Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 28 de mayo de 2018
Concede la tutela
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación de las resoluciones, razonable valoración de la prueba y aplicación objetiva de la ley; toda vez que, las autoridades demandadas a raíz de una errada interpretación y aplicación del art. 997 del CC, emitieron el Auto Supremo 788/2017; el cual, valoró indebidamente la prueba y fundamentó su decisión mediante argumentos arbitrarios; por lo que, solicita la concesión de tutela, la anulación de las Resoluciones impugnadas y se ordene la emisión de una nueva resolución respetando sus derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso ; y, ii) El ejercicio de los derechos fundamentales y la responsabilidad en su ejercicio respecto a los daños a terceros: ii.a) El fundamento constitucional de la responsabilidad respecto a los daños a terceras personas; ii.b) La interpretación del art. 997 del CC conforme al bloque de constitucionalidad; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 29 de diciembre de 2017, cursante de fs. 1996 a 1999 vta., pronunciada por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, ratificando lo dispuesto por el Tribunal de garantías, en cuanto a dejar sin efecto el Auto Supremo 788/2017 de 25 de julio, emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; con la modificación de: 2° Disponer que la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, una vez notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, emita una nueva resolución en la que: i) Se efectúe una interpretación del art. 997 del Código Civil, conforme al bloque de constitucionalidad y en función al entendimiento asumido en este fallo constitucional; ii) Se valore y compulse de forma razonable todos los elementos probatorios, en función a los argumentos expuestos en la presente Sentencia; y, iii) Se realice una argumentación que respete la debida motivación y fundamentación, conforme a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0233/2018-S2 Sucre, 28 de mayo de 2018 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 22262-2018-45-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 29 de diciembre de 2017, cursante de fs. 1996 a 1999 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rodolfo Daniel Galdo Asbún en representación legal de René Alberto Claure Lara y María del Rosario Galdo Asbún contra Rita Susana Nava Durán y Rómulo Calle Mamani, ex-Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Mediante memorial presentado el 21 de diciembre de 2017, cursante de fs. 1902 a 1926, los accionantes a través de su representante legal, expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
El 9 de octubre de 2012, interpusieron demanda de reparación de daños y perjuicios contra Ingrid Rosario Schamisseddine Somoza, propietaria de Super Sur Fidalga S.R.L., por cuanto alquilaron 1000 m de superficie para la instalación de un gimnasio en el tercer piso del Supermercado Fidalga, erogando al efecto, la suma de $us203 293,64.-(doscientos tres mil doscientos noventa y tres 64/100 dólares estadounidenses) en la instalación de pisos, sanitarios, de cielo falso, entre otras mejoras. A seis meses de inaugurado el gimnasio, se produjo un incendio en la panadería del Supermercado de referencia; el cual, de acuerdo a los informes periciales de la Policía Boliviana, se produjo por desperfectos en la conexión de gas natural y por la inacción del personal que no llamó ni dio aviso a los bomberos, lo que ocasionó la imposibilidad de contener el siniestro por parte de los efectivos policiales.
Con estos antecedentes, el Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital del departamento de Santa Cruz declaró probada la demanda, al considerar que se acreditó que el incendio fue de responsabilidad de la demandada, por falta de mantenimiento de las conexiones de gas natural; por lo que, estableció la indemnización en parte de daños y perjuicios; ante tal determinación, la demandada interpuso recurso de apelación que fue resuelto mediante Auto de Vista 109 de 22 de abril de 2016, que revocó la Resolución del Juez a quo, con los siguientes fundamentos: a) El incendio se debió a una fuga de gas en el área de panadería del Super Sur Fidalga S.R.L; b) El Ministerio Público concluyó que el caso fue fortuito; c) La Compañía de Seguros Latina indicó que la demandada no cometió ningún hecho ilícito o de carácter infraccional, quien además procedió al pago de daños y perjuicios a los demandantes a través de su seguro BISA; y, d) BISA SEGUROS pagó a los demandantes la suma de $us101 609,19.-(ciento un mil seiscientos nueve 19/100 dólares estadounidenses). En consecuencia, interpusieron recurso de casación, acusando error de hecho, derecho e indebida valoración de prueba, en el que incurrió el referido Auto de Vista; pues, no analizó correctamente que ninguna de las pruebas cursantes acreditaron que el incendio fue por un caso fortuito; no tomó en cuenta que la demandada al no contar con licencia de funcionamiento ni con un plan de seguridad e higiene ocupacional aprobado, actuó negligentemente; aplicó erradamente el art. 997 del Código Civil (CC), pues la causa del daño no fue la ruina del inmueble, sino el incendio que sufrió, ocasionado por la creación de riesgo y la falta de mantenimiento de las instalaciones de gas de la cocina. En todo caso, debió aplicarse el art. 998 del CC que determina que quien realiza una actividad peligrosa y ocasiona a otro un daño, está obligado a la indemnización, máxime, si para la configuración del caso fortuito debe darse dos presupuestos; es decir, que sea imprevisible e inevitable, los cuales no fueron demostrados. Finalmente observaron que el merituado Auto de Vista consideró erradamente el resarcimiento realizado por la Compañía de Seguros; pues la indemnización no cubre los gastos en su totalidad, principalmente los realizados en las obras de mejora del inmueble. Refieren, que pese a todos los argumentos expuestos, las autoridades demandadas emitieron el Auto Supremo 788/2017 de 25 de julio, que no se encuentra debidamente motivado ni fundamentado; toda vez que, llegó a concluir que el incendio fue fortuito, basándose simplemente en un informe técnico y en un rechazo de querella que se emitió dentro del proceso penal iniciado por un extrabajador de la demandada; sin embargo, dicho informe no estableció en ningún momento que el incendio hubiera sido por un caso fortuito, entre tanto el rechazo de querella, no podía ser utilizado como fundamento por el Auto Supremo, pues no sería coherente con la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia en sus Autos Supremos “29/2016” y “1382/2016”, que resolvieron casos análogos y que fueron relatados por la propia magistrada Rita Susana Nava Durán; en los que se señaló que la querella no tiene relevancia en la demanda civil por reparación de daños y perjuicios. Así también, indicaron que dicho Auto Supremo, al considerar que la demandada no tenía conocimiento previo de la falla técnica de la fuga de gas, y que por consiguiente no se le podía exigir la toma de medidas de seguridad para evitar el siniestro, resulta un argumento estéril al análisis del riesgo, que se realiza expost y no exante, tal como erradamente considera tal Resolución; pues este razonamiento no condice con el art. 998 del CC y menos con la verdad material, ya que se demostró que la demandada no cumplió con sus obligaciones de obtener la aprobación del plan de higiene y seguridad industrial; de haberlo hecho, se hubiera podido verificar los desperfectos de las instalaciones de gas y evitar el incendio; por lo que, en el caso concreto, se verificó la existencia de un riesgo por la naturaleza de la actividad y los productos inflamables comercializados en el Supermercado; razón por la que, los Magistrados demandados aplicaron erradamente el art. 997 del CC; en todo caso debieron observar el art. 998 de ese cuerpo normativo; toda vez que, el riesgo creado es una fuente de culpa y por consiguiente de responsabilidad; sin embargo, las autoridades demandadas no valoraron razonablemente las pruebas cursantes en obrados, que determinan el riesgo creado y la falta de diligencia de la demandada. Finalmente, refieren que el Auto Supremo 788/2017 con relación al pago realizado por la aseguradora, no consideró que la excepción de pago interpuesta por la demandada fue resuelta por el Juez a quo y quedó ejecutoriada; en consecuencia, al resolverse un acto jurídico que no fue impugnado en su oportunidad, se vulneraron derechos fundamentales.
