B.IA.LEGAL

SCP 0232/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 8 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
8 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
51016-2022-103-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El solicitante de tutela, denunció la lesión al debido proceso en su vertiente seguridad jurídica y derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de lesión seguida de muerte, se encuentra con detención domiciliaria con custodio y con derecho al estudio, que vino cumpliendo sin problema alguno; empero el 6 de agosto de 2022, burlando a su custodio salió a ayudar a su hermana a repartir las cajas de productos de “Esika” que su madre distribuye, y compró la correspondiente matrícula para la universidad; posteriormente, cometió el error de haber comprado unas cervezas invitando a su hermana, y al retornar a su domicilio fueron interceptados por policías y conducidos a la “EPI Senac”, para luego ser procesado por el supuesto delito de evasión, lo cual constituye un acto ilegal del representante del Ministerio Público, que llegó a forzar un indebido procesamiento por un hecho que en verdad no se subsume al tipo penal de evasión; ya que no pretendía evadir la acción de la justicia y nunca quiso escaparse. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 005/2022 de 12 de octubre, cursante de fs. 30 a 33 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Primera del departamento de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La Acción de libertad como mecanismo de tutela de derechos ante un procesamiento ilegal e indebido. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0232/2025-S4 Sucre, 8 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 51016-2022-103-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 005/2022 de 12 de octubre, cursante de fs. 30 vta. a 33 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Christian Alejandro Ávila Santos contra Aldo Francisco Corrillo Machicado y Álvaro Arce Higueras, ambos Fiscales de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de octubre de 2022, cursante de fs. 7 a 12 vta., el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de lesión seguida de muerte, se encuentra con detención domiciliaria, con custodio, y con derecho al estudio, que vino cumpliendo sin problema alguno; empero, el 6 de agosto de 2022, burlando a su custodio, salió a ayudar a su hermana a repartir cajas de productos de “Esika” que su madre distribuye y compró la correspondiente matrícula para la universidad; reconoce que, posteriormente, cometió el error de haber comprado unas cervezas invitando a su hermana, y al retornar a su domicilio fueron interceptados por policías y conducidos a la “EPI Senac”, para luego ser procesado por el supuesto delito de evasión, lo cual constituye un acto ilegal del representante del Ministerio Público, que llegó a forzar su indebido procesamiento por un hecho que no se subsume al tipo penal de evasión; lo cual ya que no pretendía evadir la acción de la justicia, nunca quiso escapar; por lo que, no habiendo intención de fugarse debió aplicase el art. 13 del Código Penal (CP), cuando señaló de forma expresa y positiva, como un imperio categórico, que es la intención el límite de la pena, es decir, es la intención lo que se juzga. Es así que, por el hecho de haber salido de su domicilio para ayudar a su hermana e inscribirse en la universidad, a pesar de tener detención domiciliaria y estar prohibido de salir del mismo sin una orden judicial, se le inició proceso penal por el art. 180 del CP, proceso que actualmente se encuentra con resolución de acusación formal, sin darle la posibilidad de tener un fiscal objetivo, que vea que no quiso fugarse, por lo que el hecho no constituye delito; para ello, la acusación debe ser racional y el acusado pueda asumir plena defensa en juicio; por tanto, acusarle por algo que no constituye delito es un acto ilegal y el procesamiento pasa a ser ilegal, sin considerar su delicado estado de salud, pues desde niño tiene convulsiones a causa de la epilepsia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante, denunció la lesión al debido proceso en su vertiente seguridad jurídica y al derecho a la libertad; citando al efecto, los arts. 22 y ss., 108 y 115.II. de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto la imputación y por ende la acusación; b) Se ordene que se proceda de forma objetiva a momento de valorar los hechos sucedidos, su intencionalidad a momento de salir de su domicilio y las pruebas colectadas a momento de haber sido detenido; y, c) Se aplique la ley penal en base al principio de aplicación objetiva de la ley, y así no se llegue a una ficción jurídica como la que ha sucedido, donde los fiscales han perdido toda objetividad y no aplican la ley como ella lo establece sino conforme a lo que ellos creen que es, pues el art. 13 del CP debe ser aplicado a momento de realizar la subsunción de la conducta del sujeto al tipo penal.