Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 2 de mayo de 2023
Concede la tutela
La accionante, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso; toda vez que, los Vocales demandados, quienes en alzada resolvieron confirmar la Resolución que le impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva, con una interpretación errónea de los presupuestos procesales de procedencia, remitiéndose argumentativamente al Auto de Vista 262/2021, para sustentar la existencia de probabilidad de autoría, además de emplear argumentos vagos, imprecisos y carentes de fundamentación y motivación, además de no ser técnicamente apropiados e incurrir en falacias. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
1° REVOCAR la Resolución 06/2021 de 4 de diciembre, cursante de fs. 51 a 53 vta., pronunciada por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada; y, 2° Disponiendo, dejar sin efecto el Auto de Vista 480/2021 de 13 de septiembre, emitida por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y se ordena a dicha Sala emitir una nueva Resolución siempre y cuando por el transcurso del tiempo la situación jurídica de la accionante no hubiere sido modificada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0234/2023-S4 Sucre, 2 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 44769-2022-90-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 06/2021 de 4 de diciembre, cursante de fs. 51 a 53 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Tatiana Giovana Terán de Velasco contra Félix Orlando Rojas Alcón y Claudia Marcela Castro Dorado, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 3 de diciembre de 2021, cursante de fs. 1; y, 26 a 43 vta.; la accionante manifestó lo siguiente:
El 2 de diciembre de 2020, Martha Jeannette Quintela Moreno Vda. de Terán, presentó una denuncia penal en su contra, Leira Jonathan Terán Quintela y Moira Fabiola Terán Calderón, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, se emitió la Resolución de Imputación Formal 12/2021, por la cual se identificó a la primera denunciada, como “responsable” de ambos delitos mencionados, y a las dos restantes –incluida su persona– por el delito de encubrimiento; solicitando el representante Fiscal de Materia la aplicación de medidas cautelares consistentes en: obligación de presentarse ante el Ministerio Público, prohibición de tomar contacto con la víctima y/o testigos, arraigo y detención domiciliaria. No obstante del pedido de la autoridad Fiscal de Materia, el Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de La Paz, dispuso su libertad pura y simple a través de la Resolución 230/2021 de 23 de julio, la cual siendo apelada fue dejada sin efecto a través de la Resolución 462/2021 de 2 de agosto, y que emitiéndose en consecuencia el Auto Interlocutorio 275/2021 de 26 de agosto, la citada autoridad, dispuso la aplicación de medidas cautelares de carácter personal de la siguiente manera: a Leira Jonathan Terán Quintela, con detención domiciliaria, fianza juratoria, arraigo, prohibición de tener contacto con la víctima y presentación de un garante personal, y a Moira Fabiola Terán Calderón y su persona, fianza juratoria, arraigo y prohibición de tener contacto con la presunta víctima. Apelada que fue el Auto Interlocutorio 275/2021, los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –ahora demandados–, pronunciaron el Auto de Vista 480/2021 de 13 de septiembre, por el que dispusieron declarar improcedente su apelación formulada, misma que es absolutamente lesiva de sus derechos fundamentales por lo siguiente: a) La confirmación de imponer la detención domiciliaria carece de fundamentación y motivación, es incongruente y lesiva del ordenamiento jurídico vigente, por cuanto implica una interpretación errónea de los presupuestos procesales para la procedencia de dicha medida, así como de la probabilidad de autoría y riesgos procesales, previstos por los arts. 234, 235 y 240 del Código de Procedimiento Penal (CPP); b) Sustenta la existencia de probabilidad de autoría remitiéndose a lo dicho por el Auto de Vista 262/2021 de 2 de agosto, mismo que no constituye jurisprudencia vinculante ni tiene un carácter autoritativo en la decisión de imponer o no medidas cautelares, no siendo válido el írrito acto de remisión argumentativa a dicho Auto, considerando que