B.IA.LEGAL

SCP 0234/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
1 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
51027-2022-103-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción; puesto que, a pesar de la anulación sucesiva de las resoluciones judiciales que dieron lugar a su detención preventiva, la Vocal ahora accionada a través del Auto de Vista de 4 de octubre de 2022, declaró procedente el recurso de apelación incidental que formuló el accionante; en consecuencia, anuló el Auto Interlocutorio de 19 de septiembre del referido año, en la cual no dispuso su libertad, sino que ordenó la emisión de una nueva resolución, prolongando ilegalmente su privación de libertad, sin que exista una decisión judicial vigente y válida jurídicamente que ordene su detención preventiva.

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En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Las atribuciones específicas del tribunal de alzada, tratándose del recurso de apelación incidental de medidas cautelares; ii) La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; iii) La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales; y, vi) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2022 de 10 de octubre, cursante de fs. 145 a 147 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, sin disponer la libertad del accionante, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Las atribuciones específicas del tribunal de alzada, tratándose del recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico
  3. III.3. La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0234/2025-S1 Sucre, 1 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 51027-2022-103-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 08/2022 de 10 de octubre, cursante de fs. 145 a 147 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhimmy Remberto Almanza Pardo en representación sin mandato de José Israel Alanes Villarroel contra Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su presentante sin mandato, por memorial presentado el 9 de octubre de 2022, cursante de fs. 127 a 131 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP), se ordenó su detención preventiva por un periodo de cuatro meses, ante la supuesta concurrencia del art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y los riesgos procesales de fuga y obstaculización establecidos por los arts. 234.7 y 235.2 del citado Código, determinación que fue objeto de un recurso de apelación incidental, siendo resuelto por Auto de Vista de 5 de septiembre de 2022, emitida por la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, donde declaró procedente dicho recurso de apelación y en consecuencia revocó el Auto de 11 de agosto de igual año, disponiendo que la Jueza de primera instancia emita nueva resolución con la debida motivación descriptiva e intelectiva de los elementos probatorios, es así que se emitió el Auto Interlocutorio de 19 de septiembre del citado año, ordenando su detención .

preventiva por un lapso de cuatro meses; empero, dicho Auto Interlocutorio omitió cumplir con la fundamentación y acreditación del supuesto material que hace la existencia del hecho, la autoría y la participación del imputado, establecido por el art. 233.1 del CPP, cuyo presupuesto de validez legal es necesario y sustancial para habilitar la consideración y acreditación de los riesgos de fuga y obstaculización, de lo contrario no es lógico que los referidos riesgos procesales sean considerados, incurriendo en una detención ilegal e ilícita porque se determinó su detención preventiva sin cumplir con las condiciones de validez legal. Situación que motivó a que formule recurso de apelación incidental para que se rectifique el error y se disponga su libertad, al ser suficiente la falta de acreditación y concurrencia del presupuesto previsto por el art. 233.1 del CPP, la cual fue declarado procedente mediante el Auto de Vista de 4 de octubre de 2022, y en consecuencia anuló el Auto Interlocutorio de 19 de septiembre del citado año y dispuso que la Jueza de la causa dicte nueva resolución en el plazo de veinticuatro horas, y con relación al agravio denunciado como la vulneración al principio de legalidad y potestad normativa reglada por ausencia de fundamentación y acreditación del supuesto material que rige un presupuesto de validez legal necesaria para la adopción de medidas cautelares, advirtió que evidentemente la Jueza de primera instancia no dio razones que hace el presupuesto material la probabilidad de autoría, debido a que se limitó señalar que no fue observado por el Tribunal de alzada, ya que no correspondía referirse a ese presupuesto. Respecto al agravio sobre falta de fundamentación en la acreditación del tiempo o plazo de duración de la detención preventiva vinculado a los actos investigativos, se tiene que no estableció el razonamiento correspondiente respecto a la duración de la detención preventiva porque dicha medida cautelar es la más idónea y necesaria; por lo que, se llegó a la conclusión de que se vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, es más la Vocal ahora accionada convalidó ilegalidades e irregularidades cometidas por la Jueza de la causa. De lo que se colige, que se encuentra ilegalmente detenido como consecuencia de la anulación sucesiva de resoluciones judiciales que ordenaron y dieron lugar a su detención preventiva, debido a que no acreditó y estableció la concurrencia del presupuesto material que hace a la existencia del hecho y la probabilidad de autoría y participación, presupuesto legal que debe cumplirse para poder considerar la concurrencia o no de los riesgos procesales y consiguiente aplicación de medidas cautelares; empero, a pesar de reconocer lo manifestado en su Auto de Vista la Vocal ahora accionada no dispuso su libertad sino la emisión de una nueva resolución, prolongando ilegalmente su privación de libertad entre tanto la Jueza de primera instancia pronuncie nueva resolución, sin que exista una resolución judicial vigente y válida jurídicamente que disponga u ordene su detención preventiva y por consiguiente justifique porque se mantiene su privación de libertad; por la cual, el Auto Interlocutorio de 19 de septiembre de 2022 fue anulado mediante el Auto de Vista de 4 de octubre de igual año; por lo que, su privación de libertad es ilegal.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

