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SCP 0237/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 18 de junio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
18 de junio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
48512-2022-98-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela a través de su representante sin mandato alega como vulnerado su derecho a la defensa y “el principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal” (sic); toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa y estelionato, la Jueza demandada se niega a notificarla con la imputación formal mediante exhorto suplicatorio, con cuyo accionar la sitúa en estado de absoluta indefensión, dado que vive en el país de la República Islámica de Irán y no puede ponerse a derecho. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 091/2022 de 1 de junio, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad y su ámbito de protección: Derecho a la vida y a la libertad
  2. III.2. De la acción de amparo constitucional y su ámbito de protección:
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0237/2024-S4 Sucre, 18 de junio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 48512-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 091/2022 de 1 de junio, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Joaquín Aponte Zambrana en representación sin mandato de María Paulina Calvo Rojas contra Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de mayo de 2022, cursante de fs. 7 a 8 vta.; la accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Manifestó que se encuentra ilegalmente perseguida y procesada sin derecho a asumir defensa, pues no puede ser notificada por exhorto suplicatorio, “La Fiscal asignada al caso pudo conocer el proceso QUE LA SEÑORA PAULINA CALVO, NUNCA FIRMO EL CONTRATO DE PRÉSTAMO, EL PODER QUE OTORGA, NUNCA AUTORIZA NINGÚN PRÉSTAMO, POR ENDE NO FUE PARTE DE DICHA OPERACIÓN COMERCIAL” (sic); por lo que, fue denunciada por resoluciones contrarias; no obstante, forzando un procedimiento, rechazo la denuncia en su contra y otros; sin embargo, paralelamente emitió otra imputación formal en su contra, la cual desconoce. Añadió que, con esta última imputación notificaron a la abogada que ya había renunciado a su patrocinio, pese a conocer los documentos que acreditan su domicilio en el país de la República Islámica de Irán, desconociendo el procedimiento y en plena vulneración a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales se niega a notificarla por exhorto suplicatorio; siendo lo más absurdo, que a través del proveído de 25 de mayo de 2022, respondió a dicha abogada que no es parte del proceso, que esté a los datos del proceso, situándola en un estado de absoluta indefensión, pues nunca se puso a derecho; finalizó, arguyendo que no es aplicable la subsidiariedad de la acción de libertad al tratarse de una persona que se encuentra ilegalmente detenida, procesada, con estado de indefensión total, dado que vive en el país de la República Islámica de Irán, por lo que nunca fue notificada.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, alegó como lesionado su derecho a la defensa, y “el principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal” (sic); citando al efecto los arts. 256 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene a la Jueza demandada proceda a notificarla conforme a procedimiento y no la sitúe en indefensión.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 1 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 37 a 41 vta., presentes la solicitante de tutela, acompañada de su abogado y la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó el contenido de su memorial de demanda y ampliando la misma manifestó que: a) La Jueza demandada vulneró su derecho a la defensa, aspecto que fue desarrollado por la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 155/2022 de 14 de mayo; b) Quieren arrastrarla de manera maliciosa, “y que sobre todo no tiene domicilio en Bolivia, y se le notifica a su abogada el cual ella, ha dejado el patrocinio, es que nosotros en este marco nos hacemos referencia a la justicia material frente a la formal” (sic), conforme la SCP 2769/2010 de 10 de diciembre; c) El principio de verdad material consagrado en la Constitución Política del Estado corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho, en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia, por ende no es posible admitir la existencia de extremados ritualismos formalismos que eclipsen o impidan su materialización como se desprende del art. 1 de la Norma Suprema, y las garantías constitucionales al amparo del art. 8 y 9 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sentada por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional 1556/2002 de 16 de diciembre; y, d) Se lesionó los arts. 256 y 410.2 de la CPE, el art. 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) ratificados por el Decreto Supremo (DS) 18950 de 17 de mayo de 1982, que establece que el derecho fundamental del principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal entre los principios de la jurisdicción ordinaria se encuentran consagrado el principio de verdad material en el art. 180 parágrafo I de la Ley Fundamental, cuyo contenido implica la superación la dependencia de la verdad formal que emerge de los procedimientos judiciales, aquella verdad que corresponde a la realidad superando cualquier limitación formal; en ese sentido, solicitó que la Jueza demandada emita nuevo procedimiento así mismo solicitamos señor Juez de garantías constitucionales que se otorgue tutela impetrada en resguardo al procesamiento del debido proceso que ya existe un debido ilegal procesado de acuerdo a procedimiento, la señora María Paulina Calvo Rojas y deje sin efecto ese exhorto suplicatorio porque no cumple con las formalidades de ley respetando el procedimiento y deje sin indefensión a la sindicada.