Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 14 de abril de 2023
Concede en parte la tutela
El impetrante de tutela alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, además, del principio de presunción de inocencia que repercute en su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, niña o adolescente: a) Habiendo solicitado la cesación a la detención preventiva, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro: a.1) No consideraron las actas en las que se indica que se habría agotado la producción de prueba documental y testifical tanto por el Ministerio Público como por la víctima y que desvirtuarían los riesgos procesales establecidos en el art. 235.1 y 2 del CPP, negando tal situación bajo la afirmación subjetiva y basada en meras suposiciones que refiere que se encontraría pendiente la realización de la inspección judicial; y, a.2) Se expuso el cambio de línea jurisprudencial establecido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “015/2020” y “0185/2019”, respecto al riesgo procesal descrito en el art. 234.10 –ahora numeral 7– del CPP, sin embargo no fue tomado en cuenta, expresando que no tendría conexión con la causa, sin darle valor al certificado del REJAP; y, b) Interpuesta el recurso de apelación incidental, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental del Justicia de Oruro emitió el Auto de Vista 55/2021 que: b.1) Respecto al peligro procesal contenido en el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 1/2021 de 27 de febrero, cursante de fs. 31 a 39 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a Juan Carlomagno Arroyo Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por la lesión de los derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación en el análisis de los riesgos procesales descritos en el art. 234.7, 235.1 del CPP, disponiendo en consecuencia la nulidad del Auto de Vista 55/2021 de 17 de febrero debiendo emitirse uno nuevo basado en los Fundamentos Jurídicos vertidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela, respecto a Mónica Jazmín Camacho Toco y Giovanni Franz Zambrana Rojas, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, conforme lo desarrollado en análisis de la primera problemática desglosada en el Fundamento Jurídico III.5.1 del presente fallo constitucional; de igual manera, respecto al análisis de congruencia del Auto de Vista 55/2021 de 17 de febrero, conforme lo desarrollado en análisis de la primera parte de la segunda problemática, Fundamento Jurídico III.5.2. de esta resolución constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0236/2023-S1 Sucre, 14 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 38785-2021-78-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 1/2021 de 27 de febrero, cursante de fs. 31 a 39, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan de Mata Romero Miranda en representación sin mandato de René Orlando Flores Lázaro contra Juan Carlomagno Arroyo Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Mónica Jazmín Camacho Toco y Giovanni Franz Zambrana Rojas, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro.
Por memorial presentado el 26 de febrero de 2021, cursante de fs. 1 a 7 vta., la parte accionante expresó los siguientes argumentos:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente previsto y sancionado por el art. 308 Bis del Código Penal (CP) se llevó a cabo su audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, determinándose su detención preventiva por concurrir los riesgos procesales previstos por los arts. 233.1 y 2; 234.1.2 y 10 –ahora numeral 7–; y 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Posteriormente, el 31 de enero de 2019, se llevó adelante una audiencia de cesación de la detención preventiva ante el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital de Oruro, en la que los riesgos procesales no fueron desvirtuados, ya que únicamente se acreditó el “componente familia”, rechazándose la pericia psicológica que fue presentada con la finalidad de poder desvirtuar el art. 234.10 – ahora numeral 7– del CPP, emitiéndose en consecuencia el Auto Interlocutorio 76/2019 de 31 de enero; en consecuencia, se planteó recurso de apelación contra el referido Auto Interlocutorio, solo con referencia al riesgo procesal previsto en el art. 234.10 –ahora numeral 7– del citado cuerpo normativo, impugnación que mereció el Auto de Vista 43/2019 de 25 de febrero, declarándose la improcedencia de dicho recurso. Posteriormente, el 16 de octubre de 2019, se realizó una nueva audiencia de consideración de su cesación de la detención preventiva, ante Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro –ahora demandados–, en la misma, se acreditó el “componente domicilio” y se observó el “componente trabajo” –por no presentarse una declaración ampliatoria sobre la actividad laboral–; además, sin tomar en cuenta los certificados de antecedentes penales y judiciales que desvirtuarían el peligro efectivo para la sociedad y la víctima; en ese sentido, a través del Auto Interlocutorio 308/2019 de 16 de octubre, se mantuvo subsistentes los peligros procesales contenidos en los arts. 234.1.2 y 10 –ahora numeral 7– y 235.1 y 2 del CPP, agravándose su situación procesal, ya que según razonamiento de dicho Tribunal de Sentencia, los riesgos procesales contenidos en el art. 235 del indicado cuerpo legal, se mantienen, porque la prueba documental todavía no se introdujo e incorporó a juicio oral y puesto que falta declarar los testigos en juicio oral, aspecto totalmente ilegal y ultra petita que no fueron señalados al momento de determinar las medidas cautelares. El 17 de julio de 2020, realizada una nueva audiencia de consideración de su cesación de la detención preventiva, los Jueces ahora demandados mediante Auto Interlocutorio 108/2020 de igual fecha, rechazaron y declararon sin lugar la cesación, manteniendo vigente los riesgos procesales de fuga y obstaculización –pese a presentarse la declaración ampliatoria extrañada en audiencia de 16 de octubre de 2019–, determinando de forma subjetiva y basándose en meras suposiciones que por la pandemia no se tendría certeza que su trabajo estuviera vigente o en funcionamiento; y, con referencia al art. 234.10 –ahora numeral 7– del CPP pese a presentarse peritaje psicológico ampliatorio, cumpliendo lo determinado por el Auto de Vista 43/2019 y subsanando las observaciones, no se le dio el valor correspondiente a los nuevos elementos aportados al proceso; y, de igual forma, respecto a los riesgos de obstaculización descritos por el art. 235.1 y 2 del CPP, se determinó de forma subjetiva, que al no impugnarse el Auto Interlocutorio 308/2019, el mismo quedaría firme, sin tomar en cuenta, que se adjuntó como nuevos elementos un “informe del centro penitenciario”, dando a conocer el tiempo de su detención preventiva que era de dos años y que estando detenido, no podría obstaculizar el proceso; igualmente presentó un “informe de la asignada al caso”, en el que se expresa que no realizó ningún acto de obstaculización y menos de influenciar testigos o peritos, pruebas que no fueron valoradas, no existiendo una debida fundamentación y motivación en dicho Auto Interlocutorio 108/2020.
