Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 18 de junio de 2024
Concede la tutela
La accionante denuncio la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la impugnación; toda vez que, estando cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, fue sometida a un proceso disciplinario, cuyo resultado fue la imposición de una sanción de aislamiento por diez días, negándosele su derecho a la defensa técnica y sujetándola a un indebido procesamiento, lo que le impidió impugnar la resolución emitida en su contra; situación que agrava su condición de privada de libertad. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 18 de junio, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justica de Pando; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo la nulidad de la audiencia, así como de la “Resolución Administrativa 63/2022”, que impuso la sanción en contra de la ahora accionante, debiendo celebrarse un nueva, en observancia del debido proceso.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0236/2024-S4 Sucre, 18 de junio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 48410-2022-97-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución 04/2022 de 18 de junio, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jesús Mamani Ventura en representación sin mandato de Karolay Butron Siani contra Leonardo Aguilar, Director a.i. del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando.
Mediante memorial presentado el 17 de junio de 2022, cursante de fs. 1; y, de 3 a 4 vta., la accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo, se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando. Estando recluida, el Director a.i. del citado Centro reclusorio, le inició un proceso disciplinario, obligándola a firmar una resolución que no le entregaron, aislándola del resto de la población carcelería e impidiéndole asumir defensa; puesto que no pudo tener acceso a su abogado encontrándose a la fecha de presentación de la demanda tutelar, por más de diez días en aislamiento, sin poderse comunicar con el resto de la población carcelaria, porque supuestamente habría cometido una falta disciplinaria. En consecuencia, el 17 de junio de 2022, su abogado se apersonó ante el Juez de Ejecución Penal del citado departamento, para revisar si dicha autoridad conocía del caso; empero, por información de la Secretaria y Auxiliar del prenombrado Juzgado, se le informó que dicha situación era desconocida por el Juez, lo que demuestra que se lesionó así su derecho a la libertad; razón por la cual, presentó su acción de defensa por el injusto proceso disciplinario iniciado en su contra, mismo que se le inicio sin seguir el debido proceso.
La impetrante de tutela, por intermedio de su representante sin mandato, señaló como lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la impugnación; citando al efecto el art. 181.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se anule obrados hasta el vicio más antiguo.
Celebrada la audiencia pública el 18 de junio de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 11 a 12 vta., presentes la solicitante de tutela y la autoridad hoy demandada ambos asistidos de sus abogados, se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela, a través de su abogado en audiencia ratificó in extenso su memorial de acción de defensa y ampliando la misma, indicó que no cuenta con algún familiar que vele por su situación; puesto que, su madre vive en el Reino de España y su padre en el departamento de Santa Cruz y que desde el 6 de junio de 2022, se encuentra aislada sin tener acceso a la población carcelaria y a su defensa y que si bien asistió a una audiencia donde le informaron que la sancionarían; empero, no le dijeron por cuanto tiempo, siendo que después de unos días, procedieron a encerrarla directamente; razón por la cual no pudo comunicarse con nadie, menos con su abogado.
Leonardo Aguilar, Director a.i. del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, en audiencia de consideración de la acción de libertad, señaló que: a) La falta disciplinaria cometida por la ahora accionante fue el 21 de mayo de 2022, siendo notificada el 23 de igual mes y año, para su audiencia de sanción disciplinaria, la cual se llevó a cabo el 25 de igual fecha, el hecho que se le atribuyó, fue el consumo de bebidas alcohólicas y la agresión a la “subteniente Laura” (sic); b) La sanción en contra de la ahora solicitante de tutela y de otra infractora, fue por veinte días en celdas individuales solitarias, donde el castigo consiste en negarles el acceso a todos los ambientes de la población carcelaria; y, c) La hoy accionante tenía tres días para interponer su apelación, una vez vencido el plazo para apelar, quedó ejecutoriada la resolución en su contra el 8 de junio de 2022, existiendo una notificación firmada por la sancionada –ahora impetrante de tutela– el 30 de mayo, donde se le dió a conocer la “Resolución Administrativa (RA) 63/2022”, siendo superado el plazo para que presente impugnación en contra de la misma.
La Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justica de Pando, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 18 de junio, cursante de fs. 13 a 14 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo la nulidad de la audiencia y resolución que dispuso la sanción en contra de la ahora accionante, debiendo en consecuencia celebrarse un nueva; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) La impetrante de tutela indicó que se llevó a cabo un procedimiento disciplinario en su contra, el ahora demandado no le permitió tener acceso a la defensa y menos a impugnar a través de su abogado dicha resolución, habiendo además sido aislada por diez días, agravándose con ello su condición de privada de libertad; asimismo, denunció que tampoco se hubiese dado a conocer al Juez de Ejecución Penal del referido departamento dichos actuados; 2) Se pudo evidenciar que no se le permitió a la hoy solicitante de tutela, tener acceso a ejercer su defensa por medio de un abogado; de igual forma, sobre el acta de audiencia presentada por el ahora demandado, se pudo verificar que en la misma no se consigna el nombre del abogado defensor de la accionante, llamando la atención que la audiencia fue celebrada vía Zoom; lo que demuestra que era posible que la impetrante de tutela pudiera ser asistida por un defensor técnico; 3) Dentro de un proceso disciplinario, la parte denunciada tiene la posibilidad de decidir si quiere ser asistida o no por un abogado, más aún si se encuentra privada de su libertad; puesto que, existe la posibilidad de ser sujeto de situaciones de vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos fundamentales; y, 4) Si bien fue notificada y ejecutoriada la resolución, y esta no fue apelada; resulta evidente que la solicitante de tutela no tuvo la posibilidad de ser asistida por un defensor técnico para ejercer su derecho de impugnar; por otra parte, el Juez de Ejecución Penal del departamento de Pando, informó que no tuvo conocimiento de ningún documento en relación a ese caso y si bien la ahora accionante pudo acudir ante dicha autoridad previo a interponer la presente acción de defensa, dicho extremo no resultó posible, debido precisamente a que se encontraba aislada; por ello, se debe conceder la tutela impetrada en resguardo de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro de la presente acción de libertad seguida por Jesús Mamani Ventura, en representación sin mandato de Karolay Butron Siani –hoy solicitante de tutela– contra Leonardo Aguilar, Director a.i. del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando –ahora demandado– Diego Valdir Roca Saucedo, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justica de Pando, por nota de 17 de junio de 2022, solicitó a Iván Adolfo Paltón Nuñez Vela, Juez de Ejecución Penal del citado departamento, informe si se remitieron antecedentes a su Juzgado sobre el caso 903302042200012 de ser así, dispuso señale el día y la fecha de remisión, acompañando la documentación pertinente, mereciendo providencia de 17 de igual data, indicando que en atención al citado decreto por Secretaria se remita el informe requerido (fs. 8 a 9 vta.). II.2. Cursa Informe de 17 de junio de 2022; por el que, Lisseth Vásquez Colque, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal del departamento de Pando, en cumplimiento de lo solicitado por el Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justica de Pando, informó que en dicho Juzgado no se tienen antecedentes respecto a la detención preventiva u otra documentación sobre la ahora impetrante de tutela (fs. 10).
La accionante denuncio la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la impugnación; toda vez que, estando cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, fue sometida a un proceso disciplinario, cuyo resultado fue la imposición de una sanción de aislamiento por diez días, negándosele su derecho a la defensa técnica y sujetándola a un indebido procesamiento, lo que le impidió impugnar la resolución emitida en su contra; situación que agrava su condición de privada de libertad. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0682/2018-S4 de 25 de octubre, señaló que: “En cuanto la SC 0619/2005-R de 7 de junio, refirió que: ‘…la doctrina constitucional desarrollada por este Tribunal con relación al procesamiento ilegal o indebido, ha establecido, en principio, que: «la protección que brinda el art. 18 de la Constitución Política en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que brinda el art. 19 constitucional, que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal». Así la SC 0024/2001-R, de 16 de enero, jurisprudencia uniforme y reiterada por las SSCC 200/2002-R, 414/2002-R y 250/2003-R, entre otras. Asimismo, modulando la línea jurisprudencial constitucional vinculante anteriormente glosada y precisando aún más los presupuestos de activación del recurso de hábeas corpus, cuando se invoca procesamiento ilegal o indebido, la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, ha señalado que: ‘(...) la SC 1668/2004-R, de 14 de octubre, expresó que a través de este recurso no se pueden examinar «actos o decisiones del recurrido que no estén vinculados a los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción, como tampoco supuestas irregularidades que impliquen procesamiento indebido que no hubieran sido reclamadas oportunamente ante la autoridad judicial competente, pues si bien este recurso no es subsidiario, no puede ser utilizado para salvar la negligencia de la parte recurrente’. Conforme al orden constitucional y la jurisprudencia glosada, el procesamiento ilegal al que hace referencia la norma fundamental del país en su art. 18 de la CPE, no es comprensivo de la garantía del debido proceso, pues ésta encuentra protección en el art. 19 de la CPE, sino de aquel procesamiento ilegal, es decir sin respaldo alguno en el ordenamiento jurídico, que opera como causa para la privación de la libertad. Esto con la finalidad de evitar que a través de un procedimiento arbitrario, se imponga una sanción o condena penal. De lo dicho se concluye que en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional. De acuerdo a lo señalado, el sentido de protección que la Ley Fundamental otorga a través del hábeas corpus, no está destinado a que los procesados que por negligencia no impugnaron la supuesta lesión al debido proceso, y dentro de éste el derecho a la defensa, puedan hacerlo a través del hábeas corpus, que por la índole del bien jurídico que protege no requiere de impugnación previa ni agotamiento de recursos; pues ello significaría, de un lado, un desvío o elusión de las competencias de los órganos y, de otra, como se precisó líneas arriba, una desnaturalización del recurso de hábeas corpus; asignándole fines distintos a los diseñados por el legislador constituyente, en desmedro del rol que le otorga al amparo constitucional».
Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad. Asimismo la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, entendió que: ‘Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. (…) Para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
Al respecto la SCP 1009/2021-S4 de 6 de diciembre, expuso que: “La acción de libertad de carácter correctivo, como un mecanismo que busca corregir condiciones agravantes de la reclusión de quienes se encuentren en situación de privación de libertad, fue abordado en la SC 0824/2011-R de 3 de junio, estableciendo que: ‘(…) el carácter de protección tutelar correctivo de la acción de libertad tiene como objetivo principal corregir situaciones que agraven ilegalmente las condiciones de reclusión de los que se encuentren restringidos de libertad, buscando la supresión de condiciones de maltrato, así como la optimización de aspectos que mejoren la calidad de vida digna y seguridad de los detenidos, aprehendidos, acusados y condenados, tomando en cuenta que el único derecho que se encuentra legalmente suprimido es el derecho de la libertad personal y de locomoción, encontrándose subsistentes todos los demás derechos inherentes a la persona, de donde se establece que la acción de libertad en su carácter correctivo no busca la libertad de la persona -a diferencia del reparador- sino corregir situaciones desfavorables de los privados de libertad. En ese sentido, este Tribunal respecto al cumplimiento de la detención preventiva, ha establecido jurisprudencia, la misma que no es contraria al nuevo orden constitucional, más al contrario es compatible con el mismo, así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, dejó establecido que: «El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras 'violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…’. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado. Por tanto, hallan cobijo dentro del ámbito protectivo de esta modalidad de 5 hábeas corpus, la ilegal imposición de sanciones disciplinarias o el traslado también ilegal de una penitenciaría a otra; pues, al agravar arbitrariamente las condiciones de la detención, restringen con mayor intensidad la libertad personal de los detenidos»’”.
La SCP 0759/2019-S3 de 17 de octubre, refirió que: “Respecto a la sanción disciplinaria en los centros penitenciarios, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, establece que la adopción de dichas sanciones tienen por objeto garantizar la seguridad, el orden y la convivencia pacífica de los privados de libertad; así, el art. 117 de la LEPS, señala: ‘El régimen disciplinario, tiene por finalidad, garantizar la seguridad y la convivencia pacífica y ordenada de los internos. El régimen disciplinario de los condenados, estará orientado además, a estimular el sentido de responsabilidad y la capacidad de autocontrol, como presupuestos necesarios para la readaptación social’. De la misma forma, el art. 120 de la referida Ley, indica que: ‘Las sanciones disciplinarias que se impongan, se regirán por el principio de proporcionalidad. En ningún caso, afectarán al interno más allá de lo indispensable, ni afectarán su salud física o mental. (…)’ Sobre la base de los preceptos normativos antes señalados y en particular a las normas atinentes a la adopción de sanciones disciplinarias, este Tribunal, en la SCP 1422/2014 de 7 de julio, sostuvo lo siguiente: «Es competente para imponer sanciones, suspenderlas o dar por cumplida su aplicación, sustituirla por otra más leve, el Director del establecimiento penitenciario. La resolución de la sanción debe ser fundamentada, previa audiencia en la que se escuchará la acusación y la defensa del presunto infractor; las sanciones por faltas graves y muy graves serán apelables ante Juez de Ejecución Penal, dentro de los tres días de su notificación, sin recurso ulterior (arts. 122 y 123 de la LEPS). Las sanciones serán cumplidas una vez ejecutoriadas, sin perjuicio de disponerse las medidas necesarias para evitar que el hecho produzca mayores consecuencias (art. 125 LEPS)». En consecuencia, la sanción disciplinaria no puede ser ejecutada en tanto no haya sido resuelto el recurso de apelación a que tiene derecho el interno ante el Juez de Ejecución Penal; en caso de que no ser interpuesto, hasta que haya transcurrido el plazo para su impugnación, a partir de lo cual, la Resolución dictada por el Director del establecimiento penitenciario, recién puede considerarse ejecutoriada’. En virtud al contenido jurisprudencial expuesto, se puede concluir que las sanciones emitidas por el Director del Centro Penitenciario por faltas graves serán apelables ante Juez de Ejecución Penal, dentro de los tres días de su notificación, sin recurso ulterior. Mientras este recurso no sea resuelto, no podrá ejecutarse la sanción disciplinaria impuesta” (las negrillas son nuestras).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la impugnación; toda vez que, estando cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, fue sometida a un proceso disciplinario, cuyo resultado fue la imposición de una sanción de aislamiento por diez días, negándosele su derecho a la defensa técnica y sujetándola a un indebido procesamiento, lo que le impidió impugnar la resolución emitida en su contra; situación que agrava su condición de privada de libertad.
En el contexto de los argumentos descritos por la impetrante de tutela y de acuerdo a los antecedentes allegados al cuaderno constitucional, se tiene que la solicitante de tutela, fue sometida a proceso disciplinario interno dentro del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando donde guarda detención preventiva, habiéndosele impuesto una sanción de aislamiento sin que, durante la tramitación de la causa, la accionante hubiera contado con un abogado que ejerza su defensa, procediéndose posteriormente a trasladarla a celdas de aislamiento, donde permaneció más de diez días, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, sin que se le hubiera permitido comunicarse con su causídico a efectos de impugnar la determinación asumida dentro del referido proceso disciplinario. En estas circunstancias, el 17 de junio de 2022, Diego Valdir Roca Saucedo, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justica de Pando, solicitó al Juez de Ejecución Penal del citado departamento, que dentro de la acción de libertad seguida por la ahora impetrante de tutela contra el Director a.i. del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando –hoy demandado–, dentro del Número de Registro Judicial (NUREJ) 9025930 informe sobre si se remitió antecedentes a su Juzgado del caso 903302042200012 y en caso de que así sea, señale cuando y en qué fecha, acompañando la documentación pertinente, mereciendo providencia que indicó que por Secretaria se remita el informe requerido; por lo que, Lisseth Vásquez Colque, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal del departamento de Pando, en cumplimiento de lo peticionado, informó que en dicho Juzgado no se tienen antecedentes respecto a la detención preventiva u otra documentación sobre la ahora solicitante de tutela. Establecido el problema jurídico, corresponde referir que, el análisis respectivo será efectuado en el marco jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el que se estableció que para considerar vulneraciones al debido proceso a través de la acción de libertad, deben concurrir dos presupuestos, siendo estos que el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, omisiones indebidas o amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y que debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que la accionante no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso o que recién tuvo conocimiento de los mismos al momento de la persecución o privación de la libertad. En ese contexto y de acuerdo a los antecedentes se tiene que el Director a.i. del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando –hoy demandado– dentro del proceso disciplinario contra la ahora impetrante de tutela, la sancionó por infracción disciplinaria y trasladándola a celdas individuales donde fue aislada de los ambientes de la población carcelaria por diez días, lo que conllevó a que no pueda ejercer su derecho a la defensa ni impugnar la decisión asumida por el antes mencionado. En ese sentido, el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, establece que el carácter de protección tutelar correctivo de la acción de libertad, tiene como objetivo principal corregir situaciones que agraven ilegalmente las condiciones de reclusión de los que se encuentren restringidos de libertad; así, en el presente caso, como resultado del referido proceso disciplinario, se emitió la “RA 63/2022”, misma que no pudo ser impugnada por la disciplinada; puesto que, no contó con su derecho a la defensa en la audiencia de procesamiento en la que se le impuso dicha sanción disciplinaria, recibiendo una sanción de aislamiento por veinte días, diez de los cuales cumplió totalmente incomunicada, permaneciendo en tal situación hasta la presente audiencia de consideración de la acción de libertad. De igual forma, se advierte que la ejecución de la sanción, no siguió el procedimiento previo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el que se estableció que si bien el Director a.i. del establecimiento penitenciario es competente para imponer sanciones, suspenderlas, dar por cumplida su aplicación o sustituirla por otra más leve, la resolución que la imponga debe ser fundamentada y emitirse luego de realizarse una previa audiencia en la que se escuchará la acusación y la defensa del presunto infractor, siendo que las sanciones por faltas graves y muy graves serán apelables ante Juez de Ejecución Penal, dentro de los tres días de su notificación sin recurso ulterior (arts. 122 y 123 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión [LEPS] –Ley 2292 de 20 de diciembre de 2021–). Las sanciones serán cumplidas una vez ejecutoriadas, sin perjuicio de disponerse las medidas necesarias para evitar que el hecho produzca mayores consecuencias (art. 125 de la LEPS). Entonces, si bien es cierto que el Director a.i. del indicado Centro Penitenciario tiene la facultad de imponer sanciones disciplinarias con el objeto de garantizar la seguridad y la convivencia armónica de los privados de libertad; sin embargo, debe hacerlo observando los principios consagrados en la Constitución Política del Estado y en los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Bolivia, considerando que las únicas limitaciones a los derechos del interno, son las emergentes de la condena y las previstas en la ley; fuera de ellas no es aplicable ninguna otra limitación (arts. 2 y 14 de la LEPS). Asimismo, de acuerdo al art. 39.1 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidad para el Tratamiento de Reclusos –Nelson Mandela–, los privados de libertad solo podrán ser sancionados conforme a la ley o el reglamento mencionados en la Regla 37 y a los principios de equidad y de respeto de las garantías procesales. Con base en lo desarrollado, se evidencia que en la audiencia de sanción disciplinaria de 25 de mayo de 2022, el Director a.i. del Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, –autoridad hoy demandada– emitió la “RA 63/2022”; por la que, determinó la sanción de aislamiento de Karolay Butron Siani –hora accionante– por veinte días en celdas individuales solitarias, sin acceso a los demás ambientes carcelarios, determinación ésta que si bien fue notificada a la prenombrada el 30 de igual mes y año, la situación a la que fue sometida a raíz de la sanción impuesta, le imposibilitó asumir defensa e impugnar dicha decisión, ya que claramente se advierte que durante su aislamiento por diez días, no tuvo contacto con persona alguna, menos con su abogado defensor, para poder materializar su impugnación, quedando de esa forma ejecutoriada la “RA 63/2022”.
Ahora bien, de acuerdo a lo mencionado, se evidencia que la autoridad demandada, inobservó los presupuestos del debido proceso; puesto que, durante el proceso disciplinario, la impetrante de tutela no contó con asistencia de su defensor, lo que le impidió impugnar luego de habérsele notificado con la resolución de sanción, restringiéndole la efectivización de la impugnación a la solicitante de tutela para asumir su derecho a la defensa, actuación que ciertamente lesionó el derecho al debido proceso de la accionante; entendido como la facultad que tienen las partes que se consideren agraviadas, de poder acceder a una segunda instancia en procura de que la autoridad superior en grado, revise lo resuelto y de esta forma determinar si la resolución administrativa estuvo o no acorde a derecho; y, en su caso, enmendar lo resuelto por el inferior en grado, satisfaciendo de esta forma el recurso planteado por la parte agraviada; es por eso que el debido proceso como instituto jurídico, garantiza el respeto de derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso y contiene entre sus elementos al derecho de impugnación como un medio de defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional o administrativo; por lo tanto, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 18 de junio, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justica de Pando; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo la nulidad de la audiencia, así como de la “Resolución Administrativa 63/2022”, que impuso la sanción en contra de la ahora accionante, debiendo celebrarse un nueva, en observancia del debido proceso. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0236_2024-S4.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 31b733ddcd945dbc94345437b344d1792e02b18a22ff2700a5c54693bcdcf7dd
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