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: 1) De los datos del cuadernillo procesal, se puede establecer que el Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones investigativas logró establecer que la hoy accionante sería autora del delito de estafa y estelionato, por lo cual solicitó medidas cautelares personales en su contra, siendo señalada audiencia de medida cautelar; 2) La hoy impetrante de tutela mediante memorial presentado el 16 de mayo de 2022, se apersonó al proceso, señalando en el otrosí, domicilio en Calle Uruguay 502 del departamento de Santa Cruz; por lo que, se la tuvo por apersonada, luego, a los días, el 23 del mismo mes y año, extrañamente llegó un memorial “que dice una abogada renuncia al patrocinio y qué hace saber que la señora estaría en Irán, entonces que sucede, tenemos que tener en cuenta los Jueces que toda situación que se nos comunique debe ser puesta a conocimiento de la parte contraria que es lo que yo hago lo que pongo es que se notifique a la parte contraria con ese informe de que la Sra. estaría en otro país no puedo directamente a simple palabra del abogado como él pretende creerle cien por ciento y ordenar que se haga una notificación vía Cancillería o vía otros países si todavía la parte contraria no ha tomado conocimiento de este informe que hace llegar esa abogada días después de su apersonamiento la Sra. Paulina Calvo, entonces se le ponen en conocimiento de la parte contraria y Ministerio Público este elemento a considerar sobre dónde está la Sra. Paulina Calvo” (sic), habiendo realizado los traslados correspondientes teniendo el plazo de tres días para que se pronuncien, y recién se haga una notificación; 3) No corresponde en la vía constitucional considerar si cometió o no el delito, la imputación fue recién presentada, por lo que no existe prueba que se hubiera vulnerado sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, al haber determinado el traslado con la comunicación de ausencia del país de la imputada; 4) De acuerdo al Auto Supremo 788/2015 de 6 de noviembre, la impetrante de tutela debió establecerse cuáles son las normas del correcto entendimiento humano inaplicada o aplicada erróneamente, expresando que parte de la resolución o qué determinación le causó agravio, sin que haya sabido establecer dónde se encuentra la vulneración de derechos fundamentales; 5) Sólo tomó conocimiento del caso y señaló audiencia de medidas cautelares, en cuyo transcurso conoció que la imputada se ausentó del país pese que en primera instancia se apersonó; y, 6) Si considera que se lesionó de alguna forma sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, existen las vías legales correspondientes que establece la norma, impugnar, pedir, complementación, aclaración y enmienda, apelar las determinaciones; no obstante, trata de confundir y desnaturalizar la activación de esta acción tutelar, pues como si se tratase de un Tribunal de apelación reclama que no fue notificada a través de un exhorto suplicatorio sin que haya sido demostrado con documentación suficiente para corroborar si es cierto que no está en el Estado Plurinacional de Bolivia, aparte de ello tiene que pronunciarse la parte contraria y el Ministerio Público, por lo que no existe coherencia en la petición ni claridad; fundamentos en torno a los cuales impetró se deniegue la tutela solicitada, debiendo sancionar a la parte accionante con costas.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 091/2022 de 1 de junio, cursante de fs. 42 a 44, denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: i) Conforme lo informado por la autoridad demandada, lo expresado en el memorial de 23 de mayo del 2022, fue corrido en traslado al Ministerio Público y a la otra parte, conforme lo dispuesto en el Decreto de 25 de igual mes y año; en ese mérito, la pretensión postulada “por la abogada Blanca Zurita Fernández” (sic) aún estuviera pendiente de ser resuelta por la autoridad demandada, concurriendo la aplicación excepcional del principio de subsidiariedad; y, ii) El representante sin mandato de la impetrante, sostiene que el memorial de apersonamiento presentado por la solicitante de tutela, “respondería a una situación de nerviosismo y que este memorial hubo sido remitido a través de algún medio informático para su presentación, pero que la misma cuenta con su domicilio o cuando menos su residencia actual en la República de Irán” (sic), extremo bajo se aclaró que como esta Sala Constitucional no contarían con facultad alguna para emitir pronunciamiento de fondo, pues debe tenerse en cuenta que por el principio de informalismo si bien es posible activar la acción de libertad sin ninguna formalidad procesal ante cualquier Juez o Tribunal competente en materia penal, y por mandato de la Ley 1104 de 28 de septiembre de 2018 Ley de Creación de Salas Constitucionales ante las Salas Constitucionales, ello tiene una limitación conferida por el art. 14 parágrafo V de la Ley Fundamental, ya que en efecto “los hoy accionantes pueden activar la petición de tutela que entiendan vinculado a algún patrocinado pero ese patrocinado cuando menos así lo entiende esta Sala debe encontrarse en territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, el art. 14 parágrafo V indica que: "las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano" (sic.) y conforme así se nos ha hecho saber de manera expresa, sin temor a equívoco alguno que la representada de los impetrante, no se encuentra en territorio Boliviano (…). En consecuencia, ésta Sala entiende y concluye que no cuenta con facultades para acceder a conocimiento de fondo de la presente petición de tutela, toda vez que la Norma Fundamental vinculada al art. 125 a partir del criterio de informalismo no pudiera ser aplicado en la presente petición de tutela, ello tras advertir que la representada de los accionantes, no se encuentra en territorio del Estado Plurinacional de Bolivia; en consecuencia, cuál pudiera ser la eventual concesión de tutela, respecto de una ciudadana Boliviana que no se encuentra en el territorio de Bolivia. Entiende ésta Sede Constitucional que emerge una limitación en este caso para la aplicación del principio de informalismo respecto a la representada de los accionantes sin mandato, debiendo ser otros los mecanismos procesales, incluso administrativos a partir de las cuales se puede hacer poner en conocimiento de la autoridad hoy accionada esa especial circunstancia que el día de hoy lo ha planteado la parte accionante” (sic).

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante memorial presentado el 16 de mayo de 2022, ante el Juez Décimo de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz –hoy demandado–, mediante el cual la accionante se apersonó al proceso con Código Único (CU) 701102012109955, solicitando que dentro del mismo su abogada sea habilitada en Plataforma Digital, a objeto de conocer la denuncia y todos los actuados procesales; sumado a ello, además señaló domicilio procesal en Calle Uruguay 502 del departamento de Santa Cruz, consignando como número de celular el 72122389 (fs. 18 vta. a 20).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela a través de su representante sin mandato alega como vulnerado su derecho a la defensa y “el principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal” (sic); toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa y estelionato, la Jueza demandada se niega a notificarla con la imputación formal mediante exhorto suplicatorio, con cuyo accionar la sitúa en estado de absoluta indefensión, dado que vive en el país de la República Islámica de Irán y no puede ponerse a derecho. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la acción de libertad y su ámbito de protección: Derecho a la vida y a la libertad

La acción de libertad, por otra parte, conforme se tiene del art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), está al alcance de: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal (…) y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

Respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad y tomando en cuenta que la referida disposición constitucional establece la activación de dicho mecanismo de defensa constitucional ante la vulneración del derecho a la vida y a la libertad, la SCP 0003/2012 de 13 de marzo, entre otras, asumió que: “La acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad”

Conforme al art 46 del CPCo: “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”. En la SCP 0212/2012 de 24 de mayo, se estableció que: “…para la consideración y resolución de la acción de libertad, debe tenerse en cuenta que los ámbitos de protección se diferencian por el derecho que protegen: i) Derecho a la vida; ii) Derecho de locomoción, en tanto esté amenazado el derecho a la libertad personal; iii) Derecho al debido proceso, en cuanto esté restringido el derecho a la libertad personal; y, iv) Derecho a la libertad personal, por haberse privado al margen de la Norma Fundamental y la Ley”.

Por su parte, la SC 0687/2000-R de 14 de julio, citada por la SCP 0390/2012 de 22 de junio, sostuvo respecto al derecho a la vida que: “(…) es el bien jurídico más importante de cuanto consagra el orden constitucional (…). Es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya la titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: Su respeto y su protección”.

III.2. De la acción de amparo constitucional y su ámbito de protección:

Todos los demás derechos no protegidos por otras acciones de defensa

La SCP 0087/2020-S4 de 14 de julio, al respecto precisó: “Conforme a la norma constitucional contenida en el art. 128, la acción de amparo constitucional

“…tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

De acuerdo a ello, se puede afirmar que la citada acción, es un mecanismo constitucional de defensa con un amplio margen de protección, por cuanto no especifica de manera concreta, detallada y limitada qué derechos son susceptibles de ingresar a su ámbito de resguardo; sin embargo, en el Código Procesal Constitucional, se establecen ciertas restricciones en concordancia con las demás acciones de defensa constitucional reconocidas por la Constitución Política del Estado. Así, como una de las causales de improcedencia, prevé “Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de Protección de Privacidad o Popular” (art. 53.5), entendiéndose de ello que todos los demás derechos no protegidos por las otras acciones constitucionales, son amparados por la presente acción tutelar.

III.3. Análisis del caso concreto

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos invocados en esta acción tutelar, alegando que la autoridad ahora demandada la sitúo en estado de indefensión absoluta, al negarse a notificarla con la imputación formal vía exhorto suplicatorio, por lo que no pudo ponerse a derecho, dado que vive en el país de la República Islámica de Irán. En ese marco, tomando en cuenta el contexto en el que se origina la problemática planteada, es preciso destacar que de acuerdo al contenido del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el ámbito de protección de la acción de libertad, se activa ante presuntas vulneraciones al derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad personal y a la libertad de locomoción; la cual se distingue de la acción de amparo constitucional que, resulta un mecanismo constitucional de defensa con contenido amplio, al proteger todos los derechos fundamentales conforme glosa el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Dicho ello, se concluye que el mecanismo de defensa idóneo a efectos de resolver la pretensión de la accionante, es la acción de amparo constitucional, la cual se adecúa a la naturaleza de los hechos y derechos denunciados, lo que torna que el planteamiento de la presente acción de libertad sea equívoco, inviabilizando cualquier análisis de fondo, correspondiendo por ello, denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 091/2022 de 1 de junio, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0237_2024-S4.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8b405d80775acc5abc4127ec279bb2c383a3f5f0f7a9673675e9b5314c4666d1

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