Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 6 de junio de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a la defensa y a la presunción de inocencia, en razón a que: 1) La Jueza coaccionada, mediante Auto Interlocutorio de 19 de mayo de 2022, prescindiendo de la prueba presentada y limitándose a reproducir los hechos expuestos por la Fiscal de Materia, dispuso su detención preventiva estableciendo la concurrencia de los arts. 233.1, 234.6 y 7; y, 235.2, todos del CPP; y, 2) Ante esa determinación, formuló recurso de apelación incidental, el cual, fue resuelto por el Vocal accionado, mediante Auto de Vista de 2 de junio de dicho año, por el que declaró procedente en parte el referido recurso; y, en consecuencia, sustrajo del fallo cuestionado el riesgo procesal establecido por el art. 234.6 del citado Código, pero mantuvo la concurrencia de la probabilidad de autoría, y otros dos riesgos procesales, sin fundamentar su resolución, basado solo en la versión de hechos presentados por las víctimas, confirmando en todos los demás el fallo apelado, incurriendo en omisión valorativa, pese a los cuestionamientos que presentó. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 5/2022 de 21 de junio, cursante de fs. 248 vta. a 255, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela, conforme a las razones fácticas y fundamentos jurídicos y jurisprudenciales expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0235/2024-S2 Sucre, 6 de junio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 48483-2022-97-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 5/2022 de 21 de junio, cursante de fs. 248 vta. a 255, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Álvaro Máximo Murillo Quiroz contra Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Elena Veizaga Mollinedo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del mismo departamento.
Por memorial presentado el 20 de junio de 2022, cursante de fs. 196 a 204 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:
Fue denunciado por supuesto acoso sexual a “cinco mujeres médicos” y residentes de la “…Caja Nacional Hospital Obrero No 2…” (sic); denuncia formulada por solo una de ellas el 8 de diciembre de 2021, ante la Fiscal de Materia asignada al caso. Posteriormente, y transcurridos varios meses de la etapa preliminar, en -19- abril de 2022, la Fiscal de Materia emitió Resolución de imputación formal, por segunda vez, ya que existió una primera de 3 de enero del mismo año, que fue anulada por la hoy coaccionada a raíz de un incidente por defectos absolutos que promovió y por lesionar su derecho a la defensa en cuanto a los plazos establecidos por el art. 94 de la Ley “438” (siendo lo correcto Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-). Emitida esa nueva imputación formal -de 19 de abril de 2022-, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 19 de mayo de 2022, la autoridad judicial coaccionada mediante Auto Interlocutorio de la misma fecha determinó su detención preventiva, por el plazo de cuatro meses en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, ante lo cual, formuló recurso de apelación incidental, que fue resuelto por el Vocal ahora accionado -a través del Auto de Vista de 2 de junio-, quien dispuso la procedencia en parte del recurso antes mencionado, sustrayendo el riesgo procesal del art. 234.6 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y confirmando en todas sus partes el Auto -Interlocutorio- de la señalada fecha que dispuso su detención preventiva. Señala que, dicha determinación asumida en alzada, se fundó en la probabilidad de autoría, conforme al art. 233.1 del CPP y dos riesgos procesales establecidos por los arts. “234.6” y 235.2 del mismo Código; empero, no se encuentra debidamente fundamentada y se basa en la versión de hechos presentados por las víctimas, reiterada en entrevistas preliminares y la valoración psicológica que constituye una reproducción de sus afirmaciones, más que una constatación de los hechos. Por otra parte, alega que su defensa incorporó al cuaderno de investigación pruebas consistentes en declaraciones de los residentes, del personal de apoyo y de profesionales enfermeras, todos del Hospital Obrero 2 del área de Pediatría, que desvirtúan las versiones de las cinco residentes víctimas en el proceso penal de origen, y que evidencian que existe una confabulación en su contra con la finalidad de alejarlo de su cargo y para que la denunciante y otras, no se hagan merecedoras de las notas -se entiende académicas- que por su negligencia les corresponden. Asimismo, mediante memorial de 9 de marzo de 2022, dirigido a la Fiscal de Materia asignada al caso, presentó prueba consistente en una grabación y la transcripción de la misma; sin embargo, los referidos medios probatorios proporcionados durante la investigación preliminar, no fueron mencionados y mucho menos valorados en la Resolución de imputación formal, violentando de esta forma el principio de objetividad inherente al Ministerio Público. Refiere que, como consecuencia de la denuncia interpuesta en su contra, se instigó a varios médicos residentes del “Hospital Obrero 2”, a que se sumen a la misma, logrando incluso que lo suspendan como Docente de Residentes Responsables de ese nosocomio, el cambio del lugar de trabajo, desde el citado Hospital hasta el “PAISE”, el inicio de dos procesos sumarios internos en la “C.N.S.”, con la obvia finalidad de destituirlo del cargo así como su detención preventiva; y, pese a que informó al Ministerio Público esas circunstancias, a efectos de su consideración en su rol de investigación, por el contrario, esa instancia le instó a que active otras vías en resguardo de sus derechos.
En ese orden, la principal prueba presentada por la parte entonces denunciante, demuestra que el testigo Juan Carlos Quiroz, Jefe de Residencia fue reiterada y fue sistemáticamente presionado y amenazado a firmar un documento en su contra y avalar la denuncia de acoso sexual, lo cual, a su vez revela la “…COLUSIÓN e INSTRUMENTALIZACIÓN de la presente denuncia para pretender con ansias el cargo que hube obtenido mediante concurso de méritos…” (sic); extremo que no fue valorado por las autoridades judiciales accionadas. Así, el acta de la audiencia cautelar de 19 de mayo -se entiende de 2022-, evidencia que la Jueza coaccionada prescindió completamente de las pruebas mencionadas, limitándose a reproducir los hechos expuestos por la Fiscal de Materia, y hacer mención a su condición profesional, pero no se pronunció respecto a la evidencia del acoso sexual. No obstante a esa infracción omisiva al art. 124 del CPP, demostrada en la audiencia cautelar, la autoridad judicial coaccionada, en completa antítesis a sus atribuciones y funciones, de forma directa lo acusó, incriminó y tuvo por consumados los hechos imputados, sin considerar la presunción de inocencia hasta que no se cuente con sentencia ejecutoriada. Sostiene que, pese a que reiteró ante el Tribunal de alzada la inexistencia de la probabilidad de autoría, dicha instancia de apelación reprodujo en el acta de la audiencia -se entiende de 2 de junio de 2022- la misma omisión valorativa que el Auto Interlocutorio de 19 de mayo de 2022, y decidió confirmarlo pese a las observaciones y los cuestionamientos que expuso en el recurso planteado.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a la defensa y a la presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 6, 23, 115.II, 116 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se restituya su derecho a la libertad, de forma inmediata y con la formalidades de ley.