tal decisión no se pronunció sobre la procedencia o no de las medidas cautelares; c) Al limitarse a señalar que: “…El Ministerio Público habría presentado suficientes elementos de convicción para establecer la participación de las procesadas en el hecho motivo de investigación…”, es (un argumento) absolutamente vago, impreciso y carente de una debida y adecuada fundamentación, pues debe tenerse presente que dichos elementos de convicción deben ser sometidos al escrutinio de la autoridad jurisdiccional quien determinará la existencia de un presupuesto procesal para acreditar la aplicación de las medidas cautelares; d) La aseveración de los Vocales accionados en sentido de que la minuta, al momento de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional pierde su condición de documento privado y se hace público, es falsa, ya que el ordenamiento jurídico no establece que la introducción de un documento privado en un proceso judicial implique que el mismo se constituya en documento público; e) Otra aseveración falsa y carente de fundamentación es aquella por la cual afirman que: “…las minutas que dieron lugar a las transferencias de los inmuebles de los cuales tenía derecho espectaticio la víctima…”; sin embargo, no sustentan su posición en ningún aspecto probatorio, de hecho, no podrían hacerlo ya que es falso que las minutas a las que se hace referencia hubiesen generado algún tipo de transferencia, pues las dos minutas mencionadas en juicio son documentos privados que no sirvieron para inscribir ningún derecho real. Es más, no son dos minutas, pues el inmueble ubicado en la zona de Achumani, está a nombre de Leira Jonnathan Terán Quintela; f) Sobre los riesgos procesales, sustentaron su posición en el argumento de que “…por el lazo familiar que cuenta al ser la víctima madre de las procesadas puede influir negativamente sobre ella, de manera que se comporte de manera reticente a la tramitación de la causa…”; un supuesto subjetivo sin base probatoria o legal, y un desconocimiento de los presupuestos que hacen a la detención domiciliaria, en efecto, en primer lugar solo una de las imputadas es hija de la víctima, por lo que dicha Resolución parte de un presupuesto falso, equivocado y carente de motivación; además, no explicaron cómo vinculan esa afirmación con el presupuesto del art. 235.2 del CPP; g) Señalan que las medidas impuestas son idóneas para garantizar que las imputadas se sometan al proceso en el entendido de que no se ha identificado cuál sería el perjuicio concreto que les ocasionaría; dicha afirmación resulta lamentable, además de ser falsa e inmotivada, pues no parte del presupuesto esencial de que toda limitación al derecho a la libertad física o de locomoción implica un perjuicio, y debe estar enmarcada en criterios de legalidad y proporcionalidad para ser justificable en un Estado democrático de derecho; h) En el caso, no existe una relación congruente entre lo que dijo el Ministerio Público en la imputación, las decisiones de la autoridad judicial (se entiende, de primera instancia) de imponer las medidas restrictivas al derecho a la libertad física o de locomoción, y lo resuelto en apelación. Puesto que la imputación se sustenta en la procedencia dudosa de las minutas, la Resolución 275/2021 hace referencia a la intención de mermar la cuota parte que le corresponde de la herencia del difunto esposo de la víctima, y la Resolución 480/2021 hace referencia a que las minutas tenían un contenido presuntamente falso. En suma, entre las tres Resoluciones no existe congruencia que permita entender cómo se podría acreditar la probabilidad de autoría del delito de falsedad material ni de encubrimiento; e, i) Es absolutamente incongruente en relación a lo apelado, ya que no resolvió todos y cada uno de los puntos expresamente cuestionados contra la Resolución 275/2021, pudiendo establecerse dicho extremo en el contenido del recurso de apelación precisado por la propia Resolución 480/2021, siendo por ello, notoriamente incongruente;
La accionante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso; citando al efecto los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga: 1) Dejar sin efecto el Auto de Vista 480/2021, disponiéndose “la libertad pura y simple de las imputadas”; y, 2) En su defecto, se disponga la emisión de una nueva Resolución.
