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SCP 0236/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 8 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
8 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
51071-2022-103-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denunció la vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; así como, a la presunción de inocencia, ambos vinculados a la libertad; toda vez que, la autoridad hoy demandada a través del Auto de Vista 656/2022, estableció la concurrencia de los peligros de fuga y obstaculización previstos en los art. 234.7 y 235.1 del CPP de forma arbitraria y en base a suposiciones; desconociendo además, la igualdad de oportunidades que gozan las partes involucradas en un proceso penal, para ejercer sus derechos y facultades. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2022 de 17 de octubre, cursante a fs. 141 a 143 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; dejando sin efecto el Auto de Vista de 656/2022 de 3 de octubre, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sólo con relación a lo resuelto para Oscar Percy Bustillos Bautista, respecto a los peligros de fuga y obstaculización previstos en los art. 234.7 y 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP; y, disponer la emisión de una nueva Resolución en el plazo de cuarenta y ocho horas, computables a partir de la notificación del presente fallo constitucional, conforme a los entendimientos precedentemente expuestos; siempre y cuando la situación procesal del accionante no haya cambiado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0236/2025-S4 Sucre, 8 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 51071-2022-103-AL Departamento: La Paz En revisión de la Resolución 29/2022 de 17 de octubre, cursante de fs. 141 a 143 vta. pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Miguel Ángel Richard Mérida Fernández en representación sin mandato de Oscar Percy Bustillos Bautista contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 16 de octubre de 2022, cursante de fs. 119 a 124 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz en su contra, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de contrato, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 469/2022 de 15 de septiembre, disponiendo su detención preventiva, ante la concurrencia de los presupuestos descritos en el art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP); adecuando los peligros de fuga y obstaculización señalados en los arts. 234.1, 2, 4 y 7, y 235. 1 y 2 de la norma procesal citada; de tal forma que, al amparo del art. 251 del CPP interpuso Recurso de apelación. Una vez radicado el referido recurso ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en primera instancia, el 28 de septiembre de 2022, la autoridad – ahora demandada – dispuso la suspensión de audiencia por falta de formalidades de ley; seguidamente, el 3 de octubre del año indicado, celebró el acto referido y a través del Auto de Vista 656/2022, mantuvo la medida cautelar impuesta en su contra, refiriendo la subsistencia de los riesgos procesales detallados en los arts. 234.7, 235.1 y 2 del CPP. No obstante; la autoridad demandada, debió observar los siguientes detalles respecto a los arts. 234.1 y 235.1 ambos del CPP: Del art. 234.7 del CPP; El Vocal demandado señaló que, constituiría un peligro para la víctima, es decir para el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz; dado que, en dicha institución habrían ocurrido los hechos que se investigan; sin considerar que, no funge como funcionario público en la misma; pues, goza la calidad de representante legal de la Empresa Constructora DA VINCI Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), y como tal, suscribió contrato con la referida entidad municipal; ejecutando a raíz de ello, obra por tramos de drenaje fluvial de prolongación Av. Juan Pablo II, carretera La Paz – Copacabana. Manifestó que, las indicadas contrataciones, dieron lugar a la emisión de una boleta de garantía, que fue ejecutada; y la obra, a la fecha no se encuentra cerrada y tampoco existe auditoría que de manera objetiva, hubiera establecido un daño económico para con el Estado. Señaló que, ante la inconformidad de las partes contratantes, queda expedita la vía contenciosa para dilucidar cualquier controversia legal emergente de los contratos; y no así, a través de un proceso penal. Indicó que, el Estado no puede obtener una protección reforzada, ya que la desventaja para con el encausado es inexistente y la sensación de temor no puede ser percibida en el presente caso; como tampoco, se puede pretender usar la probabilidad de autoría para fundar dicho peligro. Finalmente, pese a no contar con antecedentes penales ni policiales, se determinó su peligrosidad. Del art. 235.1 del CPP; se indicó que, podría modificar la obra de construcción de drenaje pluvial ubicado en la prolongación de la Av. Juan Pablo II, “empero no es acaso que la probabilidad de autoría fundada en dicha resolución conforme el 233 numeral 1 del CPP., estableció que con probabilidad dicha construcción y/u obra no se habría realizado, ingresando en una incongruencia interna, ya que se afirma hechos totalmente distintos y discordes entre sí” (sic). La autoridad demandada, estableció el término “podría”, cuando la misma se encuentra prohibida de acuerdo a norma; pues, no se puede aplicar medidas cautelares en meras suposiciones.

