Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de abril de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, mediante Auto Interlocutorio 8/22 de 30 de agosto de 2022, la Jueza de la causa denegó su solicitud de cesación de la detención preventiva, alegando la concurrencia del riesgo procesal establecido por el art. 235.2 del CPP, y ante ello, formuló recurso de apelación incidental, el cual, fue resuelto por Auto de Vista 460 de 20 de septiembre de igual año, emitido por la Vocal hoy accionada, quien sin la debida fundamentación, motivación y considerando aspectos que no cuestionó declaró la improcedencia del recurso y confirmó el referido Auto Interlocutorio impugnado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada en relación las medidas cautelares de carácter personal; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 25/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 36 a 37 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0236/2025-S1 Sucre, 1 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 50943-2022-102-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 25/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 36 a 37 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Godofredo Tomicha Bartelemi contra Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
El accionante, por memorial presentado el 10 de mayo de 2022, cursante de fs. 5 a 7 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de “Natalia Camargo” contra su persona, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 701102022200252; causa que radica en el Juzgado de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, se dispuso su detención preventiva. Ante ello, solicitó la cesación de dicha medida cautelar de carácter personal; empero, su pretensión fue denegada por Auto Interlocutorio -8/22- de 30 de agosto de 2022; por lo que, conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) formuló recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto por Auto de Vista -460- de 20 de septiembre de igual año, dictado por la Vocal hoy accionada; por el que, declaró admisible e improcedente el referido recurso, incumpliendo los arts. 124 y 398 del citado Código.
Además, el Auto de Vista 460 carece de motivación, fundamentación y resolvió aspectos que no cuestionó con relación al Auto Interlocutorio 8/22 apelado, y sumado a ello, la Vocal ahora accionada con relación al riesgo procesal establecido por el art. 235.2 del CPP, emitió un juicio de valor que atenta contra la presunción de inocencia, y “…manifiesta de que este riesgo procesal desaparecería una vez declaren todos los testigos de cargo sin atender a la valoración integral que mi persona solicitó tomando en cuenta que estamos ante la presencia de un solo riesgo procesal por el contrario modifico la resolución en mi perjuicio…” (sic), vulnerando de esa manera lo señalado por el art. 400 del indicado Código, emitiéndose un Auto de Vista de alzada ultra petita.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, la Vocal ahora accionada, emita un nuevo auto de vista, debidamente fundamentado y motivado; sea en el plazo de veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia virtual el 6 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 35 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante no estuvo presente en audiencia; sin embargo, su abogado ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad e indicó que: “…hemos llegar una resolución en fotocopia de fecha 30 de agosto de 2022 en la cual la Juez Gabriela Salas Etcheverry hace una valoración en el tema del domicilio, por lo que queda enervado el domicilio y el único requisito que faltaría enervar es el art. 234.1) y 2) bajo ese parámetro la defensa hace apelación al riesgo procesal al 235.2) del CPP. Para que pueda ser modificado por otra medida y no la detención preventiva, por eso se apela para que la vocal valore íntegramente todos los riesgos procesales, sin embargo la Juez Gabriela hace mención que faltan testigos por declarar y recién se estaría enervando el 235.2) del CPP. Y la vocal hace una resolución contraria a la solicitud haciendo más gravosa la situación por eso la defensa plantea esta acción con relación al art. 400, el 398 del CPP. Es claro que la vocal no debe irse más allá y tomar en cuenta otros motivos, amparándome en los arts. 400, 398, 115, 23.1) y 2) a mi cliente se le han vulnerado sus derechos y solicitamos que se de una nueva valoración y no sea en su perjuicio de mi cliente” (sic).
Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe presentado el 6 de octubre de 2022, cursante de fs. 26 a 27 vta., manifestó que: a) Fue notificada con la presente acción de libertad, cuarenta y cinco minutos antes de la celebración de la respectiva audiencia, lo cual vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de igualdad de las partes a emitir el informe correspondiente con la debida diligencia al tratarse de un hecho inmerso en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, con relación al art. 312 del Código Penal (CP), al tratarse del delito de abuso sexual de una menor de ocho años de edad; b) En ese entendido, las autoridades deben actuar con la debida diligencia, cumpliendo con el protocolo para juzgar con perspectiva de género que se encuentra vigente desde el 2016, así como también se debe dar cumplimiento a lo estipulado por el art. 60 de la Constitución Política del Estado (CPE), los Convenio de Belém Do Pará, recomendaciones de la CEDAW y la amplia jurisprudencia constitucional, que es vinculante, entre ellas, la SCP “001/2019”; c) La suscrita cumplió con lo exigido por el art. 398 del CPP; es decir, resolvió conforme a los agravios expuestos por el apelante -accionante-, extrañando la presencia del Ministerio Público, del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y de la parte civil-víctima; d) Verificó el contenido del Auto Interlocutorio 8/22 apelado y los argumentos contradictorios en la carga argumentativa y probatoria presentada por el imputada -accionante- para acceder a la cesación de la detención preventiva conforme al art. 239.1 del CPP; e) De la revisión de los antecedentes, se tiene que la Jueza de primera instancia atendiendo y valorando integralmente los elementos probatorios exigidos por el imputado -accionante-, resolvió fundamentalmente su resolución, declarando la improcedencia de la solicitud, aplicando de manera correcta lo señalado por el art. 173 del CPP, que refiere que el Juez asignará el valor correspondientes a cada uno de los elementos de prueba; f) De esa manera, la referida Jueza aplicó las reglas de la sana crítica, tomando en cuenta que el domicilio es el arraigo principal que debe tener un imputado, conforme a las exigencias del art. 234.1 del citado Código; razones por las que en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba se asumió una decisión; g) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “001/2019” y 0017/2019-S2 de 13 de marzo, establecen la protección reforzada respecto al juzgamiento con perspectiva de género y que la misma debe ser aplicada obligatoriamente por todos los juzgadores, conforme al art. 203 de la CPE; h) Es obligación de la justicia material, a su vez generar el deber “ex officio” de identificar los obstáculos de hecho y de derecho que puedan generar denegación de justicia las víctimas para así a través del ejercicio del control de convencionalidad y la aplicación directa de las pautas constitucionales de interpretación de derechos, se conduzca eficazmente la investigación y todo el juzgamiento, evitando de esa manera que la víctima se encuentre desprotegida y en mayor vulnerabilidad; y, aplicando el Manual para Juzgar con Perspectiva de Género; y, i) Por lo mencionado, pidió se deniegue la tutela.
El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 25/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 36 a 37 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) En el presente caso, se tiene que por Auto Interlocutorio 8/22 de 20 de agosto de 2022, emitido por la Jueza de Sentencia Decimoprimera de la Capital de ese departamento, se enervó y desvirtuó el art. 234.1 y 2 del CPP; ya que, el accionante demostró tener un contrato de arrendamiento verificado, dando por cumplido el elemento domicilio; y, en cuanto el art. 235 del mismo Código, el nombrado sostuvo que el mismo desaparecería cuando se cuente con una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada; 2) Asimismo, se tiene el Auto de Vista 460 ahora cuestionado, emitido por la Vocal hoy accionada, “…donde el Abogado del hoy accionante, señala que con toda la documentación presentada La Juez de sentencia habría dado por desaparecido el riesgo procesal establecido por el inc. 2 del art. 234 del CPP y señala que la Juez de Sentencia habría únicamente mencionado que faltaba cámara gesell examen psicológico y la declaración de testigos. Por otro lado refiere que la Juez de la causa habría observado el domicilio y basa sus argumentos tomando en cuenta a dichos elementos refiriéndose en cuatro puntos que no se habría demostrado domicilio por lo que se mantendría vigente el riesgo procesal establecido en el inc. 2 del art. 234 del CPP” (sic); 3) Dichos argumentos de la Jueza de la causa, a criterio del accionante no fueron fundamentados ni cuestionados por su parte; por lo que, el Auto de Vista 460 que ahora se impugna los agregó; 4) De la revisión de los fundamentos del accionante, se tiene que los mismos