B.IA.LEGAL

SCP 0231/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
3 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
54032-2023-109-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; así como, el principio de celeridad; puesto que, con la finalidad de obtener un beneficio penitenciario, el 9 de febrero de 2023 presentó incidente de libertad condicional ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, el cual fue admitido mediante decreto de 10 de igual mes y año; disponiendo que, por Secretaría del citado Juzgado, se emita el informe relativo al cumplimiento de los requisitos para su consideración -cómputo del cumplimiento de la pena-; sin embargo, transcurrieron dos semanas sin que se hubiese emitido dicho informe; debido a que, la Secretaria titular del mencionado Juzgado fue declarada en comisión, designándose en suplencia legal en su lugar al Secretario ahora accionado, quien desde el 23 del mismo mes y año, en reiteradas oportunidades negó la emisión del referido informe de cómputo de la pena; a pesar que, las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad deben ser atendidas con la inmediatez necesaria y dentro de un plazo razonable. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad innovativa; ii) La legitimación pasiva en acción de libertad de los funcionarios de apoyo jurisdiccional; iii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, iv) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 12 a 14, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad innovativa
  2. III.2. La legitimación pasiva en acción de libertad de los funcionarios de apoyo jurisdiccional
  3. III.3. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0231/2026-S1 Sucre, 3 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54032-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 02/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 12 a 14, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosalba Raquel Maldonado Bustamante, abogada del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Edgar Quispe Sarmiento contra Jorge Nina Tinta, Secretario del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 2 de marzo de 2023, cursante de fs. 2 a 3 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Edgar Quispe Sarmiento -accionante- por la comisión del delito de lesiones graves y leves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP), cumple su condena a pena privativa de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; en dicha situación, con la finalidad de obtener un beneficio penitenciario, el 9 de febrero de 2023, presentó incidente de libertad condicional ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, cuyo decreto de 10 de igual mes y año ordenó que por secretaría del referido Juzgado se realice el informe sobre el cumplimiento de requisitos para considerar el incidente planteado -cómputo del cumplimiento de la pena-; sin embargo, pasaron dos semanas sin obtener respuesta de la Secretaria del mencionado Juzgado; ya que, la misma fue declarada en comisión y se designó en suplencia legal al Secretario hoy accionado. En ese entendido, desde el 23 de febrero de 2023, el Secretario ahora accionado señaló que debía buscar el expediente para coordinar el informe solicitado y posteriormente, al haberse encontrado el mismo, indicó que debía esperar a la titular del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz para la realización de los informes; ya que, se encontraba en suplencia legal hasta ese día; al respecto, dicho extremo fue informado al Juez del referido Juzgado, quien ordenó que por la comisión de la Secretaria titular del citado Juzgado se debía coordinar la emisión de los informes con el Secretario hoy accionado. Posteriormente, el 24 de febrero de 2023 se apersonó nuevamente al Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz para coordinar la emisión del informe; sin embargo, el Secretario ahora accionado manifestó que por la carga procesal los informes se coordinan por la mañana. El 27 de febrero de 2023, por la mañana, reiteró su solicitud de coordinación para la emisión del informe ante el Secretario hoy accionado; sin embargo, este manifestó que la titular del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz regresaría el 28 del indicado mes y año, negando una vez más la coordinación. El 28 de febrero de 2023, se contactó directamente con la Secretaria titular del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; empero, la misma manifestó que se encontraba en comisión y que no realizaría ningún informe hasta el retorno a sus funciones. Por último el 1 de marzo de 2023, acudió ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz donde le manifestaron que el Secretario ahora accionado realizaría los informes; sin embargo, que debía buscar el expediente apara su emisión; lo cual, es una burla y falta seriedad en la coordinación del informe que se encuentra solicitando por una semana, a pesar de que las solicitudes relacionadas con el derecho a la libertad deben ser atendidos con la inmediatez necesaria y dentro de un plazo razonable, con la finalidad de que la situación jurídica de las personas detenidas pueda ser atendida sin dilaciones indebidas.

I.1.2. Derechos, garantías y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; así como, el principio de celeridad; citando al efecto los arts. 115.II y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); art. 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9 y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, por haberse vulnerado el principio de celeridad y el debido proceso, por la dilación injustificada al resolver su petición e incumplir una orden expresa del Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 3 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 11 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo; manifestó que, el 9 de febrero de 2023, presentó el incidente de libertad condicional con la finalidad de acceder a dicho beneficio, el cual fue aceptado mediante decreto de 10 de igual mes y año por el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, quien dispuso la emisión de un informe por parte de la Secretaria del citado Juzgado respecto al cumplimiento de los requisitos de para acceder al beneficio; sin embargo, hasta el 23 del indicado mes y año, su persona acudió en reiteradas oportunidades al referido Juzgado solicitando la emisión de dicho informe, sin obtener respuesta alguna. En ese sentido, alegó el incumpliendo del principio de inmediatez en la tramitación y obtención del beneficio penitenciario solicitado, debido a la imposibilidad de coordinar con el Secretario ahora accionado; por lo que, pidió se conceda la tutela solicitada, se cumpla con la emisión del informe ordenado por el nombrado Juez, a efectos de viabilizar el acceso al beneficio de libertad condicional y evitar la dilación indebida en el trámite correspondiente.

I.2.2. Informe del funcionario de apoyo jurisdiccional accionado

Jorge Nina Tinta, Secretario del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del mismo departamento, mediante informe presentado el 3 de marzo de 2023, cursante de fs. 9 a 10 vta., manifestó que: a) El 23 de febrero de 2023 a las 14:00 horas fue notificado con el Memorando 251/2023/P.-TDJ de designación como Secretario en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del citado departamento -misma que duró hasta el 2 de marzo del señalado año-; en ese entendido, desde esa fecha no vulneró derechos ni garantías constitucional del accionante, siendo que “…en fechas 24 de febrero, 27 de febrero y 28 de febrero (antes de horas 14:00 p.m.) (…) el suscrito Secretario no se encontraba ejerciendo la Suplencia Legal de la Secretaría del Juzgado de Ejecución Penal Primero…” (sic [fs. 9 vta.]); b) En todo caso, conforme a la denuncia de vulneración planteada por el accionante, la Secretaria titular del citado Juzgado, fue quien negó en reiteradas oportunidades la emisión del informe de cómputo del privado de libertad -accionante-, situación que no fue clara al momento de plantear la presente acción tutelar respecto a la legitimación pasiva; puesto que, la orden del Juez de la causa fue emitida el 10 de febrero de igual año; sin embargo, no interpuso la presente acción constitucional contra la Secretaria titular de dicho Juzgado; c) Conforme establece el art. 94.I.6 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, el 2 de marzo del referido año presentó el informe de cómputo de pena del privado de libertad dispuesto por decreto de 10 de febrero del mencionado año; y, mediante decreto de 3 de igual mes y año, el Juez de la causa dispuso que el informe y los antecedentes procesales sean puestos en conocimiento de las partes, situación que el accionante no manifestó al momento de presentar su acción de libertad; ya que, no hizo el seguimiento correspondiente; y, d) En consecuencia, no se negó la emisión del informe al accionante y no se vulneraron sus derechos ni garantías; por lo que, pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 12 a 14, concedió la tutela solicitada, “…sin costas ni responsabilidad administrativa, toda vez que el trámite solicitado a la fecha de emisión de la presente resolución ya fue realizado según consta en la documentación de descargo presentada por el funcionario accionado y que la dilación principal no fue generada por dicho funcionario sino por la titular del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto.” (sic [fs. 14]); bajo los siguientes fundamentos: 1) En cuanto a la legitimación pasiva respecto a los servidores de apoyo jurisdiccional, señaló que, la acción de libertad debía ser dirigida también contra la Secretaria titular del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del citado departamento, quien desde la fecha de emisión del decreto de 10 de febrero de 2023, hasta que fue declarada en comisión desde el 27 de igual mes y año, transcurrieron dos semanas, cuando la orden del Juez de la causa debió ser ejecutada en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas; ya que, de dicha orden dependía la procedencia del beneficio de libertad condicional solicitada por el accionante; empero, esta acción solo fue dirigida contra el Secretario ahora accionando; y, 2) Con relación al Secretario en suplencia legal -ahora accionado-, de ninguna forma resulta excusable, más aun cuando el reclamo realizado al Juez de la causa por la abogada del privado de libertad -accionante-, instruye a dicho funcionario proceder con la elaboración del informe; empero, hasta el 2 de marzo del citado año, no cumplió con esa labor; por ello, se advierte que el accionante fue perjudicado de forma indebida retardando su trámite para beneficiarse con la libertad condicional, no solo por parte del Secretario hoy accionado, sino también por parte de la Secretaria titular del referido Juzgado, que por más de dos semanas guardó el trámite pese a los reclamos del accionante.

I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por consiguiente, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Consta Memorando de 28 de febrero de 2023, emitido por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dirigido a Jorge Nina Tinta, Secretario del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del mismo departamento -ahora accionado-; mediante el cual, ordenó lo siguiente: “Habiéndose declarado en comisión a la Sra. Secretaria de Juzgado de Ejecución Penal 1º de la ciudad de El Alto, Edith Torres Camacho, por disposición de esta Presidencia y en atención a lo establecido en el Art. 93 de la Ley del Órgano Judicial, su persona servirá suplir el cargo de Secretaria de Juzgado de Ejecución Penal 1º de El Alto, a partir del día 28 de febrero de horas 13:45, 01 y 02 de marzo del año en curso” (sic [fs. 7]). II.2. Cursa Informe de 1 de marzo de 2023, emitido por el Secretario hoy accionado, mediante el cual informa el cómputo del cumplimiento de la pena del condenado, Edgar Quispe Sarmiento -ahora accionante-, por el delito de lesiones graves y leves, dando cumplimiento al decreto de 10 de febrero de 2023, emitido por el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz. Asimismo, se verifica que el informe fue presentado el 2 de marzo del referido año a las 16:30 horas, siendo decretado por el indicado Juez el 3 de igual mes y año, señalando lo siguiente: “Téngase presente el informe que antecede, arrímese a sus antecedentes y póngase en conocimiento de la partes juntamente con la notificación de piezas procesales instruidas en el decreto de 86 de obrados” (sic [fs. 8 y vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; así como, el principio de celeridad; puesto que, con la finalidad de obtener un beneficio penitenciario, el 9 de febrero de 2023 presentó incidente de libertad condicional ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, el cual fue admitido mediante decreto de 10 de igual mes y año; disponiendo que, por Secretaría del citado Juzgado, se emita el informe relativo al cumplimiento de los requisitos para su consideración -cómputo del cumplimiento de la pena-; sin embargo, transcurrieron dos semanas sin que se hubiese emitido dicho informe; debido a que, la Secretaria titular del mencionado Juzgado fue declarada en comisión, designándose en suplencia legal en su lugar al Secretario ahora accionado, quien desde el 23 del mismo mes y año, en reiteradas oportunidades negó la emisión del referido informe de cómputo de la pena; a pesar que, las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad deben ser atendidas con la inmediatez necesaria y dentro de un plazo razonable. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad innovativa; ii) La legitimación pasiva en acción de libertad de los funcionarios de apoyo jurisdiccional; iii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad innovativa

La SCP 0703/2024-S3 de 22 de agosto, que reiterando el criterio señalado en la SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, establece que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. (…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas son nuestras).

III.2. La legitimación pasiva en acción de libertad de los funcionarios de apoyo jurisdiccional

La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, al respecto establece que: “…la SCP 0055/2012 de 9 de abril, estableció que: ʽ…se entiende que la acción de libertad se deberá plantear contra: a) La autoridad o funcionario público que amenace, restrinja o suprima los derechos fundamentales tutelados. b) La persona particular que amenace, restrinja o suprima los derechos tuteladosʼ. En ese mismo contexto, la SC 0691/2001-R de 9 de julio concluyó que la legitimación pasiva debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción; entendimiento que fue asumido por las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y 1651/2004-R, entre otras; posteriormente, siguieron ese lineamiento las SSCC 0039/2010-R de 20 de abril y 0192/2010-R de 24 de mayo, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0714/2013 de 3 de junio, 0427/2015-S2 de 29 de abril y 0244/2016-S2 de 21 de marzo, entre otras; así la antedicha SCP 0244/2016-S2, citando a la SCP 0427/2015, expresa: ʽ…la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemploʼ. Bajo esa línea, el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron subreglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas subreglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: ʽ…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicialʼ (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras. En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: ʽampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completoʼ.

Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados ʽ…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccionalʼ. De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

La SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, establece que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; así como, el principio de celeridad; puesto que, con la finalidad de obtener un beneficio penitenciario, el 9 de febrero de 2023 presentó incidente de libertad condicional ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, el cual fue admitido mediante decreto de 10 de igual mes y año; disponiendo que, por Secretaría del citado Juzgado, se emita el informe relativo al cumplimiento de los requisitos para su consideración -cómputo del cumplimiento de la pena-; sin embargo, transcurrieron dos semanas sin que se hubiese emitido dicho informe; debido a que, la Secretaria titular del mencionado Juzgado fue declarada en comisión, designándose en suplencia legal en su lugar al Secretario ahora accionado, quien desde el 23 del mismo mes y año, en reiteradas oportunidades negó la emisión del referido informe de cómputo de la pena; a pesar que, las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad deben ser atendidas con la inmediatez necesaria y dentro de un plazo razonable.

Con carácter previo, corresponde señalar que, conforme al Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, se estableció que los funcionarios de apoyo jurisdiccional, carecen de facultades jurisdiccionales, estando sus funciones limitadas a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales, en ese entendido, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o que, mediante sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; en tal sentido, cuando se configure alguno de estos supuestos, es plenamente viable dirigir la presente demanda contra dichos servidores públicos, hasta establecer su responsabilidad si corresponde. En ese entendido, se advierte que la presente acción de libertad tiene su origen en el presunto incumplimiento del decreto de 10 de febrero de 2023, emitido por el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; mediante el cual, dispuso que por Secretaría del citado Juzgado, se emita el informe relativo al cumplimiento de los requisitos -cómputo del cumplimiento de la pena- para su consideración; no obstante, la Secretaria titular de dicho Juzgado fue declarada en comisión, designándose en su lugar al Secretario hoy accionado, quien, según lo manifestado por el accionante, en reiteradas oportunidades negó la emisión del citado informe. En consecuencia, el Secretario ahora accionado ostenta legitimación pasiva en el presente caso, correspondiendo verificar si incurrió en el incumplimiento de alguna determinación judicial o si, por algún acto u omisión relacionado a sus obligaciones, vulneró derechos fundamentales.

Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo al informe presentado en esta acción tutelar por el Secretario hoy accionado; así como, el informe de 1 de marzo de 2023 que detalla el cómputo del cumplimiento de la pena del condenado -accionante-, se advierte que el informe cuestionado en la presente acción de libertad fue recibido por el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, el 2 de igual mes y año a las 16:30 horas (Conclusión II.2.); es decir, dicho informe fue presentado el mismo día; empero, con posterioridad a la interposición de la presente acción de libertad realizada -el 2 de marzo de 2023- a las 15:14 horas, subsanándose con ello el acto denunciado como ilegal, cumpliendo con la pretensión principal de la presente acción de defensa. No obstante, dicha circunstancia no impide a la justicia constitucional analizar el fondo de la problemática planteada; puesto que, la acción de libertad no se activa, únicamente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, orientada a evitar que se reiteren aquellas conductas que vulneran los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que sustentan el orden constitucional, conforme establece el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, corresponde ingresar al análisis de fondo de la actuación del Secretario ahora accionado. En ese entendido, se advierte que la problemática en cuestión radica en que, el Secretario hoy accionado incumplió el decreto de 10 de febrero de 2023; mediante el cual, se dispuso que por Secretaría del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, se emita el informe relativo al cumplimiento de los requisitos para la consideración del incidente de libertad condicional planteado por el accionante; sin embargo, la Secretaria titular de dicho Juzgado fue declarada en comisión, designándose en su reemplazo en suplencia legal al Secretario ahora accionado, quien, en reiteradas oportunidades, negó la emisión del informe de cómputo del cumplimiento de la pena, provocando una dilación indebida en la tramitación y consideración del incidente promovido por el accionante. Ahora bien, de la revisión de antecedentes se evidencia que, mediante Memorando de 28 de febrero de 2023, emitido por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; se dispuso que, el Secretario ahora accionando, asuma la suplencia legal del cargo de la Secretaria titular del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del citado departamento, a partir del 28 de igual mes y año de las 13:45 horas; así como, durante los días 1 y 2 de marzo del mismo año (Conclusión II.1.). En ejercicio de dicha suplencia, el Secretario ahora accionado emitió el informe de 1 de marzo de 2023, relativo al cómputo de la pena del condenado, -accionante-, por el delito de lesiones graves y leves, dando cumplimiento al decreto de 10 de febrero del mismo año, emitido por el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz. Dicho informe fue presentado el 2 de marzo de igual año a las 16:30 horas, siendo decretado por el referido Juez el 3 de igual mes y año, teniéndose presente y disponiendo su puesta en conocimiento de las partes. En ese entendido; se advierte que, desde el 28 de febrero de 2023 -fecha en la que el Secretario ahora accionado asumió la suplencia legal de la Secretaria titular del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz-, transcurrieron dos días sin que se emita el informe ordenado por el Juez de la causa; tal situación evidencia el incumplimiento de obligaciones inherentes a sus funciones y deberes, en particular la de emitir los informes que le sean ordenados, conforme a lo previsto por el art. 94.I.6 de la LOJ; así como, la inobservancia del decreto de 10 de igual mes y año por parte del Secretario ahora accionado, lo cual vulnera el principio de celeridad como componente del debido proceso; toda vez que, conforme al Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, todas las solicitudes en las que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, deben ser tramitadas con la mayor celeridad posible o cuando menos, dentro de un plazo razonable; con la finalidad de, evitar una restricción indebida del citado derecho; más aun, si en el presente caso la abogada del accionante acudió en reiteradas oportunidades al citado Juzgado para coordinar la emisión del informe en cuestión, sin obtener respuesta pronta, oportuna y diligente por parte del personal subalterno del referido Juzgado. En ese contexto, se evidencia que, la falta de emisión oportuna del informe de cómputo del cumplimiento de la pena (Conclusión II.2.) a cargo del Secretario ahora accionado, dispuesto mediante decreto de 10 de febrero de 2023, vulneró el principio de celeridad como elemento del debido proceso, en relación con el derecho a la libertad del accionante, que deben ser garantizados de manera estricta en procesos penales seguidos contra personas privadas de su libertad; por ello, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 12 a 14, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0231_2026-S1.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): f37f73c1913d67ac674be36015842162773792c125759a0de70e70cf984b25d4

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