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El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción; citando al efecto los arts. 8.II y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7 del Pacto de San José de Costa Rica.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga su libertad inmediata con la emisión del correspondiente mandamiento de libertad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 10 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 144 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe de 10 de octubre de 2022, cursante de fs. 142 a 143, manifestó que: a) Si bien es evidente que determinó dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 19 de septiembre del referido año, con la finalidad de que la Jueza de la causa emita nueva resolución al advertir la flagrante vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, debido a que dispuso la detención preventiva del accionante sin fundamentar del porqué consideró que en el caso existía la probabilidad de autoría; puesto que, solo fundamentó sobre los riesgos procesales; b) Otorgó el plazo de veinticuatro horas para que la Jueza de primera instancia emita nueva resolución, el legajo del recurso de apelación incidental se devolvió al Juzgado de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba el 6 de octubre de igual año, justamente para que el accionante no se encuentre en una situación jurídica incierta; es decir, que dio un plazo “fatal y corto” de veinticuatro horas y con esa finalidad el legajo fue devuelto en el plazo de setenta y dos horas que otorga la jurisprudencia vinculante; c) No dispuso la emisión del mandamiento de libertad a efectos de resguardar los derechos de la víctima, en la eventualidad que la Jueza de la causa de aplicación a la perspectiva de género, al ser el caso por el delito de abuso sexual que se encuentra establecido en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; y, d) Al no evidenciarse una vulneración de derechos, y al haberse emitido el Auto de Vista de 4 de octubre del referido año, en estricta observancia de los preceptos legales pertinentes al caso, pide se deniegue la tutela solicitada.