Posteriormente, al impugnarse el Auto Interlocutorio 108/2020 se pronunció el Auto de Vista 118/2020 de 3 de agosto, en el cual se declaró procedente en parte el recurso de apelación interpuesto, revocando el indicado Auto Interlocutorio 108/2020, acreditándose únicamente el “componente trabajo” y manteniendo todos los riesgos procesales latentes con el mismo fundamento subjetivo y sustentado en meras suposiciones, tanto por el Tribunal a quo como el Ad quem. El 4 de febrero de 2021, se llevó adelante una nueva audiencia de cesación de la detención preventiva ante los Jueces ahora demandados, con el único fin de desvirtuar los riesgos de obstaculización inmersos en el art. 235.1 y 2 del CPP, para tal situación, se presentó fotocopias legalizadas de las actas donde se indica que la prueba ingresó por su lectura a juicio oral y que se habría agotado la producción de prueba testifical, tanto por el Ministerio Público como por la víctima; no obstante, las indicadas autoridades judiciales ahora demandadas a través de Auto Interlocutorio 25/2021 de la indicada fecha, negaron tal situación porque se encontraría pendiente la realización de la inspección judicial, situación subjetiva y basada en meras presunciones; además, respecto al riesgo procesal contenido en el 234.10 –ahora numeral 7–del citado cuerpo legal, se expuso el cambio de línea jurisprudencial establecido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “015/2020” y “0185/2019”; sin embargo, tal situación no fue tomada en cuenta, y por el contrario se expresó que no tendrían conexión con la causa y que el certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), ya habría sido valorado, sin considerar que dicho certificado establece que su persona no contaría con ningún antecedente ni menos sentencia por otro delito. En ese sentido, ante la determinación asumida en el Auto Interlocutorio 25/2021, interpuso recurso de apelación incidental que al ser de conocimiento del Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro –ahora demandado– mereció el Auto de Vista 55/2021 de 17 de febrero, que: a) Con relación al art. 234.1 del CPP –siendo lo correcto 235.1– de forma subjetiva –apartándose de su propio “Auto de Vista anterior”–, y totalmente ilógica, fuera de contexto, señaló que no se indicó que prueba o que documentos se hubieran incorporado o introducido a juicio oral; por lo que, no estando claro aquel aspecto, resuelve mantener este riesgo procesal, aclarando que el acta indicaba que se ingresó toda la prueba material del Ministerio público, a la cual se adhirió la víctima, ingresando por su lectura de forma parcial, indicando incluso dicha acta las pruebas por sus siglas “M.P 1,2, etc.”, y a las cuales ni siquiera se planteó exclusión probatoria, por lo que, tal Auto de Vista 55/2021 es ultra petita, al señalar que no se sabe que prueba fue introducida en esa audiencia, afectando con ello, la seguridad jurídica y aún más yendo contra su propio “Auto de Vista anterior”, en donde claramente ratificó que con relación a este numeral, la prueba documental aún no se incorporó a juicio; b) Lo único que concedió fue el art. 235.2 del CPP, puesto que se desvirtuó que los testigos ya habrían declarado en juicio oral; y, c) Con relación al art. 234.10 –ahora numeral 7– del CPP, determinó que las sentencias constitucionales plurinacionales no se relacionarían ni con el caso ni con el hecho, desconociendo que son análogas y tienen conexitud con el caso, ya que determinan que el peligro efectivo para la víctima, se puede desvirtuar con el REJAP, en el que se puede constatar que el imputado no tenga antecedentes por otro delito. De igual forma se argumentó que este numeral “…es un riesgo procesal accesorio del peligro de fuga principal y que aquel riesgo procesal principal de fuga se encontraría ya desvirtuado por haber acreditado el acusado, domicilio, trabajo incluso familia…” (sic), sin embargo, el Vocal ahora demandado indicó desconocer que este riesgo contenido en el art. 234.7 del CPP sería un riesgo accesorio y que no ingresaría a analizar el fondo de tal situación pues incluso le acarrearía responsabilidad; por lo que, se determina que debió realizarse la valoración integral de la prueba “…y no de una sola como lo hizo el tribunal…” (sic), careciendo de fundamentación y motivación. En ese sentido, el Tribunal de alzada, no dio cumplimiento al art. 398 del CPP, al extremo que tasó la prueba y estableció que el A quo obró en mérito a la valoración integral de todos los elementos, sin resolver su petitorio del porque no se dio valor a una prueba extraída del propio proceso y del por qué no cumplieron con los anteriores Autos Interlocutorios que fueron emitidos y Auto de Vista 118/2020; por lo que, el Auto de Vista 55/2021, no se encuentra fundamentado, motivado, y menos valoró la prueba tal como expresa el ordenamiento jurídico procesal, sin considerar que estando detenido preventivo no podría efectuar obstaculización alguna.
El impetrante de tutela alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, además, del principio de presunción de inocencia que repercute en su derecho a la libertad, citando al respecto al art. 23.1 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y se declare la nulidad del Auto de Vista 55/2021, disponiendo que “…las autoridades accionadas convoquen a una nueva audiencia y pronuncien nueva resolución...” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 26 de febrero de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 30 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su representante sin mandato, ratificó íntegramente el contenido de su acción de libertad y ampliando el mismo, señaló: 1) Desde que se determinó la detención preventiva el 20 de julio de 2018, lleva dos años y seis meses en esa situación; 2) El 17 de julio de 2020, en audiencia de consideración de su solicitud de cesación de la detención preventiva, para desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 235 del CPP, su persona presentó un “informe de la investigadora asignada al caso”, ya que, nunca obstruyó o modificó algún elemento de prueba y no influyó en ningún testigo o perito; asimismo, señaló que por lo descrito en la jurisprudencia, un detenido preventivo no puede ejercer ningún acto de obstaculización referente a los numerales del 235 del citado cuerpo normativo; y, para enervar el peligro previsto en el art. 234.7 de la ley adjetiva penal, presentó pericias psicológicas; no obstante, los Jueces ahora demandados a través del Auto Interlocutorio 108/2020, sin fundamento argumentativo sólido, rechazó el “informe de la investigadora asignada al caso”, y apartándose de lo establecido por la jurisprudencia constitucional refirió que el art. 235 del señalado Código, se encontraba vigente, puesto que no se materializó la producción de prueba, ya que no se produjo la prueba testifical y con relación al art. 234.7 del CPP determinó que se encontraría fundado en base a la naturaleza del hecho y no en la personalidad del imputado; 3) Mediante Auto de Vista 118/2020, se confirmó el Auto Interlocutorio 108/2020; en ese sentido, con esa determinación vigente, el 4 de febrero de 2021, en audiencia, presentó fotocopia legalizada del acta de juicio oral, que refleje el ingreso de prueba documental por su lectura, sin que al respecto se hubieran planteado incidentes, desvirtuando de esta forma el art. 235.1 del CPP; asimismo, para desvirtuar el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 de la ley adjetiva penal, presentó acta en el que se demuestra que los testigos ya prestaron su declaración; sin embargo, tal situación se rechazó indicando que faltaría la ejecución de la prueba de inspección judicial, siendo esta una situación subjetiva que ni siquiera se encuentra inmerso en la “resolución” que determinó la detención preventiva; es decir, se agravó más su situación, debido a la falta de inspección judicial; además, de forma ultra petita ya se lo tiene por condenado pese a que no se emitió sentencia; 4) Respecto al peligro procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, se refirió que el “informe psicológico pericial”, sería insuficiente para enervar este riesgo, haciendo caso omiso a lo descrito por la SCP “185/2019-S3 de 30 de abril” puesto que se presentó los informes policiales correspondientes y el REJAP, donde se establece que no cuenta con antecedente penal alguno; 5) Se emitió el Auto de Vista 55/2021, que de igual forma razonó subjetivamente y ultra petita, indicando que respecto al riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP no se estableció que tipo de prueba se ingresó a juicio, yendo contra su “resolución anterior”; y, en lo concerniente al art. 234.7 del mismo código, de igual forma rechazó lo descrito en la jurisprudencia a pesar de que se acreditó la inexistencia de antecedentes penales; y, 6) Se afectó su derecho a la libertad con la carencia de congruencia en las resoluciones, dilatando y agravando su situación jurídica.
Juan Carlomagno Arroyo Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través de informe escrito cursante de fs. 20 a 22 vta., solicitó se deniegue la tutela, manifestando: i) El accionante solo pretende la nulidad por nulidad, ya que no explicó de manera coherente y completa porque las resoluciones emitidas merecerían ser anuladas; ii) Se lo acusó de apartarse de sus propias resoluciones y no valorar la prueba consistente en actas de audiencia de juicio oral, siendo ese el motivo por el que acusa vulneración al debido proceso; no obstante, la falta de valoración probatoria de un acta, no puede tutelarse vía acción de libertad ya que la valoración es un acto ordinario, situación referida por la SCP “1365/2014 de 7 de julio”, por lo que, la valoración de las actas que pretende el peticionante de tutela, no está vinculada a la libertad, sino forman parte del desarrollo del juicio oral y que seguramente en sentencia serán valorados; iii) Respecto a los fundamentos del Auto de Vista 55/2021, el mismo cumple con responder todos los cuestionamientos realizados en audiencia de 17 de febrero de 2021, “…basado en el análisis del caso y los antecedentes procesales que son visibles en el testimonio, y en la apreciación cabal de aquella prueba que hizo referencia el recurrente en esa oportunidad, vale decir las actas de audiencia de fs. 105 a 108 y acta de audiencia de fs. 109 a 110 del testimonio en ese tiempo nos fue remitido, las cuales fueron apreciadas en su contenido, no habiendo apartado del mismo, en mas en base a esa apreciación se dio por enervado un riesgo procesal…” (sic); iv) El accionante tampoco citó describió o explicó a qué elementos de prueba se refería y como estos desvirtuaban los riesgos procesales vigentes, de ahí que, no resulta cierto la acusación del accionante de una falta de valoración de las actas de audiencia, menos que se hubiera vulnerado el derecho al debido proceso; y, v) Respecto a que el Auto de Vista 55/2021 se aparta del razonamiento del Auto de Vista 118/2020, el accionante no describe en qué consistiría tal apartamiento o por qué los mismos resultarían contrarios, de ahí que, no se puede informar sobre un aspecto inexistente que solo se encuentra en el imaginario del impetrante de tutela Giovanni Franz Zambrana Rojas, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe verbal brindado en audiencia, manifestó lo siguiente: a) El art. 125 de la CPE, relacionado al art. 47 del “C.P.C.” y la jurisprudencia constitucional, establecen que la acción de libertad podrá ser planteada por cualquier persona que considere que su vida está en peligro, este ilegalmente perseguida, se encuentre indebidamente procesada o indebidamente privada de libertad; sin embargo, no se escuchó en base a cuál de estos cuatro tópicos se estaría planteando esta acción; al respecto la “SC 021/2011 R de 7 de febrero” nos indica que con relación al procesamiento ilegal o indebido cuando se trata del debido proceso, no abarca a todas las formas en las que puede ser vulnerado, sino que se reserva a aquellos casos que afecten directamente a la libertad física, caso contrario debe ser tutelado a través de la acción de amparo constitucional. Entonces, si estos cuatro tópicos no están relacionados con la falta de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria, no se podría ingresar al fondo de la acción de defensa, mucho más considerando que el accionante solicita se conceda la tutela y se reestablezcan las formalidades legales, anulando el Auto de Vista 55/2021; y, b) Si se analiza el petitorio del impetrante de tutela, se establece que el mismo pide solo la nulidad del Auto de Vista 55/2021. Mónica Jazmín Camacho Toco, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, a través de informe escrito presentado el 26 de febrero de 2021, cursante a fs. 19, solicitó se deniegue la tutela, manifestando al efecto: 1) La acción de libertad planteada no establece o adecua su pretensión a alguna de las causales de procedencia de la acción tutelar; y 2) Con relación a la falta de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, no pueden ser protegidos a través de la acción de libertad.
El Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 1/2021 de 27 de febrero, cursante de fs. 31 a 39, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) De la revisión de la acción de libertad planteada, no se encuentran los presupuestos establecidos en el art. 125 de la CPE; ii) No se fundamentó con relación a que acto u omisión que constituya un procesamiento indebido se está solicitando la nulidad del Auto de Vista 55/2021, entendiendo que se solicitó enervar los riesgos procesales descritos por los arts. 235.1 y 2 y 234.7 del CPP y valorar la prueba presentada; considerando además, que se indicó la falta de fundamentación, motivación y congruencia situación que debe ser conocida por la acción de amparo constitucional; iii) Las vulneraciones al debido proceso, ameritan la protección de la acción de libertad únicamente en los casos en que el acto ilegal afecte la libertad física o de locomoción del accionante, entendiendo que los que no estén relacionados a esa libertad, deberán protegerse a través de medios ordinarios de defensa ante los mismos órganos jurisdiccionales; y, iv) Esta instancia, no puede valorar las pruebas que supuestamente desvirtuarían los riesgos procesales, toda vez que, la misma tendría que ser tramitada mediante una acción de amparo constitucional, toda vez que, se referiría a varios actuados, que conllevarían a una valoración del debido proceso.
Por decreto constitucional de 12 de mayo de 2022, cursante a fs. 47, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 28 de marzo de 2023 (fs. 103); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II. 1. Dentro del proceso penal seguido contra René Orlando Flores Lázaro
–accionante– por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, consta Auto de Vista 55/2021 de 17 de febrero, emitido por Juan Carlomagno Arroyo Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro –ahora demandado– en el que se determinó confirmar en parte el Auto Interlocutorio 25/2021 de 4 de febrero, pronunciado por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del señalado departamento –ahora demandados– en base a los siguientes fundamentos:
“Que, conforme establece el art. 398 del Código de Procedimiento Penal, la competencia del tribunal de alzada se apertura a partir del conocimiento de los agravios, que se pudieran expresar respecto a las resoluciones que le son venidas en apelación, en esa emergencias esta descripción de agravios debe referir de manera puntual, cuales son los aspectos concretos que la resolución impugnada habría sido contraria a la norma o los antecedentes del proceso, prohibiéndose al tribunal de alzada, poder ingresar al análisis o consideración de otros aspectos que no han sido precisamente motivos de esta apelación, y menos ingresar aspectos de fondo, sobre la tramitación del proceso, ya entrando a los motivos que expresa el imputado, y a la apreciación de estos de una indebida fundamentación y falta de motivación, en un primer momento, revisada la Resolución 25/2021 de 4 de febrero de 2021, se tiene que la misma, en el texto de su considerando 1, pero principalmente en su considerando II, expresa precisamente cuales habrían sido las razones por las cuales declara infundada la pretensión del recurrente, respondiendo conforme se tiene también al acta de audiencia de 4 de febrero de 2021, a las razones que han sido expuestas por el recurrente, referido al hecho que se habría desvirtuado el art. 234 Núm. 7 y art. 235 Núm. 1 y 2, análisis que se encuentra en los párrafos de este considerando II, de ahí que la falta de motivación principalmente no resulta siendo cierta, en razón a que esta resolución razone observa congruencia con aquello que se ha debatido en audiencia de cesación de medidas cautelares, resalto de dichos fundamentos el hecho de que el tribunal no puede revalorizar nuevos elementos, resaltando la circunstancia de que las Sentencias Constitucionales 56/2014, 185/2019-S3 y 785/2020-S3, refieren que el riesgo procesal se funda, en dos vertientes, la naturaleza del hecho y la personalidad del imputado, y en el presente caso se habría fundado precisamente conforme lo establece la primera resolución, este riesgo en base a la naturaleza del hecho, en razón de que en el presente caso se trata de un acto de violación contra niño, niña y adolescente, también resalta de esta fundamentación, la consideración de que el Tribunal de Sentencia todavía se encontraría en fase de producción de prueba, estando pendiente incluso un actuado de inspección judicial, ofrecido por la autoridad fiscal, en cuya consecuencia en un estado de libertad el acusado podría destruir o modificar pruebas, por lo que considera que no se acreditado ese hecho, respecto al Núm. 2 del art. 235 del Código de Procedimiento, refiere que el riesgo esta aun latente ya que la madre de la víctima y el acusado fueran concubinos, y tuvieran un hijo en común y en estado de libertad el imputado podría influir en la madre de la víctima, circunstancia que tiende a mantener el riesgo de obstaculización, de ahí se reitera que se encuentra de esta apreciación que la resolución tiene una fundamentación congruente y debida con los antecedentes del proceso, además de la motivación correspondiente, en relación a la falta de valoración de prueba, la queja concreta del apelante se refiere a que no se habrían valorado, los certificados de antecedentes penales que habrían sido presentados en audiencia de la fecha, documentales visibles a fs. 129 a 131, a efecto de enervar el riesgo procesal previsto en el Núm. 7 del art. 234 del Código de procedimiento Penal, de ahí que conforme establece el art. 239 Núm. 1 del Código de Procedimiento Penal, norma que regula la revisión o modificación: de las medidas cautelares, y que esta situación debe estar en función a que los nuevos elementos hagan ver que, las situaciones o razones que ha tenido el tribunal para imponer un riesgo procesal que ya no estarian latentes, corresponde remitirse al auto primigenio que ha dispuesto la concurrencia de este riesgo procesal, es ahí que se tiene el Auto Interlocutorio No. 738/2018 de 20 de julio 2018, que en la parte correspondiente del art. 234, ahora Núm. 7 del Código de Procedimiento Penal, que las razones, este riesgo procesal referente al Núm. 10 en ese entonces que ha tenido el juez cautelar en ese tiempo, ha sido que el imputado resultaría ser un peligro efectivo para la sociedad y la víctima, en razón de que se habría aprovechado de la inocencia incapacidad de poder defenderse de la víctima, que ha logrado consumar un hecho delictivo de satisfacer su apetito sexual, dada la relación de familiaridad que tiene con la víctima y el denunciante que resultaría ser su concubino, donde ha procedido a realizar tipos de vejámenes a una menor de edad, por lo que no es normal este tipo de actitudes en un ser humano, además que tratándose en el presente caso de la víctima, menor de edad que está protegida reforzadamente por diferentes normas, del Código de Niño, Niña y Adolescente, Constitución Política del Estado, y normas internacionales, correspondía precisamente ver por la concurrencia de este riesgo procesal, de ahí se tiene que los motivos que han sido dispuestos para la concurrencia de este riesgos, no se refieren a aspectos de índole personal, del imputado aspectos que se ha tratado de desvirtuar los certificados de antecedentes penales de fs. 129 a 131, en ese entendido esta prueba no es congruente ni relativa con los motivos que se ha dispuesto para la concurrencia de este riesgo, y en esa emergencia la subsistencia de la medida cautelar, respecto también a la falta de valoración de la prueba en referencia a las actas, de audiencia que habría demostrado a criterio del recurrente, que en el presente caso se habrían cumplido con las condiciones dispuestas de la incorporación de prueba que enerve los riesgo procesales de obstaculización, concretamente de las actas de audiencia de fs. 105 a 108 primero, se tiene que estas se tratarían, de actas de audiencias en la cual resalta la recepción de pruebas literales de cargo por parte del Ministerio Público, sin embargo, de la lectura de estas actas, principalmente de aquella que tiene como título recepción de pruebas literales de cargo del Ministerio Público, no se tiene una descripción de qué tipo de pruebas literales se estarían introduciendo dentro de juicio, es más, no se refiere ni por parte del tribunal, ni por parte de la defensa de la víctima, o el señor fiscal, o la parte acusada, cual sería estos elementos de prueba que estarían introduciéndose, de ahí que esta imprecisión o incertidumbre tampoco da mayores luces al tribunal de alzada, para que pueda valorar si realmente como lo ha sostenido el recurrente, aquellas pruebas que demuestren la obstaculización han sido incorporadas en juicio, esto en función a que también la obstaculización en el presente caso, va en función a que el mismo hubiera podido modificar, ocultar o suprimir algunos elementos de prueba, en el presente caso el apelante no nos ha referido a que elementos de prueba concretamente se refiere, o que medios de prueba específicamente ya no estaría en la posibilidad de modificar. Respecto a la otra