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 12 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 30; presentes el solicitante de tutela asistido por sus abogados, el codemandado Álvaro Arce Higueras, Fiscal de Materia, la representante del Ministerio Público; y, ausente Aldo Francisco Corrillo Machicado, Fiscal de Materia demandado; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliándolos en audiencia, manifestó lo siguiente: 1) Viene siendo procesado por lesión seguida de muerte, en el Tribunal de Sentencia Primero de Tarija; y, entre las medidas impuestas, tiene detención domiciliaria desde 2018, más de cuatro años que ha cumplido; por ello, el 6 de agosto tuvo la necesidad de incumplir esta medida, es en esa oportunidad que ha sido interceptado por policías de tránsito, porque ven que consumía bebidas alcohólicas, por ello es investigado por el delito de evasión; y, considerando que el incumplimiento no puede ser un delito, las autoridades demandadas han vulnerado la Constitución Política del Estado, siendo que debía haberse conocer dicho incumplimiento al Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Tarija que conoce la causa; no habiéndolo hecho así, los Fiscales ahora demandados; 2) Esta es la actuación arbitraria que se denunció, la medida incumplida, la imputación y acusación formal que han sido base de la vulneración, tiene defectos en la valoración de la prueba, la vía constitucional no puede valorar la prueba; sin embargo, se ha sentado jurisprudencia, respecto a que puede entrar al fondo, siendo que no se cumplen en la valoración de la prueba; 3) El art. 123 y 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que deben ser valorados de manera independiente; y, ya que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas; empero, no mencionan que lo encontraron con productos de “Esika”, no se menciona si lo han encontrado con dinero, si contaba el vehículo con gasolina; elementos que no han sido valorados, lesionando la seguridad jurídica y debido proceso; y, 4) El art. “113 del CPP”, dicta que debe tomarse en cuenta no solo el resultado, sino la intencionalidad, misma que no ha sido analizada por los Fiscales mencionados; y, no existe una vía ordinaria idónea para restituir sus derechos.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Aldo Francisco Corrillo Machicado, Fiscal de Materia, por informe escrito de 12 de octubre de 2022, cursante de fs. 21 a 23, manifestó: i) La detención domiciliaria que pesaba en ese momento sobre el solicitante de tutela, era con custodia policial, misma que evidentemente burló; ii) Olvidó que la imputación formal se encuentra sustentada por indicios, no por prueba plena y es a partir de su notificación con el pliego de imputación formal que corre la denominada etapa preparatoria y será en esta etapa que la imputación formal realizada podrá sostenerse con el despliegue de diferentes actuaciones tendientes al descubrimiento de la verdad histórica del hecho; en su defecto, incluso, al culminar la etapa preparatoria, emitir sobreseimiento si es que corresponde, lo que en el caso presente no ha existido; razón por la cual, la investigación concluye con un pliego acusatorio; si bien, la parte contraria no está obligada a probar su inocencia, no es menos evidente que nuestro sistema penal acoge el sistema acusatorio que permite a la parte contraria tener su teoría del caso; iii) El art. 233 del CPP; señala que, el Juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del Fiscal o de la víctima, cuando concurran elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; iv) La imputación formal, incluida su calificación, ha sido interpuesta ante el “Juez de Instrucción Cautelar Tercero de la Capital”, el cual activó la probabilidad de autoría, además de riesgos procesales y tal resolución también ha sido sujeta de revisión ante la Sala Penal, que ratifica la resolución de la Juez a quo, lo que no significa otra cosa que se ha sostenido la probabilidad de autoría; y, ya que el accionante considera que es inocente del delito de evasión, cuenta con el juicio oral público y contradictorio para demostrarlo; la referida Juez, para determinar aquello, decidió someterlo al proceso contradictorio para determinar si en el caso concreto concurre este primer requisito, pues solo cuando esto sucede, se puede pasar al análisis del segundo, lo que ha ocurrido, no dejando en ningún momento en indefensión al impetrante de tutela, pues contaba con el abogado de su confianza contratado; y, v) Asimismo el art 233.1 del CPP, debe ser interpretado de acuerdo a la Constitución Política del Estado y a la garantía de presunción de inocencia; habida cuenta que, la imputación formal no constituye base para determinar la culpabilidad o la inocencia del sujeto; por lo tanto, la probable autoría o participación debe emerger de una valoración armónica e integral de elementos de juicio que sean objetivos y concretos, y no ser el resultado de la mera imaginación del juzgador ni de la parte acusadora. Álvaro Arce Higueras, Fiscal de Materia codemandado, por informe escrito de 12 de octubre de 2022, cursante de fs. 24 a 27, reiteró lo citado por el demandado en los mismos términos; y, complementando, refirió que se debe considerar que las medidas cautelares impuestas cumplen una finalidad conforme establece el art. 221 del CPP, que conlleva el sustento en los riesgos procesales activos, tanto de fuga, como de obstaculización que, a la presente fecha no han sido desvirtuados; más aun, tomando en cuenta que, en la audiencia de control de detención preventiva, no se ha interpuesto el recurso de apelación incidental al Auto Interlocutorio emitido por la autoridad jurisdiccional; lo cual denota que el derecho del solicitante de tutela habría precluido.