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I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 08/2022 de 10 de octubre, cursante de fs. 145 a 147 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista de 4 de octubre de 2022, emitido por la Vocal ahora accionada, y disponiendo que dicha Vocal emita nueva resolución en función a los lineamientos expresados, y sea en el plazo de veinticuatro horas de notificada con esa Resolución, bajo los siguientes fundamentos: 1) La nulidad del Auto Interlocutorio de 19 de septiembre de igual año, que determinó la detención preventiva del accionante, se dio lugar a la inexistencia de la decisión; por lo tanto, al no existir una determinación que disponga la detención preventiva, la situación de privación de libertad en la que se encuentra el accionante se torna en ilegal e indebida; por lo que, correspondería que se expida mandamiento de libertad en favor del accionante; 2) Sin embargo, el mandamiento de libertad una vez dispuesta la detención preventiva tiene que emerger de que se resolvió la situación jurídica del accionante; es decir, ante un recurso de apelación incidental, donde se establezca si los agravios expresados por el nombrado son fundados o no y si fueron cumplidos los arts. 231 bis y 233 del CPP; 3) El Tribunal Constitucional Plurinacional emitió jurisprudencia en torno a la responsabilidad que tienen los Tribunales de alzada respecto a las impugnaciones emergentes de aplicación, sustitución de medidas cautelares, habiendo establecido que para evitar esta situación que se genera con la nulidad, esas autoridades están obligadas de conocer y resolver el fondo de la impugnación cuando la resolución judicial impugnada emerge de la aplicación o sustitución de medidas cautelares o cuando menos exista vinculación con las mismas, en cuyo caso debió definir la situación jurídica del accionante sobre la base de los antecedentes procesales y las alegaciones o puntos de impugnación comprendidas en el recurso de apelación y de ninguna manera disponer la nulidad de las resoluciones objetadas, siendo que anular obrados y disponer la repetición del acto implica justamente postergar y dilatar la materialización de la justicia al no tener certeza de la situación jurídica del accionante; 4) La situación jurídica del accionante no se encuentra definida hasta la “fecha” -10 de octubre de 2022- en razón a las sucesivas nulidades dispuestas, aspecto que atenta contra el derecho a la libertad del accionante; puesto que, al mantener esa situación sin conocer los motivos y razones que justifican esa determinación se encuentra ilegalmente detenido; y, 5) Lo que correspondía era que la Vocal ahora accionada supla las omisiones advertidas y establezca si en la causa concurría o no el supuesto material para luego analizar el supuesto procesal y de ningún modo anular la resolución apelada sin resolver la situación jurídica del procesado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 10 de agosto de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, dispuso .

la detención preventiva de José Israel Alanes Villarroel -ahora accionante-, en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del mismo departamento, por el periodo de cuatro meses (fs. 7 a 10). II.2. Mediante Auto de Vista de 5 de septiembre de 2022, por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró procedente el recurso de apelación incidental formulado por el accionante; en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio de 10 de agosto de igual año, disponiendo que la Jueza de primera instancia en el terminó de veinticuatro horas de ser devuelto los antecedentes al Juzgado de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del mismo departamento, reinstale la audiencia sin necesidad de argumentación de las partes, y emita nueva resolución con la debida motivación descriptiva e intelectiva de los elementos de convicción (fs. 12 vta. a 14). II.3. A través de Auto Interlocutorio de 19 de septiembre de 2022, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del departamento Cochabamba, determinó la detención preventiva del accionante, disponiendo su reclusión en el Centro Penitenciario San Pablo del mismo municipio y departamento, por un periodo de cuatro meses (fs. 15 vta. a 17). Dicho Auto Interlocutorio fue recurrida en apelación en audiencia por el accionante conforme el art. 251 del CPP (fs. 17). II.4. Mediante Auto de Vista de 4 de octubre de 2022, emitida por Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora accionada- declaró procedente el recurso de apelación incidental de medidas cautelares formulado por el accionante; en consecuencia, anuló el Auto Interlocutorio de 19 de septiembre de igual año, y dispuso que en el plazo de veinticuatro horas la Jueza de primera instancia dicte nueva resolución conforme al razonamiento de la normativa legal una vez que sea devuelto el legajo de apelación (fs. 136 vta. a 139 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción; puesto que, a pesar de la anulación sucesiva de las resoluciones judiciales que dieron lugar a su detención preventiva, la Vocal ahora accionada a través del Auto de Vista de 4 de octubre de 2022, declaró procedente el recurso de apelación incidental que formuló el accionante; en consecuencia, anuló el Auto Interlocutorio de 19 de septiembre del referido año, en la cual no dispuso su libertad, sino que ordenó la emisión de una nueva resolución, prolongando ilegalmente su privación de libertad, sin que exista una decisión judicial vigente y válida jurídicamente que ordene su detención preventiva.

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En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Las atribuciones específicas del tribunal de alzada, tratándose del recurso de apelación incidental de medidas cautelares; ii) La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; iii) La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales; y, vi) Análisis del caso concreto.