Celebrada la audiencia pública virtual el 21 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 245 a 248 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de sus abogados, ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliando el mismo, con el uso del derecho a la réplica, señaló que: a) Respecto al Informe de la Jueza coaccionada, se tiene que la misma habló de una falta de lealtad, pero ello no es evidente; también dijo que, no realizó actos investigativos, sin embargo, de la revisión del acta de audiencia de medidas cautelares realizada el 19 de “junio” -lo correcto es mayo- de 2022, se aprecia que dicha Jueza se apartó de todo aquello que manifestó “ahora” en sentido que no habla de probabilidad, sino que lo acusa de la comisión de los delitos; b) El proceso del cual deviene esta acción de defensa se inició el 8 de diciembre de 2021 y, “hasta la fecha” transcurrieron más de cinco meses, en ese transcurso de tiempo se dictaron dos “resoluciones”, precisamente porque la “primera” vulneró el derecho y la “…autoridad ahora accionada anulo el procedimiento…” (sic), es decir, declaró el 29 de diciembre de 2021 y el 3 de enero -de 2022- ya se tenía Resolución de imputación formal; no obstante de ese tiempo, como manifestó la Fiscal de Materia, la acusación particular presentó actos investigativos, los cuales se basaron fundamentalmente en cuatro residentes, el resto no apoyaron las denuncias solo las cuatro víctimas que, da la casualidad, estaban reprobadas -se entiende en la asignatura que imparte-; c) No se consideraron las “notas” del personal de apoyo del “Hospital” ni los testimonios de las enfermeras de la residencia médica, que avalan la conducta personal de su comportamiento, y lo que no quieren referir las autoridades judiciales accionadas, es que no se mencionó que se haya presenciado un acto de acoso sexual; d) Así, reiteró que aquellos testimonios no fueron valorados y esa es la esencia de la presente acción tutelar porque tal extremo se presentó y se puso a conocimiento de la representante del Ministerio Público, así como de las autoridades judiciales accionadas; e) Por otra parte, las supuestas víctimas incorporaron en la investigación un “…informe de fecha 21 de febrero…” (sic) -se entiende de 2022-dirigido a la Fiscal de Materia asignada al caso, realizado por “…la Sgto. Maria Paco…” (sic), que fue presentado en esa misma fecha; haciendo constar que, el mismo es una transcripción que se hace de un audio grabado por el enamorado de una de las víctimas, de la “Sra. Kimberly”, él está conversando con la “Sra. Blanco”, con el Jefe de Residentes y el representante de la Caja Nacional de Salud (CNS) “…este mencionado profesional en el informe transcrito que ha referido, entonces se encuentra que esta persona en co - comitancia con una autoridad de la caja nacional le piden al jefe de residentes que firme y que él se va a comprometer a arreglar esto y parar el proceso penal y que al doctor Murillo lo cambien de la residencia, si ha habido este acoso sexual porque necesitan que el jefe de residencia coaccionado y obligado a firmar una nota en contra del Dr. Murillo y no lo ha hecho ni lo ha firmado incluso en la transcripción dicen que lo van a amenazar y que pueden pasar cosas, revisen este informe que se ha acompañado en audiencia porque de manera muy susceptible para la defensa en las fotocopias que se han acompañado no está, en las fotocopias que se han acompañado y que ha sacado del juzgado cautelar, no obstante al margen de las fotocopias que están foliadas, la defensa para esta audiencia a acompañado fotocopia de ese informe que ha sido introducido al cuaderno de investigaciones a través de la investigación de la funcionaria policial, lo sabe la fiscal de materia y se ha pedido que en base a eso se emita una resolución de rechazo y la fiscal dijo que lo va a hacer de acuerdo al art. 323 en su momento, en este sentido se tiene una connotación y demuestra la instrumentalización de la Ley N° 348 porque ese audio corresponde al día 14 de diciembre del 2021 y el enamorado de la señora Kimberly le sugirió al Dr. Juan Carlos Quiroz que presente su renuncia y que lo manden o pidan su cambio y que le aceptarían que se vaya al SEDE, que podría irse a la calle Potosí o a la calle Punata, así dice la transcripción y también se ha acompañado ante la juez cautelar el memorándum de 14 de febrero de 2022 donde el Dr. Murillo es cambiado a la calle Potosí, que se note como se ha instrumentalizado esta denuncia para conseguir un fin, cambiar el cargo y esos fundamentos de convicción que son suficientes demuestran la instrumentalización…” (sic); f) Revisando las “dos actas” no se encuentra mención alguna del “…informe de 21 de febrero…” (sic) y contrariamente a sus “informes”, se señaló que todo estuvo bien razonado en función a la prueba integral que existe ya que todos esos elementos de convicción estuvieron en el cuaderno de investigación así como en la resolución de imputación, la misma Fiscal de Materia mencionó ese “informe”; no obstante, en la audiencia de medidas cautelares, pese a que de manera oral se hizo referencia al mismo y se pidió su valoración, no se procedió de esa manera; entonces, al soslayar el derecho a la defensa materializado en los fundamentos de convicción que su defensa presentó para demostrar que no existe la probabilidad de autoría, porque las autoridades judiciales accionadas, no la mencionaron, la valoraron ni se pronunciaron sobre ella, consecuentemente, es el motivo por el cual se acudió a este mecanismo de defensa, que entre sus características de procedencia, conforme lo estipula el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al indicar que, cuando se encuentra indebidamente privada la libertad personal, porque -en su caso- el presupuesto probabilidad de autoría establecido en el art. 233.1 del CPP no se presenta, si se revisa la Resolución de imputación formal -de 19 de abril de 2022-, la misma gira en función de las declaraciones de las cuatro víctimas, pero, siendo más preciso se puede observar que es una sola declaración, la de la “Dra. Kimberly Rigaton”, y las otras se adhieren sin expresar lugar, tiempo o modo, y a través de esas denuncias y declaraciones derivaron otros medios de prueba que son los informes preliminar psicológico y el pericial psicológico que versan sobre sus mismas declaraciones, y de estos se determinó la probabilidad de autoría, así como también los riesgos procesales y, con eso, que es simplemente la declaración de las cuatro residentes víctimas que no se encuentran apoyadas por ninguna otra declaración ni denuncia de algún otro residente, enfermera o personal de apoyo, se estableció la probabilidad de autoría, ese es el nexo causal lógico constitucional que habilita esa vía no como una casacional, como distorsionadamente lo mencionó el Vocal accionado, porque la pretensión no es que se revise, lo que busca es que se valoren los medios de prueba y los fundamentos que se presentaron por parte de la defensa para desvirtuar la probabilidad de autoría; g) Tales extremos fueron puestos a conocimiento de las autoridades ahora accionadas, pero ninguno de ellos fundamentó lo que se refirió en resguardo de sus derechos y garantías constitucionales, siendo uno de ellos el debido proceso y la presunción de inocencia, porque la Jueza coaccionada -a su criterio- ya lo juzgó, vulnerando también la presunción de inocencia porque la carga de la prueba le corresponde a los acusadores y no puede ser que se tome la declaración de cuatro residentes médicos como si fueran declaraciones de niñas menores de edad, que no saben mentir y que tienen una inocencia completa, lo cual no es real; y, h) Se debe considerar lo señalado en la SCP 0607/2019-S4 de 7 de agosto, que hace mención a las limitaciones razonables del derecho a la libertad, lo que implica realizar un test de ponderación de bienes jurídicos y establecer que es concurrente la determinación y proporcionalidad, porque los fines del art. “221” -no indica cuerpo normativo- pueden ser protegidos con otras medidas que no sean específicamente la detención preventiva.
Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito, cursante de fs. 241 a 244 vta., expresó lo siguiente: 1) Conforme a la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene que un Tribunal o Juez de garantías está impedido de revisar o sustituir a la jurisdicción común; por cuanto, la interpretación de la legalidad ordinaria es realizada con plenitud de jurisdicción y competencia por los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, en razón a que la acción de libertad no se constituye en una instancia procesal más de revisión de resoluciones; 2) De acuerdo a la lectura del contenido del presente mecanismo de defensa, se colige que el ahora peticionante de tutela omitió exponer el nexo de causalidad entre los derechos denunciados y las presuntas conductas vulneradoras de ellos; puesto que, si bien denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, presunción de inocencia, debido proceso y a la debida fundamentación y valoración de la prueba; empero, omitió explicar a partir de qué acciones y/o fundamentos su persona habría violentado tales derechos, pues si bien refirió que el en Auto de Vista de 2 de junio de 2022 ahora cuestionado, no existe una debida fundamentación, ni explicó de manera precisa y concreta cuál fue el fundamento expresado de manera incorrecta y cómo debió su autoridad haber motivado y/o fundamentado respecto a los puntos reclamados, tampoco indicó porqué esa valoración y fundamentación no es correcta o resulta irracional; es decir, la razón por la cual esa valoración se aparta de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir, pues como se tiene precisado, la jurisprudencia constitucional exige que para impugnar la valoración de la prueba en sede constitucional, la parte accionante debe fundamentar y demostrar que en efecto existió irracionalidad u omisión, circunstancia que en el caso presente no acontece; por cuanto, de la revisión del indicado Auto de Vista, se puede advertir que el mismo de ninguna manera incurrió en una valoración irrazonable de las pruebas, ya que en apelación no se realiza valoración de pruebas, sino que la competencia de un Tribunal de apelación es de revisión, en razón a que su labor se limita a verificar si la autoridad judicial de primera instancia cumplió o no con las reglas establecidas en el art. 173 del CPP, para cuyo efecto, lógicamente debe denunciarse como agravio esa situación; 3) No obstante lo anterior, y en el entendido de que la acción de defensa fue admitida, se debe considerar que no es evidente lo aseverado por el hoy impetrante de tutela, en sentido que su autoridad no efectuó una debida fundamentación y realizó una incorrecta valoración de la prueba presentada, de manera específica los informes y declaraciones prestadas por otros residentes médicos, a efectos de desvirtuar el presupuesto procesal descrito en el art. 233.1 del CPP, ya que, del citado Auto de Vita que dictó, se puede colegir que, respecto al referido presupuesto, determinó lo siguiente: “‘…que la Juez A quo ha efectuado la valoración correspondiente de las actas de declaraciones a las que hace referencia la defensa, así como también las demás pruebas llegando establecer que estos elementos de convicción, conllevan a establecer la buena conducta del imputado y su nivel de profesionalismo, sin embargo, estas circunstancias de manera alguna no enervan las declaraciones prestadas por las víctimas y los hechos ilícitos que eventualmente aseveran haber sido objeto por parte del imputado...’” (sic), pues las pruebas a las que hizo mención el impetrante de tutela, no se constituyen en elementos suficientes para determinar que no es autor o partícipe del hecho ilícito que se investiga, puesto que, las referidas pruebas demuestran la conducta y el profesionalismo del antes nombrado; por lo que, mal podría indicarse que esos elementos probatorios no fueron valorados por el Tribunal de alzada; 4) Se debe considerar lo establecido por la SCP 0099/2019-S2 de 5 de abril, la cual refirió que, tanto las resoluciones de primera instancia, así como las de apelación, deben tener una adecuada fundamentación y motivación, que cuenten con las razones por las que las autoridades judiciales consideran que se presentan los requisitos previstos por el art. 233 del CPP, para la procedencia de la detención preventiva; 5) Asimismo, debe tenerse presente que se consideró lo referido en la “SC” -lo correcto es SCP- 0394/2018-S2 de 3 de agosto; y, también es necesario indicar que el Tribunal de alzada dio por no concurrente el riesgo procesal establecido en el art. 234.6 del CPP, bajo los argumentos establecidos en el Auto de Vista de 2 de junio de 2022, de donde se podrá advertir que el citado fallo de alzada se encuentra debidamente fundamentado; habiendo evidenciado que en el caso aún persistía la concurrencia de los riesgos procesales descritos en los arts. 234.7 y 235.2 del indicado Código, no siendo posible disponer la cesación de la detención preventiva, entendiéndose que, en el caso, todavía existían los requisitos para la señalada medida cautelar personal; 6) De dichos razonamientos, es posible concluir que el Auto de Vista que ahora se impugna, se encuentra debidamente fundamentado y motivado, porque es absolutamente razonable y coherente con los antecedentes, así como con la normativa jurisprudencial existente en torno al tema, más aún, considerando que en el caso se tiene como víctima a mujeres, y por ende, se debe aplicar la perspectiva de género; y, 7) Con base en lo expuesto, al no existir vulneración de derecho alguno, puesto que el Auto de Vista impugnado fue pronunciado en estricta observancia de preceptos legales pertinentes al caso cumpliendo a cabalidad lo dispuesto por los arts. 124 y 173 del CPP, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
Elena Veizaga Mollinedo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe -sin firma, remitido vía WhatsApp-, cursante a fs. 240 y vta., manifestó que: i) El 19 de mayo de 2022, se desarrolló la audiencia de medidas cautelares, en la que el accionante manifestó que su persona no valoró las pruebas que presentó, sin considerar que en etapa preparatoria, no se ingresa a la subsunción del tipo penal y mucho menos a la valoración de la prueba, pues es suficiente contar con indicios para la acreditación del presupuesto material; ii) Por otra parte, de los actos investigativos realizados por la autoridad fiscal y todas las evidencias presentadas en audiencia, que sirvieron para el esclarecimiento del hecho y al amparo del art. “8” -no indica cuerpo normativo-, se dio el uso de la palabra a las víctimas, quienes manifestaron y relataron a viva voz cómo, cuándo, dónde y qué fue lo que el hoy accionante les dijo al momento de acosarlas; iii) Por su parte, también el abogado del antes mencionado hizo uso de sus derechos y expresó todos sus fundamentos para tratar de demostrar la inocencia de su defendido, por lo que, mal podría manifestar que en legítima defensa y presunción de inocencia, no tuvo o se le restringió su “derecho”, pues en el proceso penal de origen aún se encuentra vigente la etapa de los seis meses a efectos de colaborar en los actos investigativos que requiera; iv) El respeto al debido proceso, es lo que de manera imparcial garantiza para cada una de las partes en su integridad, en todo momento veló por la triple dimensionalidad del mismo como garantía, principio y derecho que los involucrados tuvieron para exponer sus argumentos, motivo por el cual, mal se puede decir que no se respetó el mismo; v) Realizando una ponderación de derechos, sin ingresar a la valoración de la prueba, las declaraciones que refiere el impetrante de tutela en cuanto a las enfermeras, personal de limpieza, informes y otros, no son suficientes ante los medios probatorios ofrecidos por la Fiscal de Materia que sustenta la imputación a través de cuarenta y seis elementos de convicción; vi) Asimismo, el peticionante de tutela no tomó en cuenta lo establecido en el art. 278 del CPP, para entender que su autoridad no realiza actos investigativos, pues es la Directora de la investigación quien considera los mismos, por lo que la prenombrada no podría afirmar que existen actos omisivos cometidos por su persona, pues de los tres cuerpos que hacen los expedientes, se tiene en lo más relevante informes psicológicos de las víctimas; vii) La “resolución” -se entiende el Auto Interlocutorio de 19 de mayo de 2022- está debidamente fundamentada y motivada, el hecho de que la Sala Penal de turno revocara la concurrencia del art. 234.6 del CPP, no quiere decir que el impetrante de tutela esté en libertad, pues aún se encuentran latentes los demás riesgos procesales, lo que maliciosamente pretende el prenombrado es confundir a esa instancia constitucional; y, viii) Finalmente, se cumplieron todos los requisitos que establecen la medidas cautelares como ser: la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación efectiva del art. 115.I y II -se entiende de la CPE-, así como también, se cumplió con los requisitos para la detención preventiva; por lo anterior, pidió que se deniegue la tutela solicitada.