no fueron claros y al momento de emitirse el referido Auto de Vista cuestionado no se indicó de manera clara que su recurso de apelación incidental estaba encaminada a que se dé por enervado el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP; 5) Por otro lado, se tiene que la Vocal hoy accionada, si bien efectuó sus fundamentos en la observación que realizó a la documentación presentada con la finalidad de acreditar domicilio en sus “5 puntos” de manera errónea; empero, al haber sido enervado ese elemento ante la Jueza de primera instancia, en la parte resolutiva de dicho Auto de Vista no se pronunció con relación a que se continúa pendiente de enervar el elemento domicilio y respecto al art. 235.2 del CPP; ya que, se advierte que el accionante de manera escueta se pronunció sobre el mismo; y, 6) Finalmente, hizo constar que el accionante no solicitó enmienda al Auto de Vista 460 emitido por la Vocal accionada, sin advertirse la lesión de algún derecho.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 30 de agosto de 2022, en la cual Gabriela Salas Etcheverry, Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 8/22 de 30 de agosto de 2022, denegó la solicitud de cesación de la detención preventiva de Godofredo Tomicha Bartelemi -hoy accionante-, ante la concurrencia del riesgo procesal establecido por el art. 235.2 del CPP; motivo por el cual, en el mismo acto procesal, la defensa técnica del nombrado formuló recurso de apelación incidental contra esa determinación, conforme al art. 251 del CPP (fs. 2 a 4 vta.). II.2. Consta Acta de audiencia de recurso de apelación incidental a la audiencia de cesación a la detención preventiva de 20 de septiembre de 2022, en la que, Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy accionada-, a través del Auto de Vista 460 de 20 de septiembre de 2022, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante; y en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio 8/22 (fs. 22 a 25).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, mediante Auto Interlocutorio 8/22 de 30 de agosto de 2022, la Jueza de la causa denegó su solicitud de cesación de la detención preventiva, alegando la concurrencia del riesgo procesal establecido por el art. 235.2 del CPP, y ante ello, formuló recurso de apelación incidental, el cual, fue resuelto por Auto de Vista 460 de 20 de septiembre de igual año, emitido por la Vocal hoy accionada, quien sin la debida fundamentación, motivación y considerando aspectos que no cuestionó declaró la improcedencia del recurso y confirmó el referido Auto Interlocutorio impugnado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada en relación las medidas cautelares de carácter personal; y, ii) Análisis del caso concreto.
La SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, señala que: «...la SCP 0450/2012 de 29 de junio, luego de puntualizar la línea jurisprudencial establecida al respecto finalmente concluyó que: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)”.
Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita” » (las negrillas nos corresponden).
En concordancia de los razonamientos jurisprudenciales precedentemente desarrollados, en temática de medidas cautelares de carácter personal, de igual manera se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar la resolución que disponga, modifique o mantenga la misma, así, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, precisó que: “De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, mediante Auto Interlocutorio 8/22 de 30 de agosto de 2022, la Jueza de la causa denegó su solicitud de cesación de la detención preventiva, alegando la concurrencia del riesgo procesal establecido por el art. 235.2 del CPP, y ante ello, formuló recurso de apelación incidental, el cual, fue resuelto por Auto de Vista 460 de 20 de septiembre de igual año, emitido por la Vocal hoy accionada, quien sin la debida fundamentación, motivación y considerando aspectos que no cuestionó declaró la improcedencia del recurso y confirmó el referido Auto Interlocutorio impugnado.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes, cursa Acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 30 de agosto de 2022, en la cual, la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 8/22, denegó la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante, ante la concurrencia del riesgo procesal establecido por el art. 235.2 del CPP; en mérito a ello, en el mismo acto procesal, la defensa técnica del prenombrado formuló recurso de apelación incidental contra esa determinación, conforme al art. 251 del CPP (Conclusión II.1).
Asimismo, consta Acta de audiencia de apelación incidental a la audiencia de cesación a la detención preventiva de 20 de septiembre de 2022, en la que, la Vocal ahora accionada, a través del Auto de Vista 460, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante; en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio 8/22 (Conclusión II.2).