III.1. Las atribuciones específicas del tribunal de alzada, tratándose del recurso de apelación incidental de medidas cautelares

La SCP 0242/2018-S2 de 12 de junio, señala que “Sobre las atribuciones específicas del tribunal de alzada, que conoce los recursos de apelación de las resoluciones de medidas cautelares; la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar, que dicho tribunal de apelación debe ingresar al análisis de fondo del recurso, a efectos de resolverlo, ya sea aprobando o revocando la resolución impugnada, de acuerdo a los antecedentes del proceso; en ese sentido, no corresponde que anule obrados, sino resolver directamente el caso remitido en apelación. Entendimiento que se encuentra plasmado en las SSCC 1569/2004-R de 27 de septiembre, 1824/2004-R de 23 de noviembre y reiterado por la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, que en resumen establece en el Fundamento Jurídico III.5, que: …al tribunal de apelación no le está permitido anular obrados cuando verifique que el juez de instrucción omitió explicar los motivos que le llevaron a determinar, rechazar o modificar una medida cautelar, o que lo hizo, pero de manera insuficiente; puesto, que como se señaló, tratándose de la disputa del derecho a la libertad, en cumplimiento de los principios constitucionales señalados anteriormente, deberá resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, o viceversa” (las negrillas son nuestras).

III.2. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico

La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, establece que: “La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debió proteger, para impedir que en su contra se consumara el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso .

penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. En ese marco, es importante desarrollar los derechos de las víctimas en un Estado Constitucional, y de manera concreta, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y el consiguiente deber del Estado y la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género.

III.2.1. El equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa

La SC 0815/2010-R de 2 de agosto, señala que: “La Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión de protección a las mismas; pues, si bien el Estado asume el ius puniendi -poder punitivo-, cobran importancia trascendental los derechos de la víctima; pues, conforme al art. 121 de la CPE, tiene derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. Asimismo, la indicada SC 0815/2010-R, hizo referencia a la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985. Dicha Declaración, establece los derechos de las víctimas, entre ellos, el acceso a la justicia y trato justo; según el cual: Acceso a la justicia y trato justo 4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que: 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:

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a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…). A partir de dichas normas, la SC 0815/2010-R antes citada, concluyó que el derecho procesal penal, no solo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino, que debe procurar también por los derechos de la víctima, haciendo: ʽ…compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…ʼ. En la misma línea, la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, señala que todo hecho punible, genera una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado, y en último término, de la sociedad; por ello: …se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el Estado Plurinacional, el ‘equilibrio’ y ‘el bienestar común’ reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto ‘buen vivir’ y del modelo Boliviano de ‘Estado de Derecho del vivir bien’, asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental.

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En el marco de la jurisprudencia anotada precedentemente, es evidente que en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima; especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos, conforme se analizara en el siguiente fundamento” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales

La SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, establece que: “III.1.1. El enfoque interseccional El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación. El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentos tanto .

en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales. Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), utilizaron el enfoque interseccional, cuando se presentaron varios factores de discriminación. Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: ʽ…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...ʼ La misma Sentencia, en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: ʽ…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…ʼ. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres. Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y .

Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad, indicando: 408. (…) el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable. 409. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas. En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra Vs. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, y Fernández Ortega y Otros Vs. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres. También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre: 139. Al respecto, el Tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación por orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como ʽreprochable o reprobable jurídicamenteʼ, bajo ninguna circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas.

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140. En consecuencia, la Corte considera que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción “tradicional” sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Por tanto, la Corte considera que bajo esta motivación del supuesto privilegio de los intereses personales de la señora Atala tampoco se cumplía con el objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas. El enfoque interseccional antes descrito, debe ser utilizado en el presente caso, considerando por una parte, que la víctima es una mujer víctima de violencia sexual; y por otra, es una adolescente. Este enfoque, permitirá comprender de mejor manera la situación de vulnerabilidad de la misma, así como identificar los criterios reforzados de protección contenidos tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, conforme se desarrollará en el siguiente punto.

III.3.1. El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres

“El art. 60 de la CPE, sostiene que: Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, entre otros. Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de .

manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito. Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH, que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y mora. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro. Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad. La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: ʽLos Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, .

explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección.

A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes. Así, el art. 15 de la CPE, señala:

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad

física, psicológica y sexual. (…) II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado.

De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la .

obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los Estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos. En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable. Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia .

de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En la misma Recomendación, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida. El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las .

cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Asimismo, la Decisión del Comité de la CEDAW, en el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual. El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior.

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Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, sostiene en el párrafo 133, que: …en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de ʽlos y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concretoʼ. El Tribunal ha indicado, asimismo, que ʽ…la adopción de tales medidas […] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña perteneceʼ. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”. En ese sentido, ʽhan de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechosʼ. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para ʽprevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7ʼ. En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos. En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano .

promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; entre los cuales están: interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: ʽLa niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexualʼ. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: ʽ…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescenteʼ. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia. El art. 15 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-, indica: La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, .

además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (…) 10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias; 11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor (…). En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia. De la misma manera, la referida Ley implementó el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), con el fin de garantizar a las mujeres, una vida digna en el ejercicio de sus derechos; de igual forma, modificó los artículos referentes a delitos que atentan la libertad sexual, contenidos en el Código Penal. El art. 6.1 de la citada Ley, conceptualiza la violencia como: ʽ…cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujerʼ. Por lo que, si dicha conducta omisiva o de abstención, causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, constituiría un acto de violencia, lo cual, puede darse en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, incluidos el educativo y judicial. Dada la gravedad e intensidad de la violencia .

contra las mujeres, se visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia contra las mujeres: ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones nacionales e internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el nivel central del Estado como en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. En este entendido, el art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, establece que en los delitos cometidos contra niña, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos. Conforme a lo anotado, si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no .

tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar” (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción; puesto que, a pesar de la anulación sucesiva de las resoluciones judiciales que dieron lugar a su detención preventiva, la Vocal ahora accionada a través del Auto de Vista de 4 de octubre de 2022, declaró procedente el recurso de apelación incidental que formuló el accionante; en consecuencia, anuló el Auto Interlocutorio de 19 de septiembre del referido año, en la cual no dispuso su libertad, sino que ordenó la emisión de una nueva resolución, prolongando ilegalmente su privación de libertad, sin que exista una decisión judicial vigente y válida jurídicamente que ordene su detención preventiva. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que, por Auto Interlocutorio de 10 de agosto de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, dispuso la detención preventiva del accionante, en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del mismo departamento, por el periodo de cuatro meses (Conclusión II.1.); por la cual, mediante Auto de Vista de 5 de septiembre de igual año, emitida por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, que declaró procedente el recurso de apelación incidental formulado por el accionante; en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio de 10 de agosto del referido año, disponiendo que la Jueza de primera instancia en el plazo de veinticuatro horas de ser devuelto los antecedentes al Juzgado de origen reinstale la audiencia y sin necesidad de argumentación de las partes, emita nueva resolución con la debida motivación descriptiva e intelectiva de los elementos de convicción (Conclusión II.2.); es así que, a través del Auto Interlocutorio de 19 de septiembre del citado año, el Juez de la causa determinó la detención preventiva del accionante, disponiendo su reclusión en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del citado .

departamento, por un lapso de cuatro meses. Dicho Auto Interlocutorio fue recurrida en apelación en audiencia por el accionante conforme el art. 251 del CPP (Conclusión II.3.), siendo resuelta por la Vocal ahora accionada a través del Auto de Vista de 4 de octubre de igual año, en la cual declaró procedente el recurso de apelación incidental de medidas cautelares formulada por el accionante; en consecuencia, anuló el Auto Interlocutorio de 19 de septiembre del mencionado año, y dispuso que en plazo de veinticuatro horas la Jueza de primera instancia dicte nueva resolución conforme al razonamiento de la normativa legal una vez que sea devuelto el legajo de apelación (Conclusión II.4.). De dicho contexto, se tiene que el Auto Interlocutorio -10 de agosto de 2022- que dispuso y posteriormente ratificó la detención preventiva del accionante que fueron cuestionadas, cada una en su momento, siendo anuladas por el Tribunal de alzada correspondiente para que la Jueza de la causa emita nuevo auto interlocutorio; es así que, en la última oportunidad -a través del Auto de Vista de 4 de octubre de 2022- la Vocal ahora accionada fue quien procedió de esa manera, circunstancias que generaron incertidumbre jurídica en el accionante, cuando conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, no corresponde anular obrados cuando el recurso de apelación incidental cuestione resoluciones de medidas cautelares, sino corresponde ser resuelto directamente por el Tribunal de alzada ingresando al análisis de fondo del recurso, a efectos de resolverlo, ya sea aprobando o revocando la resolución impugnada. Deber que desconoció la Vocal ahora accionada al momento de emitir el Auto de Vista de 4 de octubre de 2022, al limitarse a advertir errores en el Auto Interlocutorio de 19 de septiembre de 2022, relacionados a que las autoridades judiciales para la consideración y aplicación de medidas cautelares de carácter personal necesariamente debían referirse al presupuesto material por ser un requisito para poder considerar la concurrencia o no de los riesgos procesales y la inexistencia de un razonamiento respecto a la duración de la detención preventiva, para finalmente disponer que la Jueza de primera instancia proceda a emitir nuevo auto interlocutorio, continuando con esa decisión la seguidilla de anulaciones indebidas, cuando con base en esas observaciones debió ingresar al análisis de la impugnación y corregir directamente dichos errores, al ser su deber como Tribunal de alzada constatar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para determinar la detención preventiva del accionante, definiendo así la situación jurídica del nombrado al ser el carácter esencial de las medidas cautelares la definición de la situación jurídica de los procesados, más aún cuando el accionante permaneció detenido preventivamente durante todo el tiempo que existió indefinición judicial respecto a su situación jurídica, lo que conlleva la vulneración del derecho a la .

libertad del accionante. Consiguientemente, se debe conceder la tutela solicitada, sin disponer la libertad del accionante, dejando sin efecto el Auto de Vista de 4 de octubre de 2022, para que la Vocal ahora accionada emita nuevo auto de vista en el marco de la jurisprudencia citada en este fallo constitucional. En ese entendido, se debe considerar el equilibrio que debe existir en casos de abuso sexual, que exige la priorización integral de la víctima menor de edad, sin que eso menosprecie el debido proceso del accionante. El ejercicio del ius puiendi estatal debe enfocarse en la tutela efectiva de los derechos de la niña, garantizando un proceso que evite la revictimización y busque la reparación integral del daño. Esto implica adherirse a estándares internacionales como la Convención sobre Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (particularmente sus Recomendaciones Generales 19 y 33), las cuales exigen la debida diligencia y un enfoque sensible a las necesidades de las víctimas, así fue desarrollado de manera uniforme por la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional. La aplicación de un enfoque interseccional es vital para entender las múltiples vulnerabilidades que enfrentan las niñas y mujeres, reconociendo que factores como la edad, etnia o condición socioeconómica agravan la discriminación. La sentencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Gonzales y Otras (“Campo algodonero”) vs. México (citada en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional) subraya la obligación reforzada del Estado en la investigación y sanción de la violencia de género, extendiéndose a la atención especial de niñas, mujeres en situación de vulnerabilidad. En conclusión, el equilibrio entre los derechos de la víctima menor de edad de abuso sexual y los del accionante no puede entenderse como una equiparación de intereses. La prioridad ineludible es la protección integral de la niña, garantizando que el proceso judicial, si bien es respetuoso del debido proceso, no se convierte en una nueva fuente de victimización. La invocación de estándares internacionales, la jurisprudencia de la Corte IDH y un enfoque interseccional son herramientas esenciales para construir un sistema de justicia que verdaderamente tutelen los derechos de niñas y mujeres mas vulnerables de la sociedad. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

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El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2022 de 10 de octubre, cursante de fs. 145 a 147 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, sin disponer la libertad del accionante, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0234_2025-S1.pdf · páginas 1 a 25.

Huella digital del PDF (SHA-256): 834a3736742fbb849d9d7d90569c8517aba40ccef2b3cc24b0eda31ccff2d772

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