Yolanda Patricia Zenteno Heredia, representante del Ministerio Público, en audiencia, refirió que: a) Se debe tomar en cuenta que las “resoluciones” a las que se hizo referencia, según la defensa del accionante vulnerarían sus derechos, pero ello no es evidente, ya que en dichos fallos se realizó la valoración correspondiente a los elementos presentados para acreditar la existencia de un hecho punible y la probable participación del imputado -hoy peticionante de tutela-; y, b) De esa manera, tomando en cuenta el estado procesal en el que se encuentra la causa penal de origen, que es la recolección de elementos, ya con carácter probatorio y no indiciario, es evidente que también se acompañó, se acreditó y se valoraron los elementos objetivos que establecieron la existencia de riesgos procesales que ocasionaron que se aplique la medida de última ratio contra el ahora impetrante de tutela; por lo mencionado, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 5/2022 de 21 de junio, cursante de fs. 248 vta. a 255, concedió -en parte- la tutela impetrada, disponiendo que el Vocal accionado, en el plazo de veinticuatro horas de notificado con esa determinación, convoque a audiencia y emita un nuevo auto de vista, conforme a lo establecido en dicho fallo; y, denegó la tutela en cuanto a la Jueza coaccionada, alegando que es obligación de los Tribunales de alzada, corregir los errores que puedan cometer los jueces de primera instancia, conforme a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0339/2012 de 18 de junio y “0021/2018-S” de 28 de febrero. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Conforme se tiene de la jurisprudencia constitucional, es necesario que la Jueza de la causa, en la audiencia de consideración de aplicación de medida cautelar, escuche el argumento del Ministerio Público y someterlo “al contradictorio”, para determinar si en el caso concreto concurre ese primer requisito; aspecto que, no se puede advertir en el Auto Interlocutorio de 19 de mayo de “2019” -lo correcto es 2022-, emitido por la Jueza coaccionada; sin embargo, pese a que la concurrencia del art. 233.1 del CPP, era un punto de agravio, no se advierte que el Vocal accionado hubiese procedido a revisar el mismo, que fue apelado por la defensa y ampliamente expuesto en la audiencia de dicho recurso; 2) Al contrario, sin fundamentación alguna, el Vocal accionado en el Auto de Vista de 2 de junio de 2022, se limitó a citar los argumentos de la indicada Jueza “‘que la Juez A quo ha efectuado una valoración de las actas de declaraciones argumentadas por la defensa,..’" (sic); argumento que, no tiene fundamentación alguna; 3) Por lo mencionado, se puede constatar que el Auto de Vista impugnado no se encuentra debidamente fundamentado, sin constar argumentos respecto de los agravios expuestos por la parte apelante -hoy accionante- sobre la valoración de la prueba que presentaron, para desvirtuar la probable autoría; por cuanto, lo manifestado por la autoridad judicial de primera instancia coaccionada, quien señaló que “'…en esta etapa procesal la Juez necesita solo indicios para poder acreditar el presupuesto material, no se ingresa a la valoración la prueba, que si un testigo declaro a favor de otro o en contra de otro, se lo resolverá en la etapa de juicio oral, que en esta etapa solo nos remitimos a los hechos ocurridos donde rige la verdad material, el cual es un principio que el Protocolo para Juzgar con Perspectiva otorga lineamentos' que 'en esta etapa procesal el Juez no realiza subsunción del tipo penal, que la calificación del tipo se penal se la hace en juicio, es ahí donde verán si se cumple los elementos constitutivos del tipo penal…'” (sic); fundamentos estos que debieron merecer un pronunciamiento por la autoridad de alzada accionada; y, 4) En cuanto a la ampliación de la acción respecto al art. 234.7 del CPP, la cual fue cuestionada también sobre de la falta de fundamentación para sostener este riesgo en el Auto de Vista cuestionado, se debe señalar que el Vocal accionado, señaló que “‘…no existe una suficiente fundamentación por la Juez aquo, sin embargo en el caso debe darse observancia a la normativa jurisprudencial en específico a la SC 0394/2018S-2 de 3 de agosto, que establece.....’. Que habiéndose solicitado enmienda y complementación respecto de este punto, el Sr. Vocal de la Sala Penal 4ta, sin mayor fundamento manifestó. 'que es evidente que este Tribunal de Alzada ha advertido la insuficiente fundamentación, sin embargo, conforme establece la amplia jurisprudencia constitucional, tratándose de aplicación de medidas cautelares, corresponde a la Juez A quo analizar y compulsar los antecedentes en el proceso de manera fundamentada y establecer si concurre o no dicho riesgo procesal” (sic).
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Kimberly Rigato Kempin, Daniela Mamani Cortéz, Nadia Franco Rojas y Geovana Judy Burgos Zilvetty contra Álvaro Máximo Murillo Quiroz -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de acoso sexual, consta acta de audiencia virtual de aplicación de medidas cautelares de 19 de mayo de 2022, en la que Elena Veizaga Mollinedo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba -hoy coaccionada-, dictó el Auto Interlocutorio de idéntica fecha, por el cual dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela, por el lapso de cuatro meses en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de ese departamento, al establecer la concurrencia de los arts. 233.1 (probabilidad de autoría), 234.6 (existencia de actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada), 234.7 (peligro efectivo para la sociedad, víctima o denunciante) y 235.2 (que influya negativamente en testigo, partícipes o peritos), todos del CPP (fs. 155 a 161).
II.2. Cursa acta de audiencia virtual y resolución de apelación incidental de medida cautelar de 2 de junio de 2022, en la que, Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy accionado- emitió el Auto de Vista de la citada fecha, por el que declaró procedente en parte el recurso planteado por el impetrante de tutela, y en consecuencia, sustrajo del fallo cuestionado el riesgo procesal establecido por el art. 234.6 del CPP; y, confirmó en todas sus partes el Auto Interlocutorio de 19 de mayo de 2022.
Ante esa determinación, la defensa del accionante solicitó enmienda y complementación de ese fallo, con relación a: i) Lo señalado en torno a la concurrencia del art. 234.7 del CPP, precisando si se da por válida la actuación de la Jueza de la causa -coaccionada- o si se está corrigiendo el error; ii) Se aclare con base en qué elemento se identifica la concurrencia del art. 235.2 del citado Código; y, iii) Pese a haberse sustraído de la resolución apelada el riesgo procesal contenido en el art. 234.6 del CPP; se pronuncie sobre la prueba que presentó para desvirtuar el art. 234.6 del indicado Código, referida al informe pericial del sindicado.
Dando respuesta a dichas interrogantes, el referido Vocal precisó que: a) Sobre el art. 234.7 del CPP, en cuanto al peligro de fuga, si bien es cierto que ese Tribunal de alzada advirtió la insuficiente fundamentación, pero, conforme establece la amplia jurisprudencia constitucional, tratándose de aplicación de medidas cautelares, corresponde a la Jueza de la causa -coaccionada-, analizar y compulsar los antecedentes en el proceso de manera fundamentada y establecer si el mismo concurre o no; al margen de ello, en el caso que se analiza se debe tomar en cuenta el entendimiento asumido en la “SC 394”, más aún, cuando existen varias víctimas en situación de vulnerabilidad; b) En cuanto al peligro procesal establecido en el art. 235.2 del CPP, se tomaron en cuenta los antecedentes del proceso, respecto a la aplicación del presupuesto material que la autoridad coaccionada consideró y describió, en específico de la declaración de la víctima; y, c) Con relación a la falta de pronunciamiento del “informe pericial”, la parte accionante, a tiempo de fundamentar “su recurso”, no hizo ninguna mención al respecto, por lo que, ese Tribunal de alzada se limitó a responder los argumentos expuestos; empero, se acompañó un “informe pericial”, del cual se tiene que el imputado -hoy peticionante de tutela- no constituiría peligro para la víctima (fs. 189 a 195).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a la defensa y a la presunción de inocencia, en razón a que: 1) La Jueza coaccionada, mediante Auto Interlocutorio de 19 de mayo de 2022, prescindiendo de la prueba presentada y limitándose a reproducir los hechos expuestos por la Fiscal de Materia, dispuso su detención preventiva estableciendo la concurrencia de los arts. 233.1, 234.6 y 7; y, 235.2, todos del CPP; y, 2) Ante esa determinación, formuló recurso de apelación incidental, el cual, fue resuelto por el Vocal accionado, mediante Auto de Vista de 2 de junio de dicho año, por el que declaró procedente en parte el referido recurso; y, en consecuencia, sustrajo del fallo cuestionado el riesgo procesal establecido por el art. 234.6 del citado Código, pero mantuvo la concurrencia de la probabilidad de autoría, y otros dos riesgos procesales, sin fundamentar su resolución, basado solo en la versión de hechos presentados por las víctimas, confirmando en todos los demás el fallo apelado, incurriendo en omisión valorativa, pese a los cuestionamientos que presentó. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, dentro de un marco general, la SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, sostuvo que: «...la SCP 0450/2012 de 29 de junio, luego de puntualizar la línea jurisprudencial establecida al respecto finalmente concluyó que: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)”. Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita” (la negrillas son nuestras). En concordancia con los razonamientos jurisprudenciales precedentemente desarrollados, en temática de medidas cautelares de carácter personal, de igual manera se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar la resolución que disponga, modifique o mantenga la misma, así, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, precisó que: «De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”».
Sobre la valoración de la prueba en acciones de libertad, la SCP 0771/2018-S1 de 26 de noviembre, precisó que: “Respecto a la valoración de la prueba, la acción de libertad, así como las demás acciones protectoras de derechos humanos, delimita las atribuciones y la labor realizada entre jurisdicciones, pues la constitucional no puede ingresar a valorar prueba o revalorizarla, alcanzando su competencia y facultades únicamente a determinar la existencia de lesión de derechos en dicha labor, centrada básicamente en verificar apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/u omisión valorativa, en ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, refiere: ‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente”’ (las negrillas nos corresponden).
El peticionante de tutela alega que: i) La Jueza coaccionada, mediante Auto Interlocutorio de 19 de mayo de 2022, prescindiendo de la prueba presentada y limitándose a reproducir los hechos expuestos por la Fiscal de Materia, dispuso su detención preventiva estableciendo la concurrencia de los arts. 233.1, 234.6 y 7; y, 235.2 del CPP; y, ii) Ante esa determinación, formuló recurso de apelación incidental, el cual, fue resuelto por Vocal accionado, mediante Auto de Vista de 2 de junio de dicho año, por el que declaró procedente en parte el referido recurso; y, en consecuencia, sustrajo del fallo cuestionado el riesgo procesal plasmado en el art. 234.6 del citado Código, pero mantuvo la concurrencia de la probabilidad de autoría y otros dos riesgos procesales, sin fundamentar su resolución, basado solo en la versión de hechos presentados por las víctimas, confirmando en todas las demás partes el fallo apelado, incurriendo en omisión valorativa, pese a los cuestionamientos que presentó.
Precisada la problemática, resulta necesario efectuar una contextualización del caso, de cuya revisión de antecedentes, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Kimberly Rigato Kempin, Daniela Mamani Cortéz, Nadia Franco Rojas y Geovana Judy Burgos Zilvetty contra el accionante, por la presunta comisión del delito de acoso sexual, consta acta de audiencia virtual de aplicación de medidas cautelares de 19 de mayo de 2022, en la que la Jueza coaccionada, dictó el Auto Interlocutorio de idéntica fecha, por el cual, dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela, por el lapso de cuatro meses en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, al establecer la concurrencia de los arts. 233.1 -probabilidad de autoría-, 234.6 -existencia de actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada-, 234.7 -peligro efectivo para la sociedad, víctima o denunciante-; y, 235.2 -que influya negativamente en testigo, partícipes o peritos-, todos del CPP (Conclusión II.1).
Asimismo, cursa acta de audiencia virtual y resolución de apelación incidental de medida cautelar de 2 de junio de 2022, en la que, el Vocal accionado emitió el Auto de Vista de igual data -ahora confutado-, por el que declaró procedente en parte el recurso planteado por el accionante, y en consecuencia, sustrajo del fallo cuestionado el riesgo procesal establecido por el art. 234.6 del CPP; y, confirmó en todos los demás el Auto Interlocutorio de 19 de mayo de 2022 (Conclusión II.2).
Establecida la relación de actuados cursantes en el expediente constitucional y delimitada la problemática planteada por el peticionante de tutela, que radica en la supuesta falta de fundamentación, motivación y valoración de la prueba del Auto de Vista impugnado, inicialmente, corresponde precisar que, si bien la presente acción de libertad se dirigió contra Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Elena Veizaga Mollinedo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del mismo departamento, en razón a que, a su turno, dichas autoridades emitieron dos fallos -Auto Interlocutorio de 19 de mayo y Auto de Vista de 2 de junio, ambos de 2022-, que el impetrante de tutela considera lesivas a su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de la prueba; sin embargo, se aclara, que en virtud al principio de subsidiariedad, el análisis a efectuarse se realizará con base en la actuación desplegada por el Vocal accionado, quien emitió el último fallo dictado en instancia de apelación, y que en aplicación de dicho principio, era la autoridad competente para, en su caso, subsanar o corregir los cuestionamientos ahora planteados respecto a la Jueza coaccionada; por lo que, respecto a la nombrada se debe denegar la tutela solicitada por subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Efectuada esa precisión de delimitación de la autoridad y resolución a analizarse, y dado que el impetrante de tutela invoca en su reclamo constitucional la ausencia de fundamentación y motivación, así como de valoración probatoria, vinculados a su defensa y presunción de inocencia, corresponde pronunciarse de forma individual en la esfera de esos dos elementos constitutivos principales del debido proceso y verificar su concurrencia o no en el sustento argumentativo del fallo de alzada ahora confutado. Así: Respecto a la fundamentación y motivación, corresponde delimitar los puntos de agravio señalados por el accionante en su recurso apelación incidental y que fueron consignados en el Auto de Vista de 2 de junio de 2022 -hoy impugnado-, convergiendo los mismos en:
Respecto al presupuesto material establecido en el art. 233.1 del CPP, consideró que acompañó documentación consistente en declaraciones testificales que demuestran que durante su residencia no se habrían presenciado los hechos ilícitos investigados e informes que certifican la conducta de su profesionalidad durante la residencia y que no se presenciaron los hechos ilícitos que se denuncian; empero, esas declaraciones no fueron valoradas por la Jueza coaccionada al momento de dictar el Auto Interlocutorio de 19 de mayo de 2022, también presentó la grabación de la audiencia de aplicación de medidas cautelares, de donde se puede ver que la referida autoridad judicial incumplió lo dispuesto en el art. 124 del CPP y lo previsto por el art. 116 de la CPE; sobre a la presunción de inocencia, también se acompañó el informe policial de 29 de febrero -se entiende de 2022-, el cual establece que se habría coaccionado algún otro médico para que preste declaración en un sentido determinado, por lo que hubo una instrumentalización, además que los elementos de convicción aportados, no serían suficientes para establecer la probabilidad de autoría, existiendo ausencia de fundamentación. En cuanto a los riesgos procesales, no se observó lo previsto por los arts. 124 y 235 ter, ambos del CPP, que exige a la Jueza coaccionada que impuso la detención preventiva, observar la legalidad y la razonabilidad de los fundamentos, y no basarse en simples apreciaciones subjetivas. Por otra parte, en relación al peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, la autoridad judicial a quo no realizó ningún tipo de control, ya que debió tomarse en cuenta la imputación formal, la cual no establece qué aspectos deben tomarse en cuenta para considerar el peligro de la sociedad o la víctima con relación al imputado; si bien es cierto que la Jueza coaccionada tomó en cuenta la perspectiva de género; sin embargo, tal extremo no implica la detención preventiva, sino que debe verificarse la existencia de elementos objetivos, si estos se dan o no para su configuración, además que las víctimas son residentes médicos; aspecto que no se tomó en cuenta y, en su caso, debió realizarse una pericia; por lo que, dicha autoridad no estableció cuáles son las razones para que concurra este riesgo procesal, constituyendo una falta de fundamentación, y ello vulnera el derecho al debido proceso. Así también, respecto al peligro procesal establecido en el art. 234.6 del CPP, considera se encuentra en una situación de indefensión, que, no obstante del proceso penal, goza de la presunción de inocencia, hasta tanto no exista una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada; si bien se tomó en cuenta la existencia de dos procesos, uno de ellos fue rechazado y el otro “al presente”, se encuentra con una salida alternativa y conforme a la documentación presentada ya se tendría resuelta la misma, advirtiendo que la Jueza a quo ingresa en un prejuzgamiento al tener por concurrente este riesgo procesal, incurriendo en una arbitrariedad e incongruencia en la “Resolución dictada”, sin haber tomado en cuenta los certificados de no violencia y de antecedentes penales presentados, por lo que no se puede fundar un riesgo procesal en meras presunciones, con base en subjetivismos, como ocurre en el presente caso los cuales no se acreditan. Dicho recurso, fue resuelto por el Vocal accionado, mediante Auto de Vista de 2 de junio de 2022 -hoy impugnado-, con los siguientes fundamentos:
El Auto Interlocutorio apelado demuestra que la Jueza a quo describió cada uno de los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público, otorgándoles el valor correspondiente para llegar a la conclusión que en el caso sí existen suficientes elementos de convicción en la probabilidad de autoría del imputado -hoy accionante- en el ilícito donde las víctimas identifican al prenombrado como presunto autor de los mismos. Por otro lado, también se tiene del fallo apelado, el siguiente razonamiento: "‘Posteriormente se habrían sumado a la denuncia otras víctimas como DANIELA CHOQUE JUCHANI, GEOVANA JUDY BURGOS ZILVETTY, DANIELA MAMANI CORTES y NADIA FRANCO ROJAS compañeras de residencia de KIMBERLY RIGATO KEMPIM, quienes también al principio de su residencia con el denunciado fueron víctimas de acoso,(...) identificando los hechos ilícitos del que habrían sido objeto las víctimas..." (sic); de la cual, se tienen elementos de convicción que respaldan las declaraciones prestadas por las víctimas, llegando a la conclusión que existen suficientes elementos de convicción para sostener la probabilidad de autoría. Asimismo, en la parte pertinente la Jueza a quo señaló que: "‘...el abogado del imputado ha manifestado que existirían declaraciones en relación a otros residentes, como el residente Wilber, Juan Carlos, que se tendrían cartas de apoyo que no habrían sido tomadas en cuenta por la Autoridad Fiscal, que se tendrían cartas de apoyo de las enfermeras, de otro personal quedan a cuenta que el doctor es un profesional idóneo y demás otras aseveraciones que habría hecho por parte de la defensa, a lo que la Juez no va discutir este criterio en el sentido de que no está en cuestionamiento su profesionalismo, el imputado puede ser muy profesional, el mejor médico cirujano pediatra, esas cartas si pueden establecer en cierta manera que es un profesional idóneo en su trabajo eso es indiscutible, pero en su comportamiento que asume con las residentes es distinto, es muy diferente, una cosa es que el sindicado sea excelente profesional y otra cosa es su desenvolvimiento como amigo, padre, esposo, que no estamos dudando de su capacidad, de su profesionalismo pero de acuerdo a los testimonios de las víctimas, su comportamiento no es el idóneo, esas declaraciones, esos términos que el sindicado usa como todo un profesional integral haciendo hincapié en términos como ser 'esas zorras', 'esos cuerpitos' esos comportamientos y en ese lenguaje coloquial...’" (sic). De lo que se puede advertir que, la Jueza coaccionada efectuó la valoración correspondiente de las actas de declaraciones a las que hace referencia la defensa, así como también a las demás pruebas llegando a establecer que estos elementos de convicción, conllevan a determinar la buena conducta del prenombrado y su nivel de profesionalismo; sin embargo, esas circunstancias no enervan de manera alguna las declaraciones prestadas por las víctimas y los hechos ilícitos que eventualmente aseveran haber sido cometidas por parte del mismo y, dadas esas circunstancias no tiene mérito la apelación efectuada al respecto. En cuanto al peligro de fuga establecido en el art. 234.7 del CPP, la Resolución apelada, desarrolló el siguiente razonamiento: “‘…ese grado de vulnerabilidad se basa en otros parámetros en primera instancia en la simetría en la relación de fuerza, edad y esa relación asimétrica que tiene al momento de que su agresor ejerce con sus víctimas, en relación a edad cual esa vulneración el imputado tiene 43 años de edad y las víctimas 25 años de edad, ese grado de vulnerabilidad ese principio de la experiencia profesional se basa en eso un hombre maduro, hecho y derecho con toda la experiencia profesional, con especialidad, frente a una persona que recién va emprender y surgir su carrera profesional, es ese grado de asimetría y distinción, que este hombre maduro en relación a su capacidad ha ejercido experticia emocional porque es docente por lo que tendría que ser emocionalmente maduro, que va impartir esos ejemplos a sus estudiantes por ello el grado de vulnerabilidad es latente. En relación a la fuerza la cual ha tratado de establecer la Autoridad Fiscal que en su momento tenía independencia, porque el sindicado tenia fuerza y poder en su momento de docente; que tenla a su cargo la titularidad de estas estudiantes y lo que ellas han manifestado es que el sindicado ha empezado a chantajear, le ha empezado acosar, hostigar, con esas notas, haciendo proposiciones indecorosas, acciones indecorosas en el grado que ellas se han sentido afectadas según las evidencias recolectadas para la acreditación de este riesgo procesal presentada en el informe psicológico social emitido por la Licenciada Carmen Ponce de las 4 víctimas mismas que se encuentran emocionalmente afectadas, ese es otro grado de vulnerabilidad y esos son los parámetros que se rige en relación a edad, fuerza y poder...’" (sic). De lo que se puede advertir que, si bien es cierto que en el caso existe una insuficiente fundamentación efectuada por la Jueza a quo; sin embargo, debe considerarse la normativa jurisprudencial, en específico, la “SC” -lo correcto es SCP- 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que establece el siguiente razonamiento: “..considerando las normas internacionales e internas, en especial sobre las medidas de protección a la mujer víctima de violencia, a las que está obligado el Estado boliviano; y, las autoridades fiscales y judiciales deben considerar que: a) En los casos de violencia contra niñas o adolescentes y mujeres en general, corresponde que la autoridad fiscal o judicial, al analizar la aplicación de medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito cuya autoría se le atribuye y la conducta exteriorizada por éste en contra de las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta ha puesto y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante; y, b) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ésta -y no el imputado-la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos.’" (sic). Ahora bien, en el presente caso, la autoridad judicial coaccionada tomó en cuenta la situación de vulnerabilidad de las víctimas y que dada la naturaleza de los hechos ilícitos que motivan la investigación, eventualmente estos se encuentran comprendidos dentro la Ley 348. Así también, señalar que la Jueza a quo, a tiempo de considerar ese riesgo procesal, tomó en cuenta la situación de asimetría existente entre el imputado -hoy accionante- y las víctimas, estableciendo no solo la diferencia de edad, sino también el poder por parte del prenombrado, al ser docente de las mismas. Por otro lado, se debe tomar en cuenta las circunstancias de los hechos ilícitos, conforme se tiene de la Sentencia Constitucional Plurinacional antes aludida, de lo cual se tiene que, la conducta del imputado eventualmente se subsume dentro lo establecido en el art. 312 quater del Código Penal (CP), considerando que el accionante, dentro de esas conductas ilícitas, habría realizado “toques”, conforme se tiene de los antecedentes, además de haber vertido amedrentamientos en contra de las víctimas, refiriendo su condición de docente. Por otra parte, es necesario resaltar que en el caso existen varias víctimas, conforme se tiene de los datos del proceso, estableciendo el Ministerio Público en el presente caso un total de cinco, quienes refirieron similar situación por parte del impetrante de tutela, dadas estas circunstancias, como Tribunal de alzada -el Vocal accionado-considera que en el caso existe la concurrencia del peligro de fuga establecido por el art. 234.7 del CPP, como es el riesgo efectivo que representa el nombrado con relación a las víctimas, conforme al informe psicológico al que hizo mención la Jueza a quo, haciendo notar que las nombradas se encuentran en “una situación” emocionalmente afectadas y hostigadas. Con relación al peligro procesal previsto en el art. 234.6 del CPP, el Auto Interlocutorio apelado realizó el siguiente razonamiento: "‘...en este caso es considerado por otro hecho, esa conducta que está asumiendo el imputado también debe ser alertada por la Juez por que el imputado ya ha tenido dos procesos de violencia, en ese no será en mi juzgado, pero en los Juzgados Especializados de Violencia el sindicado ha tiene un comportamiento reprochable, cuenta con 2 procesos de violencia el primero tiene rechazo y el otro que está con Salida Alternativa de Conciliación, el con rechazo no se tomara en cuenta, pero el segundo mal podría afirmar que no se encuentra con Sentencia Ejecutoriada porque cuando juez emite un Auto con relación a la Salida Alternativa a emitido un Auto, ha homologado ese acuerdo y surte sus efectos en ese acuerdo transaccional, extinguiendo el proceso ya tiene calidad de cosa juzgada, entonces mal puede argüir que no se tiene como actividad reiterada en ese entendido si va a ser tomado en cuenta..." (sic); de ese razonamiento, se puede advertir que el Ministerio Público acompañó un elemento objetivo, como lo es el historial de denuncias del accionante, del cual se pudo evidenciar la existencia de dos procesos, habiendo concluido la Jueza coaccionada que no se tomaría en cuenta el que fue rechazado; sin embargo, señaló la existencia de otra causa dentro proceso que sí contaría como actividad delictiva reiterada. La defensa del impetrante de tutela presentó una “resolución”, dictada por el “…Juzgado Penal de Sustancias Controladas, Liquidador de Sentencia Penal N° 5…” (sic), de la cual, se tiene que la Jueza coaccionada admitió la salida alternativa de conciliación a favor del antes mencionado, además de homologar los acuerdos a los que se llegó con “esta audiencia”; asimismo, dispuso la ejecutoría de la “presente resolución”, el archivo de obrados y la extinción del proceso penal, tomando en cuenta esa circunstancia y el razonamiento efectuado por dicha Jueza, en sentido de no considerar otro proceso, porque el mismo se encontraba con rechazo y, aplicando el principio de favorabilidad su autoridad -en alzada-, considera que esa segunda causa cuenta con una salida alternativa, como es la conciliación, al haberse operado la ejecutoría de “dicha resolución”; y, consecuentemente, el archivo de obrados y la extinción del proceso, lo que hace que desaparezca el peligro procesal, tal cual había sido construido por la citada Jueza, ya que no existiría actividad delictiva reiterada y mucho menos que la “resolución ejecutoriada” pueda ser objeto de alguna impugnación; por lo que, en atención a esos argumentos ese Tribunal de alzada considera que debe sustraerse ese riesgo procesal. En lo que respecta al peligro de obstaculización establecido por el art. 235.2 del CPP, de acuerdo al Auto Interlocutorio emitido por