Denuncian la lesión de sus derechos a la propiedad, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de debida fundamentación, motivación, congruencia de las resoluciones, razonable valoración de prueba, aplicación objetiva de la norma; citando al efecto los arts. 56, 115, 117.I, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista 109 y el Auto Supremo 788/2017, ordenando la emisión de una nueva resolución.
En la audiencia pública efectuada el 29 de diciembre de 2017, según consta en acta cursante de fs. 1992 a 1996, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante en audiencia, a través de su abogado, se ratificó íntegramente en los términos de su demanda tutelar.
Rita Susana Nava Durán y Rómulo Calle Mamani, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, no presentaron informe alguno ni acudieron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, a pesar de su legal citación corriente a fs. 1933.
La Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, a través de la Resolución de 29 de diciembre de 2017, cursante de fs. 1996 a 1999 vta., concedió la tutela solicitada; dejando sin efecto el Auto Supremo 788/2017 y ordenando la emisión de una nueva resolución. Determinación efectuada sobre la base a los siguientes fundamentos: 1) Se denunció que el Auto Supremo 788/2017 no contiene la debida motivación ni fundamentación, además de realizar una errada interpretación de la legalidad ordinaria y una irrazonable valoración de prueba; por cuanto, habría considerado que los hechos relacionados con el incendio producido en el edificio de la panadería, recaían sobre la base de la aplicación del art. 997 del CC; análisis cuya conclusión jurídica es totalmente aberrante, porque de manera errónea se lo aplica a la presente causa, cuando en realidad respecto al incendio producido en las instalaciones del Supermercado Fidalga S.R.L era propia la aplicación de la norma prevista en el art. 998 del CC, porque se trata de una actividad peligrosa desarrollada en el edificio que suscitó el incendio; siendo que este hecho no tiene ninguna relación con el concepto de edificio en ruina que prevé y trata la aplicación del art. 997 del CC; confusión que acarreó la indebida aplicación normativa y su mala interpretación, la que tuvo incidencia en una incorrecta valoración de las pruebas al caso concreto; lo cual, tuvo como consecuencia lógica la lesión de los derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación suficiente; y, a la propiedad privada; 2) Los accionantes demandan que en el caso concreto debió aplicarse el art. 998 y no así el art. 997 del CC; pues, el Tribunal Supremo de Justicia en casos análogos asumió dicho entendimiento; al respecto, existe prueba en el proceso que no fue valorada adecuadamente o en su caso fue compulsada incorrectamente, sobre todo, la que acredita la inexistencia de licencia de funcionamiento de la panadería, que fue precisamente donde se originó el incendio, ya que la autoridad administrativa municipal certificó que la empresa demandada no contaba con la misma para dicha actividad; asimismo, no fue debidamente compulsado el informe del Inspector del Trabajo ni la denuncia efectuada ante el Ministerio Público, que develan y acreditan la actividad peligrosa de la demandada, que es la condición establecida por el art. 998 del CC para una posible indemnización; norma que las autoridades demandadas no quisieron aplicar; 3) De los principales argumentos del Auto Supremo 788/2017, se advierte una evidente errónea e ilógica aplicación de la norma sustantiva; por cuanto, las autoridades demandadas consideraron que es indistinta la aplicación de los arts. 997 o 998 del CC; cuando en realidad lo que debió analizarse a través de los medios probatorios, fue si evidentemente el hecho se trató de una actividad peligrosa y si la misma originó el daño, y en caso de pretender eximir de responsabilidad al dueño del edificio, se debió acreditar la existencia de la culpa de la víctima; pues en definitiva, esto es lo que manda la norma sustantiva civil y cualquier razonamiento en contrario, atenta el espíritu de la norma expresa; y, 4) Se coincide con la parte accionante en el hecho que de haberse dado la interpretación exclusiva del art. 998 del CC al caso concreto, el Auto Supremo hubiera tenido otro resultado legal; en tal sentido, del análisis de esta Resolución se llegó al convencimiento, que ésta se encuentra insuficientemente motivada a raíz de la errónea interpretación y aplicación de la norma antes señaladas, a los hechos que se dilucidaron en el proceso ordinario por resarcimiento de daños y perjuicios; razón que determina la concesión de la tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Por memorial de 9 de octubre de 2012, René Alberto Claure Lara y María del Rosario Galdo Asbun -ahora accionantes-, presentaron demanda contra Ingrid Rosario Schamisseddine Somoza en calidad de propietaria de Super Sur Fidalga S.R.L., por resarcimiento de daños y perjuicios (fs. 240 a 251). II.2. Ingrid Rosario Schamisseddine Somoza el 4 de diciembre de 2012, contestó negativamente la demanda y opuso excepciones; entre otras, la de transacción y pago documentado (fs. 359 a 377 vta.). II.3. Cursa documento privado de pago total de indemnización por siniestro de equipos de gimnasio, por la suma de $us142 783.-(ciento cuarenta y dos mil setecientos ochenta y tres dólares estadounidenses), suscrito entre BISA SEGUROS y René Alberto Claure Lara (fs. 868 y vta.). II.4. El Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital del departamento de Santa Cruz, por Sentencia de 4 de marzo de 2015, declaró probada en parte la demanda, disponiendo el pago a favor de los demandantes de la suma de $us203 293,64.- por concepto de mejoras realizadas; y, $us989,8.