I.2.3. Intervención del Ministerio público

María de los Ángeles de La Parra, en representación del Ministerio Público, en audiencia, señaló que: a) En aplicación del principio de objetividad y conforme al art. 125 de La CPE, se tiene que, se ha realizado imputación formal, siendo que se han recolectado indicios respecto a la aplicación de la audiencia de medidas cautelares del accionante, y conforme el art. 233 del CPP se acredita la probabilidad de autoría y peligros procesales que determinaron la detención preventiva del ahora acusado; b) El Ministerio Público actúa con objetividad, ya que se ha recolectado la prueba suficiente, se ha cumplido lo establecido en el art. 323 del CPP, se presenta acusación; y, c) Se mencionó que se vulneraron derechos fundamentales, pues no debe perderse de vista que se va a resolver su situación en un juicio oral, donde va a poder defenderse, ya que no existe lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales del impetrante de tutela; por lo que, solicitó se haga valoración integral respecto al proceso que se está llevando adelante.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Primera del departamento de Tarija, a través de la Resolución 005/2022 de 12 de octubre, cursante de fs. 30 vta. a 33 vta, denegó la tutela impetrada por el accionante, con los siguientes fundamentos: 1) Los argumentos vertidos no están relacionados de manera directa a la acción de libertad, siendo el problema jurídico su detención preventiva en el penal de Morros Blancos de Tarija, pero no indica en cuál de los procesos se hubiera dado detención preventiva, y cuál es la resolución que dispuso su detención preventiva, con la que se hubiera vulnerado su derecho fundamental como es el debido proceso, en su vertiente de seguridad jurídica y libertad; 2) Si el Ministerio Público consideró aperturar una investigación e imputar por un delito; no se puede decir que, por ello se está ilegalmente procesado, ya que el Ministerio Público está cumpliendo su obligación que es investigar e imputar y el hecho debe tener relación directa con la acción de libertad e ir contra la resolución, que le cause la lesión de derechos fundamentales, ya que un hecho de investigación no constituye vulneración alguna; 3) El solicitante de tutela, previo a iniciar una acción de libertad, debió tomar en cuenta la subsidiaridad excepcional de la acción de libertad; puesto que, si el accionante consideró que está ilegalmente procesado, se debe hacer conocer al Juez cautelar, quien deberá analizar el elemento material, como es la probabilidad de autoría, entre otros elementos, mismos que serán debatidos en juicio; por lo que, la acción de libertad debe ir contra aquélla que haya puesto su vida en peligro; la imputación formal no pone en peligro la vida del impetrante de tutela, ya que quien debe valorar, si antes de existir imputación formal y si se cometieran arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, es el Juez de Instrucción como encargado de ejercer control jurisdiccional de la investigación; y, específicamente, de los actos del Ministerio Público, y fueron éstos los elementos que fueron valorados por el Juez cautelar, quien realiza el control jurisdiccional y ha dispuesto la detención preventiva en el Centro Penitenciario de Morros Blancos de Tarija, y no ha sido valorado por los funcionarios del Ministerio Público, ahora demandados; y, 4) No se ha vulnerado el debido proceso en la vertiente seguridad jurídica y libertad, por ello no se puede solicitar que se deje sin efecto la imputación formal y se emita una nueva resolución, cuando no son los demandados las autoridades quienes hayan emitido la resolución que ha dispuesto la detención.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Se tiene certificado médico de 10 de marzo de 2017 emitido por Carlos Alberto Cárdenas Castrillo Médico Cirujano, correspondiente a Christian Alejandro Ávila Santos –ahora solicitante de tutela–; en cuyo diagnóstico señala, epilepsia de tipo clónico generalizada y ausencias (fs. 5). II.2. Por requerimiento fiscal de 23 de enero de 2018, se requirió al médico forense de turno de la fiscalía departamental de Tarija que, conforme al art. 206 del CPP, realice una valoración médico legal al ahora accionante, respecto de daño corporal sufrido por cualquier naturaleza, expresado en el tiempo de incapacidad o impedimento sobreviniente, mismo que fue recibido por la médico forense Ángela Flores Antezana el 26 de enero de 2018 (fs. 4). Asimismo, cursa certificado médico forense emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de 2 del mismo mes y año; que a requerimiento fiscal certifica, que se procedió a reconocimiento médico forense en domicilio del paciente, hoy impetrante de tutela, y en conclusiones refiere que: “ACTUALMENTE EL EXAMINADO SE ENCUENTRA ESTABLE RECIBIENDO TRATAMIENTO MEDICO, SE RECOMIENDA UNA VALORACION ACTUALIZADA POR SU ESPECIALISTA TRATANTE” (sic [fs. 3]). II.3. Se tiene factura de 5 de agosto de 2022, emitida por la Corporación Educativa Tarija Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), a favor de “Carlos Avila” por concepto de cuota inicial (fs. 6)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela, denunció la lesión al debido proceso en su vertiente seguridad jurídica y derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de lesión seguida de muerte, se encuentra con detención domiciliaria con custodio y con derecho al estudio, que vino cumpliendo sin problema alguno; empero el 6 de agosto de 2022, burlando a su custodio salió a ayudar a su hermana a repartir las cajas de productos de “Esika” que su madre distribuye, y compró la correspondiente matrícula para la universidad; posteriormente, cometió el error de haber comprado unas cervezas invitando a su hermana, y al retornar a su domicilio fueron interceptados por policías y conducidos a la “EPI Senac”, para luego ser procesado por el supuesto delito de evasión, lo cual constituye un acto ilegal del representante del Ministerio Público, que llegó a forzar un indebido procesamiento por un hecho que en verdad no se subsume al tipo penal de evasión; ya que no pretendía evadir la acción de la justicia y nunca quiso escaparse. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La Acción de libertad como mecanismo de tutela de derechos ante un procesamiento ilegal e indebido. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0472/2020-S4 de 22 de septiembre, estableció que: “ El art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en concordancia con el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), determina que: “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro” (el resaltado nos pertenece), en ese sentido y de una manera más precisa el art. 47 del mismo cuerpo normativo, señala lo siguiente: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que:

1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal” (las negrillas nos corresponden).

En relación a la denuncia de un indebido procesamiento, la SCP 1665/2012 de 1 de octubre, refirió que: “La Norma Suprema, en sus arts. 115.II y 117.I, reconoce al debido proceso como un instrumento de sujeción a las reglas del ordenamiento jurídico, en el cual se debe enmarcar la actuación de las partes procesales, siendo la finalidad de este derecho constitucional y garantía jurisdiccional, proteger a los ciudadanos de posibles abusos de las autoridades, que se originen en actuaciones u omisiones procesales o en decisiones que dichas autoridades adopten y de las cuales emerja la lesión a sus derechos y garantías, como elementos del debido proceso” (el resaltado nos pertenece). Sin embargo, no toda denuncia por la lesión del debido proceso y sus elementos, puede ser objeto de análisis de la acción de libertad, bajo ese entendimiento la SCP 1566/2013 de 16 de septiembre, sostuvo que: “(…) cuando se denuncia la existencia de un indebido procesamiento a través de la acción de libertad (…) la jurisprudencia constitucional a través de la SCP de 0505/2013 de 18 abril, ha reiterado el entendimiento de la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre entre otras, señalando que: ‘…la protección que brinda el Recurso de hábeas corpus en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, correspondiendo en los casos no vinculados a la libertad utilizar las vías legales pertinentes’ (SSCC 1034/2000-R, 1380/2001-R, 1312/2001-R, 111/2002-R, 81/2002-R, 397/2002-R, 940/2003-R, 1758/2003-R y 0219/2004-R, entre otras)” (el resaltado nos pertenece). Circunscribiendo de forma más precisa las causales en las cuales la acción de libertad puede ser activada, ante la denuncia de un indebido procesamiento, la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo citando a la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisó lo siguiente: “(…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante, denunció la lesión al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica y derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de lesión seguida de muerte, se encuentra con detención domiciliaria con custodio y con derecho al estudio, que vino cumpliendo sin problema alguno; empero el 6 de agosto de 2022, burlando a su custodio salió a ayudar su hermana a repartir las cajas de productos de “Esika” que su madre distribuye, y compró la correspondiente matrícula para la universidad; posteriormente, cometió el error de haber comprado unas cervezas invitando a su hermana, y al retornar a su domicilio fueron interceptados por policías y conducidos a la “EPI Senac”, para luego ser procesado por el supuesto delito de evasión, el cual constituye un acto ilegal del representante del Ministerio Público, que llegó a forzar un indebido procesamiento por un hecho que en verdad no se subsume al tipo penal de evasión; ya que no pretendía evadir la acción de la justicia y nunca quiso escaparse.