Finalmente ingresó a fundar dicho peligro, bajo el argumento de que todos los procesados, sin tomar en cuenta que él no es funcionario municipal, habrían ejecutado los pagos por la contratación; cuando no tiene acceso al sistema (no refiere cual), ni a documentos que se encuentren al interior del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, respecto a pagos realizados. Por otro lado señaló que, una de las imputadas, para quien también se estableció la concurrencia arts. 234.1, 2, 4 y 7, y 235.1 y 2 del CPP; a diferencia suya, fue beneficiada con detención domiciliaria con horarios de trabajo; vulnerándose así, el art. 12 de la norma indicada, respecto a la igualdad de oportunidades que gozan las partes involucradas en un proceso penal, para ejercer sus derechos y facultades. En su caso no se aplicó lo dispuesto en los arts. 7 y 221 del CPP y no se consideró que si se contaban con elementos objetivos que demostraron que se someterá a la investigación; debiendo por ello, ser beneficiado con medidas menos gravosas, entendiendo que la detención preventiva es la excepción y la libertad la regla.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante alegó la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; así como, a la presunción de inocencia, ambos vinculados a la libertad; sin referir norma alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 656/2022 de 3 de octubre, ordenando a la autoridad demandada emita una nueva, “sin efectuar juicios subjetivos respecto al peligro para la víctima y, tampoco en cuanto a una posible modificación de elementos de prueba, en perjuicio de la investigación” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 17 de octubre de 2022, presente el solicitante de tutela y ausente la autoridad demandada, según consta en el acta cursante de fs. 137 a 140 se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, ratificó los argumentos contenidos en la demanda de acción de libertad; y ampliando los mismos, señaló lo que sigue: a) El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, y la Empresa Constructora DA VINCI SRL, firmaron un contrato de construcción de drenaje pluvial de la prolongación Avenida Juan Pablo II de la carretera La Paz – Copacabana; la mencionada entidad manifestó que, se habría generado un daño económico de Bs3180 358,39.- (tres millones ciento ochenta mil trescientos cincuenta y ocho bolivianos 39/100); empero, se logró demostrar ante la autoridad demandada, la existencia de una boleta de garantía que fue ejecutada, que cubre hasta “1 millón de dólares, es decir, que no estamos hablando ni el 20% del contrato que se observa para establecer un riesgo procesal” (sic); b) La SCP 0220/2020-S3 de 13 de julio, estableció lineamientos constitucionales a ser aplicados a tiempo de determinar la concurrencia de riesgo indicado en el art. 234.7 del CPP; empero, para casos relacionados con la “Ley 1008”; c) La boleta de garantía mencionada, ya habría sido cobrada por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, de manera que no podría establecerse riesgo de peligrosidad alguna; y, d) La Resolución ahora objetada, “converge a las siguientes personas Carmen Soledad Chapetón Tancara, Miguel Fernando Ángulo Ustarez, Tito Llanque Cañari y hoy el accionante – Oscar Percy Bustillos Bautista – que quede claro que solamente la acción ha sido promovida por el mencio90nado Ya que los otros tres ciudadanos mencionados son o fueron funcionarios públicos el único privado es el hoy accionante” (sic).