-(novecientos ochenta y nueve 8/100 dólares estadounidenses) por pago al daño del personal del gimnasio. Determinación efectuada sobre la base de los siguientes fundamentos: i) La pretensión de demandar la indemnización de daños y perjuicios fue demostrada en parte, al existir un daño culposo por inobservancia de las normas administrativas, en lo referente a los equipos de gas instalados en el edificio Super Sur Fidalga S.R.L -Equipetrol-; lo que determina la responsabilidad civil en el presente caso, conforme lo determina el art. 984 del CC; el cual, establece que quien con un hecho doloso o culposo, ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento; por lo que, en el presente caso, si bien no existe dolo, pero sí culpa, configurada por la falta de previsión, por un acto imprudente o por observancia de las normas; y, ii) Se evidenció que el incendio se originó en el sector Panadería del edificio Super Sur Fidalga S.R.L., el cual es atribuible a la demandada, en base principalmente a las siguientes pruebas documentales: a) Nota de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); y certificación del “SER”, que dan cuenta que el Supermercado no contaba con licencia; b) Imputación formal contra Rosario Schamisseddine; c) Informe del Jefe Departamental de Trabajo; d) Informe de la unidad de emergencias “UDEM”; y, e) Nota de la Dirección de Regulación Urbana de la Oficialía Mayor de Planificación (fs. 1673 y 1676 vta.). II.5. La Sala Civil, Comercial y de Familia Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 109 de 22 de abril de 2016; mediante el cual, declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto por Super Sur Fidalga S.R.L, representada por Ingrid Rosario Schamisseddine Somoza; y en consecuencia, revocó la Sentencia de 4 de marzo de 2015. Determinación efectuada sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) En el caso concreto, la norma observable es el art. 997 del CC, siendo totalmente aplicable a los hechos en estudio; habida cuenta, que se trató evidentemente de un incendio con connotaciones fortuitas y fuera de las previsiones naturales y empresariales de los demandados; tal cual sucedió en las instalaciones donde funcionaba el Supermercado Fidalga S.R.L., específicamente en el área de panadería; 2) El caso fortuito se demuestra del informe pericial, así como de las afirmaciones vertidas por la aseguradora, quien indicó que los demandados no cometieron ningún hecho ilícito o de carácter infraccional; 3) Los demandantes ya fueron indemnizados por BISA SEGUROS, entre tanto, no pueden reclamar el resarcimiento de otros bienes que no cuenten con la factura correspondiente; y, 4) Se tiene demostrado que existió un hecho fortuito, por consiguiente, no imputable a los demandados, tal y como se tiene por el estudio pericial; por otra parte, debe considerarse que BISA SEGUROS, pagó la suma de $us101 609,19.-por concepto de indemnización única y definitiva del total indemnizable, y que de acuerdo al contrato de seguro, el beneficiario subroga sus derechos a la compañía aseguradora; por lo que, no tiene derecho alguno que pueda ser tutelable y exigible a la parte demandada; es decir, al Supermercado Fidalga (fs. 1698 a 1700). II.6. Por memorial de 13 de mayo de 2016, Rodolfo Daniel Galdo Asbún en representación de los accionantes, interpuso recurso de casación en el fondo, contra el Auto de Vista 109, denunciando los siguientes agravios: i) Error en la valoración de la prueba en los siguientes elementos y por las consiguientes razones: a) En el informe de bomberos en el cual no se habría determinado que el siniestro fue ocasionado a raíz de un caso fortuito; b) En la documental de la Compañía de Seguros Latina, se habría afirmado que los demandados no cometieron algún hecho ilícito o de carácter infraccional, por cuanto, dicha instancia no sería la competente para determinar la responsabilidad civil; c) En el informe ampliatorio del Director Departamental de Bomberos, no se habría certificado ni avalado la existencia de las medidas de seguridad apropiadas para el riesgo creado en dicha unidad económica; d) En el informe del Director Departamental de Trabajo, que demostraría contundentemente que el Supermercado Fidalga no contaba con manual de higiene y seguridad ocupacional; e) En los informes del Director Departamental de Trabajo, los cuales señalaron que el daño fue producto de los desperfectos en la tubería de gas natural y anafre; f) En la certificación del Departamento de Licencias y Patentes, que acreditaría que el Supermercado Fidalga no contaría con licencia de funcionamiento; que se constituye en prueba plena de la imposibilidad de la demandada de instalar la panadería que sufrió el siniestro; g) En el documento de resarcimiento de daños suscrito con BISA SEGUROS, donde solamente demostraría el pago por el daño a los equipos de gimnasia y no así de las mejoras realizadas en el inmueble; y que además, este extremo fue resuelto por la excepción de pago resuelta por el Juez de instancia; y, h) En la Resolución de rechazo de querella dentro del proceso penal iniciado por un extrabajador que fue afectado por el incendio; por cuanto, la misma no analizaría la responsabilidad civil; y además, porque existiría una imputación formal por lesiones graves contra la demandada; ii) Error en la aplicación del art. 997 del CC, al pretender aplicar la excepción de responsabilidad por caso fortuito, desconociendo la naturaleza del hecho fortuito, además que el nexo causal y causa eficiente del daño, no sería la ruina, sino, un incendio ocasionado por el riesgo y la falta de prevención en la cocina de la demandada, habiendo omitido en consecuencia el art. 998 del CC; iii) Inadecuada aplicación del art. 1060 del Código de Comercio (Ccom); por lo que, con base en el principio indemnizatorio, la indemnización debe ser íntegra; en consecuencia, los bienes no asegurados también deben ser resarcidos al damnificado; y, iv) Vulneración del principio de verdad material; pues al tratarse de un caso civil por daños ocasionados en la esfera de lo extracontractual, sería impertinente la solicitud de facturas sobre los bienes que demanda el resarcimiento (fs. 1704 a 1711). II.7. La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, emitió el Auto Supremo 788/2017 de 25 de julio; a través del cual, las autoridades demandadas declararon infundado el recurso de casación interpuesto por los impetrantes de tutela; y en consecuencia, mantuvieron firme y subsistente el Auto de Vista 109. Determinación efectuada con los siguientes fundamentos: 1) En relación al error de hecho en la valoración de las pruebas, no cursa prueba alguna que demuestre que la parte demandada haya tenido conocimiento previo al día del incendio, de dicha falla técnica o de la fuga de gas, pues estos extremos, recién salieron a la luz con los informes que dieron a conocer las causas del siniestro. Hasta después del incendio no puede exigirse la toma de medidas de seguridad; extremos estos, por lo que fue considerado totalmente fortuito, que no solo se ampara en el tantas veces citado informe técnico, sino, en la Resolución de rechazo de querella, que concuerda en el hecho -se reitera-que el siniestro fue fortuito; de donde se concluye, que no existió error de hecho en la valoración de la prueba acusada en este punto; 2) Con referencia a que la empresa Fidalga no contaba con prevención y protección contra incendios; de acuerdo a la inspección realizada, se estableció la presencia de extintores portátiles dentro del área del incendio, los cuales fueron utilizados el día del siniestro; además de un sistema de extintores fijo que contaría con señalización, detección de incendios y alarma interna; 3) Respecto a que el Supermercado no contaría con manual de higiene y seguridad ocupacional; este extremo, al no demostrarse que los demandados hayan tenido culpa, no resulta transcende como para modificar el fondo de la decisión asumida; 4) Del informe del Inspector de la Jefatura Departamental de Trabajo, se advierte que el mismo observó que las conexiones de gas serian deficientes; sin embargo, para que tenga incidencia en el fondo del proceso, debió efectuarse en fecha anterior del incendio; pues la parte demandada al desconocer las observaciones de las referidas instalaciones, no pudo evitar el siniestro; 5) Con referencia a la certificación emanada del Departamento de Licencias y Patentes, que indica que la empresa demandada no contaba con una licencia de funcionamiento; esta prueba queda enervada con el informe técnico emanado de la Policía Boliviana, que demuestra que el Supermercado contaba con las medidas necesarias para actuar en caso de producirse un incendio; el que es considerado como un hecho fortuito; 6) En cuanto al documento suscrito entre los demandantes y BISA SEGUROS; refleja que evidentemente no se pagó las refacciones demandadas; pero esta prueba no resulta trascendente como para modificar el fondo de la decisión asumida, pues el incendio tuvo connotaciones totalmente fortuitas que eximen de responsabilidad a los demandados; en consecuencia, el hecho que la compañía aseguradora de la parte actora no haya cubierto todas las cuestiones demandadas, carece de relevancia; 7) Respecto a la excepción de pago, que supuestamente no habría sido impugnada en su momento procesal; dicho extremo no sería evidente, pues de la apelación presentada por la demandada, se advierte que efectivamente se denunció como agravio este hecho; empero, lo importante resulta que el Auto de Vista 109, eximió de culpa a la parte demandada, porque el hecho ocurrido fue fortuito; siendo que este aspecto, no podría determinar su nulidad; 8) Con relación a que el Auto de Vista 109, se valdría de un rechazo de querella, habiendo una imputación formal por lesiones graves y gravísimas contra la demandada; se advierte una contradicción en este aspecto, pues los demandantes pretenden que no se valore el rechazo de querella, al no ser estos parte dentro de ese proceso penal; sin embargo, quieren que se tome en cuenta la imputación formal en la que tampoco son parte; así también, debe considerarse que los fundamentos de dicha imputación, no cuentan con ningún respaldo de un medio probatorio; 9) En lo que concierne a la indebida aplicación de los arts. 998 y 984 del CC; debe indicarse que se acreditó que el hecho sucedido fue fortuito, pues el incendio se originó por causas inevitables e imprevisibles, quedando exentos de responsabilidad y como lo señala el art. 997 del CC, que fue correctamente aplicado en el referido Auto de Vista; ya que la parte actora tenía la calidad de inquilina en el edificio de propiedad de la demandada; en cuya planta baja, funcionaba el Supermercado Fidalga; ambiente en el cual, se inició el incendio por fuga de gas, exactamente en la panadería. En consecuencia, se infiere que no existió lesión de los arts. 998 y 984 del CC; en este mismo sentido, esta vez con relación a la aplicación del art. 997 del referido Código, debe indicarse que independientemente que el incendio se haya originado por una actividad peligrosa o por ruina en el edificio, donde funcionaba el gimnasio de los demandantes, se llegó a demostrar que el incendio fue un hecho fortuito; pues no existe precedentes que demuestren que la demandada estaba alertada de lo que podía suceder, si no realizaba reparaciones en la tubería de gas; por lo que, dicho extremo se constituye en una causal que la exime de responsabilidad; consiguientemente, lo demandado resulta irrelevante; 10) El hecho que el riesgo de un posible siniestro era previsible y se encontraba bajo control y responsabilidad directa de la demandada; no resulta evidente, pues el incendio fue fortuito; además, los anteriores incendios sufridos en el Supermercado, respondieron a otras causas, y no así, por falla de instalaciones de gas; 11) Respecto a la inadecuada aplicación del art. 1060 del Ccom; es menester señalar, que al haber llegado el Tribunal de alzada a la conclusión, que el hecho fue fortuito, y por ende, no existe responsabilidad en la demandada, que dé lugar al resarcimiento de daños; el hecho que la indemnización deba o no ser íntegra resulta irrelevante; y, 12) Con relación a la vulneración del principio de verdad material, los Vocales de alzada, llegaron a determinar que el hecho suscitado evidentemente fue un incendio fortuito y fuera de las previsiones naturales y empresariales de la demandada; por lo que, las mejoras en el inmueble que hubieran podido ser probadas mediante distintos medios que determinen el monto del daño, resulta intrascendente; pues la parte actora no solo debió demostrar el daño o perjuicio ocasionado, sino, los demás requisitos que hacen viable su pretensión (fs. 1722 a 1734).
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación de las resoluciones, razonable valoración de la prueba y aplicación objetiva de la ley; toda vez que, las autoridades demandadas a raíz de una errada interpretación y aplicación del art. 997 del CC, emitieron el Auto Supremo 788/2017; el cual, valoró indebidamente la prueba y fundamentó su decisión mediante argumentos arbitrarios; por lo que, solicita la concesión de tutela, la anulación de las Resoluciones impugnadas y se ordene la emisión de una nueva resolución respetando sus derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso ; y, ii) El ejercicio de los derechos fundamentales y la responsabilidad en su ejercicio respecto a los daños a terceros: ii.a) El fundamento constitucional de la responsabilidad respecto a los daños a terceras personas; ii.b) La interpretación del art. 997 del CC conforme al bloque de constitucionalidad; y, iii) Análisis del caso concreto.
Respecto al contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y/o motivada, la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, desarrolló las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y/o motivada, ya sea judicial, administrativa o cualesquier otra, que resuelva un conflicto o una pretensión: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución Política del Estado, conformada por: 1.i) La Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.ii) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia de los principios de constitucionalidad y de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes, que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa el valor justicia y los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad; posteriormente, a través de la SCP 0100/2013 de 17 de enero, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; cual es: 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la obligación que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos. Con relación a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, se da: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, d.2) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de 2El FJ III.2, indica: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos. Conceptualmente las pretensiones son distintas a los alegatos o argumentos que esgrima la parte procesal. Para su distinción, debe tenerse en cuenta el petitum, la petición de la pretensión; es decir, qué es lo que se pide; por lo que si el juzgador se aparta de las exigencias derivadas de las pretensiones formuladas por las partes a la hora de aplicar e interpretar la norma que servirá de sustento jurídico a su decisión incurrirá en lesión al derecho a una resolución motivada o derecho a una resolución fundamentada.
De ahí que se cumple el principio dispositivo, como un elemento del contenido esencial de una resolución fundamentada o resolución motivada, cuando existe congruencia, es decir, una relación entre la pretensión de las partes con la parte dispositiva de la sentencia. Por ello, estará satisfecho el principio dispositivo, cuando exista estricta correspondencia entre la parte dispositiva de la sentencia, sustentada en los fundamentos de la misma, y las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, imponiendo una barra de contención al juzgador a efectos de que no decida más allá de lo debatido o deje de fallar el caso sometido a su conocimiento”.
junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva 3El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 4El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
5El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 6El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
Resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional. Con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
Este entendimiento, fue asumido también en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0014/2018-S2 y 0018/2018-S2, ambas de 28 de febrero, entre otras.
Toda vez que se cuestiona la interpretación del art. 997 del CC y una arbitraria valoración de los elementos probatorios; cabe señalar, que en el marco de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, es posible efectuar dicho análisis en el marco del derecho a una resolución fundamentada y motivada, cuyo contenido esencial de acuerdo a la SCP 2221/2012, está dado por sus cuatro finalidades, entre ellas, que la Resolución que se analiza esté sometida al bloque de constitucionalidad y lograr el convencimiento de las partes que no es arbitraria, sino que observa el valor justicia y los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. En ese sentido, como lo entendieron tanto la SCP 2221/2012 y la SCP 0100/2013, la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación; ii) Con motivación arbitraria; iii) Con motivación insuficiente; y, iv) Por falta de coherencia del fallo; ya sea porque: a) No contiene razones que la sustenten; b) Tiene fundamentos meramente retóricos; c) Tiene una valoración irrazonable de la prueba; d) Contiene una motivación insuficiente; o, e) Omite pronunciarse sobre los planteamientos de las partes. Conforme a ello, se analizará si la interpretación realizada por las autoridades demandadas está; por una parte, sometida al bloque de constitucionalidad; y por otra, si la Resolución resulta arbitraria por no observar el valor justicia y el principio de razonabilidad.
El art. 29.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), señala:
En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
Por su parte, el art. 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que se encuentra dentro del Capítulo referido a los Deberes de las Personas, con el nombre de Correlación entre Deberes y Derechos, establece que: “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática” (las negrillas son nuestras).
En el ámbito interno, el art. 14.IV de la CPE, dispone que: “En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban”. Por su parte, el art. 108 de la misma Norma Suprema, determina que dentro de los deberes de las bolivianas y los bolivianos, se encuentran:
1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.
2. Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución.
3. Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución.
4. Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. (…) Conforme a las normas internacionales y nacionales, los derechos fundamentales están limitados por los derechos de los demás; lo que supone, que las personas en el ejercicio de sus derechos, deberán observar los derechos de las otras personas individuales y colectivas, asumiendo las responsabilidades emergentes por la vulneración de los mismos; pues solo de esta manera, será posible la convivencia en una sociedad democrática y la materialización de los principios y valores que sustentan nuestra Constitución Política del Estado; con la finalidad de lograr el vivir bien, una vida armoniosa, una vida buena, una tierra sin mal o una vida noble -art. 8 de la CPE-, en el marco de nuestro Estado Comunitario y de lo previsto en el art. 9 de la Norma Suprema, que establece como fines y funciones esenciales del Estado, entre otros:
1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. (…)
2. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. En el marco de la responsabilidad emergente en el ejercicio de los derechos, debe mencionarse al art. 113.I de la CPE, que establece: “La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna”. Por su parte, el Código Civil, en la Parte Segunda -De las Fuentes de las Obligaciones-, consagra en el Título VII -De los Hechos Ilícitos-, en el art. 984 -con el nombre de Resarcimiento por Hecho Ilícito, que: “Quien con un hecho doloso o culposa, ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento” (las negrillas son añadidas); norma que desde una interpretación conforme al bloque de constitucionalidad, tiene su sustento en la limitación de los derechos fundamentales por los derechos de los demás y en la responsabilidad que genera la lesión de los mismos, ya sea por dolo o culpa. Las normas siguientes del Código Civil, se refieren a hechos concretos, pero que tienen el principio común -con base constitucional- antes anotado. Así, de manera específica los arts. 997 y 999 del CC, establecen lo siguiente:
ARTICULO 997.- (RUINA DE EDIFICIO O DE OTRA CONSTRUCCION). El propietario de un edificio u otra construcción es responsable del daño causado por su ruina, excepto si prueba el caso fortuito o de fuerza mayor o la culpa de la víctima. ARTÍCULO 999.- (RESPONSABILIDAD SOLIDARIA).
I. Si son varios los responsables, todos están obligados solidariamente a resarcir o a indemnizar el daño.
II. Quien ha resarcido o indemnizado todo el daño, tiene derecho a repetir contra cada uno de los otros en la medida de su responsabilidad. Cuando no sea posible determinar el grado de responsabilidad de cada uno, el monto del resarcimiento o de la indemnización se divide entre todos por partes iguales.
Conforme al art. 997 del CC, el propietario de un edificio u otra construcción es responsable del daño causado por su ruina, excepto si prueba el caso fortuito o de fuerza mayor o la culpa de la víctima. Ahora bien, desde una interpretación sistemática del Código Civil, el concepto ruina de edificio, encuentra su entendimiento y concepción en el art. 743 del mencionado cuerpo normativo, al indicar que: “Cuando un edificio se arruina, en todo o en parte, por vicio del suelo o por defecto de la construcción (…)”; en efecto, esta norma es clara, cuando relaciona la ruina de un edificio a su deterioro o destrucción total o parcial, que puede generarse por fallas de suelo o por causas relacionadas a su construcción; última previsión, que lógicamente alcanza a sus instalaciones, sean estas sanitarias o de servicios básicos o de otra índole. En este sentido, queda claro que la ruina de un edificio, se considera a todo daño, deterioro o destrucción parcial o total, que sufre un bien inmueble producto de causa geológica, o por defectos en su construcción, que ocasionen su afectación. Ahora bien, así entendida la ruina a la que se refiere el art. 997 del CC, es preciso referirnos a los efectos de la misma, los cuales están relacionados principalmente con la responsabilidad del daño que pueda ocasionar, la que prevé causales regladas de exención a ésta; es decir, que solamente en tres supuestos, el propietario del edificio o construcción en ruina, no estará obligado a resarcir por los daños causados; siendo estos: 1) Caso fortuito; 2) Fuerza mayor; o, 3) Culpa de la víctima; es así que a efectos de una adecuada interpretación del referido art. 997 del CC, corresponde precisar el alcance de estos tres supuestos en relación al caso fortuito y fuerza mayor. Así, debemos considerar que el caso fortuito a diferencia de 7JIMENES BOLAÑOS, Jorge, Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Diferencia Conceptual. Revista de Ciencias Jurídicas 123 (69-98), Costa Rica, setiembre-diciembre 2010, págs. 86 y 87, indicó:
“La doctrina hace distinción entre el caso fortuito y la fuerza mayor.
a) Según el evento
La fuerza mayor se debería a un hecho de la naturaleza, mientras que en el caso fortuito se trataría de un hecho humano.
b) Imprevisibilidad o inevitabilidad
El caso fortuito es un evento imprevisible aun utilizado una conducta diligente. La fuerza mayor es un evento que aunque pudiera preverse es inevitable.
c) Lugar del evento
Si se origina en la empresa o círculo afectado estaríamos ante un caso fortuito. Si sucede fuera de le empresa o círculo afectado, queda fuera de los casos fortuitos que deban preverse en el curso ordinario de la vida.
A la fuerza mayor se le agregan el hecho de la victima y el hecho de un tercero como factores que hacen desaparecer la causalidad.
`El caso fortuito a diferencia de la fuerza mayor, que se caracteriza generalmente por su inevitabilidad, tiene más bien por eje definitorio la imprevisibilidad, por esa razón es determinante que el sujeto, antes de la producción del acontecimiento haya actuado con diligencia, para determinar la previsibilidad debe tomarse en cuenta la diligencia del buen padre de familia. Se ha dicho que, si a pesar de dase tal dirige hacia el evento sigue siendo imprevisible, estaremos en presencia del caso fortuito, este exime de culpa, no hay pues responsabilidad. Pero si el daño no fue previsto por no usarse la diligencia debida, estaremos ante una conducta negligente determinante de responsabilidad. La culpa excluye al caso fortuito”. (24) El caso fortuito es caracterizado por una situación imprevisible que acontece y que provoca que el deudor incumpla su obligación, claro está el la fuerza mayor, que se caracteriza generalmente por su inevitabilidad, tiene más bien por eje definitorio la imprevisibilidad; por esa razón, es determinante que la persona, antes de la producción del acontecimiento, haya actuado con diligencia para la realización de una acción, de una obra, analizando las consecuencias de sus actos, y por ende, previéndolos desde el inicio de su actividad; en ese sentido, si es que la persona no efectuó esa labor de previsión, cuando pudo haberlo hecho, o no lo hizo en la medida de lo exigido por la actividad realizada, el contexto del caso y las características de la persona, ésta no podrá ampararse en el supuesto de caso fortuito; en tanto que, si el daño se produjo por una causal que no podía ser prevista -imprevisibilidad-, pese a los esfuerzos realizados, y en su caso, el cumplimiento de las normas para la realización de una empresa, se entiende que el propietario al que alude el art. 997 del CC, no es responsable por el daño causado. En síntesis, si el evento es imprevisible, pese a que la persona actuó diligentemente, estaremos en presencia del caso fortuito, que exime de responsabilidad. Pero si el daño no fue previsto por no usarse la diligencia debida, estaremos ante una conducta negligente y determinante de responsabilidad. Ahora bien, a diferencia del caso fortuito, la fuerza mayor viene a ser una fuerza irresistible externa, que rompe completamente el nexo causal entre la actuación del agente y el resultado producido; por su parte, la culpa de la víctima prevista también en la norma objeto de análisis, estará referida a que el daño sufrido pueda ser atribuido a casusas imputables a ésta. Conforme a lo anotado, el caso fortuito previsto en el art. 997 del CC, debe ser analizado en relación al elemento de la culpabilidad; dado que, a través de este análisis, se determinará si el propietario tomó todas las precauciones debidas y actuó diligentemente, o por el contrario, actuó en forma negligente. Ahora bien, cabe señalar que la interpretación antes anotada, es compatible con el bloque de constitucionalidad; por cuanto, como quedó establecido, la responsabilidad por el daño tiene su fundamento en los derechos fundamentales y sus límites, que se manifiesta en el deber de observar y respetar los derechos de las otras personas individuales y colectivas, asumiendo las responsabilidades emergentes por la vulneración de los mismos, para así lograr el vivir bien, una vida armoniosa, una vida buena, una tierra sin mal o una vida noble, una sociedad justa y armoniosa, en el marco del carácter comunitario de nuestro Estado. Es también imperioso hacer referencia al art. 999 del CC, que hace mención a la responsabilidad solidaria, señalando que tratándose de varios responsables, todos están obligados solidariamente a resarcir o indemnizar el daño. Asimismo, establece que quien resarció o indemnizó todo el daño, tiene derecho a repetir contra cada uno de los otros, en la medida de su responsabilidad. Cuando no sea posible determinar el grado de responsabilidad de cada uno, el monto del resarcimiento o de la indemnización se divide entre todos por partes iguales. Conforme a dicha norma, pueden existir varios responsable respecto al daño causado por la ruina de un edificio o construcción, ya sea porque se trate, por ejemplo, de varios propietarios del bien, o porque también son responsables terceras personas, empresas o instituciones que intervinieron en la construcción o instalación de determinados servicios, que forman parte del bien; por ejemplo, en la conexión eléctrica, de gas, de agua, etc.; supuestos en los cuales, los encargados de dichas instalaciones, también tienen la obligación de observar la diligencia debida y tomar las previsiones en sus actividades; pues de lo contrario, si actuaron negligentemente, también estarán obligados a resarcir los daños ocasionados; por cuanto, se reitera, en el marco de una sociedad inspirada en el vivir bien, todas las personas deben actuar respetando los derechos de las otras, para lograr una sociedad armoniosa.
El acto lesivo denunciando por los accionantes, radica principalmente en el hecho que dentro del proceso civil de resarcimiento de daños y perjuicios, interpuesto por su personas contra la propietaria del Super Sur Fidalga S.R.L.; el Auto de Vista 109, así como el Auto Supremo 788/2017, habrían interpretado y aplicado erróneamente el art. 997 del CC; labor interpretativa que al haberse realizado de forma incorrecta, generó una arbitraria fundamentación e irrazonable valoración de los elementos probatorios; en consecuencia, corresponde desarrollar el siguiente análisis, sobre la base de los antecedentes procesales descritos en Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
En el caso de autos, se tiene que dentro del proceso de resarcimiento de daños y perjuicios que se interpuso a raíz de un incendio ocurrido en la cocina de la panadería del Supermercado Fidalga; se produjo un daño en las instalaciones del gimnasio, que fueron alquiladas, acondicionadas y equipadas por el demandante del proceso civil antes referido, quien solicitó el resarcimiento de $us361 937.-(trescientos sesenta y un mil novecientos treinta y siete dólares estadounidenses), por concepto de mejoras, daño personal y lucro cesante; argumentado en lo principal, que dicho incendio fue de responsabilidad de la propietaria del Supermercado Fidalga; por cuanto, no habría observado el deber de cuidado en lo referente a las instalaciones de gas, al no contar con las autorizaciones y licencias correspondientes, sumado al hecho que al comercializar productos inflamables, se hubiese creado una actividad riesgosa, que al haber ocasionado daños al gimnasio, generaría la responsabilidad civil demandada. Ahora bien, la interpretación arbitraria e irracional que se demanda, se centra en el hecho que las autoridades demandadas pese a los antecedentes señalados habrían considerado; por una parte, que lo sucedido se acomoda a la ruina de un edificio; y por otra, se constituiría en un caso fortuito exento de responsabilidad civil, principalmente porque la propietaria no tenía conocimiento de los desperfectos en las instalaciones de gas, y por ende, no podía exigírsele ninguna acción para prevenir el siniestro, pues el mismo seria imprevisible e inevitable. Ahora bien, de conformidad con la interpretación desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2.2 de este fallo constitucional, el caso fortuito tiene por eje definitorio la imprevisibilidad; por ello, es fundamental que la persona, antes de la producción del acontecimiento, haya actuado con diligencia para la realización de una acción o de una obra, analizando las consecuencias de sus actos, y por ende, previéndolos desde el inicio de su actividad; pues, si no actuó de esa manera, no es posible ampararse en un supuesto caso fortuito; toda vez que, si el daño no fue previsto por no usarse la diligencia debida, estaremos ante una conducta negligente determinante de responsabilidad; interpretación del art. 997 del CC, que como se concluyó, es conforme a las normas del bloque de constitucionalidad, al sustentarse en el respeto a los derechos de las otras personas individuales y colectivas; y, la responsabilidad emergente por la vulneración de sus derechos. A partir de ello, se evidencia que si bien las autoridades demandadas, en el Auto Supremo 788/2017, consideraron adecuadamente al incendio suscitado en el edificio del Supermercado Fidalga como ruina, y por ende, subsumieron este acontecimiento a las previsiones del art. 997 del CC; no es menos evidente, que eximieron de responsabilidad a la propietaria con la errada interpretación del caso fortuito; toda vez que, conforme se indicó líneas atrás, éste contiene un elemento concurrente e indisoluble que determina su existencia, como es la imprevisibilidad del suceso; aspecto que si bien las autoridades demandadas lo consideraron, pero lo hicieron de forma errada; por cuanto, asumieron el criterio que el caso fortuito se configura independientemente que el propietario de un edificio haya o no, observado la diligencia debida. Conforme a lo anotado, las autoridades demandadas consideraron que la demandada dentro del referido proceso oridinario, desconocía los desperfectos que existían en la conexión de gas; por lo que, no podría prever ni realizar ninguna acción tendiente a evitar el siniestro; sin embargo, correspondía analizar si el incendio y el daño ocasionado por éste, pudo haber sido previsto si se observaba la diligencia debida, que supone no solo el desconocimiento de un hecho, sino el que se hubieren tomado todas las medidas necesarias para evitar futuros daños; más aún, en los supuestos en los que un edificio o construcción está destinado a fines comerciales. Por lo explicado, este Tribunal advierte que la interpretación y aplicación del art. 997 del CC, no fue realizada desde y conforme a la Constitución Política del Estado ni al bloque de constitucionalidad.
Los impetrantes de tutela manifiestan que a raíz de la errada interpretación y aplicación del art. 997 del CC, las autoridades demandadas valoraron indebidamente la prueba; además de fundamentar y motivar su decisión mediante argumentos arbitrarios; afirmación que resulta evidente, por cuanto, se advierte que -principalmente- los informes de Bomberos y de la Jefatura Departamental de Trabajo, así como la certificación del Departamento de Licencias y Patentes, no fueron razonablemente compulsados; pues la valoración efectuada por las autoridades demandadas parte evidentemente, de considerar que existió caso fortuito. Así, en el Auto Supremo impugnado, sobre el informe de la Jefatura Departamental de Trabajo, se señaló que si bien el Inspector observó que las conexiones de gas serían deficientes, pero el informe no tendría incidencia en el fondo del proceso, siendo que éste, debió ser realizado en fecha anterior al incendio; pues la empresa demandada, al desconocer las observaciones de las referidas instalaciones no pudieron evitar el siniestro. En igual sentido, respecto a la certificación emanada del Departamento de Licencias y Patentes, que sostiene que la parte demandada no contaba con una licencia de funcionamiento; indicó nuevamente, que el incendio producido es un hecho fortuito. Entonces, si bien es cierto que las autoridades demandadas fundamentaron y motivaron las razones por las cuales consideraron que estos elementos probatorios demostrarían que el siniestro ocasionado en el Supermercado Fidalga se constituiría en un hecho fortuito; y que por lo mismo, no sería exigible la responsabilidad civil, fundamentalmente por el desconocimiento de la demandada respecto a los desperfectos de las conexiones de gas; dichos argumentos se apartan de la interpretación del art. 997 del CC, que se ajusta más a la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad, tal cual fue explicado en fundamentos precedentes; por cuanto, como se tiene señalado, correspondía que el análisis del caso, se centrara en la previsibilidad del suceso y si con una actuación más diligente, el daño no se habría producido, analizando las pruebas antes aludidas desde esa perspectiva. Conforme a ello, es evidente que el art. 997 del CC, no fue interpretado sobre la base de los lineamientos anotados en el presente fallo constitucional, lo que indudablemente incidió en la valoración de la prueba; toda vez que, la misma fue realizada desde el enfoque del caso fortuito, lo que generó que las otras pruebas cursantes, referidas a los documentos suscritos entre el demandante y BISA SEGUROS, o las que acreditan el monto resarcible por las mejoras realizadas por los accionantes en el Supermercado Fidalga, hayan sido consideradas como irrelevantes; en este sentido, los aspectos anotados confluyeron en una fundamentación arbitraria; lo cual, sin duda alguna vulneró derechos fundamentales de los impetrantes de tutela; razón que determina, la concesión de la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela, aunque con otros fundamentos, obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 29 de diciembre de 2017, cursante de fs. 1996 a 1999 vta., pronunciada por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, ratificando lo dispuesto por el Tribunal de garantías, en cuanto a dejar sin efecto el Auto Supremo 788/2017 de 25 de julio, emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; con la modificación de: 2° Disponer que la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, una vez notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, emita una nueva resolución en la que: i) Se efectúe una interpretación del art. 997 del Código Civil, conforme al bloque de constitucionalidad y en función al entendimiento asumido en este fallo constitucional; ii) Se valore y compulse de forma razonable todos los elementos probatorios, en función a los argumentos expuestos en la presente Sentencia; y, iii) Se realice una argumentación que respete la debida motivación y fundamentación, conforme a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
1 El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad”.
deudor deberá haber actuar siempre con diligencia debida en su actuar de modo que el caso fortuito sea la causa directa del incumplimiento para poder exonerarlo y no lo exoneraría (al deudor) si él provocó el caso fortuito´”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0233_2018-S2_id53255.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): 91d15ed8411f704a4cf1e3005d9ee859d72317077286ed27006dda0fbae3ad79
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