Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 14 de abril de 2023
Deniega la tutela
El solicitante de tutela, alega la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, congruencia, valoración de la prueba; y, el principio de seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí demandado, lo citó a una audiencia de consideración de su situación jurídica; sin embargo, sorpresivamente apartándose de su finalidad, resolvió una solicitud de ampliación a su detención preventiva efectuada por el Ministerio Público, que no fue puesta a su conocimiento mediante la correspondiente notificación, para luego sin mayor análisis sobre los medios probatorios y jurisprudencia constitucional que presentó con el objeto desvirtuar los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.1, 2 y 7 del CPP, agravar su situación jurídica; pronunciamiento que la Vocal codemandada se limitó a ratificar en audiencia de apelación incidental. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 005/2020 de 3 de julio, cursante de fs. 55 a 60 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; asimismo, se dimensiona los efectos del presente fallo constitucional, manteniendo firme y subsistente la determinación dispuesta por la Sala Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0231/2023-S1 Sucre, 14 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 34285-2020-69-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 005/2020 de 3 de julio, cursante de fs. 55 a 60 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Daniel Flores Llave contra María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera; y, Adhemar Amilcar Cabañero Ramírez, Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Por memorial presentado el 2 de julio de 2020, cursante de fs. 2 a 7 vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Ximena Cinthia Carmona Mamani por la presunta comisión del delito de violación, el 10 de noviembre de 2019 se celebró audiencia de consideración y aplicación de medidas cautelares personales determinándose su detención preventiva por la concurrencia de los presupuestos procesales establecidos en los arts. 233.1 y 2 en relación al 234.1, 2 y 7 del CPP del Código de Procedimiento Penal (CPP), ante la falta de acreditación de domicilio y trabajo. Es así que, después de varias suspensiones de audiencias señaladas para la consideración de su situación jurídica, el 1 de junio de 2020 en mérito de la implementación dispuesta por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, de señalar el plazo de vigencia de la medida extrema de detención preventiva, le notificaron para celebrar la mencionada audiencia, en la cual de forma arbitraria el Juez a quo -hoy demandado- consideró la solicitud de ampliación de dicha medida extrema -a petición del Ministerio Público-puesta a conocimiento de forma anterior a la supuesta víctima, mediante la notificación correspondiente y a su persona recién en dicho acto, lesionando la igualdad que debe regir en el proceso para las partes, pese a su reclamo, la citada autoridad jurisdiccional amplió la detención preventiva por el plazo de cuarenta y cinco días adicionales manteniendo además subsistentes los riesgos procesales anteriormente impuestos, no obstante la documentación presentada. Con la esperanza de corregir dicha vulneración a sus derechos, interpuso apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 1 de junio de 2020, llevándose a cabo la audiencia correspondiente el 18 del mismo mes y año, en la cual, la Vocal ahora demandada determinó a través de la emisión del Auto de Vista de 18 de junio de 2020, reducir el plazo de la medida cautelar a treinta días, empero no respondió a ninguno de los agravios apelados como son: a) La indefensión causada por la falta de notificación con la solicitud de ampliación de la detención preventiva, resolviéndose dicho aspecto de manera sorpresiva en la audiencia señalada para considerar su situación jurídica, petición que era de conocimiento de la víctima, lesionando la igualdad que asiste a las partes; y, b) La falta de concreción del riesgo inmerso en el art. 234 numeral 7 del CPP, presentando el Auto de Vista arriba señalado, mayor lesividad que la resolución apelada al limitarse en señalar que no se presentó documentación alguna, siendo ese aspecto totalmente falso, careciendo en definitiva, la resolución de toda motivación y fundamentación respecto a los agravios denunciados en audiencia. Bajo ese contexto, se presentó jurisprudencia constitucional a efecto de enervar el peligro de fuga descrito en el art. 234 numeral 7 del CPP que no fue objeto de ningún análisis ni fundamentación técnica, señalándose que la normativa alegada solo puede ser aplicada para audiencias de imposición de medidas cautelares, agravando más su situación procesal al señalar que la prueba presentada consistente en el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y Certificado de Buena Conducta, que carecen de valor por su impertinencia, omisión que se repite en relación al art. 233 numeral 1 de la norma adjetiva penal con las declaraciones de cuatro testigos presentados con el solo argumento de que no estaban en el dormitorio cuando supuestamente ocurrió el hecho imputado. 1.1.2. Derechos supuestamente vulnerados Denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, congruencia, valoración de la prueba; y, el principio de seguridad jurídica; citando al efecto, los arts. 13. I, 23. I, 108. I, 109, 115. I, 116. 1, 117. I y II, 119, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene la nulidad del Auto Interlocutorio de 1 de junio de 2020 y, del Auto de Vista de 18 del mismo mes y año.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 3 de julio de 2020; según consta en acta cursante de fs. 48 y 54; produciéndose los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su defensa, reiteró íntegramente los términos de la acción planteada y en audiencia ampliándola señaló: 1) No se planteó recurso de reposición contra la providencia dictada en audiencia de medida cautelar porque la responsabilidad de velar por la igualdad de las partes es de la autoridad jurisdiccional que administra justicia, quien debió únicamente definir su situación jurídica cautelar y no una ampliación de detención, causándole indefensión al desconocer los fundamentos que el representante del Ministerio Público presentará para dicho fin; 2) La Vocal -ahora demandada- convalida la determinación apelada sin señalar norma procesal alguna cuando debió brindar una fundamentación con sustento en la Ley 1173, marco jurídico que otorga la posibilidad de ampliación de la detención preventiva en audiencia específica señalada al efecto y no así en aquella en la que se debe resolver la situación jurídica del imputado.