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 17 de octubre de 2022, cursante a fs. 135, manifestó que; emitió el Auto de Vista 656/2022, absolviendo todos los agravios planteados por el impetrante de tutela, respecto a la probabilidad de autoría, vertiente actividad ilícita y peligro de obstaculización; analizando además, los documentos mencionados en la presente acción tutelar, correspondiendo por ello, se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 29/2022 de 17 de octubre, cursante a fs. 141 a 143 vta., concedió la tutela impetrada, dejando sin efecto en parte el Auto de Vista 656/2022, es decir, sólo en lo relativo al accionante; ordenando que, en el plazo de 48 horas, la autoridad demandada emita nueva Resolución con relación a la situación jurídica del solicitante de tutela; bajo los siguientes fundamentos; 1) En el caso, se investiga delitos supuestamente de corrupción, en el que debe diferenciarse a personas naturales, jurídicas, funcionarios públicos, etc.; 2) Existen avalúos de dos inmuebles que fueron ofrecidos en calidad de garantía; advirtiéndose que por efecto de la ejecución de la boleta de garantía, consta anotación preventiva de uno de estos; 3) Como resultado de un proceso ejecutivo, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, puede activar el cobro de la referida garantía; 4) Se puede advertir respecto a la concurrencia del riesgo procesal señalado en el art. 234.7 del CPP, la consideración de una Sentencia Constitucional inaplicable en el caso; y, 5) No se identificó de qué manera el accionante podría destruir, ocultar, modificar o suprimir elementos a ser investigados, si el mismo no es funcionario público, “por lo que no es una alta autoridad ejecutiva, como se ha analizado respecto a otra coimputada en este caso Soledad Chapetón (…) ha sido alcalde del Alto” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio 469/2022 de 15 de septiembre, emitida por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de El Alto del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, contra Carmen Soledad Chapetón Tancara, Tito Llanque Cañari, Oscar Percy Bustillos Bautista – ahora accionante- y Miguel Fernando Ángulo Ustarez, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, de contratos y conducta antieconómica; disponiendo la detención preventiva del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz (fs. 59 a 65). II.2. A través de Auto de Vista 656/2022 de 3 de octubre, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió la apelación incidental de medida cautelar solicitada por el accionante y otros, determinando la revocatoria en parte del Auto Interlocutorio 469/2022, con relación a la situación jurídica del impetrante de tutela, “Enervando los riesgos procesales previstos en los artículos 234, numeral 1) del Código de Procedimiento Penal, en su vertiente actividad y artículo 234, numeral 4) del código de Procedimiento Penal, en su componente o vertiente, comportamiento del imputado durante el proceso y otro anterior (…) e improcedente respecto a los demás riesgos” (sic [ fs. 127 a 134 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denunció la vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; así como, a la presunción de inocencia, ambos vinculados a la libertad; toda vez que, la autoridad hoy demandada a través del Auto de Vista 656/2022, estableció la concurrencia de los peligros de fuga y obstaculización previstos en los art. 234.7 y 235.1 del CPP de forma arbitraria y en base a suposiciones; desconociendo además, la igualdad de oportunidades que gozan las partes involucradas en un proceso penal, para ejercer sus derechos y facultades. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

En mérito a que el Tribunal de apelación tiene la obligación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar, la SCP 0747/2021-S4 de 26 de octubre, refirió lo siguiente: “En el marco del debido proceso, la fundamentación y motivación de la decisiones judiciales es un elemento insoslayable que deben contener las resoluciones de las autoridades que administran justicia, requerimiento de especial cumplimiento cuando se trata de medidas cautelares que afectan la libertad de las personas; así, la SC 1326/2010-R de 20 de septiembre, expresó que: '…la garantía del debido proceso comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.

La motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas'.

Asimismo, en la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, el Tribunal Constitucional estableció la vinculación entre la valoración de la prueba con la fundamentación y motivación de las decisiones jurisdiccionales, indicando lo siguiente: 'Finalmente, en coherencia con la argumentación desarrollada (…) y en cuanto al segundo supuesto descrito supra; es decir, en lo relativo a la conducta omisiva de la autoridad jurisdiccional o administrativa en lo referente a su facultad de valoración probatoria, debe señalarse que existe una estricta vinculación entre la omisión valorativa de la prueba y la violación al derecho a la motivación de toda resolución jurisdiccional o administrativa, ya que tal como se señaló, entre los requisitos que debe tener toda decisión para garantizar el derecho a la motivación, se encuentra la descripción individualizada de todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, la valoración de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, la asignación de un valor probatorio específico y la determinación del nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado, en consecuencia, queda claro que la omisión valorativa de prueba, vulnera de manera directa el derecho de motivación como elemento configurativo del debido proceso.‴

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; así como, a la presunción de inocencia, ambos vinculados a la libertad; toda vez que, la autoridad hoy demandada mediante Auto de Vista 656/2022, estableció la concurrencia de los peligros de fuga y obstaculización previstos en los art. 234.7 y 235.1 del CPP de forma arbitraria y con base en suposiciones; desconociendo además, la igualdad de oportunidades que gozan las partes involucradas en un proceso penal, para ejercer sus derechos y facultades. De los antecedentes insertos en el caso se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, contra Carmen Soledad Chapetón Tancara, Tito Llanque Cañari, Oscar Percy Bustillos Bautista –ahora accionante- y Miguel Fernando Ángulo Ustarez, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz emitió el Auto Interlocutorio 469/2022 de 15 de septiembre, disponiendo la detención preventiva del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; ante la concurrencia de los presupuestos descritos en el art. 233 del CPP, adecuando los peligros de fuga y obstaculización descritos en los arts. 234.1, 2, 4 y 7, y 235.1 y 2 de la norma procesal citada. Como consecuencia, de los recursos de apelación incidental planteados por los imputados en contra de la referida Resolución; la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de Auto de Vista 656/2022 de 3 de octubre, determinó la revocatoria en parte del Auto Interlocutorio 469/2022, con relación a la situación jurídica del solicitante de tutela, “Enervando los riesgos procesales previstos en los artículos 234, numeral 1) del Código de Procedimiento Penal, en su vertiente actividad y artículo 234, numeral 4) del código de Procedimiento Penal, en su componente o vertiente, comportamiento del imputado durante el proceso y otro anterior (…) e improcedente respecto a los demás riesgos” (sic); empero, mantuvo su detención preventiva.

