B.IA.LEGAL

SCP 0234/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 14 de abril de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
14 de abril de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
35781-2020-72-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derecho a la libertad y al principio de objetividad, por cuanto dentro de proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de violación, cuya víctima es una menor de edad, en el que fue dispuesta su detención preventiva, se suscitaron los siguientes actos ilegales: i) La Jueza ahora demandada, a través del Auto Interlocutorio 236/2020 de 14 de julio, rechazó la cesación a su detención preventiva, a pesar de que hubiera desaparecido la concurrencia del art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2020 de 16 de septiembre, cursante de fs. 29 a 37, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada en base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1 Sobre la fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso y su exigencia en las resoluciones que dispongan la aplicación, modificación, sustitución o revocatoria de una medida cautelar personal
  2. III.2. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP
  3. III.3. Sobre el desistimiento en procesos de violación y la obligación de prosecución por parte del Ministerio Público de oficio al ser un delito de orden público
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0234/2023-S1 Sucre, 14 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 35781-2020-72-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 08/2020 de 16 de septiembre, cursante de fs. 29 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhonny Ronal Mamani Condori contra José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Elsa Cabrera Mamani, Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del referido departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de septiembre de 2020, cursante de fs. 2 a 4 vta., el accionante, manifiesta los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Está siendo investigado por un imaginario presunto hecho de violación, por lo que acudió ante la Jueza de instancia a solicitar su cesación de detención preventiva, porque la víctima presentó un desistimiento en su favor, indicando que no había sido partícipe de ese delito, dicho documento fue presentado tanto ante el Ministerio Púbico, cuanto ante la Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Oruro –ahora demandada-, esta última en contradicción con el art. 233 y 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) rechazó la cesación de la detención preventiva, bajo el fundamento de que al tratarse de un delito de orden público, debe ser el Ministerio Público que investigue y en su caso esclarezca el hecho, máxime cuando fue el padre de la víctima quien habría efectuado el desistimiento en representación de esta.

Sin embargo, no se tomó en cuenta que la normativa prevista en el art. 233.1 del CPP condiciona la validez de la detención preventiva a la acreditación por parte del Ministerio Público o la víctima, de la existencia del hecho y la probabilidad de participación del imputado en el hecho, aspecto que no ha sido tomado en cuenta por la autoridad demandada, máxime si la víctima es menor de edad y que uno cuenta con la capacidad procesal para ejercer sus derechos, sino mediante sus representantes, como su padre. Entonces, habiéndose desvirtuado el art. 233.1 del CPP, referente al aspecto material, máxime si ha sido la propia víctima quien refirió que no participó en el hecho investigado, se tiene que no existe el presupuesto principal de probabilidad de participación en dicho hecho. Por otro lado, jamás ha solicitado la libertad irrestricta, por la connotación del delito investigado y la calidad de la víctima, empero no es menos cierto que habiendo referido ésta que su persona no tuvo participación en el hecho, no existe motivo para continuar detenido preventivamente, lo que generó que solicitara libertad provisional bajo la modalidad de medidas menos gravosas, como son las previstas en el art. 231 bis del CPP; sin embargo, dicha solicitud fue negada por la autoridad demandada. Con respecto al Vocal demandado, el mismo confirmó la Resolución de primera instancia, en base a los mismos fundamentos de la Jueza a quo, es decir, que el padre fue quien presentó el desistimiento y no la víctima, sin considerar que esta es menor de edad, sin capacidad de obrar, máxime si frente a la proposición de prueba de una nueva declaración informativa el Fiscal denegó la misma, vulnerando su derecho a la libertad, porque no existe el principal elemento de la probabilidad de participación en el hecho delictivo. Del contexto de la SC 1141/2003-R de 12 de agosto, se tiene que la resolución que determine la detención preventiva debe ser motivada en los hechos y el derecho, así como en la prueba y el valor que se le otorgó a la prueba, con mención expresa de cada uno de los elementos que motivan la convicción y la resolución de aplicar la medida cautelar restrictiva de la libertad. Por su parte, del contexto del Fundamento Jurídico III.3.2 de la SC 0795/2014 de 25 de abril, que trató el tema de la prohibición de fundar la detención preventiva en meras suposiciones, se tiene que para determinar la concurrencia del primer requisito del art. 233.1 del CPP, referido a la autoría o participación del imputado en la comisión del hecho punible, es preciso que la autoridad judicial, evalúe si los elementos de convicción presentados determinan la existencia de suficientes indicios para sostener la autoría o participación del imputado en la comisión del delito cometido. Conforme a dicha jurisprudencia, se demuestra su ilegal e indebida detención preventiva, por la negativa de las autoridades demandadas en ordenar que se libre en su favor mandamiento de libertad provisional, vulnerándose el derecho a la libertad, pues se desvirtuó el art. 233.1 del CPP.

I.1.2. Derecho y principio supuestamente vulnerados

El accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de objetividad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y se ordene su libertad provisional, así como que las autoridades demandadas, en el plazo de veinticuatro horas, consideren la postulación de cesación de la detención preventiva a su favor, anulando el Auto de Vista 125/2020 de 3 de septiembre y el Auto Interlocutorio 236/2020 de 14 de julio.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual, el 16 de septiembre de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 15 a 16 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó su memorial de acción de libertad, y ampliando señaló que: a) No se ha podido establecer la identidad de la víctima porque el Ministerio Público indica sobre otra menor de edad; sin embargo, la misma ha negado que sea el autor, de la revisión de la imputación formal se advierte que existen dos víctimas no habiendo podido identificar el Ministerio Público, señalándose iniciales que no corresponden a la víctima; de la misma entrevista se tiene que la “víctima” manifestó que consumió bebidas alcohólicas, pero no sabe cuáles fueron los agresores; y, b) Lo que solicita es su detención domiciliara.

I.2.2. Informes de las autoridades demandadas

José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en audiencia manifestó que, de acuerdo al art. 147.IV de la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 3 de marzo de 2013-, se prohíbe toda forma de conciliación en los casos de víctimas de niños y niñas o adolescentes. Elsa Cabrera Mamani, Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Oruro, no presentó informe escrito ni se hizo presente a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 11

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 08/2020 de 16 de septiembre, cursante de fs. 29 a 37, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) En cuanto a que no se identificó a la víctima, se entiende que cualquier persona en la situación de ella, podría haber otorgado su nombre de forma incorrecta, por lo que no se advierte conculcación al derecho de libertad en su vertiente al indebido procesamiento; además no ha habido estado de indefensión del accionante ni acto lesivo; 2) Con relación a que no se valoró correctamente el documento de desistimiento, presentado en la audiencia de cesación a la detención preventiva, lo cual desvirtúa el art. 233.1 del CPP, se entiende que aquello fue considerado por las autoridades demandadas, puesto que de acuerdo al informe del Vocal demandado se indicó que no se trata de un proceso común, sino de uno inmerso en la Ley 348, lo cual merece juzgar con perspectiva de género, y en este caso, la víctima es mujer y menor de edad, por lo que no existe la figura del desistimiento en delitos inmersos en dicha normativa penal, no pudiendo ir más allá de los alcances de la propia ley; y, 3) El Tribunal de garantías no puede revisar o analizar pruebas o resoluciones que se encuentran debidamente fundamentadas, por cuanto aquello no le está facultado, limitándose a verificar sobre la conculcación de derechos y garantías con respecto a la libertad de las personas, no pudiendo ir más allá de lo que la propia Norma Suprema establece, por lo que en la forma solicitada y como pretende el ahora accionante, no es posible referirse sobre la denuncia del indebido procesamiento, más aun cuando no concurren los presupuestos para resguardar derechos y mucho menos revisar la prueba, que ya ha sido considerada por las autoridades demandadas en resguardo de los derechos de la víctima, que pertenece a un grupo vulnerable de la sociedad.

