B.IA.LEGAL

SCP 0236/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 17 de abril de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
17 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
46743-2022-94-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y legalidad; puesto que, los Magistrados ahora accionados, al emitir el AS 249/2021 de 23 de abril, no consideraron las normas jurídicas contenidas en los arts. 16 inc. e) de la LGT; 9 inc. e) de su Decreto Reglamentario; 6, 57 y 72 del Reglamento Interno de Personal de EPSAS S.A.; los argumentos fácticos y los elementos probatorios que demostraban que la desvinculación de la ahora tercera interesada fue justificada, debido a la suscripción de contratos verbales con empresas privadas de publicidad contradiciendo lo dispuesto en el DS 0181 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios; además, de transgredir la Cláusula Tercera del Contrato indefinido que da lugar a la ruptura y rescisión de la relación laboral; no se pronunciaron sobre la denuncia de incumplimiento del art. 72 del referido Reglamento Interno de Personal por parte de la trabajadora -ahora tercera interesada-, y no emitieron las razones por las cuales no consideraron la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1917/2012 de 12 de octubre que permite la desvinculación laboral cuando existe imputación formal. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 42/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 181 a 185 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada por la parte accionante; conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

a) Disponer dejar sin efecto el Auto Supremo 249/2021 de 23 de abril, debiendo los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia emitir uno nuevo de manera motivada y fundamentada respecto a las causas de justificación de la desvinculación laboral de la trabajadora, tomando en cuenta la jurisprudencia establecida en la SCP 1917/2012 de 12 de octubre.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0236/2023-S3 Sucre, 17 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 46743-2022-94-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 42/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 181 a 185 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gonzalo Bladimir Iraizos Escobar, interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (EPSAS S.A.) contra Carlos Alberto Egüez Añez y Ricardo Torres Echalar, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante por memorial presentado el 3 de noviembre de 2021, cursante de fs. 75 a 83, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso social de reincorporación laboral seguido por Giovana Maribel de la Cruz Huanca -ahora tercera interesada- contra EPSAS S.A., la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Sexta de la Capital del departamento de La Paz, emitió la Sentencia 88/2018 de 11 de agosto, declarando probada la demanda y disponiendo la reincorporación de la hoy tercera interesada al cargo que desempeñaba, hasta que se cumpla el proceso interno, previo a la acción penal con sentencia condenatoria ejecutoriada. Planteado el recurso de apelación, la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda y Tercera, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, emitió el Auto de Vista 74/2020 de 16 de septiembre, declarando improcedente el referido recurso y confirmando la indicada Sentencia apelada.