Identificada la problemática planteada y la pretensión del impetrante de tutela, que motivaron la interposición de esta acción de defensa, es necesario efectuar una síntesis de los antecedentes del proceso penal de origen; en el que, se habrían suscitado las actuaciones hoy cuestionadas de lesivas de derechos, vía acción de libertad; de lo cual, se tiene que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de lesión seguida de muerte, se encontraba con detención domiciliaria con custodio y con derecho al estudio, que vino cumpliendo sin problema alguno; sin embargo, el 6 de agosto de 2022, burlando a su custodio, habría salido de su domicilio a ayudar su hermana a repartir las cajas de productos de “Esika” que su madre distribuye, y habría comprado la matrícula para la universidad; empero, posteriormente reconociendo el error de haber comprado unas cervezas e invitado a su hermana, al retornar a su domicilio habrían sido interceptados por policías y conducidos a la “EPI Senac”, para luego ser procesado por el supuesto delito de evasión, el cual se constituiría en acto ilegal del representante del Ministerio Público, ahora demandado, que habría forzado un indebido procesamiento por un hecho que en verdad no se subsume al tipo penal de evasión; ya que, no pretendía evadir la acción de la justicia y nunca quiso escaparse. Es así que, por el hecho de haber salido de su domicilio para ayudar a su hermana e inscribirse en la universidad, a pesar de tener detención domiciliaria y estar prohibido de salir del mismo sin una orden judicial, se le inició proceso penal por el art. 180 del CP, proceso que actualmente se encuentra con resolución de acusación (acápite I.1.1). El accionante denunció la actuación arbitraria en que habrían incurrido los fiscales ahora demandados; pues la medida incumplida, la imputación y acusación formal que han sido base de la vulneración, tiene defectos en la valoración de la prueba, ya que no se habrían valorado correctamente las mismas, como el hecho de que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas, asimismo, no mencionan que habrían encontrado al solicitante de tutela con productos de “Esika”, si lo han encontrado con dinero, si contaba el vehículo con gasolina; elementos que a su criterio no han sido valorados, violando la seguridad jurídica y debido proceso; y, teniendo en cuenta que el art. “113 del CPP”, dicta que debe tomarse en cuenta no solo el resultado, sino la intencionalidad, misma que no habría sido analizada por los fiscales mencionados; y, no existiría una vía ordinaria idónea para restituir derechos del accionante (acápite I.2.1.). Por su parte, los Fiscales de materia ahora demandados, sostienen que la detención domiciliaria que pesaba en ese momento sobre el impetrante de tutela, era con custodia policial, misma que evidentemente burló; y, respecto a la imputación formal se encuentra sustentada por indicios, no por prueba plena y es a partir de su notificación con el pliego de imputación formal que corre la denominada etapa preparatoria, y es en esta etapa que la imputación formal realizada podrá sostenerse con el despliegue de diferentes actuaciones tendientes al descubrimiento de la verdad histórica del hecho; en su defecto, incluso, al culminar la etapa preparatoria emitir un sobreseimiento si es que corresponde, lo que en el caso presente no existió; razón por la cual, la investigación concluyó con un pliego acusatorio. Por su parte, el art. 233 del CPP, señala que, el Juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima, cuando concurran los requisitos de la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; en este caso, la imputación formal, incluida su calificación, habría sido presentada ante el “Juez de Instrucción Cautelar Tercero de la Capital” (sic), el cual activó la probabilidad de autoría, además de riesgos procesales y tal resolución también habría sido sujeta de revisión ante la Sala Penal, que habría ratificado la resolución de la Juez a quo, lo que no significa otra cosa que se ha sostenido la probabilidad de autoría; y, en ningún momento se habría dejado en indefensión al solicitante de tutela, pues contaba con el abogado de su confianza, contratado. Se debe considerar que las medidas cautelares impuestas cumplen una finalidad, conforme establece el art.