Precisada la relación de actuados cursantes en el expediente constitucional y delimitada la problemática planteada por el accionante, que radica en la supuesta falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista 460, ahora impugnado, corresponde delimitar los puntos de agravio señalados por el prenombrado y que fueron consignados en el Acta de audiencia de apelación incidental, convergiendo los mismos en: “…[E]n la audiencia de cesación hemos podido demostrar con documentación idónea la cual esta latente el Art. 234 numeral 1 y 2) en parté es decir que faltaba el tema del domicilio para poder enervarse ese riesgo procesal en la cual se hizo la audiencia es decir se ha presentado un domicilio y la misma Juez ha valorado el tema del domicilio, y de esa forma el Art. 234 numeral 2) habiéndose también perdido por estar arraigado naturalmente, el numeral 7) fue enervado en la anterior audiencia de cesación por el Juez que conocía la causa por la cual quedaba latente, el Art. 235 en su numeral 2) en la audiencia cautelar solamente el Juez hace mención a la obstaculización por solamente faltar el tema de la cámara Gesell, examen psicológico y la declaración de testigos la cual se ha hecho tal como se dice al pie de la letra a través del Ministerio Público y ha presentado su acusación en ese sentido que la defensa apela a la resolución injusta de a anterior audiencia de cesación dando curso a la fiscalía donde dice que todavía testigos a declarar, basándonos a la audiencia cautelar solamente quedaba latente este riesgo por el tema de la cámara Gesell en la cual ya han desaparecido el tema del Art. 235 numeral 2) es decir a la obstaculización, si bien es cierto el Art. 233 numeral 2) donde dice la existencia de elementos de convicción suficientes que el imputado no se someterá u obstaculizara, señora Presidente se ha cumplido con todas las formalidades con elementos nuevos para poder demostrar que mi cliente se va a someter al proceso toda vez que esta arraigado naturalmente, también se ha cumplido con todos los formalismos por la fiscalía es decir de vencimientos de plazos y esta audiencia lo que se quiere es que se pueda modificar toda vez que la anterior Juez de la cesación o ha aplicado la S.C.P. 447/2006 y 1174/2011 toda vez que no ha valorado íntegramente todos los elementos nuevos que fundamentaron para su detención preventiva es decir se ha cumplido con todo y se ha enervado todos los riesgos procesales y en el Art. 221 no podemos restringir la libertad de las personas toda vez que la Constitución Política del Estado, Convenios y Tratados respaldan este principio para que mi cliente pueda tener otra medida más favorable si no agravarlo más, es decir que el Art. 231 Bis claramente tiene 9 opciones para que mi cliente pueda ser atado a este proceso a través de otras medidas pero ya no la detención preventiva, tomando en cuenta la favorabilidad que debe tener toda persona para que se pueda realmente defender en libertad y someterse a futuro proceso que recién esta empezando, tomando en cuenta la presunción de inocencia que tiene toda persona que tiene para poder defenderse en libertad y en esta audiencia solicitar que la apelación sea viable y se le puedan dar otras medidas pero ya no la detención preventiva, en cuanto a la defensa para que vuestra autoridad pueda modificar esta medida por otra medida de cesación que es la libertad” (sic). Dicho recurso, fue resuelto por la Vocal ahora accionada, mediante Auto de Vista 460 -hoy impugnado-, con los siguientes fundamentos:
“…de la documentación presentada por la parte ACUSADA, se observa, lo siguiente: 1.- La firma y rubrica solamente esta Laida Cesar, Loida Cesari y no puedo se observa que este de la otra parte contraria y que este firmando porque dice Sebastián Torrez Nina y Loida Cesari Supepi, sin embargo solamente vemos que esta Loida Cesari y no hay otra firma, como primera observación. 2.- segunda observación al contrato de arrendatario Godofredo Tomicha, en este contrato de arrendamiento, de igual manera está firmando Loida Cesari Supepi y Sebastián Torrez Nina (propietario) y Godofredo Tomicha Bartelemi, pero en el reconocimiento de firma no estaría. Así como también el plazo es de dos años que empezará a correr obtenga su libertad. Pero el contrato de arrendamiento solo señala desde cuándo va estar pero no indica hasta que fecha es el contrato, tampoco establece el derecho propietario, no estaría la partida computarizada del inmueble en la que se encuentra registrada la matricula que tiene el imputado en el contrato, están las cláusulas del arrendamiento del plazo, asimismo cursa las cedulas de identidad de Sebastián Torrez y Loida Cesari Supepi, 3.- Te[r]cera Observación, el acta notarial, la notaria verifica el lugar así como también le exhibieron el folio real, manifiesta que no hay firmas de testigos que puedan verificarse quienes son los testigos que han estado presente en esta verificación de la notaria para que pueda decirse si estuvo o no, aquí está igual Sebastián Torrez Nina, Cesari y Godofredo Tomochi. 4.- Requerimiento fiscal, hay una fotografía que no se puede verificar exactamente. Hay una factura de luz del 12 de agosto del año 2022 y fecha de vencimiento al 12 de septiembre del año 2022, y tiene dos facturas de impaga, por lo que da la inseguridad que este Tribunal pueda tener de que la parte tenga la capacidad de pago.
5.- Así también cusa una factura de la CRE, siendo de fecha vencimiento de fecha 11 de agosto, se observa IMPAGA en las facturas, en ese entendido este historial de las facturas no estaría prácticamente dando la seguridad jurídica que pueda tener la capacidad para que pueda vivir esta persona ahí,. - Se observa también la matricula que adjunta la parte ACUSADA en fotocopia simple, tampoco ha sido presentada en originales ante este Tribunal, por tanto este Tribunal no valida con relación al domicilio del art. 234. 1 del CPP. CONSIDERANDO QUE; con relación al Art. 239.1) del C.P.P.-Establece de que cesará la detención preventiva cuando nuevos elementos demuestren que no concurre que la fundaron o tornaron conveniente esta medida, sin embargo vemos que este proceso ya está con acusación formal y la S.C.P.585/2020 establece que la cesación a la detención preventiva tiene que enervarse los riesgos procesales estando latente además con relación al peligro de obstaculización, teniendo en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha establecido además que este peligro de obstaculización queda latente e incluso hasta la ejecutoria de la sentencia, por lo que es correcto lo que la Juez Ad Quo ha realizado de denegar la cesación a la detención preventiva porque no se ha presentado una prueba idónea, por lo que este Tribunal de Alzada, confirma la resolución venida en grado de apelación. Aclarando que todas las autoridades administrativas y Ministerio Público estamos compelidas a aplicar el protocolo para juzgar con perspectiva de género, aplicar el Código niño, niña y adolescente porque la víctima es una niña de 8 años y una persona adulta de 48 años, así como también las recomendaciones del Convenio Belem de para, la CEDAW, y el principio de informalidad, así como las vastas jurisprudencias constitucionales como la S.C.P.01/2019 y 017/2019, por tanto este Auto Interlocutorio se confirma en todas sus partes” (sic). A partir de esa necesaria contextualización de los puntos expuestos por el accionante en su recurso de apelación incidental y los fundamentos de respuesta a los mismos por la Vocal ahora accionada, al emitir el Auto de Vista 460 hoy cuestionado, es pertinente considerar lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que refiere que entre los elementos del debido proceso se encuentran, la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma; es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes procesales, como a los abogados, acusadores, defensores, posibles víctimas e incluso terceros con interés legítimo; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución, sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa; empero, clara y satisfaga todos los aspectos demandados y/o cuestionados. En ese contexto y delimitada la problemática planteada, en el presente caso, se puede advertir que la Vocal hoy accionada, al pronunciar el Auto de Vista 460, cumplió con lo señalado por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. precedente, debido a que desplegó la fundamentación y motivación requeridas en el caso; puesto que, expuso las razones de hecho y de derecho de su determinación, basándose en los hechos fácticos expuestos, la prueba presentada y, amparándose en la base normativa legal aplicable y correspondiente, habiendo explicado lo siguiente: i) Respecto a la documentación presentada por la parte acusada en el proceso penal seguido contra el accionante, en el marco de su solicitud de cesación de la detención preventiva, se tiene: a) Contrato de arrendamiento presentado como prueba de arraigo domiciliario; empero, éste solo contenía la firma de Loida Cesari Supepi, sin que conste la firma de la otra parte contratante, Sebastián Torrez Nina, quien figuraba como propietario, esa omisión impidió acreditar la existencia de un acuerdo bilateral válido en los términos del arrendamiento; por tanto, el documento careció de fuerza probatoria suficiente para demostrar un domicilio fijo conforme al art. 234.1 del CPP; asimismo, se constató que, si bien el contrato mencionaba a las partes involucradas -Loida Cesari Supepi, Sebastián Torrez Nina y el accionante-, dicho instrumento carecía de reconocimiento de firmas y rúbricas; asimismo, no se especificó con claridad el plazo del arrendamiento; ya que, si bien se indicó una duración de dos años, ésta estaba supeditada a la futura obtención de libertad del imputado -accionante-, sin establecerse una fecha concreta de finalización y tampoco se adjuntó la partida computarizada o documento de propiedad del bien inmueble, la cual debilitó aún más la validez del contrato como prueba de arraigo; b) El Acta notarial, en el que supuestamente se constataba la presencia física del bien inmueble y su relación con el imputado -accionante-, careció de firmas de testigos; elemento indispensable para corroborar la autenticidad del acto notarial y verificar la presencia efectiva de las personas mencionadas, dicha ausencia afectó la fiabilidad del documento como sustento probatorio; c) Fotografía que no permitió identificar con certeza el bien inmueble presuntamente habitado por el imputado -accionante-; además, se presentaron facturas del servicio público de energía eléctrica correspondiente a agosto de 2022, con vencimientos en septiembre del