acta de audiencia de fs. 109 a 110, sobre la declaración de la madre de la víctima, se tiene por evidente que la testigo Ruth María Tapia Revollo, quien se habría identificado como madre de la víctima, si habría prestado declaración en el presente caso y concluida la misma, el tribunal no habría tenido más Interrogantes ni protestado alguna otra información o convocatoria ha actuado procesal que pudiera sustentar esa posibilidad de que, el imputado pueda influir en la misma, por lo menos dicha fundamentación no está expresada en acta de audiencia por parte del tribunal que viene sustanciado este caso, de ahí que ciertamente se aprecia una incorrecta valoración de prueba, en virtud que el motivo para la concurrencia del inc. 1) del art. 235 del Código de procedimiento Peal, habría sido enervada con esta acta de audiencia. Respecto a la valoración de las sentencias constitucionales que ha sido presentadas, la cuales a decir del abogado recurrente no fueron presentadas como medio de prueba, si no para que estas normas sean cumplidas, en relación a esta circunstancia y conforme se tiene de la norma de la doctrina y la jurisprudencia, las resoluciones judiciales incluidas las constitucionales son precisamente vinculadas a los hechos concretos que resuelve, de ahí que incluso el art. 397 del Código Procesal Civil, aplicable por analogía en la materia, establece que una sentencia o una resolución judicial solamente vincula a las partes que son intervinientes en el proceso, sin embargo de esto, en referencia a las sentencias constituciones esta por su naturaleza y su jerarquía, involucran también a otras sus razonamientos, a otro tipo de situaciones genéricas, sin embargo este tipo de situaciones no está librado alzar, a la intención o al deseo de las partes o del tribunal respecto a esta aplicación, sino, básicamente esta librado, a un elemento que el propio tribunal constitucional ha desarrollado como la teoría de la aplicación del estando jurisprudencial más alto, que básicamente exige que para que los efectos de la aplicación de una doctrina legal aplicable de una sentencia constitucional pueda vincularse a otro caso, tienen que concurrir similitud de circunstancias y estas tienen que también ser precisamente demostradas y explicadas por el recurrente, así lo encontramos en la doctrina legal de la Sentencia Constitucional Plurinacional No. 2233/2013 de 16 de diciembre de 2013, que nos refiere que no es suficiente la identificación del precedente constitucional, sino, se debe analizar también esa jurisprudencia a la luz de los hechos, a cuya aplicación se pretende, de ahí que también nos establece incluso unas sub reglas para la aplicación de las sentencias constitucionales en casos concretos. En el presente caso por parte de la parte recurrente no se ha explicado precisamente cuales serían esas condiciones para poder aplicar, no estas sentencias, sino, los razonamientos que hizo el Tribunal Constitucional en estos casos; respecto a que los mismos han sido presentados para su cumplimiento, estas sentencias constitucionales y no en calidad de prueba, dicha circunstancia no se tiene que sea la correcta ni valedera, en virtud a que las sentencias constitucionales que han sido presentadas, visibles de fs. 115 a 128, no se refieren al caso concreto menos a la persona que en este proceso está siendo juzgada, de ahí que no se puede pedir el cumplimiento de una Sentencia Constitucional Plurinacional respecto a este caso en concreto, porque no han resuelto la misma, además que no son emergentes del proceso penal que se viene juzgando al presente, de ahí que tampoco se encuentra en este aspecto razón en el apelante, siendo estos los razonamientos y habiendo contestado aquellos aspectos que han fundado la apelación del recurrente, corresponde resolver lo siguiente.” (sic [fs. 52 a 56]).
El impetrante de tutela alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, además, del principio de presunción de inocencia que repercute en su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, niña o adolescente: a) Habiendo solicitado la cesación a la detención preventiva, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro: a.1) No consideraron las actas en las que se indica que se habría agotado la producción de prueba documental y testifical tanto por el Ministerio Público como por la víctima y que desvirtuarían los riesgos procesales establecidos en el art. 235.1 y 2 del CPP, negando tal situación bajo la afirmación subjetiva y basada en meras suposiciones que refiere que se encontraría pendiente la realización de la inspección judicial; y, a.2) Se expuso el cambio de línea jurisprudencial establecido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “015/2020” y “0185/2019”, respecto al riesgo procesal descrito en el art. 234.10 –ahora numeral 7– del CPP, sin embargo no fue tomado en cuenta, expresando que no tendría conexión con la causa, sin darle valor al certificado del REJAP; y, b) Interpuesta el recurso de apelación incidental, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental del Justicia de Oruro emitió el Auto de Vista 55/2021 que: b.1) Respecto al peligro procesal contenido en el art. 235.1 del CPP de forma subjetiva y apartándose del criterio emitido en su propio Auto de Vista anterior (118/2020) indicó que no se señaló que pruebas o que documentos se introdujeron al juicio oral, determinando mantener vigente el riesgo procesal, cuando el acta claramente refería, el ingreso de la prueba por su lectura de forma parcial, indicando las mismas por sus siglas y de las cuales no se planteó exclusión probatoria; y, b.2) En lo concerniente al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, determinó que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “015/2020” y “0185/2019” no tendrían conexitud con el caso, sin considerar que las mismas determinan que el peligro efectivo para la víctima se puede desvirtuar con el REJAP y que este sería un riesgo accesorio que ya se encontraría desvirtuado por acreditar domicilio, trabajo y familia, negándose a omitir pronunciamiento sobre este último punto. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; 2) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; 3) Prohibición de fundar las medidas cautelares en meras suposiciones o conjeturas; 4) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; y, 5) Análisis del caso concreto.
Penal
Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.
En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:
Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva (el resaltado es ilustrativo). Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada” , estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:
…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión” (el resaltado es añadido). Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, precisó que:
…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas (el resaltado es nuestro). De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:
En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R- de 4 de mayo, “En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva” (el resaltado es ilustrativo). Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que al tratarse de la aplicación de medidas cautelares el tratamiento difiere, señalando que:
Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: “Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad” (negrillas adicionadas). En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 –ahora– art. 236.4 del CPP, agregó que:
En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP (el resaltado es ilustrativo). Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo de 2013, 0329/2016-S2 de 8 abril de 2016; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre de 2017.
Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:
…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria (el resaltado nos corresponde). Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones. Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada norma adjetiva penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.
El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.
Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.
En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:
debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: ‘En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional’ (las negrillas son nuestras).
Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 5La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: ‘…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia «ultra petita» en la que se incurre si el Tribunal concede «extra petita» para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; «citra petita», conocido como por «omisión» en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.’ (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).
Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.
i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.
ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
6La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: ‘…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
(…).
