B.IA.LEGAL

SCP 0231/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de junio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
5 de junio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
48248-2022-97-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, así como los principios de equidad y razonabilidad; debido a que, dentro del proceso penal que se le sigue, el Juez de primera instancia dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses, decisión impugnada a través del recurso de apelación incidental que fue resuelto por el Vocal accionado mediante el Auto de Vista 121, mismo que carece de una debida fundamentación, motivación, congruencia, y valoración probatoria, por cuanto: 1) No se observó el deber de individualización en la fundamentación fáctica, probatoria y jurídica conforme al art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 9 de junio, cursante de fs. 82 a 97 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia:

1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a las razones y fundamentos fáctico jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º Exhortar a Johnny Germán Buhezo Choque, Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, conforme las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4, precedente.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de congruencia como elemento constitutivo del debido proceso
  2. III.2. El debido proceso y sus elementos de fundamentación y motivación
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0231/2024-S2 Sucre, 5 de junio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 48248-2022-97-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 05/2022 de 9 de junio, cursante de fs. 82 a 97 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Manfred Flores Canaza contra Juan Carlos Ramírez Flores, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de junio de 2022, cursante de fs. 48 a 55 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves y tenencia y porte o portación ilícita, el 11 de mayo de 2022, se llevó a cabo la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares en la que mediante Auto Interlocutorio de la indicada fecha, se determinó su detención preventiva por el lapso de seis meses, aspecto que le causa un agravio irreparable, motivo por el cual, apeló incidentalmente dicha decisión con la finalidad de que el superior en grado pueda modificarla o revocarla e imponer medidas cautelares personales establecidas en el art. 231 bis. del Código de Procedimiento Penal (CPP) incorporado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; empero, no lo hizo así y aplicó en parte los mismos razonamientos y criterios que se plasmaron en el citado Auto Interlocutorio.

