Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 2 de mayo de 2023
Concede la tutela
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en sus elementos igualdad de partes, defensa material y técnica; así como, los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia, vinculado a sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia; debido a que, el Vocal demandado, llevo a cabo y resolvió el recurso de apelación a la cesación de su detención preventiva planteado por la parte denunciante, determinando revocar la cesación otorgada por el a quo, pese a su incomparecencia a la misma, cuando por ello correspondía suspender dicho verificativo y declarar su rebeldía; por lo que, al obrar en contrario, lo dejó en estado de indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 12/2021 de “15” de diciembre, cursante de fs. 41 a 42 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 50 de 11 de febrero de 2021, pronunciado por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; por consiguiente, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación con el presente fallo constitucional, dicha Sala, celebre la audiencia de consideración a la apelación de cesación a la detención preventiva referida en la problemática planteada, y sea conforme a lo establecido en los Fundamentos Jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; siempre y cuando, la situación jurídica del accionante no hubiese cambiado por el transcurso del tiempo, a fin de evitar disfunciones procesales.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0231/2023-S4 Sucre, 2 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 44811-2022-90-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 12/2021 de “15” de diciembre, cursante de fs. 41 a 42 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Arroyo Arévalo en representación sin mandato de Juan Gabriel Pardo Mariscal contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 14 de diciembre de 2021, cursante de fs. 32 a 33 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato; manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de José Eduardo Pérez Rivera en su contra y de otra, por la presunta comisión de los delitos de estafa, estelionato y uso de instrumento falsificado, el 26 de diciembre de 2019, se llevó a cabo la audiencia de consideración a la cesación de su detención preventiva, actuado en el que se le concedió dicha cesación aplicándole en su lugar otras medidas cautelares personales; motivo por el que, la parte denunciante planteó recurso de apelación contra tal decisión; mismo, que fue resuelto por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandado–, mediante Auto de Vista 50 de 11 de febrero de 2021, determinando declarar admisible y procedente el recurso indicado, revocando en consecuencia, el fallo impugnado; y, por ende, la cesación otorgada; empero, para esta determinación no consideró que su persona no fue notificado con el señalamiento del verificativo de apelación; tal como, se demuestra en el acta de la audiencia referida, donde la abogada Gabriela Guadalupe García Candia; manifestó que, se la notificó en su lugar pero que la misma le había retirado su patrocinio; por lo que, no se encontraba presente en ese verificativo; pese a ello, el Vocal demandado continuó con la audiencia, cuando lo que correspondía era suspenderla, designarle un defensor de oficio y en su caso librar un mandamiento de aprehensión a efecto de su comparecencia; más aún, cuando ordenó revocar las medidas cautelares personales dispuestas por el a quo a su favor, disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Santa Cruz “Palmasola”, bajo un procesamiento indebido.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en sus elementos igualdad de partes, defensa material y técnica; así como, los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia, vinculado a sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 115, 117.I, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el acta de audiencia de apelación a la cesación a la detención preventiva y Auto de Vista 50, ambos de 11 de febrero de 2021, ordenando a la autoridad demandada emita un nuevo fallo resolviendo el recurso de apelación interpuesto por la parte civil, sea respetando el derecho al debido proceso y cumpliendo con las formalidades previstas por ley.
Celebrada la audiencia virtual el 16 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 39 a 40 vta., presente el representante sin mandato del solicitante de tutela y ausente el Vocal demandado; se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, por medio de su representante sin mandato en audiencia, se ratificó in extenso en los argumentos vertidos en su demanda de acción de libertad; y, ampliándolos señalo que, fue su apoderado legal quien le retiró su patrocinio en la audiencia cuestionada y que de manera extraña el Vocal demandado permitió a una abogada hacer uso de la palabra en ausencia de su persona como sindicado.
Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de esta acción tutelar ni presentó informe alguno pese a su notificación cursante a fs. 36.
La Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, a través de la Resolución 12/2021 de “15” de diciembre, cursante de fs. 41 a 42 vta., denegó la tutela impetrada; fundamentando que, la presente acción de defensa no se adecua a los presupuestos de activación de la acción de libertad; toda vez que, no existió estado de indefensión, al constar que en la audiencia ahora cuestionada, la abogada del sindicado hizo uso de la palabra a objeto de oponerse a los agravios realizados por la parte denunciante, ejerciendo así la defensa técnica del mismo, verificándose además que este tenía conocimiento del verificativo según lo expresado por su propia abogada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta acta de audiencia de apelación a la cesación a la detención preventiva de 11 de febrero de 2021, celebrada por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandado–, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de José Eduardo Pérez Rivera, en contra de Juan Gabriel Pardo Mariscal –hoy accionante–, por la presunta comisión de los delitos de estafa y uso de instrumento falsificado; dictándose en dicho verificativo, el Auto de Vista 50 de la misma fecha; por medio del cual, se declaró admisible y procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte civil, revocando en consecuencia el Auto Interlocutorio de 26 de diciembre de “2029”; y, por ende, la cesación a la detención preventiva dispuesta por dicho fallo a favor del sindicado (fs. 26 a 28; y, 28 a 30).
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en sus elementos igualdad de partes, defensa material y técnica; así como, los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia, vinculado a sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia; debido a que, el Vocal demandado, llevo a cabo y resolvió el recurso de apelación a la cesación de su detención preventiva planteado por la parte denunciante, determinando revocar la cesación otorgada por el a quo, pese a su incomparecencia a la misma, cuando por ello correspondía suspender dicho verificativo y declarar su rebeldía; por lo que, al obrar en contrario, lo dejó en estado de indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, la SCP 0052/2021-S4 de 27 de abril; estableció que: “La Constitución Política del Estado, como Ley Fundamental ha consagrado que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’ (art. 115.II); así como, que ‘Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios’ (art. 119.II); en ese marco, la jurisprudencia constitucional, en la SCP 0002/2020-S4 de 9 de enero, entre otras, sobre el derecho a la defensa en el proceso penal, estableció que: ‘Con referencia al derecho a la defensa (…) la Norma Suprema, instituye que toda persona tiene el derecho a la defensa; por su parte la doctrina y la jurisprudencia constitucional desarrollada al respecto señalan que el derecho a la defensa tiene dos dimensiones: La defensa material y la defensa técnica, la primera es aquella que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal, posibilitándole realizar todos los actos que le permitan excluir o atenuar la reacción penal estatal; en tanto que la segunda dimensión, está referida al derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del proceso hasta su conclusión. En ese contexto la SCP 0743/2018-S4 de 6 de noviembre, sostuvo: «El extinto Tribunal Constitucional sobre el derecho a la defensa en la SC 0887/2010-R de 10 de agosto, indicó lo siguiente: `En el orden constitucional, no obstante que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las garantías del debido proceso, ha sido consagrado en forma autónoma, precisando de manera expresa en el art. 16.II de la CPE abrg. que «El derecho a la defensa en juicio es inviolable» y en el art. 115.II de la CPE, que: «El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones». Preceptos que resaltan esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente. Sobre el particular, en la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, refiriéndose al derecho a la defensa, identificó dos connotaciones: «La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio»;
A su vez la SCP 0567/2012 de 20 de julio, estableció que: «El derecho a la defensa irrestricta, que su vez es componente del debido proceso, se halla reconocido por el art. 115.II de la CPE, cuando señala que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…’ (…) El derecho a la defensa irrestricta, es un elemento esencial del proceso sancionatorio. Es uno de los mínimos procesales que necesariamente debe concurrir en cualquier procedimiento sancionatorio, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales a favor del administrado en procura de efectivizar en todos los casos un proceso justo…».
Por su parte, la SCP 0155/2012 de 14 de mayo; señaló que: «…dentro del sistema jurídico diseñado por la Constitución Política del Estado, se ha establecido el reconocimiento del bloque de constitucionalidad integrado por los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos (arts. 256 y 410.II de la CPE), entre ellos se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Bolivia mediante Decreto Supremo (DS) 18950 de 17 de mayo de 1982, (elevado a rango de Ley 2119 promulgada el 11 de septiembre de 2000), establece el derecho fundamental de toda persona sometida a proceso, sujeto a una serie de garantías mínimas, entre las que se encuentra reconocida la defensa material, expresada como el derecho: ‘A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección, a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo; y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo’.
…el derecho a la defensa: ‘…tiene dos dimensiones: a) La defensa material: que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal -desde el primer acto del procedimiento-, de modo que siempre pueda realizar todos los actos que le posibiliten excluir o atenuar la reacción penal estatal; principio que está garantizado por la existencia del debate público y contradictorio; y, b) La defensa técnica, consiste en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena…’. Asimismo y con el fin de hacer efectiva la garantía de contar con un defensor, mediante Ley 2496 de 4 de agosto de 2003, se ha creado el Servicio Nacional de Defensa Pública, con la finalidad de garantizar la inviolabilidad de la defensa del imputado. Al respecto y según la opinión de Jorge Eduardo Vásquez Rossi, se puede decir que si bien es importante la defensa material del imputado, la defensa técnica sigue constituyendo, la más efectiva garantía para el resguardo de sus derechos, sea que se ejerza por el abogado de su confianza, abogados de Defensa Pública o el defensor de oficio, sostiene que en el art. 9 del actual Código Adjetivo, le otorga prevalencia a la defensa técnica al declarar su carácter irrenunciable, ya que con similares características se encuentra contenida y regulada en los arts. 92 y 94 del CPP; asimismo afirma que, su inobservancia, conforme a lo establecido por el art. 100 del mismo Código, no sirve para fundar ninguna decisión contra el imputado. En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica y la defensa material, se encuentran estrechamente relacionadas, puesto que para asumir el derecho a la defensa, el imputado tiene la posibilidad de que ambas puedan concurrir al mismo tiempo durante el desarrollo de todo el proceso penal, pues nadie puede ser condenado, sin ser previamente oído y juzgado en proceso legal; sin embargo, la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente…»’. A su vez, el adjetivo penal, con sus respectivas modificaciones efectuadas por la Ley 1173 –Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, de 3 de mayo de 2019–, con relación al derecho a la defensa, entre otros preceptos, determino los siguientes:
Artículo 8 (Defensa material).- El imputado, sin perjuicio de la defensa técnica, tendrá derecho a defenderse por sí mismo, a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas. Artículo 9 (Defensa Técnica).- Todo imputado tiene derecho a la asistencia y defensa de un abogado desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. Este derecho es irrenunciable. La designación del defensor se efectuará sin dilación ni formalidad alguna, desde el momento de la detención, apresamiento o antes de iniciarse la declaración del imputado. Si consultado el imputado, no lo elige o el elegido no acepta inmediatamente el cargo, se le nombrará de oficio un defensor.
Artículo 113. (AUDIENCIAS). (…)
II. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código. Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, la jueza o el juez librará mandamiento de aprehensión, únicamente a efectos de su comparecencia. Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio. La jueza, el juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el Artículo 105 del presente Código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para fines de registro. Si el querellante, de manera injustificada, no comparece a la audiencia solicitada por él o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonado su planteamiento. La incomparecencia del fiscal será inmediatamente puesta en conocimiento del Fiscal Departamental para la asignación de otro, bajo responsabilidad del inasistente. En ningún caso la inasistencia del fiscal podrá ser suplida o convalidada con la presentación del cuaderno de investigación. La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes. Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad. En ningún caso podrá disponerse la suspensión de las audiencias sin su previa instalación. La jueza, el juez o tribunal podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo mediante videoconferencia precautelando que no se afecte el derecho a la defensa, debiendo las partes adoptar las previsiones correspondientes, para garantizar la realización del acto procesal’.
Concluyendo que tanto el constituyente; así como el legislador –más aún en materia sancionadora–, ha consagrado el derecho a la defensa como elemento fundamental, imprescindible e irrenunciable, es decir, que ni la propia voluntad del justiciable puede ser óbice para el efectivo ejercicio del mismo, delegando el resguardo y la obligación de su cumplimiento a toda autoridad judicial e inclusive administrativa, ante la que se someta un proceso punitivo; máxime, si esa sanción afecta el derecho a la libertad de la persona” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
Precisada que fue la problemática planteada, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de José Eduardo Pérez Rivera, en contra de Juan Gabriel Pardo Mariscal –hoy solicitante de tutela–, por la presunta comisión de los delitos de estafa y uso de instrumento falsificado, el 11 de febrero de 2021, se llevó a cabo la audiencia de apelación a la cesación a la detención preventiva, celebrada por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandado–; dictándose en dicho verificativo, el Auto de Vista 50 de la misma fecha; por medio del cual, se declaró admisible y procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte civil, revocando en consecuencia el Auto Interlocutorio de 26 de diciembre de “2029”; y, por ende, la cesación a la detención preventiva dispuesta por dicho fallo a favor del sindicado (Conclusión II.1).
En ese contexto, el accionante identificó la audiencia y el Auto de Vista referidos, como los actuados lesivos a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales ahora reclamados de tutela; alegando que, el Vocal hoy demandado, ante su incomparecencia a dicho verificativo, debió suspender el mismo y declarar su rebeldía; por lo cual, al obrar en contrario, lo dejó en estado de indefensión Ahora bien, el impetrante de tutela afirmó en su demanda de esta acción de libertad que no fue notificado con el señalamiento del verificativo de apelación y ante la renuncia de su abogado patrocinante en audiencia, debía asignársele un defensor de oficio; por lo que, al no observarse aquello por parte de la autoridad demandada, se encontraba en estado de indefensión (Antecedentes I.1.1); al respecto, de la lectura del acta de audiencia de 11 de febrero de 2021 (Conclusión II.1); se advierte que, lo indicado no coincide con los hechos plasmados en dicha acta; en la cual, si bien se evidencia que el abogado José Miguel Casia Castro, como apoderado legal del sindicado retiró su patrocinio de forma verbal en el referido verificativo; no obstante, la otra abogada presente por parte del acusado, Graciela Guadalupe García Estrada; señaló que, Juan Gabriel Pardo Mariscal, conocía de esa audiencia pero que se encontraba trabajando y que se contactó con éste para que vaya a la misma; haciendo uso de la palabra la profesional indicada en lo posterior, a nombre del sindicado, a efecto de refutar los agravios expuestos por la contraparte; en virtud de lo cual, se constata que la ausencia del acusado fue injustificada y deliberada. Sin embargo, debe tenerse presente que el objeto de la audiencia de 11 de febrero de 2021, ahora cuestionada, era la revisión de una resolución concerniente medidas cautelares y su sustitución –art. 403 inc. 3 del Código de Procedimiento Penal (CPP)–; por lo que, conforme a lo previsto por el art. 406 del adjetivo penal, en su tramitación el Vocal demandado debía observar para el desarrollo de la misma, los principios y reglas estipuladas en el art. 113 del referido Código; cuyo precepto, establece en su parágrafo II, que: “Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código. Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, la jueza o el juez librará mandamiento de aprehensión, únicamente a efectos de su comparecencia...” (las negrillas fueron añadidas); disposición a partir de la cual, la ausencia del acusado en el verificativo cuestionado, de modo alguno podía ser convalidada o permitida. En ese marco, corresponde remitirnos a la jurisprudencia desglosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, donde se estableció que el derecho a la defensa –comprendido en sus dos dimensiones: material y técnica, las cuales son indivisibles en materia penal–, es un elemento fundamental, imprescindible e irrenunciable en materia sancionatoria, lo que se traduce en que ni la propia voluntad del justiciable puede ser óbice para el efectivo ejercicio del mismo, delegando el resguardo y la obligación de su cumplimiento a toda autoridad judicial ante la que se someta un proceso punitivo, en todas las etapas del proceso sin excepción; es decir, desde el inicio hasta la conclusión del mismo; máxime, si esa sanción afecta el derecho a la libertad de la persona como en el caso de análisis; por lo que, ante la incomparecencia injustificada del sindicado, el Vocal demandado, como autoridad jurisdiccional a cargo de la celebración y resolución del actuado procesal respectivo a la impugnación a la cesación de la detención preventiva del ahora solicitante de tutela, tenía la obligación de observar lo estipulado por el art. 113.II del CPP, librando mandamiento de aprehensión contra el mismo, únicamente a efectos de su comparecencia; y, en caso de imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, señalar nueva audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; empero, de ningún modo ingresar a resolver el fondo de la situación jurídica del imputado, revocando en el caso, el Auto Interlocutorio que otorgó la cesación a la detención preventiva de éste; por lo que, al actuar el Vocal ahora demandado en contrario, lesionó el debido proceso en sus elementos a la defensa tanto material como técnica, vinculado al derecho a la libertad del accionante; en virtud de lo cual, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 12/2021 de “15” de diciembre, cursante de fs. 41 a 42 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 50 de 11 de febrero de 2021, pronunciado por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; por consiguiente, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación con el presente fallo constitucional, dicha Sala, celebre la audiencia de consideración a la apelación de cesación a la detención preventiva referida en la problemática planteada, y sea conforme a lo establecido en los Fundamentos Jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; siempre y cuando, la situación jurídica del accionante no hubiese cambiado por el transcurso del tiempo, a fin de evitar disfunciones procesales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0231_2023-S4.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): a5e6987dca279326d43616b2875c0fe80cb0bdfebf73adb10afb177c981d09ec
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