I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 31 de agosto de 2021, cursante a fs. 44, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 27 de marzo de 2023 (fs. 66); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Se advierte que el 20 de junio de 2020, se imputó formalmente a Jhonny Ronald Mamani Condori -ahora accionante-, Abdiel Ángel Llusco Saca y Wilder Limachi Ibarra, por la presunta comisión del delito de violación con agravante, la misma que radicó ante el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, y una vez llevado la audiencia de medidas cautelares la titular del mencionado Juzgado emitió el Auto Interlocutorio 207/2020 de 20 de junio, disponiéndose la detención preventiva del impetrante de tutela y otros, Resolución que fue apelada, y que radicó en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitiendo el Auto de Vista 088/2020 de 10 de julio, confirmó en todas sus partes el Auto Interlocutorio 207/2020 y por lo mismo manteniendo la detención preventiva del peticionante de tutela y otros (fs. 17 a 28). II.2. Por Auto Interlocutorio 236/2020 de 14 de julio, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Oruro –ahora demandanda–, se resolvió la solicitud de cesación de la detención preventiva de Jhonny Ronal Mamani Condori -ahora impetrante de tutela-, disponiendo que se mantenga firme y subsistente el Auto Interlocutorio 207/2020 de 20 de junio, bajo los siguientes fundamentos: i) De acuerdo al Auto Interlocutorio 207/2020, se ha dispuesto la detención preventiva del imputado –accionante– con agravante; ii) La defensa de dicho imputado señaló que iba a desvirtuar el art. 233.1 del CPP, a través del desistimiento que ha sido notariado, firmado por Eulogio Magne, padre de la víctima, en dicho documento el imputado otorga amplias garantías y el padre de la víctima desistió voluntariamente; si bien, la víctima está en su derecho de poder llegar a un acuerdo conciliatorio; empero, para desvirtuar el art. 233.1 del CPP no es suficiente dicha conciliación, porque por lo manifestado por el Ministerio Público y por los antecedentes, que cursan en el cuaderno de control jurisdiccional, se puede establecer que la víctima el día de los hechos se hallaba en estado de ebriedad, al igual que los imputados, existiendo inclusive un informe psicológico del cual se puede establecer que la víctima ni siquiera se acordaba de lo que había sucedido, por lo que el haber llegado a un acuerdo conciliatorio sin tener conocimiento si el imputado -solicitante de la cesación de la detención preventiva- participó o no del delito, es insuficiente dicho documento, pues no desvirtúa el art. 233.1 del CPP, sino que por el contrario genera ciertas contradicciones en cuanto al hecho investigado; iii) El art. 19 del CPP dispone que en los delitos de acción pública el Ministerio Público está en la obligación de seguir el proceso en su caso y en relación a menores de edad, dicha entidad está en la obligación de continuar con el proceso penal, en el presente caso la víctima es menor de edad, pues tiene 17 años; iv) De lo acontecido se puede entender que la indicada menor está siendo manipulada, entonces el documento presentado no es suficiente para desvirtuar los riesgos procesales; y, v) Si ben la parte imputada ha argumentado en torno al art. 239.1 del CPP en relación a nuevos elementos en el proceso penal en referencia al art. 233.1 de dicho cuerpo normativo, empero no es suficiente el documento esgrimido (fs. 50 a 51 vta.). II.3. A través del Auto de Vista 125/2020 de 3 de septiembre, emitido por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, se resolvió la apelación del ahora accionante contra el Auto Interlocutorio 236/2020 de 14 de julio, siendo los siguientes los argumentos del apelante: a) La solicitud de cesación de su detención preventiva en base al art. 239.1 del CPP, señalando que a través de un documento la víctima desmintió la probable participación del imputado apelante y que no se trata de una transacción, sino de un desistimiento presentado ante el Ministerio Público y que también ha sido puesto en conocimiento de la autoridad jurisdiccional, bajo esa referencia se tiene que la víctima renunció a su acción dentro del presente caso; asimismo, señaló que el imputado apelante se halla detenido preventivamente de forma ilegal, porque no se observó el art. 23 de la CPE, refiriéndose que nadie puede ser detenido, sino bajo los alcances de la ley; y, b) También señaló que en contraposición al art. 233.1 del CPP, que establece que deben existir los suficientes elementos de convicción, empero en este caso la víctima ha desmentido la posible participación del imputado apelante, en el ilícito investigado, si bien no se opone a que existe una investigación, pero no puede continuar detenido preventivamente debido a dicho desistimiento formulado, pues en base a él se tiene que no existe la certeza correspondiente, por lo que se debe analizar la aplicabilidad de una detención domiciliaria (fs. 52 a 54). II.4. El citado Auto de Vista 125/2020 de 3 de septiembre, declaró la improcedencia del recurso de apelación interpuesto por el imputado –ahora accionante–, confirmando el Auto Interlocutorio 236/2020, bajo los siguientes fundamentos: 1) En los casos de delitos de acción pública, la responsabilidad de investigar y determinar responsabilidades es del Estado, a través del Ministerio Público; 2) La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en descartar lo siguiente: “´la búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado y no depende de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de su aportación de elementos probatorios´” (sic) (caso Masacre Mapiripán vs. Columbia), ello implica que no se pueden tomar como elementos probatorios aspectos referidos por los alcances del desistimiento, incluso en el caso de autos el indicado desistimiento, en el que la víctima niega la participación del apelante en el hecho investigado, ello no “corrobora la referencia de su persona al ilícito, sino del padre que realiza dicha aclaración” (sic); asimismo, dicho desistimiento no abarca la versión de la agraviada, no influye en lo sostenido en la imputación formal, “es decir, el certificado médico” (sic), tampoco infiere en los elementos de intervención policial, de acuerdo a los cuales se habría encontrado en estado de ebriedad también a los imputado así como a la víctima, tampoco incide en el informe psicológico, en ese marco, el desistimiento no enerva los alcances del art. 233.1 del CPP, ni la imputación formal no pudiendo aplicarse el art. 239.1 del citado Código; y, 3) Al encontrarse en la etapa preparatoria y de investigación, las nuevas denuncias declaradas por la víctima debe hacérsela ante la autoridad jurisdiccional, y no el abogado de la parte imputada; puesto que la víctima en libertad de conciencia debe recurrir a denunciar estos aspectos que no le permitan el acceso a la justicia, con referencia al alcance de los arts. 239 y 233.1 del CPP (fs. 52 a 54).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derecho a la libertad y al principio de objetividad, por cuanto dentro de proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de violación, cuya víctima es una menor de edad, en el que fue dispuesta su detención preventiva, se suscitaron los siguientes actos ilegales: i) La Jueza ahora demandada, a través del Auto Interlocutorio 236/2020 de 14 de julio, rechazó la cesación a su detención preventiva, a pesar de que hubiera desaparecido la concurrencia del art. 233.1 del CPP, ya que la víctima, mediante su padre, desistió en su favor, dicho rechazo se basó en que el delito investigado es de orden público y que la víctima no desistió de forma directa, sino a través de su representante legal; y, ii) En apelación, el Vocal ahora demandado, a través del Auto de Vista 125/2020 de 3 de septiembre, confirmó dicho rechazo con los mismos fundamentos, es decir, que fue el padre y no la víctima quien presentó el desistimiento, desconociendo dicha autoridad que precisamente la víctima es menor de edad, no teniendo capacidad de obrar, máxime si el Fiscal denegó la proposición de prueba de una nueva declaración informativa, lo que retardó la averiguación de la verdad. En consecuencia, a efectos de dilucidar si se concederá o denegará la tutela, se abordarán las siguientes temáticas: a) Sobre la fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso y su exigencia en las resoluciones que dispongan la aplicación, modificación, sustitución o revocatoria de una medida cautelar personal; b) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; c) Sobre el desistimiento en procesos de violación y la obligación de prosecución por parte del Ministerio Público de oficio al ser un delito de orden público; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1 Sobre la fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso y su exigencia en las resoluciones que dispongan la aplicación, modificación, sustitución o revocatoria de una medida cautelar personal