Así, alega que el 19 de mayo de 2022 a horas 8:30, se efectuó la audiencia de consideración de apelación incidental de medidas cautelares, en la que Juan Carlos Ramírez Flores, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora accionado-, por Auto de Vista 121 de esa fecha, no consideró situaciones fundamentales respecto a los hechos que se le atribuyen, omitió muchos aspectos que fueron reclamados en relación al Auto Interlocutorio de 11 de igual mes y año, pues declaró parcialmente procedente el referido recurso, quedando agravios no reparados por la autoridad accionada y que afectan a su derecho a la libertad, siendo estos: a) El deber de individualización en la fundamentación fáctica, probatoria y jurídica conforme al art. 233.1 del CPP, puesto que, desde la audiencia de 11 de mayo de 2022, hasta la audiencia de 19 del mismo mes y año, se expuso de manera clara todos y cada uno de los argumentos que precisa como condición sine qua non el art. 302 del CPP modificado por el art. 12 de la Ley 1173, con relación al art. 233.1 del mismo Código; “Elemento sustantivo que, por mas esfuerzo que en derecho se precise” (sic), no fue resuelto de manera razonable y lógica por el Vocal accionado, lesionando el debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación individualizada, tal como razonó la SCP “0795/2014”, vinculado en línea jurisprudencial a la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, que toma como parámetro la garantía del hecho, más aun cuando se va a restringir la libertad del imputado considerado en todo momento como inocente, esto quiere decir que los hechos que se le atribuyen con calificaciones provisionales, deben guardar un amplio margen de respeto al principio de legalidad, esto es, que la calificación de un tipo penal deberá estar debidamente previsto en la ley penal, y a su vez estar precisados los hechos que se van a atribuir a un imputado, más todavía si existe más de uno como en el presente caso. Revisando el Auto de Vista 121 de 19 de mayo de 2022, se verifica que respecto a su persona, no se realizó una compulsa lógica entre los hechos acontecidos y su participación en cada uno de ellos, para llegar a la conclusión que provisionalmente se califique con la probabilidad de autoría o participación del hecho punible, haciendo alusión el Vocal accionado a los actos de investigación del Ministerio Público cayendo en definitiva dentro de los parámetros de lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación afectando de manera directa el derecho a la libertad personal; b) Valoración e interpretación correcta en cuanto a la prueba presentada respecto al riesgo de fuga en su vertiente domicilio -art. 234.1 del CPP-; del Auto de Vista 121, se advierte que la autoridad accionada refirió que, de acuerdo a su entrevista -se entiende declaración informativa-, tiene su domicilio en la calle Arenales zona Villa Méndez -de la ciudad de Potosí-; sin embargo, consta un informe emitido por Ariel Torres Mendoza, funcionario policial asignado al caso, que establece que una vez constituido en ese lugar constató que la vivienda no cuenta con numeración y al consultar a los vecinos si lo conocían estos dijeron que no, y si bien presentó dos folios reales con relación al derecho propietario de un terreno y no de un “bien inmueble”, se evidenció que no existe habitabilidad y habitualidad, concluyendo que no es cierto el agravio denunciado; empero, aquello es falso, pues tiene domicilio real que es el de sus padres con los que vive, mismo que se indicó en su declaración como testigo y como imputado, presentándose toda la documentación idónea como su cédula de identidad y la de sus hermanos, donde se consignó el domicilio que refirió; empero, se otorgó más validez a un informe del funcionario policial asignado al caso, quien manifestó imprecisión en la numeración de su domicilio, más no que no cuenta con este, por lo que, el referido Auto de Vista carece de motivación y omite efectuar una valoración razonable y equitativa de las pruebas, tomándose además una facultad extra petita, al indicar que la vivienda señalada no cuenta con condiciones de habitabilidad y habitualidad, por lo cual, debe considerarse que la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora conforme previene el art. 231 bis.V del CPP; en consecuencia, quien debió demostrar esa falta de habitabilidad y habitualidad en su imputación es el Ministerio Público y no los jueces de instancia concurriendo en consecuencia una incongruencia extra petita; toda vez que, ni siquiera el Juez a quo se refirió sobre esos nuevos elementos, transgrediéndose así el debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia externa e interna, además de una omisión valorativa de la prueba, pues se le dio otro sentido a los elementos probatorios presentados como descargo, lesionando igualmente los principios de equidad y razonabilidad e inobservando el contenido normativo del art. 234 “párrafos 3 y 4” del CPP, que prevé que el peligro de fuga no podrá fundarse en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa, confiable y circunstanciada que el Ministerio Público o el querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente del porqué lo expuesto por las partes permite concluir que el imputado eludirá la acción de la justicia; y, c) Autonomía procesal y sustancial respecto al riesgo de fuga u obstaculización vinculado a la vertiente peligro efectivo para la sociedad -art. 234.7 del CPP-, en cuanto a los hechos que de investigan; al respecto, en el Auto de Vista 121, el Vocal accionado señaló que ‘“…vamos analizar el art. 234 en su numeral 7 con relación al hecho que ha generado el juez a quo de manera puntual y concreta que había avisado en su vertiente peligro efectivo para la sociedad, cuales son las circunstancias que ha generado este hecho, como sea suscitado este hecho y que daño ha causado este hecho a la sociedad (…)’” (sic), en otras palabras, para acreditar ese peligro procesal, el Vocal accionado hizo alusión a los hechos que se investigan, resumiendo cómo se hubieran producido los mismos; es decir, vincula estos con el riesgo procesal de fuga respecto al peligro efectivo para la sociedad, siendo dicha referencia una mera presunción abstracta sobre la concurrencia de ese riesgo, sin hacer alusión a la existencia de basta jurisprudencia constitucional que establece cómo acreditar ese elemento del peligro de fuga, así, la SCP 0056/2014 de 3 de enero, hizo un análisis vía control de constitucionalidad, y con base en ello, se tiene que para que concurra el citado riesgo procesal debe pesar en su contra una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, que en su caso, de acuerdo al Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) que fue presentado desde la audiencia de consideración de medidas cautelares de 11 de mayo de 2022, no existe, por ello se lesionó su derecho a la presunción de inocencia; toda vez que, el Vocal accionado al relacionar los hechos en abstracto con el art. 234.7 del CPP, realizó una afrenta a sus derechos especialmente a la libertad, actuando con total discrecionalidad, arbitrariedad y subjetividad tal como reza la jurisprudencia constitucional en vigor que tiene como base el precedente constitucional de la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional. Debe tomarse en cuenta que los hechos que se investigan jamás pueden operar como consonante o derivación para acreditar algún numeral establecido en los arts. 234 y 235 del CPP, lo contrario significaría que en todos los casos concurriría automáticamente el numeral 7 del art. 234 del citado Código, lo cual no sería lógico ni racional, más aún cuando los peligros procesales tiene un comportamiento autónomo respecto a dichos hechos, porque una cosa es decir que existen elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible y otra muy diferente es señalar la concurrencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; lesionando así sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos, fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, así como los principios de equidad y razonabilidad.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos, a la libertad, a la presunción de inocencia, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, así como los principios de equidad y razonabilidad, citando al efecto los arts. 22, 23 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se revoque el Auto de Vista 121, restableciendo las formalidades de ley en resguardo de su derecho a la libertad personal, por las suficientes razones constitucionales y legales expuestas en la acción de libertad interpuesta.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 9 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 71 a 82, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela por intermedio de sus abogados, ratificó íntegramente los argumentos expuestos en el memorial de la acción de libertad, y ampliando en audiencia manifestó que: 1) De la lectura del informe presentado por la autoridad accionada, se tiene que se trata de una copia retórica del Auto de Vista 121, mismo que deja muchos vacíos jurídicos en cuanto al tratamiento de una persona sometida al procedimiento penal, para ello debe considerarse el art. 233.1 del CPP, que hace referencia a la existencia de suficientes elementos de convicción para sostener con probabilidad que su persona es autor del hecho punible; en el proceso que se le sigue son cuatro imputados, y el Vocal accionado no individualizó el comportamiento de cada uno de ellos ni indicó cuál es la prueba o elemento de convicción con respecto a estos, lesionando el debido proceso en su elemento “…individualización en la fundamentación…” (sic), lo contrario equivaldría a suponer que dos o más sujetos tengan iguales actitudes, idénticos comportamientos y semejantes condiciones de vida, supuestos que por lógica consecuencia son imposibles, entonces, la motivación genérica en la cual incurrió el Auto de Vista 121, provoca incertidumbre en el justiciable; 2) Al presentar el folio real del domicilio que habita y el certificado de matrimonio de sus padres, no quiso enervar el elemento familia, sino, apoyar el referido folio real del bien inmueble de propiedad de sus padres, extrañando que ese aspecto haya sido omitido en primera instancia aún de haber pedido su reconsideración a través de la solicitud de complementación y enmienda; 3) El art. 398 del Código adjetivo penal, analizado en su alcance por la SCP “…009/2020-S3 de 3 de febrero…” (sic), establece que el Tribunal de alzada debe circunscribir sus fallos a los aspectos impugnados de la resolución, es por eso que cuestiona los términos habitabilidad y habitualidad -del domicilio- que no fueron objeto de medidas cautelares y por ende tampoco de apelación; por otra parte, respecto a la imprecisión de la numeración de su residencia de acuerdo al informe del funcionario policial asignado al caso, cabe indicar que no todas las viviendas especialmente del área periurbana tienen numeración, además cuántas personas no conocen quién habita determinado inmueble, peor aún si no son del lugar o llegaron recientemente, siendo una conjetura que puede ser peligrosa si el sistema aplicaría la imprecisión del domicilio; y, 4) En cuanto al peligro efectivo para la sociedad, el Vocal accionado citó la Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia, siendo que no se estaba investigando un delito inmerso en esa ley, e hizo alusión a las circunstancias que generaron el hecho y cómo se suscitó el mismo, aberración que la jurisdicción constitucional no puede dejar pasar, tomando en cuenta la línea jurisprudencial de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0056/2014, 0070/2014-S1, 0583/2017-S2 y 0185/2019-S3, que señalan que la determinación de la concurrencia del peligro efectivo para la sociedad, debe ser acreditada mediante elementos materiales demostrables y no con base en subjetividades que pueden vulnerar la presunción de inocencia; por lo tanto, a más que la autoridad accionada efectúe la vinculación de los hechos al riesgo de fuga en su elemento peligro para la sociedad, debe aplicarse la referida línea jurisprudencial.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Juan Carlos Ramírez Flores, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por informe escrito cursante de fs. 66 a 69 vta., manifestó que: i) Los fundamentos expuestos en el Auto de Vista 121, fueron acorde a los arts. 124, 173 y 398 del CPP, así como las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0699/2014 de 10 de abril y 0013/2021-S3 de 19 de febrero; ii) No evidenció agravios en cuanto a haber generado y acreditado con elementos suficientes la existencia del requisito material o subsunción en la probabilidad de autoría de los imputados, en el caso del accionante, se establece que este hubiera agarrado el gas lacrimógeno lanzándolo a la tarima a sabiendas que ese objeto fue adquirido por los demás imputados, hecho que fue descrito en la individualización de su participación; iii) Respecto al art. 234.1 del CPP el Juez a quo mencionó que el impetrante de tutela en su entrevista informativa, señaló su domicilio en la calle Arenales zona Villa Méndez -de la ciudad de Potosí-; sin embargo, el funcionario policial asignado al caso informó que realizada la verificación no se llegó a precisar el domicilio siendo el mismo muy genérico y no pudo ser habido; asimismo, presentó certificado del REJAP, folio real de un lote de terreno a nombre de Juan Flores Barrios, certificado de nacimiento suyo y de sus familiares, libreta de familia, cédula de identidad de sus padres, documentación que hace referencia a que tiene familia; no obstante, el Ministerio Público no estableció que el imputado ahora accionante no cuente con una familia, sino que indicó que no tiene domicilio claramente establecido, con base en ese extremo señaló la concurrencia -de ese peligro procesal-, por lo que tendría la facilidad de dejar el país o permanecer oculto, tomando en cuenta además que el indicado folio real está relacionado con un lote de terreno y no un bien inmueble con habitabilidad y habitualidad; consecuentemente, no se advierte agravio, pues al no contar con domicilio no tiene arraigo natural; iv) Respecto al peligro efectivo para la sociedad “…qué ha sido todo caso sustentado y fundamentado se entiende por el juez a quo a efectos de dichas circunstancias el 234 del código procesal penal enuncia el peligro de fuga no se podrá fundan en meras presunciones abstractas sobre la concurrencia de los numerales 1 al 8 de dicha normativa procesal el numeral 7 indica peligro efectivo para la sociedad o la víctima o el denunciante a tal efecto el juez a quo ha acreditado la existencia de dicho riesgo procesal en cuanto se refiere al 234 numeral 7 en su peligro efectivo para la víctima en primera instancia y en segunda instancia el peligro efectivo para la sociedad se ha enunciado varia jurisprudencia constitucional en cuanto se refiere al hecho de las circunstancias de viabilizar este peligro efectivo para la víctima y la sociedad” (sic); v) Es menester mencionar como lo dijeron los abogados de la parte imputada -hoy impetrante de tutela- y el Ministerio Público, se debe efectuar una ponderación de derechos “…evidentemente en cuanto se refiere a este hecho a efectos de ponderar o viabilizar ponderación de derechos debe tomarse en cuenta con relación a qué clase de hecho delictivo el Ministerio Público está investigando (…) un hecho delictivo de violación, abuso sexual?, qué clase de hecho delictivo está investigando a efectos de la aplicación de la ley 348 del Código Procesal Penal en cuanto se refiere en especial a este extremo es decir analizar y ponderar es un hecho delictivo de Feminicidio qué clase de hecho delictivo a efectos de acreditar en cuanto se refiere a que existan 4 personas fallecidas y existan en todo caso inclusive personas lesionadas que inclusive se encuentran en todo caso internadas las mismas…” (sic); vi) Sobre el art. 234.7 del CPP el Juez de la causa de manera concreta precisó cuáles son las circunstancias que generaron el hecho investigado y qué daño causó este en la sociedad, entendiendo que tanto imputados como víctimas son parte de la sociedad, así, contextualizando los hechos, en primera instancia tres de los imputados -no precisa cuáles-, se reunieron día antes para hablar de los actos que iban a realizar el 9 de mayo de 2022 en el coliseo universitario, en sus entrevistas informativas cada uno da su versión de lo que habría sucedido indicando “…truncar el día de mañana si se truncara la cuestión de los intereses en todo caso que tuvieran los mismos ellos tendrían que hacer algo (…) les ha motivado a que a constituirse (…) en el domicilio de un licenciado presumiblemente ‘docente’ a efectos de viabilizar ir a comprar qué cosa, un gas lacrimógeno para qué con qué intención razonablemente debemos tener en cuenta que a efectos de enunciar que se trunque o se va truncar algo…” (sic), circunstancias que muestran intencionalidad “…a sabiendas ellos de que en esta reunión de la FUL está asamblea de la FUL a efectos de generar (…) cambiar a sus autoridades que de un tiempo a esta parte ha ido a viabilizar el hecho de que se genere ciertos tipos de corrupción y demás en cuanto se refiere a dichas permanencias constantes anualizadas y es de más de mucho tiempo en dicha dirigencia evidentemente ellos han generado y han comprado (…) este gas lacrimógeno a efectos de poder utilizarlo (…) y se ha atentado además de ha generado un hecho de que 4 personas mujeres universitarias estén fallecidas (…) más allá de eso también se ha causado lesiones a otras personas que se han constituido en el lugar qué quiere decir esto que en todo caso de este la percepción del juez a quo así como también del sujeto vocal es el hecho que la característica circunstancias de la comisión de este hecho había a viabilizado pues de que estas personas estando en libertad irrestricta o imposible en una libertad determinada con el art. 231bis del código procesal penal han atentado pues de alguna manera contra toda esos estudiantes de 800, a 1000 personas que estaban en ese lugar…” (sic); y, vii) Bajo dichos extremos, su autoridad tiene la misma percepción del Juez de primera instancia; es decir, que concurre el peligro efectivo para la sociedad, no advirtiéndose agravio alguno, en ese sentido, se efectuó la correspondiente fundamentación y motivación, debiendo considerarse esos extremos y denegar la tutela solicitada por no existir vulneración a derechos y garantías procesales y constitucionales, puesto que, conforme a la jurisprudencia constitucional la fundamentación y motivación respecto a los agravios debe ser clara, expresa y concreta, no debiendo ser ampulosa en consideraciones, sino, basta que los justiciables tengan entendimiento de la decisión asumida.

I.2.3. Participación del Ministerio Público

Germán Gadiel Padilla Apaza, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: a) La acción de libertad está regida por el “principio” de subsidiariedad -excepcional-, en ese contexto debe tenerse en cuenta que el accionante interpuso un incidente de nulidad de imputación formal en los mismos términos que esta acción tutelar, formulando recurso de apelación -se entiende contra el fallo que rechazó dicho incidente-, que se encuentra pendiente de resolución, por lo que, no se cumplió con ese principio básico; b) De la fundamentación oral de esta acción de defensa y el informe presentado por el Vocal accionado, no se advierte de qué manera se “alejaron” de los parámetros de la fundamentación, no se determinó si es carente o ambigua, entendiéndose de lo dispuesto por la SCP 0247/2020-S4 de 23 de julio, que hace referencia precisamente a cuáles son las características de la fundamentación de una resolución, que no necesariamente debe ser ampulosa o abundante de consideraciones, por el contrario debe ser concisa pero clara y que integre todos los puntos demandados, citando las normas que sustenten la parte dispositiva, bajo esos aspectos, se advierte que el Auto de Vista 121 responde claramente a todos los cuestionamientos y agravios planteados en audiencia, por lo que, no se puede argumentar falta de fundamentación y motivación; c) En cuanto a la supuesta falta de valoración de la prueba, el impetrante de tutela hace una exposición ambigua, pues no individualizó a qué tipo de valoración se refiere, se habla de la habitabilidad y habitualidad señalando que se hubiera emitido una resolución extra petita; sin embargo, se debe tener presente que los elementos constitutivos del domicilio como riesgo procesal son precisamente la habitabilidad y habitualidad; d) Respecto al peligro procesal reclamado del art. 234.7 del CPP, se hizo hincapié a la SCP 0056/2014 que según lo alegado por el impetrante de tutela sería el máximo precedente constitucional en vigor; empero, conforme a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0070/2014-S1, 0583/2017-S2 y 0633/2018-S2, el peligro procesal inmerso en el art. 234.7 debe ser advertido por los jueces penales en consideración a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, analizando la conducta y antecedentes del imputado y tomando en cuenta si hubiera sido procesado o condenado penalmente por la comisión de un delito anterior; e) Bajo un juicio de probabilidad, la libertad irrestricta del peticionante de tutela conlleva un peligro efectivo, real o verdadero para la sociedad, víctima o denunciante, más allá del criterio subjetivo del Juez de la causa, resultando inexorable la constancia de elementos materiales que comprueben la situación en particular desde la perspectiva de las personas y los hechos a fin de la aplicación eficaz de los citados principios, consecuentemente, el peligro para la sociedad debe aplicarse a raíz de un estudio y análisis de la autoridad jurisdiccional; y, f) La presente acción tutelar fue presentada por considerar el impetrante de tutela que se encuentra indebidamente privado de su libertad, entendiéndose de acuerdo a los fundamentos plasmados que aquello es falso, puesto que, no se vulneraron derechos y garantías constitucionales, en virtud a ello, solicitó se rechace la solicitud impetrada por el accionante.

