Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de abril de 2025
Concede la tutela
El accionante mediante su representante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción; toda vez que, mediante memorial de 9 de septiembre de 2022, reiteró audiencia de cesación a la detención preventiva ante la autoridad ahora demandada, quien por decreto del 13 del mismo mes y año, señaló audiencia para el 20 de septiembre del 2022, sin embargo al verificar si todas las partes estaban legalmente notificadas, se llevó una sorpresa al ver que su petición había sido sorteado y remitido al Juzgado de Sentencia contra la Violencia y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, ya que el Ministerio Público presentó acusación formal y pese a que hubo señalamiento de audiencia, no resolvió su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 20 de septiembre 2022, cursante de fs. 21 a 22, pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, CORRESPONDE A LA SCP 0232/2025-S3 (viene de pág. 7). conforme a los Fundamentos Jurídicos expresados en esta Sentencia Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0232/2025-S3 Sucre, 10 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 50979-2022-102-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 21 a 22, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mijael Soria Villagómez, Defensor Público del Servicio Plurinacional de Defesa Pública (SEPDEP) en representación de Marcelo Martín Villa Quarite contra Wilson Espada Patiño, Juez de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 19 de septiembre de 2022, cursante de fs. 10 a 12 vta., el accionante, a través de su representante, manifestó que:
Mediante memorial de 9 de septiembre de 2022, reiteró su solicitud de audiencia de cesación de detención preventiva ante el Juez de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien, por decreto, señaló audiencia para el 20 de igual mes y año. Sin embargo, al verificar si todas las partes estaban legalmente notificadas se llevó la sorpresa de ver que su solicitud había sido sorteada y remitida al Juzgado de Sentencia contra la Violencia y Anticorrupción Segundo de la Capital del mencionado departamento, ya que el Ministerio Público presentó acusación formal en su contra pese a que, existía un señalamiento de audiencia, que el Juez ahora demandado no resolvió.
El accionante a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción; sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se ordene al Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, la remisión de la solicitud de cesación a la detención preventiva y el señalamiento de audiencia programada para el 20 de septiembre de 2022, al Juzgado de Instrucción Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del mismo departamento; y, b) Se lleve a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva.
Celebrada la audiencia pública el 20 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 21, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, reitero íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, manifestó que: 1) Es una solicitud reiterada de señalamiento de audiencia; y, que ante el fenecimiento del plazo de la detención preventiva, se encuentra detenido ilegalmente; asimismo señaló la SCP 0348/2020-S2 de 19 de agosto, refirió que los jueces de instrucción penal son competentes para resolver las solicitudes de cesación a la detención preventiva hasta antes de la radicatoria; y, 2) La autoridad demandada, antes de remitir la solicitud de audiencia, debió quedarse con copias de las piezas principales para resolver la solicitud de audiencia y lo más agravante es que, ni siquiera dejo sin efecto el señalamiento de audiencia de 20 de septiembre del 2022.
Wilson Espada Patiño, Juez de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia pese a su legal notificación; sin embargo, presentó informe escrito cursante a fs. 17 y vta., en el cual manifestó que: i) El acuerdo de la Sala Plena 16/2022 de 23 de agosto, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, estableció lineamientos de remisión de procesos en razón de género, citó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; ii) Por decreto de 13 de septiembre 2022, dispuso audiencia para el 20 del mismo mes y año, indicó que no se tenía con exactitud el domicilio procesal de la víctima y se llegó a notificar mediante edicto judicial; y, iii) El 14 de septiembre del 2022, el Ministerio Público presentó acusación formal en contra del -ahora accionante-; y, ante ello, mediante decreto de 15 del mismo mes y año; ordenó la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de Sentencia Penal de turno. Por otra parte, refirió que perdió competencia para llevar acabo cualquier tipo de audiencia.
El Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 21 a 22, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada lleve a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva de acuerdo a los elementos de prueba presentados en el memorial de 9 de septiembre 2022, atienda y resuelva la solicitud de cesación en cuanto al art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); asimismo, se ordena remitir fotocopias legalizadas de las piezas principales a la autoridad demandada, a objeto de que en audiencia pueda sustanciar y resolver la cesación a la detención preventiva tomando en cuenta lo establecido en la SCP 0348/2020-S2 de 19 de agosto, con base en los siguientes fundamentos: a) La autoridad demandada, el 13 de septiembre de 2022, señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 20 de septiembre de igual año y como elemento de prueba, el impetrante de tutela presentó el decreto de 15 del mismo mes y año, que ante la presentación de la acusación formal por el Ministerio Público, se ordenó la remisión y sorteo de los antecedentes ante el Juzgado de Sentencia Penal de turno, conforme al art. 325 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; b) El Juez demandado indicó que no se cumplió con los cuatro presupuestos del art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), citó además el art. 125 de la CPE; y, c) Al ser una acción de libertad de carácter innovativo, revisados los actuados procesales, rescató los fundamentos de la SCP 0348/2020-S2, indicó que ante la presentación de una acusación formal; y, estando pendiente una audiencia de cesación a la detención preventiva; el Juez ahora demando debió quedarse con fotocopias de las piezas principales y resolver su situación jurídica, solicitado en el proceso ordinario.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por decreto de 13 de septiembre de 2022; el Juzgado de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del Departamento de Santa Cruz, señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 20 de septiembre de 2022, a horas 10:30 (fs. 7). II.2. Consta decreto de 15 de septiembre de 2022; que, ante la presentación de la acusación formal por el Ministerio Público, el Juez demandado aplicó los arts. 325 y 340 del CPP, de acuerdo a sorteo informático (fs. 8).
II.3. Cursa fotocopia del cuaderno de altas y bajas del mencionado Juzgado de 16 de septiembre 2022, donde fue sorteada y remitida los antecedes al Juzgado Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 9).
El accionante mediante su representante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción; toda vez que, mediante memorial de 9 de septiembre de 2022, reiteró audiencia de cesación a la detención preventiva ante la autoridad ahora demandada, quien por decreto del 13 del mismo mes y año, señaló audiencia para el 20 de septiembre del 2022, sin embargo al verificar si todas las partes estaban legalmente notificadas, se llevó una sorpresa al ver que su petición había sido sorteado y remitido al Juzgado de Sentencia contra la Violencia y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, ya que el Ministerio Público presentó acusación formal y pese a que hubo señalamiento de audiencia, no resolvió su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0348/2020 de 19 de agosto, estableció que: «…la citada SCP 0627/2018-S2, señaló: “La SC 0143/2003-R de 2 de febrero de 2004 precisó que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el juez de instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Más tarde la SC 0487/2005-R de 6 de mayo estableció que al margen que la causa se haya sorteado ante el tribunal de sentencia penal; el juez de instrucción penal debe proceder a su consideración conforme a derecho, ya que la misma todavía no radicó en el citado tribunal; entendimiento ratificado por la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre y la SCP 2053/2012 de 15 de octubre, entre otras. Complementando a esta línea jurisprudencial, la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre señaló que siendo el derecho a la libertad de importancia no solo primaria sino fundamental, es posible que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando, no haya radicado la causa en un determinado tribunal de sentencia penal; entendimiento, reiterado por la SCP 0971/2016-S3 de 16 de septiembre, entre otras.
Conforme a dicha línea jurisprudencial, las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el juez de instrucción penal hasta que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el primero. (…) (…) Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces de instrucción penal, para resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva, cuando se presenta la acusación fiscal; a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586, haciendo efectivos los principios de celeridad y seguridad jurídica; y, los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; corresponde de manera expresa reconducir la línea establecida por la SC 0487/2005-R a lo señalado en la SC 1584/2005-R, en cuyo Fundamento Jurídico III.4, señala: …cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…). Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares. Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica. Cabe señalar que esta reconducción ya fue realizada de manera tácita a través de la SCP 0037/2018-S2 de 6 de marzo; sin embargo, es importante hacerlo de manera expresa en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En este punto, es importante remarcar que toda autoridad que conozca una solicitud efectuada por una persona privada de libertad, debe atenderla con la mayor celeridad posible; es decir, de forma pronta y oportuna, o en su caso, dentro de un plazo razonable, debiendo adoptar las medidas necesarias para resolver con prontitud la situación de los imputados con detención preventiva. Si bien la norma procesal dispone cinco días como plazo máximo para celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva, esto no significa que debe esperarse el último día para llevar adelante la misma, correspondiendo aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el art. 8, complementado por los arts. 115 y 180.I, todos de la CPE, que establecen que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad, entre otros; motivo por el cual, los jueces de instrucción penal deben señalar las audiencias con la mayor prontitud posible; y, no deben suspenderlas sin razón justificable, de no ser así, se provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido que repercute o afecta a su libertad, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición; sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente. En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: i) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, ii) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente (Las negrillas son nuestras). Entendimiento que también fue asumido en la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, entre otras”» (énfasis añadido).
El impetrante de tutela a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y de locomoción; toda vez que, mediante memorial de 9 de septiembre de 2022, reiteró audiencia de cesación a la detención preventiva ante la autoridad -ahora demandada-, quien por decreto de 13 del mismo mes y año, señaló audiencia para el 20 de septiembre del 2022, sin embargo, al verificar si todas las partes estaban legalmente notificadas, se llevó una sorpresa al ver que su petición había sido sorteado y remitido al Juzgado de Sentencia contra la Violencia y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, ya que el Ministerio Público presentó acusación formal y pese a que existió señalamiento de audiencia, no resolvió su situación jurídica. De acuerdo al entendimiento expresado en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1; los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; en el presente caso la autoridad demandada, habiendo fijado la fecha y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva con anterioridad a la presentación de la acusación formal por el Ministerio Público, debió desarrollar y pronunciar la respectiva resolución y una vez concluida la audiencia, con la resolución y demás actuados remitir ante el Juez de Sentencia Penal de turno, dentro el plazo señalado en el art. 325 del CPP., modificado por la Ley 1173. En ese sentido el Juez demandado, debió contar con copia de las piezas procesales para resolver la solicitud cesación a la detención preventiva, en audiencia programada del 20 de septiembre de 2022; y, al haber sorteado y remitido al Juzgado de Sentencia contra la Violencia y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento Santa Cruz, provocó una dilación indebida con directa afectación al derecho a la libertad y al debido proceso del accionante de tutela; correspondiendo por ello, conceder la tutela solicitada.
En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 20 de septiembre 2022, cursante de fs. 21 a 22, pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, CORRESPONDE A LA SCP 0232/2025-S3 (viene de pág. 7). conforme a los Fundamentos Jurídicos expresados en esta Sentencia Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0232_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0f3cf2b89a0193f4820c9959124683be73313e25052d21402f0c917adcee8029
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