La Constitución Política del Estado a través de su art. 115.II, prevé: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; y, art. 117.I, “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; por lo que, a partir de estos preceptos legales se tiene que el derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el texto constitucional, y de las interpretaciones efectuadas por el Tribunal Constitucional, se reconoció que este derecho comprende una triple dimensión, es decir como principio, garantía jurisdiccional y derecho fundamental, con el cual se busca garantizar la sujeción estricta a las reglas procesales establecidas en el orden jurídico de cada materia, a cuyo efecto busca la materialización de los valores justicia e igualdad en la labor de impartir justicia. En ese sentido, entre los elementos que conforman el debido proceso están la fundamentación, motivación y congruencia, los cuales en una concepción general se constituyen en una exigencia ineludible para las autoridades que vayan a emitir una resolución sea esta judicial o administrativa, puesto que el correcto desarrollo de estos, permitirá al justiciable entender y comprender el porqué de la decisión respecto de su pretensión; es decir, podrá conocer el sustento normativo sustantivo y adjetivo, además de las razones claras y concretas del porque dicho respaldo normativo se ajusta al caso concreto y finalmente la certidumbre de que todas sus pretensiones fueron consideradas en coherencia con lo peticionado y lo resuelto. Así, la SCP 0469/2018-S2 de 27 de agosto, efectuando una breve sistematización de la distinción entre los elementos de fundamentación y motivación desarrollada en la SCP 1291/2011-R de 26 de septiembre; y, citando a la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, señalo que la misma desarrolló el siguiente entendimiento sobre la distinción de estos dos elementos del debido proceso:

normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; y, b) La motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica” (el resaltado corresponde al texto original).

Bajo esos preceptos y consideraciones jurisprudenciales sobre el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, se tiene que su observancia es de igual forma exigible en las resoluciones emitidas en materia penal y más aún cuando se resuelve sobre medidas cautelares; es así que, la SCP 0931/2013-L de 26 de agosto, reiterando los entendimientos de la SCP 0894/2012 de 22 de agosto refirió:

“En ese orden, en materia procesal penal, para el caso de la imposición, modificación, sustitución, ratificatoria y revocatoria de medidas cautelares, el art. 328 del CPP, previene que la resolución que disponga, la imposición, modificación, sustitución, ratificación y revocatoria de una medida cautelar, sea personal o real, deberá ser fundamentada, que implica, la obligación de parte del órgano jurisdiccional, siguiendo una estructura de forma y de fondo, explicar las razones en las que sustenta su decisión, exponiendo la adecuación de los hechos al derecho o norma jurídica, que conlleva a su vez la cita de las normas legales en que se funda el fallo. (…) Específicamente, la citada Sentencia Constitucional, estableció la importancia de la fundamentación y motivación, como elementos del debido proceso, en la resolución que imponga una medida cautelar personal, al indicar: “Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, ha señalado que: ‘La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla '” (las negrillas son ilustrativas).

En esa misma línea, la SCP 0702/2018-S1 de 5 de noviembre, refiriéndose sobre la obligación que tienen los jueces y tribunales de alzada de motivar o fundamentar sus resoluciones, citando a la SCP 0355/2017-S2 de 4 de abril, la cual menciona a su vez a la SCP 0205/2014-S3 de 25 de noviembre, señaló que:

“…tratándose de resoluciones judiciales en el ámbito penal, el art. 124 del CPP, determina que: “Las sentencias y autos interlocutores serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes”. La norma legal transcrita guarda relación con la norma contenida en el art. 236 inc. 3) del mismo Código, que hace referencia a la forma y contenido de la decisión, señalando que debe hacerse una “…fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables…”. (…) Sobre la obligación que tienen las autoridades jurisdiccionales de emitir fallos fundamentados cuando se interpongan solicitudes de cesación de la detención preventiva, la SCP 1236/2016-S2 de 22 de noviembre, precisó: “‘…Las resoluciones que resuelven una solicitud o reclamo, deben contener una motivación coherente con el ordenamiento jurídico, exponiendo de forma clara y precisa los fundamentos que llevaron a la autoridad a resolver el caso de una u otra forma, satisfaciendo todos los aspectos demandados; caso contrario, se estaría vulnerando el derecho y garantía del debido proceso. (…) Asimismo, la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de imponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se dispone la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial’’’ (…) Consecuentemente, es obligación de los Jueces y Tribunales de apelación, cuando se trate de la aplicación, modificación o cesación de las medidas cautelares de carácter personal, emitir fallos motivados y fundamentados, en consideración a que en ellos pueden restringir el derecho a la libertad física, motivo por el cual deben cumplir con todas las características enunciadas por la jurisprudencia constitucional a efectos de que al emitir sus resoluciones cumplan con estos elementos del debido proceso” (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP

Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese entendido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:

“Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva” (las negrillas y el subrayado son ilustrativos). Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:

“…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión” (el resaltado es añadido). Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, precisó que:

“…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (el resaltado es nuestro).

De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:

“En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R de 4 de mayo, ‘En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva” (el resaltado es ilustrativo).

Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP2, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que al tratarse de la aplicación de medidas cautelares el tratamiento difiere, señalando que:

“Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad” (las negrillas son adicionadas). En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 –ahora– art. 236.4 del CPP3, agregó que:

“En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (el resaltado es ilustrativo).

Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0303/2013 de 13 de marzo, 0329/2016-S2 de 8 abril; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre. Finalmente, siguiendo los razonamientos precedentemente desarrollados, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:

“…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria” (resaltado y subrayado nos corresponden). Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones. Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP, y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada norma adjetiva penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.

III.3. Sobre el desistimiento en procesos de violación y la obligación de prosecución por parte del Ministerio Público de oficio al ser un delito de orden público

Al respecto, para poder entender el concepto del instituto jurídico del desistimiento, es necesario en primera instancia, remitirnos a su comprensión realizado por el jurisconsulto Manuel Ossorio, quién en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, define al desistimiento como:

“…el acto de abandonar la instancia, la acción o cualquier otro trámite del procedimiento. Puede ser expreso o tácito; el desistimiento tácito se opera al dejar vencer voluntariamente el término procesal...” (las negrillas nos pertenecen).

A su vez, Manuel E. Ventura Robles -Ex Secretario de la Corte IDH- en su Artículo Académico El Desistimiento y el Allanamiento en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, definió al desistimiento como:

“El desistimiento es un modo anormal de terminar el proceso, mediante un acto procesal de naturaleza dispositiva, sin que se dicte sentencia sobre el fondo. A tal fin se abdica el derecho de acción o se renuncia el derecho en el ámbito del proceso, creándose una figura similar a la renuncia, medio extintivo de las obligaciones. O sea, el desistimiento puede ser de dos clases: de la acción y del derecho. En el primer caso la renuncia no obsta para que la cuestión de fondo pueda ser planteada nuevamente en un proceso posterior, mientras en el segundo caso, al renunciarse al derecho en que se fundó la acción, se da por terminado el juicio. En todo caso el desistimiento es siempre un acto unilateral de la parte demandante” (las negrillas son nuestras).

De donde se puede concluir que el desistimiento es un acto unilateral y de carácter dispositivo de la parte que activó la acción, con el único fin de terminar el proceso en favor de la parte contraria. En ese orden de cosas, el Código de Procedimiento Penal en su art. 292, acerca de este instituto jurídico establece que:

“Artículo 292°.- (Desistimiento y abandono). El querellante podrá desistir o abandonar su querella en cualquier momento del proceso, con costas a su cargo y sujeto a la decisión definitiva. (…). El desistimiento y el abandono impedirán toda posterior persecución por parte del querellante, en virtud del mismo hecho que constituyó el objeto de su querella y en relación a los imputados que participaron en el proceso” (las negrillas son añadidas).

Así también, en mismo Código de Procedimiento Penal, en el art. 380 regula al desistimiento de la siguiente manera:

“Artículo 380° (Desistimiento). El querellante podrá desistir de la acción en cualquier estado del proceso, pero quedará sujeto a la responsabilidad emergente de sus actos anteriores.

El desistimiento producirá la extinción de la acción penal” (las negrillas nos pertenecen).

Ahora, si bien es cierto que la parte demandante, víctima o querellante dentro de un proceso penal, tiene la facultad de poder suscribir en favor del denunciado, imputado o acusado un desistimiento en aplicación del principio dispositivo, dicho actuado tiene sus efectos en las acciones penales sean estas públicas o privadas, que es la extinción de la acción penal, en ese entendido, el art. 20.5) del CPP, establece que: “La acción penal, se extingue: 5) Por el desistimiento o abandono de la querella respecto de los delitos de acción privada” (las negrillas fueron añadidas).

En ese orden de cosas, se puede establecer que una vez planteado el desistimiento en delitos de acción privada, éste tiene su efecto extintivo frente a la persecución penal instaurada por el querellante y por lo mismo el archivo correspondiente. Efecto que no es igual ante la persecución penal en delitos de orden público, ya que al estar en litigio intereses sociales, deben ser tramitados y procesados de oficio por las instancias llamadas por ley -Policía, Ministerio Público, Jueces y Tribunales- conforme lo determina el art. 16 del CPP que establece:

“Artículo 16°.- (Acción Penal pública).- La acción penal pública será ejercida por la Fiscalía, en todos los delitos perseguibles de oficio, sin perjuicio de la participación que este Código reconoce a la víctima. La acción penal pública será ejercida a instancia de parte sólo en aquellos casos previsto expresamente en este Código. El ejercicio de la acción penal pública no se podrá suspender, interrumpir ni hacer cesar, salvo en los casos expresamente previstos por la ley” (las negrillas son nuestras). Ahora bien, es necesario referirnos a lo estipulado en el art. 19 del CPP respecto a los delitos de acción pública a instancia de parte, que regula:

“Artículo 19°.- (Delitos de Acción Pública a Instancia de Parte). Son delitos de acción pública a instancia de parte: abandono de familia, incumplimiento de deberes de asistencia, abandono de mujer embarazada, violación, abuso deshonesto, estupro, rapto impropio, rapto con mira matrimonial, corrupción de mayores, violencia y acoso político” (las negrillas fueron añadidas).

En ese orden de cosas, respecto a los delitos de orden público que deben ser perseguidos por parte del Ministerio Público ex officio, la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 3 de marzo de 2013- al modificar los arts. 246, 254, 256, 267 bis, 270, 271, 272, 308, 308 bis, 310, 312 y 313 del Código Penal (CP), fueron elevados por su art. 90 al rango de delitos de orden público, al expresar que: Todos los delitos contemplados en la Presente Ley, son delitos de acción pública”.

Ahora bien, de lo preceptuado en el art. 19 del CPP y el art. 90 de la Ley 348, se puede evidenciar que existe una colisión normativa sobreviniente entre los delitos catalogados como de acción pública a instancia de parte en el adjetivo penal, y como de orden público en la Ley 348, clasificación de ciertos delitos como el de violación y otros insertos en el referido art. 19, que es menester realizar una interpretación y análisis sistemático entre las dos normativas del mismo rango jerárquico, ya que se tratan de Leyes nacionales, esto, con el objetivo de resguardar la seguridad jurídica y el acceso a la justicia de todas las personas víctimas de violencia en sus diferentes formas, sean hombres, mujeres, niños, niñas o adolescentes, mediante el principio de especialidad normativa, para poder realizar una aplicación preferente de la ley especial sobre la general; en ese sentido la SCP 0278/2019-S4 de 29 de mayo, respecto al principio de especialidad estableció que:

”...determina que ante una colisión normativa, se aplicará la norma específica sobre la general, pues si bien no existe una clara antinomia entre normas, debe entenderse que la norma general se aplica a todos los campos que regula, con excepción de aquél que es reglamentado por la norma especial; … , es posible concluir que el principio de especialidad 6 …, teniendo presente que si bien por disposición del art. 410 de la CPE, la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico se establece una pirámide escalonada respecto a la aplicación preferente de las normas, en cuya cúspide se encuentra la Constitución Política del Estado como Ley Fundamental, seguida de los tratados internacionales, leyes nacionales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, legislación departamental, municipal e indígena, decretos, reglamentos y de demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes a todos los niveles de gobierno, no puede omitirse considerar, que cuando existe una discrepancia en la interpretación y aplicabilidad, el orden de prelación se aplicará bajos los principios de: jerarquía, según el cual la norma superior prima o prevalece sobre la inferior; temporalidad, esto es, que en caso de incompatibilidad entre dos normas de igual jerarquía expedidas en momentos distintos, debe preferirse la posterior en el tiempo; y, especialidad, último éste que determina que ante una colisión normativa, se aplicará la norma específica sobre la general, pues si bien no existe una clara antinomia entre normas, debe entenderse que la norma general se aplica a todos los campos que regula, con excepción de aquél que es reglamentado por la norma especial; así también lo entendió la Corte Constitucional de Colombia, que refiriéndose al principio de especialidad normativa, destacó que éste: “…permite reconocer la vigencia de una norma sobre la base de que regula de manera particular y específica una situación, supuesto o materia, excluyendo la aplicación de las disposiciones generales”; entendimiento en mérito al cual, es posible concluir que el principio de especialidad normativa, cumple una función de organización, puesto que ante la existencia de una norma general y una especial, da prevalencia a la segunda, bajo el entendimiento de que la primera, se aplicará a todos los ámbitos de la materia, con excepción de aquel que es regulado por la norma especial, debido a que la misma se excluye una parte de la totalidad de la materia dominada por la ley general, para regularla de forma diferente y específica. (las negrillas pertenecen al original).

normativa, cumple una función de organización, puesto que ante la existencia de una norma general y una especial, da prevalencia a la segunda, bajo el entendimiento de que la primera, se aplicará a todos los ámbitos de la materia, con excepción de aquel que es regulado por la norma especial, debido a que la misma se excluye una parte de la totalidad de la materia dominada por la ley general, para regularla de forma diferente y específica” (las negrillas pertenecen al original).

De lo que se entiende, que los delitos descritos en la Ley 348, entre los cuales se encuentra el delito de violación tipificado y sancionado en los arts. 308 y 308 bis del CP y que conforme el art. 19 del CPP es considerado un delito de acción pública a instancia de parte, la misma en observancia del principio de especialidad normativa deben ser tramitados, procesados, investigados, proseguidos conforme lo establece el art. 16 del CPP habiendo incidido en la misma el art. 90 de la Ley 348, al catalogar a todos los delitos descritos en dicha Ley, entre los cuales se encuentra el delito de violación como un delito de acción pública y de orden público, por lo que, debe ser perseguido por el Ministerio Público de oficio, aplicando de manera preferente en estos casos por parte del Ministerio Público, Jueces, Tribunales, y toda institución encargada de precautelar los derechos de las personas a vivir libres de violencia en razón de género, sean estos hombres, mujeres, niños, niñas o adolescente, las prerrogativas establecidas en el art. 90 de la Ley 348, sin que -se entiende- predomine la existencia de un desistimiento por parte de la víctima y/o su tutor o tutora; ya que al tratarse de un delito de orden público y donde el bien jurídico protegido es la libertad sexual e integridad sexual de las personas, estos deben ser investigados, perseguidos, procesados y sancionados con la debida diligencia cuando se traten de víctimas mujeres, niñas, niños y adolescentes, aún exista la manifestación unilateral de desistir en la persecución penal, de lo contrario sería un incumplimiento al pleno ejercicio de los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares, así lo entendió la Corte IDH en el Caso Juan Huberto Sánchez en la Sentencia de 7 de junio de 2003, al indicar que:

“La jurisprudencia del sistema interamericano ha reiterado que la ausencia de una investigación y sanción constituye un incumplimiento de la obligación del Estado de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares, y respecto de la sociedad para conocer lo ocurrido”.

De la misma manera, la Corte IDH destacó la importancia de realizar una investigación inmediata, exhaustiva, seria e imparcial ante violaciones de derechos humanos, en la que no deba depender necesariamente de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares, es así que en el Caso Godínez Cruz en la Sentencia de 20 de enero de 1989, estableció que la investigación se debe efectuar:

“[c]on seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.

En ese mismo sentido, sobre la labor investigativa de oficio que deben realizar los agentes del Estado encargadas de llevar los actos de investigación, procesamiento y sanción de los delitos de orden público, la CIDH en el Informe de Fondo dentro del Caso Juan Carlos Abella y Otros vs. Argentina, indicó que:

“La investigación debe llevarse a cabo de manera inmediata, exhaustiva, seria e imparcial y debe estar orientada a explorar todas las líneas investigativas posibles que permitan la identificación de los autores del delito, para su posterior juzgamiento y sanción. El Estado puede ser responsable por no “ordenar, practicar o valorar pruebas” que pueden ser fundamentales para el debido esclarecimiento de los hecho”. De igual manera, en estas actuaciones de oficio pese a que exista la manifestación de desistir en la persecución penal, el Ministerio Público como la autoridad jurisdiccional tienen el deber de aplicar la debida diligencia para prevenir situaciones de violencia, sobre todo en el contexto de prácticas extendidas o estructurales, debiendo cumplir la obligación estatuida en el art. 7.b) de la Convención de Belém do Pará, la que debe ser interpretada en conjunción con la obligación establecida en el art. 8.h) de la misma Convención, en el entendido de garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres y de formular o introducir los cambios necesarios. Concluyéndose que es deber del Estado a través del Ministerio Público, Jueces y Tribunales, investigar, procesar y sancionar de oficio todos los delitos de orden público, pese a que pueda existir la voluntad unilateral de parte de la víctima, o sus tutores de desistir con la persecución penal en aplicación de la debida diligencia con la que están compelidos a realizar sus actos administrativos y judiciales, con el único fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, sancionando el hecho delictivo en proporción al daño causado.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derecho a la libertad y al principio de objetividad, por cuanto dentro de proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de violación, cuya víctima es una menor de edad, en el que fue dispuesta su detención preventiva, se suscitaron los siguientes actos ilegales: 1) La Jueza ahora demandada, a través del Auto Interlocutorio 236/2020 de 14 de julio, rechazó la cesación a su detención preventiva, a pesar de que hubiera desaparecido la concurrencia del art. 233.1 del CPP, ya que la víctima, mediante su padre, desistió en su favor, dicho rechazo se basó en que el delito investigado es de orden público y que la víctima no desistió de forma directa, sino a través de su representante legal; y, 2) En apelación, el Vocal ahora demandado, a través del Auto de Vista 125/2020 de 3 de septiembre, confirmó dicho rechazo con los mismos fundamentos, es decir, que fue el padre y no la víctima quien presentó el desistimiento, desconociendo dicha autoridad que precisamente la víctima es menor de edad, no teniendo capacidad de obrar, máxime si el Fiscal denegó la proposición de prueba de una nueva declaración informativa, lo que retardó la averiguación de la verdad.

Establecido el planteamiento del problema, se pasa a contextualizar el mismo y en ese orden, de la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, se advierte que el 20 de junio de 2020, se imputó formalmente a Jhonny Ronald Mamani Condori -ahora accionante-, Abdiel Ángel Llusco Saca y Wilder Limachi Ibarra, por la presunta comisión del delito de violación con agravante, la misma que radicó ante el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, y una vez llevado la audiencia de medidas cautelares la titular del mencionado Juzgado -ahora demandada- emitió el Auto Interlocutorio 207/2020 de 20 de junio, disponiéndose la detención preventiva del impetrante de tutela y otros, resolución que fue apelada, y que radicó en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitiéndose el Auto de Vista 088/2020 de 10 de julio, donde confirmó en todas sus partes el Auto Interlocutorio 207/2020 y por lo mismo manteniendo la detención preventiva del peticionante de tutela y otros; posteriormente, a su solicitud de cesación a la detención preventiva, la misma fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 236/2020 de 14 de julio, emitida por la Jueza demanda, misma que fue apelada, y resuelta por Auto de Vista 125/2020 de 3 de septiembre emitida por el Vocal de la Sala Penal Primera del referido Tribunal Departamental (Conclusiones II.2 y II.4). En ese marco, identificada la problemática en la cual básicamente el accionante denuncia que las autoridades demandadas a su turno, rechazaron su solicitud de cesación a la detención preventiva con argumentos que no responden al desistimiento presentado por la víctima a su favor; bajo esa comprensión, y aplicando el principio iura novit curia y la informalidad en acciones de libertad, esta instancia constitucional advierte que, el impetrante de tutela al observar los argumentos de las autoridades demandadas, en esencia denuncia falta de fundamentación y motivación; motivo por el cual, se ingresará a verificar dichos elementos del debido proceso conforme a la problemática advertida. Por su parte, en atención a que, el peticionante de tutela, solicita expresamente la anulación del Auto Interlocutorio 236/2020 y el Auto de Vista 125/2020, se ingresará a compulsar ambas resoluciones de forma separada.

i) En relación a la primera problemática

Al respecto, el accionante denuncia que la Jueza ahora demandada, a través del Auto Interlocutorio 236/2020 de 14 de julio, rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva y aplicación de detención domiciliaria, a pesar de que hubiera desaparecido la concurrencia del art. 233.1 del CPP, ya que la víctima, mediante su padre, desistió en su favor, basándose dicho rechazo en que el delito investigado es de orden público y que la víctima no desistió de forma directa, sino a través de su representante legal. En ese contexto, es pertinente remitirnos a los requisitos con los que debe contar toda Resolución sea esta judicial o administrativa, los cuales son la fundamentación y motivación máxime si se trata de procesos penales en los que se debatan la aplicación, modificación, sustitución o revocatoria de una medida cautelar personal, mismos que fueron descritos en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional la cual refiere que:

“…la resolución que disponga, la imposición, modificación, sustitución, ratificación y revocatoria de una medida cautelar, sea personal o real, deberá ser fundamentada, que implica, la obligación de parte del órgano jurisdiccional, siguiendo una estructura de forma y de fondo, explicar las razones en las que sustenta su decisión, exponiendo la adecuación de los hechos al derecho o norma jurídica, que conlleva a su vez la cita de las normas legales en que se funda el fallo” (las negrillas fueron añadidas).

Es decir, que las Resoluciones deben contar con el contenido fundamentado, motivado y el respectivo razonamiento explicativo de la decisión asumida para que ésta quede al entendimiento de la parte interesada y la misma esté satisfecha con tal o cual determinación. Así las cosas, la Jueza demandada rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva solicitada por el impetrante de tutela por medio del Auto Interlocutorio 236/2020, bajo los siguientes argumentos:

“i) De acuerdo al Auto Interlocutorio 207/2020, se ha dispuesto la detención preventiva del imputado –accionante– con agravante; ii) La defensa de dicho imputado señaló que iba a desvirtuar el art. 233.1 del CPP, a través del desistimiento que ha sido notariado, firmado por Eulogio Magne, padre de la víctima, en dicho documento el imputado otorga amplias garantías y el padre de la víctima desistió voluntariamente; si bien, la víctima está en su derecho de poder llegar a un acuerdo conciliatorio; empero, para desvirtuar el art. 233.1 del CPP no es suficiente dicha conciliación, porque por lo manifestado por el Ministerio Público y por los antecedentes, que cursan en el cuaderno de control jurisdiccional, se puede establecer que la víctima el día de los hechos se hallaba en estado de ebriedad, al igual que los imputados, existiendo inclusive un informe psicológico del cual se puede establecer que la víctima ni siquiera se acordaba de lo que había sucedido, por lo que el haber llegado a un acuerdo conciliatorio sin tener conocimiento si el imputado -solicitante de la cesación de la detención preventiva- participó o no del delito, es insuficiente dicho documento, pues no desvirtúa el art. 233.1 del CPP, sino que por el contrario genera ciertas contradicciones en cuanto al hecho investigado; iii) El art. 19 del CPP dispone que en los delitos de acción pública el Ministerio Público está en la obligación de seguir el proceso en su caso y en relación a menores de edad, dicha entidad está en la obligación de continuar con el proceso penal, en el presente caso la víctima es menor de edad, pues tiene 17 años de edad; iv) De lo acontecido se puede entender que la indicada menor está siendo manipulada, entonces el documento presentado no es suficiente para desvirtuar los riesgos procesales; y, v) Si ben la parte imputada ha argumentado en torno al art. 239.1 del CPP en relación a nuevos elementos en el proceso penal en referencia al art. 233.1 de dicho cuerpo normativo, empero no es suficiente el documento esgrimido” (Conclusión II.2).

En ese orden de cosas, es necesario realizar el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación con las que debe contar el indicado Auto Interlocutorio impugnado; así tenemos:

a) Sobre la fundamentación

La Jueza demandada, a momento de declarar el rechazo de la petición de cesación a la detención preventiva, se basó en los arts. 19; 54; 124; 233.1, 2 y 3; 234.1, 2 y 7; 235; y, 239.1 del CPP. En ese contexto, se puede evidenciar que la autoridad demandada, a momento de emitir el Auto Interlocutorio ahora cuestionado, fundamentó su decisión en las normas legales vigentes, denotándose que dicha determinación cuenta con la fundamentación exigida por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, correspondiendo denegar la tutela solicitada al respecto.

b) Respecto a la motivación

La autoridad demandada al pronunciar el Auto Interlocutorio 236/2020, por el cual determinó rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva, señaló que: 1) La defensa pretende desvirtuar el riesgo inserto en el art. 233.1 del CPP relativo a que el imputado es con probabilidad autor o partícipe; 2) Presenta un documento de desistimiento intervenido por la Notaría de Fe Pública 9 de la ciudad de Oruro, misma que fue firmado por Eulogio Magne -padre de la víctima menor- en la cual el imputado otorga garantías, desistiendo el padre de forma voluntaria al proceso; 3) Para desvirtuar el riesgo procesal no es suficiente un documento de acuerdo o conciliación, pese a ser un derecho de la víctima; toda vez que, el Ministerio Público y del cuaderno de control jurisdiccional se establece que la menor víctima juntamente el imputado el día del hecho se encontraban es estado de ebriedad, y del informe psicológico se evidencia que la víctima no recuerda lo sucedido, señalando además que el día del hecho se encontraba con otras personas, indicando que sentía dolores en la parte trasera; 4) El haber arribado a un acuerdo de conciliación sin tener un conocimiento pleno sobre su participación al encontrarse en estado de ebriedad, hace que el documento sea insuficiente para desvirtuar el riesgo procesal, llegando a observar ciertas contradicciones sobre lo sucedido el 18 de junio de 2020; y, 5) El art. 19 del CPP indica que en los delitos de acción pública el Ministerio Público tiene la obligación de continuar el proceso penal en delitos cuando la víctima sea menor de edad, por lo que, teniendo la víctima 17 años y pese a existir un documento de conciliación, está en la obligación de continuar el proceso, considerando que el referido documento no desvirtúa el riesgo inserto en el art. 233.1 del CPP sino que lleva a resaltar contradicciones, llegando a concluir que la víctima está siendo manipulada.

Ahora bien, conforme se desarrolló en el acápite anterior, respecto a la fundamentación, que el Auto Interlocutorio cuestionado contaría con dicho elemento del debido proceso, es menester examinar si dicha determinación, cuenta o no con la debida motivación, es decir, la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, realizando esa argumentación lógico-jurídica, explicando los motivos y razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados de forma abundante en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, las que deben ser cumplidas por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, y el no hacerlo la misma se tornaría en arbitraria y por ende sin efecto legal alguno. En ese orden, primeramente, cabe hacer énfasis al reclamo del accionante, en el sentido de que la razón del rechazo de la cesación de la detención preventiva por parte de la Jueza demandada, fue porque el desistimiento estuvo efectuado por el padre de la menor y no por ella, reclamando a su vez que eso es incoherente porque la menor precisamente no tiene capacidad de obrar, debiendo ser representada por su padre. Sin embargo, de la revisión de dicho Auto Interlocutorio, se evidencia que la autoridad demandada no fundó su rechazo en el hecho de que el desistimiento no es válido por no ser directamente realizado por la menor, no siendo evidente entonces la denuncia del accionante, advirtiendo por el contrario que la autoridad demandada explicó que si bien la víctima puede llegar a una conciliación; empero, en este caso dicha conciliación no fue suficiente porque para desvirtuar la probabilidad de autoría prevista por el art. 233.1 del CPP, como elemento sustancial para la aplicación de detención preventiva, se tiene que el día que se llevó a cabo el hecho investigado, la víctima se hallaba en estado de ebriedad, y que existía un informe psicológico en el que se indicaba que la menor no recordaba lo que había sucedido, lo que hacía insuficiente el documento suscrito en calidad de conciliación y desistimiento para descartar la probabilidad de autoría como tal. De lo indicado, se entiende con claridad que la Jueza demandada explicó que la probabilidad de autoría no fue desvirtuada, por lo que no era aplicable la cesación de la detención preventiva del accionante. A ese respecto el art. 46 de la Ley 348, en relación a la conciliación refiere que:

“I. La conciliación está prohibida en cualquier hecho de violencia contra las mujeres, que comprometa su vida e integridad sexual. Ninguna institución receptora de denuncias ni su personal, podrá promover la conciliación ni suscripción de ningún tipo de acuerdo entre la mujer y su agresor, bajo responsabilidad. II. En los casos no previstos en el parágrafo anterior, el Ministerio Público deberá imponer las medidas de seguridad que sean necesarias a fin de preservar la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres.

III. No se reconoce la conciliación bajo presión a la víctima o para evitar carga procesal, bajo responsabilidad funcionaria. IV. Excepcionalmente la conciliación podrá ser promovida únicamente por la víctima, sólo por única vez y no siendo posible en casos de reincidencia”.

Ahora bien, conforme se tiene descrito del Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, si bien es cierto que la parte demandante en uso del principio dispositivo puede manifestar su voluntad de forma unilateral el desistir de la persecución penal en contra del denunciado, imputado o acusado, no es menos cierto que tratándose de delitos de orden público, y en el presente caso de un delito de violación de una menor de edad, y en apego al art. 90 de la Ley 348, ese desistimiento no debe tomarse en cuenta o valorar su procedibilidad para archivar el proceso, sino que al configurarse en un delito de orden público debe ser continuada de oficio, por parte de las instituciones de protección a la sociedad -Policía, Ministerio Público, Jueces o Tribunales- con el fin de perseguir, procesar, sancionar el acto delictivo, de lo contrario sería actuar contra los derechos de las víctimas de violencia sexual y sus familiares, máxime si en el presente caso se trata de una menor de edad que conforme el art. 60 de la CPE sus derechos se encuentran reforzados y por lo mismo tienen una mayor importancia en el procedimiento penal, actos de oficio que están relacionados a lo vertido por la Corte IDH, que en Caso Godínez Cruz descrito en el Fundamento Jurídico en estudio, refirió que la investigación se debe efectuar:

“[c]on seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.

En ese orden de ideas, es menester referirnos a lo expuesto en el precitado Fundamento Jurídico III.2, respecto a la colisión normativa existente entre el art. 19 del CPP y el art. 90 de la Ley 348, esto relacionado a que ciertos delitos descritos en el art. 19 del CPP entre los cuales está el delito de violación está considerado como un delito de acción pública a instancia de parte; es decir, que tanto el inicio del proceso como su prosecución son de absoluta responsabilidad de la víctima, denunciante, coadyuvante, etc., mientras que el art. 90 de la Ley 348 cataloga que todos los delitos descritos en la mencionada norma, así como el delito de violación es considerado un delito de orden público, por lo tanto delitos de acción pública son las que deben ser tramitados, procesados, sustanciados, perseguidos y finalmente concluidos con una sanción, de oficio por parte del Ministerio Público; por lo que al advertir esta colisión, realizando una interpretación sistemática y conforme al principio de especialidad se deberá aplicar por todas las autoridades judiciales, administrativas, fiscales, policiales y otras que coadyuven en los procedimientos relacionados a delitos de violencia contra las personas sean estas hombres, mujeres, niños, niñas o adolescentes, y que se acomoden a los criterios contenidos en la Ley 348, deban aplicar de manera preferente el art. 90 de la merituada Ley al ser dicha norma especializada en delitos de violencia en razón de género.

De igual forma, se evidencia que la conciliación está prohibida en casos de violencia contra la mujer, con la excepción de ser promovida por una sola vez por la víctima; siendo explicada por la autoridad demandada, que si bien se tiene el derecho de poder conciliar; empero, no es menos cierto que los delitos de orden público y más aún la víctima es una menor de edad -como en el presente caso- el Ministerio Público tiene la obligación de continuar con el proceso de oficio, y que evidentemente, a más de atisbar elementos que hagan converger los elementos necesarios para desvirtuar el art. 233.1 del CPP, se ingresa en contradicciones sobre los hechos al encontrarse tanto la víctima como los imputados en estado de ebriedad y no acordarse de nada, asimismo, dio una explicación suficiente respecto a la obligación que tiene el Ministerio Público en perseguir los delitos de orden público, contrastando de manera general la situación de vulnerabilidad de la víctima menor de edad, la cual conforme al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, y la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto que cita a la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto en la que se garantiza la protección de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y los estándares internacionales aplicando un enfoque interseccional en favor de dicha población vulnerable y que goza de una protección reforzada, además que conforme al art. 90 de la Ley 348, el delito de violación ya no está catalogado como un delito de acción pública a instancia de parte -inicio de la demanda y demás actuados-, sino que se configura como un delito de orden público perseguible de oficio por parte del Ministerio Público, por lo que el pretender que la autoridad demandada valore de forma favorable al accionante, la conciliación o desistimiento sea instaurada por parte de la víctima en favor del imputado, se ha establecido que la misma va en contra de los entendimientos que agravian los derechos de las mujeres víctimas de violencia, máxime si en el presente caso se trata de una menor de edad, argumentos que fueron adoptados por la autoridad demandada que, si bien fue de forma general; empero, tiene una concordancia con los estándares nacionales e internacionales descritos en la referida SCP 0268/2020-S1; aspectos que, fueron tomados en cuenta, aunque de forma general por la autoridad demandada a momento de emitir el Auto Interlocutorio 236/2020, por lo que se advierte que dicha Resolución se encuentra debidamente motivada, correspondiendo denegar la tutela al respecto.

ii) En relación a la segunda problemática

El accionante denuncia que el Vocal ahora demandado, mediante Auto de Vista 125/2020 de 3 de septiembre, confirmó dicho rechazo de cesación de la detención preventiva, con los mismos fundamentos que la Jueza a quo, es decir, que fue el padre y no la víctima quien presentó el desistimiento, desconociendo dicha autoridad que precisamente la víctima es menor de edad, no teniendo capacidad de obrar, máxime si el Fiscal denegó la proposición de prueba de una nueva declaración informativa, lo que retardó la averiguación de la verdad.

En ese contexto, corresponde remitirnos a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que refiere respecto a la exigencia de los requisitos de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales de los tribunales de apelación, manifestando que:

“…la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación”.

Es decir, que las Resoluciones deben contar con el contenido fundamentado, motivado y el respectivo razonamiento explicativo de la decisión asumida para que ésta quede al entendimiento de la parte interesada y la misma quede satisfecha con tal o cual determinación. La Corte IDH, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de los Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, refirió que:

“…la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga la credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En ese sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (las negrillas son adicionadas).

Y que dicha labor de los órganos jurisdiccionales, al tratarse de tribunales de apelación, respecto a solicitudes de aplicación de medidas cautelares, en el referido Fundamento Jurídico III.2, indicó que la aplicación del art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral de supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del citado Código, a través de una resolución con la debida justificación normativa, conforme lo dispone el art. 236.4 de la norma adjetiva penal. No siendo admisible que los tribunales de apelación basen sus determinaciones en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización, debiendo demostrar con una cabal fundamentación y motivación la necesidad de la detención preventiva, y de no hacerlo se torna en una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Norma Suprema.

Así las cosas, el Vocal ahora demandado confirmó el rechazó a la solicitud de cesación a la detención preventiva requerida por el impetrante de tutela por medio del Auto de Vista 125/2020 de 3 de septiembre, bajo los siguientes argumentos:

“1) En los casos de delitos de acción pública, la responsabilidad de investigar y determinar responsabilidades es del Estado, a través del Ministerio Público; 2) La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en descartar lo siguiente: “´la búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado y no depende de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de su aportación de elementos probatorios´” (sic) (caso Masacre Mapiripán vs. Columbia), ello implica que no se pueden tomar como elementos probatorios aspectos referidos por los alcances del desistimiento, incluso en el caso de autos el indicado desistimiento, en el que la víctima niega la participación del apelante en el hecho investigado, ello no “corrobora la referencia de su persona al ilícito, sino del padre que realiza dicha aclaración” (sic); asimismo, dicho desistimiento no abarca la versión de la agraviada, no influye en lo sostenido en la imputación formal, “es decir, el certificado médico” (sic), tampoco infiere en los elementos de intervención policial, de acuerdo a los cuales se habría encontrado en estado de ebriedad también a los imputado así como a la víctima, tampoco incide en el informe psicológico, en ese marco, el desistimiento no enerva los alcances del art. 233.1 del CPP, ni la imputación formal no pudiendo aplicarse el art. 239.1 del citado Código; y, 3) Al encontrarse en la etapa preparatoria y de investigación, las nuevas denuncias declaradas por la víctima debe hacérsela ante la autoridad jurisdiccional, y no el abogado de la parte imputada; puesto que la víctima en libertad de conciencia debe recurrir a denunciar estos aspectos que no le permitan el acceso a la justicia, con referencia al alcance de los arts. 239 y 233.1 del CPP” (Conclusión II.4).

En ese orden de cosas, es necesario realizar el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación con las que debe contar el citado Auto de Vista impugnado, así tenemos:

a) Sobre la fundamentación

El Vocal demandado, a momento de confirmar el rechazo de la solicitud de cesación a la detención preventiva, se basó en los arts. 233.1, 239.1 y 398 de CPP. En ese contexto, se puede evidenciar que la autoridad demandada, al emitir el Auto de Vista ahora cuestionado, fundamentó su decisión en las normas legales vigentes, denotándose que dicha determinación cuenta con la fundamentación exigida por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, correspondiendo denegar la tutela solicitada al respecto.

b) Respecto a la motivación

El Vocal demandado al pronunciar el Auto de Vista 125/2020, por el cual determinó confirmar el Auto Interlocutorio 236/2020 que dispuso rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva, indicó que: 1) En los delitos de acción pública, es obligación del Estado el investigar y determinar responsabilidades penales, siendo ratificada por el recurrente -ahora accionante-, aspectos que no son de debate; 2) La Jueza a quo ha indicado que existe una serie de observaciones relativas al desistimiento que fuera firmado por el padre de la víctima, en la cual se indica que se desiste del caso, no siendo suficiente, pues a criterio del de instancia existen elementos respecto a los alcances de la investigación, llevando a establecer contradicciones del hecho y que la víctima fue manipulada; 3) En aplicación de las resoluciones emitidas por la Corte IDH, no se puede tomar como un elemento probatorio los alcances del desistimiento, siendo que si bien, en el mismo la víctima niega la participación del imputado, el mismo no corrobora lo referido en cuanto al ilícito investigado en su persona; y, 4) De igual forma dicho desistimiento no abarca la versión de la víctima que estaba en estado de ebriedad la cual indicó que sentía dolores en la parte trasera, menos los indicios sustentados por la Imputación Formal -Certificado Médico, Intervención Policial e Informe Psicológico-, por lo cual no se establece que se haya enervado el art. 233.1 del CPP. Ahora bien, conforme se desarrolló en el acápite anterior, respecto a la fundamentación, que el Auto de Vista impugnado contaría con dicho elemento del debido proceso, es menester examinar si dicha determinación, cuenta o no con la debida motivación, es decir, la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, realizando esa argumentación lógico-jurídica, explicando los motivos y razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados de forma abundante en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, las que deben ser cumplidas por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, y el no hacerlo la misma se tornaría en arbitraria y por ende sin efecto legal alguno.

De la lectura del Auto de Vista cuestionado, se advierte que contiene en su generalidad los mismos fundamentos que el Auto Interlocutorio 236/2020 pronunciada por la Jueza a quo, en ese marco, el accionante denunció que el Vocal demandado sostuvo su decisión de improcedencia de su apelación por cuanto el desistimiento fue del padre de la menor y no de ésta, aspecto que no es evidente por cuanto si bien es cierto que uno de los fundamentos de la autoridad demandada es que “…la víctima niega la participación del apelante en el hecho investigado, ello no corrobora la referencia de su persona al ilícito, sino del padre que realiza dicha aclaración” (sic)”; sin embargo, el Vocal demandado en aplicación de las Sentencias emitidas por la Corte IDH insertos en el Caso Masacre Mapiripán vs. Colombia, señaló que referido documento de desistimiento no puede ser valorado por ser insuficiente, y que además que es un obligación del Estado el de investigar y determinar las responsabilidades penales, aplicando de forma óptima y cabal aunque de forma general lo establecido en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto citada por la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto que señala que ante, la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado, y en caso de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos; aspectos estos, que acorde al argumento del Vocal demandado, la misma no puede ser valorado esto con el objetivo de no revictimizar a la víctima menor de edad; por lo que, conforme a lo ampliamente desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, realizando una interpretación sistemática y conforme al principio de especialidad se deberá aplicar por todas las autoridades judiciales, administrativas, fiscales, policiales y otras que coadyuven en los procedimientos relacionados a delitos de violencia contra las personas sean estas hombres, mujeres, niños, niñas o adolescentes, y que se acomoden a los criterios contenidos en la Ley 348, deban aplicar de manera preferente el art. 90 de la merituada Ley al ser dicha norma especializada en delitos de violencia en razón de género, además que conforme al precitado Fundamento Jurídico III.3 los desistimientos no pueden ser tomados en cuenta en delitos de violencia sexual contra mujeres, siendo obligación del Ministerio Público la prosecución de oficio pese a existir desistimiento o el abandono de la víctima; aspectos que, fueron tomados en cuenta, aunque de forma general por el demandado a momento de emitir el Auto de Vista 125/2020, por lo que se advierte que la resolución impugnada se encuentra debidamente motivado, correspondiendo denegar la tutela al respecto. Ahora bien, el impetrante de tutela hace énfasis en que la vulneración a la que que incurrió el Vocal demandado es mayor aún porque la Fiscalía habría denegado la proposición de prueba de una nueva declaración informativa, empero ese es un aspecto que es impertinente al caso en concreto, ya que en el mismo solo se pueden revisar actuados llevados a cabo por los demandados, en este caso, está cuestionando un actuado de la Fiscalía, sin que se hubiera demandado a Fiscal alguno, y menos identificar el referido actuado, considerado vulnerador de derechos del accionante, por lo que dicha denuncia no es atendible en esta demanda. Por otra parte, con relación a la vulneración del principio de objetividad, corresponde inicialmente referir que el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la amplia jurisprudencia desarrollada, estableció que no era posible tutelar principios de forma autónoma, empero siguiendo un posterior entendimiento más favorable a los derechos constitucionales, la SCP 0493/2019-S2 de 11 de julio estableció que 11 En su FJ III.4 determinó: “No obstante lo anotado, la SC 0092/2010-R de 4 de mayo[7], señaló que a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, los principios no son tutelables a través del recurso o acción de amparo constitucional, que tiene por finalidad la protección de derechos fundamentales. En igual sentido, se pronunciaron numerosas sentencias constitucionales, entre ellas, la SC 0096/2010-R de 4 de mayo y la SCP 1119/2013-L de 30 de agosto. Posteriormente, la SCP 0096/2012 de 19 de abril[8], citando el entendimiento jurisprudencial fundante contenido en la SC 0070/2010-R, establece que los principios y valores señalados en la Constitución Política del Estado buscan la eficacia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, por lo que, es posible el resguardo de un principio cuando existe vinculación con un derecho fundamental o garantía constitucional, en razón a que conforme precisó la SCP 1050/2013 de 28 de junio: “La seguridad jurídica, constituye un principio constitucional, que como criterio rector, su aplicación tiene que ser inherente a todos los ámbitos de la vida jurídica, por lo que, el mismo tiene al igual que todos los principios tres funciones, interpretativa, fundamentadora del orden social y supletoria”. En este entendido y de la contextualización de línea jurisprudencial referida, debe aplicarse el estándar jurisprudencial más alto que señala que es posible la protección de los principios constitucionales cuando existe vinculación con un derecho fundamental o garantía constitucional, contenido en la SCP 0096/2012 antes citada, estándar que fue desarrollado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre[9] reiterada por la SCP 0087/2014-S3 de 27 de octubre[10], a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, en las que se establece que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquel que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tienden a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Norma Suprema y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, son susceptibles de tutela, los principios constitucionales cuando están relacionados a los derechos fundamentales invocados como vulnerados. En ese marco, corresponde señalar que al encontrarse debidamente fundamentadas y motivadas las Resoluciones cuestionadas, las autoridades demandadas, efectivamente sustentaron las decisiones asumidas, sin dejar de lado la objetividad con la que deben actuar, al resolver las causas que tiene a su cargo en la administración de justica; consiguientemente, advirtiéndose que no se ha vulnerado el principio de objetividad en las resoluciones judiciales, corresponde denegar la tutela solicitada.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes del proceso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2020 de 16 de septiembre, cursante de fs. 29 a 37, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada en base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

“Esta distinción jurisprudencial entre fundamentación y motivación desde la protección del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre y 0100/2013 de 17 de enero- no sólo visibiliza un uso diferenciado de términos, sino una distinción conceptual que incide en la exigencia de justificación de toda decisión; toda vez que: a) La fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones

1 “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (el resaltado nos corresponde).

2 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución” 3El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener: 1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa; 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento; 6. El plazo de duración de la medida”.

4 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pág. 320

5 ROBLES VENTURA, Manuel E.: El Desistimiento y el Allanamiento en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pág. 691

7 Corte I.D.H., Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 134; véase también CIDH, Resolución 1/03 sobre Juzgamiento de Crímenes Internacionales, 24 de octubre de 2003, en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2003, 29 de diciembre de 2002, Anexo I; Corte I.D.H. Caso Trujillo Oroza, Reparaciones, (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párrs. 99-101 y 109; y Corte I.D.H., Caso Bamaca Velásquez. Reparaciones, (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párrs. 74-77.

8 Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 188; Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 177; Corte I.D.H., Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 226.

9 Informe de Fondo, N˚ 55/97, Juan Carlos Abella y Otros (Argentina), 18 de noviembre de 1997, párr. 412.

10 SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, en su FJ. III.1. De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, se tiene que, estas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las niñas y adolescentes mujeres víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de este grupo altamente vulnerable; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a niñas y adolescentes mujeres; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (niñas y adolescentes), guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

aquel que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho. Este entendimiento ya fue asumido por esta Sala en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0017/2018-S2 de 28 de febrero y 0086/2019-S2 de 5 de abril”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0234_2023-S1.pdf · páginas 1 a 35.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4f154e2dcf7000678b4d7c98ad1b705b0be5963a8e83ee90683a6dc20b78f10e

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