José Efraín Rocha Aliaga, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: 1) El Vocal accionado tendría que circunscribir su resolución a lo previsto por el art. 398 del CPP, que refiere que los Tribunales de alzada deben emitir sus resoluciones vinculadas a los aspectos consignados en la resolución apelada, si se revisa la acción de libertad de acuerdo fundamentado, el propio impetrante de tutela hace alusión a los arts. 233.1 y “402 numeral 4” del CPP, se tiene que el Ministerio Público a tiempo de emitir la imputación formal, obedeció a esos enunciados normativos, tomando en cuenta que existen suficientes elementos de convicción sobre la existencia de un hecho y la probable participación del accionante; 2) Del Auto de Vista 121, se puede advertir que se efectuó una fundamentación y motivación, aplicando criterios o disposiciones normativas que son inherentes a la elaboración de la imputación formal, siendo por demás explícito sin ingresar a ninguna mala valoración respecto a la prueba concerniente al presupuesto domicilio, puesto que el Juez de la causa valoró que el folio real corresponde a los padres del impetrante de tutela; asimismo, se demostró que el nombrado no cuenta con domicilio tal como se advierte del informe emitido por el funcionario policial asignado al caso, aspecto que fue valorado correctamente por el Vocal accionado, y el hecho de haber mencionado la habitabilidad y habitualidad no significa que sea una “petición” extra petita considerando que son términos mínimos que en la ciencia del derecho le corresponde señalar a cualquier autoridad judicial en cuanto al tema domicilio se refiere; 3) Con relación al peligro efectivo para la sociedad, el peticionante de tutela centró sus argumentos en hacer análisis de la jurisprudencia constitucional indicando que el Tribunal Constitucional Plurinacional no exige analogía para la aplicabilidad de precedentes constitucionales, siendo ese argumento falso; toda vez que, no se puede aplicar de manera indiscriminada sentencias constitucionales, ni mezclar un caso de narcotráfico con delitos que atentan contra la vida, pues se lesionaría el principio de seguridad jurídica, ya que, todo fallo constitucional deviene de un problema jurídico, por lo que, necesariamente debe cumplirse con las reglas de la analogía; y, 4) El impetrante de tutela no explicó de qué manera se lesionó su derecho al debido proceso, siendo insuficiente para emitir una decisión correcta el análisis de fallos constitucionales como la SCP 0015/2020-S2 de 11 de marzo citada por el nombrado, que hace una aclaración a la SCP “…185/2019-S2 de 10 de abril…” (sic), respecto al riesgo procesal establecido en el art. 234.10 -ahora 7- del CPP; empero, que deviene de un hecho de narcotráfico que es muy diferente al que se investiga, consecuentememnte, no puede ser aplicada al caso concreto, por ello, solicitó se deniegue la tutela impetrada tomando en cuenta que no existe ninguna vulneración de derechos en la que hubiese incurrido el Vocal accionado.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, por Resolución 05/2022 de 9 de junio, cursante de fs. 82 a 97 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: i) En cuanto al deber de individualización en la fundamentación fáctica, probatoria y jurídica conforme al art. 233.1 del CPP, el accionante manifestó que no se cumplió lo prescrito por el “art. 301 inc. 1” del citado Código, que lo vincularía al supuesto hecho que se imputó, motivo por el cual se confirmó su detención preventiva; al respecto, el Vocal accionado señaló que de los documentos analizados se puede desprender que las declaraciones de los testigos identifican claramente al nombrado cuando este tenía en su poder el gas lacrimógeno que él mismo activó para luego arrojarlo hacia la testera y que posteriormente en afueras del coliseo universitario hubiera manifestado que no le pueden hacer nada porque la universidad es autónoma; esos extremos se encuentran claramente delimitados a efectos de que el Auto de Vista 121 emitido por el Vocal accionado tenga asidero legal, de lo que se desprende que, sobre este punto es bastante claro, por cuanto el mismo emergió de la imputación formal para la cual solo se requiere la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible, en el caso concreto, el citado Auto de Vista estableció con base en los argumentos del Juez de primera instancia, que el Ministerio Público demostró la probable participación del peticionante de tutela en los hechos que se suscitaron el 9 de mayo de 2022, que tuvo como desenlace la muerte de cuatro universitarias y varios heridos, y como consecuencia de ese hecho una pluralidad de vulneraciones de bienes jurídicos como los derechos a la vida, a la integridad física y a la tranquilidad pública, por lo que, se puede determinar que en cuanto al art. 233 del Código adjetivo penal, necesariamente se debe realizar un examen somero a efectos de verificar si concurre o no ese principal elemento de la imputación, de lo que se puede extraer que no se requiere certeza sobre la participación en un hecho punible, sino solo indicios, mismos que fueron demostrados por el Ministerio Público en la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares que fueron tomados en cuenta por el Juez de la causa y ratificados por el Vocal accionado; toda vez que, según el acta de esa audiencia, el impetrante de tutela no hizo observación “…alguna a la misma…” (sic); consecuentemente, no se advierte vulneración sobre este punto; ii) Respecto a la valoración e interpretación correcta de la prueba presentada con relación al peligro de fuga en su vertiente domicilio, el peticionante de tutela manifestó que: a) No se valoró el folio real presentado en audiencia de medidas cautelares respecto a que su domicilio fuese en la calle Arenales, zona Villa Méndez -de la ciudad de Potosí-; con relación a este punto, el Juez de la causa alegó que se presentó dos folios reales de un terreno y no un “bien inmueble” -se entiende vivienda- a efectos de la habitabilidad y habitualidad, más allá de dicha prueba cursa un informe del funcionario policial asignado al caso que mencionó que constituido en el lugar a efectos de la verificación el domicilio este no cuenta con numeración, por lo que, preguntó a los vecinos, quienes no conocen al impetrante de tutela, no pudiendo ser habido en dicho domicilio; b) El hecho de indicar que el precitado informe de verificación, en ningún momento alega que el peticionante de tutela no tendría domicilio y que mencionar la habitabilidad y habitualidad sería motivo de carencia de motivación y fundamentación, hace menester remitirse a la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1154/2004-R de 26 de julio, que refiere que para acreditar el domicilio o residencia habitual el imputado debe presentar prueba idónea que demuestre que ese domicilio no es temporal y que era habitado con anterioridad a la aprehensión; asimismo, la SCP 0996/2016-S3 de 22 de septiembre, hace alusión a la habitualidad y habitabilidad como elementos del domicilio; y, c) Lo fundamentado por el Vocal accionado tiene asidero legal y no se apartó de lo que establece la normativa penal como la jurisprudencia respecto al domicilio y la forma de ser acreditado, teniéndose que con el antedicho informe emitido por el funcionario policial asignado al caso el Ministerio Público demostró que el accionante no tiene el domicilio preciso donde habitaría, por ello, no se vulneró ningún derecho; y, iii) En cuanto a la autonomía procesal o sustancial respecto al riesgo de fuga u obstaculización vinculado al peligro efectivo para la sociedad, el impetrante de tutela alegó que se mencionaron meras presunciones abstractas haciendo mención a los hechos de principio a fin citando la SCP 0056/2014, respecto a la cual se debe tomar en cuenta el caso concreto al que se debe su aplicabilidad, así: 1) La SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero, establece que al concepto “efectivo”, que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión a un peligro existente materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez que puede ser arbitrario, ello supone la existencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y lo hechos, por ello, se debe aplicar bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ya que, el referido peligro encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieren sido culpables de un delito anterior, pero no le sindica la culpabilidad del ilícito concreto que se juzga ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido; 2) El Vocal accionado respecto a este hecho “…ha manifestado o por lo menos ha sindicado que el ahora accionante tuviese una sentencia con calidad de cosa juzgada, aspecto que la sentencia constitucional del cual ha hecho mención reiteradamente la defensa que es la 056/2014 en ningún momento establece este acápite a efectos de que el Sr. Vocal haya cometido alguna vulneración a este respecto” (sic); 3) Los hechos acontecidos el 9 de mayo de 2022, dieron lugar a que sea razonada la decisión sobre el peligro efectivo para la sociedad, tomando en cuenta la intencionalidad a sabiendas de lo que iba a pasar en la asamblea estudiantil, por ello, el Vocal accionado fundamentó sobre la posible participación del peticionante de tutela en los hechos acusados siendo la base de la imputación formal, misma que no fue objetada en su momento respecto a los riesgos establecidos sobre los cuales el Juez de primera instancia basó la detención preventiva; 4) De ninguna manera se vulneró el derecho a la libertad personal del accionante; toda vez que, el Auto de Vista 121 no le causó indefensión alguna ni afectó el debido proceso, para que el caso se encuadre en la acción de libertad; 5) La SCP 0185/2019-S3 a la que hizo mención el accionante, hace alusión simplemente a algunos aspectos que le concierne a su defensa, en el punto III.4, hace referencia a la SCP 0056/2014, fallo constitucional que fue modulado por la SCP 0070/2014-S1, determinando que para activar el art. 234.10 -ahora 7- del CPP, se debe tomar en cuenta la peligrosidad del imputado con relación a que tuviera sentencia condenatoria anterior, ese entendimiento no es limitativo, dado que, su aplicación está sujeta a escenarios o contextos en los que se desarrolla el ilícito, por ello se debe aplicar bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad realizando una evaluación integral de las circunstancias, lo que no significa de manera alguna que se esté permitiendo al juzgador desnaturalizar o distorsionar cada uno de los riesgos procesales creando exigencias no contempladas en la norma ni en la jurisprudencia constitucional que puedan resultar arbitrarias y lesivas a derechos fundamentales, en ese fallo constitucional se concedió la tutela por falta de fundamentación y motivación, lo que en el presente caso no concurre porque el Auto de Vista 121 se encuentra debidamente motivado y fundamentado; 6) La SCP 0015/2020-S2, hace cita de la SCP 0185/2019-S3, indicando respecto al peligro procesal del art. 234.7 del CPP, que este no es contrario a la presunción de inocencia al considerar a ese riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haber probado que con anterioridad cometió un delito lo que genera la probabilidad adicional de delinquir, lo que quiere decir que, ese riesgo solo concurriría cuando el imputado tenga sentencia condenatoria ejecutoriada, por cuyo motivo mal podría señalarse que la aplicación se encuentra sujeta a los escenarios o contextos en los que se desarrolla el delito tal como se precisó en la SCP 0070/2014-S1, ya que de ser así, se estaría permitiendo que el delito pueda ser determinado con base en el criterio subjetivo del juez que en muchos casos podría ser arbitrario lo que además desnaturalizaría su esencia y finalidad; y, 7) La SCP 0702/2020-S3 de 3 de noviembre, hace alusión a que el peligro procesal de fuga debe ser analizado bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad, teniéndose que la situación de peligrosidad sea efectiva, real o verdadera; consiguientemente, la existencia de una sentencia condenatoria solo será considerada cuando esta se encuentra debidamente ejecutoriada y hubiese sido dictada en un proceso anterior al que se investiga, aspecto que dará lugar a considerar que el imputado es un peligro efectivo para la sociedad y la víctima, se hace mención a ese acápite porque precisamente de la lectura “…es que el juez accionado hubiere manifestado que tiene ya una sentencia ejecutoriada y en el presente caso el señor vocal accionado en ningún momento ha manifestado o por lo menos haya establecido que la hora cruzado tenga alguna sentencia condenatoria ejecutoriada extrema que de ninguna manera esta parte se puede adecuar a los fundamentos que ha hecho la defensa en el caso de autos y prosiguiendo ha dicho párrafo se puede establecer es así que conforme lo manifestado se puede concluir que el vocal ahora accionado lesionó el derecho a la presunción de inocencia por cuanto considero al accionante como culpable del ilícito que aún se le juzga se reitera dentro del proceso penal del cual deviene esta acción de defensa puesto que en el indicado proceso penal se encuentra todavía en sustanciación y no cuenta con Sentencia condenatoria ejecutoriada ese extremo no lo ha mencionado la parte accionante toda vez que conforme a lo razonado en esta último acápite se puede establecer que efectivamente el vocal dentro de este caso que se ha dado lectura es que ya ha vulnerado esa presunción de inocencia contrario sensu de lo que no se ha dicho por parte del vocal en el auto de vista 121/2022…” (sic).

En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de sus abogados, solicitó aclaración de la Resolución 05/2022, alegando que: i) Preocupa la resolución emitida por el Juez de garantías; toda vez que, se está frente a una vulneración de derechos y garantías constitucionales sobre todo la lesión a la presunción de inocencia; ii) Como un primer elemento pidió que se aclare los elementos de habitabilidad y habitualidad a los que dio pie, porque se hizo mención a jurisprudencia constitucional que no debería utilizarse en la audiencia de garantías ni en una audiencia de consideración de medidas cautelares, debido a que la SCP 0996/2016-S3 se trata de una cesación de la detención preventiva, así como la SC “…1521/2004 de 6 de diciembre…” (sic) que hace referencia a una avocación “…como si fuese algo llevado al contexto en esta audiencia…” (sic), por lo que, debe aclararse si se debe presentar documentos probatorios en todas las audiencias y específicamente en la de medidas cautelares para determinar como imputado la habitabilidad y habitualidad, pues existe contradicción ya que primero señaló “esta sentencia” y luego determinó que es el Ministerio Público quien debe cumplir con la carga argumentativa respecto a esos riesgos -procesales-; iii) Otro elemento importante que no se puede dejar pasar respecto al art. 234.7 del CPP, es que se efectuó una relación de la jurisprudencia constitucional explicando cada una de ellas confundiendo en muchos aspectos a las partes y definitivamente a quien requirió la tutela de derechos, se hizo mención a la SCP 0001/2019-S2 que no fue citada por el Ministerio Público tampoco por el Juez a quo ni por el Vocal accionado, ese fallo constitucional habla de la protección de elementos de juicio con perspectiva de género con enfoque interseccional de elementos de juicio en estado de vulnerabilidad relacionado con la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, tomando en cuenta que el Juez de primera instancia señaló que no concurre el peligro efectivo para la víctima por lo que dicha Sentencia Constitucional Plurinacional no tiene vinculación con el caso; iv) En cada relato se señaló a la SCP 0056/2014 refiriéndose a esta como hito que tiene una línea conductora que fue presentada al Juez de garantías, siendo necesario aclarar si los hechos alegados por el nombrado Juez, relacionados a los ilícitos penales se vinculan al riesgo procesal del art. 234.7 del citado Código, debiendo hacer alusión a la jurisprudencia que está en el cuaderno anillado “…que los hechos de este caso en concreto puedan de alguna u otro forma manifestar en el pedido procesal del numeral 7 del 234, dichos argumentos señor Juez por el derecho constitucional que nos asiste a la defensa lógicamente por igualdad de partes…” (sic); y, v) Se aclare porqué en el relato fáctico afirma que fuera su persona quien detona y lanza -se entiende el gas lacrimógeno-, cuando por un tema de verdad material nunca se pudo definir tal figura lesionando el derecho a la presunción de inocencia, por otra parte, también debe aclarar aunque parezca impertinente, si el caso fue resuelto por un Juez contralor de la Constitución Política del Estado o por un Juez ordinario. En virtud a dicha solicitud, el Juez de garantías manifestó que: a) Sobre la solicitud de aclaración relacionada con la habitabilidad y habitualidad, el art. 231 bis. del CPP, indica que la carga de la prueba para acreditar peligros procesales corresponde a la parte acusadora, no debiendo exigirse al imputado que demuestre que no se fugará u obstaculizará la averiguación de la verdad, lo que conllevó a que el Ministerio Público, el Juez de primera instancia y el Vocal accionado, se basen en un informe emitido por el funcionario policial asignado al caso respecto al domicilio del accionante, este aspecto de ninguna manera contradice la Resolución que se dictó y mucho menos lesiona el derecho a la presunción de inocencia, por otra parte, se conoce procesalmente que cuando una parte solicita cesación -de la detención preventiva-, o quiere acreditar domicilio suficiente, puede inclusive hacer una declaración jurada ante un notario, aspecto que ya existe en la jurisprudencia constitucional y no precisamente un registro domiciliario otorgado por la fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), por lo tanto, no es que en cada audiencia se debe presentar prueba para demostrar aquello, la misma consulta se hizo al Vocal accionado cuando se pidió complementación del Auto de Vista 121, en ese sentido, mal el Juez de garantías podría contradecir ese fallo ni la jurisprudencia constitucional; b) En cuanto al art. 234.7 de dicho Código, en lo que concierne a la SCP 0001/2019-S2 que hace mención al peligro para la sociedad y la víctima, haciendo una concatenación con la jurisprudencia citada por el impetrante de tutela, todas ellas hicieron mención a que -ese peligro procesal- tiene relación directa con el hecho que se investiga, esos fallos constitucionales derivan de casos de narcotráfico o son de carácter netamente relacionados con la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; c) En cuanto a que se hizo mención reiterada de la SCP 0056/2014, se aclara que no se escuchó por qué el Tribunal Constitucional Plurinacional debe conocer que los hechos ilícitos penales se vinculan al riesgo procesal del art. “234”, ese fallo constitucional solamente refiere que el Juez vulneró el derecho a la presunción de inocencia, en el caso de autos, nunca se lesionó ese derecho del que goza el peticionante de tutela, precisamente porque en varias oportunidades se habló del presunto hecho, del presunto acusado, el peligro efectivo para la sociedad encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubiesen sido culpables de un delito anterior pero no le indica como culpable del ilícito concreto que se juzga, se explicó claramente que solo se está investigando “este último hecho”; y, d) Si bien es Juez de Sentencia Penal, dadas las características de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, también se constituye en Juez de garantías, y es sorprendente que en la audiencia de consideración de esta acción tutelar se trate de confundir aquella situación por el desconocimiento de quien alega haber estado en reiteradas audiencias de naturaleza constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa imputación formal de 10 de mayo de 2022, emitida contra Manfred Flores Canaza -hoy accionante- y otros, por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves, y tenencia y porte o portación ilícita, en la que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva del nombrado (fs. 2 a 15). II.2. Consta acta de audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 11 de mayo de 2022, en la que se emitió el Auto Interlocutorio de la misma fecha, disponiéndose la detención preventiva del impetrante de tutela por el lapso de seis meses, decisión que fue apelada incidentalmente en audiencia (fs. 16 a 23 vta.). II.3. Mediante Auto de Vista 121 de 19 de mayo de 2022, Juan Carlos Ramírez Flores, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora accionado-, declaró parcialmente procedente el recurso de apelación incidental interpuesto, en cuanto a que evidentemente se enervó el peligro procesal inmerso en el art. 234.4 y 7 del CPP, el último numeral solo respecto al peligro efectivo para la víctima, quedando latentes los demás riesgos procesales (fs. 24 a 35 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, así como los principios de equidad y razonabilidad; debido a que, dentro del proceso penal que se le sigue, el Juez de primera instancia dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses, decisión impugnada a través del recurso de apelación incidental que fue resuelto por el Vocal accionado mediante el Auto de Vista 121, mismo que carece de una debida fundamentación, motivación, congruencia, y valoración probatoria, por cuanto: 1) No se observó el deber de individualización en la fundamentación fáctica, probatoria y jurídica conforme al art. 233.1 del CPP, ya que, el mencionado Auto de Vista, respecto a los hechos atribuidos a su persona, no realiza una compulsa lógica entre los hechos acontecidos y su participación en cada uno de ellos, para que se concluya en la probabilidad de autoría o que sea partícipe del hecho investigado, tomando en cuenta que existen varios imputados; 2); No se efectuó una correcta valoración e interpretación de la prueba presentada respecto al riesgo de fuga en su elemento domicilio, puesto que, no se tomó en cuenta el folio real presentado, las cédulas de identidad de sus hermanos, ni el certificado de matrimonio de sus padres que adjuntó, donde se consigna el domicilio que señaló en su declaración informativa; dando más valor a un informe emitido por el funcionario policial asignado al caso en el que se refirió que el citado domicilio no contaba con numeración y que consultando a los vecinos, le informaron que no lo conocían, por lo que, no pudo efectuar la verificación; además, el precitado fallo de alzada asumiendo una atribución extra petita alegó que respecto a dicho domicilio no se tenía precisión y que al tratarse de un lote de terreno no contaba con las características de habitabilidad y habitualidad soslayando que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público; y, 3) No se tomó en cuenta que los peligros de fuga y obstaculización tienen autonomía respecto a los hechos que se investigan, ello debido a que, la SCP 0056/2014, es específica al establecer que para acreditar el peligro efectivo para la sociedad previsto por el art. 234.7 del CPP, tendría que tener una sentencia condenatoria anterior debidamente ejecutoriada; además, debe considerarse que los hechos que se investigan por ningún motivo pueden operar como consonante o derivación para acreditar algún numeral de los arts. 234 y 235 del mismo Código. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de congruencia como elemento constitutivo del debido proceso

Sobre el particular, la SCP 0619/2018-S1 de 11 de octubre, reiterando los entendimientos asumidos de la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, sostuvo que: “Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: ‘la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, (…); ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión’” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. El debido proceso y sus elementos de fundamentación y motivación

La SCP 0559/2020-S3 de 16 de septiembre, asumiendo los entendimientos de la SCP 0753/2019-S1 de 26 de agosto, que recoge a su vez el desarrollo efectuado por la jurisprudencia constitucional sobre estos elementos del debido proceso, establece que: «La SCP 1250/2015-S3 de 9 de diciembre, sobre este particular señaló: “El derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el art. 115.II de la CPE, el cual dispone: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’, a su vez, el art. 117.I de la misma Norma Suprema, señala: ‘Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…’. ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras’. (…)”. …Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: “…la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática"; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos de hecho por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan. Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos fácticos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas relevantes del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión, así en el caso concreto de un proceso penal, la fundamentación se constituye en una garantía de observancia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los ciudadanos de ser juzgados por las normas vigentes que rigen los procesos a los cuales están sometidos» (las negrillas son añadidas).

III.3. Análisis del caso concreto

Determinado como se tiene el objeto procesal de esta acción tutelar, es preciso contextualizar la situación fáctico procesal, para lo cual corresponde remitirse a los antecedentes que cursan en el expediente, teniendo así, imputación formal emitida contra Manfred Flores Canaza -hoy accionante- y otros, por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves, y tenencia y porte o portación ilícita, en la que se solicitó la detención preventiva del nombrado (Conclusión II.1), posterior a ello, en audiencia de consideración de medidas cautelares, se pronunció el Auto Interlocutorio de 11 de mayo de 2022, por la que se dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela por el lapso de seis meses, decisión que fue apelada en dicho acto procesal (Conclusión II.2), y resuelta mediante Auto de Vista 121 de 19 de igual mes y año, emitido por Juan Carlos Ramírez Flores, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora accionado-, quien declaró parcialmente procedente el recurso de apelación incidental interpuesto, en cuanto a que evidentemente se enervó el peligro procesal inmerso en el art. 234.4 y 7 del CPP, el último numeral solo respecto al peligro efectivo para la víctima, quedando latentes los demás riesgos procesales (Conclusión II.3). Detallados los antecedentes del caso, y al haberse denunciado en lo principal la falta de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, corresponde previamente precisar que el análisis al respecto, se centrará solo en lo que respecta al ahora accionante y los argumentos fáctico argumentativos expuestos sobre el mismo, y no sobre lo referido en cuanto a los demás imputados al no ser parte procesal en esta acción de defensa; asimismo dicho análisis, en cuanto a la exposición de agravios en alzada, partirá de los argumentos plasmados en la acción de libertad que -según el impetrante de tutela- no fueron reparados por el Vocal accionado, y que son coincidentes con lo referido en el primer Considerando del Auto de Vista 121, debido a que no se cuenta con el “CD” en el que se consignó los fundamentos de las partes intervinientes en la audiencia de apelación -aspecto que será considerado más adelante-; ello a fin de no dilatar la resolución de la presente causa al tratarse de una persona privada de libertad. En ese sentido a continuación corresponde exponer el agravio planteado y la respuesta o argumentación realizada por el Vocal accionado en dicho fallo y que lo llevaron a asumir la determinación ahora cuestionada, para a continuación efectuar el contraste de verificación del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba: i) El deber de individualización en la fundamentación fáctica, probatoria y jurídica conforme al art. 233.1 del CPP

Sobre este punto, el accionante alegó que no se efectuó una relación individualizada de los hechos y el grado de participación en estos de cada uno de los imputados, pues se hizo una relación generalizada de las circuntancias en las que se desarrollaron dichos hechos, sin considerar que no individualizar su participación significaría que todos tuvieron el mismo grado de participación e igual actuación en los ilícitos endilgados, aspecto que es improbable, consecuentemente no se observó lo previsto por el art. 233.1 del CPP. Al respecto, el Vocal accionado, a tiempo de emitir el Auto de Vista 121, efectuó una relación de los hechos detallados en la imputación formal, alegando la existencia de indicios de la probable autoría del ahora accionante en los hechos suscitados el 9 de mayo de 2022, respecto a los delitos de homicidio, lesiones graves y leves, y tenencia y porte o portación ilícita; toda vez que, en la fecha señalada el nombrado se encontraba en el coliseo universitario donde se realizaba una asamblea estudiantil con la participación de aproximadamente novecientas a mil personas, en la que con la finalidad de “truncar” la convocatoria a elecciones de la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), uno de los imputados entregó al hoy impetrante de tutela una granada de gas lacrimógeno adquirida un día antes, que una vez activada por otro de los imputados fue lanzada a la tarima dispersándose por todo el coliseo, lo que provocó una avalancha humana que derivó en la muerte de cuatro estudiantes de sexo femenino y varias personas heridas internadas con diagnóstico reservado. El Juez de la causa analizó cada uno de los elementos presentados por el Ministerio Público, consistentes en informes de acción directa, inspección al lugar de los hechos y declaraciones testificales que acreditaron que el ahora accionante al momento de salir del coliseo manifestó que “…no le pueden hacer nada porque la Universidad es Autónoma…” (sic); de acuerdo a dichos elementos de prueba el Ministerio Público aplicó el “…art. 20 del Código punitivo de la materia…” (sic), indicando que son autores quienes realizan el hecho por sí solos y si bien existen una serie de contradicciones en las declaraciones informativas de los imputados, es razonable, debido a que cada uno defenderá su posición y buscará no ser investigado en el hecho en el que cuatro personas perdieron la vida, por lo que, el Vocal accionado entendió que existió una subsunción en cuanto a los hechos tomando en cuenta el art. 302.4 del CPP, que prevé que el Ministerio Público debe tener suficientes indicios simplemente a efectos de acreditar la participación de los imputados en los hechos, vinculados a la probabilidad de autoría, por lo que, no advirtió lesión alguna a derechos, puesto que, se acreditó con elementos suficientes la existencia del requisito sustancial de subsunción en la probabilidad de autoría del imputado -ahora impetrante de tutela-. Además, el nombrado, no planteó ningún incidente en la audiencia de medidas cautelares -se entiende respecto a la imputación formal-.

Sobre este punto y efectuada la precisión de lo manifestado por el Vocal accionado en el Auto de Vista 121, se tiene que, si bien no consta que se haya realizado una relación de los hechos en acápites diferentes para cada uno de los imputados, es evidente que, la autoridad accionada, delimitó y detalló de manera clara, motivada y conforme a los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y a lo analizado por el Juez de primera instancia, el grado de participación de cada uno de los implicados en los hechos suscitados el 9 de mayo de 2022, cuando se realizaba la asamblea estudiantil en el coliseo universitario con la finalidad de aprobar la convocatoria a elecciones de la FUL en la UATF, especificando conforme a los informes emitidos en cuanto a la relación circunstanciada de los hechos y la inspección de lugar donde se produjeron los mismos, además de las declaraciones testificales, la actuación que tuvo el accionante al presuntamente lanzar a la tarima la granada de gas lacrimógeno activada por otro de los imputados, que se expandió y provocó una avalancha humana que causó el fallecimiento de cuatro personas y varios heridos, en ese sentido, la autoridad accionada en la correcta dimensión de lo cuestionado, de manera motivada y fundamentada explicó que efectivamente se cumplió y observó el art. 302.4 del CPP, en directa vinculación al art. 233.1 del citado Código referido al requisito sustancial material o probabilidad de autoría, pues se estableció la participación del accionante en los hechos que derivaron en la calificación provisional de los delitos que se le endilgan, ante la existencia de los suficientes elementos de convicción que son indicios y no pruebas plenas considerando la etapa en la que se encontraba el proceso penal del cual deviene esta acción tutelar. Por lo detallado, en cuando a dicho punto corresponde denegar la tutela, al no ser evidente la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista 121, advirtiédnose además al respecto, un hilo conductor entre el agravio expuesto, la respuesta otorgada de forma motivada y el sustento normativo sobre este requisito procesal, lo que evidencia a su vez congruencia en el fallo emitido. ii) Valoración e interpretación correcta en cuanto a la prueba presentada respecto al riesgo de fuga en su vertiente domicilio -art. 234.1 del CPP-

El impetrante de tutela alegó que, adjuntó el folio real de una propiedad que corresponde a sus padres, así como cédulas de identidad suya y de sus hermanos en las que se consigna la dirección de su domicilio, certificado de matrimonio de sus padres y libreta de familia, con la finalidad de respaldar dicho folio real; sin embargo, se le habría otorgado más valor al informe del funcionario policial asignado al caso, que determina que constituido en la dirección indicada no pudo realizar la verificación de su residencia debido a la imprecisión de esta al no contar con numeración, y que al consultar con los vecinos estos alegaron no conocerlo, determinando con base en ese informe que su persona no cuenta con domicilio, por lo que, concurría el peligro procesal de fuga, omitiendo valorar toda la prueba adjuntada y emitiendo un fallo extra petita al mencionar, además, que por el referido folio real se evidenciaba la falta habitabilidad y habitualidad del mencionado domicilio. En cuanto a ese punto, el Vocal accionado estableció en el Auto de Vista 121, que con relación al accionante, el Juez de la causa indicó que en su declaración informativa el nombrado citó que su domicilio estaba ubicado en la calle Arenales zona Villa Méndez -se entiende de la ciudad de Potosí-; se presentó la SCP 0795/2014 de 25 de abril, así como el certificado del REJAP, libreta de familia, certificado de nacimiento del nombrado, certificado de matrimonio de sus padres, y folio real de un lote de terreno ubicado en Villa Méndez de propiedad de Juan Flores Barrios, documentación que hace referencia a que tendría familia; empero, el Ministerio Público no alegó que no tuviera familia, sino domicilio; asimismo, se tiene el informe del funcionario policial asignado al caso de 10 de mayo de 2022, que sostiene que hecha la verificación no se llegó a precisar el domicilio al ser la información muy genérica y no contar con numeración, y ante la consulta a los vecinos refirieron no conocer al imputado hoy impetrante de tutela; es ese sentido, si bien presentó folio real con relación a la existencia de un derecho propietario de un lote de terreno y no así de un “bien inmueble” -entiéndase vivienda o domicilio-, más allá de dicha prueba, el referido informe señala que el nombrado no pudo ser habido, por lo que, evidentemente no existe la habitabilidad y habitualidad en cuanto se refiere a los actos que se deben realizar “y tener” el domicilio correspondiente por parte del hoy accionante, por lo cual no se advierte agravio, considerando que el Juez a quo razonó conforme al art. 234.1 del CPP. Precisados los razonamientos expuestos por el Vocal accionado con relación a este punto, en lo que respecta a la supuesta incongruencia interna y externa, alegada por el accionante, al constituirse el Auto de Vista 121 en una resolución extra petita al haberse determinado que de acuerdo al folio real de un lote de terreno de propiedad de sus padres no concurría la habitabilidad y habitualidad del domicilio, cabe referir que, la citada autoridad accionada, en el marco de sus facultades, efectuó la labor de valoración de la prueba, ahora extrañada por el impetrante de tutela, analizando los elementos probatorios adjuntados por este como prueba de descargo, así, en cuanto al folio real que consigna el derecho propietario de un lote de terreno a nombre de Juan Flores Barrios -padre del nombrado-, determinó, que justamente por tratarse de un lote de terreno y no un “bien inmueble” -entendiéndose una vivienda o domicilio-, no reunía las condiciones de habitabilidad y habitualidad que son elementos constitutivos del domicilio, esto es, que el inmueble sea habitable y en consecuencia sea esa su residencia habitual; consecuentemente, el Vocal accionado, efectuó una valoración extensiva e integral de la prueba de descargo presentada, refiriendo sobre los documentos adjuntados por el imputado -ahora peticionante de tutela-, que los mismos demostraban el elemento familia, que no se encontraba cuestionado o en duda por el Ministerio Público, sino que dicha instancia fiscal observó el elemento domicilio, mismo que no habría sido comprobado con el documento referido al folio real presentado, conforme se precisó precedentemente, y tampoco se pudo establecer dicho domicilio de acuerdo al informe emitido por el funcionario policial asignado al caso, concluyendo el Vocal accionado, de acuerdo a su sana crítica y de forma coincidente a los argumentos del Juez de primera instancia, que efectivamente no se acreditó la existencia de domicilio y menos que el folio real del inmueble con el que pretendió demostrar que si contaba con domicilio tenga las condiciones de habitabilidad y habitualidad, de lo que se infiere que no es evidente un pronunciamiento extra petita, más aún si se considera que si bien el art. 398 del CPP, determina que los tribunales de alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, estableciendo una limitación de actuación jurisdiccional a estos; sin embargo, cuando de medidas cautelares de carácter personal se trata, este parámetro de ejercicio judicial encuentra una facultad eventualmente extensiva vinculada a la valoración integral de las circunstancias, de lo cual, la aplicación taxativa de este precepto legal por el efecto específico de la imposición, modificación o vigencia de las referidas medidas cautelares permite y faculta al juzgador, que a tiempo de resolverlas despliegue toda una labor de conocimiento fáctico como jurídico a objeto de asumir una decisión que no necesariamente se encuentre restringida a los puntos de agravio deducidos, pues esa labor en los hechos está enmarcada a una valoración y razonamiento motivacional integral, tal como acurrió en el caso concreto. Lo desarrollado precedentemente, tiene sustento en la jurisprudencia constitucional plasmada en la SCP 1134/2019-S1 de 28 de noviembre, que haciendo un interpretación del art. 398 del CPP determina que: “De la norma legal precedente, de manera general es posible concluir que los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática…”, entendiéndose que, al momento de efectuar la revisión del recurso de apelación incidental, el Tribunal de alzada no puede limitarse a resolver lo estrictamente cuestionado por las partes, cuando el caso se trata de la imposición o modificación de medidas cautelares, más aún si, respecto a la valoración de los elementos probatorios presentados, se evidencia alguna otra circunstancia no cuestionada pero que en definitiva aporte a los fundamentos para tomar una determinada decisión, teniendo la facultad de valorar de forma integral la prueba y cualquier otro elemento, de modo que la resolución pronunciada tenga el sustento requerido para otorgar certeza a las partes procesales. De lo expuesto, no se evidencia que se haya realizado una valoración irrazonable de la prueba presentada ni que se haya emitido una resolución extra petita, por lo que, sobre este punto, corresponde denegar la tutela impetrada. iii) Autonomía procesal y sustancial respecto al riesgo de fuga u obstaculización vinculado a la vertiente peligro efectivo para la sociedad -art. 234.7 del CPP-, en cuanto a los hechos que se investigan

El peticionante de tutela, en cuanto a este aspecto refirió que el Vocal accionado realizó un resumen de cómo se produjeron los hechos y las circunstancias en las que acontecieron estos, precisando cómo empezó y finalizó la tragedia, vinculando esos hechos investigados con la concurrencia del peligro procesal de fuga en su elemento peligro efectivo para la sociedad, efectuando una mera presunción abstracta sin mencionar que existe basta jurisprudencia que determina cómo acreditar ese peligro procesal y sin considerar que los mencionados hechos investigados jamás pueden operar como consonante para concluir en la concurrencia de algún riesgo procesal.

Sobre este punto el Vocal accionado precisó que, “…evidentemente en cuanto se refiere a este hecho a efectos de ponderar o viabilizar ponderación de derechos debe tomarse en cuenta con relación a qué clase de hecho delictivo el Ministerio Público está investigando está investigando un hecho delictivo de violación, abuso sexual?, qué clase de hecho delictivo está investigando a efectos de la aplicación de la ley 348 del Código Procesal Penal en cuanto se refiere en especial a este extremo es decir analizar y ponderar es un hecho delictivo de feminicidio qué clase de hecho delictivo a efectos de acreditar en cuanto se refiere a que existan 4 personas fallecidas y existan en todo caso inclusive personas lesionadas que inclusive se encuentran en todo caso internadas las mismas, vamos a analizar el art. 234 en su numeral 7 con relación al hecho que ha generado el juez a quo de manera puntual y concreta que había avisado en su vertiente peligro efectivo para la sociedad, cuáles son las circunstancias que han generado este hecho, cómo se ha suscitado el hecho y qué daño ha causado este hecho a la sociedad por qué debemos de entender algo importante tanto imputados como parte víctima son componentes de la sociedad y evidentemente el Ministerio Público en base a su ley el art. 225 de Constitución Política del Estado son protectores de la sociedad tanto de los imputados como de las víctimas a efectos de la aplicación de una investigación objetiva en la comisión de este hecho y generar una responsabilidad a los verdaderos autores de la comisión de este hecho delictivo como se habrían suscitado estos hechos (…) a efectos de enunciar que se trunque o se va a truncar algo que le beneficie en su interés de ellos evidentemente han tenido que asumir algunas acciones a efectos de ir a comprar este gas lacrimógeno con qué finalidad no es con la finalidad de hacer negocio comercializar el mismo si no tenía un fin una finalidad una característica esencial de tratar de truncar también esas reunión esa asamblea de la FUL bajo dichas circunstancias había una intencionalidad una circunstancias o efectos de acreditar en todo caso a sabiendas ellos de que en esta reunión de la FUL (…) El hecho de cambiar a sus autoridades de que un tiempo a esta parte ha ido a viabilizar el hecho de que genere ciertos tipos de corrupción y demás en cuanto se refiere a dichas permanencias constantes anualizadas y es de más de mucho tiempo en dicha dirigencia evidentemente ellos han generado y han comprado (…) este gas lacrimógeno a efectos de poder utilizarlo el mismo y lo han utilizado y se ha atentado además se ha generado un hecho de que 4 personas mujeres universitarias estén fallecidas hoy en día ya no están con nosotros y que exista en todo caso en base a esas circunstancias dolor en sus familiares, más allá de eso también se ha causado lesiones a otras personas que se han constituido en el lugar qué quiere decir esto que en todo caso de este la percepción entiendo del juez a quo así como también del sujeto vocal es el hecho que la característica circunstancias de la comisión de este hecho había a viabilizado pues de que estas personas estando en libertad irrestricta o imposible de una libertad determinada con el art. 231 bis del código procesal penal han atentado pues de alguna manera contra toda esos estudiantes de 800, a 1000 personas que estaban en ese lugar bajo dichos extremos el suscrito Vocal tiene la misma percepción que ha generado el juez a quo es decir que existe en todo caso un peligro efectivo para la sociedad, no advirtiéndose agravio alguno” (sic). De lo precisado precedentemente, se puede establecer que sobre este punto el Auto de Vista 121, si bien de inicio efectúa una relación circunstanciada de los hechos acontecidos el 9 de mayo de 2022, en la asamblea estudiantil convocada con la finalidad de aprobar la convocatoria a elecciones de la FUL de la UATF, hace énfasis en la intencionalidad que tuvieron los imputados -cuya participación ya individualizó al momento de analizar la concurrencia del requisito establecido en el art. 233.1 del CPP- en “truncar” la mencionada asamblea en vista a que no les era favorable a sus intereses, traduciendo esa intencionalidad en que en primera instancia se adquirió la granada de gas lacrimógeno -un día antes-, y posteriormente activada la misma fue lanzada a la tarima -donde se presidia la mencionada asamblea-, expándiéndose a todo el coliseo provocando una avalancha humana que derivó en la muerte de cuatro estudiantes de sexo femenino además de varias personas lesionadas, concluyendo después de hacer énfasis en esos hechos que por las circunstancias en las que se generaron los mismos y las consecuencias y repercusiones que tuvieron, el accionante evidentemente se constituiría en un peligro efectivo para la sociedad, en virtud a ello, este Tribunal considera que, de la revisión del Auto de Vista 121, no es evidente la falta de motivación, pues la autoridad judicial ahora accionada explicó de manera concreta, porqué a su criterio y de una valoración integral de las circunstancias, concurría el aludido riesgo procesal, y con base en los elementos de convicción objetivos de la investigación recolectados por el Ministerio Público y no a apreciaciones subjetivas, determinó que concurría el art. 234.7 del CPP. Además de ello, y conforme lo refirió el impetrante de tutela, para establecer la concurrencia del peligro efectivo para la sociedad como elemento del riesgo de fuga, debe tenerse en cuenta los principios de razonabilidad y equidad, que conforme lo detallado precedentemente, fueron observados por el Vocal accionado, cuando hizo alusión a las consecuencias que derivaron de los hechos acontecidos -fallecimiento de cuatro estudiantes y varias personas lesionadas- y sobre todo la intencionalidad y el fin buscado con los hechos producidos, tomando en cuenta el bién jurídico mayor que se intenta proteger que es la vida y la integridad física. Asimismo, es necesario hacer referencia a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales adjuntadas a esta acción tutelar por el accionante, que hacen alusión a la SCP 0056/2014 que se emitió dentro de una acción de inconstitucionaliad concreta que analiza la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP, -cuyo contenido normativo, por las modificaciones a la norma, se encuentra ahora en el numeral 7-, concluyendo que este no lesiona el derecho a la presunción de inocencia estableciendo que esa norma no sindica como culpable al imputado del ilícito que se le juzga, y si bien hace alusión que para la concurrencia de ese riesgo procesal debe existir una sentencia condenatoria anterior debidamente ejecutoriada, dicho análisis no es restrictivo, pues como la misma Sentencia Constitucional Plurinacional refiere “…supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde las perspectiva de las personas y los hechos , por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad…” (las negrillas y subrayado son añadidas), tal como ocurrió en el presente caso, ya que el Vocal accionado, más allá de considerar el certificado del REJAP, tomó en cuenta de forma integral todos los elementos de convicción y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos para asumir la decisión de mantener latente ese peligro procesal. A partir de ello se tiene que el Vocal accionado, efectuó un desarrollo motivado y fundamentado sobre el sustento jurídico que avala el análisis integral de la concurrencia del art. 234.7 del CPP respecto al accionante, pues el Auto de Vista 121, contiene un examen lógico y coherente con relación a los elementos de sustento fáctico en subsunción al peligro procesal y su concurrencia, en función a que en el caso concreto existen personas fallecidas y otro número de personas lesionadas a consecuencia de la exposición al gas lacrimógeno que presuntamente hubiera sido lanzado por el impetrante de tutela que provocó la avalancha humana, y su participación en los actos previos y preparatorios a dichos hechos, sustento fáctico y de derecho que permiten concluir que no es evidente la lesión a los derechos a la presunción de inocencia ni al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación.

En suma, del análisis constitucional efectuado respecto a los tres puntos de reclamo precedentes, se concluye que, la autoridad accionada emitió el Auto de Vista 121, cumpliendo con la suficiente motivación y fundamentación, realizando una correcta precisión de los hechos, puntualizando los motivos por los que se mantendría latente el peligro procesal de fuga en sus elementos domicilio y peligro efectivo para la sociedad, así como concurrente el requisito previsto en el art. 233.1 del CPP, citando normativa penal pertinente para sustentar sus fundamentos, y efectuando un análisis integral de los antecedentes y elementos de prueba, evidenciándose así que dicha autoridad cumplió con lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional que establece que la fundamentación es entendida como la estructura jurídico legal que sustenta los entendimientos de derecho expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas relevantes del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento y que entiende a la motivación como la justificación razonada fáctica de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión, vinculado ello en el presente caso a la valoración integral de la prueba y circunstancias concurrentes; correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada.

III.4. Otras consideraciones

Resuelta como se encuentra la problemática venida en revisión, es menester hacer hincapié en la falta de remisión del acta de audiencia de consideración de apelación incidental de medidas cautelares, o en su caso el “CD” en el que, conforme al Auto de Vista 121, se encontraban plasmados los agravios expuestos por los apelantes, siendo importante los referidos en este caso, a fin de poder contrastar los mismos con la decisión asumida, incumpliendo lo previsto por el art. 126.IV de la CPE, en concordancia con lo señalado por el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establece que se deben remitir ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, todos los antecedentes inherentes a la acción de defensa, omisión que eventualmente hubiera implicado la suspensión de plazos procesales para el cumplimiento de dicho requisito; sin embargo, en el caso, al tratarse la acción tutelar de una persona privada de libertad, y salvarse esa situación con el primer Considerando del Auto de Vista cuestionado y su relación con los agravios expuestos por el apelante en su demanda que coincidirían con los expuestos en la apelación, no se procedió de esa manera; sin perjuicio de ello, corresponde exhortar al Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías para que en lo futuro observe tal aspecto y no incurra en dichas omisiones. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque en parte con distintos fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 9 de junio, cursante de fs. 82 a 97 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia:

1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a las razones y fundamentos fáctico jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º Exhortar a Johnny Germán Buhezo Choque, Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, conforme las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4, precedente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0231_2024-S2.pdf · páginas 1 a 29.

Huella digital del PDF (SHA-256): 63230d942e5efe5740a34a3f983d3284633e936192581e3cca71bad7f9db733c

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