referirnos al alcance y efectos de los contratos administrativos de consultoría en línea, en tal sentido, debe hacerse alusión al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en el que se sostuvo que la situación laboral de los consultores en línea, no ingresa en el ámbito de los trabajadores asalariados protegidos por la Ley General del Trabajo, tampoco se encuentra inmerso en el ámbito de la carrera administrativa, prevista por el Estatuto del Funcionario Público, sino que dicho régimen contractual, tiene un tratamiento especial y diferente el cual se rige por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS); consecuentemente, el consultor no es un empleado en esencia, por lo mismo no es un servidor público; por lo que, no se constituyen en titulares de los beneficios que brinda la Ley General del Trabajo, por tal razón no les corresponde vacaciones, aguinaldos y otros beneficios.
Por otro lado, sobre el financiamiento que se emplea para el pago de los servicios que prestan los consultores en línea, anualmente las entidades públicas elaboran sus Planes Operativos Anuales (POA), que posteriormente se presentan al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para su aprobación, de donde se puede concluir que, el presupuesto aprobado para la contratación de consultores en línea, en cada entidad pública se encuentra programada con anterioridad.
Aunado a lo anterior, en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Resolución Constitucional se manifestó que, en los contratos de consultoría de línea no se puede impetrar estabilidad o inamovilidad laboral, dado que la naturaleza de su contratación responde a una necesidad temporal que tiene una determinada institución, en tal sentido, no se puede exigir al empleador a mantener una relación laboral o suscribir un nuevo contrato de consultoría que no se ajusta a sus necesidades o presupuesto. Ahora bien, a lo referido debe añadirse que, dicho criterio mereció una excepción, siendo posible que los consultores de línea reclamen la estabilidad laboral cuando los mismos sean padres progenitores, madres con hijos menores de un año y personas con discapacidad, siempre y cuando esté vigente el contrato y no existan causales de resolución atribuibles al consultor, excepción que fue ampliada ante los casos en los que se advierta que una entidad contratante haya afectado de manera arbitraria la vigencia de los contratos suscritos con los consultores de línea, con argumentos que se encuentran al margen de las estipulaciones contenidas en dichos convenios y las normas que las sustentan.
Asimismo, en relación a la inamovilidad laboral de personas que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad, el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, indicó que:
…las personas con discapacidad tienen derecho a la inamovilidad laboral, así como las personas que tienen bajo su guarda y protección a una persona discapacitada, extremo que tiene correspondencia y sustento en el nuevo modelo constitucional, en el cual el constituyente precisó que los derechos fundamentales, son directamente aplicables por mandato del art. 109.I de la CPE, mismo que debe ser comprendido en concordancia con el art. 70 de la misma Norma Suprema al referir que, las personas con discapacidad gozan de protección y del derecho al trabajo en condiciones adecuadas conforme a sus posibilidades… Por lo expuesto precedentemente, y en base a los antecedentes detallados, es preciso señalar que, a través de los Contratos Administrativos de Prestación de Servicios de Consultoría Individual de Línea ALDB/UJA/SVR/81/2021 de 16 de septiembre, se advierte que el peticionante de tutela suscribió dicho contrato con la Asamblea Legislativa Departamental del Beni en el cargo de Asistente IV de la Comisión de Fiscalización de la indicada Asamblea la cual tenía una duración hasta el 31 de diciembre del citado año (Conclusión II.5); de igual manera, mediante Contrato Administrativo de Prestación de Servicios de Consultoría Individual de Línea ALDB/UJA/XJE/27/2022 de 17 de enero, se constata que la gestión “2022” el solicitante de tutela fue contratado por la misma Asamblea Legislativa Departamental del Beni para que preste sus servicios profesionales en dicha entidad bajo el régimen contractual de línea, cuya vigencia del servicio se establecida de manera previa hasta el 28 de febrero de 2022 (Conclusión II.6); así, en el último Contrato Administrativo de Prestación de Servicios de Consultoría Individual de Línea ALDB/UJA/XJE/126/2022 de 7 de marzo, firmado por el accionante y la entidad demandada, se estipuló que la duración de la prestación del servicio se computaba desde el 7 de marzo -fecha de suscripción del mismo- hasta el 30 de abril de 2022, plazo de contratación que conforme sostuvo la jurisprudencia constitucional desarrollado supra responde a una necesidad temporal de la institución, mismo que se cumplía el 30 de abril del citado año; por lo que, conforme al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, no se podría exigir al empleador a mantener una relación laboral o suscribir un nuevo contrato de consultoría que no se ajuste a sus necesidades o presupuesto; haciendo notar, que los consultores de línea no pueden invocar estabilidad e inamovilidad laboral, salvo que se trate de consultores de línea que sean padres progenitores o madres de hijos menores de un año y personas con discapacidad, siempre y cuando esté vigente el contrato y no existan causales de resolución atribuibles al consultor, o cuando una entidad contratante determine dar por concluido un contrato de consultoría, fuera de las estipulaciones del contrato suscrito y de las normas que las regulan.
Ahora bien, se tiene que el 12 de mayo de 2021, el hijo menor del impetrante de tutela NN, fue diagnosticado con Síndrome de Down, evidenciándose dicho estado mediante el Carnet de Discapacidad la cual señala que el menor padece de una discapacidad intelectual con grado moderado (Conclusión II.1), en la que si bien, conforme se extrae del Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el peticionante de tutela gozaría del beneficio de inamovilidad laboral por tener bajo su guarda y protección una persona con discapacidad; empero, hay que tener en cuenta, que conforme a la misma jurisprudencia inserto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, dicho beneficio solo puede ser tutelado siempre y cuando esté vigente el contrato no alcanzando la antedicha protección en Contratos Administrativos de Prestación de Servicios de Consultoría de Línea cuando ya hayan cumplido el plazo de duración y por lo mismo no se encuentren vigentes; escenario que sucede en el presente caso; puesto que, el Contrato Administrativo de Prestación de Servicio de Consultoría Individual de Línea ALDB/UJA/XJE/126/2022 de 7 de marzo -último contrato firmado por el solicitante de tutela- tenía una duración y vigencia hasta el 30 de abril de 2022, advirtiéndose que el único reclamo efectuado fue a través de la presente acción de amparo constitucional la cual fue presentada el 10 de agosto del indicado año -tres meses y diez días- posteriores a que el antedicho Contrato Administrativo de Prestación de Servicio de Consultoría Individual de Línea ALDB/UJA/XJE/126/2022 dejaría de estar en vigencia a causa de finalización del referido Contrato, conforme se evidencia del Informe ALDB-RRHH-INF 04/2022-2023 de 12 de agosto elaborada por la Jefa de la Unidad de RR.HH. -codemandada- dirigida al Jefe de la Unidad Jurídica, en la que se informa que el motivo de desvinculación del Contrato Administrativo de Prestación de Servicio de Consultoría Individual de Línea ALDB/UJA/XJE/126/2022 es por “Finalización de Vigencia de Contrato…” (sic [fs. 45 a 46]), aspectos con los cuales se puede advertir que no existe una desvinculación sin causa justa; toda vez que, se cumplió con el plazo de duración de la consultoría; por lo que, se dio por concluido el Contrato Administrativo de Prestación de Servicios de Consultoría Individual de Línea ALDB/UJA/XJE/126/2022 de 7 de marzo en el plazo establecido -30 de abril de 2022-; y al no alcanzar el beneficio de inamovilidad laboral de personas que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad en contratos que ya no se encuentran vigentes a momento de presentar el reclamo, no se advierte la vulneración de los derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral denunciada por el accionante, correspondiendo denegar la tutela al respecto.
b. Sobre el pago de costas procesales, daños y perjuicios
En cuanto al pago de costas procesales de la acción de amparo constitucional, debe considerarse que si bien las cosas se configuran en una obligación imponible a la parte perdidosa, en acciones de defensa merece un tratamiento especial, pues para que las mismas sean impuestas ya sea a la parte impetrante de tutela o demandada, debe existir algún perjuicio a la contraparte o la existencia de temeridad y dolo en el proceder, en tal sentido; siendo que, en el presente caso no se advirtió temeridad en la parte demandada no corresponde otorgar las costas procesales, daños y perjuicios.
En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 087/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 93 a 96 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento del Beni, y en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos esgrimidos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
2 En su F.J. III.1. señaló que: Previamente a examinar el presente caso, cabe distinguir el carácter y alcances de los contratos de consultoría para determinar si se encuentran vinculados a la Ley General del Trabajo y al Estatuto del Funcionario Público. En ese orden, el 31 de enero de 2004 ha sido emitido el DS 27328, con el objeto de establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de Contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de Consultoría, las obligaciones y derechos que se derivan de estos, en el marco de la LSAFCO que establece el Sistema de Administración de Bienes y Servicios. El art. 47 de dicho Decreto Supremo señala que la “contratación de servicios de Consultoría Individual es la modalidad competitiva que permite la participación de un número indeterminado de profesionales independientes que reúnan las condiciones de solvencia académica e idoneidad profesional (...) La contratación de servicios de consultoría individual será por producto y tiempo determinado, y siempre que el servicio no sea de carácter multidisciplinario. El proceso de contratación de Consultores Individuales, los tipos de convocatoria, las condiciones, los términos de referencia, forma de presentación y evaluación de las propuestas así como los requisitos, procedimientos y plazos, se efectuarán de acuerdo a la magnitud del servicio y cuantías establecidas”.
3 El FJ III.3, señala: “Sin embargo del fallo mencionado, dichos organismos encargados de proteger a los discapacitados, no constituyen en sí una vía reparadora y efectiva para el restablecimiento de los derechos de aquellos que se lesionan, sino un medio para llegar a esa instancia en la que deben restablecerse las garantías y los derechos reclamados, pues conforme a las disposiciones legales por los que han sido instituidos, únicamente asumen la defensa ante las instancias respectivas, es decir que no están facultados para solucionar las situaciones que son puestas en su conocimiento, lo que no hace obligatorio acudir previamente a esos organismos para interponer el amparo constitucional y declararlo improcedente por su carácter subsidiario, por cuanto con esa omisión no resulta afectado este principio ante el hecho de que el acudir o no a esos organismos creados para la protección de personas discapacitadas, no incide en la subsidiariedad del recurso de amparo, Por el contrario éste abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0238_2024-S1.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): dc3bca41b9e07ceb82fcdfc4aab51aa3e6d62b6f97753c3a4a1128e414d9a14f
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →