B.IA.LEGAL

SCP 0238/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 14 de abril de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
14 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
38398-2021-77-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, la inamovilidad laboral, a la salud, a la vida y a la seguridad social; toda vez que, en su calidad de maestra normalista con estudios de postgrado, fue invitada a ocupar el cargo de Directora Académica del Instituto Tecnológico Evo Morales Ayma de El Alto del departamento de La Paz, hasta finales de la gestión 2019, continuando al inicio de la gestión 2020, cuando su evaluación del desempeño tuvo resultado positivo para ser ratificada en el cargo; empero, las autoridades educativas demandadas, en febrero del citado año, la desvincularon a causa de haberse dispuesto el cierre del referido Instituto, sin respetar su garantía de inamovilidad laboral por tener una hija menor a un año, quedando afectada ella y su hija. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) El principio de inmediatez y su flexibilización excepcional; ii) La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; iii) Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales; y iv) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 182/2020 de 8 de diciembre, cursante de fs. 201 a 207, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º. CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a los derechos conexos a la inamovilidad laboral por su condición de madre de una hija menor a un año, con base a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º. Disponer el pago de los salarios devengados en favor de la impetrante de tutela hasta el cumplimiento del año de edad de su hija, y el cumplimiento de las prestaciones que le corresponden, como los subsidios; y, 3º DENEGAR la tutela en relación al pago de costas procesales, daños y perjuicios en favor de la accionante; y, en cuanto a la restitución a su fuente laboral por los motivos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez y su flexibilización excepcional
  2. III.2. La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo
  3. III.3. Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales.
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0238/2023-S1 Sucre, 14 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 38398-2021-77-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 182/2020 de 8 de diciembre, cursante de fs. 201 a 207, pronunciado dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erika Janneth Flores Ticona contra Adrián Rubén Quelca Tarqui, Ministro de Educación; Aurea Balderrama Almendras, Viceministra de Educación Superior de Formación Profesional del Ministerio de Educación; Juan Churata Cosme, Director Departamental de Educación La Paz, Agustín Tarifa Camacho, Director General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 13 y 30 de octubre de 2020, cursante de fs. 79 a 86; y, 90 a 93, la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Es maestra normalista de formación en el nivel primario, con once años de experiencia, licenciada en ciencias de la educación, con diplomados en educación superior e interculturalidad, organización y administración pedagógica del aula; obtuvo la maestría de elaboración de proyectos educativos en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), con formación Pregrado “PROFOCOM” y Postgrado; fue invitada a ocupar el cargo de “Directora Académica del Instituto Politécnico Superior Evo Morales Ayma y del Módulo Tecnológico” (sic), desde el 2 de septiembre de 2019, con el ítem 3013 y un salario fijo de Bs5 560.- (cinco mil quinientos sesenta bolivianos); funciones que iba desempeñando de manera eficiente; empero, lastimosamente a partir de febrero de 2020, de forma intempestiva y sin ninguna explicación la cesaron de sus funciones del mencionado cargo, por cierre del Instituto, situación injusta que afectó a su hija menor con siete meses de edad, por cuanto dejó de contar los respectivos subsidios que recibió hasta el mes de febrero de 2020, dejó de percibir sus salarios, afectando la garantía de la inamovilidad laboral que por ser madre progenitora le corresponde. Por el advenimiento de la pandemia del Coronavirus (Covid-19) y la cuarentena rígida le complicaron acudir a una instancia de reclamo en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, no obstante presentó reclamos del injusto hecho acudiendo al Ministerio de Educación, Viceministerio de Educación Superior y Formación Profesional, Dirección Departamental de Educación La Paz, Dirección General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación, Subdirección Departamental de Educación La Paz en forma reiterada desde el 21 de julio, 5 y 11 de agosto de 2020 para que le restituyan a sus funciones; empero, fueron desoídos sus reclamos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo, inamovilidad laboral, salud, vida y seguridad social, citando al efecto los arts. 15, 35, 45, 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, en cuyo mérito se ordene la restitución a su fuente laboral, el pago de salarios devengados, la restitución del seguro en su favor y la de su hija, pago de los subsidios y costas, daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 8 de diciembre de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 193 a 200, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, por intermedio de su abogado, ratificó el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando manifestó que: a) El Gobierno de transición cuyo Ministro de Educación fue Víctor Hugo Cárdenas y las autoridades educativas de ese entonces, decidieron el 14 de enero de 2020, cerrar el “Instituto Politécnico Superior de la ciudad de El Alto” (sic), dejando sin trabajo a todos los funcionarios docentes, administrativos y estudiantes; en su caso gozaba de una protección constitucional especial, mediante la garantía de la inamovilidad laboral por ser madre de una hija menor a un año, aspecto que el Director General de Educación Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación no tomó en cuenta para asumir las previsiones para reubicarla hasta que su hija menor cumpla un año de edad; b) Tanto ella como su hija tuvieron que pasar el periodo de la pandemia del Covid-19, sin recursos, ni seguro, tampoco subsidios de lactancia, sus reclamos reiterados no fueron escuchados; c) La Dirección Departamental de Educación tiene la obligación de reubicar a los docentes en caso de ser maestros normalistas al subsistema correspondientes y administrativos, en caso de cierre de estas instituciones técnicas superiores por orden de la Resolución Ministerial (RM) 001/2020 de 2 de enero, por lo que al ser una profesora de primaria egresada el 2008, debía ser reubicada inmediatamente al sistema regular, al cerrarse el Instituto.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Adrián Rubén Quelca Tarqui, Ministro de Educación, mediante su representante legal, por informe escrito presentado el 8 de diciembre de 2020, cursante de fs. 187 a 191 vta., señaló que: 1) El nombramiento al cargo como “Directora Académica del Instituto Politécnico Superior Evo Morales Ayma de la ciudad de El Alto” (sic), se efectuó por invitación de la Dirección General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación dependiente del Viceministerio de Educación Superior y Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación, por lo que la presente acción tutelar debió ir en contra del Director General de dicha institución; 2) El plazo para la interposición de la acción de amparo constitucional se computa desde el día siguiente de terminada la relación laboral, por lo que al haberse interpuesto el 13 de octubre de 2020, fue presentada fuera de plazo; 3) La accionante afirma que presentó su reclamo ante el Ministerio de Educación, sin recibir respuesta alguna; empero, adjunta prueba literal, de la Nota NE/VESFP/DGESTTLA 0504/2020 de 8 de septiembre, suscrita por el señalado Director General, por el que deniega su solicitud, respecto al cual tenía la vía de impugnación en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico; sin embargo, no presentó impugnación alguna, por lo que no agotó la vía recursiva en el ámbito administrativo; 4) En atención a los memorándums de designación, el cargo que ocupaba la accionante es de “Dirección”, por invitación, no fue designada por un proceso de institucionalización para alegar inamovilidad laboral, por lo que fue contratada por un tiempo determinado, ya conocía la fecha de finalización de su relación laboral, el 31 de diciembre de 2019, al fenecer el plazo se extinción laboral; 5) Al aceptar la designación al cargo de Directora Académica del Instituto y formar parte del plantel administrativo, perdió su calidad de maestra; y, 6) El Ministerio de Educación no tenía conocimiento de la calidad de madre de una hija menor a un año, por lo que mal se puede alegar la lesión de sus derechos. Por lo expuesto pide se deniegue la tutela solicitada.

Aurea Balderrama Almendras, Viceministra de Educación Superior de Formación Profesional del Ministerio de Educación, presentó informe escrito el 30 de noviembre, cursante de fs. 107 a 114 vta., en los siguientes términos: i) Del propio memorándum de designación de la accionante se evidencia que el periodo de sus funciones ya se encontraba definido con anterioridad, solo para la gestión 2019, como de todos los funcionarios del Instituto, vencido el termino todos los puestos quedaron acéfalos, entonces, no fue el “Viceministro de Educación” quien dejo acéfalo el cargo de la impetrante de tutela, por lo que no se puede advertir ilegalidad o lesión a sus derechos; ii) Si la declaratoria de acefalía de su cargo, que hubiese lesionado sus derechos, debió agotar los recursos en sede administrativa contra el memorándum que establecía el tiempo de conclusión de la relación laboral, el 31 de diciembre de 2019, empero recién en el mes de marzo de 2020 presentó sus solicitudes; iii) La acción de defensa no cumple con la legitimación pasiva, puesto que se interpuso contra “Reynaldo Esteban Paredes Alarcón, Pastor Sandoval Castro y Jaqueline De la Barra Barrientos” (sic), que no son autoridades actuales, en ese entendido, no podría concederse la tutela contra personas que no fueron demandadas; iv) La designación fue para el cargo de “Directora Académica” en la modalidad de invitación directa –según Reglamento– al haber quedado desierta la primera convocatoria y con la finalidad de darle continuidad, que a la fecha se encuentra sin funcionamiento debido a problemas en la administración, no fue el cargo para profesora, no es funcionaria de planta o de carrera, son temporales, con plazo definido, por lo que no es aplicable el Código de la Educación Boliviana; la pretensión de la accionante de que se aplique la RM 0001/2020 para que se la reubique al subsistema por ser maestra normalista, es únicamente aplicable a personal docente, y en el presente caso, la impetrante de tutela no ejercía funciones de docente, sino de administración; y, v) La impetrante de tutela al momento de solicitar respecto a su inamovilidad laboral (mes de marzo) ya no se encontraba ejerciendo funciones, por ende no tenía relación laboral alguna con el Ministerio de Educación, debido a que la misma habría concluido el 31 de diciembre de 2019, además no puso en conocimiento de las autoridades educativas que tenía una hija menor a un año. Por los razonamientos expuestos, pide se deniegue la tutela solicitada por no haberse lesionado derechos fundamentales denunciados. Juan Churata Cosme, Director Departamental de Educación La Paz, a través de su representante legal, mediante informe presentado el 31 de diciembre de 2020, cursante de fs. 126 y 128 vta., refirió que: a) La accionante no precisa el nexo causal entre el hecho lesivo y el derecho lesionado, limitándose a señalar que presentó memoriales de reclamo, sin mencionar y mucho menos precisar que es lo que solicita y cuál fue la respuesta que mereció de la señalada Dirección Departamental que le haya causado lesión; b) Tampoco precisa si agotó la vía administrativa presentando recursos de revocatoria y jerárquico, simple y llanamente refiere que presentó el primer memorial el 21 de julio 2020 y el segundo memorial el 5 de agosto de igual año; c) La peticionante de tutela reconoce que fue invitada en una función de naturaleza administrativa como Directora Académica del Instituto Tecnológico Evo Morales Ayma de El Alto del departamento de La Paz; por lo que, tenía conocimiento que su situación laboral era de carácter temporal, según el memorándum de designación hasta el 31 de diciembre de 2019, sujeto a evaluación periódica, y los mencionados ítems fueron declarados en acefalía por el plazo fijo y no de un proceso de evaluación y calificación de méritos profesionales mediante convocatoria pública del Ministerio de Educación; d) Frente al cierre de una unidad educativa, los profesores tienen la obligación de acudir a la Dirección Distrital correspondiente para gestionar su reubicación pudiendo presentarse a compulsas respectivas, ya que no pierde su condición de maestra por la inamovilidad docente del magisterio reclamada por la accionante, empero no es aplicable a funciones administrativas de Directora Académica designada por invitación y de manera temporal como el de la peticionante de tutela; y, e) El Instructivo IT/VESFP/DGESTTLA 0006/2020 de 14 de enero, emitida por el Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional del Ministerio de Educación, que la accionante denuncia de lesiva, porque fue cesada del cargo, es un acto administrativo que debió ser impugnado por la prenombrada oportunamente hasta agotar la vía administrativa. Por lo expuesto pide se deniegue la tutela. Agustín Tarifa Camacho, Director General de Educación Superior Técnica, Tecnológica Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación, concurriendo a la audiencia virtual se adhirió al informe del Ministro de Educación, y por las responsabilidades que le corresponde cumplir, pidió permiso para retirarse.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta de departamento de La Paz, por Resolución 182/2020 de 8 de diciembre, cursante de fs. 201 a 207, concedió parcialmente la tutela solicitada, en cuanto a la cancelación de los subsidios postnatal hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija de la accionante, que debe ser cumplida por el Ministerio de Educación en Coordinación con la Dirección Departamental de Educación La Paz; y, denegó respecto a la reincorporación laboral solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La madre gestante y el padre progenitor de hijos menores a un año de edad gozan de protección reforzada, en ese entendido la subsidiariedad no puede ser obstáculo para ingresar al análisis de fondo del problema jurídico planteado, por cuanto está en juego los derechos de los menores; 2) Para considerar el principio de la inmediatez, debemos tomar en cuenta que el hecho generador es a partir del “primero” de febrero de 2020, contrastada con la presentación de la acción de defensa, el 13 de octubre de igual año; empero, en ese computo debe tomarse en cuenta la suspensión de plazos procesales comunicadas a través de diferentes circulares e instructivos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunales Departamentales de Justicia como emergencia de la cuarentena rígida declarada, entre el 22 de marzo de 2020 hasta el 15 de junio del mismo año, fecha en que se reanudaron los plazos procesales, en ese entendido la acción tutelar se encuentra dentro el plazo de los seis meses; 3) Si bien la parte accionante refirió que no acudió a la Jefatura Departamental del Trabajo respecto a la estabilidad laboral conocido como continuidad de la relación laboral del trabajador o servidor público, en tanto no se operen las causas legales que justifiquen el despido, empero en cuanto a contratos laborales a plazo fijo, tanto el empleador como la trabajadora del sector público o privado conocen desde el primer momento que la relación laboral tiene fecha cierta de conclusión, por lo que no sería dable el nacimiento de derechos y obligaciones emergentes de una relación laboral que ya no existe, no se puede obligar al empleador continuar con el contrato del personal que ya cumplió el plazo; 4) Sin embargo, de los antecedentes se tiene que la accionante realizó el cobro de sus haberes y subsidio respectivo en la suma de Bs2 000.- (dos mil bolivianos), conforme boleta de pago correspondiente al mes de enero de 2020 y ésta es una realidad que se impone, puesto que finalizado el plazo del contrato, la Dirección Departamental de Educación La Paz, así como la Dirección General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Misterio de Educación, consintió cancelar más allá del tiempo vigente de la relación laboral, y desde una interpretación propia de la Ley General del Trabajo, podríamos decir que hubo una tacita reconducción del contrato, empero la accionante no se encuentra en los alcances de la citada Ley; y, 5) Siguiendo el razonamiento precedente, puede inferirse que de los hechos un tanto confusamente relatados, la peticionante de tutela refiere como acto lesivo al Instructivo IT/VESFP/DGESTTLA 006/2020 de 14 de enero, que dio lugar a su desvinculación, en ese entendido, puede advertirse que existió una prolongación de la relación contractual al haber extendido la cancelación de una boleta y también el pago subsidios, lo que lleva a razonar que merece una interpretación pro homine en vista de la protección reforzada que merece el menor y la madre, a quien también se le sometió a un procedimiento de evaluación para ser ratificada, extremo que no fue posible por el cierre de la Institución al cual fungía como Directora Académica, imposibilitando la reincorporación laboral de la accionante, dando lugar a la otorgación de tutela en forma parcial respecto al pago de subsidios.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 3 de diciembre de 2021, cursante a fs. 221, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 27 de marzo de 2023, cursante a fs. 255; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante Certificado de nacimiento expedido por la Oficialía 20105021,

Libro LIBN-6, Partida 96, Folio 96 de El Alto del departamento de La Paz, se acredita que NN, nació el 12 de junio de 2019, teniendo como progenitores a Erick Omar Trujillo Callisaya y Erika Janneth Flores Ticona –ahora accionante- (fs. 65). II.2. A través de Memorándum ME/VESFP/DGESTTLA 0333/2019 de 2 de septiembre, Edgar Pary Chambi, ex Director General de Educación Superior Técnico, Tecnológico, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación, designa a Erika Janneth Flores Ticona –ahora accionante– al cargo de Directora Académica del Instituto Tecnológico Evo Morales Ayma, “y del Módulo Tecnológico Evo Morales Ayma de El Alto” (sic), a tiempo completo (fs. 6); Por Memorándum de Designación 022737 de 2 de septiembre de 2019, el mismo Director General de Educación Superior, designó a la prenombrada como Directora Académica del Instituto Tecnológico Evo Morales Ayma de El Alto del citado departamento, designación hasta el 31 de diciembre de 2019, sujeto a evaluación periódica (fs.5).

II.3. Cursa Certificado de Evaluación Cuantitativa de 16 de diciembre

de 2019, suscrito por Rodrigo Copa Colquehuanca, Rector del Módulo Tecnológico Productivo “El Alto”, por el cual se evidencia que la ahora accionante tiene un total de 50 puntos obtenidos (fs. 7); Consta CITE: REC/MTPEA 01/2020 de 7 de enero, dirigido a Aurea Balderrama Almendras, ex Subdirectora Departamental de Educación Superior de Formación Profesional La Paz, suscrito por Rodrigo Copa Colquehuanca, Rector del Módulo Tecnológico Productivo “El Alto”, con la “Ref.: EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE”, por la cual remite los resultados de la evaluación de desempeño al personal Directivo, Docente y Administrativo en la gestión 2019, entre los que se encuentra la impetrante de tutela –evaluación del desempeño 91% excelente– por lo que sugiere la ratificación del personal evaluado positivamente para la gestión de 2020; se advierte el sello de recepción de la Dirección Departamental de Educación La Paz -fecha ilegible- (fs. 167 a 168).

II.4. Por Boleta del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se

evidencia que se abonó en la cuenta 10000008018885 del Banco Unión S.A. de la accionante, sumas liquidas por concepto de pago de haberes de septiembre de 2019 a enero de 2020, del sector servicio de educación pública en el cargo de Directora Académica, destacándose particularmente la boleta del mes de enero de 2020, en la suma liquida de Bs5 518.- (cinco mil quinientos dieciocho bolivianos) (fs. 60 a 64).

II.5. Se tiene Instructivo IT/VESFP/DGESTTLA 0006/2020 de 14 de

enero, emitido por Franz Iván Heredia Gómez, ex Viceministro de Educación Superior de Formación Profesional del Ministerio de Educación, dirigido a Directores Departamentales de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la cual se instruyó a dichas autoridades, la remisión de declaratorias en acefalias y convocatorias a compulsa respectivas de los cargos docentes y administrativos a través de la Subdirección de Educación Superior de Formación Profesional por haber concluido los servicios profesionales del personal directivo, docente y administrativo de los Institutos Técnicos, Tecnológicos y de Formación Artística que fueron invitados hasta el 31 de diciembre de 2019, remisión a cumplirse a la Dirección General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación, hasta el 16 de enero de manera impostergable y comunicar a los profesionales que puedan presentarse a dichas compulsas, cumpliendo la convocatoria pública (fs. 175). II.6. A través de Nota CITE: REC/MTPEA 05/2020 de 17 de enero, dirigida a Aurea Balderrama Almendras, ex Subdirectora Departamental de Educación Superior de Formación Profesional La Paz, suscrito por Rodrigo Copa Colquehuanca, Rector del Módulo Tecnológico Productivo “El Alto”, con “Ref.: REMISION DE DECLARATORIA EN ACEFALIAS EN CUMPLIMIENTO AL INSTRUCTIVO IT/VESFP/DGESTTLA 0006/2020”, remitió la declaratoria de acefalías y compulsa respectiva de los cargos de docentes y administrativos; asimismo, comunicó la nómina del personal que goza de inamovilidad laboral, entre las que se encuentra la accionante; se advierte el sello de recepción de la Dirección Departamental de Educación La Paz de 17 de enero de 2020 (fs. 176 a 177). II.7. Mediante Nota CITE: REC/MTPEA 14/2020 de 20 de febrero, dirigido a Jaqueline De la Barra Barrientos, ex Directora General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación, suscrito por Rodrigo Copa Colquehuanca, Rector del Módulo Tecnológico Productivo “El Alto”, solicitó la remisión escrita de las determinaciones asumidas respecto al funcionamiento del citado Módulo Tecnológico y al personal directivo, docente y administrado que trabaja; asimismo, comunicó la nómina del personal que goza de inamovilidad laboral, entre las que se encuentra la accionante; se advierte el sello de recepción del Ministerio de Educación, con fecha ilegible -febrero 2020-(fs. 169 a 170); Por Nota CITE: REC/MTPEA 15/2020 de 20 de febrero, dirigido a Walter Saúl Espinoza Torrico, ex Viceministro de Educación Superior de Formación Profesional del Ministerio de Educación, suscrito por Rodrigo Copa Colquehuanca, Rector del Módulo Tecnológico Productivo “El Alto”, solicita la remisión escrita de las determinaciones asumidas respecto al funcionamiento del referido Módulo Tecnológico y al personal directivo, docente y administrado que trabaja; asimismo, comunica la nómina del personal que goza de inamovilidad laboral, entre las que se encuentra la impetrante de tutela; se advierte el sello de recepción del Ministerio de Educación de 26 de febrero de 2020 (fs. 171 a 171); A través de Nota CITE: REC/MTPEA 16/2020 de 20 de febrero, dirigida a Bertha Isabel Chuquimia Morales, Viceministra de Educación Regular del Ministerio de Educación, suscrito por Rodrigo Copa Colquehuanca, Rector del Módulo Tecnológico Productivo “El Alto”, solicitó la remisión escrita de las determinaciones asumidas respecto al funcionamiento del señalado Módulo Tecnológico y al personal directivo, docente y administrado que trabaja; asimismo, comunicó la nómina del personal que goza de inamovilidad laboral, entre las que se encuentra la accionante; se advierte el sello de recepción del Ministerio de Educación de 26 de febrero de 2020 (fs. 173 a 174).

II.8. Por Memoriales presentados por la ahora accionante, respecto a su derecho a la inamovilidad laboral, ante diferentes instancias

administrativas de educación como el: Ministerio de Educación (de 6 de marzo, 21 de julio y 5 de agosto de 2020), Viceministerio de Educación Superior y Formación Profesional (de 21 de julio y 5 de agosto de 2020), Dirección Departamental de Educación La Paz (de 21 de julio de 2020), Subdirección Departamental de Educación La Paz (de 21 de julio y 11 de agosto de 2020); y, Dirección General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación (de 21 de julio y 11 de agosto de 2020), pidió el respeto de su derecho a la inamovilidad laboral (fs. 35 a 58); en respuesta se tiene la Nota NE/VESFP/DGESTTLA 0504/2020 de 8 de septiembre, suscrita por Julio César Irahola Aguirre, ex Director General de Educación Superior Técnico, Tecnológico, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación, refiriendo que los ítems de los módulos tecnológicos designados hasta 2019 fueron declarados en acefalia por el plazo cumplido, por lo que debió realizarse la compulsa para estos cargos en la gestión 2020, empero no llegó a realizarse por la suspensión de actividades escolares y posterior cierre del año escolar (fs. 59).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, la inamovilidad laboral, a la salud, a la vida y a la seguridad social; toda vez que, en su calidad de maestra normalista con estudios de postgrado, fue invitada a ocupar el cargo de Directora Académica del Instituto Tecnológico Evo Morales Ayma de El Alto del departamento de La Paz, hasta finales de la gestión 2019, continuando al inicio de la gestión 2020, cuando su evaluación del desempeño tuvo resultado positivo para ser ratificada en el cargo; empero, las autoridades educativas demandadas, en febrero del citado año, la desvincularon a causa de haberse dispuesto el cierre del referido Instituto, sin respetar su garantía de inamovilidad laboral por tener una hija menor a un año, quedando afectada ella y su hija. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) El principio de inmediatez y su flexibilización excepcional; ii) La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; iii) Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales; y iv) Análisis del caso concreto.

III.1. El principio de inmediatez y su flexibilización excepcional

La Constitución Política del Estado establece en el art. 129.II, que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, a computarse desde la comisión de la lesión alegada o desde la notificación de la última decisión administrativa o judicial; éste plazo, expresa en la norma constitucional el principio de inmediación que rige ésta acción tutelar; en los mismos términos se tiene previsto el plazo de la inmediatez de la acción de amparo constitucional -extensivo a la acción de protección de privacidad y de cumplimiento-, en el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo). Respecto a este límite temporal fijado en la Constitución, la jurisprudencia constitucional ha señalado que tiene una estrecha vinculación con el principio de la seguridad jurídica, que disciplina la función de impartir o administrar justicia, puesto que su apertura por un tiempo ilimitado e indefinido, causaría inseguridad e incertidumbre para los justiciables sin duda alguna, por lo que la sabiduría del constituyente boliviano, fijó categóricamente el plazo para acudir a la jurisdicción constitucional, a través de la acción de amparo constitucional; en ese entendido por un principio general del derecho ninguna persona puede pretender que la jurisdicción constitucional se encuentre a su disposición en forma indefinida, sólo podrá estarlo dentro del término fijado, si en ese plazo el afectado no acude ante la autoridad judicial, implicará la desidia o la ausencia de interés para que sus derechos y garantías le sean restituidos.

Sin embargo, la misma jurisprudencia constitucional ha razonado que el mencionado plazo no es rígido ni cerrado, admitiendo expresamente la posibilidad de flexibilización cuando se haya excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental o garantía constitucional sea evidente y de tal naturaleza que la jurisdicción constitucional no puede ni debe permitir su consumación, cuando los reclamos fueron permanentes sin obtener una respuesta. En todo caso, se debe estar atentos a las particularidades del caso concreto y a los derechos fundamentales o garantías constitucionales puestos en litigio, que se encuentren afectados en su contenido esencial – verbigracia, la invocación del estado de gravidez por la accionante- que justifiquen prescindir o excusar el cumplimiento del plazo de inmediatez y la protección que se brinde, será circunstancial o provisional. En esa comprensión, la jurisprudencia constitucional enfatizo de que el Juez o Tribunal de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional, a condición de que la lesión al derecho haya persistido con el tiempo y sea actual –razonamientos expresados a partir del análisis de un caso vinculado a la imprescriptibilidad del derecho a la jubilación y la abstracción del principio de inmediatez-, tienen el deber de efectuar una revisión de cada caso concreto, verificando los motivos de la dilación en la presentación de la acción, si existió un desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en la reclamación de sus derechos o si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, persistiendo la transgresión de los mismos pese a lo señalado.

3 Respecto a la posibilidad de flexibilización del plazo de la inmediatez y las condiciones necesarias, la SC 0762/2003- R de 6 de junio de 2003, expreso: “… plazo razonable el de seis meses para que la persona afectada presente el recurso; no es menos cierto que, la sub-regla fijada por el Tribunal no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que el órgano encargado del control de constitucionalidad no puede ni debe permitir se consume. En el caso objeto del presente recurso, el último reclamo escrito formulado por la recurrente data del 22 de julio de 2002, lo que significa que al 8 de febrero, fecha en que presentó el amparo constitucional, han transcurrido 6 meses y 13 días, lo que, inicialmente, daría lugar a que se declare improcedente el recurso; empero, es importante considerar los siguientes elementos de juicio para no optar por esa vía; a) el exceso del tiempo es de apenas 13 días al plazo fijado en la jurisprudencia; b) la lesión denunciada es evidente, toda vez que los recurridos no han dado una respuesta debidamente motivada a la petición de la recurrente, no obstante que los reclamos fueron permanentes y, según la versión de la recurrente no desmentida por los recurridos, después de haber presentado su última nota el 22 de julio del 2002, siguió presentando su reclamación verbal al Concejo sin obtener una respuesta. En consecuencia, aplicando el principio de favorabilidad, este Tribunal ingresa a la consideración del fondo de la problemática planteada en el recurso”. En el mismo sentido se pronunció la SC 0200/2006-R de 21 de febrero, y fue citado por la SCP 0793/2015-S1 de 27 de agosto, entre otras. 4 Respecto a las condiciones de flexibilización del plazo de la inmediatez de manera excepción, la SC 0389/2006-R de 17 de marzo, expreso: “Empero, atentos a las particularidades del caso y a los derechos fundamentales puestos en litigio, que en casos análogos a los del presente han justificado prescindir de la subsidiariedad, por lo que en el caso presente es justificable también prescindir o excusar el cumplimiento del otro requisito cual es el de la inmediatez, ello debido a que la recurrente invocó en su momento su estado de gravidez, que no se quiso considerar en el proceso administrativo, además porque la protección que se le brindará, al igual que en el precedente jurisprudencial citado, será circunstancial, o sea hasta que su hijo cumpla el primer año de edad, sin que pueda prolongarse más allá, plazo hasta el cual deberá diferirse la ejecución de lo dispuesto en el proceso disciplinario, cuyas resoluciones efectivamente tienen valor de cosa juzgada. Sin embargo, conviene recordar que este Tribunal ha sentado jurisprudencia en el sentido de que cuando una resolución ilegal y arbitraria afecta al contenido esencial de un derecho fundamental, no se puede sustentar su ilegalidad bajo una supuesta cosa juzgada, en cuyo caso se abre inexcusablemente el ámbito de protección del amparo constitucional (SC 111/1999-R, de 6 se septiembre). 5 Respecto a la condiciones de la flexibilización de la inmediatez, la SCP 1944/2013 de 4 de noviembre, expreso: “De esta forma, si bien es cierto que la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, establecen el plazo de caducidad de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, el carácter imprescriptible del derecho a la

III.1.1. El plazo de la inmediatez y la emergencia sanitaria

(tiempos de pandemia) como causa de fuerza mayor Es de conocimiento público que por la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por el coronavirus (Covid-19), que ha afectado a nivel internacional, se han adoptado medidas destinadas a evitar su propagación y contagio; entre esas medidas en nuestro país se emitieron disposiciones legales como el Decreto Supremo (DS) 4199 de 21 de marzo de 2020, declarando cuarentena total en todo el territorio nacional, ampliado por los Decretos Supremos (DDSS) 4200 de 25 de marzo, 4214 de 4 de abril, 4229 de 29 de abril, hasta el 31 de mayo de igual año, lo que sin duda alguna a afectado el normal desarrollo de las actividades laborales en los diversos sectores de la economía, incluyendo los servicios públicos como el de la administración de justicia en todo el país de manera absoluta. Posteriormente, se establecieron cuarentenas condicionadas y dinámicas, mediante medidas dispuestas y cumplidas en municipios y/o departamentos, en base a las condiciones de riesgo determinados por el Ministerio de Salud como órgano rector. En ese contexto, los Tribunales Departamentales de Justicia emitieron circulares para la efectiva realización del trabajo institucional y mantener las relaciones laborales armónicas y transparentes, según las características de riesgo (alto, medio o moderado) y con el fin de precautelar la salud y el bienestar del publico litigante y los servidores públicos judiciales, quedando suspendido por esas circunstancias –declaratoria de cuarentena total en todo el territorio nacional- el computo de los plazos procesales, incluyendo el plazo de presentación de las acciones de amparo constitucional, de acuerdo a las determinaciones establecidas en el lugar donde se interponga las acciones de defensa, según describe el AC 0172/2020-RCA de 1 de diciembre.