El 26 de noviembre de 2020, formuló recurso de casación contra el Auto de Vista 74/2020, manifestando como agravios que: a) El Tribunal de apelación no tomó en cuenta lo manifestado en el proceso y los elementos probatorios que desvirtuaban que se trate de un retiro injustificado, debido a que la desvinculación obedece a que la ahora tercera interesada, cuando desempeñaba funciones en el Departamento de Comunicación de EPSAS S.A. efectuó contratos verbales con empresas privadas de publicidad, contraviniendo lo dispuesto en el Decreto Supremo (DS) 0181 de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), irregularidad que fue reconocida por la propia hoy tercera interesada, aspecto que no fue considerado por el Tribunal de apelación. Asimismo, se señaló que la ahora tercera interesada, transgredió la Cláusula Tercera del contrato indefinido, que establece que la trabajadora prestará su fuerza laboral con fidelidad y entrega, cumpliendo debidamente el Reglamento Interno de Trabajo y la Normas Internas de Seguridad e Higiene, y que el incumplimiento se constituirá en causal de ruptura y rescisión de la relación laboral, hechos que se enmarcan en los arts. 16 inc. e) de la Ley General de Trabajo (LGT), y 9 inc. e) de su Decreto Reglamentario; b) El Tribunal de apelación al afirmar que la hoy tercera interesada no cuenta con una sentencia condenatoria ejecutoriada como causal de desvinculación, desconocieron la jurisprudencia establecida en la SCP 1917/2012 de 12 de octubre, que estableció que no se puede despedir a un trabajador a simple denuncia de un hecho, siendo necesario la conclusión de la etapa preliminar con imputación formal contra el trabajador; y, c) La ahora tercera interesada omitió seguir el procedimiento establecido por el art. 72 del Reglamento Interno de Personal, que establece; que el trabajador que considere haber sido objeto de una sanción infundada, deberá plantear su reclamo a su superior jerárquico y en caso de que la respuesta no le satisfaga, deberá elevar su reclamo a una Comisión Mixta, conformada por un representante de la Gerencia General, un Representante de Recursos Humanos (RR.HH.) y la Directiva del Sindicato de Trabajadores, quienes plantearán el tema ante la máxima autoridad de RR.HH., procedimiento que fue inobservando por la hoy tercera interesada al recibir el Memorando de desvinculación EPSAS-INTERV/DAP/BVM/027/2017 de 11 de enero, aspecto que no mereció pronunciamiento por parte de los Magistrados ahora accionados. El Auto Supremo (AS) 249/2021 de 23 de abril, emitido por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y legalidad, al no haber considerado las normas jurídicas contenidas en los arts. 16 inc. e) de la LGT; 9 inc. e) de su Decreto Reglamentario; 6, 57 y 72 del Reglamento Interno de Personal de EPSAS S.A., de los argumentos fácticos y los elementos probatorios que demostraron que la desvinculación fue justificada, debido al incumplimiento de contrato por parte de la trabajadora, la existencia de contratos verbales que contradicen lo dispuesto en el DS 0181, además de transgredir la Cláusula Tercera del Contrato indefinido que da lugar a la ruptura y rescisión de la relación laboral. Los Magistrados -ahora accionados-, al emitir el AS 249/2021, no se pronunciaron sobre la denuncia de incumplimiento del art. 72 del Reglamento Interno de Personal por parte de la trabajadora -hoy tercera interesada-, al no haber seguido el procedimiento de representación o queja ante la entrega del Memorando de desvinculación EPSAS-INTERV/DAP/BVM/027/2017; además, de los agravios denunciados en el recurso de casación, incurriendo en vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia. Asimismo, no fundamentaron o motivaron las razones por las cuales no consideraron la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1917/2012 que permite la desvinculación laboral cuando existe imputación formal como ocurre en el caso concreto, lo que justifica el despido de la trabajadora.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y legalidad; citando al efecto, los arts. 14. IV, 115.II y 164 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: 1) Se anule y deje sin efecto el AS 249/2020 -siendo lo correcto 2021- de 23 de abril emitido por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia; 2) Se dicte uno nuevo que analice, motive y fundamente de forma clara, sobre: i) La aplicación del DS 0181 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios; ii) Los arts. 6, 57 y 72 del Reglamento Interno de Personal de EPSAS S.A.; y, iii) La normativa contenida en los art. 16 inc. e) de la LGT y 9 inc. e) de su Decreto Reglamentario; 3) Motive y fundamente respecto a la existencia de imputación y acusación formal en contra de la ahora tercera interesada como motivos de la justificación de la desvinculación laboral, tomando en cuenta la jurisprudencia establecida en la SCP 1917/2012 de 12 de octubre; y, 4) Se anule el Auto de Vista 74/2020 de 16 de septiembre, emitida por los Vocales de la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda y Tercera, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 18 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 178 a 180, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional. Ante las preguntas efectuadas por los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la parte accionante a través de su representante legal refirió que: a) Por efecto del Memorando de reincorporación EPSAS.INTERV./DAP/442/2021 de 10 noviembre, en la actualidad Giovana Maribel de la Cruz Huanca -ahora tercera interesada- se encuentra desempeñando funciones en EPSAS S.A.; y, b) Se interpuso la presente acción de amparo constitucional, debido a que el AS 249/2021 no considero lo establecido en la SCP 1917/2012 que determinó que no se puede despedir a un trabajador a simple denuncia y que se requiere para ello mínimamente una imputación formal.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrado de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 18 de febrero de 2022, cursante de fs. 108 a 110 vta., manifestó que: 1) El AS 249/2021, fue pronunciado en estricto apego a las normas legales, dando respuesta a todos y cada uno de los puntos reclamados en el recurso de casación presentado por la parte accionante; 2) El citado Auto Supremo hoy cuestionado, cumplió con la observancia del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, cumpliendo las disposiciones legales en vigencia con base en las cuestiones litigadas en el proceso; 3) La denuncia de vulneración de derechos y garantías denunciadas en la presente acción tutelar carece de veracidad y de sustento legal; y, 4) De acuerdo a la jurisprudencia desplegada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, la acción de amparo constitucional, no es un medio de impugnación por el que sea factible revisar la valoración de la prueba o la aplicación de la norma; puesto que, dicha labor le corresponde únicamente a la jurisdicción ordinaria. Con base en esos argumentos, solicitó denegar la tutela. Ricardo Torres Echalar, Magistrado de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar pese a su citación, cursante a fs. 142.