mismo año, las cual figuraba como impaga, ello generó razonable duda respecto a la capacidad de pago y, por ende, sobre la estabilidad económica del imputado para sostener una residencia fija; d) Factura de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) con fecha de vencimiento al 11 de agosto -se entiende de 2022-, también en estado impago, lo cual reforzó la falta de elementos que acreditaran que el acusado tenía efectivamente la capacidad económica de residir en el inmueble, afectando así el análisis de arraigo domiciliario; y, e) Matrícula computarizada del bien inmueble que fue presentada únicamente en fotocopia simple, sin respaldo documental en original, y por esa razón, no se convalidó el documento como prueba válida para acreditar el domicilio, en cumplimiento estricto del art. 234.1 del CPP; ii) Conforme al art. 239.1 del CPP, cesa la detención preventiva cuando surgen nuevos elementos que demuestran que no concurren los fundamentos que motivaron dicha medida; sin embargo, en el presente caso, no se enervaron debidamente los riesgos procesales previstos por los arts. 234 y 235 del CPP; la acreditación de domicilio y actividad lícita fue insuficiente e ineficaz, lo cual mantuvo vigentes los riesgos de fuga y obstaculización procesal; la causa ya contaba con acusación formal, lo cual evidencia los requisitos para una cesación, en consonancia con la jurisprudencia constitucional -SCP “585/2020”-; y, se observó que, conforme al marco normativo nacional e internacional -incluyendo la CEDAW, el Convenio de Belém Do Pará, el Código Niña, Niño y Adolescente, y jurisprudencia como la SCP “01/2019” y “017/2019”-, debía aplicarse una perspectiva de género y protección reforzada a la víctima, quien era una menor de ocho años de edad; y, iii) De esa manera, se confirmó el Auto Interlocutorio 8/22 que negó la cesación de la detención preventiva del accionante, considerando que los documentos presentados por la defensa no demostraron de manera clara, idónea y suficiente el arraigo del imputado -accionante- ni la ausencia de riesgos procesales. A partir de lo expuesto, se advierte que la Vocal hoy accionada, al emitir el Auto de Vista 460 ahora confutado, aplicó el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, de manera suficiente, explicó al apelante -accionante-, las razones de hecho emergentes de los elementos fácticos que fueron de su conocimiento, lo cual a su vez fue subsumido a la aplicación de la norma adjetiva, en lo esencial es inherente a los riesgos procesales concurrentes y la jurisprudencia constitucional, para decantar en la fundamentación requerida que evidencie la existencia de requisitos para imponer la detención preventiva, considerando la condición de la víctima y la protección reforzada con la que cuenta. Respecto a este último elemento en particular, por su relevancia, se resalta que el contexto fáctico del caso que se analiza, impele a las autoridades que conozcan el mismo, a cumplir su obligación de aplicar en sus razonamientos y labor judicial en el caso, un enfoque interseccional; herramienta que conforme a lo desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional permite: “…analizar posibles lesiones a derechos fundamentales de las víctimas en procesos judiciales; mismo que no conlleva ninguna vulneración o desconocimiento de los derechos de la parte procesada, pues ese enfoque interseccional comprende un análisis jurídico de las categorías de vulnerabilidad utilizadas como herramientas para identificar situaciones específicas en las que se encuentran las víctimas de violencia sexual y los requerimientos de protección reforzada que deben otorgarse a la misma, observando la complejidad y diversidad de las fuentes que generan cada categoría,…” (SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre), considerando al efecto que en su alcance, dimensión y eficacia práctica de aplicación: “…estos criterios de interpretación pueden variar de acuerdo a la identidad, los intereses, las desventajas, la composición o jerarquías internas de este grupo vulnerable, siendo necesario abordar los mismos bajo una perspectiva reflexiva visualizando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que se hallan comprometidos, siendo que el primero comprende que la satisfacción de un derecho o un grupo de derechos depende de la garantía y materialización de otro derecho; en tanto que, la indivisibilidad implica una perspectiva holística de los derechos humanos, como un todo; por lo que, la transgresión de uno impacta negativamente en otros; (…) criterios interpretativos que deben ser considerados por las autoridades jurisdiccionales al momento de pronunciarse sobre un determinado motivo…” (SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, entre otras). Así, conforme a lo ampliamente expuesto, al evidenciarse que la Vocal ahora accionada emitió el Auto de Vista 460, con la suficiente fundamentación y motivación requerida, razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 25/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 36 a 37 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0236_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): bd0fd13d664dec556f9aa6a26601f4b0301f25e42e025ed7a4d4452fd116d4f3
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