la Jueza a quo, se tiene el siguiente razonamiento: "‘...habría manifestado que ellas en un primer momento se habrían sentido amedrentadas por el ahora imputado y una de ellas habría manifestado que ella ha callado y ha entrado en el silencio en el entendido de que le daba miedo que no le crean dado que él es un docente reconocido y que él tenía poder y fuerza en el lugar donde se establecía, en ese sentido la Fiscal tendría otros actos pendientes dentro de la presente causa, el abogado de la víctima habría manifestado que aún se tiene pendiente la declaración de otra víctima que se encontraría en la ciudad de Oruro y otra víctima que se encontraría en Villa Tunari, la Autoridad Fiscal indica que le falta la recepción de declaración de testigos a otros miembros de Hospital u otras víctimas que aparecerían dentro de la presente y que el imputado en libertad podría influir negativamente en testigos y peritos a objeto de que declara de manera falsa en relación a los hechos acontecidos. También el abogado del imputado habría manifestado que él no podría influir negativamente indicando que él ya trabaja en otro Hospital, que no se encontraría trabajando ya en el Hospital Obrero, que le habrían cambiado al PAISE y que el habría ganado ese cargo por compulsa de méritos, pero teniendo esas amistades que tienen el Hospital y habiendo escuchado a las víctimas que se sienten con ese temor, esa inseguridad, se sienten temerosas del imputado, que el influye negativamente en ellas, y de ellas se puso a temblar en esta audiencia, dos ellas se han puesto a llorar al declarar y se puede ver como el sindicado influye negativamente en estas víctimas, más cuando faltan actos por investigar cómo ser: la intervención en trabajo social atravesó de UPAVT, recepción de declaración de testigos, pericia sicológica, pericias audiovisuales, en ese entendido se tiene acreditado a la Autoridad Fiscal el Art. 235. 2 del CPP’" (sic); con relación a ese razonamiento, la Jueza a quo tomó en cuenta para la concurrencia de este peligro procesal lo vertido por el imputado -ahora accionante-, que conforme a las declaraciones de las víctimas, fueron amedrentadas por éste, quien se hubiesen expresado de la siguiente manera: “'…si no haces lo quiero' (refriéndose al acto sexual), 'tú sabes lo que quiero o te hago llegar tu memorandum', 'no me gustan las mujeres altas y flacas…'” (sic), además de otras; esas son las circunstancias que el Tribunal de alzada considera que son suficientes elementos de convicción, para establecer que el imputado -accionante- influirá negativamente en las víctimas, conforme también señaló la Jueza de primera instancia -coaccionada-; y, respecto a las demás víctimas, también se tiene tales circunstancias, a cuyo mérito las mismas se encuentran atemorizadas; por ello, en cuanto a este punto, tampoco tiene mérito la apelación efectuada.
Finalmente, por la naturaleza de los hechos ilícitos que se encuentran contemplados en la Ley 348, además de haberse establecido que en el caso existen suficientes elementos de convicción, para establecer la probabilidad de autoría del imputado -impetrante de tutela-, la existencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización, tales como el peligro efectivo que representa el prenombrado para las víctimas, dada su condición de edad, cargo que ocupa y actos de amedrentamiento contra ellas, estableciéndose la existencia del peligro de obstaculización dispuesto por el art. 235.2 del CPP, el Tribunal de alzada considera que la detención preventiva del imputado -accionante-, es la medida más idónea para asegurar los resultados del proceso y proteger a las nombradas.
Ante esa determinación, la defensa del peticionante de tutela solicitó enmienda y complementación de ese fallo, con relación a: a) Lo señalado en torno a la concurrencia del art. 234.7 del CPP, precisando si se da por válida la actuación de la Jueza de la causa -coaccionada- o si se está corrigiendo el error; b) Se aclare con base en qué elemento se identifica la concurrencia del art. 235.2 del citado Código; y, c) Se pronuncie sobre la prueba que presentó para desvirtuar el art. 234.6 del indicado Código.
Dando respuesta a dichas interrogantes, el Vocal accionado precisó que: 1) Sobre el art. 234.7 del CPP, en cuanto al peligro de fuga, si bien es cierto que ese Tribunal de alzada advirtió la insuficiente fundamentación; pero, conforme establece la amplia jurisprudencia constitucional, tratándose de aplicación de medidas cautelares, corresponde a la Jueza de la causa -coaccionada-, analizar y compulsar los antecedentes en el proceso de manera fundamentada y establecer si el mismo concurre o no; al margen de ello, en el caso que se analiza se debe tomar en cuenta el entendimiento asumido en la “SC 394”, más aún, cuando existen varias víctimas en situación de vulnerabilidad; 2) En cuanto al peligro procesal establecido en el art. 235.2 del CPP, se tomaron en cuenta los antecedentes del proceso, respecto a la aplicación del presupuesto material que la indicada Jueza consideró y describió en específico de la declaración de la víctima; y, 3) Con relación a la falta de pronunciamiento del “informe pericial”, la parte accionante a tiempo de fundamentar “su recurso” no hizo ninguna mención al respecto; por lo que, ese Tribunal de alzada se limitó a responder los argumentos expuestos; empero, se acompañó un Informe pericial, del cual se tiene que el imputado -peticionante de tutela- no constituiría peligro para la víctima.
A partir de esa necesaria contextualización de los puntos expuestos por el impetrante de tutela en su memorial de apelación incidental y los fundamentos de respuesta a los mismos por el Vocal accionado, al emitir el Auto de Vista de 2 de junio de 2022 hoy cuestionado, es pertinente considerar lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual señala que, entre los elementos del debido proceso se encuentran, la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma; es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes procesales, como a los abogados, acusadores, defensores, posibles víctimas e incluso terceros con interés legítimo; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución, sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados y/o cuestionados. En ese contexto y delimitada la problemática planteada, en el presente caso, se puede advertir que el Vocal accionado, al pronunciar el Auto de Vista de 2 de junio de 2022, cumplió con lo señalado por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 precedentemente citado, debido a que desplegó la fundamentación y motivación requeridas en el caso, pues expuso las razones de hecho y de derecho de su determinación, basándose en los hechos fácticos expuestos, la prueba presentada y, amparándose en la base normativa legal aplicable y correspondiente, habiendo explicado la concurrencia de los requisitos establecidos por la norma procesal penal para la procedencia de la detención preventiva, señalando en lo esencial que: i) Sobre el art. 233.1 del CPP, se evidenciaron suficientes elementos de convicción en la probabilidad de autoría del accionante en el hecho ilícito donde las víctimas identifican al mismo como presunto autor, precisando que lo que éste extraña con relación a las declaraciones que le resultarían favorables y las “cartas de apoyo” la cuales alega que no se habrían tomado en cuenta por la Fiscal de Materia, se contrapone a lo vertido por las víctimas en cuanto a los términos que habría empleado el prenombrado para referirse a ellas, aclarando que esas circunstancias no enervan las declaraciones prestadas por las víctimas y los hechos ilícitos; ii) Sobre el peligro de fuga establecido en el art. 234.7 del CPP, el Vocal accionado indicó que, si bien es cierto que en el caso existió una insuficiente fundamentación efectuada por Jueza coaccionada; pero, se debía aplicar la normativa jurisprudencial, en específico, la SCP 0394/2018-S2, que establece las medidas de protección a la mujer víctima de violencia y que dada la naturaleza de los hechos ilícitos que motivaron la investigación, eventualmente éstos se encuentran comprendidos dentro la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y que a tiempo de considerar ese riesgo procesal, se tomó en cuenta la situación de asimetría existente entre el peticionante de tutela y las víctimas, determinando no solo la diferencia de edad, sino también el poder por parte de éste, al ser docente de las mismas; haciendo énfasis además en que, la conducta del prenombrado eventualmente se subsume dentro lo dispuesto en el art. 312 quater del CP; y, que en ese caso existirían varias víctimas, específicamente cinco, quienes refirieron similar situación por parte del ahora peticionante de tutela; y, iii) Sobre el peligro de obstaculización establecido por el art. 235.2 del CPP, la Jueza coaccionada tomó en cuenta lo vertido por el propio accionante, quien conforme a las declaraciones de las víctimas, fueron amedrentadas por éste, haciendo mención a frases específicas que hacen pensar que el nombrado influirá negativamente en ellas, al haberlas atemorizado; y, sumado a ello, por la naturaleza de los hechos ilícitos que se encuentran contemplados en la Ley 348, y al requerir protección reforzada por parte de toda autoridad que conozca esa causa, era la medida más idónea para asegurar los resultados del proceso y proteger a las víctimas.
Finalmente, con relación al peligro procesal previsto en el art. 234.6 del CPP, previa fundamentación favorable al accionante, el Vocal accionado sustrajo ese riesgo procesal.
A partir de lo expuesto, se advierte que la autoridad accionada, al emitir el Auto de Vista ahora confutado, aplicó el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, pues de forma suficiente, explicó al peticionante de tutela las razones de hecho emergentes de los elementos fácticos que fueron de su conocimiento que, sumado al valor otorgado a la prueba presentada, muestra la motivación del fallo, lo cual a su vez fue subsumido a la aplicación de la norma adjetiva, en lo esencial inherente a los riesgos procesales concurrentes, para decantar en la fundamentación requerida que evidencie la existencia de requisitos para imponer la detención preventiva, sin que las referencias efectuadas a los argumentos expuestos por la Jueza a quo puedan ser considerados como una simple repetición de lo expuesto por dicha autoridad, sino que del indicado Auto de Vista, se tiene que, el Vocal accionado, cumpliendo su labor de autoridad de alzada, revisó a su vez el fallo apelado
-Auto Interlocutorio de 19 de mayo de 2022- y sus fundamentos de sustento, coincidiendo y avalando -casi en su totalidad, excepto lo referido al art. 234.6 del CPP, los razonamientos expuestos en la misma, emergente de los elementos fácticos vinculados al caso en particular, jurisprudencia constitucional y la aplicación de normas jurídico-legales vigentes que sustentan los motivos de su decisión en cuanto a la aplicación de la medida cautelar impuesta, considerando la condición de las víctimas y la protección reforzada con la que cuentan. Sobre este último elemento en particular, dada su relevancia y la invocación efectuada por la parte accionante tanto en sede ordinaria penal como en esta vía constitucional, sobre la probabilidad de autoría basada en las declaraciones de las víctimas y la cuestionante a la aplicación de una perspectiva de género en el caso, corresponde señalar que ya la Jueza y el Vocal accionados, expusieron en sus resoluciones las razones por las cuales ese elemento debía ser considerado como parte esencial del análisis efectuado -posible violencia de género, revictimización y criterios de vulnerabilidad-, labor que no puede ser reprochada de ninguna forma, dado que el contexto fáctico impelía a dichas autoridades a cumplir su obligación de aplicar en sus razonamientos y labor judicial en el caso, un enfoque interseccional, herramienta que conforme lo ha desarrollado la doctrina y la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, al señalar que: “…un enfoque interseccional para analizar posibles lesiones a derechos fundamentales de las víctimas en procesos judiciales; mismo que no conlleva ninguna vulneración o desconocimiento de los derechos de la parte procesada, pues ese enfoque interseccional comprende un análisis jurídico de las categorías de vulnerabilidad utilizadas como herramientas para identificar situaciones específicas en las que se encuentran las víctimas de violencia sexual y los requerimientos de protección reforzada que deben otorgarse a la misma, observando la complejidad y diversidad de las fuentes que generan cada categoría,…”, continuando con el entendimiento considera al efecto que, en su alcance, dimensión y eficacia práctica de aplicación: “…estos criterios de interpretación pueden variar de acuerdo a la identidad, los intereses, las desventajas, la composición o jerarquías internas de este grupo vulnerable, siendo necesario abordar los mismos bajo una perspectiva reflexiva visualizando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que se hallan comprometidos, siendo que el primero comprende que la satisfacción de un derecho o un grupo de derechos depende de la garantía y materialización de otro derecho; en tanto que, la indivisibilidad implica una perspectiva holística de los derechos humanos, como un todo; por lo que, la transgresión de uno impacta negativamente en otros; (…) criterios interpretativos que deben ser considerados por las autoridades jurisdiccionales al momento de pronunciarse sobre un determinado motivo…” (las negrillas son nuestras).
Conforme lo ampliamente expuesto, al evidenciarse que el Vocal accionado emitió el Auto de Vista de 2 de junio de 2022, con la suficiente y razonada fundamentación y motivación requeridas, corresponde denegar la tutela solicitada sobre este punto. Con relación a la valoración de la prueba, corresponde precisar que conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se tiene que, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que, se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que, se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, esa competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le esta conferida legal ni constitucionalmente. En ese entendido, y ratificando los razonamientos y análisis ya efectuados precedentemente sobre la motivación del Auto de Vista de 2 de junio de 2022 en directa vinculación consecuencial de la valoración probatoria, se advierte que, en el caso concreto, la parte accionante denuncia que el Vocal accionado no consideró todas las pruebas que presentó, específicamente las “notas” del personal de apoyo del “Hospital”, el “Informe” de 29 de febrero de 2022 y las declaraciones de las enfermeras de la residencia médica y personal de apoyo, las cuales avalarían su buen comportamiento y que le serían favorables; al respecto, se tiene que en el señalado Auto de Vista en el punto 2 de Análisis del caso concreto, se hizo referencia a la prueba aportada, estableciendo que se consideraron cada uno de los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público, y el valor que se les otorgaba en contraposición a la pretensión del accionante así como el valor que él consideraba debían tener, explicando de forma razonada por el Vocal accionado -como se tiene precedentemente explicado- por qué dicha prueba mantenía el razonamiento inicial que existían suficientes elementos de convicción en la probabilidad de autoría, haciendo énfasis en las declaraciones de la víctimas y de la protección reforzada de la cual gozan por su condición de mujeres y por el tipo de delito; de lo cual, se advierte que se otorgó un valor a esa prueba, que además -se resalta-, responde a una valoración integral de la situación fáctica y sus elementos, configurando la motivación del fallo, conforme se analizó precedentemente. Por lo expuesto, al haberse evidenciado que el Auto de Vista de 2 de junio de 2022, hoy cuestionado, cuenta con la debida fundamentación, motivación y valoración de la prueba, corresponde denegar la tutela. Finalmente, con relación a la denuncia de la parte peticionante de tutela respecto a la lesión de sus derechos a la defensa y a la presunción de inocencia, debido a la denegatoria de la tutela por los motivos expuestos precedentemente y a lo expuesto en el memorial de interposición de la acción de defensa, no se advierte evidencia de la vulneración a dichos derechos; por lo que, también corresponde denegar la tutela impetrada al respecto.
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder -en parte- la tutela solicitada, actuó de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 5/2022 de 21 de junio, cursante de fs. 248 vta. a 255, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela, conforme a las razones fácticas y fundamentos jurídicos y jurisprudenciales expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0235_2024-S2.pdf · páginas 1 a 28.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9e28ffc21c036878ac7c473861b38389582b4a35d23971058bf0e01e038f4a49
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