221 del CPP, que conlleva el sustento en los riesgos procesales activos tanto de fuga como de obstaculización, que a la fecha de consideración de la presente audiencia no habrían sido desvirtuados; y, tomando en cuenta que, en la audiencia de control de detención preventiva, no se ha interpuesto el recurso de apelación incidental al Auto Interlocutorio emitido por la autoridad jurisdiccional; denota que el derecho del accionante habría precluido (acápite I.2.2.). En el caso de autos, el impetrante de tutela denunció la lesión al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica y derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de lesión seguida de muerte, se encuentra con detención domiciliaria con custodio y con derecho al estudio, que vino cumpliendo sin problema alguno; sin embargo, burlando a su custodio como él mismo manifiesta en la presentación de la presente acción de defensa, el 6 de agosto de 2022, salió a ayudar a su hermana a repartir las cajas de productos de “Esika” que su madre distribuye, y compró la correspondiente matrícula para la universidad, y adjuntó comprobante de pago que cursa en antecedentes (Conclusión II.3.); reconoce que cometió el error de haber comprado unas cervezas y haber invitado a su hermana, y al retornar a su domicilio, habrían sido interceptados por policías y conducidos a la “EPI Senac”, para luego el solicitante de tutela, ser procesado por el delito de evasión, tal hecho es considerado por éste como un acto ilegal del representante del Ministerio Público, que habría forzado un indebido procesamiento en su contra, por un hecho que en verdad no se subsume al tipo penal de evasión; ya que, no pretendía evadir la acción de la justicia y que nunca quiso escaparse. Por certificado médico de 10 de marzo de 2017, emitido por Carlos Alberto Cárdenas Castrillo Médico Cirujano, se constata que el accionante se encuentra con diagnóstico de epilepsia de tipo crónico, generalizada y ausencias; y, por certificado médico forense emitido por el IDIF de 2 de enero de 2018, extendido a requerimiento fiscal de 26 del indicado mes y año, el impetrante de tutela se encuentra estable recibiendo tratamiento médico, recomendando una valoración actualizada por su especialista tratante (Conclusiones II.1 y II.2). De lo señalado supra, y del Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional; se tiene que, toda persona que considere encontrarse indebidamente procesada puede activar la acción de libertad, en procura de corregir estas arbitrariedades; empero, no toda denuncia por la vulneración del derecho al debido proceso en alguno de sus elementos, puede ser objeto de análisis por esta acción tutelar; por lo que, la jurisprudencia constitucional, ha definido para que la tutela del derecho al debido proceso, pueda ser reclamado por la acción de libertad, deben presentarse de forma concurrente los siguientes supuestos: i) Que el acto u omisión indebida o ilegal, debe estar vinculado con la libertad, por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, ii) Debe demostrarse un absoluto estado de indefensión; vale decir, que el justiciable no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o privación de libertad; sin embargo, es pertinente tener presente que el propio accionante en la exposición de sus argumentos, tanto en la demanda de acción de libertad como al haber ratificado los mismos en audiencia de la presente acción de defensa, refirió que, viene siendo procesado por el delito de lesión seguida de muerte y el proceso se encuentra en el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Tarija; y, entre las medidas impuestas, cumple la detención domiciliaria desde 2018, más de cuatro años, como emergencia de una resolución que la dispuso como medida cautelar dentro del citado proceso penal; en consecuencia, su privación de libertad deviene de la aplicación de una medida cautelar, que pretende sea resuelta en esta acción de defensa, pidiendo que se deje sin efecto la imputación y por ende la acusación en su contra; que, además se considere su intencionalidad a momento de salir de su domicilio, que no pretendía evadir la justicia, ya que retornaba al mismo; actuado procesales –imputación y acusación– reclamados de ilegales o indebidos no se encuentra vinculados de manera directa con su derecho a la libertad o la restricción de la misma, sino se encuentra privado de libertad en cumplimiento a una resolución judicial; además, el accionante no se encuentra en estado absoluto de indefensión; toda vez que, tiene una participación activa dentro del proceso, contando con su defensa técnica y tiene pleno conocimiento del proceso penal; por lo que, no es evidente encontrarse en un estado absoluto de indefensión. En cuyo mérito se tiene que, no concurren los supuestos establecidos para la procedencia, vía acción de libertad, ante la denuncia de lesión del debido proceso; correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 005/2022 de 12 de octubre, cursante de fs. 30 a 33 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Primera del departamento de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0232_2025-S4.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 111948cedf171bb751d277e40906cde3e62210fde66409975b7fe8844258e820

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →