Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 12 de abril de 2023
Deniega la tutela
La accionante denuncia la lesión del derecho al debido proceso en sus componentes del derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva, fundamentación, motivación y congruencia; y, el “derecho” a probar, toda vez que, la Jueza accionada: 1) Ante la presentación de su acusación particular dentro del proceso penal en el cual es víctima, de forma indebida por decreto de “…26 de octubre del 2021” (sic) condicionó y negó la admisión de la misma a que previamente se acredite la formulación de la querella formal, cuando para ser parte activa de la causa penal no necesita presentar este actuado, determinación que mantuvo pese al recurso de reposición que planteó y que fue rechazado, desconociendo así los arts. 11 y 340.II del CPP, en base a los cuales tenía la obligación de admitirla al ser notorio que su persona es víctima del hecho que denunció y en la cual fue notificada y participó en la etapa preparatoria, teniendo en tal calidad el derecho de participar en todas las instancias judiciales; además de omitir fundamentar y motivar sobre cuál procedimiento que debe cumplir y explicar claramente los aspectos fácticos y de derecho, a más de no dar cumplimiento a la secuencia procesal exigida por el pre citado art. 340.II, III y IV del CPP y el alcance del art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, conforme el art. 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 363 a 377 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Segundo de Camiri del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia:
1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los razonamientos desarrollados precedentemente, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de las problemáticas constitucionales formuladas.
2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en consideración a la facultad previsora y el tiempo transcurrido, manteniendo invariables los actos procesales y jurisdiccionales que se hubiesen generado dentro del proceso penal del cual deviene esta acción de defensa, con posterioridad a la emisión de la Resolución constitucional objeto de revisión, conforme se tiene razonado precedentemente.
3° Exhortar a Bernabé Mamani Copa, Juez Público Civil y Comercial Segundo de Camiri del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por los motivos de orden procesal-constitucional expuestos en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0233/2023-S3 Sucre, 12 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 46687-2022-94-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 363 a 377 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Blanca Vallejos Pérez contra Vivian Fabiola Torrez Saavedra, Jueza de Sentencia Penal Primera de Camiri del departamento de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 10 y 16, ambos de marzo de 2022, cursantes de fs. 304 a 312; y, 316 a 317, la accionante manifiesta lo siguiente:
Previamente en relación a la excepción al principio de subsidiariedad -que rige a la acción de amparo constitucional-, se debe considerar el art. 54.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establece: “Excepcionalmente, previa justificación fundada dicha acción será viable cuando: 1) La PROTECCIÓN PUEDA SER TARDÍA” (las negrillas son nuestras), conforme a lo cual, no existe mecanismo o recurso que proteja de manera inmediata sus derechos, ya que el juicio -oral, público y contradictorio-, correspondiente al proceso penal del cual deviene esta acción de defensa, se encuentra con señalamiento de audiencia para el 10 de marzo de 2022, debiendo considerar como argumento, por el que -la tutela- puede ser tardía y no inmediata que, se notificó el 1 de noviembre de 2021, con la acusación formal y las pruebas físicas; por lo que, conforme el art. 340.I y II del Código de Procedimiento Penal (CPP), presentó la acusación particular por -la presunta comisión de- los delitos de robo agravado, allanamiento -del domicilio- y asociación delictuosa, pero habiéndosele cortado toda instancia ordinaria (admisión de la acusación particular, interposición del recurso de reposición y la corrección procesal), Vivian Fabiola Torrez Saavedra, Jueza de Sentencia Penal Primera de Camiri del departamento de Santa Cruz -hoy accionada-, fijó juicio oral , público y contradictorio para el 10 de marzo de 2022; es decir, en caso de no accionar y hacer prevalecer sus derechos podría dictarse sentencia dentro del proceso penal sin su participación como víctima de acuerdo con el pre citado art. 340.II del adjetivo penal, por tal motivo no se podría “rechazar” su solicitud de tutela bajo el argumento del principio de subsidiariedad, por cuanto, la protección de esas instancias -ordinarias- si las hubieran, sería tardía e ineficaz; por lo que, acude a esta vía constitucional tutelar, citando al efecto la SCP 0219/2014-S3 de 5 de diciembre.
Luego, efectuando la relación de los hechos refiere que, presentó denuncia contra Julio Cesar Cáceres Vallejos -hoy tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de robo agravado, que conllevó a que se le impute, posteriormente, habiéndose recolectado dentro de la etapa preparatoria suficientes elementos; en la cual su persona como víctima en todo momento realizó proposición de diligencias, participó de la audiencia cautelar, solicitó conminatoria, ampliación de denuncia, entre otros; el Fiscal de Materia, formalizó acusación formal en contra del referido procesado, emergente de ello, la Jueza hoy accionada, determinó radicar la causa penal y ordenó al Ministerio Público, presentar las pruebas conforme el antes citado art. 340.I del CPP, seguidamente, por “Resolución” -decreto- de 29 de octubre de 2021, ordenó se “cite” -lo correcto es notifique- a la denunciante y víctima para que presente acusación particular y/o se adhiera a la fiscal.
Por lo que, el 15 de noviembre de 2021 a través de su apoderado presentó acusación particular, que mereció providencia, por la cual, la autoridad judicial -hoy accionada- le indicó: ‘“con carácter previo, acredite su querella formal, ya que en expediente no cursa la misma, caso contrario, estese a procedimiento, mismo que será rechazada, debiendo estarse a la acusación formal”’ (sic), ante ello, se interpuso recurso de reposición que fue rechazado -se entiende a través de la Resolución 160 de 21 de diciembre de 2021-; de esta manera y agotado el referido recurso, el 30 de igual mes y año, se solicitó la corrección procesal (como última petición a fin de acabar todas las vías) conforme el art. 168 del adjetivo penal y a fin de que corrija de oficio su error, toda vez que, es por demás evidente el defecto en que incurrió al negar su participación en calidad de víctima y de manera especial presentar la acusación particular, posterior a ello negó la requerida corrección -por decreto de 30 del referido mes y año- señalando que esté a procedimiento, sin expresar cuál es el sentido de dicha Resolución, para seguidamente fijar audiencia de juicio oral, público y contradictorio para el 10 de marzo de 2022, lo cual le provoca un estado de indefensión absoluta, impidiéndole de esta forma poder presentar o admitir su acusación particular, cuando sin haberse dado cumplimiento a la secuencia procesal exigida por el antes citado art. 340.II, III y IV del CPP, no solo rechazó tal acusación sino que también de forma anticipada -reitera- el 28 de diciembre de 2021, dictó Auto de apertura de juicio para, el 8 de enero de 2022, sin que previamente se notifique al acusado -hoy tercero interesado- para que presente sus pruebas de descargo y cuando incluso se encontraba en vacación judicial, remitiendo al Juez en suplencia legal causando desorden en las actuaciones procesales, para nuevamente fijar audiencia en la data antes indicada.
Refiere que, se lesionó el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa al negársele la presentación de la acusación particular cuando conforme a los arts. 11 y 340.II del CPP, tenía la obligación de admitirla al ser notorio que su persona es víctima del hecho que denunció y en la cual fue notificada y participó en la etapa preparatoria; así también a la tutela judicial efectiva, cuando como víctima tiene el derecho de participar en todas las instancias judiciales, misma que fue coartada por tal negación de admisión por la sola no presentación en etapa preparatoria de una querella, exigencia sobre la cual tampoco no fundamentó ni motivó, sin citar cuál es el procedimiento legal que debe cumplir y ante el recurso -se entiende de reposición- que interpuso en la determinación de rechazo, no fundamentó y menos motivó ello; por cuanto, no explicó claramente los aspectos fácticos ni de derecho como tampoco la subsunción a la misma o por lo menos usar un silogismo al caso concreto; por lo que, no existe congruencia.
Finalmente resalta que, la Jueza accionada no tomó en cuenta la secuencia procesal establecida en el tantas veces citado art. 340.II del CPP y no consideró al emitir de forma anticipada el Auto de apertura de juicio y negar admitir su acusación particular, el alcance del art. 342 del citado Código, que reviste una gran importancia al definir que este acto procesal se abrirá en base a la acusación fiscal o la del querellante; por lo que, se vulneran sus derechos como parte acusadora, teniendo su persona, indistintamente a la acusación fiscal presentada por el Ministerio Público, el derecho de presentar pruebas de cargo y que no sean negadas en su admisión, considerando además que en su acusación particular no solo acusó -la presunta comisión del- delito de robo agravado, como lo hizo la representación fiscal, sino también allanamiento -del domicilio- y asociación delictuosa, cuando además las pruebas testificales y documentales presentadas son distintas; por lo que, es necesario que dentro del juicio -oral, público y contradictorio- se tome en cuenta su derecho a “probar”.
La accionante alega la vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes del derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva, fundamentación, motivación y congruencia; y, el “derecho” a probar; citando al efecto los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, se deje sin efecto: a) El decreto de “…26 de octubre del 2021” (sic) -siendo lo correcto 16 de noviembre de 2021- y se ordene a la Jueza accionada emitir una nueva resolución admitiendo su acusación particular presentada el 15 de igual mes y año; y, b) Todas las actuaciones procesales posteriores como el Auto de apertura de juicio oral -público y contradictorio-.
Celebrada la audiencia pública el 25 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 361 a 362; presentes la accionante asistida de su abogado; y, ausentes la Jueza accionada, el tercero interesado y la representación fiscal, se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela a través de su abogado ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de la presente acción de defensa; y, ampliando en audiencia señaló que para ejercer sus derechos como víctima y ser parte activa del proceso penal, no necesita presentar previamente querella.
En uso de la palabra la accionante manifestó que, solicita se cumpla lo referido por su abogado y se aplique la Ley.
Vivian Fabiola Torrez Saavedra, Jueza de Sentencia Penal Primera de Camiri del departamento de Santa Cruz, por informe escrito cursante de fs. 359 a 360, señaló que: 1) Se ratifica en cada uno de los actuados procesales cursantes en el expediente y las Resoluciones dictadas; 2) Con relación a la supuesta vulneración del debido proceso en su vertiente de fundamentación, la Resolución 160 de 21 de diciembre de 2021, contiene este componente, por cuanto, se aclaró a la hoy accionante las diferencias entre denunciante, víctima y querellante, siendo las tres figuras diferentes; por lo que, para poder presentar una acusación particular previamente se debe acreditar una querella formal; 3) Si bien es cierto que la denunciante puede ser al mismo tiempo la víctima y la querellante, esto no la exime de cumplir con los preceptos jurídicos constitucionales; 4) En cuanto a que se garanticen los derechos en calidad de víctima, el art. 340 y ss. del CPP, establecen cuales son los pasos a seguir dentro de un juicio -oral, público y contradictorio- y en qué parte interviene la víctima, tomando en cuenta que, al ser delitos de acción pública el representante es el Ministerio Público; 5) Por ende, no se lesionó ningún derecho constitucional de la impetrante de tutela no pudiendo forzarse el procedimiento, de tal manera, si la nombrada cree que existe una vulneración de índole legal, la vía es la acción constitucional -de inconstitucionalidad- concreta; y, 6) Solicita sea “rechazada” la petición de la accionante -lo correcto es se deniegue la tutela impetrada-, toda vez que, se está haciendo costumbre presentar acciones de amparos constitucionales, admitiéndose sin cumplir los requisitos formales, supliendo a la jurisdicción ordinaria, provocando un retardo innecesario en la justicia, cuando además la nombrada no cumplió con el principio de subsidiariedad.
Julio César Cáceres Vallejos, no remitió memorial alguno, ni se hizo presente en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 319 vta.
Daniel Eduardo Benegas Gómez, Fiscal de Materia, no presentó escrito alguno ni se hizo presente en audiencia, pese la comunicación procesal cursante a fs. 319.
El Juez Público Civil y Comercial Segundo de Camiri del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 363 a 377 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo: i) Dejar sin efecto las providencias “...de fs. 265 del expediente de la presente acción y fs. 331 del expediente del proceso...” (sic), debiendo la autoridad judicial accionada dictar una nueva Resolución acorde a los lineamientos reflejados en la presente Resolución -constitucional-, admitiendo la acusación particular de la víctima de conformidad con el art. 340.II del CPP; ii) Por consiguiente quedan sin efecto los actuados procesales que se señalan a continuación: “Notificaciones cursantes a fs. 271 a 273 del expediente de la acción y fs. 337 a 339 del expediente del proceso; Auto interlocutorio de fs. 284 y 285 del expediente de la presente acción y fs. 350 y 351 del expediente del proceso; Notificación electrónica cursante a fs. 286 y 287 del expediente de la acción y fs. 352 y 353 del expediente del proceso; Auto de apertura a juicio oral y contradictorio cursante a fs. 290 del expediente de la acción y fs. 356 del expediente del proceso; Providencia de fs. 294 del expediente de la acción y fs. 361 del expediente del proceso y Notificación cursante a fs. 296 del expediente de la acción y fs. 361 del expediente del proceso” (sic); iii) Exhortar al representante del Ministerio Público cumplir con los procedimientos del adjetivo penal, toda vez que, conforme se evidencia del expediente de esta acción tutelar y del proceso penal la víctima presentó ante el Ministerio Público la ampliación de la denuncia inicial y revisando los antecedentes no cursa ninguna resolución o dictamen al respecto y menos se comunicó a la autoridad -encargada- del control jurisdiccional; y, iv) Exhortar a la autoridad judicial accionada actuar en apego a la Norma Suprema, a las leyes y a los lineamientos jurisprudenciales nacionales e internacionales, a los fines de evitar futuras vulneraciones de derechos y garantías constitucionales de los sujetos procesales.
Determinación asumida, bajo los siguientes fundamentos: a) Del análisis a la providencia de admisión a la acusación formal de 15 de noviembre de 2021, se advierte que, la Jueza accionada no dispuso la notificación a la víctima para que presente su acusación particular conforme prevé el art. 340.II del CPP, disponiendo únicamente la notificación del acusado -hoy tercero interesado- para que presente pruebas de conformidad con el art. 340.III del citado Código; por lo que, vulneró los principios de legalidad, accesibilidad, imparcialidad e independencia, garantías de la víctima, igualdad procesal y seguridad jurídica, así como los valores de vivir bien, igualdad, respeto, transparencia y equilibrio, establecidos en el art. 8.II de la CPE; b) De la revisión del decreto de admisión de pruebas de cargo de 29 de octubre de 2021, se tiene que, el defecto procesal anotado precedentemente, fue superado por la misma autoridad judicial en aplicación del art. 168 del CPP; no obstante, se infiere que existen dos disposiciones respecto a la notificación a los sujetos procesales, que al estar vigentes crean confusión a los mismos en especial a la víctima para presentar su acusación particular, lo que genera la lesión a los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y seguridad jurídica establecidos en el art. 180.I de la Norma Suprema; c) Pese a ello, el 15 de noviembre de 2021 la víctima -ahora accionante-, por intermedio de su representante legal presentó acusación particular por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, allanamiento -de domicilio- y asociación delictuosa, ampliando la presentada por el Ministerio Público; d) De la revisión de antecedentes se tiene que la hoy impetrante de tutela, el 6 de julio de 2020 presentó ante la representación fiscal la ampliación de la denuncia, no existiendo pronunciamiento de dicha instancia fiscal y menos de la autoridad judicial como prevé el art. 289 del CPP, toda vez que, no se elevó a la autoridad judicial este actuado, incumpliéndose los arts. 70 y 72 del citado Código y 225 de la CPE; e) De la interpretación y análisis a la providencia cuestionada, por la que, se condiciona la admisión de la acusación particular a que previamente se acredite su querella, se inobservaron los arts. 11, 12, 76 y 77, todos del CPP; y, al decretar que no cursa en el expediente la misma, la autoridad judicial accionada no verificó los actuados del expediente, así como al señalar: ‘“...mismo que será rechazada, debiendo estarse a la acusación formal”’ (sic), técnicamente ya rechazó cualquier acreditación que hubiere después; por lo que, no solamente se lesionaron los presupuestos legales antes referidos sino las siguientes jurisprudencias: art. 14.5 de la Observación General 13/1995 generada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; las SSCC 1054/2006-R de 23 de octubre y 1859/2010-R de 25 de octubre; Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2192/2012 de 8 de noviembre, 1196/2013 de 1 de agosto, 0399/2014 de 25 de febrero y 0384/2019-S4 de 18 de junio, así como el Auto Supremo (AS) 619/2017-RR de 23 de agosto, que hacen referencia a los derechos de las víctimas y que las mismas no necesitan presentar su querella para ser parte del proceso penal; f) Ante dicha providencia la hoy accionante por intermedio de su representante legal interpuso recurso de reposición, que fue rechazado por la Juez accionada el 21 de diciembre de 2021, lo cual materializó la lesión de los presupuestos legales, la jurisprudencia antes señalada, así como los arts. 180 de la CPE y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); g) Respecto a la procedencia de esta acción de defensa, la accionante ante la negativa de su derecho a presentar acusación particular, se constituye en persona directamente afectada; y, se debe considerar en cuanto a la no existencia de otros medios o recursos legales para la protección inmediata, los arts. 394, 401 y 402, todos del CPP, en base a lo cual al haber sido rechazado el recurso de reposición, técnicamente no existe otro medio para reclamar los derechos vulnerados; por lo que, es procedente esta acción tutelar más aun cuando la SCP 1062/2015-S1 de 3 noviembre, estableció la protección de los derechos de las personas adultas mayores, sin la exigencia de agotar otros medios procesales de defensa; h) Así, tomando en cuenta la cédula de identidad de la hoy impetrante de tutela, se evidencia que en su condición de mujer fue víctima de robo agravado y se encuentra comprendida dentro del rango de persona adulta mayor, siendo merecedora de una atención reforzada, diferenciada y prioritaria por todas las autoridades administrativas y judiciales; por consiguiente, al haber sido negado su derecho a la presentación de acusación particular por la autoridad judicial accionada, es víctima de la vulneración de derechos y garantías constitucionales, debiendo ser restituidos en aplicación de los arts. 13.IV, 256 y 410.II de la Norma Suprema; i) Se lesionó el debido proceso en su elemento del derecho a la defensa al haberse negado a la hoy peticionante de tutela en su condición de víctima del hecho ilícito la presentación de la acusación particular y ofrecer más pruebas respecto a los delitos ampliados en la misma; j) Respecto a la tutela judicial efectiva con la negativa de presentación de la acusación particular a la víctima, fue eliminado dicho derecho del proceso penal así como la dignidad de la referida, que es una mujer comprendida entre las personas adultas mayores, que no fue considerado, descuidando de esta manera su estado emocional, el trato justo, con respecto y dignidad; y, a la reparación del daño material cuyo inventario fue adjuntado en la acusación particular; k) En cuanto a la falta de fundamentación y motivación, se debe considerar el art. 123 del CPP -modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, en base al cual no puede restringirse un derecho constitucional como la presentación de la acusación particular, toda vez que, la limitación de un derecho requiere de una adecuada fundamentación y motivación, como ser dictada por una resolución con características de un auto interlocutorio y no por una simple providencia; teniéndose en cuenta también que conforme los arts. 401 y 402 del CPP, el recurso de reposición no admite recurso ulterior; y, l) Conforme el art. 8.2 inc. c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) con relación al art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el debido proceso considerado un derecho humano.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Blanca Vallejos Pérez -hoy accionante- contra Julio César Cáceres Vallejos -ahora tercero interesado-, el 5 de octubre de 2021, Ricardo Cayalo Franco, Fiscal de Materia asignado, presentó acusación formal por la presunta comisión del delito de robo agravado (fs. 184 a 185).
II.2. Cursa decreto de 29 de octubre de 2021, emitido por Vivian Fabiola Torrez Saavedra, Jueza de Sentencia Penal Primera de Camiri del departamento de Santa Cruz -hoy accionada-, que entre otros aspectos, dispuso: “Por secretaría genérese la notificación a la denunciante y víctima para que presente acusación particular y/o se adhiera a la acusación Fiscal, sea con la acusación fiscal, decreto de radicatoria, ofrecimiento de pruebas, dando cumplimiento a lo establecido en el art. 340.II del Código de Procedimiento Penal, concordante con lo establecido en el art. 12 de la misma norma procesal penal, una vez cumplido el plazo dese cumplimiento al art. 340 III del C.P.P.” (sic [fs. 224]).
II.3. Por memorial presentado el 15 de noviembre de 2021, la hoy impetrante de tutela a través de su apoderado -dentro de la causa penal antes identificada- presentó acusación particular contra el procesado -ahora tercero interesado- por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, allanamiento -del domicilio- y asociación delictuosa (fs. 266 a 268 vta.); ante lo cual la Juez accionada por decreto de “…26 de octubre del 2021” (sic), señaló que: “Con carácter previo, acredite su querella formal, ya que en expediente no cursa la misma, caso contrario, estese a procedimiento, mismo que será rechazada, debiendo estarse a la acusación formal” (sic [fs. 269]).
II.4. A través de escrito presentado el 18 de noviembre de 2021, la hoy impetrante de tutela mediante su representación legal interpuso recurso de reposición contra el decreto de “…26 de octubre del 2021” (sic [fs. 272 a 273 vta.]); siendo resuelto por la autoridad judicial -ahora accionada- por Resolución 160 de 21 de diciembre de igual año, determinado en lo central rechazar la impugnación planteada (fs. 288 a 289).
II.5. Consta memorial presentado el 30 de diciembre de 2021, por el que, la ahora peticionante de tutela por intermedio de su apoderado, solicitó corrección procesal conforme el art. 168 del CPP, en el cual dando a conocer la notificación con la Resolución de rechazo al recurso de reposición -supra señalado- e invocando el art. 340.II del citado Código, puso de manifiesto, en lo medular que, no existe una diferencia sustancial entre víctima y querellante, porque solo la víctima puede ser querellante y no así el denunciante, quien no es parte del proceso penal; por lo que, se comete un gravísimo error en la interpretación de la Ley y como consecuencia de ello, se le coarta los derechos al acceso a la justicia, a la defensa y seguridad social, al exigirse para presentar acusación particular requisitos que no están previstos en la Ley ni existe jurisprudencia referente a la obligación de presentar querella; pidiendo en base a ello, que la autoridad judicial accionada “...rectifique su error y deje sin efecto la providencia cursante a fojas 331 del expediente (providencia) y así mismo la resolución cursante a fs. 350. Y pueda admitir mi acusación particular...” (sic [fs. 297 y vta.]); ante lo cual, la indicada Jueza por decreto de 30 de igual mes y año, en lo pertinente, sostuvo: “A lo principal estese a procedimiento, y de la revisión de los actuados procesales se tiene que el mismo fue notificado con auto interlocutorio de fecha 21/12/2021 cursante a fs. 350 a fs. 353, encontrándose fuera de término de ley conforme al art. 402 del C.P.P., por lo que debe estarse a proceso...” (sic) y señaló audiencia de juicio oral, público y contradictorio para el día 10 de marzo de 2022 (fs. 298).
La accionante denuncia la lesión del derecho al debido proceso en sus componentes del derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva, fundamentación, motivación y congruencia; y, el “derecho” a probar, toda vez que, la Jueza accionada: 1) Ante la presentación de su acusación particular dentro del proceso penal en el cual es víctima, de forma indebida por decreto de “…26 de octubre del 2021” (sic) condicionó y negó la admisión de la misma a que previamente se acredite la formulación de la querella formal, cuando para ser parte activa de la causa penal no necesita presentar este actuado, determinación que mantuvo pese al recurso de reposición que planteó y que fue rechazado, desconociendo así los arts. 11 y 340.II del CPP, en base a los cuales tenía la obligación de admitirla al ser notorio que su persona es víctima del hecho que denunció y en la cual fue notificada y participó en la etapa preparatoria, teniendo en tal calidad el derecho de participar en todas las instancias judiciales; además de omitir fundamentar y motivar sobre cuál procedimiento que debe cumplir y explicar claramente los aspectos fácticos y de derecho, a más de no dar cumplimiento a la secuencia procesal exigida por el pre citado art. 340.II, III y IV del CPP y el alcance del art. 342 del citado Código, considerando a este fin que su acusación particular no solo acusó la presunta comisión del delito de robo agravado, como lo hizo la representación fiscal, sino también allanamiento -del domicilio- y asociación delictuosa, siendo las pruebas testificales y documentales presentadas distintas; 2) No obstante que como última petición a fin de agotar todas las vías, por memorial presentado, el 30 de diciembre de 2021, solicitó la corrección procesal conforme el art. 168 del adjetivo penal, a fin de que la autoridad accionada corrija de oficio su error, al ser por demás evidente el defecto en que incurrió al negar su participación en calidad de víctima y de manera especial la presentación de su acusación particular, la misma fue negada por decreto de 30 de igual mes y año, señalando que esté a procedimiento, sin expresar cuál es el sentido de dicha decisión; y, fijó audiencia de juicio oral, público y contradictorio para el 10 de marzo de 2022, lo cual le provoca un estado de indefensión absoluta además de no considerar el marco legal de base del antes invocado art. 342 del CPP; y, 3) De forma anticipada, el 28 de diciembre de 2021 dictó Auto de apertura de juicio para el 8 de enero de 2022, sin que previamente se notifique al acusado -hoy tercero interesado- para que presente sus pruebas de descargo y cuando incluso se encontraba en vacación judicial, remitiendo al Juez en suplencia legal causando desorden en las actuaciones procesales, para nuevamente fijar audiencia en la data antes indicada.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre este presupuesto de procedencia, la SCP 0956/2021-S3 de 24 de noviembre, sistematizando los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional al respecto, sostuvo que: «El art. 128 de la CPE, establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley”; a su vez, el art. 129.I de la referida Norma Suprema, señala que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas son nuestras). En coherencia con la última disposición, el art. 54 del CPCo, respecto al principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional, dispone que: “I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela”. En ese sentido, SCP 0055/2018-S1 de 16 de marzo, señaló lo siguiente: “El art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que: ‘I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela’. Así la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señala: ‘Que, el carácter subsidiario del recurso de amparo, ha sido desarrollado por abundante jurisprudencia de este Tribunal, así tenemos las SS.CC. 1089/2003-R, 552/2003-R, 106/2003-R, 374/2002-R, entre otras, que señalan que no podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria, mientras no se haya hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos y, en caso de haber utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese proceso o vía legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable. Que, de ese entendimiento jurisprudencial, se extraen las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución’”» (las negrillas nos corresponden).
Sobre el particular, la SCP 0618/2021-S3 de 6 de septiembre, señaló que: «La SCP 0817/2018-S1 de 5 de diciembre, citando la SCP 1046/2017-S2 de 25 de septiembre, entre otras, refirió que: “Respecto de la actividad procesal defectuosa, que fuere invocada a través del incidente de nulidad por defectos absolutos, el art. 169 del CPP, señala: ‘No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a: 1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece. 3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad', en consecuencia, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento con inobservancia de la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal, que causaren agravio a las partes procesales podrán ser impugnadas ante la autoridad judicial con el debido fundamento. Lo que implica que cuando el agraviado alegue nulidad por defectos absolutos, necesariamente deberán ser planteados ante la autoridad jurisdiccional como contralor de garantías y que el procedimiento se desarrolle sin vicios de nulidad’. Según la línea jurisprudencial citada precedentemente, el incidente de actividad procesal defectuosa prevista en el art. 169 del CPP, es el medio idóneo para impugnar ante el Juez Contralor de Garantías Constitucionales, aquellas omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso y que causen agravio a las partes procesales”» (las negrillas son nuestras).
Delimitado el alcance de lesividad planteado por la accionante, corresponde ingresar a resolver los presuntos actos lesivos denunciados según sea pertinente. Sobre el punto 1) del objeto procesal La imperante de tutela denuncia que, ante la presentación de su acusación particular dentro del proceso penal en el cual es víctima, de forma indebida por decreto de “…26 de octubre del 2021” (sic), se condicionó y negó la admisión de la misma a que previamente se acredite la formulación de la querella formal, cuando para ser parte activa de la causa penal no necesita presentar este actuado, determinación que se mantuvo pese al recurso de reposición que planteó y que fue rechazado, desconociendo así los arts. 11 y 340.II del CPP, en base a los cuales tenía la obligación de admitirla al ser notorio que su persona es víctima del hecho que denunció y en la cual fue notificada y participó en la etapa preparatoria, teniendo en tal calidad el derecho de participar en todas las instancias judiciales; además de omitir fundamentar y motivar sobre cuál procedimiento que debe cumplir y explicar claramente los aspectos fácticos y de derecho, a más de no dar cumplimiento a la secuencia procesal exigida por el pre citado art. 340.II, III y IV del CPP y el alcance del art. 342 del citado Código, considerando a este fin que su acusación particular no solo acusó la presunta comisión del delito de robo agravado, como lo hizo la representación fiscal, sino también allanamiento -del domicilio- y asociación delictuosa, siendo las pruebas testificales y documentales presentadas distintas. Precisado el marco de cuestionamiento constitucional formulado, resulta de importancia a fin de su resolución, considerar el contenido jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que en lo sustancial refrenda que, la procedencia de esta acción de defensa se encuentra sujetada a la observancia del principio de subsidiariedad, conforme los arts. 129.I de la CPE y 54.I del CPCo; por lo que, la activación y consideración de la misma, se encuentra reatada a la verificación de procedibilidad inicial de la constatación del agotamiento previo de los mecanismos de defensa idóneos establecidos en el ordenamiento jurídico aplicable para el resguardo y de corresponder restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales y convencionales que estuviesen siendo restringidos, suprimidos o amenazados en su ejercicio. En coherencia a este enfoque argumentativo de matiz verificativo procesal-constitucional del cumplimiento del principio de subsidiariedad, es pertinente traer a colación el glosado Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en cuyos entendimientos jurisprudenciales queda afianzado que dentro de la normativa procesal penal se tiene instituto el incidente de actividad procesal defectuosa, el cual tiene una naturaleza y finalidad reparadora y restauradora para la corrección de posibles omisiones y/o irregularidades de procedimiento en las que se hubiese incurrido en la tramitación del proceso penal y que causaren agravio a las partes procesales, en consecuencia detenta la condición de medio idóneo para la corrección o subsanación de estos. Precisado el marco normativo y jurisprudencial de importancia para el examen constitucional a ser abordado en el presunto acto lesivo denunciado, previamente cabe contextualizar el mismo a partir de la relación de antecedentes procesales y jurisdiccionales que les son inherentes. Así se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la hoy accionante contra Julio César Cáceres Vallejos -ahora tercero interesado-, el 5 de octubre de 2021 el Fiscal de Materia asignado, presentó acusación formal por la presunta comisión del delito de robo agravado (Conclusión II.1), cursando decreto de 29 de igual mes y año, emitida por la Jueza hoy accionada, que entre otros aspectos, dispuso que: “Por secretaría genérese la notificación a la denunciante y víctima para que presente acusación particular y/o se adhiera a la acusación Fiscal, sea con la acusación fiscal, decreto de radicatoria, ofrecimiento de pruebas, dando cumplimiento a lo establecido en el art. 340.II del Código de Procedimiento Penal, concordante con lo establecido en el art. 12 de la misma norma procesal penal, una vez cumplido el plazo dese cumplimiento al art. 340 III del C.P.P.” (sic [Conclusión II.2]); posteriormente, a través de memorial presentado el 15 de noviembre del indicado año, la hoy impetrante de tutela a través de su apoderado -dentro de la causa penal antes identificada- presentó acusación particular contra el procesado por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, allanamiento -del domicilio- y asociación delictuosa; ante lo cual la indicada autoridad judicial por decreto de “…26 de octubre del 2021” (sic) señaló que: “Con carácter previo, acredite su querella formal, ya que en expediente no cursa la misma, caso contrario, estese a procedimiento, mismo que será rechazada, debiendo estarse a la acusación formal” (sic [Conclusión II.3]), contra cuya determinación la pre nombrada mediante su representación legal interpuso recurso de reposición; siendo resuelto por Resolución 160 de 21 de diciembre de 2021, determinado en lo central rechazar la impugnación planteada (Conclusión II.4). En este contexto, conocidos los antecedentes relacionados con la problemática expuesta y de manera especial, a partir del alcance de lesividad planteado, que -como se tiene antes precisado- en lo esencial encuentra vinculación con la alegada existencia de irregularidades-vicios procesales derivadas de actuaciones y omisiones jurisdiccionales de la Jueza accionada en la entendida determinación de condicionar y negar la admisión de la acusación particular formulada por la ahora accionante mediante su representación legal, se puede afirmar que, frente al marco del cuestionamiento procesal y jurisdiccional planteado, la vía idónea tendiente -de corresponder- a su restablecimiento o reparación resultaba ser el incidente de actividad procesal defectuosa, el cual si bien en su especificidad de defectos absolutos se encuentra establecido en el art. 169 del CPP, no se puede en esta magnitud restauradora intra proceso penal y a partir de esta sintonía enmendadora procesal obviar la validez del mecanismo de la corrección -propiamente dicha- prevista en el art. 168 del citado Código, el cual como sostuvo la SCP 0141/2012 de 9 de mayo, estableció el siguiente entendimiento: “‘Artículo 168.- (CORRECCIÓN).-Siempre que sea posible el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido el defecto deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido’. Esta normativa faculta tanto a la autoridad judicial como a las partes, para que de oficio, en el primer caso, o a petición de parte a través del incidente de actividad procesal defectuosa, en el segundo, se subsanen los defectos que pudieran sobrevenir durante la tramitación del proceso; es decir, la presente disposición procedimental, permite que a solicitud de parte o de oficio, la autoridad que hubiera ejecutado un acto durante la tramitación del proceso que pudiera ocasionar vicios o defectos en el proceso, podrá ser observada para su consiguiente rectificación o subsanación”; conforme a lo cual ambos institutos conllevan en su esencialidad la naturaleza reparadora ante la eventualidad de actividad procesal defectuosa; por lo que, válidamente se constituyen en instrumentos que con carácter previo a la interposición de la acción de amparo constitucional deben -indistintamente y según estrategia procesal- ser activados por la parte agraviada considerando la magnitud de la reclamación, como en efecto aconteció al haber la ahora peticionante de tutela, solicitado la corrección de procedimiento en el marco del pre citado art. 168 del adjetivo penal (Conclusión II.5), actuado procesal que será analizado infra al ser el pronunciamiento emergente también cuestionado en esta vía constitucional tutelar. Bajo tales razonamientos, se puede concluir en la imposibilidad de examinar en el fondo la denuncia constitucional planteada; por cuanto, respecto a la misma -como se tiene advertido- se cuentan con mecanismos procesales idóneos y efectivos como el incidente de actividad procesal defectuosa que debieron ser agotados previamente a la activación de este mecanismo de defensa tutelar, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada.
En cuanto al punto 2) del delimitado cuestionamiento constitucional
La impetrante de tutela denuncia que; no obstante, que como última petición a fin de agotar todas las vías, por memorial presentado el 30 de diciembre de 2021, solicitó la corrección procesal conforme el art. 168 del adjetivo penal, a fin de que corrija de oficio su error, al ser por demás evidente el defecto en que incurrió al negar su participación en calidad de víctima y de manera especial la presentación de su acusación particular, la misma fue negada por decreto de 30 de igual mes y año, señalando que esté a procedimiento, sin expresar cuál es el sentido de dicha decisión; y, fijó audiencia de juicio oral, público y contradictorio para el 10 de marzo de 2022, lo cual le provoca un estado de indefensión absoluta además de no considerar el marco legal de base del art. 342 del CPP. Al respecto, en efecto de antecedentes se tiene que, por memorial presentado el 30 de diciembre de 2021, la ahora peticionante de tutela por intermedio de su apoderado, solicitó corrección procesal conforme el art. 168 del CPP, en el cual dando a conocer la notificación con la Resolución de rechazo al recurso de reposición -supra señalado- e invocando el art. 340.II del citado Código, puso de manifiesto, en lo medular que, no existía una diferencia sustancial entre víctima y querellante, porque solo la víctima puede ser querellante y no así el denunciante, quien no es parte del proceso penal; por lo que, se comete un gravísimo error en la interpretación de la Ley y como consecuencia de ello, se le coarta los derechos al acceso a la justicia, a la defensa y seguridad social, al exigirse para presentar acusación particular requisitos que no están previstos en la Ley ni existe jurisprudencia referente a la obligación de presentar querella; pidiendo en base a ello, que la autoridad judicial accionada “...rectifique su error y deje sin efecto la providencia cursante a fojas 331 del expediente (providencia) y así mismo la resolución cursante a fs. 350. Y pueda admitir mi acusación particular...” (sic); ante lo cual la indicada Jueza por decreto de 30 de igual mes y año, en lo pertinente, sostuvo: “A lo principal estese a procedimiento, y de la revisión de los actuados procesales se tiene que el mismo fue notificado con auto interlocutorio de fecha 21/12/2021 cursante a fs. 350 a fs. 353, encontrándose fuera de término de ley conforme al art. 402 del C.P.P., por lo que debe estarse a proceso...” (sic) y señaló audiencia de juicio oral, público y contradictorio para el día 10 de marzo de 2022 (Conclusión II.5). Ahora bien a partir del marco de lesión reclamada en este punto de análisis, como premisa inicial se debe reiterar el carácter subsidiario que rige la procedibilidad de esta acción de defensa, en virtud a la verificación de cuyo cumplimiento se analizará el presunto acto lesivo abordando el despliegue argumentativo en dos tópicos separados. En este sentido, como primer componente de examen constitucional relacionado con el cuestionamiento a la entendida negativa de consideración de la solicitud de corrección de procedimiento promovido por la hoy accionante, basado en el art. 168 del CPP, se debe denotar que, conforme se tiene razonado precedentemente este se constituye en un mecanismo idóneo y efectivo para la reparación de posibles defectos procesales o procedimentales que se pueden generar dentro de la tramitación de una causa penal y, en coherencia a esta naturaleza procesal restaurativa a fin de que se posibilite la apertura de la vía constitucional tutelar, no es suficiente su inicial activación sino que se deben agotar todas las instancias pertinentes dentro de la jurisdicción ordinaria penal, para que recién de persistir la alegada actividad procesal defectuosa acudir ante este acción de defensa, lo cual no se evidencia hubiese sido cumplido por la impetrante de tutela. En relación al segundo elemento vinculado al observado indebido señalamiento de juicio oral, público y contradictorio para el 10 de marzo de 2022, que derivaría en un estado de indefensión absoluta de la hoy impetrante de tutela y la falta de consideración del antes invocado art. 342 del CPP; dada su connotación procesal con incidencia en un componente de índole reclamativo de actividad procesal defectuosa, se debe replicar el razonamiento relacionado con la validación, efectividad e idoneidad del incidente de actividad procesal defectuosa en los marcos reguladores de los arts. 168 y 169 del CPP, los cuales debieron ser activados con carácter previo a promover e intentar la protección constitucional tutelar, lo cual no fue asumido dentro de la dinámica procesal ejercida dentro de la causa penal. Bajo tales razonamientos de alcance de verificativo de procedibilidad, se puede concluir respecto a ambas denuncias constitucionales en que no se cumplió con el principio de subsidiariedad de esta acción de defensa; por lo que, no es viable acoger favorablemente la tutela pretendida. Respecto al punto 3) del objeto procesal La accionante, alega que la Jueza accionada de forma anticipada el 28 de diciembre de 2021, dictó Auto de apertura de juicio para el 8 de enero de 2022, sin que previamente se notifique al acusado -hoy tercero interesado-para que presente sus pruebas de descargo y cuando incluso se encontraba en vacación judicial, remitiendo al Juez en suplencia legal causando desorden en las actuaciones procesales para nuevamente fijar audiencia en la data antes indicada. Al respecto, se abordara el análisis constitucional que corresponda de forma separada en virtud a que de una misma actuación presuntamente lesiva se disgregan circunstancias fácticas disimiles que deben ser examinadas individualmente. Así, en cuanto a la observación a la emisión de Auto de apertura de juicio oral, público y contradictorio sin la previa notificación al acusado para que presente sus pruebas de descargo, se debe considerar la condicionante procesal-constitucional de esta acción de defensa vinculada a la legitimación activa, la cual: “...es entendida como la capacidad que tiene toda persona sea natural o jurídica para interponerla y solicitar al Estado la protección o restitución de un derecho vulnerado. En ese sentido, quien tiene esta capacidad de solicitar la tutela de su supuesto derecho vulnerado, es el titular del mismo o, en su caso, un representante legítimamente acreditado a través de un poder notarial” (SCP 0720/2019-S1 de 12 de agosto que citó a la SCP 1507/2014 de 16 de julio); en base a cuyo entendimiento jurisprudencial que tiene como base normativa al art. 129.I de la CPE, se puede sostener que, esta calidad se encuentra intrínsecamente relacionada con la demostración por parte del o la accionante de que el hecho denunciado recae directamente en un derecho y/o garantía constitucional de la cual es titular; lo cual en el caso sub judice no se advierte, toda vez que, una eventual actuación anticipada de la autoridad judicial accionada en la determinación de apertura del juicio limitando la posibilidad de presentación de pruebas de descargo de la parte acusada, no repercute de forma alguna en la lesión o limitación a bien jurídico constitucional de la impetrante de tutela; por cuanto, en el enfoque de lesividad planteado involucra -de ser evidente-en todo caso una afectación a los derechos de su contraparte; en consecuencia este elemento de reclamación constitucional no puede ser considerado en el fondo ante la carencia de legitimación activa de la prenombrada. En relación a que la autoridad judicial accionada, dictó el antes referido Auto de apertura de juicio, incluso encontrándose en vacación judicial, con el consecuente desorden en las actuaciones procesales, tampoco corresponde ingresar a analizar el fondo de esta problemática, en razón a que de igual manera resulta aplicable el carácter subsidiario de esta acción de defensa, al tener la accionante la posibilidad de activar los mecanismos que el ordenamiento jurídico procesal penal establece, tal como el tantas veces enfatizado incidente de actividad procesal defectuosa como mecanismo de validez procesal idónea y efectiva; por lo que, en este punto tampoco corresponde conceder la tutela impetrada, ante el incumplimiento del principio de subsidiariedad que se constituye en un componente procesal-constitucional de inexcusable observancia para la procedencia de esta acción tutelar.
Consideraciones de índole procesal-constitucional Abordadas las problemáticas planteadas, es necesario esbozar argumento en cuanto a la flexibilización del principio de subsidiariedad puesto de manifiesto por la accionante dentro de esta acción de defensa, aclarándose que esta precisión de índole procesal-constitucional es efectuada en este acápite intelectivo final a fin de que el análisis a ser esbozado adquiera la necesaria concordancia con los razonamientos de respaldo resolutorio asumidos precedentemente.
En tal sentido, la impetrante de tutela refirió que, conforme el art. 54.II del CPCo, flexibilización o excepción al principio de subsidiariedad, es posible cuando la protección puede ser tardía, lo cual ocurriría en el caso al estar el juicio -oral, público y contradictorio- correspondiente al proceso penal del cual deviene esta acción de defensa con señalamiento de audiencia para el 10 de marzo de 2022 y que, el mismo puede celebrarse sin su participación, al coartarse la misma en la instancia ordinaria (admisión de la acusación particular, interposición del recurso de reposición y la corrección procesal); por lo que, de no accionar y hacer prevalecer sus derechos podría dictarse sentencia dentro del proceso penal sin su participación como víctima de acuerdo con el art. 340.II del adjetivo penal, por tal motivo, no se podría “rechazar” su solicitud de tutela impetrada, bajo el argumento del principio de subsidiariedad, por cuanto, la protección de esas instancias -ordinarias-si las hubieran sería tardía e ineficaz. Al respecto, evidentemente la pre citada normativa procesal constitucional establece excepcionalmente la flexibilización del principio de subsidiariedad, entre otros, cuando la protección tutelar pueda resultar tardía, encontrándose dicha permisibilidad supedita a una previa justificación fundada; en este sentido, el parámetro normativo no opera por su simple enunciación o mención sino que la solicitud de apertura directa de esta acción de defensa debe estar acompañada de una argumentación trascendental razonada que la respalde, lo cual no se advierte en la exposición preliminar de la accionante que circunscribiendo su motivación de flexibilización al referido principio se limitó a alertar que las instancias ordinarias, si las hubiera, resultarían ineficaces y tardías ante la eventualidad de tramitarse la causa penal en fase de juicio oral, público y contradictorio sin su participación como víctima; aseveración que bajo el contexto argumentativo desarrollado precedentemente no adquiere la necesaria justificación fundada considerando el mecanismo del incidente de actividad procesal defectuosa que detenta validez, calidad de idoneidad y eficacia, mismo que además conforme se tiene advertido fue activado conforme correspondía por la impetrante de tutela en relación al componente de reclamación sobre el cual se intenta la flexibilización, sin que fuera agotado en las instancias respectivas, lo cual decanta en que es la propia peticionante de tutela que reconoce a esa vía procesal en la idónea y eficaz para -corresponder- se restablezcan sus derechos invocados dentro de la presente causa tutelar; por lo que, no es razonable que posteriormente desconozca su vigencia y efectividad alegando su inexistencia y mucho menos pretenderse justificar que el mismo pueda resultar tardío en su resguardo. En igual sentido, este componente de atenuación de la condicionante de procedibilidad de la acción de amparo constitucional, tampoco puede ser asumido, bajo el argumento expresado por el Juez de garantías de la condición de mujer y adulta mayor de la accionante, quien si bien se encuentra dentro de un grupo de atención prioritaria, diferenciada y reforzada, no se puede obviar, el evidenciado contexto de dinámica procesal desplegado por la nombrada, que supera esta exigencia de resguardo en concomitancia con la carencia de una justificación fundada sobre la requerida flexibilización del analizado principio de subsidiariedad, sumado a que este Tribunal Constitucional Plurinacional, tampoco evidencie de los antecedentes presentados, la existencia de una situación de inacción o negligencia institucional, o en su caso indefensión por discriminación, tales que hubiesen impelido a ponderar esa situación. Razones por las que, no resultaba factible admitir y viabilizar la solicitud de quiebre excepcional al principio de subsidiariedad que rige esta acción de defensa con el consecuente abordaje de verificación previa de su cumplimento respecto a las denuncias constitucionales planteadas conforme fue efectuado supra. Finalmente y en virtud a que el Juez de garantías a tiempo de conceder la tutela expresamente dispuso en lo central: i) Dejar sin efecto las providencias “...de fs. 265 del expediente de la presente acción y fs. 331 del expediente del proceso...” (sic), debiendo la autoridad judicial accionada dictar nueva Resolución acorde a los lineamientos reflejados en la presente Resolución -constitucional-, admitiendo la acusación particular de la víctima de conformidad con el art. 340.II del CPP; ii) Por consiguiente quedan sin efecto los actuados procesales que se señalan a continuación: “Notificaciones cursantes a fs. 271 a 273 del expediente de la acción y fs. 337 a 339 del expediente del proceso; Auto interlocutorio de fs. 284 y 285 del expediente de la presente acción y fs. 350 y 351 del expediente del proceso; Notificación electrónica cursante a fs. 286 y 287 del expediente de la acción y fs. 352 y 353 del expediente del proceso; Auto de apertura a juicio oral y contradictorio cursante a fs. 290 del expediente de la acción y fs. 356 del expediente del proceso; Providencia de fs. 294 del expediente de la acción y fs. 361 del expediente del proceso y Notificación cursante a fs. 296 del expediente de la acción y fs. 361 del expediente del proceso” (sic), es imperioso considerar que estas determinaciones emergentes de la inicial concesión de la tutela indefectiblemente produjeron efectos jurídicos intra proceso penal que ciertamente pudieron tener implicancia en la realización y generación de actuaciones posteriores en base a dicha decisión al ser la misma de ejecución y cumplimiento inmediato -art. 41 del CPCo-, en tal sentido, es pertinente traer a colación el contenido jurisprudencial de la SC 0595/2010-R de 12 de julio, que en relación al dimensionamiento de los efectos de la Sentencia Constitucional, determinó que: “…no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica” (las negrillas son añadidas); ante lo cual a fin de no generar disfunciones procesales y/o demora en la administración de justicia, que en la situación fáctica conllevaría incluso una afectación de justicia célere para ambas partes procesales, corresponde en actuación previsora dimensionar los efectos del presente fallo constitucional.
Resueltas las denuncias constitucionales formuladas, dentro de la atribución establecida en el art. 202.6 de la CPE, este Tribunal advierte la existencia de actuaciones del Juez de garantías que deben ser analizadas.
De esta manera se tiene que, ante la presentación de esta acción tutelar y observada la misma (fs. 313 y vta.), por decreto de 11 de marzo de 2021, el Juez de garantías, estableció entre otros aspectos, “2. Por consiguiente; se suspende el plazo procesal para resolver la referida acción establecida en el art. 56 del Código Procesal Constitucional” (sic), actuación que no puede ser validada en el alcance suspensivo plasmado en dicha determinación; por cuanto, se debe partir de la imperatividad que detenta el precepto procesal constitucional citado, lo cual no posibilita en el ejercicio inicial de la labor jurisdiccional tutelar en sede constitucional asumir expresamente una coyuntural suspensión de la tramitación del plazo de resolución de la acción de defensa, aclarándose que, de eventualmente suscitarse situaciones que imposibiliten su consideración dentro del parámetro de temporalidad establecido, ello no pude ser asumido como efecto suspensivo de plazo sino un elemento de flexibilización que emerja de circunstancias ineludibles -tal como la aludida observación a la presente acción tutelar-.
Así también, admitida esta causa tutelar por Auto de 18 de marzo de 2022, se dispuso conforme a lo solicitado por la parte accionante que se notifique al representante del Ministerio Público en calidad de tercero interesado (fs. 318); sin embargo, se debe recordar que, el entendimiento jurisprudencial, asumido en la SCP 2161/2013 de 21 de noviembre, que reiterando a la SC 1125/2010-R de 27 de agosto, señaló que: «“Como órgano autónomo, consagrado constitucionalmente regido, por los principios de unidad y jerarquía; en su calidad de defensor de la legalidad debe ser siempre citado con la acción de amparo para que en la audiencia en uso de sus atribuciones y facultades opine y requiera en cumplimiento de sus funciones, no para que defienda sus propios intereses, por lo que también desde ese punto de vista no puede considerarse 'un tercero interesado', porque 'sus intereses' no están al margen del colectivo social. Tampoco operativamente es factible su intervención en esa condición, porque desnaturalizaría el principio de unidad al tornarle en dual su participación, una como defensor de la legalidad y otra como tercero interesado, lo que por supuesto es inadmisible. Por lo anotado el Tribunal de garantías debe prever la notificación al representante del Ministerio Público, posibilitando su intervención, requerimiento u opinión en representación de los 'intereses generales de la sociedad' y no como persona con interés particular como el que refiere a la calidad de 'tercero interesado”'» (Reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0701/2021-S3 de 6 de octubre y 0549/2022-S3 de 6 de junio, entre otras); conforme a lo cual no correspondía que el Ministerio Público sea acogido dentro de la calidad de tercero interesado; ello sin perjuicio de su intervención en la acción, si así se presentara el caso, pero en su calidad pura de Ministerio Público.
Por las razones expuestas, corresponde exhortar al Juez de garantías, a fin de que en futuras actuaciones, considere en sus determinaciones la imposibilitad de establecer de facto la suspensión de los plazos establecidos en la normativa procesal-constitucional para las causas tutelares y considere el alcance como naturaleza procesal del tercero interesado.
En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, conforme el art. 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 363 a 377 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Segundo de Camiri del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia:
1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los razonamientos desarrollados precedentemente, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de las problemáticas constitucionales formuladas.
2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en consideración a la facultad previsora y el tiempo transcurrido, manteniendo invariables los actos procesales y jurisdiccionales que se hubiesen generado dentro del proceso penal del cual deviene esta acción de defensa, con posterioridad a la emisión de la Resolución constitucional objeto de revisión, conforme se tiene razonado precedentemente.
3° Exhortar a Bernabé Mamani Copa, Juez Público Civil y Comercial Segundo de Camiri del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por los motivos de orden procesal-constitucional expuestos en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0233_2023-S3.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6166e2afd119512d433104cf884aa49a78785ca1715fa25cb8cc0d73cfa209eb
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