Atenta a las circunstancias de la emergencia sanitaria mundial la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Declaración denominada “COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales”, signado con el 1/20 de 9 de abril de 2020, con el fin de instar a que la adopción e implementación de medidas de seguridad sanitaria, se efectué en el marco del Estado de Derecho y el pleno respecto de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y los estándares desarrollados en la jurisprudencia, haciendo énfasis en ese sentido, la garantía de los derechos, entre otros, el acceso a la justicia. En sintonía con dichas consideraciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la Resolución 1/2020 de 10 de abril, en cuya parte resolutiva emitió recomendaciones expresando que el derecho internacional impone una serie de requisitos –legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad– para evitar de que medidas como el estado de excepción o emergencia sean usadas de manera ilegal, abusiva y desproporcionada, causantes de violaciones a derechos humanos o afectaciones del sistema democrático de gobierno, aún en casos más extremos y excepcionales donde pueda ser necesaria la suspensión de determinados derechos; en ese entendido, toda restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos debe cumplir con los requisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. En ese marco de recomendaciones expresa:

“24. Abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, entre ellos las acciones de hábeas corpus y amparo para controlar las actuaciones de las autoridades, incluyendo las restricciones a la libertad personal en dicho contexto. Estas garantías deben ejercitarse bajo el marco y principios del debido proceso legal” (el resaltado es ilustrativo).

En el contexto de las circunstancias anotadas, el AC 0172/2020-RCA, citado en líneas precedentes, concluye que:

“…cuando las circunstancias lo ameriten el principio de inmediatez cede en resguardo al acceso a la justicia constitucional, más aun cuando se presente un suceso de fuerza mayor, que debe ser considerado bajo el principio de verdad material, como es la declaratoria de cuarentena total a causa de una pandemia, lo que sin duda evita el normal desenvolvimiento de los habitantes de un determinado lugar…” (las negrillas son añadidas). La misma jurisprudencia constitucional establece expresamente la flexibilización del principio de inmediatez por causa de fuerza mayor como la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, que debe ser considerada solo a efectos de velar por el resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del titular quien no pudo acceder a la justicia constitucional, en el periodo de cuarentena total, extensible para aquellas suspensiones de plazo emanadas de los Tribunales Departamentales de Justicia, por la misma causa de la emergencia sanitaria; un entendimiento contrario implicaría no solo la aplicación rígida del plazo de la inmediatez en el contexto de la emergencia sanitaria, sino, el desconocimiento de la suspensión de plazos procesales acordadas e instruidas por los Tribunales del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional y de hecho la suspensión de derechos fundamentales que no condice con el principio pro actione que tiende a garantizar a toda persona, el acceso a los recursos y medios, eliminando todos rigorismos o formalismos excesivos que impide obtener un pronunciamiento de la jurisdicción constitucional, en el contexto de las circunstancias excepcionales anotadas por la emergencia sanitaria.

Ahora bien, a efectos de dicho cómputo para la inmediatez, tomando en cuenta que, luego de la cuarentena rígida en el país, se dispuso la cuarentena diferenciada según el grado de riesgo de cada municipio, los distintos Tribunales Departamentales de Justicia de Bolivia fueron emitiendo circulares para retornar a las labores jurisdiccionales; es así que, en el caso particular del departamento de La Paz el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha manifestado a través del Auto Constitucional 0114/2021-RCA de 30 de junio determinó que:

“…se determinó la suspensión del plazo de los seis meses por el periodo comprendido del 22 de marzo hasta el 30 de abril de 2020, y las Circulares e Instructivos emitidos por los Tribunales Departamentales de Justicia, teniendo presente que en el departamento de La Paz, mediante Circular 17/2020-SP-TDJ-LP se determinó expresamente la reanudación de los plazos procesales en las cuatro Salas Constitucionales, a partir del 15 de junio de 2020, medida que ya fue asumida en el AC 0172/2020-RCA de 1 de diciembre, para el cómputo de la inmediatez. En consecuencia, se concluye que desde el 22 de marzo hasta su reanudación -15 de junio de 2020-, transcurrieron dos meses y veintitrés días, término de suspensión que no debe ser computado, a efecto de velar por el resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del titular, quien no pudo acceder a la justicia constitucional y verificar si se cumplió o no con este presupuesto de procedencia” (las negrillas nos corresponden). De lo referido precedentemente, el computo del plazo de la inmediatez fue interrumpido desde el 22 de marzo de 2020 debido a la pandemia del Covid-19 y en caso particular del departamento de La Paz los plazos fueron reanudados a partir del 15 de junio de 2020 mediante Circular 17/2020-SP-TDJ-LP de igual fecha y año, transcurriendo dos meses y veintitrés días que no deben ser considerados para el respectivo cómputo.

III.2. La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo

El orden constitucional establecido en la Norma Suprema aprobado en Referéndum Nacional de 25 de enero y promulgado por el 7 de febrero, ambos del 2009, consagra la garantía de la inamovilidad laboral de mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta un año de edad de los hijos, disponiendo en forma expresa en el art. 48.VI:

“Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (las negrillas son añadidas). En sintonía con el citado mandato constitucional, la jurisprudencia constitucional desde el anterior Tribunal Constitucional hasta el actual, ha consolidado el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; en esa comprensión, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de embarazo, el Tribunal Constitucional ha razonado que no solamente se debe proteger el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la accionante y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata, puesto que el retiro intempestivo de la accionante también implica la supresión del derecho a la seguridad social que resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho primario a la vida. En la misma línea el actual Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1245/2014 de 16 de junio, señaló que esta garantía está referida a la protección de trabajadores en su fuente de empleo, su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar desfavorablemente las condiciones laborales para obligarlos a su renuncia de manera encubierta, en ese entendido, la pérdida del puesto de trabajo, cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger. En el mismo sentido, la SCP 0059/2015-S1 de 10 febrero, en lo que atañe a la inamovilidad laboral del progenitor, expresó textualmente:

“…En esencia, el derecho a la estabilidad laboral reconocida en favor del trabajador, no se limita a la protección de los derechos del sujeto de la relación laboral, sino que, pretende asegurar y garantizar los derechos fundamentales de la minoridad, permitiendo el afianzamiento de las condiciones para el sustento vital y el desarrollo armónico e integral, debido a su condición de vulnerabilidad física y mental, habida cuenta que desde el momento de la concepción, el ser en proceso de gestación es sujeto de derecho; de ahí que surge la necesidad de establecer una protección reforzada del derecho al trabajo de los progenitores hasta que el hijo o hija cumpla el primer año de edad; en consecuencia, una ruptura abrupta de la relación laboral de los progenitores, implica la directa vulneración de los derechos a la vida, la salud, la integridad física y el desarrollo integral del menor...” (el resaltado es añadido).

11Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000, ha señalado expresamente: “… por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley”. Citado por las SSCC 0434/2010-R, 0581/2010-R, 1043/2010-R, 0610/2010-R, 0771/2010-R, 1330/2010-R y 1205/2010-R, entre otras. 12Respecto a la inamovilidad laboral la jurisprudencia constitucional textualmente expresa en la SCP 1245/2014 de 16 de junio: “…la inamovilidad laboral está referida a la protección del trabajador o trabajadora en su fuente de empleo, respecto a su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar las condiciones laborales en condiciones desventajosas para obligar al trabajador o trabajadora a que renuncie, pues perder el trabajo cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger”, citado por la SCP 0059/2015-S1 de 10 de febrero, SCP 0324/2018-S3 de 29 de junio, entre otros.

Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000, señaló expresamente:

“…por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley…” (las negrillas son añadidas). El desarrollo de la jurisprudencia constitucional también ha establecido la excepción a la subsidiariedad de manera implícita desde la citada SC 505/00-R, señalando que la protección de una dependiente laboral en estado de embarazo despedido indebidamente no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas establecidas por ley, puesto que se encuentran comprometidos no solo el derecho al trabajo, sino el derecho a la seguridad social, salud y vida, de la mujer embarazada y del ser en gestación, que requiere protección inmediata, urgente. En el mismo sentido la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 0785/2003-R de 10 de junio, resalta la procedencia excepcional y extraordinaria del amparo constitucional señalando:

“Si bien el amparo constitucional tiene naturaleza subsidiaria, por ello antes de plantearlo se deben agotar las vías ordinaria de defensa; no es menos cierto que agotar esos medios ordinarios implican para la gestante un perjuicio que podría ser irreparable proveniente de una acción ilegal e indebida de la autoridad recurrida. En tal situación, es viable este amparo como mecanismo rápido y eficaz para proteger prioritariamente los derechos de la recurrente que se encuentra en estado de gravidez y del ser en gestación” (el resaltado es ilustrativo). La procedencia excepcional y extraordinaria de la acción de amparo constitucional o la excepción a la subsidiariedad, fue establecida de manera expresa en la SC 0530/2010-R de 12 de julio y SCP 0158/2018-S3 de 7 de mayo, entre otras. Otro aspecto de relevancia constitucional según la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, la no exigencia del requisito dar aviso del estado de embarazo o de la existencia de una hija o hijo menor a un año al empleador, para acceder a la protección de la garantía constitucional; garantía constitucional que fue entendida en el sentido más amplio en la jurisprudencia constitucional, en ese entendido incluyó a los servidores públicos de libre nombramiento, dadas sus características especiales en las que se encuentran como servidores públicos que no se encuentran en la carrera administrativa, permitiendo que se mantengan desempeñando funciones en la misma institución en la que fueron agradecidas sus labores, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, en aplicación del principio constitucional pro homine. Por otra parte es necesario destacar el deber del Estado de otorgar especial asistencia y protección durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal previsto en el art. 45.V de la CPE.

III.3. Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales.

Previamente, es necesario dejar en claro que, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad sobre las diferentes modalidades de acciones de defensa y de defensa conforme prevé el art. 202 de la CPE, emitiendo resoluciones con un conjunto de razonamientos relacionados al estudio sobre los supuestos que son de su conocimiento que, en muchos de los casos se constituyen en precedentes en materia de derechos fundamentales y garantías constitucionales; bajo esa comprensión, el constituyente ha previsto que toda persona, grupo social o autoridad con legitimación activa reconocida que se sientan perjudicadas en el ejercicio material de sus derechos, pueden interponer las acciones de defensa contra los actos u omisiones que consideren lesivas buscando la tutela 15En el mismo sentido de la no exigencia del requisito formal de dar aviso al empleador del estado de gravidez o la existencia de hijo menor a un año de edad, la SCP 1043/2013 de 27 de junio, expreso en los siguientes términos: “… este beneficio no sólo garantiza la estabilidad laboral de la mujer en estado de gravidez, sino sus alcances se extienden en las mismas condiciones de igualdad al progenitor varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado o funcionarias (os) del sector público; norma constitucional que al ser de aplicación directa por mandato de la propia norma fundamental, no se encuentra supeditada al cumplimiento de exigencias previas para su ejercicio, como el requisito formal de dar aviso al empleador del estado de gravidez o de la existencia del hijo o hija menor de un año antes de gozar de este derecho, aspecto que resulta irrelevante al momento de ejercer esta garantía, al estar frente a una necesidad prioritaria como es el de asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor materializadas con la garantía de contar con una fuente de trabajo”. 16 La jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, establece un cambio de línea fijada en la SCP 1277/2012 de 19 septiembre, respecto a la protección de la garantía de inamovilidad laboral en servidores públicos de libre nombramiento, expresando al efecto los siguientes términos: “Consecuentemente, en aplicación del principio constitucional pro homine, por el cual debe entenderse la norma, en el sentido más amplio y no así en el sentido restringido, se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE; sin embargo, dadas sus características especiales en las que se encuentran, como servidores públicos que no se encuentran en la carrera administrativa, deberá otorgarse la protección -en aplicación de lo dispuesto por el art. 48.IV de la CPE-permitiendo se mantengan desempeñando funciones en la misma institución en la que fueron agradecidas sus labores, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad…”, razonamiento reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0125/2019-S2 de 17 de abril, 0548/2016-S2 de 27 de mayo, 1204/2013 de 1 de agosto, 1686/2012 de 1 de octubre, entre otros y citado por la SCP 1244/2019-S1 de 20 de diciembre.

constitucional en resguardo de sus derechos, ejerciendo de esta forma su pleno derecho de acceso a la justicia conforme prevé los arts. 115.I de la Norma Suprema, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Bajo ese entender, y en cuanto a la comprensión sobre el derecho al acceso a la justicia, la SC 600/2003-R de 6 de mayo, manifestó lo siguiente

“…según la norma prevista por el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, ‘toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter´, como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como ´derecho a la jurisdicción´ (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal” (el resaltado y subrayado es ilustrativo). Por su parte, la SCP 1388/2010-R de 21 de septiembre, en su Fundamento Jurídico III.3.4 epigrafiado como “Derechos a la tutela judicial efectiva”, manifestó que:

“La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley” (el resaltado y subrayado nos corresponde).

De dicha jurisprudencia, se extrae que, el acceso a la justicia no solamente gravita en acudir a las instancias jurisdiccionales o administrativas competentes invocando se resguarden sus derechos mediante una resolución, sino que estas decisiones a ser emitidas deben ser ejecutadas y cumplidas en su verdadera dimensión y precisión; toda vez que, al no materializarse dicha ejecución y cumplimiento efectivo de lo dispuesto se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, generando contrariamente incertidumbre y desamparo en las personas que obtuvieron resguardo de sus derechos mediante resoluciones que en muchas ocasiones son cumplidas parcialmente o en definitiva no son cumplidas totalmente, o en la tarea de cumplirlas otorgan un alcance diferente desfigurando lo establecido en el fallo conforme lo señaló la SCP 1206/2010-R de 6 se septiembre; así, en el caso de las demandadas constitucionales emergentes de las diferentes acciones de defensa, el art. 203 de la CPE prevé que “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno” (las negrillas y subrayado son adicionados), al respecto la SCP 1787/2014 de 19 de septiembre, indicó que las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten una gran importancia por su carácter vinculante para la jurisdicción ordinaria, uso profesional y estudio general, que luego recogiendo estos entendimientos, la SCP 1032/2015-S3 de 29 de octubre, concluyó que, la parte vinculante de 17 “En consecuencia, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada consagrados en el art. 115.I de la CPE, cuando los mismos no son acatados, y si son cumplidos parcialmente, se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, es decir, no son concretados en la medida de lo determinado, o cuando su cumplimiento es tardío; esto, en razón a que el acceso a la justicia no implica sólo la posibilidad de presentar una causa ante un tribunal y que éste emita una sentencia definitiva sobre el asunto planteado sino que, además, tal acceso debe ser efectivo. Es por eso, que la CIDH, determinó que el Estado, tiene la obligación de implementar todas las medidas para dar pleno cumplimiento a las sentencias de sus órganos judiciales y no puede apartarse del cumplimiento de éstas, so pena de incurrir en violación a la protección judicial prevista en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al deber derivado del art. 2 del mismo instrumento internacional. Es decir, la inejecución de sentencias, su ejecución parcial, distorsionada o tardía, acarrea la violación del derecho fundamental de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, y dentro de éste a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada y la protección judicial por parte del Estado” (el resaltado es ilustrativo).

18 El FJ III.1 señala que: “El carácter vinculante y obligatorio de las Resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, según lo previsto por el art. 203 de la CPE, de forma taxativa, determina lo siguiente ‘Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’; así también el art. 15.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que: ‘Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares’, y en concordancia con el art. 19 del citado código, establece: ‘Las Sentencias, declaraciones y autos constitucionales se publicaran en la Gaceta Constitucional Plurinacional, cuya periodicidad será mensual. El Tribunal Constitucional Plurinacional difundirá sus resoluciones, además de los mecanismos electrónicos, a través de los medios que vea conveniente’, cuyo entendimiento permite especificar que la publicación de las Resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten importancia ya que no sólo son de carácter ilustrativo o de información, sino por su carácter vinculante el conocimiento oportuno de las mismas es imprescindible, especialmente para la jurisdicción ordinaria, para el uso profesional y el estudio en genera”. 19 El FJ III.1 indicó que: “Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación.”

una Resolución Constitucional es la ratio decidendi, constituyéndose en la parte más relevante de toda la fundamentación dentro de la sentencia, generando precedentes obligatorios. En ese marco, incumbe precisar respecto a lo previsto por el mencionado art. 203 de la Norma Suprema, ya que de ella se extrae dos principios o características elementales relacionados a la vinculatoriedad y la obligatoriedad que si bien a primera vista supondría un alcance similar; sin embargo, las mismas difieren conforme se verá seguidamente, pero antes incumbe señalar que toda resolución constitucional, se funda en razones o reflexiones (ratio decidendi) desarrolladas que sirven de sustento para la decisión final expresada en la parte resolutiva -por tanto- Bajo esa comprensión: a) El carácter vinculante de las decisiones constitucionales, se encuentra en los razonamientos desarrollados, que deben ser aplicados por los jueces y tribunales a casos análogos; esto implica que, las reflexiones o razones desplegadas en las resoluciones deben ser aplicadas a otros casos con hechos similares o análogos, otorgando de esta forma certeza y seguridad jurídica a los justiciables en el entendido que al tener conocimiento que el Tribunal Constitucional dio una determinada solución a un caso parecido al suyo, con seguridad acudirá a la misma instancia constitucional para obtener similar solución (pretensión que posteriormente deberá ser compulsada por la instancia constitucional a objeto de verificar la analogía o no del caso concreto). En ese marco, el carácter vinculante de las decisiones constitucionales se constituye en un principio relevante dentro la justicia constitucional y debe ser entendida desde dos dimensiones, la dimensión horizontal y la vertical; en tal sentido, la primera se refiere a que las sentencias y decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son también vinculantes para ella misma u otras instancias de igual jerarquía; la segunda, referida a que dichas decisiones pronunciadas por la máxima instancia de control constitucional son vinculantes para los jueces y tribunales ordinarios de menor jerarquía; y, por su parte; y, b) El carácter obligatorio de las decisiones constitucionales, se encuentra en la parte dispositiva-por tanto- de las resoluciones, misma que debe ser cumplida por las partes procesales de forma obligatoria; es decir, en este caso, la obligatoriedad del cumplimiento de la decisión asumida está prevista para las partes intervinientes dentro los procesos constitucionales o excepcionalmente para aquellas no intervinientes que la instancia constitucional así lo justifique en cada caso concreto; extremo, que cobra mayor relevancia en la acción de amparo constitucional y acción de libertad, donde se dilucidan derechos subjetivos que merecen tutela inmediata que conlleva a la obligatoriedad del cumplimiento de la resolución constitucional conforme prevén los arts. 125 y 128 de la CPE.

Consecuentemente, y a efectos de ahondar en el verdadero acceso a la justicia y su tutela efectiva, incumbe focalizar sobre el carácter obligatorio de las resoluciones constitucionales y su ejecución, que conllevan un cumplimiento inmediato, conforme prevé el art. 15 del CPCo, que bajo el epígrafe (CARACTER OBLIGATORIO, VINCULANTE Y VALOR JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS), en su parágrafo I, prevé que: “Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general”, contenido legal que tiene su sustento constitucional en el citado art. 203 de la CPE que dice: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno” (resaltado añadido); en tal sentido, como se vio la obligatoriedad como caracteristica esencial de las resoluciones constitucionales radica en que las partes procesales cumplan inmediatamente con lo dispuesto en las resoluciones emergentes de las acciones de defensa como la acción de amparo constitucional, acción de libertad, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento o acción popular. No obstante, ante el incumplimiento de las decisiones constitucionales, el legislador ordinario mediante los arts. 16 y 17 del CPCo, ha previsto la ejecución y cumplimiento de las resoluciones bajo los siguientes términos:

“Artículo 16.- (Ejecución) I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida; asimismo el corresponde la ejecución en los procesos que directamente se presenten ante el mismo.

Artículo 17.- (Cumplimiento de resoluciones)

I. El Tribunal Constitucional Plurinacional y las Juezas, Jueces y Tribunales de garantías constitucionales adoptarán las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones. II. Podrán requerir la intervención de la fuerza pública o la remisión de antecedentes ante la autoridad administrativa a fin de la sanción disciplinaria que corresponda.

III. Podrán imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, que incumpla sus decisiones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger.”

De las normas procesales constitucionales descritas, se extrae inicialmente que, la ejecución de toda resolución constitucional con calidad de cosa juzgada corresponde al juzgado o tribunal que conoció la acción y en casos de demora o incumplimiento en la ejecución, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la atribución de conocer y resolver las mismas a través del instituto procesal denominado “queja”; empero, en esta parte incumbe precisar dos aspectos que tienen relación con el cumplimiento y ejecución inmediata de las resoluciones constitucionales emergentes de aquellas que previamente son resueltas por los jueces y tribunales de garantías; primero, una resolución constitucional adquiere la calidad de cosa juzgada cuando en revisión es emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificando o revocando la inicial decisión asumida por el juez o tribunal de garantías, sólo despues de este acto procesal emerge el tratamiento del instituto procesal de la “queja” para verificar la demora o su incumplimiento; y, segundo, cuando una resolución emerge del desarrollo de la audiencia efectuada ante el juez o tribunal de garantías, su ejecución es inmediata conforme lo prevén los arts. 126.IV (acción de libertad), 129.V (amparo constitucional), 131.III y IV (acción de protección y privacidad), 134.IV y V (acción de cumplimiento), y 136 (acción popular), todos de la Constitución Política del Estado, ello supone que no es exigible la remisión previa de la resolución al Tribunal Constitucional Plurinacional para ejecutar las decisiones emitidas por los jueces y tribunales de garantías. Ahora bien, con referencia al cumplimiento (art. 17 CPCo), la disposición procesal refiere que, tanto los jueces, tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, adoptaran las medidas necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública o remitir antecedentes ante la autoridad administrativa con la finalidad de imponer las sanciones que correspondan; asimismo, tienen la potestad de aplicar multas progresivas a la autoridad o persona (individual o colectiva), sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran emerger; regulación, que encuentra sustento constitucional en el carácter inmediato de las acciones de defensa que por su naturaleza protectiva de las garantías y derechos fundamentales, merecen atención prioritaria y reparación inmediata de los derechos vulnerados. Consecuentemente, está claro que los jueces, tribunales y el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen las amplias prerrogativas para ejercer las acciones necesarias a efectos de hacer cumplir sus decisiones acudiendo a la fuerza pública e imponer multas progresivas o inclusive remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento por atentado a las garantías constitucionales, conforme dispone el art. art. 127 de la CPE, que señala:

“I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley” (el resaltado ilustrativo). Previsión constitucional, que es aplicable para todas las acciones de defensa por mandato de la misma Norma Suprema. De lo ampliamente descrito, es posible concluir en que, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos constitucionales, cuando los mismos: 1) No son acatados; 2) Son cumplidos parcialmente; 3) Se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, al no ser concretados en la medida de lo determinado; y, 4) Cuando su cumplimiento es tardío (SC 1206/2010-R de 6 de septiembre); consecuentemente, una vez puestas en conocimiento de los jueces, tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, estas instancias, se encuentran facultadas para adoptar las medidas necesarias que sean requeridas para el cumplimiento efectivo de las resoluciones, pudiendo asumir las siguientes acciones: i) Requerir la intervención de la fuerza pública; ii) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda; iii) Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, iv) Remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto estará sujeta a sanción conforme la Norma Suprema y la ley (art. 127 de la CPE). Consecuentemente, tratándose de resoluciones emergentes de procesos constitucionales en las cuales se compulsan denuncias sobre conculcaciones a derechos y garantías constitucionales, su cumplimiento por parte de los demandados o accionados debe ser inmediato conforme a la naturaleza de las acciones de defensa; toda vez que, al no efectivizar o materializar dicho cumplimiento se vulnera el derecho al acceso a la justicia y su tutela efectiva conforme prevé el art. 115.I de la CPE, concordante con los arts. 8.1 y 25 de la CADH, y 14.1 del PIDCP. En ese orden, conforme a lo ampliamente desarrollado y en estrecha relación con el art. 9.4 de la Norma Suprema, que prevé como uno de los fines y funciones esenciales del Estado: “Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”, las autoridades constitucionales (jueces y tribunales) al ser parte integrante del Estado como operadores de la justicia constitucional, tienen el deber constitucional y legal de ejercer todas las acciones necesarias destinadas a garantizar la ejecución y cumplimiento inmediato de sus resoluciones en resguardo de los accionantes que acudieron a la justicia constitucional en busca de tutela, so pena de ser sancionados conforme a la Norma Suprema y disposiciones legales.

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, la inamovilidad laboral, a la salud, a la vida y a la seguridad social; toda vez que, en su calidad de maestra normalista con estudios de postgrado, fue invitada a ocupar el cargo de Directora Académica del Instituto Tecnológico Evo Morales Ayma de El Alto del departamento de La Paz, hasta finales de la gestión 2019, continuando al inicio de la gestión 2020, cuando su evaluación del desempeño tuvo resultado positivo para ser ratificada en el cargo; empero, las autoridades educativas demandadas, en febrero del citado año, la desvincularon a causa de haberse dispuesto el cierre del referido Instituto, sin respetar su garantía de inamovilidad laboral por tener una hija menor a un año, quedando afectada ella y su hija.

III.4.1. Consideraciones previas sobre los requisitos de procedencia

Antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática identificada, corresponde resolver las cuestiones planteadas por las partes en la presente causa. En esa comprensión es necesario referirnos al principio de subsidiariedad que rige por regla general a la acción de amparo constitucional; empero, al tratarse de la garantía de inamovilidad laboral, la jurisprudencia constitucional desarrollada estableció en estos casos excepción a la subsidiariedad entendiendo que en estas circunstancias la protección de la mujer embarazada y del ser en gestación se torna en una situación sensible, de protección inmediata o urgente, en esa comprensión, la accionante al ser madre de NN nacida el 12 de junio de 2019, menor a un año (Conclusión II.1), opera la excepción a la subsidiariedad, por la protección inmediata, urgente que requiere la madre y la hija, por lo que la exigencia del agotamiento de los medios o recursos en sede administrativa o judicial en la acción de amparo constitucional no opera en las circunstancias anotadas vía jurisprudencia constitucional.

También se han planteado por las autoridades demandadas, la aplicación del principio de inmediatez que rige la acción de amparo constitucional, puesto que presuntamente la accionante presentó su acción tutelar habiendo vencido el termino de los seis meses desde el momento de la desvinculación arbitraria sufrida. Al respecto, debe tomarse en cuenta por una parte que, como es de conocimiento público, debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, se impuso en un periodo de tiempo que comprende desde el 22 de marzo de 2020 hasta el 15 de junio de igual año –como establece expresamente la Sala Constitucional que conoció y resolvió la presente causa–, la cuarentena rígida y otras medidas de bioseguridad, que han impedido la realización de actividades laborales y de otra índole, con normalidad. Circunstancias imprevistas que motivaron a los Tribunales de cierre como el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, la emisión de comunicados internos haciendo conocer la suspensión de plazos procesales; asimismo, y considerando que luego de la cuarentena rígida en el país, se dispuso la cuarentena diferenciada según el grado de riesgo de cada municipio, los distintos Tribunales Departamentales de Justicia fueron emitiendo circulares para retornar a las labores jurisdiccionales; es así que, en el caso particular del departamento de La Paz el Tribunal Constitucional Plurinacional a través del Auto Constitucional 0114/2021-RCA de 30 de junio determinó que se debe tener presente que en ese distrito mediante Circular 17/2020-SP-TDJ-LP se reanudó los plazos procesales en las cuatro Salas Constitucionales, a partir del 15 de junio de 2020, concluyendo que, desde el 22 de marzo hasta su reanudación -15 de junio de 2020-, transcurrieron dos meses y veintitrés días, tiempo que no debe ser computado, a efectos del plazo de la inmediatez, ello como se dijo, con la finalidad de velar por el resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del titular, quien no pudo acceder a la justicia constitucional, ante tal emergencia. A partir de lo considerado y explicado, a efectos de verificar si se cumplió o no con este presupuesto de procedencia, cabe referir que, los hechos descritos que conciernen a la presente acción tutelar se han desarrollado a inicios del 2020, específicamente desde el mes de febrero, mes que marca la ruptura de la relación laboral de la accionante, puesto que deja de percibir sus haberes desde ese mes; no obstante, los reclamos a través de notas emitidas por el Rector del Módulo Tecnológico Productivo “El Alto” el 20 de febrero de 2020 exigiendo aclarar en forma escrita y formal la situación del referido Módulo Tecnológico y haciendo conocer la nómina del personal que goza de inamovilidad laboral, como es el caso de la impetrante de tutela y las notas enviadas a título personal por la prenombrada a diferentes instancias administrativas de educación desde el mes de marzo al mes de agosto de 2020, reclamando el respeto de su garantía a la inamovilidad laboral por ser madre de una hija menor a un año, permiten advertir que la accionante ha mantenido una actitud de reclamo reiterado de su situación de madre de una menor a un año; sumado a ello, el hecho de que ante la emergencia sanitaria por el Covid-19 el computo del plazo de la inmediatez fue interrumpido desde el 22 de marzo de 2020 hasta su reanudación -en el caso particular de La Paz- a partir del 15 de junio de igual año, fecha que debe ser considerada para el respectivo cómputo. En ese entendido, por los razonamientos expresados líneas arriba, se puede inferir que, en el presente caso, la acción de amparo constitucional presentada el 13 de octubre de 2020, se interpuso dentro el término de los seis meses, tomando en cuenta las circunstancias de la suspensión de los plazos procesales previstos por la emergencia sanitaria y como efecto la aplicación de la flexibilización del término de la inmediatez por causa de fuerza mayor, desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional.

III.4.2. Sobre la problemática planteada

Ahora bien, de lo precedentemente expuesto es posible ingresar al análisis del fondo de las cuestiones planteadas, en ese entendido, de los antecedentes adjuntos a la presente causa se advierte que, la accionante fue designada por Edgar Pary Chambi, entonces Director General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación, en el cargo de Directora Académica del Instituto Tecnológico Evo Morales Ayma de El Alto del departamento de La Paz, mediante Memorándum ME/VESFP/DGESTTLA 0333/2019 de 2 de septiembre, en el que consignó hasta el 31 de diciembre de 2019, sujeto a evaluación periódica, previa invitación cursada por la misma autoridad (Conclusión II.2).

Como efecto de la evaluación periódica realizada por las autoridades educativas, Rodrigo Copa Colquehuanca, Rector del Módulo Tecnológico Productivo “El Alto”, remitió mediante CITE: REC/MTPEA 01/2020 de 7 de enero, dirigido a Aurea Balderrama Almendras, ex Subdirectora Departamental de Educación Superior de Formación Profesional La Paz, los resultados de dicha evaluación de la gestión 2019, entre los que se encuentra la accionante con evaluación del desempeño excelente (91%), sugiriendo la ratificación del personal evaluado positivamente para la gestión de 2020, con constancia de recepción de la Dirección Departamental de Educación La Paz -fecha ilegible- (Conclusión II.3); en coherencia con los hechos precedentes, se evidencia que en favor de la impetrante de tutela procedieron al pago de haberes correspondientes al mes de enero de 2020 en la suma liquida de Bs5 518.- -incluyendo septiembre a diciembre de 2019- por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la cuenta 10000008018885 del Banco Unión S.A. de la accionante, por concepto de pago del sector servicio de educación pública en el cargo de Directora Académica (Conclusión II.4). Mediante Nota CITE: REC/MTPEA 05/2020 de 17 de enero, Rodrigo Copa Colquehuanca, Rector del Módulo Tecnológico Productivo “El Alto”, remite a Aurea Balderrama Almendras, ex Subdirectora Departamental de Educación Superior de Formación Profesional La Paz, la declaratoria de acefalias y compulsa respectiva de los cargos de docentes y administrativos; asimismo, comunica la nómina del personal que goza de inamovilidad laboral, entre las que se encuentra la accionante, con sello de recepción de la Dirección Departamental de Educación La Paz de 17 de enero de 2020 (Conclusión II.6); en cumplimiento al Instructivo IT/VESFP/DGESTTLA 0006/2020 de 14 de enero, emitido por Franz Iván Heredia Gómez, ex Viceministro de Educación Superior de Formación Profesional del Ministerio de Educación dirigido a Directores Departamentales de Educación, en el instruye la remisión de declaratorias en acefalias y convocatorias a compulsa respectivas de los cargos docentes y administrativos a través de la Subdirección de Educación Superior de Formación Profesional por haber concluido los servicios profesionales (Conclusión II.5). A través de notas oficiales de 20 de febrero de 2020, dirigidas a Jaqueline De la Barra Barrientos, ex Directora General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación; Walter Saúl Espinoza Torrico, ex Viceministro de Educación Superior de Formación Profesional del Ministerio de Educación; y, Bertha Isabel Chuquimia Morales, Viceministra de Educación Regular del Ministerio de Educación, Rodrigo Copa Colquehuanca, Rector del Módulo Tecnológico Productivo “El Alto”, solicita la remisión escrita de las determinaciones asumidas respecto al funcionamiento del referido Módulo Tecnológico y al personal directivo, docente y administrado que trabaja; asimismo, comunica la nómina del personal que goza de inamovilidad laboral, entre las que se encuentra la peticionante de tutela, con sello de recepción de las instituciones destinatarias de 26 de febrero de 2020 (Conclusión II.7). A título personal la accionante también presentó notas de reclamo respeto a su derecho a la inamovilidad laboral ante diferentes instancias administrativas de educación como el: Ministerio de Educación (de 6 de marzo, 21 de julio y 5 de agosto de 2020), Viceministerio de Educación Superior y Formación Profesional (de 21 de julio y 5 de agosto de 2020), Dirección Departamental de Educación La Paz (de 21 de julio de 2020), Subdirección Departamental de Educación La Paz (de 21 de julio y 11 de agosto de 2020); y, Dirección General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación (de 21 de julio y 11 de agosto de 2020); en respuesta Julio César Irahola Aguirre, entonces Director General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación, mediante Nota NE/VESFP/DGESTTLA 0504/2020 de 8 de septiembre, refirió que los ítems de los módulos tecnológicos designados hasta 2019 fueron declarados en acefalia por el plazo cumplido, por lo que debió realizarse la compulsa para estos cargos en la gestión 2020, empero no llegó a realizarse por la suspensión de actividades escolares y posterior cierre de año escolar (Conclusión II.8). En el contexto anotado precedentemente puede determinarse como corolario que la accionante era funcionaria de libre nombramiento –como lo reconoce expresamente en su acción tutelar–, sujeta a evaluación periódica del desempeño, cumpliendo labores administrativas en el cargo de Directora Académica del Instituto Tecnológico Evo Morales Ayma de El Alto del departamento de La Paz, designación hasta el 31 de diciembre de 2019, cargo que se encontraba cumpliendo por invitación de Edgar Pary Chambi, entonces Director General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación. Habiendo acreditado además el pago de sus haberes por el mes de enero de 2020 en su calidad de Directora Académica del Instituto Tecnológico Evo Morales Ayma de El Alto del departamento de La Paz, se infiere que continuó cumpliendo funciones en la misma calidad en el Instituto, extremo que encuentra coherencia con la evaluación que le realizaron y que fue comunicada oportunamente por el Rector del Módulo Tecnológico Productivo “El Alto” a las autoridades educativas en sus diferentes instancias sugiriendo su ratificación, incluyendo a la impetrante de tutela en calidad de Directora Académica. Por otro lado, si bien hubo una comunicación interna -Instructivo IT/VESFP/DGESTTLA 0006/2020 de 14 de enero- que instruyó la remisión de las acefalías y convocatoria a compulsa de cargos en los Institutos Técnicos, Tecnológicos y de Formación Artística –que no se concretó– y que aparentemente, éste fue el acto que desvinculó al plantel docente y administrativo, incluyendo a la accionante, no obstante su continuidad como se dijo precedentemente; sin embargo, se advierte que las razones que al final concretaron el acto de desvinculación del personal del referido Instituto Tecnológico, fue una situación de hecho por la suspensión de actividades escolares y posterior clausura del año escolar -consecuencia de la emergencia sanitaria-, como lo reconoce Julio César Irahola Aguirre, entonces Director General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Educación, mediante Nota NE/VESFP/DGESTTLA 0504/2020 de 8 de septiembre, dirigida a la accionante. No obstante a lo anotado, cualquiera hubieran sido las circunstancias, es decir, declaratoria de acefalias o suspensión de actividades escolares, las autoridades administrativas educativas, ya tuvieron previo y oportuno conocimiento de la situación de la peticionante de tutela como madre de una hija menor a un año, pues ello fue dado a conocer por el Rector del Módulo Tecnológico Productivo “El Alto”, mediante la Nota CITE: REC/MTPEA 05/2020 de 17 de enero y notas oficiales de 20 de febrero de 2020, a las autoridades educativas –ahora demandadas-, conforme se tiene de las Conclusiones II. 6 y II.7 de este fallo constitucional, por las cuales comunicó y remitió la nómina del personal que goza de inamovilidad laboral, entre ellas la impetrante de tutela; consiguientemente, si bien se asumió de hecho el cierre del Instituto Tecnológico Evo Morales Ayma de El Alto del departamento de La Paz, de conocimiento de la accionante; empero, también fue de conocimiento de todas las autoridades educativas demandadas, su condición de madre que gozaba de la garantía constitucional de inamovilidad laboral, extremo que no puede quedar soslayado por el deber que tiene el Estado de protección destinada no solo a la madre sino a la hija menor a un año y mucho más en una situación que le correspondió atravesar en la emergencia sanitaria, toda vez que, con la desvinculación laboral no se tomó en cuenta su condición, afectando así la garantía de la inamovilidad laboral, y quedando anuladas las prestaciones correspondientes al ámbito de la salud, seguridad social, comprometiendo lógicamente los aspectos más elementales que tienen vinculación, como la vida. Por los antecedentes expuestos, a la peticionante de tutela le corresponde la protección de la garantía de la inamovilidad laboral por ser madre de una hija menor a un año, en su calidad de Directora Académica del Instituto Tecnológico Evo Morales Ayma de El Alto del departamento de La Paz, precisamente hasta que la menor cumpla el año, por lo tanto al haberse disuelto el vínculo laboral por el cierre del referido Instituto por disposiciones administrativas, no asumieron las previsiones necesarias respecto a los funcionarios que gozaban de la garantía de inamovilidad laboral por la circunstancia anotada; en ese entendido a la accionante le corresponde no precisamente la reincorporación a su fuente laboral; empero, el pago de sus sueldos devengados y el cumplimiento de los subsidios posnatal, hasta el cumplimiento del año de la hija menor.

III.4.3. Respecto al pago de costas procesales, daños y perjuicios

La impetrante de tutela, al momento de interponer su acción tutelar, también solicitó a la jurisdicción constitucional que condene a las autoridades al pago de costas, daños y perjuicios. A ese respecto el art. 113 de la CPE, establece que:

I. La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna.

II. En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño (las

negrillas fueron añadidas).

A su vez, el art. 39.I del CPCo, señala que:

I. La resolución que conceda la acción, podrá determinar también, la existencia o no de indicios de responsabilidad civil o penal,

estimando en el primer supuesto el monto indemnizar por daños y perjuicios y en el segundo, remitiendo antecedentes al Ministerio Público cuando corresponda. A este efecto el Tribunal podrá abrir un término de prueba de hasta diez días, computables a partir de la notificación en la misma audiencia (las negrillas son nuestras).

En ese contexto, respecto a la condenación de costas, daños y perjuicios al Estado, la SCP 0100/2013 de 17 de enero, ha establecido que:

“…las entidades públicas del nivel central, autonómico o descentralizado, no están exentas del pago de costas con cargo a repetición de los servidores públicos… cuando… devengan de la constatación de la lesión a derechos fundamentales y garantías constitucionales… …la exclusión del Estado a la condena de costas y honorarios profesionales procede en procesos donde éste persigue el cobro de sus acreencias, no así en caso de que sus autoridades vulneren derechos fundamentales de las personas, que en recursos constitucionales son tutelados, situación en la que los causantes de estos hechos son responsables de las costas y honorarios profesionales… “(las negrillas son nuestras).

Realizado dichas apreciaciones, en el caso concreto, se tiene que la impetrante de tutela, solicitó la condenación en costas procesales, daños y perjuicios, ya que si bien su desvinculación se concretó por la clausura del año escolar ante la emergencia sanitaria que vivió el país y el mundo; empero, previo a ello, las 21 En su F.J.III.1 ha señalado que: “Ahora bien, es menester aclarar que las entidades públicas del nivel central, autonómico o descentralizado, no están exentas del pago de costas con cargo a repetición de los servidores públicos y por ende no se les aplica las normas contenidas en los arts. 39 de la LACG y 52 del DS 23215 cuando aquéllas devengan de la constatación de la lesión a derechos fundamentales y garantías constitucionales impuestas dentro de procesos constitucionales en el ámbito interno del Estado dentro del marco de aplicación e interpretación de la norma constitucional contenida en el art. 113 de la CPE, que prescribe: ‘I. La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. II. En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño’.

Norma constitucional, que fue desarrollada en el art. 39.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), en las normas comunes que regulan las acciones de defensa bajo el nomen juris de ‘Responsabilidad y Repetición’ establece: ‘I. La resolución que conceda la acción, podrá determinar también, la existencia o no de indicios de responsabilidad civil o penal, estimando en el primer supuesto el monto a indemnizar por daños y perjuicios y en el segundo, remitiendo antecedentes al Ministerio Púbico y a la Procuraduría General del Estado cuando corresponda. A este efecto el Tribunal podrá abrir un término de prueba de hasta diez días, computables a partir de la notificación en la misma audiencia’, por cuanto el Tribunal Constitucional entendió desde el año 2000 que los daños y perjuicios comprende: ‘1) la pérdida o disminución patrimonial que haya sufrido la parte damnificada como consecuencia del acto ilegal cometido en su contra, 2) los gastos que la recurrente ha tenido que efectuar para lograr la reposición del derecho conculcado’ (AC 0009/2020-CDP, de 20 de noviembre). (…) En ese mismo sentido, el AC 0051/2004-CDP de 1 de diciembre, señaló: ‘Siendo necesario fundamentar la posición adoptada por este Tribunal Constitucional, se debe reiterar que la correcta interpretación de las referidas normas (art. 39 de la LSAFCO y 8 de la LAPACOP), es aquella en sentido de que la exclusión del Estado a la condena de costas y honorarios profesionales procede en procesos donde éste persigue el cobro de sus acreencias, no así en caso de que sus autoridades vulneren derechos fundamentales de las personas, que en recursos constitucionales son tutelados, situación en la que los causantes de estos hechos son responsables de las costas y honorarios profesionales. Así debe entenderse el art. 39 de la LSAFCO, en concordancia con el art. 52 del DS 23215’”.

autoridades demandadas tomaron efectivo conocimiento de que la accionante gozaba de inamovilidad laboral al ser progenitora de una niña menor de un año, conforme se tiene explicado supra, y al no haber tomado las previsiones de resguardo de los derechos constitucionales de ésta y de su hija, se tiene constatado que las autoridades educativas demandadas, quienes actúan en representación de la administración del Estado, han lesionado los derechos a la inamovilidad laboral, a la seguridad social, a la salud y vida; por lo cual, esta jurisdicción constitucional ha determinado conceder la tutela de forma parcial. En el caso presente, se debe considerar que la lesión de los derechos de la accionante fue producto del cierre del Instituto Tecnológico Evo Morales Ayma de El Alto del departamento de La Paz (Conclusión II.5), y que todos los cargos que pertenecían al referido Instituto, fueron declaradas en acefalia, estableciéndose que fue un caso fortuito y de fuerza mayor, no evidenciándose de manera clara que las autoridades demandadas actuaran con temeridad, porque la desvinculación no se produjo por decisión de los mismos; habiéndose aclarado este aspecto se debe denegar la tutela en relación al pago de costas, daños y perjuicios. Finalmente, en el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las resoluciones asumidas dentro las acciones constitucionales conforme al art. 203 de la CPE y los arts. 16 y 17 del CPCo, son de cumplimiento obligatorio por las partes procesales y ejecución inmediata; lo cual, conlleva a que en el caso presente, las autoridades del sistema de educación ahora demandados o las que estén ejerciendo dichas funciones actualmente, están impelidos a dar cumplimiento total, efectivo, cabal e inmediato a lo dispuesto por esta instancia constitucional referido al pago de sus sueldos devengados, la cancelación de los subsidios de natalidad y lactancia, y el pago de costas procesales y daños y perjuicios, so pena de ser inclusive sancionado por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, que conoció la acción tutelar, conforme dispone el indicado art. 17 del CPCo, que con la finalidad de garantizar el cumplimiento podrá efectuar las siguientes sanciones: a) Requerir la intervención de la fuerza pública; b) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda; c) Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, d) Remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto estará sujeta a sanción conforme establece la Constitución Política del Estado y la Ley en base a lo determinado por el art. 127 de la CPE; consecuentemente, en el caso de un supuesto incumplimiento, la referida Sala Constitucional debe activar las medidas requeridas; máxime, cuando en el caso presente la decisión asumida otorga la tutela sobre los derechos a la inamovilidad laboral, al salario justo y remuneración, a la seguridad social, a la salud y vida que afectan directamente a la familia de la accionante. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder parcialmente la tutela impetrada, efectuó una adecuada compulsa de los datos del proceso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 182/2020 de 8 de diciembre, cursante de fs. 201 a 207, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º. CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a los derechos conexos a la inamovilidad laboral por su condición de madre de una hija menor a un año, con base a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º. Disponer el pago de los salarios devengados en favor de la impetrante de tutela hasta el cumplimiento del año de edad de su hija, y el cumplimiento de las prestaciones que le corresponden, como los subsidios; y, 3º DENEGAR la tutela en relación al pago de costas procesales, daños y perjuicios en favor de la accionante; y, en cuanto a la restitución a su fuente laboral por los motivos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El entendimiento expresado en la citada jurisprudencia, fue ratificado en la SCP 0793/2015-S1 de 27 de agosto.

2 La SCP 0605/2016-S2 de 30 de mayo, citado por la SC 0521/2010-R de 5 de julio, señaló que: “… por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos”.

jubilación y la situación particular en la que se encuentran sus beneficiarios, siendo un sector de vulnerabilidad que debe ser protegido de manera primordial por el Estado; deriva que en estos casos, deba hacerse una diferenciación particular, haciendo abstracción del principio de inmediatez a condición que la lesión al derecho haya persistido con el tiempo y sea actual. En ese sentido, deben presentarse ambas condiciones al efecto, debiendo el juez o tribunal de garantías, y en revisión el Tribunal Constitucional Plurinacional, realizar un análisis en cada caso en particular, verificando los motivos de la dilación en la presentación de la acción; si existió un desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en la reclamación de sus derechos; o si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, persistiendo la transgresión de los mismos pese a lo señalado” ( las negrillas son ilustrativas).

6 Las circunstancias vinculadas a la suspensión de los plazos procesales, incluyendo la presentación de las acciones tutelares, por la declaratoria de cuarentena total a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia provocada por el coronavirus (Covid-19) a nivel internacional, se encuentra explicitada en la AC 0172/2020-RCA de 1 de diciembre.

7 La Resolución 1/2020 de 10 de abril, titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresa textualmente en su Parte Resolutiva 3.g): “Aún en los casos más extremos y excepcionales donde pueda ser necesaria la suspensión de determinados derechos, el derecho internacional impone una serie de requisitos –tales como el de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad– dirigidos a evitar que medidas como el estado de excepción o emergencia sean utilizadas de manera ilegal, abusiva y desproporcionada, ocasionando violaciones a derechos humanos o afectaciones del sistema democrático de gobierno”.

8 La misma Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresa en su Parte Resolutiva 20, respecto a los Estados de excepción, restricciones a las libertades fundamentales y Estado de Derecho: “Asegurar que toda restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos con la finalidad de protección de la salud en el marco de la pandemia COVID-19 cumpla con los requisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. En particular, dichas restricciones deben cumplir con el principio de legalidad, ser necesarias en una sociedad democrática y, por ende, resultar estrictamente proporcionales para atender la finalidad legítima de proteger la salud”.

9 El citado AC 0172/2020-RCA de 1 de diciembre, expresa textualmente: “Por lo mencionado, la flexibilización del principio de inmediatez, por causa de fuerza mayor debe ser considerada solo a efectos de velar por el resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del titular quien no pudo acceder a la justicia constitucional, en el periodo de cuarentena total, por la emergencia sanitaria del coronavirus COVID-19; lo que implica que el plazo de seis meses queda interrumpido para aquellos casos que debieron ser presentados en las fechas donde fue dispuesta la cuarentena total y extensible para aquellas suspensiones de plazo emanadas de los Tribunales Departamentales de Justicia, por la misma causa de la emergencia sanitaria”.

10 Respecto al principio pro actione, la SC 1044/2003-R de 22 de julio, expresa: “A su vez, del texto de los referidos preceptos constitucionales, en conexión con el art. art. 6.I constitucional, se extrae la garantía de la tutela jurisdiccional eficaz, entendida en el sentido más amplio, dentro del contexto constitucional referido, como el derecho que tiene toda persona de acudir ante un juez o tribunal competente e imparcial, para hacer valer sus derechos o pretensiones, sin dilaciones indebidas. A su vez, de ambas garantías se deriva el principio pro actione, que tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados“.

13 En el mismo sentido de la excepción a la subsidiariedad en caso de la inamovilidad laboral por mujer embarazada y padre progenitor de hijos menores hasta la edad de un año, se pronunció la SCP 0198/2013 de 27 de febrero. 14El FJ III.3, cambiando el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 1416/2004-R, estableció que: “…no está supedita a determinadas condiciones o requisitos que deben ser cumplidos por la mujer o el hombre y, por lo mismo, para su ejercicio, no se requiere el previo aviso al empleador del estado de embarazo o de la existencia de un hijo o hija menor a un año. (…) Efectivamente, el requisito formal de dar aviso a su empleador acerca de su estado de gravidez, sin el cual no existiría la protección estatal en lo que respecta a su inamovilidad laboral, carece de relevancia frente a una necesidad indubitable, que es precisamente asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor, ya que con una fuente laboral, al menos se asegurará a la madre el poder agenciar los medios necesarios para proteger las necesidades más premiosas que demande el niño o niña recién nacidos”.

20 Constitución Política del Estado “Artículo 127. I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley”.

22 Constitución Política del Estado “Artículo 127. I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley”

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0238_2023-S1.pdf · páginas 1 a 35.

Huella digital del PDF (SHA-256): 15a4df1d8eeaa9d662706c1a1257030cad3fe58f9522f47249125209ca5b58fb

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