María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del departamento de Potosí, mediante informe de 3 de julio de 2020, cursante de fs. 27 a 29 vta., señaló que: i) El primer agravio denunciado por el impetrante de tutela en audiencia de apelación incidental, es la ausencia de notificación oportuna con el memorial de solicitud de ampliación de detención preventiva presentado por el Ministerio Público, cuando éste fue puesto en conocimiento de la víctima, vulnerándose la igualdad prevista en la norma adjetiva penal; al respecto, se consideró dicha denuncia con fundamento en que la apelación incidental planteada se realizó al amparo del art. 251 del CPP; es decir, aquellas que dispongan, modifiquen o rechacen medidas cautelares y no aquellas formuladas por falta de notificación de audiencia; consecuentemente, la vía correcta para resolver dicha problemática era mediante el incidente correspondiente; ii) Sobre el fondo del recurso interpuesto, el ahora solicitante de tutela, sin señalar norma legal pertinente, siendo su fundamentación dirigida más a una solicitud de cesación a la detención preventiva, reclamó la ampliación de dicha medida efectuada por el Juez a quo con un argumento que no fue enunciado en audiencia de aplicación de medidas cautelares respecto a la necesidad de efectuar una pericia genética, acorde con ello se estableció que dicha omisión no le impide al Fiscal de Materia asignado al caso requerir dicho elemento probatorio en esa etapa a fin de llegar a la verdad histórica del hecho;
no obstante, se evidenció que no cursaba ningún justificativo sobre los motivos para que no se haya tramitado en los primeros tres meses dicho peritaje, razón por la cual se redujo a treinta días dicha petición; iii) Sobre la duda razonable aducida por el imputado en relación al art. 233.1 del CPP, este aspecto fue valorado por el Juez de control jurisdiccional en cuanto a las declaraciones de descargo quienes atestiguan circunstancias ocurridas antes de sucedido el hecho imputado, pero que no vieron nada sobre el momento en que la víctima se fue a descansar a su dormitorio; en contraste con los testigos de cargo que señalan que vieron al imputado molestar a la profesora y teniendo en cuenta aquello para mayor seguridad colocaron candado a la puerta de ingreso de su habitación constatándose que luego la cerradura fue forzada, asimismo se consideró la diferencia de edad existente entre el imputado y la víctima lo cual evidencia una labor de valoración del Juez de control jurisdiccional con la debida fundamentación; iv) Sobre los riesgos procesales no es evidente lo indicado por la defensa técnica del imputado en sentido que el Juez a cargo del proceso hubiera transcrito simplemente lo señalado en audiencia por el Ministerio Público; dado que, por ejemplo en relación a la exigencia del número de identificación tributaria (NIT), la autoridad jurisdiccional rechazó los fundamentos presentados por la acusación fiscal así como los referentes a la validez del contrato de trabajo que únicamente fue observado en la necesidad de que sea suscrito por un abogado con el reconocimiento de firmas respectivo; v) En relación al riesgo de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP y el grado de vulnerabilidad, se ratificó el razonamiento expuesto por el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, por el hecho de que la víctima consumió bebidas alcohólicas y su condición de mujer; por otro lado, jamás se señaló que el REJAP y el Certificado de buena conducta carezcan de valor legal alguno sino solamente su impertinencia pues los presupuestos procesales establecidos no se relacionaban con la existencia de antecedentes penales o su comportamiento en el recinto penitenciario; y, vi) En la acción de libertad se solicita se declare nulos la audiencia de consideración y de apelación de medidas cautelares, sin tener sustento legal alguno, de igual manera denuncia la falta de fundamentación sin establecer que norma hubiera omitido su autoridad; ni el agravio que se le hubiera causado; o el razonamiento que debió haber asumido; por todo lo expuesto solicita se deniegue la tutela impetrada. Adhemar Amilcar Cabañero Ramírez, Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, codemandado, por informe presentado el 3 de julio de 2020, cursante de fs. 31 a 33, señaló que: a) Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público por el delito de violación contra el ahora, peticionante de tutela, en audiencia de aplicación de medidas cautelares, se dispuso la detención preventiva del imputado ante la concurrencia de los art. 233.1 y 2; y 234.1, 2 y 7 del CPP modificados por la Ley 1173, por el plazo de cinco meses, b) En audiencia de 1 de junio de 2020, conforme al acta de la misma fecha, el ahora accionante, de manera poco fundamentada reclamo la falta de notificación con el memorial de solicitud de ampliación del plazo de la detención preventiva presentada por el Fiscal de Materia, es así, que ante dicho reclamo, se le advirtió que dicha petición se le correría en traslado una vez sea fundamentada por el Ministerio Público, disponiendo la continuidad del acto sin que el solicitante de tutela, Daniel Flores Llave, presente recurso alguno, como es el de reposición, que se encuentra regulado por los arts. 401 y 402 del CPP, siendo este el mecanismo idóneo y efectivo para revocar o modificar esa determinación, al no haber activado dicho medio de impugnación consintió tácitamente dicha petición; y, c) El art. 314.1 del CPP así como la jurisprudencia constitucional, determinaron la oportunidad procesal para promover un incidente dentro de un proceso penal, que se inicia a partir de la notificación con el acto impugnado, sea en etapa preparatoria o en fase de juicio cuyo cómputo es de diez días; a tal efecto, el hoy impetrante de tutela si consideraba lesivo el pronunciamiento de conocer y resolver la ampliación de la medida extrema que sufre, debió reclamar incidentalmente el Auto Interlocutorio de 1 de junio de 2020 que supuestamente vulneró su derecho a la defensa.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Potosí, mediante Resolución 005/2020 de 3 de julio, cursante de fs. 55 a 60 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Vocal demandada dentro el plazo de cuarenta y ocho horas de su legal notificación dicte un nuevo Auto de Vista conforme a los siguientes lineamientos: 1) La autoridad jurisdiccional de alzada -ahora demandada- respecto a la denuncia de ausencia de notificación al ahora impetrante de tutela, con el memorial de ampliación de la detención preventiva, no refiere en manera alguna sobre lo vertido por el Juez a quo, no fundamenta, motiva o argumenta sobre el razonamiento presentado en el Auto Interlocutorio de 1 de junio de 2019, más al contrario, cursa un criterio distinto al considerado por el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, ahora codemandado que se refleja en la mención de la existencia de otra vía procesal como un incidente de nulidad para resolver dicha cuestión sin fundamentar acerca del actuar del Juez en la resolución apelada conforme normativa vigente; y, 2) Sobre la solicitud de ampliación de detención preventiva, el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí hace un nuevo análisis de los riesgos procesales y lo propio la Vocal en alzada quien también vuelve a realizar un análisis sobre los riesgos procesales establecidos en los arts. 233 y 234 del CPP; es decir, la Ad quem no fundamenta, ni motiva de acuerdo al espíritu de la Ley 1173, que modifica totalmente el instituto de las medidas cautelares y principalmente al plazo de detención para los actos investigativos, interpretándose que al momento de su celebración se debe fijar nuevo señalamiento de audiencia para considerar la cesación de la medida extrema impuesta, sin que exista la posibilidad de considerar en absoluto otros elementos; toda vez que, se cumplió con el plazo solicitado por el representante del Ministerio Público. En virtud a la enmienda y complementación efectuada por la Vocal codemandada mediante memorial cursante de fs. 64 a 65, la referida Sala Constitucional Segunda del departamento de Potosí, por Auto de 8 de julio de 2020 declaró sin lugar a la aclaración y complementación solicitada, conforme el análisis efectuado sobre las modificaciones establecidas en la Ley 1173 a la normativa adjetiva penal, en cuanto a la medida cautelar personal declarando detención preventiva, el tiempo de vigencia, la finalidad y la “señalización” de audiencia de cesación.
Por Decreto Constitucional de 24 de marzo de 2021, cursante a fs. 80, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 3 de abril de 2023 a fs. 135; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
II.1. Por Auto Interlocutorio de 1 de junio de 2020, emitido por el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, dentro del proceso penal seguido contra Daniel Flores Llave -hoy accionante- por la presunta comisión de delito de violación, la citada autoridad determinó la ampliación de la medida de extrema ratio por el lapso de cuarenta y cinco días, ordenando al Ministerio Público concluir los actos investigativos además de obtener la pericia en genética forense en trámite, y en el fondo rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva, señalándose audiencia para considerar su situación jurídica para el 15 de julio de 2020 conforme determina el art. 235 ter del CPP -se entiende con las modificaciones de la Ley 1173 (fs. 119 vta. a 129). II.2. Cursa Auto de Vista de 18 de junio de 2020, dictada por María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del departamento de Potosí - autoridad ahora codemandada - pronunciada como emergencia del recurso de apelación incidental planteado por el peticionante de tutela contra el Auto Interlocutorio de 1 de igual mes y año, la citada autoridad, determinó modificar el plazo de ampliación de la investigación por el lapso de treinta días y declarar vigentes los riesgos procesales establecidos en los arts. 233.1 y 2 en relación al 234.1, 2 y 7 del CPP, debiéndose mantener la detención preventiva del imputado por el lapso señalado (fs. 84 a 88).
El solicitante de tutela, alega la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, congruencia, valoración de la prueba; y, el principio de seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí demandado, lo citó a una audiencia de consideración de su situación jurídica; sin embargo, sorpresivamente apartándose de su finalidad, resolvió una solicitud de ampliación a su detención preventiva efectuada por el Ministerio Público, que no fue puesta a su conocimiento mediante la correspondiente notificación, para luego sin mayor análisis sobre los medios probatorios y jurisprudencia constitucional que presentó con el objeto desvirtuar los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.1, 2 y 7 del CPP, agravar su situación jurídica; pronunciamiento que la Vocal codemandada se limitó a ratificar en audiencia de apelación incidental. Por lo que, solicita se deje sin efecto las referidas resoluciones dictadas por ambas autoridades jurisdiccionales demandadas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso; ii) Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados a violencia contra la mujer; iii) Análisis del caso concreto; y iv) Otras consideraciones.
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio2, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que 3El FJ III.2.3, refiere que: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, se da: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, d.2) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de fundamentación”. 6El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.
5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho.
Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla (resaltado añadido).
Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 del CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos 13El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´.
En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.
Conforme lo dispone el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, se modifica el Título II del Libro Quinto de la Primera Parte del Código de Procedimiento Penal, Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, entre otros, el peligro de fuga antes establecido en el numeral 10 del art. 234 del CPP, ahora numeral 7; mismo que mantiene la misma redacción. La detención preventiva es una medida restrictiva de la libertad personal, dispuesta de manera excepcional y provisional por autoridad jurisdiccional competente, mediante resolución fundamentada, sustentada en la necesidad de evitar la fuga del imputado, asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y el cumplimiento de la ley, donde se garantiza la presunción de inocencia.
La finalidad de la detención preventiva es netamente instrumental o procesal, para: 1) Asegurar la averiguación de la verdad -arts. 23.I de la CPE; y, 221 y 235 del CPP-; 2) Asegurar el desarrollo del proceso -arts. 23.I de la CPE; y, 221 y 235 del CPP-; 3) Asegurar la aplicación de la ley -art. 221 de CPP-; y, iv) Asegurar la presencia del imputado -art. 234 del CPP-.
Ahora bien, para la aplicación de la restricción excepcional del derecho a la libertad personal del imputado, en calidad de detenido preventivo, en nuestro ordenamiento jurídico, se establece que deben concurrir de manera simultánea los dos requisitos previstos en los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP, referidos a la probabilidad de la participación del imputado y los peligros de fuga u obstaculización. El segundo requisito, referido al peligro de fuga y obstaculización, se encuentra contemplado en el numeral 2 del art. 233 del CPP, que refiere: “La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”, previstos en los art. 234 y 235 del referido Código. Sobre el peligro de fuga, el art. 234 del CPP, dispone que: “Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia”; el mismo artículo, establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral sobre ellas, entre las que se encuentra, el contenido del numeral 10, respecto al peligro efectivo para la víctima o el denunciante. Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que:
En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada.
El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente.
En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.
Conforme a dicho entendimiento, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Conforme a ello, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el anterior Fundamento Jurídico III.1 y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra las mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, considere la situación de vulnerabilidad o desventaja, en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito, cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante.
Conforme a ello, las medidas orientadas a desvirtuar los peligros de fuga, como la contenida en el art. 234.10 del CPP -peligro efectivo para la víctima o el denunciante-, de ninguna manera deben significar una revictimización; en ese sentido, tanto las autoridades fiscales como judiciales, deben considerar que la solicitud de garantías personales o mutuas, que en muchos casos, son pedidas por los imputados para desvirtuar el riesgo de fuga antes mencionado, se constituyen en medidas 15 Ibid., p. 89 revictimizadoras, porque las víctimas tienen que enfrentarse con su agresor; pero además, a través de las mismas, se desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia; pues, en todo caso, son ellas las que, en el marco del art. 35 de la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia-Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, tienen el derecho de solicitar las medidas de protección pertinentes, las cuales, de acuerdo con el art. 32.I de la citad Ley, tienen la finalidad de: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”.
Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que: i) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante; ii) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, iii) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos.
Entendimiento asumido también en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto.