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Miguel Ángel Martínez Loayza, Director General de Asuntos Jurídicos y Claudio Fernando Yonathal Gonzales Tejada, Jefe de la Unidad de Recursos Jerárquicos, ambos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua mediante informe presentado el 18 de febrero de 2022, cursante de fs. 120 a 121 vta., manifestaron que: i) El citado Ministerio, en el marco de la Cláusula Decimocuarta del Contrato de FIDEICOMISO de 3 de enero de 2007, suscrito conjuntamente el Fondo de Desarrollo Regional (FNDR), establecieron que a la conclusión del Contrato (30 de igual mes y año), el FNDR transferirá el 100% de las acciones de EPSAS S.A. -parte accionante- a su favor, constituyéndose en el único titular de las acciones de la referida empresa; ii) Si bien EPSAS S.A. -parte accionante- está constituida como una sociedad anónima y sujeta al Código de Comercio, su administración se rigió conforme lo establecido en el Contrato de FIDEICOMISO, lo que genera una suerte de incertidumbre al no haberse conformado las instancias de decisión de la empresa; y, iii) Al no tener el Ministerio de Medio Ambiente y Agua facultad administrativa sobre EPSAS S.A. -parte accionante-, no participa del proceso de contratación de su personal ni lo que emerja del vínculo laboral entre la empresa y los trabajadores. Giovana Maribel de la Cruz Huanca, en audiencia, a través de su abogado señaló que: a) La parte patronal no tramitó ningún proceso administrativo interno, a pesar de su afirmación que su persona hubiere incurrido en causales que justificarían su despido; b) Respecto a la forma de los contratos de trabajo, como trabajadora no puede ser responsable de alguna irregularidad sobre la suscripción de los mismos; c) En cuanto a la consideración de la jurisprudencia constitucional que establece la necesidad de una imputación formal para justificar un despido, debe tomarse en cuenta lo establecido por el art. 116 de la CPE que garantiza la presunción de inocencia y lo establecido en el art. 117.I de la citada Norma Suprema que nadie podrá sufrir sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente con sentencia ejecutoriada, y, d) “Actualmente” por efecto del memorando de reincorporación, viene trabajando con normalidad en EPSAS S.A., habiendo cobrado su salario de diciembre de 2021 y enero de 2022, lo que denota el consentimiento libre y expreso de la parte accionante. Con base en estos argumentos, solicitó se declare la “improcedencia” de la presente acción de amparo constitucional. Ante las preguntas efectuadas por los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la ahora tercera interesada a través de su abogado refirió que “actualmente” se encuentra trabajando en EPSAS S.A. de forma continua y normal como consecuencia del Memorando de reincorporación.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 42/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 181 a 185 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) El AS 249/2021 en su Considerando II, contiene los fundamentos jurídicos que ahora extraña la parte accionante, lo que evidencia que los Magistrados hoy accionados que lo suscribieron cumplieron con los requisitos establecidos en la ley; y, 2) Que si bien existe un proceso penal contra Giovana Maribel de la Cruz Huanca -ahora tercera interesada-, éste no cuenta con sentencia ejecutoriada, en consecuencia debe prevalecer lo establecido por el art. 116.I de la CPE, que garantiza la presunción de inocencia, y que determinó la reincorporación de la hoy tercera interesada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través del Auto de Vista 74/2020 de 16 de septiembre, pronunciado por los Vocales de la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda y Tercera, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declararon improcedente el recurso de apelación planteado por EPSAS S.A., y confirmaron la Sentencia 88/2018 de 11 de agosto que declaró probada la demanda de reincorporación de Giovana Maribel de la Cruz Huanca -hoy tercera interesada- (fs. 18 a 23 vta.). II.2. Por memorial presentado el 26 de noviembre de 2020, ante los Vocales de la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Gregorio Alberto Chávez Vargas, en su calidad de interventor de EPSAS S.A. -hoy parte accionante-, planteó recurso de casación contra el Auto de Vista 74/2020 (fs. 24 a 28 vta.). II.3. Mediante AS 249/2021 de 23 de abril, emitido por Carlos Alberto Egüez Añez y Ricardo Torres Echalar, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia -ahora accionados-, se declaró infundado el recurso de casación, planteado por la parte accionante (fs. 29 a 31 vta.). Notificado a dicha parte el 5 de mayo de 2021 (fs. 32).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y legalidad; puesto que, los Magistrados ahora accionados, al emitir el AS 249/2021 de 23 de abril, no consideraron las normas jurídicas contenidas en los arts. 16 inc. e) de la LGT; 9 inc. e) de su Decreto Reglamentario; 6, 57 y 72 del Reglamento Interno de Personal de EPSAS S.A.; los argumentos fácticos y los elementos probatorios que demostraban que la desvinculación de la ahora tercera interesada fue justificada, debido a la suscripción de contratos verbales con empresas privadas de publicidad contradiciendo lo dispuesto en el DS 0181 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios; además, de transgredir la Cláusula Tercera del Contrato indefinido que da lugar a la ruptura y rescisión de la relación laboral; no se pronunciaron sobre la denuncia de incumplimiento del art. 72 del referido Reglamento Interno de Personal por parte de la trabajadora -ahora tercera interesada-, y no emitieron las razones por las cuales no consideraron la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1917/2012 de 12 de octubre que permite la desvinculación laboral cuando existe imputación formal. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso

La SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, estableció que: «‘“…La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas' (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio).

De lo expuesto, inferimos que fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.

(…)

De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho» (las negrillas son nuestras).

En cuanto a la congruencia, la SCP 0687/2016-S2 de 8 de agosto, citando a su vez a la SCP 0177/2013 de 22 de febrero, señaló: ‘“…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

(…)

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”’ (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y legalidad; puesto que, los Magistrados ahora accionados, al emitir el AS 249/2021 de 23 de abril, no consideraron las normas jurídicas contenidas en los arts. 16 inc. e) de la LGT; 9 inc. e) de su Decreto Reglamentario; 6, 57 y 72 del Reglamento Interno de Personal de EPSAS S.A.; los argumentos fácticos y los elementos probatorios que demostraban que la desvinculación de la ahora tercera interesada fue justificada, debido a la suscripción de contratos verbales con empresas privadas de publicidad contradiciendo lo dispuesto en el DS 0181 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios; además, de transgredir la Cláusula Tercera del Contrato indefinido que da lugar a la ruptura y rescisión de la relación laboral; no se pronunciaron sobre la denuncia de incumplimiento del art. 72 del referido Reglamento Interno de Personal por parte de la trabajadora -ahora tercera interesada-, y no emitieron las razones por las cuales no consideraron la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1917/2012 de 12 de octubre que permite la desvinculación laboral cuando existe imputación formal. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes, se tiene que por efecto del recurso de apelación planteado por EPSAS S.A. -parte accionante-, los Vocales de la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda y Tercera, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitieron el Auto de Vista 74/2020 de 16 de septiembre, declarando improcedente el recurso de apelación, y confirmaron la Sentencia 88/2018 que declaró probada la demanda de reincorporación de la ahora tercera interesada (Conclusión II.1.). Posteriormente, por memorial presentado el 26 de noviembre de 2020, Gregorio Alberto Chávez Vargas, en su calidad de interventor de EPSAS S.A., -parte accionante- planteó recurso de casación contra el Auto de Vista 74/2020 (Conclusión II.2.). Finalmente, a través del AS 249/2021, los Magistrados hoy accionados, declararon infundado el recurso de casación, planteado por EPSAS S.A. -parte accionante-. Notificado a dicha parte el 5 de mayo de 2021 (Conclusión II.3.).