Celebrada la audiencia virtual el 4 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 48 a 50, presente la accionante asistida por su abogado defensor, y ausentes las autoridades demandadas; se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela, a través de su abogado, en audiencia, ratificó los argumentos de su demanda de acción tutelar, y ampliándola manifestó que: i) La jurisprudencia constitucional ha establecido que esta acción es excepcionalmente subsidiaria y que los criterios de auto restricción aplican al amparo constitucional y no así a la acción de libertad; ii) El Auto de Vista 480/2021, no hace una sola referencia que establezca la probabilidad de autoría, por lo que cómo es posible que se restringa la libertad de locomoción de una persona con una Resolución de estas características; iii) Tampoco se hizo referencia a los riesgos procesales de manera individualizada, considerando que se trata de tres imputadas; iv) La modificación (de medidas cautelares) no es un mecanismo idóneo para reparar una vulneración de derechos fundamentales, pues es cuando existen nuevo elementos; y, v) Todo el sustento del riesgo de obstaculización se resume en la idea de que las tres imputadas son hijas de la víctima, lo cual es una falacia.
Félix Orlando Rojas Alcón y Claudia Marcela Castro Dorado, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no se hicieron presentes a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, ni remitieron informe escrito alguno, no obstante de sus citaciones cursante a fs. 46.
El Juez del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 06/2021 de 4 de diciembre, cursante de fs. 51 a 53 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) Se considera que la presente acción se encuentra vinculada de forma específica a una modificación de medidas cautelares las cuales tienen un mecanismo correspondiente a efectos de que la parte imputada pueda desvirtuar los riesgos procesales que hubieran sido determinados por la Resolución primigenia, en este caso, por el Auto Interlocutorio 275/2021; y, b) De igual forma, se debe considerar que el art. 250 del CPP, establece que una resolución que imponga una medida cautelar es modificable aún de oficio, y determinada en base a nuevos elementos de convicción o indicios presentados por parte del solicitante, en ese sentido, esa es la vía adecuada para solicitar la pretensión presentada por la parte accionante, por lo que corresponde denegar la misma.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Silvia Sandra Almanza Romera y Martha Jeannette Quintela Vda. de Terán contra Leira Jonathan Terán Quintela, Moira Fabiola Terán Calderón y Tatiana Giovana Terán de Velasco por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y encubrimiento, el Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de La Paz, pronunció el Auto Interlocutorio 275/2021 de 26 de agosto, por la cual dispuso la aplicación de medidas cautelares, a Leira Jonathan Terán Quintela: detención domiciliaria, fianza juratoria, arraigo, presentación de un garante personal, entre otros; y, a Moira Fabiola Terán Calderón y Tatiana Giovana Terán de Velasco –ahora accionante–: fianza juratoria, arraigo, entre otros. El abogado de las procesadas interpuso de manera oral apelación incidental contra la indicada Resolución (fs. 18 a 22). II.2. Cursa Auto de Vista 480/2021 de 13 de septiembre, emitida por los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –ahora demandados–, por el cual, en conocimiento de la apelación incidental presentada contra el citado Auto Interlocutorio 275/2021, por parte de las referidas procesadas, declararon improcedentes las cuestiones planteadas, y en consecuencia, confirmaron la Resolución apelada (fs. 23 a 25 vta.).
La accionante, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso; toda vez que, los Vocales demandados, quienes en alzada resolvieron confirmar la Resolución que le impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva, con una interpretación errónea de los presupuestos procesales de procedencia, remitiéndose argumentativamente al Auto de Vista 262/2021, para sustentar la existencia de probabilidad de autoría, además de emplear argumentos vagos, imprecisos y carentes de fundamentación y motivación, además de no ser técnicamente apropiados e incurrir en falacias. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0640/2012 de 23 de julio, sostuvo al respecto que: “El art. 124 del CPP, señala que: ‘Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes’; esta disposición legal guarda armonía con la norma contenida en el art. 236 inc.3) del mismo cuerpo legal, referido a la forma y contenido de la decisión, precisando que se debe hacer una ‘…fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables’. En ese entendido la SC 0298/2010-R de 7 de junio, citando la SC 0012/2006-R de 4 de enero, estableció que: ‘…resoluciones sobre medidas cautelares deben estar debidamente fundamentadas, conforme lo exigen los arts. 236 inc. 3) y 124 del CPP, última norma que determina que las sentencias y autos interlocutorios deben expresar los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones, y el valor otorgado a los medios de prueba, no pudiendo ser reemplazada la fundamentación por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes’, es decir que los fallos judiciales deben estar debidamente motivados para así no lesionar el derecho al debido proceso. Este entendimiento es remoto en la jurisprudencia del órgano de control de constitucionalidad y desde inicio de la vigencia del Código de Procedimiento Penal, así la SC 0424/2002-R de 16 de abril, declaró la procedencia de un habeas corpus -ahora acción de libertad- sosteniéndose que se dispuso la detención preventiva del entonces recurrente sin la debida fundamentación de los requisitos establecidos por el art. 233 del CPP, que son de cumplimiento obligatorio pues: ‘…implican garantía de legalidad en la adopción de una medida cautelar como es la detención preventiva y, al mismo tiempo, evitan cualquier exceso, arbitrariedad u omisión que pudiera darse para convertir la medida en una injusta e ilegal privación de libertad de la persona’’”.
Expuesta la problemática planteada, y de la revisión del Auto de Vista 480/2021, emitida por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se advierte en inicio que la misma solo fue suscrita por el Vocal codemandado Félix Orlando Rojas Alcón, quien dispuso confirmar en la vía de apelación incidental el Auto Interlocutorio 275/2021 de 26 de agosto, emitido por el Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de La Paz, mismo que dispuso la aplicación de medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva contra la ahora accionante y las coprocesadas del proceso penal del cual emerge esta acción, decisión que es cuestionada a través de la presente acción tutelar. Del tenor de la Resolución confutada se advierte que la misma sintetizó la fundamentación respectiva en cinco puntos principales, a saber: a) En el primero punto, identificó como uno de los agravios expuestos por las tres procesadas en su calidad de apelantes, que el Auto Interlocutorio 275/2021 apelada, no estableció con precisión la probabilidad de autoría, ni que se hubiera identificado si el documento presuntamente contendría datos falsos, lo cual constituye una vaguedad que afecta la determinación de dicha probabilidad de autoría, por lo que debiera disponerse su libertad pura y simple.
b) En el segundo punto, el Tribunal de alzada resolvió el mencionado agravio –citado precedentemente– sosteniendo que la Resolución apelada –Auto Interlocutorio 275/2021– cumplió con (determinar la concurrencia de) la probabilidad de autoría al analizar el Auto de Vista 462/2021 que a su vez anuló la Resolución 230/2021, por la que el Juez de la causa inicialmente dispuso la libertad pura y simple de las procesadas, sosteniendo que el citado Auto de Vista sí estableció la concurrencia de dicha probabilidad de autoría, y que a su vez, el Juez de primera instancia señaló que el Ministerio Público habría presentado los suficientes elementos de convicción para establecer la participación de las sindicadas en el hecho investigado. c) En el tercer punto, la Resolución hoy analizada se refirió a las minutas que habrían dado lugar a las transferencias de los inmuebles sobre los cuales la presunta víctima tenía un derecho espectaticio, señalando que una de esas minutas, de contenido presuntamente falso, fue incorporada a un proceso judicial, y que al ocurrir ello, siendo un documento privado se hizo “público hacia las partes”. Por otra parte, se refirió a la sindicación de la presunta víctima de que las procesadas hubieran incorporado en una de esas minutas la transferencia un inmueble ubicado en la zona de Achumani que pertenecía a su difunto esposo.
De todo ello, el Tribunal de alzada concluyó que debe tenerse presente que el Juez de primera instancia consideró como un elemento de convicción suficiente la presentación de las minutas, la declaración de la víctima, la presentación de fotocopias del referido proceso judicial y los registros de Derechos Reales para establecer la probabilidad de autoría; siendo dicho razonamiento adecuado. A ello añadió que para “identificar” la participación de las procesadas en el hecho delictivo investigado solo se precisa de indicios y no así de plena prueba, pues la certeza solo se logra con una sentencia penal pasada en calidad de cosa juzgada, lo que no acontece en una fase inicial del proceso siendo que deben recolectarse todos los elementos probatorios, con el fin de presentar un requerimiento conclusivo por parte del Ministerio Público, en consecuencia, persiste el principio de presunción de inocencia que es reclamado por los apelantes, toda vez que se los considera aún inocentes y no culpables de la comisión del hecho delictivo, y la posibilidad de establecer la probabilidad de autoría simplemente es provisional y no definitiva. En base a lo señalado, concluyó que en relación al establecimiento de la probabilidad de autoría no identificó agravio alguno.