En lo sustancial, el peticionante de tutela, reclama que el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, procedió a citarlo con un señalamiento de audiencia a efecto de la consideración de su situación jurídica; sin embargo, sorpresivamente resolvió en dicho acto la solicitud de ampliación de la medida extrema de detención preventiva efectuada por el Ministerio Público que no fue puesta a su conocimiento mediante la correspondiente notificación, para luego sin efectuar mayor análisis sobre los medios probatorios y jurisprudencia constitucional ofrecida con objeto de desvirtuar los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.1, 2 y 7 del CPP se mantuvo su situación jurídica; pronunciamiento que la Vocal codemandada se limitó a ratificar en audiencia de apelación incidental, sin la debida fundamentación y motivación. Bajo ese contexto, de acuerdo a antecedentes y Conclusiones contenidos en el expediente, se evidencia que el Ministerio Público a denuncia de Ximena Cinthia Carmona Mamani sigue un proceso penal contra el ahora impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de violación, en el cual el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, a cargo del control jurisdiccional, a través de Auto Interlocutorio de 1 de junio de 2020, por una parte, amplió el plazo de la detención preventiva por cuarenta y cinco días más y por otra, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva impetrada, empero dando por acreditado uno de los elementos de arraigo como es el domicilio habitual y fijo del imputado (Conclusión II.1); que en instancias de apelación dicha determinación fue confirmada en parte a través del Auto de Vista de 18 de similar mes y año con la única modificación consistente en la reducción del plazo de ampliación de la detención preventiva a 30 días, pronunciada por la Vocal demandada (Conclusión II.2); las cuales hoy son impugnadas por falta de fundamentación y motivación, toda vez que: a) El pronunciamiento dictado por el Juez a quo arbitrariamente consideró la solicitud de ampliación a la detención preventiva -a petición del Ministerio Público- puesta en su conocimiento recién en dicho acto, extendiendo dicha medida extrema por el plazo de cuarenta y cinco días adicionales, manteniendo subsistente los riesgos procesales anteriormente impuestos sin considerar las declaraciones de cuatro testigos presentados con el solo argumento de que no estaban en el dormitorio cuando supuestamente ocurrió el hecho imputado, agravando más su situación procesal al señalar que la prueba presentada consistente en el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y certificado de Buena Conducta Penitenciario, carecen de valor por su impertinencia; y, b) La Vocal, ahora demandada, determinó reducir el plazo de la medida cautelar a treinta días, empero no respondió a ninguno de los agravios apelados como la ya señalada indefensión causada por el A quo así como la falta de concreción del riesgo inmerso en el art. 234. 7 del CPP limitándose a indicar que no se presentó documentación alguna, no obstante la jurisprudencia constitucional presentada que no fue objeto de ningún análisis ni fundamentación respecto a los agravios denunciados en audiencia.
Primero de Uyuni del departamento de Potosí
A través del Auto Interlocutorio de 1 de junio de 2020, emitido por la referida autoridad jurisdiccional, se determinó la ampliación de la detención preventiva por el lapso de cuarenta y cinco días, ordenando al Ministerio Público concluir los actos investigativos además de obtener la pericia en genética forense en trámite; y, en el fondo rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva. En la audiencia de 1 de junio de 2020, el solicitante de tutela, alegó: 1) La vulneración de su derecho a la defensa en la medida de que no se le hizo conocer la solicitud del Ministerio Público de ampliación de la detención preventiva mediante escrito de 9 de mayo de 2020, con sustento en la complejidad del caso y la necesidad de producir una pericia biológica que no fue obtenida, justificando su petición con la sola restricción dictada por causa de la pandemia sin acompañar elemento probatorio alguno del inicio del trámite correspondiente, del cual si hubiera sido notificado, habría sido pasible a una solicitud mediante requerimiento fiscal a fin de desvirtuar la aludida complejidad del caso señalada por el representante del Ministerio Público, máxime si las muestras se recabaron el 30 de diciembre de 2019, habiendo transcurriendo más de dos meses para efectuar su envió al perito correspondiente; 2) Respecto a la concurrencia del presupuesto procesal previsto en el art. 233.1 del CPP, este fue desvirtuado por las declaraciones testificales de Javier Espinosa Díaz, Cristóbal Ramos Amador e Ignacia Amador Ramos de Quispe quienes de manera uniforme señalan que hubieran visto a la víctima y al imputado abrasados besándose, sin que el segundo haya inducido a que beban juntos demostrándose con esto que la posterior supuesta relación sexual que mantuvieron fue consentida; 3) Acerca del presupuesto trabajo, se tiene un contrato a futuro suscrito con Beatriz Valencia Flores para la venta de carne de pollo en la comunidad de San Cristóbal con horario y salario establecido debiéndose considerar que no es posible exigir el visado y el número de identificación tributaria (NIT) por el momento socioeconómico de falta de empleo que atraviesa el país a causa de la pandemia, que se corrobora con el requerimiento de falta de movimiento migratorio que no registra inicio de trámite para la obtención de pasaporte; y, 4) Finalmente en relación a la circunstancia del peligro de fuga normado en el art. 234.7 del CPP, la primigenia resolución sustentó la concurrencia de este riesgo procesal en las SSCCPP 394/2018-S2 y 276/2018 que no presentan supuestos fácticos análogos para su aplicación en el presente caso, principalmente si la jurisprudencia constitucional a través de las SSCCPP 099/2018, 268/2018-S2; 1935/2019-S4 y 185/2019 establecen que los riesgos procesales deben ser acreditados por la parte acusadora y no presumirse en base a abstracciones ni con la mera cita normativa. Al respecto, de la revisión del Auto impugnado, se constata que el Juez de control jurisdiccional ahora demandado, pronunciándose sobre los agravios señalados, manifestó que: i) No se evidencia vulneración del derecho a la defensa en relación a la observación de la parte imputada de ausencia de notificación con la solicitud del Ministerio Público de ampliar la detención preventiva del imputado; puesto que, en el procedimiento penal rige el principio de oralidad que dirige a la realización de los actos procesales en audiencia otorgándosele toda la potestad para que fundamente su oposición a dicha petición; por otro lado, el Ministerio Publico motivó dicha ampliación en el art. 233 parte in fine del CPP y la circunstancia de la falta de realización de una pericia en genética forense con sustento que a nivel nacional mediante los Decretos Supremos (DDSS) 4199 de 21 de marzo y 4200 de 25 de marzo de 2020 se reforzaron las medidas de protección contra el COVID 19, tales como la prohibición de circulación de vehículos e inclusive de personas con excepciones de acuerdo a los números de cédula de identidad, lo cual afectó obviamente en el normal desarrollo del proceso, circunstancia que se subsume en el entendimiento jurisprudencial expresado en el Auto Supremo 069/2018 de 15 de febrero en relación a la complejidad de un caso entre los que se encuentra el supuesto de la prueba de los hechos, la cual puede ser difícil, necesariamente prolongada o de complicada actuación; aspecto que habría impedido se pueda realizar este examen especializado, en ese sentido, si bien por Resolución de 10 de diciembre de 2020, se dispuso la detención preventiva del ahora imputado por el término de cinco meses para que el Fiscal de Materia realice una pericia psicológica o anticipo de prueba, reciba declaraciones testificales; sin embargo de ello, bajo el principio de libertad probatoria previsto por el art. 271 del CPP, así como la finalidad de la etapa preparatoria que es la preparación del juicio y la recolección de elementos de prueba, no es posible coartar la realización de otros actos de investigación conforme el art. 277 de la referida norma adjetiva penal; máxime si la cesación a la detención preventiva no solo procede por el cumplimiento del plazo establecido sino también cuando se cumplen los motivos por los cuales se determinó la existencia de riesgos procesales de fuga; ii) Sobre la concurrencia del presupuesto adjetivo cautelar dispuesto en el art. 233.1 del CPP debe tomarse en cuenta que la Resolución de 10 de diciembre de 2019 dio por acreditada la probabilidad de autoría del delito imputado valorando certificados médicos forenses tanto de la víctima como del imputado, la entrevista psicológica de la ofendida por el delito, las declaraciones de los testigos Francisco Donaire y Yesica Donaire Ramos quienes manifestaron que el imputado aceptó ese hecho de agresión sexual, sin que en ningún momento se haya valorado algún tipo de declaración confesora; principalmente si se considera que se presentaron testigos que hacen referencia sobre algún tipo de relación consentida antes del supuesto hecho de agresión sexual y no sobre que la relación sexual en sí hubiera sido consentida; todavía más, si el art. 302 del CPP requiere de indicios suficientes para emitir una imputación formal más no así de elementos de prueba que son los que se sustancian para acreditar el hecho acusado en juicio oral; iii) Sobre el riesgo de fuga por carecer del arraigo laboral necesario, señala la autoridad jurisdiccional demandada que no se exige la visación del contrato laboral a futuro presentado en audiencia; sin embargo, este acuerdo solo se halla suscrito por las partes sin firma de abogado ni reconocimiento de firma para que sea exigible frente a terceros con un plazo de duración corto de seis meses y sin la más mínima acreditación de la existencia cierta y vigente de la actividad comercial de venta de pollos concluyéndose que no se desvirtuó este riesgo procesal aun de la presentación de la certificación de movimiento migratorio presentada que solo acredita arraigo legal; y, iv) En relación al peligro efectivo para la sociedad, víctima o denunciante previsto en el art. 234.7 del CPP, señaló que el fundamento para determinar la concurrencia de este presupuesto en el Auto de 10 de diciembre de 2019 fue la SCP 394/2018-S2; en tal sentido, la jurisprudencia constitucional contenida en las SSCCPP 0399/2018-S2, 1035/2019-S4, 0885/2019-S2, entre otras, ofrecida en audiencia no podría ser examinada, puesto que, en su oportunidad no se activó el recurso de apelación incidental reclamando dicha fundamentación a fin de que el superior en grado revise dicha labor, especialmente si dichos fallos constitucionales no son nuevos elementos de convicción que vayan a desvirtuar ese grado de vulnerabilidad sin que los certificados de trabajo, conducta o antecedentes penales enerven dicha peligrosidad que no emana de la existencia de antecedentes penales. Ahora bien, a propósito de lo reclamado, cabe precisar que de acuerdo a lo previsto por la Ley 1173 y los principios que la rigen, la modificación dispuesta al art. 233.3 del CPP tiene como objeto impedir, por un lado, la aplicación indiscriminada de la detención preventiva y de otro, la incertidumbre de los imputados sobre la duración de dicha medida cautelar, aspectos que se hallan relacionados de manera directa con el cumplimiento responsable y con la debida diligencia en la ejecución de los actos investigativos necesarios por parte del Ministerio Público a los fines de presentar el correspondiente requerimiento conclusivo citado en el art. 323 del CPP; en ese sentido, la norma en análisis dispone que una vez concluido el plazo fijado de la detención preventiva, se convocará a una audiencia para determinar la situación jurídica del imputado donde el representante del Ministerio Público debe informar sobre las investigaciones efectuadas en ese tiempo y, en caso de ser necesario, solicitar fundadamente la ampliación de la detención preventiva del imputado por tiempo adicional y únicamente cuando responda a la complejidad del caso; dicho de otra manera, la imposición de un plazo de vigencia de la referida medida cautelar se justifica a los fines del control de razonabilidad temporal de la privación de libertad provisional por parte del imputado y a su vez, motiva que la actividad investigativa se desarrolle eficaz y eficientemente a través de la debida diligencia dentro un plazo limitado, este aspecto se ratifica como estándar internacional de protección de derechos cuando señala “…El Estado debe conducir eficazmente la investigación penal para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones o consecuencias que la ley prevea. Esta obligación debe ser cumplida en un plazo razonable…” (Rosendo Cantú y otra vs México párr…211); aspecto que adquiere intensidad cuando se investiga y juzga delitos de violencia sexual ya que obliga al Ministerio Público y Órgano Judicial, a un accionar con perspectiva de género, dentro el marco de la debida diligencia, que en definitiva impida que la víctima enfrente un proceso judicial que implique una revictimización, pues, ésta ya sufre las afectaciones generadas por el hecho, por ello, en todo proceso penal desde la etapa investigativa, juzgamiento y sanción de esas conductas deben observarse estas reglas especiales -entre otras- que eviten su revictimización o generen circunstancias revictimizantes. En ese sentido, a través del contraste efectuado, se constata que el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, ahora codemandado, actuó correctamente; pronunciándose suficientemente sobre todos los agravios expuestos por el impetrante de tutela, al señalar que la falta de notificación con la solicitud del Ministerio Público de ampliar la detención preventiva del imputado carece de relevancia al estar permitido por el principio de oralidad su conocimiento en audiencia, momento en el cual se le otorgó al ahora peticionante de tutela -a través de su defensa técnica- que fundamente su oposición a la petición de elaboración de una pericia en genética forense que no se pudo efectuar por las restricciones vehiculares y personales de circulación a nivel nacional dispuestas por decretos gubernamentales como medidas de protección contra el COVID 19, lo cual afectó el normal desarrollo de la actividad judicial, entendiendo la referida autoridad jurisdiccional que dicha circunstancia funda un elemento de complejidad del caso conforme el criterio jurisprudencial emanado del Auto Supremo 069/2018 de 15 de febrero, puntualizando la necesidad de realización de dicho estudio especializado para arribar a la verdad del hecho acusado; más aún cuando la cesación a la detención preventiva no solo procede por el cumplimiento del plazo establecido sino también con la acreditación de la inconcurrencia de los riesgos de fuga identificados, agregando respecto al requisito establecido en el art. 233.1 del CPP que éste presupuesto material se acreditó conforme el fundamento contenido en la Resolución de 10 de diciembre de 2019 previa valoración de indicios como los certificados médicos forenses tanto de la víctima como del imputado, la entrevista psicológica de la ofendida por el delito, las declaraciones de los testigos Francisco Donaire y Yesica Donaire Ramos quienes manifestaron que el imputado aceptó ese hecho de agresión sexual sin que en ningún momento se haya considerado como una atestación confesora; principalmente si se considera que las atestaciones ofrecidas no aportan indicios sobre una relación sexual consentida que en todo caso debe ser acreditada en audiencia de juicio oral; asimismo, se detalló razonablemente los motivos por los cuales no se demostró arraigo laboral; para concluir de manera concisa respecto al peligro descrito en el art. 234.7 del CPP sobre la imposibilidad de considerar la jurisprudencia constitucional contenida en las SSCCPP 0399/2018-S2, 1035/2019-S4, 0885/2019-S2, entre otras, debido a que dicha fundamentación desarrollada en el Auto Interlocutorio de 1 de junio de 2019 debió ser reclamada mediante Recurso de Apelación Incidental a fin de que el superior en grado revise dicha labor, y por otra, que la citada jurisprudencia constitucional no se constituye en nuevos elementos de convicción al tenor del art. 239 del CPP que vayan a desvirtuar ese grado de vulnerabilidad de la víctima sin que los certificados de trabajo, conducta o antecedentes penales enerven dicho riesgo procesal al no relacionarse dicho presupuesto con la existencia o inexistencia de antecedentes penales. Sobre el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, éste Fallo constitucional comprende en su contenido a la SCP 0056/2014 de 3 de enero de 2014, aplicación que es conforme a la jurisprudencia del Fundamento Jurídico III.3, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; estableciendo que, en los casos de violencia contra las mujeres, desde una perspectiva de género, las autoridades jurisdiccionales y fiscales, deben considerar la situación de vulnerabilidad o desventaja de la víctima; las características del delito; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos de la víctima, evitando la revictimización y en ese sentido, todo contacto de ésta con el agresor, que de los antecedentes del caso se advierte que el sujeto pasivo fue víctima de un hecho de agresión sexual; argumentos que fueron tomados en cuenta en el Auto ahora impugnado cuando considera la situación de vulnerabilidad de la víctima; valorando el hecho en investigación por la presunta comisión del delito de violación, resultando ser correcta su aplicación; toda vez que, tratándose de delitos de violación contra mujeres, deberá considerarse la especial vulnerabilidad de esas víctimas; pues, esas circunstancias exigen medidas de protección inmediata y preferenciales para la atención integral a las víctimas que exigen medidas específicas en el proceso penal, orientadas a generar una respuesta institucional especializada para evitar la revictimización de las mismas, como se dijo anteriormente. Consecuentemente y bajo tales razonamientos se puede concluir que el Juez demandado no incurrió en la lesión del debido proceso en los elementos señalados en la presente acción tutelar; por cuanto, de acuerdo a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, cumplió con la exigencia de fundamentación y motivación, pues los argumentos expuestos en el Auto Interlocutorio de 1 de junio de 2020, emergen de una valoración armónica e integral de la documental presentada y los actuados procesales desarrollados en el procesamiento del caso, que fueron expuestos de manera breve; pero, concisa y razonable; ante lo cual corresponde denegar la tutela impetrada.
Cabe precisar que toda resolución pronunciada en alzada, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de agravio expuestos por la parte recurrente, que se entiende, deben estar relacionados con lo discutido ante la autoridad a quo, de ahí que, teniéndose presente que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de éste fallo constitucional, el debido proceso tiene como uno de sus componentes la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones que dilucida cualquier conflicto jurídico o administrativo, entendido éste como la obligación que se impone a toda autoridad sea judicial o administrativa a que motive y fundamente adecuadamente sus fallos, mencionando las razones de hecho y derecho, base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, no siendo exigible una exposición necesariamente amplia de consideraciones y citas legales, pero tampoco una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino debe contener una estructura de forma y de fondo que integre todos los puntos demandados y que permita comprender los motivos de la determinación asumida de forma concisa y clara.
En mérito a ello, corresponde efectuar un examen detallado, para establecer si es evidente o no lo señalado por el solicitante de tutela en su demanda de acción de libertad siendo ineludible para tal efecto realizar el contraste de cada uno de los puntos impugnados en el recurso de apelación con los fundamentos que utilizó la autoridad codemandada dentro del Auto de Vista de 18 de junio de 2020, al efecto se considerará los puntos de agravio señalados en el Auto de Vista denunciado, habida cuenta que en virtud al criterio fundamental de orden procesal de inmediación que rige las medidas cautelares, la labor de la autoridad jurisdiccional fue el resultado de la compulsa de los antecedentes del proceso advertidas en la audiencia señalada al efecto. Ahora bien, a prima facie cabe recordar que los requisitos que consideró concurrentes el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, al disponer la detención preventiva del imputado Daniel Flores Llave mediante Auto de 10 de diciembre de 2019 fueron los establecidos por los arts. 233.1, 2; y, 234.1, 2 y 7 del CPP -modificados por la Ley 1173- disponiéndose que dicha detención preventiva sea por el término de cinco meses a efecto que el Ministerio Público realice los actos de investigación descritos en la misma. En ese orden, el ahora accionante presentó en audiencia oral cautelar de 1 de junio de 2020 como nuevos elementos de juicio alegados, la denuncia de vulneración de su derecho a la defensa en la medida de que no se le hizo conocer la solicitud escrita del Ministerio Público de ampliación de la detención preventiva con sustento en la complejidad del caso a mérito de la necesidad de producir una pericia biológica que carecía de inicio de trámite, así como la inconcurrencia del presupuesto procesal establecido en el 233.1 del CPP desvirtuado por las declaraciones testificales prestadas por Javier Espinosa Díaz, Cristóbal Ramos Amador e Ignacia Amador Ramos de Quispe, quienes de manera uniforme vieron a la víctima y al imputado en cierta intimidad demostrándose con esto que la posterior supuesta relación sexual que mantuvieron fue consentida; para finalmente en relación a los riesgos de fuga previstos en el art. 234.1 y 7 de la norma adjetiva penal ofrecer un contrato laboral a futuro suscrito con Beatriz Valencia Flores para la venta de carne pollo en la comunidad de San Cristóbal con horario y salario establecido solicitando que sea considerado sin exigencias formales por el momento socioeconómico que atraviesa el país a causa de la pandemia máxime si corrobora su arraigo con el requerimiento de falta de movimiento migratorio que no registra inicio de trámite para la obtención de pasaporte; y, por otro lado, acompañar jurisprudencia constitucional, REJAP y Certificado de antecedentes penitenciarios que según su criterio serían aplicables para demostrar la inconcurrencia del peligro de fuga normado en el art. 234.7 del CPP. Ahora bien, los agravios denunciados en el recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 1 de junio de 2020 son: a) Respecto al primer agravio denunciado se tiene que: No se habría procedido a notificar al hoy impetrante de tutela con el memorial de solicitud de ampliación de medida cautelar presentado antes de la celebración de la audiencia fijada mientras que se cumplió con dicha obligación en favor de la supuesta víctima; por otro lado, se realizaron actos investigativos en la Cámara Gessel, pericia psicológica, testificales producidas por la parte imputada y no así por el Ministerio Público; principalmente si en la audiencia de aplicación de medidas cautelares no informó sobre la necesidad de una pericia genética más aun cuando este peritaje se lo solicita el 30 de diciembre de 2019 y la pandemia recién se inició en el mes de abril, tres meses en que la acusación pública no efectuó la diligencia investigativa que carece de constancia documental sobre su inició como el courier que demuestre su envió sin que la mención del Auto Supremo 069/2018 de 15 de febrero sea aplicable al caso por cuanto su análisis se circunscribe a delitos de corrupción. b) En cuanto al segundo agravio denunciado, referido al presupuesto de probable autoría del hecho punible previsto por el art. 233.1 del CPP, el Juez de control jurisdiccional -hoy codemandado- no valoró las declaraciones testificales uniformes que advierten que la ahora víctima estuvo bebiendo y manteniendo cierta intimidad con el ahora imputado; máxime si la primera cuenta con treinta y cinco años de edad y el prenombrado menos de 25 años de lo cual se puede inferir que posteriormente mantuvieron relaciones sexuales consensuadas, no siendo evidente el grado de vulnerabilidad de la víctima por cuanto su estado etílico fue producido por ella misma. c) En cuanto al tercer agravio relacionado con la falta de negocios o trabajo asentados en el país por parte del imputado reclamó que el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, vulneró los arts. 5 y 7 de la Ley General del Trabajo (LGT) que permiten los contratos verbales laborales sin la necesidad de reconocimiento de firmas, aspecto ratificado por el art. 234 del CPP modificado por la Ley 1173 que obliga a la autoridad jurisdiccional, valorar siempre atendiendo a la situación socio-económica de la persona imputada sin que la inexistencia de un contrato formal de trabajo sea entendida por sí misma como la falta de negocios o trabajo. d) En cuanto al cuarto agravio sobre el riesgo de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP se presentaron certificaciones del REJAP y del Centro Penitenciario que evidencian que el imputado no tiene antecedentes judiciales o policiales anteriores al hecho imputado, documentación que exterioriza el comportamiento del imputado pero que fue tachada de impertinente sin motivación alguna sin que se explique porque la sola condición de mujer podría mantener vigente este riesgo procesal. Ahora bien, de lo expuesto, no resulta ser evidente lo alegado por el peticionante de tutela, respecto a que el referido Auto de Vista de 18 de junio de 2020, carecería de la debida fundamentación, motivación y valoración de la prueba, pues la determinación del fallo analizado, de manera general se encuentra enmarcada dentro de los márgenes mínimos de razonabilidad ya que se observa respecto al reclamo de la falta de notificación con la solicitud del Ministerio Público de ampliación del plazo de detención preventiva que considerando los argumentos de oposición presentados por el hoy accionante en cuanto al plazo judicial de cuarenta y cinco días otorgado por el Juez a quo y la justificación en relación a la prueba de genética recién ofrecida, valoró la negligencia incurrida por el Ministerio Público al no haber demostrado objetivamente la realización de actuaciones investigativas desde diciembre de 2019 incluido el trámite del peritaje antes aludido, resolviendo en base a estas circunstancias reducir el plazo judicial a treinta días, a efecto de que el Ministerio Público realice el estudio solicitado y emita el requerimiento que corresponda en derecho; además de haber explicado de manera concisa, la probabilidad de autoría del imputado a definirse en juicio oral bajo el principio de contradicción principalmente porque la víctima en dicho acto tildó como falsas las declaraciones presentadas por la parte imputada; de otro lado, respecto a los presupuestos establecidos en el art. 234.1 y 7 del CPP modificados por la Ley 1173, señaló que al no haberse -por un lado- acreditado fehacientemente con documentación mínima una fuente laboral; particularmente, por las observaciones realizadas por el Juez a quo en sentido de que si bien es posible la presentación de un contrato laboral a futuro, éste debe cumplir con formalidades básicas de orden legal como la autorización de un profesional abogado y el reconocimiento de firmas correspondiente, a los fines de su credibilidad, máxime si la documental ofrecida hubiera sido suscrita por el imputado y la parte empleadora en la ciudad de Potosí, cuando el primero se encuentra detenido en la localidad de Uyuni y la segunda reside en la comuna San Cristóbal; sin que exista transporte en circulación por efecto de la pandemia para su traslado, concluyendo la Vocal codemandada que bajo ese antecedente no resulta cierto la ausencia de valoración de dicha documental sino que fue observada por no cumplir con los requisitos básicos que se requieren para obtener certeza sobre el arraigo natural en examen; por otro lado, respecto al peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante previsto por el art. 234. 7 del CPP, advirtió que quien tiene la carga de la prueba para demostrar la inexistencia de los motivos que fundaron la detención preventiva es la parte imputada sin que pueda considerarse como nuevos elementos de juicio la jurisprudencia constitucional alegada ya que esta no se constituye en “prueba” que desvirtúe la situación de vulnerabilidad de la víctima ni tampoco lo expresado en las declaraciones testificales que advierten que fue ella misma la que se puso en el citado riesgo al haber ingerido bebidas alcohólicas por propia voluntad, ratificando lo señalado en la resolución apelada respecto a los certificados del REJAP e Informe penitenciario sobre su impertinencia al no relacionarse dicho presupuesto con la inexistencia de antecedentes penales o de buena conducta, sino, conforme se señaló primigeniamente en la resolución judicial de aplicación de medidas cautelares sobre la situación de vulnerabilidad o desventaja, en la que se encuentra la víctima o denunciante respecto al imputado conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, debiéndose considerar que toda decisión tiene un tiempo para ser impugnada y al no interponer impugnación alguna, la citada resolución marcó una línea, por lo que la Vocal ahora demandada tampoco encontró una mala aplicación de la ley.
Este Tribunal advierte que la autoridad demandada, a tiempo de emitir el Auto de Vista impugnado, realizó una debida fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, da certeza respecto a las finalidades implícitas que conlleva el respeto por los derechos contenidos en el bloque de constitucionalidad, entre ellos el derecho a una resolución fundamentada y motivada, conforme se describió en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; además; debe considerarse que en los delitos por violencia sexual, cuyas víctimas son principalmente mujeres, subyace como factor común la violencia y relación de dominio del agresor sobre la víctima. En ese sentido, el enfoque de género constituye herramienta útil en la práctica de la prueba, así la decisión asumida por la Vocal de la Sala Penal Primera del departamento de Potosí, se encuentra conforme a lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.1.1 y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, para concluir en un rasgo de vulnerabilidad con base a este componente, y determinar en consecuencia un peligro existente sobre la víctima; por consecuencia, los fundamentos de la Vocal demandada, de ninguna manera implican vulneración de los derechos del imputado, pues, únicamente están limitados al análisis de la razonabilidad de la argumentación desarrollada por las autoridades judiciales, basada en un enfoque de género y basado en derechos humanos. Finalmente, la Vocal demandada efectuó una debida fundamentación y motivación, conforme a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional y al enfoque instrumental de las medidas cautelares en esta tipología de delitos, referido a la prevención de la reiteración de los actos de violencia, así como la observancia a los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, y en el marco de las obligaciones concretas derivadas de la Ley 348 y de las normas internacionales de protección a las mujeres víctimas de violencia; toda vez que en el presente caso al tratarse de una víctima mujer, y pertenecer a un grupo vulnerable, se encuentra dentro del ámbito de protección reforzada; siendo deber de las autoridades de los diferentes Órganos del poder público, más aún, del Judicial, garantizar el ejercicio pleno e integral de sus derechos. En mérito a lo expuesto, se tiene que la Vocal de la Sala Penal Primera del departamento de Potosí, no incurrió en acto ilegal alguno que vaya contra los derechos alegados en la presente acción tutelar, al cumplir el Auto de Vista de 18 de junio de 2020, con la garantía del debido proceso, dado que expresa en forma concisa las razones en que fundan la decisión de confirmar el Auto Interlocutorio de 1 de junio de 2020; correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada. En ese orden, las autoridades demandadas cumplieron con los presupuestos de juzgamiento con perspectiva de género, al tratarse de un caso de agresión sexual contra una mujer; quienes realizaron una valoración integral de los hechos, tomando en cuenta el tipo del delito, las declaraciones de testigos, sobre la probabilidad de autoría, quienes señalaron que llevaron a la víctima a su cuarto y cerraron con candado, por la seguridad de la misma, toda vez que el imputado ahora impetrante de tutela, ya la venía molestando con anterioridad, y que al día siguiente, con la concurrencia de un policía se percataron que el candado del cuarto de la víctima había sido forzado; y, el hecho que la misma haya consumido bebidas alcohólicas en una fiesta y se la haya visto con el imputado, no puede considerarse como un elemento que desvirtué la concurrencia de riesgos procesales, conforme pretende el solicitante de tutela, pues eso no desvirtúa la concurrencia del delito, pues esta Sala no puede admitir que una mujer por el solo hecho de estar en estado de ebriedad pueda ser juzgada por ese comportamiento y pueda de alguna forma ser forzada a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, debiendo la justicia liberarse de todo tipo de estereotipos relacionados a la conducta de las mujeres; advirtiendo que las autoridades demandadas, observaron el protocolo de juzgamiento con perspectiva de género; herramienta que tiene como fin garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que conforme la CPE y los tratados y convenios internacionales, es obligación de Estado ejercer una protección reforzada a este grupo vulnerable de la sociedad.
De la revisión de antecedentes, se tiene que, la Sala Constitucional concedió la tutela el 3 de julio de 2020, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista de 18 de junio del mismo año. En el marco de este antecedente y considerando que el Tribunal Constitucional Plurinacional, de conformidad al art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), y en observancia a los principios de previsibilidad y seguridad jurídica, se encuentra facultado de dimensionar los efectos de las resoluciones constitucionales emitidas, corresponde en el presente caso, dimensionar los efectos del presente fallo, por la concesión de la tutela que pudo generar efectos jurídicos –considerando además el plazo ya transcurrido–, los cuales hoy podrían verse afectados, habida cuenta que la Vocal demandada tenía la obligación de emitir en el plazo de cuarenta y ocho horas nuevo Auto Vista, conforme a lo previsto por el art. 40.I del referido Código, por lo que, todos los actos posteriores a la audiencia de la Sala Constitucional, son totalmente válidos. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 005/2020 de 3 de julio, cursante de fs. 55 a 60 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; asimismo, se dimensiona los efectos del presente fallo constitucional, manteniendo firme y subsistente la determinación dispuesta por la Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 12El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se
mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.
14 QUISPE PUMA, Roberto, Detención Preventiva. Sucre-Bolivia, pág. 29.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0231_2023-S1.pdf · páginas 1 a 32.
Huella digital del PDF (SHA-256): a1e1e1aeaac4d6a729370e9d3e4fa5a69a2f6bf71a85eed5a3099cac2ff6d0b3
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