En ese contexto, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que la motivación y fundamentación de una resolución emitida por la jurisdicción ordinaria o administrativa, se tienen por cumplidas cuando se realiza la justificación normativa, explicando por qué el caso encuadra -o no- en la hipótesis prevista en el precepto legal, y de manera clara y concreta se exponen los motivos o razones por los cuales se llegó a una conclusión y se asumió la decisión respectiva, sin que sea necesaria una exposición exagerada y abundante de consideraciones, sino más bien precisa, clara y concreta. Asimismo, la congruencia externa es entendida como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto e implica responder a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes. Ahora bien, en el caso de análisis la parte accionante denuncia la falta de fundamentación, motivación y congruencia externa en el AS 249/2021, por la falta de pronunciamiento sobre los agravios contenidos en el recurso de casación planteado por la parte accionante; por ello, resulta necesario realizar la contrastación entre el contenido del indicado recurso y el contenido del referido Auto Supremo. En ese orden, la parte accionante expuso en su recurso de casación lo siguiente:

i) Las autoridades judiciales de instancia en la Sentencia 88/2018 y el Auto de Vista 74/2020, no tomaron en cuenta, que la desvinculación de la demandante -ahora tercera interesada-, obedece a que la misma celebró contratos verbales de trabajo sin el debido respaldo legal y contrariando el DS 0181 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, actitud que al vulnerar el contrato indefinido de trabajo y el Reglamento Interno de la Empresa, se constituyen en causales de ruptura y rescisión de la relación laboral.

ii) El Contenido del Auto de Vista 74/2020 no se encuentra debidamente fundamentado y menos actualizado, al no haber considerado la SCP 1917/2012 que establece la prohibición de despedir a un trabajador a simple denuncia de un hecho, requiriéndose mínimamente la conclusión de la etapa preliminar con imputación formal contra el trabajador, debido a que no resulta razonable que el empleador tenga que esperar hasta que se dicte sentencia condenatoria y esta adquiera ejecutoria.

ii) En ningún momento EPSAS S.A. -parte accionante- señaló que no podía cumplir con el art. 58 inc. e) del Reglamento Interno de Personal de EPSAS S.A., pues dicha normativa tiene un procedimiento señalado en el art. 72 del referido Reglamento y que determina, cuando un trabajador en función de dependencia laboral, considere haber sido objeto de una sanción infundada o encontrarse afectada por la no aplicación o aplicación indebida de normas legales o convencionales que regulan la relación laboral, deberá plantear su queja ante su superior jerárquico inmediato y en caso de que la respuesta no satisfaga al trabajador, este debe elevar su queja ante una Comisión Mixta, quien planteará el tema ante la Máxima Autoridad de RR.HH. Procedimiento que no fue observado por la trabajadora -ahora tercera interesada- a pesar de tener conocimiento del mismo. iv) Los Vocales de la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda y Tercera, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, suscribientes del Auto de Vista 74/2020, no valoraron las pruebas presentadas por EPSAS S.A., -parte accionante- no consideraron los actos de la trabajadora -ahora tercera interesada- que vulneraron el procedimiento administrativo establecido en el Reglamento Interno de la citada empresa y que derivó en su desvinculación, además de infringir el contrato indefinido.

En respuesta al recurso de casación planteado por la parte accionante, los Magistrados -ahora accionados- emitieron el AS 249/2021 declarando infundado el recurso de casación, con base en los siguientes argumentos:

a) La parte recurrente -parte accionante- acusa a la parte demandante

-ahora tercera interesada- de haber cometido una serie de faltas por incumplimiento del contrato de trabajo y del Reglamento Interno de EPSAS S.A. -parte accionante-; además de la comisión de delitos, aspectos por los cuales no correspondería su reincorporación a su fuente de trabajo; sin embargo, dicha afirmación carece de todo valor probatorio, debido a que las supuestas infracciones y delitos alegados en el recurso como causal de despido de la trabajadora, no fueron demostrados con documentación fidedigna, al no advertirse ningún proceso disciplinario interno como exigen las leyes vigentes y tampoco una sentencia condenatoria ejecutoriada o sanción dictada por autoridad judicial competente.

b) Para justificar un despido por la comisión de los delitos de robo, hurto, apropiación indebida, previamente ameritaba la sustanciación de un proceso disciplinario interno, donde la trabajadora tenga la oportunidad de desvirtuar los hechos acusados, ejerciendo su derecho a la defensa y el principio de inocencia establecidos por los arts. 115. II y 116.I de la CPE, y en caso de comprobarse los aspectos atribuidos a la trabajadora, recién con base en los arts. 16 inc. g) de la LGT y 9 inc. g) de su Decreto Reglamentario, justificar el despido con justa causa, lo que no ocurrió en el presente caso.

c) EPSAS S.A. -parte accionante- ha incumplido con la carga de la prueba establecida por los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT), para demostrar la causales de despido alegadas; porque si bien, se alegó la existencia de una imputación formal contra la demandante -ahora tercera interesada-, su sola presentación no implica autoría o responsabilidad penal, aspectos que emergerán de un proceso penal concluido en todas sus etapas y una vez que la sentencia condenatoria quede ejecutoriada, y recién con este resultado se puede respaldar el despido de la tercera hoy interesada. d) Corresponde la reincorporación de la hoy tercera interesada, como acertadamente definieron los Jueces de primera instancia, con base en la valoración de la prueba conforme los arts. 3 inc. j) 158 y 200 del CPT, no siendo evidente las infracciones acusadas. e) El derecho al trabajo se encuentra consagrado por los arts. 46.II y 48.III de la CPE, estando prohibido el despido injustificado y toda forma de acoso laboral por disposición del art. 49.II, de la citada Norma Suprema, así también lo reconoció el art. 11 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006.

En este marco, de la revisión y análisis del AS 249/2021, respecto a la respuesta sobre la denuncia de que el Auto de Vista 74/2020 no se encuentra debidamente fundamentado y menos actualizado, al no haber considerado la SCP 1917/2012 que establece la prohibición de despedir a un trabajador a simple denuncia de un hecho, requiriéndose mínimamente la conclusión de la etapa preliminar con imputación formal contra el trabajador, es evidente que no existió una respuesta motivada y fundamentada, pues respondiendo a dicho punto de agravio, los Magistrados ahora accionados sin efectuar referencia alguna a la SCP 1917/2012 invocada por la entidad recurrente -parte accionante-, establecieron su propio criterio sobre la invalidez de la imputación formal y su sola presentación, refiriendo que se requería más bien un proceso penal concluido en todas sus etapas y una vez ejecutoriada la sentencia, recién con ese resultado se podía respaldar el despido de la trabajadora -hoy tercera interesada-; sin embargo, no motivaron y fundamentaron cuál de las razones de hecho o de derecho para apartarse de los entendimientos del fallo constitucional invocado por la parte recurrente de casación y que sustentarían, bajo un argumento y explicación lógica jurídica, el apartarse de ello -existencia mínima de una imputación formal- y establecer un nuevo criterio que es aplicado en el presente caso -proceso penal concluido y sentencia condenatoria ejecutoriada-

En el marco de lo referido, se evidencia que los Magistrados ahora accionados, no cumplieron con su obligación de explicar de manera clara y concisa los motivos de su determinación; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 42/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 181 a 185 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada por la parte accionante; conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

a) Disponer dejar sin efecto el Auto Supremo 249/2021 de 23 de abril, debiendo los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia emitir uno nuevo de manera motivada y fundamentada respecto a las causas de justificación de la desvinculación laboral de la trabajadora, tomando en cuenta la jurisprudencia establecida en la SCP 1917/2012 de 12 de octubre. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0236_2023-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7a8f4ec1b0c1b49baaf64827378d2ac018df5a751f6456475cc1799e8605cb89

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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