d) En el cuarto punto, la Resolución ahora analizada sostiene que en relación a los riesgos procesales, el Juez a quo estableció la concurrencia del riesgo de obstaculización contemplado en el art. 235.2 del CPP, señalando que las investigadas pueden influenciar sobre la víctima, quien resultaría siendo su madre; por lo que, “puede ocurrir este fenómeno de utilizar este vínculo para poder influenciar negativamente sobre ella”; así también sostiene que existe la posibilidad de que los principales testigos del hecho delictivo tengan algún grado de parentesco con las procesadas, y que por ello pueden ser influenciados por estas últimas; y que si bien no cuentan con un vínculo familiar, “son personas que han presenciado el hecho delictivo, y que en alguna medida conocen a las ahora imputadas, existiendo en este marco identificación plena de estas personas”. Por lo que igualmente concluye que el razonamiento utilizado por el referido Juez de instancia es razonable además, sumado a lo cual, no debemos olvidar que la víctima es una persona de la tercera edad y mujer, por lo que existe un deber reforzado de protección, por lo que queda latente dicho riesgo procesal. e) En el quinto punto, en cuanto al test de proporcionalidad respecto a las medidas cautelares impuestas a las procesadas por el Juez de primera instancia, que van desde la detención domiciliaria, fianza juratoria, arraigo, presentación periódica ante el Ministerio Público, entre otras; las mismas son idóneas para garantizar su sometimiento al proceso en el entendido de que no se ha identificado cual sería el perjuicio concreto que les ocasionaría, pues su abogado no habría establecido con precisión qué derecho o garantía constitucional resultan afectados con cada una de estas medidas cautelares.
En ese sentido, sostuvo que con relación a la detención domiciliaria con salidas laborales de lunes a viernes de horas 7:00 a 19:00 impuesta a Leira Johnatan Terán Quintela; más allá de señalar de que se le afecta el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, no se ha establecido cuál la afectación material en su vida cotidiana o en la obtención de recursos para su sustento; y de igual manera, con relación a la presentación periódica ante el Ministerio Público de las demás procesadas, se estableció en esta audiencia que ninguna viene cumpliendo esta medida en el entendido que no se ha habilitado su presentación ante el Ministerio Público por las restricciones sanitarias producto de la pandemia del COVID-19. Así también no se manifestó el perjuicio que les causaría el arraigo, pues no señalaron necesidad alguna de salir del país. Por todo ello “se verifica que las medidas han sido estrictamente proporcionales respecto del fin del proceso, es decir que se sometan las imputadas hasta la conclusión de las investigaciones y que no obstaculicen la averiguación de la verdad histórica de los hechos” y que el criterio adoptado por el Juez de instancia fue adecuado y respetuoso de los cánones de fundamentación y motivación exigidos.
En ese sentido, la accionante cuestiona que no se respondió a todos los agravios planteados por su defensa en dicha instancia de apelación, los cuales fueron expresamente mencionados en la Resolución cuestionada, y de la revisión de esta última como se puede apreciar supra, se advierte que en efecto, el Tribunal accionado mencionó como uno de los agravios presentados por las procesadas, entre ellas la ahora accionante, radicaría en el hecho de que la Resolución de primera instancia no estableció con precisión la probabilidad de autoría, y que no se habría identificado que el documento –objeto del proceso penal del cual emerge esta acción– contendría datos falsos, lo que constituye una vaguedad que debería dar lugar a su libertad pura y simple, añadiendo que no se identificó de manera pormenorizada la participación de cada una de las procesadas. Al respecto, la Sala Penal Cuarta se pronunció señalando que en criterio del Vocal suscribiente la Resolución apelada cumple con el presupuesto de acreditación de probabilidad de autoría, entendiendo que realiza un análisis a partir del Auto de Vista 462/2021 de 02 de agosto, que en apelación resolvió anular la Resolución 230/2021 la cual en inicio dispuso su libertad pura y simple, añadiendo que en el citado Auto de Vista “se establecería que sí existen elementos para establecer la probabilidad de autoría por lo cual es revocada la decisión primigenia”, y también que, el Juez a quo señaló que el Ministerio Público presentó suficientes elementos de convicción que establecen la participación de las procesadas en el hecho investigado. De lo anterior se advierte que en efecto, con relación a dicho agravio el Vocal coaccionado además de remitirse argumentativamente a una Resolución que no es vinculante a su pronunciamiento, tampoco especificó en qué consistiría el análisis que llevó al emisor del referido Auto de Vista a concluir por acreditar la probabilidad de autoría, considerando que desde un enfoque de congruencia, esa decisión no se pronunció sobre el fondo del asunto sino que resolvió la anulación de la Resolución apelada de acuerdo a los antecedentes del proceso penal del cual emerge la presente acción.