De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: ‘…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley’, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: ‘…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: ‘…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse’. Estos
La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones de las autoridades judiciales al momento de establecer la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización y determinar por ende la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, también es exigible a los tribunales de apelación, cuando resuelven mantener esa decisión y confirmar la resolución de primera instancia, lo cual implica que en ambas instancias su decisión debe sustentarse en las circunstancias previstas por ley; por lo que, no es suficiente la mera referencia y presunción de que concurran las mismas tal cual entendió la SCP 1635/2004-R de 11 de octubre , que fue reiterada asimismo por las SSCC 1747/2004-R, 0129/2007-R, 0514/2007-R, 0670/2007-R, 0040/2010-R, 1154/2011-R, 1813/2011-R, entre otras. Asumiendo este entendimiento, la SCP 0795/2014 de 25 de abril, señaló que la resolución judicial que aplique medidas cautelares de detención preventiva no puede estar respaldada en meras suposiciones; es decir, en la “creencia de un probable acontecimiento de ciertos hechos o conductas; sin estar completamente seguro de ello”; en razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”. 7En el F.J.III.2 se sostuvo que: “…el juzgador está facultado para evaluar las circunstancias que hagan presumir el peligro de fuga y obstaculización de manera integral, no es menos evidente que debe fundar su determinación en las pruebas y tomando en cuenta todas las circunstancias previstas por la Ley; corresponde al acusador probar y demostrar la concurrencia de esas circunstancias previstas en las normas precedentemente señaladas, no siendo suficiente la mera referencia y presunción de que concurran las mismas, pues por determinación del art. 16-II y 6 del CPP, se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad.” 8En el F.J.III.3.2 relativo a la prohibición de fundar la detención preventiva en meras suposiciones señaló que: “Entonces, la detención preventiva debe ser el resultado de una debida fundamentación de las resoluciones que la disponen en ese sentido, lo cual impide que la autoridad jurisdiccional funde su determinación en meras conjeturas o presunciones. En ese sentido, la simple suposición debe ser entendida como la creencia de un probable acontecimiento de ciertos hechos o conductas, sin estar completamente seguro de ello; es decir, aquella idea que surge directamente de la imaginación del sujeto sin estar debidamente comprobado. Por lo tanto, la resolución judicial destinada a aplicar medidas cautelares de carácter personal, de ninguna manera debe estar sustentada en simples o meras posibilidades, sino que, debe ser una decisión producto de la seguridad y certeza que adquirió la autoridad judicial luego de haber efectuado la compulsa de los antecedentes del caso y la valoración integral de los elementos de juicio que fueron llevados a su consideración, para definir la situación jurídica del imputado.
Pues bien, en el marco de las consideraciones referidas precedentemente, es menester establecer las condiciones de fundamentación relativa a los riesgos procesales de fuga, de obstaculización y reincidencia. En ese sentido, los presupuestos referidos al peligro de fuga, establecidos en el art. 234 del CPP, indefectiblemente deben ser demostrados con elementos de juicio que generen seguridad y certidumbre en el Juez; asimismo, los postulados del peligro de obstaculización, contemplados en el art. 235 del Código antes citado, también se exige que sean acreditados con elementos de convicción que generen convicción en el juzgador; y, finalmente, el peligro de reincidencia que debe ser demostrado con el cumplimiento de una sentencia condenatoria ejecutoriada. En ese contexto, ningún peligro procesal debe estar fundada en meras suposiciones, lo cual implica que, si la autoridad judicial funda su decisión en supuestos como ser: que “el imputado en libertad 'podría' asumir una determinada conducta” -propia del peligro de fuga y obstaculización-, tal argumento no satisface la exigencia de una debida motivación, ni constituye una explicación apropiada para determinar la aplicación de alguna medida de cautelar de carácter personal; por cuanto, el juzgador debe asumir absoluta convicción para establecer la concurrencia o no de un determinado riesgo procesal; es decir, le corresponde a la autoridad judicial definir si existe o no algún peligro procesal; por consiguiente, lo que no está permitido es, que al momento de asumir la decisión respecto a la situación jurídica del imputado, el Juez conjeture sobre la base de las probabilidades (podría o no podría). En tal sentido, si la decisión judicial se base en meras presunciones de concurrencia o no de los presupuestos previstos en las normas procesales referidas anteriormente, vulnera el debido proceso del imputado”.
consecuencia, las autoridades judiciales deben asumir una convicción absoluta sobre la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización en base a un análisis de los elementos de convicción puestos a su consideración, lo que significa efectuar una valoración armónica e integral de los mismos y no simplemente realizar una conjetura sobre las probabilidades (podría o no podría). Así también, la SCP 0126/2014-S3 de 5 de noviembre, mencionando el razonamiento de la SC 1635/2004-R, señaló que cuando se trate de la aplicación de la detención preventiva tanto los jueces como los tribunales deben demostrar la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en el Código de Procedimiento Penal; es decir, determinar con certeza la existencia de dichos riesgos, que fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0715/2015-S1 de 10 de julio, 0372/2016-S2 de 25 de abril entre otras. Por su parte, la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, asumiendo el entendimiento realizado en la SCP 0795/2014, también indicó que en consideración a que la resolución judicial que determine la aplicación de la medida de detención preventiva:
…debe ser el resultado de una debida fundamentación y motivación lo cual impide que la autoridad jurisdiccional funde su determinación en meras presunciones”; por lo que, dicha resolución “…tiene que ser el resultado de la valoración integral y razonable de los diferentes riesgos procesales y elementos probatorios; valoración que, además, debe ser objetiva y generar convicción en la autoridad judicial, para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad o que existe peligro de reincidencia. En este orden de ideas, las autoridades judiciales no pueden sustentar la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización y determinar o mantener la medida de detención preventiva en meras suposiciones (podría o no podría), puesto que, en el marco del ejercicio efectivo del derecho al debido proceso deben emitir resoluciones fundamentadas y motivadas tratándose de la aplicación de medidas cautelares de carácter personal; por ello, es preciso tener en cuenta también que las mismas son impuestas cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho; de ahí que, su aplicación es de manera excepcional, y se presume la inocencia del imputado, mientras no cuente con una sentencia condenatoria ejecutoriada, por ello también se explica que para establecer la concurrencia de los peligros procesales señalados las autoridades judiciales deben justificar su decisión de imponer o mantener la medida de ultima ratio.
sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género
Por la connotación de la temática en cuestión, en este acápite se describirá las reflexiones constitucionales desarrolladas en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, misma que, con un enfoque interseccional contienen argumentos garantistas y progresivos respecto de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a efectos de su aplicación mediante una perspectiva de género.
La SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.1, con profundidad abordó este aspecto que se constituye en un elemento importante a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta a mujeres víctimas de violencia. En ese sentido, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, inicialmente señaló que el enfoque interseccional, es una herramienta útil para el análisis de la vulneración de derechos, y en especial la igualdad al presentarse elementos de discriminación, agregando al respecto que:
…es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación (el resaltado es añadido).
Asimismo, refirió que el enfoque interseccional, es incorporado gradualmente superando con ello el análisis unidimensional para alcanzar la interpretación múltiple de la discriminación en sus diferentes factores y categorías en cumplimiento a las recomendaciones de instrumentos internacionales como en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación. Del razonamiento desplegado por la mencionada SCP 0394/2018-S2, es posible puntualizar que el enfoque interseccional es un instrumento necesario y valioso para analizar, especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, permitiendo visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres; tomando en cuenta para ello, sus desigualdades y necesidades, haciendo eco, a través de ese análisis, sobre las exigencias a nivel internacional como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, siendo uno de sus mandatos, el considerar el estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, por razones diversas. Reanudando, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que, en el caso concreto (motivo de su análisis), al tratarse de una mujer víctima de violencia sexual adolescente, debe ser aplicado el enfoque interseccional, 10Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. 11La Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.
La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.
Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad (…)
En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres.
También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre (…)”
que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; así, respecto a la normativa internacional que rige la protección de niñas, niños y adolescentes, en el marco del art. 60 de la CPE, señaló que estos grupos etarios gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo en consecuencia ser atendidos con preferencia en los centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, y por la Policía Boliviana, entre otros; en tal sentido, añadió que los estándares de protección internacional, son obligatorios para nuestro Estado, ya que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de forma preferente y favorable; en ese sentido, citó a dichos estándares internacionales como el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que prevé medidas de protección para los menores; art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador–, que reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, una obligación para el Estado referido a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre , que regula sobre la protección y cuidado de los niños; Declaración de los Derechos del Niño que en sus principios 8 y 9 prevé el derecho a la protección ante el abandono cruel y explotación, y la preferencia en recibir socorro y protección; y, el art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en esencia dispone para los Estado el deber de adoptar medidas en favor de la niñez víctima de 12Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993. 13Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así indica: “Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005. 14Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 15Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación…”
cualquier forma de abuso o explotación en el marco los mismos principios descritos en la referida Convención. Identificada y descrita la normativa del contexto internacional, la precitada SCP 0394/2018-S2, se refirió a la normativa vinculada a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a la violencia contra niñas y adolescentes; en dicha labor, razonó que el constituyente al haber incorporado el art. 15 en la CPE, reconoció un derecho específico que deriva en la obligación para el Estado (en todos sus niveles) para investigar, socorrer y sancionar los actos de violencia contra la mujer; asimismo, agregó que:
…el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación ... …el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable (las negrillas son agregadas). Prosiguiendo, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, al referirse sobre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se constituye como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la implementación de mecanismos necesarios de protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; de igual forma la indicada jurisprudencia, respecto al acceso a la justicia de las mujeres señaló que:
...El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar (el resaltado es ilustrativo). En ese marco, añadió que en el caso el Caso LC vs. Perú – octubre 2011–, la decisión asumida por el Comité de la CEDAW, es un importante precedente por cuanto el referido Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual.
Sujetándose a la normativa internacional descrita, la mencionada SCP 0394/2018-S2, advirtió que conforme a la Ley 548 de 17 de julio de 2014, denominada Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) , el Estado (multinivel) adquiere una corresponsabilidad a través de sus instituciones, y las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Por su parte, en referencia a la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual, y Ley 348 de 9 de marzo de 2013, titulada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, refirió que estos actos legislativos contienen un conjunto de disposiciones en favor de las víctimas; entre ellas: La obligación de la autoridad que investiga delitos contra la violencia sexual, para ordenar las medidas necesarias de la protección a la víctima, sus familiares, dependientes y testigos entre otros; el establecimiento de mecanismos y medidas integrales de prevención, atención y reparación a mujeres en situación de violencia, implementando para ello, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); la prioridad nacional del Estado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres; y, la obligación de articular servicios, acciones y políticas integrales destinadas a la atención, sanción y erradicar todo tipo de violencia por parte del Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). En ese marco, la antedicha SCP 0394/2018-S2, refirió que de acuerdo al contenido regulatorio del art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en los delitos cometidos contra 19“…cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad.
En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”.
Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece:
I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…)
IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas)”.
niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos; además, puntualizó que:
…si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar (el resaltado es añadido). Prosiguiendo, la SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2 bajo el título: “Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados contra la mujer” señaló que, al ser la detención preventiva meramente instrumental, la aplicación de su restricción resulta una excepcionalidad, debiendo concurrir simultáneamente las exigencias de los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP; así, en cuanto a los peligros de fuga y obstaculización, de acuerdo a los arts. 234 y 235, de la referida norma procesal penal, para decidir sobre su concurrencia, se debe realizar una evaluación integral de las circunstancias existentes, como el “peligro efectivo para la víctima o el denunciante”, previsto en el actual art. 234.7 del CPP. Asimismo, remitiéndose a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, que declaró la constitucionalidad del entonces art. 234.10 – ahora art. 234.7– del CPP, señaló que, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, suponiendo ello, la existencia de elementos comprobables sobre la situación de las víctimas; en tal sentido, agregó que, en supuestos de violencia contra las mujeres, corresponderá a los fiscales y autoridades judiciales desde una perspectiva de género, considerar:
…la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito cuya autoria se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante. En ese contexto, la referida SCP 0394/2018-S2 sostuvo que las medidas destinadas a desvirtuar los peligros de fuga del antes art. 234.10 –ahora 234.7– del CPP relativo al peligro efectivo para la víctima o denunciante, no debe significar una revictimización; por ello, los fiscales y jueces deben considerar que, en muchas veces, las garantías personales o mutuas solicitadas por los imputados para desvirtuar dicho riesgo, se constituyen en medidas revictimizadoras debido a que la víctima tiene que enfrentarse con su agresor, desnaturalizando además la protección que el Estado debe otorgar a las mujeres víctimas de violencia, ya que incluso, según el art. 35 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia –Ley 348 de 9 de marzo de 2013–, ellas tienen el derecho de solicitar las medidas de protección, cuya finalidad, según el art. 32.I de la referida Norma es: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”; en tal sentido, la mencionada SCP 0394/2018-S2, concluyo precisando tres aspectos a ser considerados, según los siguientes términos:
Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:
a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante; b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos. (negrillas añadidas).
De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, se tiene que esta contribuye en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, la sitúan dentro del ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos deban ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres, niñas, niños y adolescentes; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.
El impetrante de tutela alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, además, del principio de presunción de inocencia que repercute en su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, niña o adolescente: a) Habiendo solicitado la cesación a la detención preventiva, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro: a.1) No consideraron las actas en las que se indica que se habría agotado la producción de prueba documental y testifical tanto por el Ministerio Público como por la víctima y que desvirtuarían los riesgos procesales establecidos en el art. 235.1 y 2 del CPP, negando tal situación bajo la afirmación subjetiva y basada en meras suposiciones que refiere que se encontraría pendiente la realización de la inspección judicial; y, a.2) Se expuso el cambio de línea jurisprudencial establecido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “015/2020” y “0185/2019”, respecto al riesgo procesal descrito en el art. 234.10 –ahora numeral 7– del CPP, sin embargo no fue tomado en cuenta, expresando que no tendría conexión con la causa, sin darle valor al certificado del REJAP; y, b) Interpuesta el recurso de apelación incidental, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental del Justicia de Oruro emitió el Auto de Vista 55/2021 que: b.1) Respecto al peligro procesal contenido en el art. 235.1 del CPP de forma subjetiva y apartándose del criterio emitido en su propio Auto de Vista anterior (118/2020) indicó que no se señaló que pruebas o que documentos se introdujeron al juicio oral, determinando mantener vigente el riesgo procesal, cuando el acta claramente refería, el ingreso de la prueba por su lectura de forma parcial, indicando las mismas por sus siglas y de las cuales no se planteó exclusión probatoria; y, b.2) En lo concerniente al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, determinó que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “015/2020” y “0185/2019” no tendrían conexitud con el caso, sin considerar que las mismas determinan que el peligro efectivo para la víctima se puede desvirtuar con el REJAP y que este sería un riesgo accesorio que ya se encontraría desvirtuado por acreditar domicilio, trabajo y familia, negándose a omitir pronunciamiento sobre este último punto.
Determinada la problemática, incumbe remitirnos a los antecedentes, teniendo así.
El accionante alega que habiendo solicitado la cesación de su detención preventiva, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro: 1) No consideraron las actas en las que se indica que se habría agotado la producción de prueba documental y testifical tanto por el Ministerio Público como por la víctima y que desvirtuarían los riesgos procesales establecidos en el art. 235.1 y 2 del CPP, negando tal situación bajo la afirmación subjetiva y basada en meras suposiciones que refiere que se encontraría pendiente la realización de la inspección judicial; y, 2) Se expuso el cambio de línea jurisprudencial establecido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “015/2020” y “0185/2019”, respecto al riesgo procesal descrito en el art. 234.10 –ahora numeral 7– del CPP, sin embargo no fue tomado en cuenta, expresando que no tendría conexión con la causa, sin darle valor al certificado del REJAP. Al respecto, el impetrante de tutela solicitó expresamente se deje sin efecto el Auto de Vista 55/2012 –conforme consta del memorial de la presente acción tutelar–; es decir, no solicitó en su petitorio, se emita alguna acción contra el Auto Interlocutorio 25/2021 de 4 de febrero, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva.
Por lo descrito, se establece que este Tribunal no puede ingresar al análisis del Auto Interlocutorio 25/2021, en cumplimiento al principio de congruencia que debe considerarse en toda resolución determinando en consecuencia denegar la tutela respecto a Mónica Jazmín Camacho Toco y Giovanni Franz Zambrana Rojas, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro.
Con carácter previo corresponde establecer que para que esta jurisdicción constitucional pueda revisar la labor valorativa de la autoridad judicial, anteriormente la parte procesal que se consideraba agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial, debía expresar de manera adecuada y precisa en los argumentos jurídicos que sustenten su posición, qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; es decir, se ingresaba a analizar la prueba siempre que previamente se cumplan con ciertos presupuestos; no obstante, por el diseño de la acción de libertad, el principio de informalismo se constituye en uno de sus principios rectores, pues por la naturaleza e importancia de los derechos que tutela no es posible exigir requisitos formales para su presentación; así, la SCP 0170/2012 de 14 de mayo, sostuvo que:
…tampoco podrá requerirse la observancia al accionante de libertad, de entendimientos jurisprudenciales referidos a las exigencias de carga argumentativa a ser cumplidas en la demanda u otros requisitos que impliquen una carga procesal para activar este mecanismo procesal al no encontrarse la acción de libertad sujeta a requisitos de admisibilidad… Bajo ese comprendido, en el presente caso, con la finalidad de analizar si el Vocal ahora demandado dio o no cumplimiento a lo establecido en el art. 173 del CPP es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional, sin necesidad de que se cumpla con carga argumentativa o algún supuesto o presupuesto; en ese sentido: i) Respecto al peligro procesal contenido en el art.
235.1 del CPP de forma subjetiva y apartándose del criterio emitido en su propio Auto de Vista anterior (118/2020) indicó que no se señaló que pruebas o que documentos se introdujeron al juicio oral, determinando mantener vigente el riesgo procesal, cuando el acta claramente refería, el ingreso de la prueba por su lectura de forma parcial, indicando las mismas por sus siglas y de las cuales no se planteó exclusión probatoria.
El Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, desarrolló al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, estableciendo la estricta correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto, además de la concordancia que debe existir entre la parte considerativa y dispositiva de una resolución, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Al respecto, en el presente caso, el accionante indica que existiría incongruencia entre lo determinado por el Auto de Vista 118/2020 con el Auto de Vista 55/2021 (ahora cuestionado); sin embargo, debe considerarse que el análisis de la congruencia de una resolución de medidas cautelares, no alcanzará a analizar una resolución previa de la misma naturaleza, en principio, porque la misma no puede actuar como ley o norma jurídica, estableciendo como debe resolverse una resolución posterior; además, por el carácter temporal y variable que hacen a las medidas cautelares, cuyo entendimiento fue desarrollado por la SCP 0011/2013 de 3 de enero, que al respecto señaló:
A efectos de comprender la aplicación de las medidas cautelares, resulta importante precisar sus características, que Silvia Barona Vilar, define de la siguiente manera: (…) c) Temporalidad; la provisionalidad como la nota esencial de las medidas cautelares está directamente relacionada con su carácter temporal. Poseen una duración limitada, dado que, por su propia naturaleza, se extinguen al desaparecer las causas que las motivaron, y desde su nacimiento está prevista la extinción de las mismas; d) Variabilidad; puede ser modificada, e incluso alzada, cuando se altera la situación de hecho -los fundamentos o presupuestos- que dio lugar a su adopción… Estableciendo en consecuencia que, el Auto de Vista 118/2020 no podía constituirse en fuente o base para resolver el Auto de Vista 55/2021, considerando que la forma de resolución debe basarse en lo determinado en la norma jurídica considerando que las resoluciones que determinan las medidas cautelares, por su carácter de instrumentalidad, son temporales y variables, por lo que, su análisis no será semejante. Estableciendo además, que en caso de que el imputado no se encuentre de acuerdo con la resolución de segunda instancia e identifique la vulneración de derechos fundamentales, podía recurrir el fallo, como lo hizo en la actualidad, determinando en consecuencia, que el Auto de Vista 118/2020, no puede ser revisado y mucho menos en congruencia con el Auto de Vista 55/2021 conforme lo desarrollado; por lo que, respecto al principio de congruencia de la resolución, corresponde denegar la tutela solicitada. Ahora bien, con relación a que no se señaló que pruebas o que documentos se introdujeron al juicio oral, determinando mantener vigente el riesgo procesal, cuando el acta claramente refería el ingreso de la prueba por su lectura de forma parcial, indicando las mismas por sus siglas y de las cuales no se planteó exclusión probatoria. Al respecto, corresponde realizar las siguientes apreciaciones: El Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, determinó que los tribunales de apelación, al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, no deben entender el art. 398 del CPP, en su literalidad, sino que debe ser interpretado de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada norma adjetiva penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido cuerpo legal, no siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado. Teniendo que en el presente caso el tribunal de Alzada, refirió:
“…respecto también a la falta de valoración de la prueba en referencia a las actas, de audiencia que habría demostrado a criterio del recurrente, que en el presente caso se habrían cumplido con las condiciones dispuestas de la incorporación de prueba que enerve los riesgo procesales de obstaculización, concretamente de las actas de audiencia de fs. 105 a 108 primero, se tiene que estas se tratarían, de actas de audiencias en la cual resalta la recepción de pruebas literales de cargo por parte del Ministerio Público, sin embargo, de la lectura de estas actas, principalmente de aquella que tiene como título recepción de pruebas literales de cargo del Ministerio Público, no se tiene una descripción de qué tipo de pruebas literales se estarían introduciendo dentro de juicio, es más, no se refiere ni por parte del tribunal, ni por parte de la defensa de la víctima, o el señor fiscal, o la parte acusada, cual sería estos elementos de prueba que estarían introduciéndose, de ahí que esta imprecisión o incertidumbre tampoco da mayores luces al tribunal de alzada, para que pueda valorar si realmente como lo ha sostenido el recurrente, aquellas pruebas que demuestren la obstaculización han sido incorporadas en juicio, esto en función a que también la obstaculización en el presente caso, va en función a que el mismo hubiera podido modificar, ocultar o suprimir algunos elementos de prueba, en el presente caso el apelante no nos ha referido a que elementos de prueba concretamente se refiere, o que medios de prueba específicamente ya no estaría en la posibilidad de modificar.” (sic). Al respecto se establece que el Tribunal de alzada, evidentemente se pronunció en relación a las actas referidas por el ahora impetrante de tutela, y estableció que las mismas no especificarían cuales son los elementos de prueba que se estarían introduciendo, es decir, le otorgó un valor a adecuado a esta prueba; sin embargo, en el mismo Auto de Vista se señaló:
“…también resalta de esta fundamentación, la consideración de que el Tribunal de Sentencia todavía se encontraría en fase de producción de prueba, estando pendiente incluso un actuado de inspección judicial, ofrecido por la autoridad fiscal, en cuya consecuencia en un estado de libertad el acusado podría destruir o modificar pruebas, por lo que considera que no se acreditado ese hecho…” (sic). Situación que permite observar, una evidente suposición basada en que por faltar un actuado, concurriría este riesgo procesal, situación determinativa que va en contra de lo referido por el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, que estableció que las decisiones deben basarse en las circunstancias previstas por ley, no siendo suficiente la mera referencia o presunción de que las mismas podrían concurrir, es decir, se encuentra prohibido fundar los riesgos procesales, en meras suposiciones (podría o no podría) y también yendo en contra de lo regulado por el art. 235 del CPP que señala:
El peligro de obstaculización no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad. Estableciendo así, que si bien la autoridad demandada realizó la valoración de las actas otorgándoles un valor respectivo; la determinación final, asumida respecto a la vigencia de este riesgo procesal, se basa en meras suposiciones; puesto que, define mantener este riesgo procesal, considerando que faltaría la producción de la inspección judicial, donde el imputado “podría” interferir; afirmación ilegal que permite establecer que este riesgo procesal descrito en el art. 235.1 del CPP se encuentra incorrectamente fundado, correspondiendo conceder la tutela correspondiente. ii) En lo concerniente al riesgo procesal previsto en el art.
234.7 del CPP, determinó que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “015/2020” y “0185/2019” no tendrían conexitud con el caso, sin considerar que las mismas determinan que el peligro efectivo para la víctima se puede desvirtuar con el REJAP y que este sería un riesgo accesorio que ya se encontraría desvirtuado por acreditar domicilio, trabajo y familia, negándose a omitir pronunciamiento sobre este último punto.
Sobre el punto, el Tribunal de apelación refirió lo siguiente:
“Respecto a la valoración de las sentencias constitucionales que ha sido presentadas, la cuales a decir del abogado recurrente no fueron presentadas como medio de prueba, si no para que estas normas sean cumplidas, en relación a esta circunstancia y conforme se tiene de la norma de la doctrina y la jurisprudencia, las resoluciones judiciales incluidas las constitucionales son precisamente vinculadas a los hechos concretos que resuelve, de ahí que incluso el art. 397 del Código Procesal Civil, aplicable por analogía en la materia, establece que una sentencia o una resolución judicial solamente vincula a las partes que son intervinientes en el proceso, sin embargo de esto, en referencia a las sentencias constituciones esta por su naturaleza y su jerarquía, involucran también a otras sus razonamientos, a otro tipo de situaciones genéricas, sin embargo este tipo de situaciones no está librado alzar, a la intención o al deseo de las partes o del tribunal respecto a esta aplicación, sino, básicamente esta librado, a un elemento que el propio tribunal constitucional ha desarrollado como la teoría de la aplicación del estando jurisprudencial más alto, que básicamente exige que para que los efectos de la aplicación de una doctrina legal aplicable de una sentencia constitucional pueda vincularse a otro caso, tienen que concurrir similitud de circunstancias y estas tienen que también ser precisamente demostradas y explicadas por el recurrente, así lo encontramos en la doctrina legal de la Sentencia Constitucional Plurinacional No. 2233/2013 de 16 de diciembre de 2013, que nos refiere que no es suficiente la identificación del precedente constitucional, sino, se debe analizar también esa jurisprudencia a la luz de los hechos, a cuya aplicación se pretende, de ahí que también nos establece incluso unas sub reglas para la aplicación de las sentencias constitucionales en casos concretos.
En el presente caso por parte de la parte recurrente no se ha explicado precisamente cuales serían esas condiciones para poder aplicar, no estas sentencias, sino, los razonamientos que hizo el Tribunal Constitucional en estos casos; respecto a que los mismos han sido presentados para su cumplimiento, estas sentencias constitucionales y no en calidad de prueba, dicha circunstancia no se tiene que sea la correcta ni valedera, en virtud a que las sentencias constitucionales que han sido presentadas, visibles de fs. 115 a 128, no se refieren al caso concreto menos a la persona que en este proceso está siendo juzgada, de ahí que no se puede pedir el cumplimiento de una Sentencia Constitucional Plurinacional respecto a este caso en concreto, porque no han resuelto la misma, además que no son emergentes del proceso penal que se viene juzgando al presente, de ahí que tampoco se encuentra en este aspecto razón en el apelante, siendo estos los razonamientos y habiendo contestado aquellos aspectos que han fundado la apelación del recurrente, corresponde resolver lo siguiente.” (sic).
Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1 de la presente resolución, determinó que: la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación. Es así que, en el presente caso, se debe establecer que la cuestionante a tratarse, es la concurrencia o no del riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, que refiere la existencia de peligro efectivo para la víctima y para la sociedad, y que para tal situación el ahora accionante presentó una certificación de antecedentes penales (REJAP) con la cual solicitó se desvirtúe este riesgo en aplicabilidad de las sentencias constitucionales plurinacionales traídas a colación como parte de su fundamento; en consecuencia, se observa que el Tribunal de apelación – conforme se citó– basó su determinación en señalar la no correspondencia de las sentencias constitucionales plurinacionales con el caso concreto, señalando que no se explicó cuáles serían las condiciones de su aplicabilidad, además que, no formarían parte del proceso; análisis realizado por el Tribunal de alzada que se enfoca simple y llanamente en indicar por qué no se analizará esta jurisprudencia; cuando conforme a lo desarrollado, es deber de todas las autoridades judiciales, el emitir resoluciones debidamente fundadas y motivadas en análisis íntegro de los elementos de prueba aportada al proceso; por lo que, el Tribunal de alzada si bien definió declarar la concurrencia de este riesgo procesal, debió explicar las razones por las que el mismo se mantendría vigente observando que omitió por completo, emitir pronunciamiento alguno respecto al certificado de antecedentes penales, elemento que deberá ser valorado en integridad con las otras pruebas que conforman el proceso, para finalmente justificar la concurrencia del riesgo procesal y su necesidad de protección a través de la medida cautelar de detención preventiva, basado en cuestiones objetivas y no meras presunciones.
De igual manera, entendiendo el tipo penal sobre el que se desarrolla el proceso, la resolución debe considerar el enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres conforme lo determinado por el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, que estableció que el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, suponiendo ello, la existencia de elementos comprobables sobre la situación de las víctimas; en tal sentido, en supuestos de violencia contra las mujeres, corresponderá a los fiscales y autoridades judiciales desde una perspectiva de género, considerar la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante. Es así que conforme lo referido corresponde determinar la inexistencia de una adecuada fundamentación y motivación respecto a este riesgo procesal descrito en el art. 234.7 del CPP, estableciendo que el Auto de Vista ahora cuestionado, basó su determinación en resolver la inaplicabilidad de las sentencias constitucionales plurinacional traídas a colación y no así analizando el fondo de los requerimientos para la procedencia y continuidad del señalado riesgo procesal correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela solicitada, respecto a la presente problemática. En base a todo lo desarrollado, se establece en principio la evidente falta de fundamentación, motivación y valoración probatoria en el Auto de Vista 55/2021, estableciendo que en primera instancia, para determinar la concurrencia del riesgo procesal contenido en el art. 235.1 del CPP, el Vocal ahora demandado, basó su determinación en meras suposiciones, yendo contra lo determinado por ley y sin realizar la función lógica-jurídica, a través de la cual desarrolle los motivos y razones que justifican en este caso la concurrencia del riesgo procesal y la detención preventiva. De igual forma, respecto al peligro procesal previsto en el art. 234.7 de la ley adjetiva penal, omitió emitir un pronunciamiento sobre el fondo del análisis del riesgo procesal, centrando su análisis en la concurrencia o no de la jurisprudencia traída a colación, omitiendo incluso, valorar la prueba aportada y relacionarla en un análisis integral con otros elementos del proceso. Respecto al elemento congruencia, se determinó la imposibilidad de analizar tal aspecto entre dos Autos de Vista, considerando el carácter temporal y variable de las resoluciones que resuelven la aplicación de medidas cautelares correspondiendo denegar la tutela, solo respecto a este elemento.
Finalmente, por todo lo descrito, corresponderá que, el Vocal ahora demandado emita un nuevo fallo, debidamente fundado y motivado, aplicando el enfoque de género e interseccional en consideración plena de la situación de vulnerabilidad de la víctima, entendiendo que este actuar, permite reivindicar los derechos de las víctimas y evitar su revictimización. Entendiendo así, que las resoluciones y sentencias con perspectiva de género forman parte de una estrategia que combate la impunidad, la discriminación y la desigualdad, y envían un mensaje claro a la sociedad de que las violaciones a los derechos humanos se previenen, reconocen y reparan. De esta manera, el quehacer jurisdiccional asume un papel activo en las transformaciones necesarias para la consecución de una sociedad en donde todas las personas estén en condiciones de diseñar y ejecutar un proyecto de vida digna. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó en forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 1/2021 de 27 de febrero, cursante de fs. 31 a 39 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a Juan Carlomagno Arroyo Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por la lesión de los derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación en el análisis de los riesgos procesales descritos en el art. 234.7, 235.1 del CPP, disponiendo en consecuencia la nulidad del Auto de Vista 55/2021 de 17 de febrero debiendo emitirse uno nuevo basado en los Fundamentos Jurídicos vertidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela, respecto a Mónica Jazmín Camacho Toco y Giovanni Franz Zambrana Rojas, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, conforme lo desarrollado en análisis de la primera problemática desglosada en el Fundamento Jurídico III.5.1 del presente fallo constitucional; de igual manera, respecto al análisis de congruencia del Auto de Vista 55/2021 de 17 de febrero, conforme lo desarrollado en análisis de la primera parte de la segunda problemática, Fundamento Jurídico III.5.2. de esta resolución constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
b
1 “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (el resaltado nos corresponde).
2 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”
3 El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener: 1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa; 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento; 6. El plazo de duración de la medida”.
4 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al
9 Art. 233 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres.
16 Convención Belém Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.
17 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989. 18Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011).
20 Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, en el Fundamento Jurídico III.5.3, señaló que: “En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada.
El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente. En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido...”
21 En su FJ III.3 refirió: “A efectos de comprender la aplicación de las medidas cautelares, resulta importante precisar sus características, que Silvia Barona Vilar, define de la siguiente manera: “a) Instrumentalidad; las medidas cautelares se convierten en los instrumentos técnico-jurídicos que tienen una función procesal de evitar que realicen todas aquellas actuaciones que impidan o dificulten la actividad de la sentencia que en su día se dicte, frustrando la eficacia del proceso penal mismo. Es por ello que se justifican sólo con relación a otro proceso, llamado principal, del que tiene a garantizar su resultado. De ahí que se ha afirmado que la medida cautelar no es un fin en sí mismo, sino medio un instrumental a través del cual se está garantizando los resultados del proceso penal, entendiendo por ellos tanto la efectividad del proceso en sí, como la de la propia sentencia, que conecta necesariamente con el aseguramiento de la ejecución penal; b) Provisionalidad; por la limitación temporal de la vigencia de la tutela cautelar. Y es por ello que se afirma que la medida cautelar no tiene vocación de convertirse en definitiva, ya que, de lo contrario, se desnaturalizaría la esencia misma de la naturaleza cautelar de estas medidas; c) Temporalidad; la provisionalidad como la nota esencial de las medidas cautelares está directamente relacionada con su carácter temporal. Poseen una duración limitada, dado que, por su propia naturaleza, se extinguen al desaparecer las causas que las motivaron, y desde su nacimiento está prevista la extinción de las mismas; d) Variabilidad; puede ser modificada, e incluso alzada, cuando se altera la situación de hecho -los fundamentos o presupuestos- que dio lugar a su adopción; e)
Proporcionalidad; las medidas cautelares deben ser proporcionalmente adecuadas a los fines pretendidos. Ello exige, en consecuencia, una delimitación legal de cuales deban ser estos fines cautelares. Ciertamente la concreción de la proporcionalidad, haya sido o no previamente referida por quienes solicitaron una tutela cautelar personal específica, se realiza por el órgano jurisdiccional, a quien corresponde realizar el juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y las circunstancias concurrentes, potenciándose, en todo caso, una menor gravosidad para el imputado que debe soportarla”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0236_2023-S1.pdf · páginas 1 a 41.
Huella digital del PDF (SHA-256): f5cb2e5a3d290083ea83733f02b598144c891d7fe4d912bf59cb86f5ec844dcd
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