Ahora bien, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, respecto a la obligación que tiene toda autoridad judicial o administrativa que conozca una solicitud o reclamo que exige la emisión de una Resolución, esta debe necesariamente ser debidamente fundamentada y motivada; es decir, debe hacer conocer los motivos que sustentan su decisión, tanto de hecho como de derecho, así también se debe manifestar el valor que le otorgó a los medios de pruebas, sin que ello signifique la exposición amplia de normativas, sino la respuesta clara y precisa a cada uno de los requerimientos interpuestos por las partes; sin embargo, es menester aclarar que en la presente acción de defensa, el accionante, cuestionó únicamente la concurrencia de los peligros procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.1 del CPP; consecuentemente, corresponde el análisis de los agravios planteados por el impetrante de tutela y lo resuelto a través del Auto de Vista 656/2022, con relación a dichos riesgos procesales. De los agravios expuestos por el accionante, en el recurso de apelación incidental planteado en contra del Auto Interlocutorio 469/2022 Con el propósito de verificar las posibles lesiones denunciadas y lo determinado por la Autoridad demandada respecto a estos, corresponde remitirnos al contenido del Auto de Vista 656/2022; de donde se extraen los agravios formulados por el accionante con relación a los peligros procesales dispuestos como concurrentes, siendo estos los siguientes: Respecto al art. 234 núm. 7 del CPP; El Juez a quo estableció que sería un peligro para el GAMEA; empero, debe analizarse lo previsto en el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE), respecto a la presunción de inocencia. Con relación al art. 235 núm. 1 del CPP; “se establece la falta de la oficina y la resolución del Juez A quo y al que no se hay acabado la obra por el contrario beneficia al apelante y el imputado de qué forma va a destruir estos elementos, porque en definitiva se pide se aplique el artículo 231 bis del Código de Procedimiento Penal” (sic). De lo resuelto por la autoridad demandada, a través del Auto de Vista 656/2022 En tal sentido, los agravios precitados fueron resueltos en los siguientes términos: En atención al art. 234 núm. 7 del CPP; “de igual manera como lo descrito líneas arriba, artículo 276 numeral 3) del Código de Procedimiento Penal” (sic); el Juez a quo, consideró la participación del ahora accionante frente a una víctima con calidad de persona jurídica, no siendo necesario para el establecimiento de este riesgo, se proceda a señalar “cual la participación de cada imputado” (sic), como confunde el impetrante de tutela “con el art. 302” del CPP; por lo que, no resulta evidente una violación de su derecho a la presunción de inocencia; toda vez que, el proceso se encuentra en etapa investigativa y no se indicó que el aludido sería autor del hecho. Respecto al art. 235 núm. 1 Del CPP; añadiendo la consideración del numeral 2 del mencionado artículo, sin diferenciar estos; indicó que, “ya se ha establecido líneas arriba, el porqué está vigente este riesgo, destruya, modifique, oculta elementos de prueba con la participación del imputado en el presente caso, que se está investigando un contrato suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y el imputado en qué calidad, representante de una empresa gana un determinado objeto y también testigos plenamente identificados la actividad de cada testigo conforme a lo señalado. Líneas arriba, por lo que no se evidencia agravio” (sic).

Ahora bien, en cuanto al primer agravio, relativo a la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, se tiene que la autoridad –hoy demandada– resolvió el mismo, aduciendo que, el Juez A quo habría considerado la relación del accionante para con la víctima con calidad de persona jurídica y que no sería necesario para el establecimiento de este riesgo, señalar “cual la participación de cada imputado” (sic); empero, no manifiesta cual la base y/o sobre qué fundamento probatorio es que se llega a determinar que el accionante resulta un peligro para el Municipio de El Alto, pretendiendo sustentar la vigencia de este riesgo, bajo el argumento de que el accionante confundiría su argumento con lo dispuesto en el art. 302 del CPP -contenido de la imputación formal- y la supuesta impertinencia de la mención de la presunción de inocencia; cuando la pretensión del aludido es, se exponga cual el respaldo para establecer que el prenombrado en su condición de representante legal de la Empresa Constructora DA VINCI SRL, a diferencia de los coimputados que fungen o fungían como funcionarios públicos, pueda ser un peligro para dicho Municipio; advirtiendo que, el Auto de Vista impugnado, sin el sustento probatorio llega a sostener latente el riesgo prescrito en el art. 234.7 del CPP, vulnerando el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación. En lo que respecta al peligro de obstaculización, previsto en el art. 235.1 del CPP, el accionante reclamó que no se habría individualizado de qué forma va a destruir elementos a ser investigados; al respecto, se tiene que el Vocal hoy recurrido, resolvió este punto, indicando que se estaría investigando un contrato suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz y el imputado –impetrante de tutela-, que en calidad de representante legal de una empresa “gana un determinado objeto y también testigos plenamente identificados la actividad de cada testigo conforme a lo señalado” (sic); en ese orden de ideas y, realizada la compulsa entre el agravio y el Auto de Vista impugnado, se tiene que el Vocal demandado, no explicó de manera clara y precisa, por qué consideró por concurrente el peligro de obstaculización precitado; dado que, no puntualizó de acuerdo a las características del hecho suscitado, así como las del tipo penal investigado en contra del accionante –incumplimiento de contrato–, sin verificar que al haber participado varias personas en los ilícitos que dieron lugar al proceso penal – incumplimiento de deberes, de contratos y conducta antieconómica–, resulta necesaria una diferenciación; por otro lado, tampoco se estableció de qué forma el impetrante de tutela podría influir negativamente sobre partícipes y/o testigos que, como señaló la autoridad demandada habrían sido identificados; consecuentemente, se advierte que el Vocal no cumplió con su deber de fundamentar debidamente el agravio descrito. De lo relacionado, conforme se tiene desplegado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en sentido que constituye obligación del Tribunal de apelación, el fundamentar su resolución, precisando la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del referido código, mediante una resolución que atienda debidamente los agravios planteados, conforme exige el art. 236 del mencionado Código –Respecto a la forma y contenido del Auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal–, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. El Auto de Vista ahora cuestionado, si bien respondió a los puntos cuestionados por el accionante en su recurso de apelación, no asumió un rol de llegar a fundamentar necesariamente con la normativa que exige conforme a la línea jurisprudencial señalada precedentemente; en tal sentido, en razón del escaso argumento jurídico que asumió la autoridad demandada; corresponde conceder la tutela impetrada, por vulneración del debido proceso, debiendo dejar sin efecto la Resolución impugnada, sólo con relación a lo dispuesto para con el solicitante de tutela, respecto a los agravios antes descritos. Finalmente, el accionante manifestó que, se habría vulnerado el art. 12 del CPP, respecto a la igualdad de oportunidades que gozan las partes involucradas en un proceso penal, para ejercer sus derechos y facultades; puesto que, en el caso, una de las imputadas, para quien también se estableció la concurrencia arts. 234.1, 2, 4 y 7, y 235.1 y 2 del CPP; a diferencia suya, fue beneficiada con detención domiciliaria con horarios de trabajo; así mismo, denunció la lesión del derecho a la presunción de inocencia; al respecto, toda vez que en el caso se determina que el Tribunal de alzada deberá reparar las vulneraciones denunciadas a través de un nuevo Auto de Vista, corresponderá que a través del mismo se consideren dichas alegaciones. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2022 de 17 de octubre, cursante a fs. 141 a 143 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; dejando sin efecto el Auto de Vista de 656/2022 de 3 de octubre, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sólo con relación a lo resuelto para Oscar Percy Bustillos Bautista, respecto a los peligros de fuga y obstaculización previstos en los art. 234.7 y 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP; y, disponer la emisión de una nueva Resolución en el plazo de cuarenta y ocho horas, computables a partir de la notificación del presente fallo constitucional, conforme a los entendimientos precedentemente expuestos; siempre y cuando la situación procesal del accionante no haya cambiado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía MSc. Isidora Jiménez Castro MAGISTRADO MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0236_2025-S4.pdf · páginas 1 a 11.

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