Así también, la Resolución cuestionada a través de esta acción se pronunció sobre los documentos que constituyen el objeto del proceso penal del cual emerge esta acción, afirmando que las minutas que hubieran dado lugar a las transferencias de inmuebles en presunto desmedro de los derechos espectaticios de la presunta víctima al ser introducidas a un proceso judicial de reconocimiento de firmas, siendo documentos privados se hicieron públicos por ese sólo hecho. Esta aseveración resulta carente de motivación y contraria a la comprensión doctrinal de las diferencias sustanciales entre lo que constituye un documento privado y un documento público, pues tendría que explicarse a las partes, y principalmente, a la parte procesada cómo es que la naturaleza privada o pública de un documento depende de su utilización en determinada instancia, en este caso, judicial, y no así de la forma en que fue constituida. En lo que respecta a los riesgos procesales, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió que la existencia de un presunto lazo familiar entre la presunta víctima como madre de las procesadas supone un riesgo de que estas últimas puedan influir negativamente sobre la primera, sin añadir consideración alguna que respalde que la sola existencia del lazo familiar –cuya existencia aún es cuestionada por la parte accionante– suponga un riesgo de obstaculización del proceso. Así también, en lo que respecta a la afirmación efectuada en el Auto de Vista 480/2021, de que las procesadas no habrían acreditado ante esa instancia de apelación el perjuicio que les supondría la imposición de las medidas cautelares dispuestas en su contra, tal afirmación supone una contradicción en sí misma, tomando en cuenta que la doctrina procesal relativa al régimen de medidas cautelares de carácter personal define a estas últimas como limitaciones necesarias al derecho a la libertad física y de locomoción, siendo la más extrema la detención preventiva; en otras palabras, el perjuicio que supone la imposición de este tipo de medidas no se extrae de lo que pueda o no ser probado por las partes sino que es una cuestión de derecho dada la naturaleza de estas últimas y definida desde la propia norma procesal de la materia, y en todo caso, no es un argumento que deba gravitar en la decisión de imponer dichas medidas. Finalmente, en lo que respecta a la detención domiciliaria dispuesta contra una de las coprocesadas del proceso penal del cual emerge esta acción, y que la ahora accionante también cuestionó como una decisión que carece de la debida fundamentación y motivación, no corresponde un pronunciamiento por parte de este Tribunal, al carecer la impetrante de tutela de legitimación activa para presentar dicho reclamo, ya que como se tiene de antecedentes, esta decisión no le fue impuesta a esta última. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, no evaluó adecuadamente los antecedentes del caso, adoptando una decisión incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
1° REVOCAR la Resolución 06/2021 de 4 de diciembre, cursante de fs. 51 a 53 vta., pronunciada por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada; y, 2° Disponiendo, dejar sin efecto el Auto de Vista 480/2021 de 13 de septiembre, emitida por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y se ordena a dicha Sala emitir una nueva Resolución siempre y cuando por el transcurso del tiempo la situación jurídica de la accionante no hubiere sido modificada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0234_2023-S4.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): aed28c4ba86f86bc6a754592fc35b4219fef5882bf7795ab436699c1c2d759f5
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →